Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 134)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Select Portfolio Servicing, Inc. (SPS). SPS solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de daños. El pleito original fue incoado por Waldy Abel López Trabal y otros por incumplimiento de contrato, daños y violación a la ley RESPA, relacionado con un proceso de *loss mitigation*. SPS, como administrador hipotecario, buscaba la desestimación del caso en su contra. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró al no evaluar la moción de sentencia sumaria de conformidad con la Regla 36 de Procedimiento Civil. Señala que el TPI no consignó los hechos materiales controvertidos e incontrovertidos al denegar la moción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la Resolución recurrida. La decisión se fundamenta en la incorrecta aplicación de las normas procesales sobre sentencia sumaria por parte del tribunal de instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación instado por la Sucesión Sotero Jiménez Vélez. La Sucesión solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original buscaba la nulidad de una escritura de compraventa y un contrato de opción previos. La Sucesión alegó que dichos contratos eran simulados, con un precio de venta muy inferior al valor real de la propiedad. Argumentaron que la verdadera intención de su causante no era vender la totalidad de la finca. Una codemandada, cónyuge supérstite, interpuso una reconvención buscando subsanar la voluntad real de las partes mediante la segregación del terreno. Tras un juicio, el foro primario desestimó tanto la demanda de nulidad como la reconvención. El Tribunal de Primera Instancia consideró que los remedios solicitados eran inconsistentes con la prueba y el derecho. La Sucesión apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, José O. Ortiz García, fue convicto en 1978 por veredicto mayoritario de jurado por asesinato en primer grado y otros delitos. Tras 42 años de reclusión, solicitó un nuevo juicio invocando la norma de veredicto unánime establecida por los tribunales supremos federal y local. Arguyó que esta norma debía aplicarse retroactivamente a su caso, a pesar de que su sentencia era final y firme. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud, resolviendo que la norma de unanimidad no es retroactiva para casos con sentencias finales de 1978. El peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la decisión del foro primario. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Sin embargo, confirma la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra una sentencia sumaria. La sentencia sumaria, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños contra una aseguradora relacionada con los huracanes Irma y María. La demandante alegó que la aseguradora subvaloró significativamente los daños a su propiedad y ofreció un pago inadecuado. La aseguradora argumentó que el pago realizado y aceptado por la demandante constituía un pago en finiquito, resolviendo así la reclamación. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que el récord no establecía, como hechos incontrovertidos, los elementos necesarios para aplicar la doctrina de pago en finiquito. Estos elementos incluyen una oferta justa, debida orientación al asegurado, claro entendimiento de que el pago era final, y ausencia de opresión o ventaja indebida por parte de la aseguradora. La existencia de controversias fácticas sobre estos puntos impedía la desestimación sumaria del caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en los casos consolidados KLAN201900827 y KLAN201900828. Luis J. Castellano Rodríguez y Raúl Esquilín Correa apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Dicha sentencia los declaró culpables de infringir el Artículo 189 del Código Penal (robo). Se les impuso una pena de reclusión de 15 años. Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2018 en Las Piedras, donde intentaron robar a Edgardo Torres Fragosa en su negocio. Según la prueba, los apelantes llegaron en un vehículo, abrieron la guagua del perjudicado y sustrajeron dinero. Hubo un forcejeo con la víctima, quien portaba un arma de fuego con licencia y realizó disparos tras ser apuntado por otro individuo en el vehículo de los asaltantes. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras considerar los fundamentos, el panel especial decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Luis J. Castellano Rodríguez y Raúl Esquilín Correa apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró culpables de robo. Fueron acusados bajo el Artículo 189 del Código Penal de 2012 por hechos ocurridos el 4 de abril de 2018. Según la prueba, intentaron robar una cartuchera con dinero del vehículo del dueño de un negocio en Las Piedras. Dos individuos salieron de un vehículo Mazda, uno entró al vehículo de la víctima y sustrajo el dinero, mientras el otro y el conductor esperaban. La víctima forcejeó con el ladrón y fue apuntado con un arma por el conductor. En defensa propia, la víctima, con licencia de portación, realizó disparos, provocando que el vehículo de los asaltantes chocara y uno resultara herido. Los apelantes fueron identificados como participantes en el incidente. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación presentados por ambos. Tras revisar el caso, el panel especial del Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada que impuso 15 años de reclusión a ambos por el delito de robo.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Metro Pavía at Home, LLC para impugnar una Resolución del Departamento de Salud. Dicha Resolución otorgó a Physical Therapy Experts, PSC un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para establecer un programa de servicios de salud en el hogar. Metro Pavía había participado como parte opositora en la vista pública ante el Departamento de Salud. La Resolución del Departamento de Salud y su notificación advertían expresamente que las partes adversamente afectadas debían impugnar la decisión mediante una Querella y vista adjudicativa ante el propio Departamento en un plazo de treinta días. Metro Pavía presentó directamente un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones sin agotar este remedio administrativo. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Metro Pavía. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal. El recurrente no agotó los remedios administrativos mandatorios establecidos en la normativa aplicable y notificados por la agencia.

