Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 136)

Resumen:

Ramón Morales Sáez, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revocación de la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) que ratificó su nivel de custodia máxima. El recurrente cumple una extensa pena por delitos graves, incluyendo asesinato e infracciones a leyes de sustancias controladas y armas, además de cargos federales. Aunque su puntuación en la escala de reclasificación indicaba custodia mediana, el CCT aplicó modificaciones discrecionales. La decisión de mantener la custodia máxima se fundamentó en su historial de violencia excesiva, afiliación con gangas carcelarias y desobediencia a las normas institucionales. El CCT destacó la gravedad de sus crímenes, que resultaron en una muerte y atentados contra otras vidas, y su "detainer" federal. Morales Sáez solicitó reconsideración, la cual fue denegada por la Oficina de Clasificación de Confinados del DCR. Ante esta negativa, acude al Tribunal de Apelaciones alegando que el foro administrativo erró al ratificar la custodia máxima y al utilizar los criterios discrecionales.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de sociedad ganancial entre John Raevis Torres y Annette Reyes Díaz. El peticionario, Raevis Torres, acudió en certiorari para revisar órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitidas durante un nuevo juicio ordenado previamente por este foro. Raevis Torres impugnó la denegatoria del TPI a permitir el testimonio de su perito sobre gastos y aportaciones privativas, así como la negativa a paralizar los procedimientos. Alegó que el TPI interpretó restrictivamente los informes periciales y erró al impedir la prueba y ordenar la continuación del juicio. El peticionario también presentó una moción en auxilio de jurisdicción, la cual fue declarada no ha lugar por este Tribunal. La recurrida, Reyes Díaz, se opuso a la expedición del auto solicitado. Considerando los escritos de las partes y la naturaleza discrecional del recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por John Raevis Torres.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, emitió una sentencia en el caso KLCE202100620. Este caso es una Petición de Certiorari presentada por Brenda Rosado Resto contra Wilfredo Herrera Incorporado (Econo). La petición se originó de un caso civil en el Tribunal de Primera Instancia sobre discrimen y represalia. La parte peticionaria, Brenda Rosado Resto, presentó una Moción en Solicitud de Desistimiento de su Petición de Certiorari. El Tribunal examinó dicha moción. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal acogió la solicitud de desistimiento. La solicitud fue concedida con perjuicio. Como resultado, el Tribunal ordenó el cierre y archivo definitivo de esta causa.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de certiorari presentado por Popular Insurance LLC y otras entidades del Grupo Popular. El recurso busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó una Moción de desestimación. La demanda original, presentada por varios matrimonios, alega tráfico ilegal de primas de aseguradoras y mala fe. Específicamente, imputan al Grupo Popular haber calculado primas de seguro "Hazard" sobre el valor total de propiedades hipotecadas, incluyendo el terreno, en lugar del valor de reemplazo de la estructura, resultando en primas y comisiones ilegalmente aumentadas. El Grupo Popular argumentó que la demanda debía desestimarse por no agotar remedios administrativos bajo la Ley 247-2018. El TPI determinó que las alegaciones no dependían exclusivamente de dicha ley y denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del TPI, validando su decisión de no desestimar las causas de acción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución desestimando una petición de certiorari presentada por Ángel Joel Ríos Rivera. El peticionario buscaba la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reducción de sentencia. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción sobre el asunto. Esto se debió a que el peticionario no proveyó información esencial, como la resolución u orden específica del foro primario que pretendía revisar y el número del caso. Además, la petición no incluyó el apéndice requerido con los documentos pertinentes. El Tribunal había concedido previamente al peticionario una oportunidad para subsanar estas deficiencias, pero este no cumplió. Citando su reglamento, el Tribunal enfatizó la obligatoriedad de las normas procesales para perfeccionar los recursos, incluso para las partes que comparecen por derecho propio. La desestimación se fundamenta en la falta de presentación de una controversia sustancial, conforme a la doctrina de justiciabilidad.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de certiorari. El caso surge de la liquidación de la sociedad legal de gananciales entre Javier E. Corujo Ramsey y Rosa M. Agosto Fajardo. El peticionario, Sr. Corujo, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso el embargo de cuentas bancarias corporativas. Dicho embargo fue ordenado hasta la cantidad de $68,933.69 a favor de la recurrida, Sra. Agosto Fajardo. Las partes habían acordado previamente la división de sus bienes gananciales mediante una estipulación, la cual fue aprobada por sentencia del TPI. La recurrida solicitó la ejecución de la sentencia, lo que resultó en la orden de embargo de las cuentas corporativas. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden de ejecución recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una petición de certiorari presentada por Eduardo Figueroa Padilla y otros. Solicitan revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden declaró "No Ha Lugar" una Moción de Desestimación presentada por los peticionarios. Los peticionarios alegaron que la demandante, Lupis Enterprise Incorporated, carecía de legitimación activa. Argumentaron que su representante, el Lcdo. Rafael Sánchez Hernández, no era el presidente legítimo ni poseía todas las acciones, basándose en una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones. Lupis replicó que la sentencia anterior no invalidó las decisiones corporativas que lo nombraron presidente. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Lupis sí tenía legitimación y denegó la desestimación. Los peticionarios imputan al TPI haber errado al no desestimar, no reconocer la falta de legitimación y no aplicar la sentencia previa. Lupis se opone al certiorari, afirmando que el TPI actuó correctamente. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procede expedir el auto de certiorari.