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Gerardo Colón Rosado, un confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó que el tribunal ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) suplir exprimidores de mapos, los cuales alega no se proveen desde 2016. El recurrente había presentado previamente una solicitud de remedio administrativo ante el DCR el 30 de abril de 2021 sobre este asunto. Alega que el DCR no respondió a su solicitud dentro del plazo reglamentario de 30 días. El Tribunal de Apelaciones está ahora considerando el caso. El enfoque principal del tribunal es determinar si posee jurisdicción para atender este asunto. Hace referencia al proceso administrativo específico del DCR para manejar solicitudes de remedios de confinados. El tribunal señala que puede desestimar el caso si carece de jurisdicción, conforme a sus reglas procesales. El recurso del confinado se centra en la inacción del DCR y la falta del equipo de limpieza necesario.

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El Municipio de Isabela presentó una demanda de cobro de dinero contra Temperature Developers Investment Corp. y otros, reclamando deudas por Patente Municipal e IVU Municipal. Los demandados contestaron la demanda y posteriormente presentaron una Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación, alegando falta de jurisdicción, partes indispensables, deficiencia en emplazamientos y prescripción. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial declarando no ha lugar dicha moción, al entender que existían hechos en controversia que impedían resolver el pleito sumariamente. Los demandados solicitaron reconsideración sin éxito. Inconformes, una de las demandadas acudió ante este tribunal mediante recurso de certiorari. El Municipio presentó oposición a la expedición del auto. Este tribunal, tras considerar la solicitud, deniega el auto de certiorari solicitado. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y los criterios para su expedición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión administrativa. José M. Rodríguez Román impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que denegó su solicitud de reconsideración de una reclasificación de custodia. El Departamento justificó la reclasificación a un nivel superior mediante modificación discrecional, citando actos de indisciplina y el incumplimiento de normas tras su baja de un programa musical. El recurrente alega que la decisión se fundamentó en alegaciones falsas de su trabajadora social. Sostiene que la reclasificación le ha causado múltiples perjuicios, incluyendo traslado y segregación. Solicita la revocación de la determinación, su reintegro a un programa o traslado, y la restitución de la custodia mínima. El Tribunal observa que el escrito del recurrente es confuso, inarticulado y carece de señalamientos de error específicos.

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Ante el Tribunal de Apelaciones, Frente Unido de Policías Organizados, Inc. (FUPO) presentó un auto de Certiorari contra Rafael Morales Rodríguez. El recurso buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de FUPO para descalificar a la abogada del demandante. FUPO argumentó que la Lcda. Johanna Gilot Oppenheimer incurría en representación sucesiva adversa al haber sido abogada de FUPO entre 2001 y 2004. El caso original trata sobre la reclamación de Morales Rodríguez contra FUPO por incumplimiento de contrato y violación al debido proceso, exigiendo restitución a su cargo de vicepresidente o pensión. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las alegaciones de FUPO para la descalificación carecían de fundamento legal. Inconforme, FUPO acudió en Certiorari. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por FUPO.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre filiación, alimentos, patria potestad y custodia. El recurrente, Jorge Luis Arocho Rivera, solicitó la revisión de dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Una orden denegó la solicitud de la trabajadora social para tener acceso a expedientes médicos de la recurrida, Lourdes Vargas Rivera. La otra orden denegó la solicitud del recurrente para que el juez se inhibiera del caso. El recurrente había planteado preocupaciones sobre el historial psiquiátrico de la recurrida y su relevancia para la custodia de la menor. La recurrida se opuso al uso de dicha información médica, considerándola remota y privilegiada. El Tribunal de Apelaciones denegó la moción en auxilio de jurisdicción y la expedición del auto de certiorari solicitados por el recurrente.

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Luis Ortiz Mendoza recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para impugnar una decisión del Comité de Clasificación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha decisión le denegó una solicitud para obtener un nivel de custodia menor. El Comité basó su negativa en la gravedad de los delitos por los que fue convicto y su negativa a firmar una certificación sobre el registro de convictos por violencia doméstica. Tras denegársele una solicitud de reconsideración ante el propio Comité, Ortiz Mendoza presentó el recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal procedió a examinar si poseía jurisdicción para atender el recurso. Explicó la importancia de la jurisdicción y el requisito de agotar los remedios administrativos antes de acudir a la revisión judicial. Concluyó que carecía de jurisdicción para entender sobre el asunto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió ordenar la desestimación del recurso presentado por el recurrente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación presentada por Juan Wilberto Howe Hernández y Claryssa Correa Márquez. Los apelantes impugnaron la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La demanda original fue contra el Consejo de Titulares, la Junta de Directores y otros demandados del Condominio Torre de San Miguel. Las reclamaciones principales eran por daños y perjuicios, difamación, libelo, calumnia y negligencia relacionada con la administración del condominio. Los apelantes alegaron irregularidades en una asamblea de titulares y acusaciones difamatorias contra el señor Howe. La señora Correa también reclamó daños a su salud por el alegado mal estado de unos extractores y la falta de entrega de documentación. Buscaron compensación económica por sufrimientos mentales y físicos. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La desestimación de la demanda original fue, por tanto, ratificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una solicitud de revisión presentada por la Sra. Zoraida Marchany Morales. La peticionaria impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito de partición de herencia. El TPI había decidido no partir los caudales hereditarios en ese momento, priorizando el pago de una deuda de la herencia a un perito, aplicando el principio "antes pagar que heredar". En desacuerdo, la peticionaria presentó una moción de reconsideración ante el TPI. Posteriormente, y antes de que se notificara la resolución de la reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari y mandamus. El tribunal revisó las reglas de procedimiento civil relativas a la reconsideración y los términos para recurrir. Conforme a la Regla 47, la presentación de una reconsideración interrumpe el término para recurrir hasta que se notifique la resolución de dicha moción. Dado que la notificación de la resolución de la reconsideración no constaba en autos, el término para recurrir no había comenzado a correr nuevamente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso por haber sido presentado prematuramente. Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre partición de herencia. El apelante impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que validó un testamento. El Tribunal de Apelaciones examinó su jurisdicción para atender el recurso. Se destacó que la jurisdicción apelativa se limita a la revisión de sentencias finales. Al presentarse la apelación contra una sentencia parcial, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el recurso fue desestimado por prematuro. La decisión se fundamenta en la ausencia de jurisdicción, sin evaluar los méritos de la controversia sobre la validez del testamento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de Certiorari. La peticionaria, Triangle REO PR, impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El pleito original versaba sobre cobro de dinero, ejecución de hipoteca y un retracto de crédito litigioso. Triangle alegaba que el TPI erró al no declarar la deuda líquida y exigible y desestimar el retracto. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso de Certiorari por falta de notificación a partes esenciales del pleito original, incluyendo aquellas en rebeldía o con sentencia parcial en su contra. Triangle se opuso, argumentando que no era necesaria dicha notificación. El Tribunal de Apelaciones, tras deliberar, desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en la Regla 83 (B) y (C) de su Reglamento, que permite desestimar por falta de jurisdicción o no perfeccionamiento del recurso. Se destaca la importancia de cumplir con los requisitos jurisdiccionales y de perfeccionamiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Molina Healthcare of Puerto Rico, Inc. Molina solicitó la intervención del tribunal para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La decisión del TPI afirmaba su jurisdicción en un caso y autorizaba la presentación de una demanda enmendada. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó no expedir el auto de Certiorari solicitado. El tribunal explicó que el TPI ejerció correctamente su discreción al autorizar la enmienda y determinar que tenía jurisdicción. No identificó que la ley otorgara jurisdicción primaria exclusiva a una agencia administrativa en este tipo de acción de cobro de dinero. El Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el TPI actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Por lo tanto, denegó la expedición del auto y dejó sin efecto la paralización, devolviendo el asunto al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

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Un panel judicial revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso entre el Consejo de Titulares del Condominio The Crowne Plaza y Triple S Propiedad, Inc. El pleito original se relaciona con incumplimiento de contrato y daños sufridos por el condominio durante el Huracán María, donde el Consejo alegó que Triple S no ajustó ni pagó su reclamación de seguro. En el contexto del descubrimiento de prueba, el Consejo presentó interrogatorios y requerimientos de documentos, a los que Triple S objetó. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar gran parte de las objeciones de Triple S y emitió una orden de protección. El Consejo solicitó la revisión de esta decisión mediante auto de certiorari. El panel judicial expidió el auto y, tras considerar los fundamentos, revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Daniel A. Olmeda Torres presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Buscaba la revisión de una resolución de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Dicha resolución confirmó la denegatoria de First Medical Health Plan (FMHP) a cubrir un estudio de Polisomnografía. FMHP y ASES presentaron mociones solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegaron que el recurrente no notificó a FMHP dentro del término jurisdiccional de treinta días, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El Tribunal concedió al señor Olmeda un término para mostrar causa por la cual no procedía la desestimación. El recurrente argumentó la necesidad médica del estudio pero no abordó la cuestión jurisdiccional. El Tribunal enfatiza que la jurisdicción es un requisito fundamental y no subsanable. Su ausencia obliga a desestimar el caso sin entrar en los méritos. La falta de notificación oportuna a la parte recurrida, según lo planteado, priva al Tribunal de jurisdicción.