Resumen:

La Pica Pica Dairy Farm Corp. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La demanda buscaba un injunction y sentencia declaratoria para detener el decomiso de leche por parte de ORIL, alegando que la confiscación por incumplimiento del nivel de grasa carecía de base legal. La vaquería también reclamaba el pago por la leche decomisada. El Estado solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que la vaquería no agotó los remedios administrativos disponibles y no cumplió los requisitos para un interdicto. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que la jurisdicción primaria correspondía a ORIL y que no se configuraron excepciones al principio de agotar remedios administrativos. La vaquería apeló, señalando errores en la desestimación sin analizar la base legal del decomiso y al no considerar la controversia como un asunto de estricto derecho. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso judicial presentado por Francisco Feliciano Cordero y Norma Iris Ortiz Rodriguez contra Vistas de Molino, Inc. y otros, relacionado con una resolución del DACO sobre vicios de construcción. El DACO había emitido una resolución final, la cual modificó posteriormente mediante una resolución en reconsideración. La notificación de esta resolución en reconsideración no incluyó advertencias sobre el derecho a solicitar una nueva reconsideración, a pesar de haber modificado la decisión original. Los recurrentes, junto con otras partes, presentaron una moción ante el DACO cuestionando la inadecuada notificación, la cual aún no ha sido resuelta. A pesar de la moción pendiente en sede administrativa, los recurrentes presentaron el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal determinó que el recurso de revisión judicial fue presentado de forma prematura. La prematuridad se debe a que el proceso administrativo ante el DACO sobre la validez de la notificación de la resolución en reconsideración no ha finalizado. En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción actual. Asimismo, ordenó al DACO emitir una nueva notificación de su Resolución en Reconsideración, incluyendo las debidas advertencias sobre los derechos a reconsideración y revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Certiorari KLCE202100512. Este recurso fue presentado por El Pueblo de Puerto Rico contra Iván Aponte Ortiz. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, bajo el número criminal J 1VP20210001, y trata sobre el Artículo 2.8 de la Ley 54. El panel estuvo compuesto por los jueces Hernández Sánchez, Brignoni Mártir y Grana Martínez. La sentencia, fechada el 28 de mayo de 2021, atendió un Aviso de Desistimiento presentado por la Oficina del Procurador General el día anterior. El Tribunal declaró con lugar el desistimiento y dictó sentencia conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, Antonio A. Reyes Rodríguez y su esposa, solicitaron revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó el retiro de fondos consignados. Los fondos fueron depositados originalmente para ejercer un derecho de retracto de crédito litigioso sobre el pagaré hipotecario, que fue cedido a Bosco Credit. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó previamente que la figura del retracto de crédito litigioso no aplica a instrumentos negociables como el pagaré en este caso, dejando sin efecto el propósito de la consignación. A pesar de la decisión del Supremo, el Tribunal de Primera Instancia se negó a permitir el retiro de los fondos consignados. Los peticionarios recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante un auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los fundamentos legales, incluyendo la Regla 35.3 de Procedimiento Civil. Consideró que el Tribunal de Primera Instancia erró al no ordenar el retiro de los fondos. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto y revocar la orden del Tribunal de Primera Instancia. Esto implica que se permite a los peticionarios retirar los fondos que habían consignado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Cristina Gómez D'Angelo. La señora Gómez solicitó la revisión de una Sentencia Parcial en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia parcial declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Puerto Rico Institute of Pathology, Inc. La demanda, iniciada por Oriental Bank y continuada por ACM CCSC OB VII (CAYMAN) Asset Company, se basó en pagarés hipotecarios incumplidos. La señora Gómez, junto a otros, figuraba como garante solidaria de la deuda y también había sido declarada en rebeldía en la instancia inferior. A pesar de su propio estado de rebeldía, la señora Gómez se opuso a la sentencia en rebeldía contra el Puerto Rico Institute. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Fermín Rivera Pérez contra la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). El recurrente solicitó la revocación de una resolución de la Junta de Gobierno de la ACAA que desestimó su apelación y confirmó la denegatoria de cubierta por radicación tardía. El Tribunal procedió a examinar el recurso presentado. Como cuestión de umbral, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el caso. Se reiteró la norma de que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a desestimar sin entrar en los méritos. Un recurso tardío priva de jurisdicción al tribunal al que se recurre. Conforme a estos principios, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, según lo dispuesto en su Reglamento. Se señaló que la ausencia de jurisdicción es la única determinación posible en tales circunstancias.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Alvin Santiago Quiñonez, impugnó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución lo encontró incurso en una violación disciplinaria (Código 107) por posesión de contrabando peligroso (múcula). El proceso disciplinario incluyó una vista y una solicitud de reconsideración denegada. El recurrente presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones, alegando varios errores en el procedimiento y la evaluación de la prueba. El Tribunal procedió a examinar su propia jurisdicción para atender el caso. Tras dicho examen, el Tribunal determinó que carece de jurisdicción sobre el asunto. Por consiguiente, el Tribunal resolvió ordenar la desestimación del recurso de revisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Cintrón Rivera Apartments contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA presentó un recurso de revisión judicial solicitando la revocación de una Resolución Final administrativa que declaró con lugar una querella de Cintrón Rivera Apartments. Dicha resolución ordenó a la AAA ajustar ciertas facturas objetadas por la parte recurrida. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, decidió desestimarlo. La desestimación se fundamentó en que el recurso fue presentado de forma tardía. La Resolución Final administrativa fue notificada el 17 de marzo de 2021, y el recurso de revisión judicial se presentó el 16 de abril de 2021. Al no presentarse solicitud de reconsideración, el término de 30 días para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones venció antes de la fecha de presentación. El Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso debido a su presentación fuera del término jurisdiccional establecido.