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Un panel de jueces emite una resolución sobre una petición de Triple S Propiedad, Inc. Triple S solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha resolución del TPI ordenó a Triple S suplementar contestaciones a interrogatorios y producir documentos específicos en 30 días. La orden del TPI se dio en el contexto de un pleito por incumplimiento de contrato y daños por el Huracán María. La Asociación De Residentes Del Condominio Torrimar Plaza demandó a Triple S, alegando que la aseguradora no cumplió con la póliza tras los daños del huracán. Durante el descubrimiento de prueba, la Asociación objetó las respuestas de Triple S y solicitó al TPI que compela el descubrimiento. Triple S se opuso, argumentando falta de pertinencia y secreto de negocio, y pidió una orden protectora. El TPI falló a favor de la Asociación, ordenando el descubrimiento solicitado. La presente resolución deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple S contra la orden del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. La parte apelante, miembros de la Sucesión Figueroa Sánchez, demandó a Universal Insurance Co. por daños a una propiedad asegurada tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que la Sucesión no fue identificada adecuadamente y faltaba una parte indispensable. La apelación se centra en determinar si todos los miembros de la Sucesión son partes indispensables en el pleito. Se argumentó que varios herederos cedieron sus derechos hereditarios a una de las demandantes (Paula Green Ortiz) antes del evento. Los apelantes sostuvieron que, tras las cesiones, solo Nelson Figueroa Green y Paula Green Ortiz eran dueños al momento del huracán. El Tribunal de Apelaciones, analizando los méritos del asunto, concluyó que corresponde revocar la sentencia del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Carmen Acevedo Rosario y Madeline Hernández Acevedo. Las apelantes impugnaron una sentencia previa que desestimó su demanda por daños y perjuicios e impericia médica. La demanda alegaba negligencia del doctor Owen Connelly Montesinos durante una histerectomía en mayo de 2015, que supuestamente causó una hernia incisional y complicaciones, además de pobre cuidado por parte del personal del Hospital Ashford. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la reclamación contra el doctor Connelly con perjuicio. El panel del Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión apelada. Esto valida la desestimación de la demanda por impericia médica contra el doctor Connelly.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público. El caso se originó por la destitución de Xiomara L. Vázquez García de su puesto en el Municipio de San Juan tras imputaciones de negligencia. La señora Vázquez García apeló su destitución ante la Comisión. Durante el proceso apelativo, el Municipio presentó una moción de sentencia sumaria parcial. La Comisión ordenó a la apelante contestar dicha moción, pero esta incumplió con el término establecido. Ante la falta de cumplimiento, la Comisión desestimó y archivó con perjuicio el recurso apelativo. La señora Vázquez García recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de la decisión de la Comisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la Comisión de desestimar el recurso por incumplimiento procesal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la denegación de una pensión por incapacidad. El recurrente, un ex oficial correccional, solicitó la pensión tras un accidente laboral en 2011 que le causó múltiples lesiones. La Administración de los Sistemas de Retiro (Retiro) denegó la solicitud, concluyendo que la prueba médica no demostraba incapacidad total y permanente para su puesto. Retiro también evaluó condiciones no relacionadas con el trabajo, determinando que no eran incapacitantes. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada, y apeló ante la Junta de Retiro. La Junta de Retiro confirmó la determinación de Retiro. Durante el proceso ante la Junta, el recurrente presentó evidencia médica adicional. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y el expediente administrativo. El Tribunal concluyó que la determinación de Retiro y la Junta era razonable a la luz de la prueba. Por tanto, el Tribunal sostuvo la denegación de la pensión por incapacidad.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la ejecución de una sentencia. Jacqueline Pietri Torres, demandante original, intentaba ejecutar una sentencia previa contra Trailer Van Corp. mediante subasta pública de ciertas fincas. Trailer Van Corp. solicitó la cancelación de la subasta, argumentando que la sentencia ya había sido satisfecha. La satisfacción ocurrió a través de una estipulación judicial aprobada en un procedimiento federal de quiebra. En dicho acuerdo, Trailer Van Corp. transfirió la titularidad de otras fincas a la señora Pietri Torres como pago total de la deuda. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la moción de cancelación, concluyendo que la sentencia estaba saldada por la dación en pago en el foro federal. El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida. La sentencia original fue considerada satisfecha en su totalidad por la transferencia de propiedades acordada y aprobada en la jurisdicción federal.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la clasificación de custodia de Juan J. Claudio Morales. El Departamento había ratificado el nivel de custodia máxima del recurrente, quien cumple una larga sentencia por delitos violentos y una sentencia federal por crímenes cometidos mientras estaba confinado. El recurrente impugnó la decisión, argumentando que el Departamento consideró erróneamente su sentencia federal, querellas institucionales antiguas y una prueba toxicológica sin querella. También alegó que se le atribuyó erróneamente la culminación de estudios a su hermano y que la decisión impedía su rehabilitación y elegibilidad a libertad bajo palabra. El Departamento justificó la custodia máxima basándose en modificaciones discrecionales por su tendencia a desobedecer normas, evidenciada por los delitos federales cometidos en confinamiento. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal confirmó la resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La controversia principal giraba en torno a si el emplazamiento a los demandados se realizó dentro del término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Los demandantes presentaron la demanda en enero de 2020, pero los emplazamientos fueron diligenciados en diciembre de 2020, a pesar de una extensión del término debido a la pandemia de COVID-19. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda por emplazamiento tardío, pero el foro primario denegó dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones determinó que los demandantes no lograron emplazar dentro del término legal, lo que impidió al tribunal primario adquirir jurisdicción sobre los demandados. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida. Resolvió que el Tribunal de Primera Instancia debió haber desestimado la demanda conforme a la Regla 4.3(c).

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Sigfredo Collado Ortiz. El peticionario buscaba revocar una decisión del tribunal de primera instancia que denegó sus mociones de pliego de especificaciones y desestimación de cargos. Collado Ortiz enfrenta cargos bajo la Ley 54 (Ley de Violencia Doméstica) por hechos alegadamente ocurridos entre 2018 y 2021. Argumentó que los cargos eran vagos, carecían de fechas y lugares específicos, y agrupaban indebidamente múltiples actos, violando su derecho al debido proceso. El Ministerio Público se opuso a las mociones, sosteniendo que los cargos eran suficientemente claros y no constituían una acumulación indebida de delitos. El tribunal de primera instancia falló en contra del peticionario, denegando sus mociones. Esta resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la petición de certiorari, confirmando efectivamente la negativa del foro primario a conceder el pliego de especificaciones o desestimar los cargos.