Resumen:

Island Portfolio Services, LLC, como agente de Jefferson Capital Systems, LLC, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de cobro de dinero contra Gilberto Ferrer Cabán. IPS demandó al señor Ferrer Cabán por una deuda de tarjeta de crédito originalmente con Banco Popular, alegando que Jefferson adquirió la cuenta y tenía derecho a cobrarla. El demandado se opuso a la sentencia sumaria, argumentando que la deuda reclamada ya había sido satisfecha mediante la ejecución hipotecaria de un inmueble en un pleito anterior. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar que existían controversias de hechos materiales sobre si la deuda fue saldada previamente. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari. Esta decisión valida la determinación del foro primario de que existen hechos en disputa que impiden resolver el caso mediante sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso discrecional de Certiorari presentado por Trevor Mondesir James. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El recurso se presentó como un ataque colateral a la sentencia dictada tras un veredicto de jurado no unánime. El Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto solicitado. Fundamentó su determinación en que el peticionario, en esencia, abandonó su reclamo de apelación directa, lo que hizo que la sentencia adviniera final y firme. Consideró que la denegatoria de la moción de nuevo juicio por el foro primario fue resuelta correctamente. El panel no encontró indicios de que el Tribunal de Primera Instancia actuara de forma arbitraria, caprichosa o cometiera error de derecho. Un juez concurrente añadió que el peticionario no impugnó la determinación local en el Tribunal Supremo Federal, a pesar de haber planteado argumentos federales y tener tiempo para hacerlo. Por tanto, se denegó la expedición del auto y se devolvió el asunto al foro de origen.

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Se presentó una petición de certiorari por Beverly Sierra Albertorio ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia en Ponce. El caso subyacente trata sobre reclamaciones por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionados con un negocio. La peticionaria demandó a los demandados originales, y posteriormente intervinientes, incluyendo a Jimmy John Sierra De Jesús, se unieron al caso. Surgió un asunto clave cuando la peticionaria solicitó que el interviniente, alegado no residente, fuera requerido a prestar fianza. La peticionaria también pidió la desestimación de la demanda del interviniente por falta de fianza. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de la peticionaria relativas a la fianza, incluyendo una moción de reconsideración posterior. La petición de certiorari impugnaba específicamente la resolución del Tribunal de Primera Instancia del 25 de febrero de 2021, que denegó la solicitud de aumentar la fianza de no residente. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, deniega la expedición del certiorari.