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Este documento presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Alexis Rosado Vargas, confinado en una institución correccional, impugna la denegación de su privilegio de libertad bajo palabra por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El señor Rosado Vargas cumplió el mínimo de su sentencia en noviembre de 2019. La JLBP pospuso inicialmente su decisión, solicitando al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informes actualizados sobre el ajuste, progreso y plan de salida del confinado. El 13 de julio de 2020, la JLBP denegó la libertad bajo palabra, fundamentando su decisión en la falta de recepción de los informes requeridos del DCR y la consecuente ausencia de un plan de salida viable. El recurrente solicitó reconsideración, alegando que había entregado los documentos al DCR y que el incumplimiento de este incidió en la determinación de la JLBP, constituyendo una violación a su debido proceso. La JLBP declaró "No Ha Lugar" la reconsideración. El recurrente imputa a la JLBP errores al denegar la libertad bajo palabra por las razones expuestas y al no cumplir con el debido proceso de ley. La JLBP, por su parte, solicitó al Tribunal de Apelaciones que confirme su resolución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Orocovis. La apelante, Elsa M. Negrón López, impugna la desestimación de su demanda por daños y perjuicios contra sus vecinos, Felipe Ortiz Ortiz y Luz Selenia Rivera López. El foro primario desestimó la acción al aplicar la doctrina de prescripción. La demanda alegaba un patrón de acoso, manifestaciones ofensivas e insultos por parte de los vecinos, que se extendió desde 2017 hasta junio de 2019, causando daños morales y emocionales. Las partes tienen un historial de desavenencias vecinales que han requerido intervención judicial previa. La apelante argumentó que su demanda, presentada en junio de 2020, no estaba prescrita debido a las extensiones de términos procesales por la pandemia de COVID-19. Los apelados sostuvieron que la reclamación carecía de fechas específicas y estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El peticionario impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto acuerdos sobre pensiones alimentarias atrasadas. El caso se deriva de un proceso de divorcio con disputas sobre modificación y pago de pensión. En una vista celebrada el 29 de enero de 2021, las partes acordaron la cuantía total de atrasos adeudados por el peticionario y un plan de pago. Estos acuerdos fueron informados al tribunal y constan en la minuta de la vista. Días después, el peticionario presentó una moción informando que se había acogido a un procedimiento de quiebra. El foro primario emitió entonces una orden el 18 de febrero de 2021, dejando sin efecto lo acordado en la vista previa. El peticionario recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, expidió el auto de certiorari y revocó la orden del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100180. El Centro Médico del Turabo (CMT) apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda por impericia profesional. CMT demandó a su abogada, Lcda. Zedided Ortiz Martínez, y a su aseguradora, alegando que la negligencia de la letrada al no presentar prueba pericial crucial causó una sentencia desfavorable contra CMT en un caso anterior de impericia médica. El foro primario acogió una moción de desestimación, determinando que la demanda de CMT no exponía hechos suficientes para demostrar que hubiese prevalecido en el pleito original de no ser por la alegada negligencia. CMT argumenta que sus alegaciones eran suficientes en derecho para superar la etapa de desestimación y que el Tribunal erró al desestimar el caso con perjuicio sin permitir descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones debe dilucidar si las alegaciones de CMT constituían una reclamación válida y si la desestimación con perjuicio fue el remedio adecuado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La disputa se originó en el Tribunal de Primera Instancia y concierne a un contrato de compraventa de acciones y un acuerdo de empleo relacionados con The Soap Factory, Inc. Los demandantes, esposos Bengochea-Lamboy, reclamaron la devolución de su inversión de $15,000 tras la terminación de los acuerdos y alegada denegación de derechos como accionistas minoritarios. Los demandados, esposos Hernández-Montero, reconvinieron solicitando el pago de un balance adeudado de $25,000 por la venta de acciones. El proceso judicial se vio afectado por la falta de cumplimiento de los demandados con órdenes del tribunal y cambios de representación legal. Ante la inacción de los demandados, el Tribunal de Primera Instancia los declaró en rebeldía. Posteriormente, los demandantes presentaron una moción de sentencia sumaria. Los demandados no se opusieron a dicha moción a pesar de ser requeridos por el tribunal. El foro primario consideró la moción sin oposición, lo que llevó a esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisando el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por José F. Soto Charraire y otros contra Oriental Bank. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar una demanda de cobro de dinero instada por Oriental Bank. El caso se origina en un préstamo de 2002 para la compra de una embarcación, el cual fue adquirido por Oriental Bank en 2010. En 2012, las partes acordaron la cesión de la embarcación a Oriental Bank, reconociendo los apelantes la deuda y su responsabilidad por cualquier deficiencia tras la venta. La embarcación fue vendida posteriormente por \$40,000.00. El Tribunal de Apelaciones revisa el asunto, señalando que no hay controversia fáctica, sino de derecho. Tras analizar los fundamentos, el Tribunal confirma la sentencia apelada, validando la reclamación de Oriental Bank por el cobro de la deficiencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia desestimó la demanda presentada por Francisco Arroyo Figueroa y María Almenas contra LE Jumpings, Inc. Los demandantes reclamaban daños por las lesiones sufridas por su hijo menor en una casa de brincos operada por LE Jumpings en julio de 2018. LE Jumpings solicitó la desestimación alegando que la demanda, presentada en abril de 2020, estaba prescrita al exceder el término de un año. Los demandantes argumentaron que el término prescriptivo se interrumpió y que no conocieron la identidad del operador privado hasta enero de 2020. El TPI desestimó la demanda de los padres por considerar que se presentó fuera del término prescriptivo de un año. Los demandantes apelaron, señalando errores en la apreciación de la prueba y en la consideración de sus alegaciones por el TPI. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial emitida por el TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Las apelantes, Nahir Surén Velázquez y la Sucesión de Juan Hernández Maldonado, recurren de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar su demanda contra los hospitales apelados por negligencia médica. La negligencia alegada se relaciona con una aguja que se partió y quedó alojada en la espalda de la señora Surén Velázquez durante una hospitalización en 2013, requiriendo una cirugía posterior para su extracción. Aunque el tribunal de primera instancia encontró responsabilidad en los hospitales, las apelantes impugnan la apreciación de la prueba, la cuantificación de los daños concedidos y la denegación de lucro cesante y honorarios de abogado. Este recurso busca modificar la sentencia apelada en cuanto a la compensación otorgada. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario sobre estos puntos.