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Sentencia del 28 de mayo de 2021 resuelve dos recursos de certiorari consolidados. Estos recursos impugnaban decisiones relacionadas con la solicitud de inhibición del Juez Andrés Martin Ramírez Marcano en el caso G CD2018-0030. Las partes peticionarias, representadas por el mismo abogado, alegaban prejuicio del juez basado en sucesos procesales previos. Uno de los recursos cuestionaba la resolución del Juez Administrador que dispuso "Nada que proveer" ante una moción reiterando la inhibición. El otro recurso impugnaba la denegatoria de la solicitud de inhibición por parte del propio Juez Ramírez Marcano. Los recursos fueron consolidados por versar sobre la misma controversia y juez. Las partes señalaron, entre otros, el error de que el juez resolviera la moción de inhibición sin referirla al Juez Administrador. Este Tribunal, tras considerar los fundamentos, determinó desestimar ambos recursos de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por Universal Life Insurance Company (ULICO). ULICO impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para presentar una Demanda de Tercero contra Touma & Taveras Inc. El pleito original fue iniciado por agentes de seguro contra ULICO y Trans Oceanic Life Insurance Company (TOLIC) por incumplimiento de contrato y cobro de comisiones impagadas. ULICO alega que TOLIC no pagó las comisiones tras adquirir su cartera de pólizas y que Touma & Taveras Inc. recibió pagos relevantes para las reclamaciones de los agentes. ULICO justifica la tardanza en presentar la demanda contra tercero por la obstrucción de TOLIC en la entrega de información sobre los pagos a Touma & Taveras Inc. Argumenta que la demanda contra tercero debe permitirse porque el descubrimiento de prueba no ha concluido, Touma & Taveras Inc. ya participa en deposiciones y es parte en un caso consolidado relacionado. El foro primario denegó la solicitud por considerar que atentaba contra la economía procesal en un pleito de más de 10 años y que ULICO tardó injustificadamente a pesar de conocer la existencia de Touma & Taveras Inc. desde 2016. TOLIC se opone, afirmando que Touma & Taveras Inc. es una entidad independiente cuya relación con TOLIC es ajena a las reclamaciones del pleito principal. El Tribunal de Apelaciones revisa la discreción del foro primario al denegar la inclusión del tercero demandado.

Resumen:

El peticionario, Wilson Torres Figueroa, solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar su sentencia, ya final y firme, al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El fundamento principal de su solicitud es la alegada inconstitucionalidad del artículo 5.04 de la Ley de Armas, por el cual fue convicto. Su convicción original por violaciones a la Ley de Armas y el Código Penal fue confirmada por otro panel de este Tribunal en 2019. Posteriormente, presentó una moción bajo la Regla 192.1 en el foro primario solicitando la corrección o anulación de la sentencia. Dicha moción fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia, que consideró el planteamiento repetitivo y la decisión invocada no vinculante. En desacuerdo con esa denegatoria, el peticionario acudió en certiorari ante este foro apelativo. El recurso planteó múltiples errores relacionados con la negativa del tribunal primario a revisar su sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó el auto solicitado. La resolución explica la naturaleza discrecional del certiorari y los requisitos de la Regla 192.1.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios iniciado en 2012 por Ismael L. Purcell Soler y Alys M. Collazo Bougeois contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y otros. La demanda original reclamaba daños por la alegada ocupación ilegal de su propiedad por un poste de la AEE. El caso se paralizó debido al proceso de quiebra de la AEE bajo PROMESA. Tras la modificación de la orden de paralización, los demandantes solicitaron y obtuvieron autorización del Tribunal de Primera Instancia (TPI) para enmendar la demanda. La enmienda buscaba cambiar la teoría legal a expropiación a la inversa y reclamar compensación por ello. La AEE recurrió en certiorari la resolución del TPI que autorizó dicha enmienda. El Tribunal de Apelaciones adelanta que procederá a expedir el auto y revocar la determinación del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. El peticionario, Dr. Carlos Carro Pagán, solicitó revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La resolución del TPI permitió a los demandantes sustituir el testimonio presencial de su perito, Dr. Tomás Torres Delgado, por la transcripción de su deposición y su informe pericial. Los demandantes alegaron que el perito no estaba disponible para viajar desde Estados Unidos a Puerto Rico debido a su edad y condición de salud. El TPI accedió a la solicitud, en parte, por la falta de oposición oportuna del demandado. El Dr. Carro Pagán argumentó que la indisponibilidad del perito no fue debidamente acreditada y que la sustitución violaba su derecho a contrainterrogarlo en juicio. Presentó una moción de reconsideración que fue denegada por el foro primario. Inconforme, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida del TPI.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de certiorari. El peticionario, Manuel Valentín Morales, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución denegó su solicitud para cambiar de representante legal en sus casos criminales. El peticionario alegó tener diferencias irreparables con su abogado actual, licenciado Alejandro Sanfeliú Vera. El foro primario, sin embargo, encontró razones de mayor peso para confirmar la denegatoria. El peticionario enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. El licenciado Sanfeliú Vera lo ha representado consistentemente desde 2017 a lo largo de un extenso tracto procesal. Este historial incluye vistas preliminares, mociones, un habeas corpus, e incumplimientos del peticionario con condiciones de supervisión y comparecencias judiciales. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del TPI considerando este contexto procesal detallado.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones se presenta un recurso de certiorari interpuesto por la Guardia Nacional de Puerto Rico. La petición busca revisar la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar una demanda por despido en represalias y violación a la Ley Núm. 115-1991, presentada por Gelabel Monserrate Torres. La Guardia Nacional solicitó la desestimación alegando que el demandante incumplió con el requisito de notificar al Secretario de Justicia conforme a la Ley Núm. 104 de 1955. El demandante argumentó que dicha notificación no era necesaria bajo la Ley Núm. 115 o que el requisito debía eximirse dado que el Estado ya poseía la prueba y conocía los hechos. El Tribunal de Primera Instancia acogió los argumentos del demandante y declaró no ha lugar la solicitud de desestimación. Inconforme con esta determinación, la parte demandada acude al Tribunal de Apelaciones mediante este recurso discrecional. La resolución detalla los antecedentes fácticos y procesales que llevaron a la controversia sobre la aplicabilidad y cumplimiento del requisito de notificación de la Ley Núm. 104. El Tribunal de Apelaciones procederá a evaluar si procede expedir el certiorari para revisar la decisión del foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. El peticionario, Servicios Médicos Universitarios, Inc. (SMU), solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden requirió a SMU suplementar sus contestaciones a un pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de documentos presentado por los recurridos (demandantes). Los recurridos presentaron la demanda reclamando daños por alegada negligencia médica y cursaron las solicitudes de descubrimiento. SMU objetó parcialmente las solicitudes, lo que llevó a una controversia con los recurridos. Tras intentos fallidos de resolver el asunto, los recurridos solicitaron al tribunal ordenar el descubrimiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la moción y ordenó a SMU suplementar las contestaciones objetadas en un plazo de diez días. SMU solicitó reconsideración de esta orden, pero el foro primario la denegó. SMU acude ahora al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari para revisar la orden de descubrimiento.

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En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021, este Tribunal emitió Sentencia resolviendo dos recursos de certiorari consolidados, KLCE202100288 y KLCE202100412. El primer recurso fue instado por Irma L. Rivera Medina y Evelyn Rivera Sánchez, impugnando la decisión del Juez Administrador del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que no proveyó a su solicitud de inhibición del Juez Andrés Ramírez Marcano. Dicha solicitud se basaba en alegaciones de prejuicio del juez derivadas de una vista anterior. El segundo recurso fue presentado por Héctor Lebrón Rivera, Alexa Berrios Rivera y su sociedad legal de gananciales, también impugnando la denegatoria de su solicitud de inhibición contra el mismo juez en el mismo caso. Los recursos fueron consolidados por tratarse de la misma controversia, las mismas partes representadas por el mismo abogado y la solicitud de inhibición del mismo juzgador. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el Tribunal desestimó ambos recursos de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Carolina Catering Corp. d/b/a Sky Caterers. La empresa solicitó la revisión de una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la desestimación de una causa de acción por represalias incoada por un exempleado, Roberto Betancourt Cruz. El Sr. Betancourt presentó una querella alegando despido injustificado, discrimen y represalias bajo varias leyes, incluyendo la Ley Núm. 115. El TPI desestimó otras causas de acción por prescripción, pero determinó que existían controversias de hechos que impedían dictar sentencia sumaria sobre la reclamación de represalias. Sky Caterers argumentó que el TPI erró al encontrar un caso prima facie de represalias y al identificar controversias fácticas. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior.

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Comparece ante este tribunal intermedio la Compañía Petrolera Caribe, Inc. mediante Certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Resolución recurrida ordenó una vista evidenciaria en un caso de cobro de patentes municipales instado por el Municipio de San Sebastián contra Petrolera. El Municipio obtuvo una sentencia en rebeldía por más de \$655,000. Para ejecutar la sentencia, se embargaron y subastaron tres propiedades de Petrolera. El aviso de subasta indicó incorrectamente que la cantidad mínima de licitación para cada inmueble era el monto total de la sentencia. Al no comparecer licitadores, las propiedades fueron adjudicadas al Municipio para ser abonadas a la sentencia tras determinar su valor. Petrolera solicitó que se acreditara el pago total de la sentencia y un reembolso, basándose en el monto mínimo de licitación del aviso. El TPI ordenó la vista evidenciaria para determinar el valor de las propiedades adjudicadas. Mediante este recurso, el tribunal intermedio expide el auto de certiorari y revoca la Resolución del TPI que ordenaba dicha vista.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio relacionado con pensión alimentaria. La controversia surge porque el Tribunal de Primera Instancia (TPI) acreditó un beneficio de la Administración de Veteranos, otorgado a una de las dos menores hijas de las partes, a la deuda de pensión alimentaria del padre para ambas menores. Este beneficio, el Dependents Educational Assistance, fue tramitado a través de la nueva esposa del padre y estaba destinado a la menor NGV para gastos educativos. El TPI utilizó los pagos de este beneficio para reducir la deuda acumulada por el padre en concepto de pensión alimentaria general. La madre había solicitado desacato por el incumplimiento del padre en el pago de la pensión fijada previamente. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al acreditar dicho beneficio, destinado a un propósito específico para una menor, a la deuda de pensión alimentaria del padre para ambas hijas.