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Este documento es una sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre una apelación presentada por Luis Torres relativa a su derecho constitucional de acceso a la información pública de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), bajo la Ley 141 de 2019. Torres había presentado un recurso especial en el Tribunal de Primera Instancia solicitando diversa documentación pública de la CIPA. El foro primario declaró Con Lugar el recurso de Torres y ordenó a la CIPA suplir la información requerida en un término de treinta días. A pesar de esta sentencia favorable, Torres solicita ahora la revisión y revocación de dicha decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La información solicitada por Torres abarcaba reglamentos, informes, calendarios de audiencias, resoluciones, listas de casos y personal, entre otros documentos de la agencia. El Gobierno y la CIPA habían respondido al recurso inicial, detallando la información que poseían, la que habían suplido y la que no podían proveer. La controversia inicial se centró en la respuesta de la CIPA a la solicitud de información de Torres.

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Ángel Manuel Adorno Roche presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción buscaba desestimar un cargo por violación al Art. 3.5 de la Ley Núm. 54. El peticionario alegaba que los mismos hechos ya habían sido objeto de una determinación implícita de No Causa por insuficiencia de prueba en una vista preliminar previa relacionada con otro artículo de la misma ley (Art. 3.1). Sostenía que el Ministerio Público debió recurrir esa supuesta determinación y, al no hacerlo, se violentó su debido proceso. El foro primario denegó la desestimación. El Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari. Considera que el peticionario no ha demostrado un reclamo con mérito que justifique la intervención apelativa en esta etapa. No persuade el argumento de que el silencio de la magistrada equivaliera a una determinación de No Causa recurrible. La función del certiorari es discrecional y no se demostró abuso de discreción o error por parte del foro primario.

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MAPFRE Pan American Insurance Company apela una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Juan Pedro Ortiz Torres. El caso versa sobre un reclamo por incumplimiento contractual relacionado con daños causados por el huracán María a una propiedad asegurada. El Sr. Ortiz Torres demandó a MAPFRE, quien fue debidamente emplazada pero no presentó alegación responsiva dentro del término legal. Ante la falta de comparecencia, el Sr. Ortiz Torres solicitó y obtuvo la anotación de rebeldía contra MAPFRE. A pesar de ser notificada, MAPFRE no compareció a la vista en rebeldía señalada por el tribunal. El foro primario permitió al demandante desfilar su prueba y posteriormente emitió la Sentencia en rebeldía. MAPFRE compareció tardíamente solicitando dejar sin efecto la anotación de rebeldía, argumentando causa justificada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de MAPFRE y sostuvo la Sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisa si procedía levantar la anotación de rebeldía, concluyendo que no se justificaba.

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Pedro E. Valderrama Colón presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso impugnaba una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Orden denegó una solicitud del peticionario para obtener copia o inspeccionar documentos y evidencia de varios casos. El Tribunal de Primera Instancia justificó su denegatoria indicando que los documentos no estaban bajo su control. El peticionario alegó que el foro primario erró al denegar su solicitud de mandamus y al afirmar que no controlaba los documentos, pues había pedido que se ordenara a la Secretaría o Fiscalía su entrega. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari. Tras considerar la naturaleza discrecional y extraordinaria de este remedio, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso presentado por el señor Valderrama Colón.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una sentencia en el caso KLAN202100266. Este caso es una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, relacionada con un