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Jonathan López Román, un confinado, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnaba la ocupación de una máquina de recortar cabello que mantenía en su celda, alegando necesidad médica y violaciones al debido proceso. Solicitó la devolución de la máquina y la reconsideración de la decisión del DCR. El DCR denegó la solicitud, fundamentándose en su reglamento interno que prohíbe a los confinados poseer máquinas de recortar como propiedad personal, aun con autorización médica. El Departamento explicó que la máquina es custodiada por el oficial de barbería y se le facilita al confinado durante los servicios regulares. López Román argumentó que la denegación violaba sus derechos constitucionales y legales. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal resolvió confirmar la determinación del DCR.

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Se revisa una Resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico que denegó la solicitud de reapertura de un recurso apelativo. El recurrente, Mariano Díaz Pizarro, apeló originalmente una decisión de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) sobre su tratamiento médico y alta definitiva tras un accidente laboral en 2013. La Comisión Industrial señaló varias vistas públicas para atender la apelación. El recurrente no compareció a múltiples vistas, a pesar de los intentos de notificación a direcciones proporcionadas por él o su abogado, y cambios de dirección informados. Tras varias incomparecencias, la Comisión ordenó el archivo del caso sin perjuicio, concediendo un término para justificar la ausencia y solicitar la reapertura. El recurrente presentó una moción de reapertura alegando no haber recibido las citaciones por envío a direcciones incorrectas, proporcionando una nueva dirección. La Comisión denegó la reapertura, lo que motivó este recurso de revisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de la Comisión Industrial.

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Milagros Rodríguez Estrada acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de revisión de multas de tránsito. La peticionaria presentó los recursos por derecho propio y solicitó litigar como indigente. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de indigencia y le requirió el pago de los aranceles correspondientes. Se le concedieron varios términos para cumplir con el pago, con la advertencia de que el incumplimiento acarrearía la desestimación de los recursos. La peticionaria no evidenció el pago de los aranceles dentro de los términos concedidos. El Tribunal de Apelaciones procedió a desestimar los recursos. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió a que la peticionaria no perfeccionó los recursos al incumplir con el pago de los aranceles requeridos por el Tribunal.

Resumen:

William I. Pérez Márquez, un confinado, solicita la revisión judicial de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación ante el Tribunal de Apelaciones. La resolución recurrida determinó que el recurrente debía permanecer en el nivel de custodia mediana. El Comité de Clasificación y Tratamiento fundamentó su decisión en la extensa sentencia del confinado, la naturaleza violenta de sus delitos, historial de sustancias controladas y la necesidad de continuar terapias. El confinado solicitó reconsideración ante la agencia, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó este recurso alegando que la agencia no consideró adecuadamente la evidencia de que había recibido terapias. El Departamento de Corrección solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que la notificación inicial de la resolución al confinado fue defectuosa. Según el Departamento, la notificación no advirtió claramente sobre la obligación de solicitar reconsideración ante la agencia *antes* de acudir a la revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis evaluando la jurisdicción para atender el caso, incluyendo el planteamiento procesal del Departamento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso KLAN202100290. El recurso fue presentado por Cecilia Petitón García contra una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Manatí. Dicha sentencia de instancia declaró parcialmente Ha Lugar una solicitud de WM Capital Partners, ordenando a los demandados, incluyendo a la apelante como presunta heredera, el pago de una deuda de \$64,287.59 más intereses y costas. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. Se reitera que un tribunal sin jurisdicción solo puede declararlo y desestimar el caso, sin entrar en los méritos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Daniel Rivera Colón, confinado, solicitó un remedio administrativo para recibir atención médica adecuada para su condición de Hepatitis C. Tras presentar una solicitud inicial y una reconsideración, el DCR respondió indicando que tenía citas médicas programadas y sus medicamentos habían sido renovados. Insatisfecho con la respuesta, el señor Rivera Colón presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal. El Tribunal examinó el proceso administrativo seguido por el DCR conforme al Reglamento Núm. 8583, que rige las solicitudes de remedios administrativos de la población correccional, incluyendo quejas sobre servicios médicos. Habiendo considerado los argumentos de ambas partes, el Tribunal procedió a emitir su sentencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa recurrida del DCR.

Resumen:

Milagros Rodríguez Estrada presentó recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de revisión de multas de tránsito. La peticionaria compareció por derecho propio y solicitó litigar como indigente. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de indigencia y le requirió el pago de los aranceles correspondientes en un término específico, bajo apercibimiento de desestimación. Posteriormente, la peticionaria presentó una moción que también fue denegada, concediéndosele un término adicional para el pago de los aranceles. A pesar de las oportunidades concedidas, la peticionaria no evidenció el pago requerido. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar los recursos. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge del incumplimiento de la peticionaria con los requisitos procesales para perfeccionar los recursos, específicamente el pago de los aranceles tras la denegatoria de su solicitud para litigar in forma pauperis.

Resumen:

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un litigio sobre una reclamación de seguros por daños causados por el huracán María. Los demandantes demandaron a su aseguradora por incumplimiento de contrato y daños, alegando que la compensación por los daños a su propiedad fue insuficiente y que la aseguradora actuó de mala fe. La aseguradora solicitó la desestimación sumaria de la demanda, argumentando que el cobro de un cheque marcado como "pago total y definitivo" constituía un "pago en finiquito". El TPI denegó la solicitud de desestimación de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del TPI, concluyendo que la doctrina de "pago en finiquito" no aplicaba en esta etapa. La aseguradora no demostró, como hechos incontrovertidos, que su oferta fue justa y razonable. Tampoco probó que brindó la debida asistencia al asegurado o que este aceptó el pago con un claro entendimiento de que era una transacción final. La ausencia de prueba sobre la falta de opresión o ventaja indebida por parte de la aseguradora también impidió la aplicación de la doctrina. La declaración jurada del demandante negando haber estado de acuerdo con la cantidad ofrecida respaldó la existencia de hechos controvertidos.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Resolución apelada se negó a excluir a los padres y un hermano del acusado, Jonathan Carrión Echevarría, como testigos de defensa en un juicio por jurado que incluye cargos de tentativa de asesinato y ley de armas. La defensa anunció a estos familiares como testigos para refutar el testimonio de una agente sobre una alegada manifestación incriminatoria del acusado a su madre mientras estaba detenido. Según la agente, la manifestación fue espontánea y ocurrió en presencia de los familiares, después de que el acusado se acogiera a su derecho a no autoincriminarse. El Ministerio Público se opuso a la admisión de estos testigos, argumentando que estuvieron presentes en sala durante el proceso y escucharon a otros testigos. El Tribunal de Primera Instancia limitó su testimonio al evento de la alegada manifestación, pero permitió que declararan. El Tribunal de Apelaciones denegó previamente mociones para paralizar el juicio relacionadas con este asunto y concedió al recurrido un plazo para presentar su postura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera una petición de certiorari en un caso de cobro de dinero iniciado por una urbanización contra unos herederos por cuotas de mantenimiento. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una resolución interlocutoria determinando que los herederos debían responder por dichas cuotas, denegando una moción de sentencia sumaria presentada por uno de ellos. Posteriormente, la urbanización demandante solicitó y obtuvo el desistimiento voluntario de la demanda contra los herederos. El TPI aceptó el desistimiento y archivó el caso, sin resolver la reconvención presentada por el heredero. El heredero solicitó reconsideración de la resolución y la sentencia de archivo, la cual fue denegada. Mediante este recurso, el heredero busca la revisión de la resolución inicial del TPI sobre la responsabilidad de las cuotas. El Tribunal de Apelaciones determina que, en esta etapa, no procede su intervención con dicho dictamen interlocutorio. La razón es que los demandantes desistieron posteriormente de la reclamación principal contra los herederos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del Negociado de la Policía de Puerto Rico que revocó la licencia de armas de Jagadi Rodríguez Canales. La revocación se basó en una investigación desfavorable por Ley 54, a pesar de que los cargos relacionados habían sido desestimados en 2018. En la vista administrativa, el Negociado de la Policía no compareció ni presentó prueba para sustentar la revocación. El recurrente alegó violaciones al debido proceso de ley y errores en la aplicación de la Ley de Armas. El Procurador General, en representación del Negociado, reconoció la falta de debido proceso en la vista administrativa y recomendó la celebración de una nueva vista. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la resolución del Negociado de la Policía. Se ordena la celebración de una nueva vista administrativa para atender el caso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El peticionario, Dr. Jaca Montijo, solicita la revisión de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de mayo de 2021. Estas resoluciones denegaron sus mociones para anular órdenes previas del TPI, como sanciones, eliminación de alegaciones, una sentencia parcial y órdenes de ejecución. El peticionario sostiene que esas órdenes anteriores son nulas. La recurrida, Yarilis M. Fontán Pérez, pide la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Argumenta que el peticionario busca relitigar asuntos ya decididos y agotados en apelaciones anteriores. El historial del caso revela que decisiones previas del TPI fueron revisadas hasta el Tribunal Supremo. Ese foro denegó un certiorari y una reconsideración relacionados con las mismas órdenes y sentencia parcial. El recurso actual impugna la negativa del TPI a dejar sin efecto esas decisiones previamente litigadas.

Resumen:

Se presenta una sentencia de un panel judicial sobre un recurso de apelación. Los recurrentes, titulares de apartamentos en el Condominio La Villa Garden Apartments, solicitan revocar una resolución emitida por el DACO. Dicha resolución atendió una querella presentada por los recurrentes contra el Consejo de Titulares del condominio. La querella impugnaba la validez de una asamblea extraordinaria y la aprobación de un plan de distribución de fondos de seguro recibidos por daños del Huracán María. El DACO, de forma parcial, validó el procedimiento de la asamblea y el plan de distribución aprobado. Sin embargo, el DACO denegó la validación de la compra de un generador eléctrico, ordenando cumplir con el Art. 38 (d)(3) de la Ley de Condominios para ello. Los recurrentes alegaron incumplimiento de requisitos legales en la asamblea y la notificación de acuerdos. Tras revisar los fundamentos, el tribunal decidió confirmar la resolución emitida por el DACO.

Resumen:

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sancionó a un exjefe de agencia por el uso de un vehículo oficial, concluyendo que fue para gestiones personales. La querella alegaba que el Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 utilizó el vehículo asignado fuera de horas laborables para asuntos no relacionados con su función pública. El exdirector recurrió, argumentando que el uso fue oficial, dirigido a lograr que Puerto Rico fuera sede de una convención de la National Emergency Number Association (NENA). La gestión en controversia consistió en transportar a un oficial de NENA y su esposa a lugares turísticos durante una visita personal. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de la OEG. El Tribunal concluyó que la OEG erró al sancionar al exdirector. Determinó que la gestión, aunque incluyó visitas turísticas, se realizó con el fin de adelantar el legítimo interés público en obtener la sede de la convención para Puerto Rico. Por tanto, el Tribunal consideró que el uso del vehículo oficial fue de carácter oficial. La sentencia revoca la sanción impuesta por la OEG.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLRA202000215. El Departamento de la Familia (ADSEF) había revocado la certificación del señor Manuel Marrero López ("Colmado Marrero") para debitar fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La revocación se fundamentó en un patrón de transacciones irregulares y sospechosas con la Tarjeta de la Familia entre febrero y julio de 2015, considerada una segunda violación al reglamento aplicable. El señor Marrero López impugnó esta determinación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. La Junta Adjudicativa declaró sin lugar la determinación de ADSEF, restableciendo la certificación. El Departamento de la Familia recurrió la decisión de la Junta Adjudicativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó los escritos y documentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por la Junta Adjudicativa.

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Gabriel Pérez López presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revisión de la denegatoria de reconsideración emitida por la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Pérez López había solicitado copias e información sobre recursos administrativos que presentó ante el DCR y de los cuales no había recibido respuesta. La agencia denegó su solicitud inicial y la posterior reconsideración, alegando que el asunto ya estaba ante el Tribunal de Apelaciones. El recurrente aclara que, contrario a lo indicado por el DCR, este asunto particular no ha sido objeto de apelación previa. El Tribunal de Apelaciones procede a atender el recurso para su pronto despacho. El caso se enmarca en el reglamento del DCR para atender las solicitudes de remedios administrativos de la población correccional.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. TGG Investment LLC impugna una Resolución que confirmó una multa de \$5,000.00 impuesta por la Junta. La multa se originó tras una inspección donde se detectó la venta de cannabis medicinal a un paciente con una licencia expirada de otro estado. Esta acción fue considerada una infracción al Reglamento Núm. 9038, que exige licencias vigentes para pacientes de turismo médico. TCG solicitó reconsideración y presentó una moción de desestimación, alegando falta de debido proceso y notificación inadecuada sobre la identidad del paciente. La Junta Reglamentadora se opuso a la desestimación, argumentando que TCG poseía información suficiente para identificar al paciente. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones emite su Sentencia. La Sentencia confirma la Resolución Final recurrida, validando la multa impuesta por la Junta Reglamentadora.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso presentado por Cruz Adrián Nuñez Suárez. El peticionario solicitaba un nuevo juicio alegando inocencia basada en pruebas de ADN. El tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se discute la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, que permite impugnar sentencias por defectos fundamentales de derecho, no para revisar cuestiones de hecho ya adjudicadas. Este mecanismo no sustituye el recurso ordinario de apelación y se limita a cuestionar la legalidad de la sentencia. El tribunal enfatiza su deber de verificar la jurisdicción antes de entrar a los méritos. Al no cumplirse los requisitos jurisdiccionales de la regla, el recurso fue desestimado.

Resumen:

Este recurso de revisión judicial fue instado por Alba N. Rodríguez Meléndez contra el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). La controversia principal gira en torno a la inelegibilidad de la Sra. Rodríguez para recibir beneficios de compensación por desempleo parcial. El NSE determinó inicialmente que su jornada de 20 horas semanales se había convertido en su horario regular, lo que la hacía inelegible bajo la Ley de Seguridad de Empleo. La Sra. Rodríguez apeló esta decisión ante la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo, pero la determinación fue confirmada tras su incomparecencia a la audiencia. Posteriormente, apeló ante el Secretario del Trabajo, quien también confirmó la denegatoria de beneficios. Una solicitud de reconsideración ante la Oficina de Apelaciones fue declarada sin lugar. La Sra. Rodríguez presentó entonces este recurso ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el NSE erró al considerar su jornada de 20 horas como regular. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida.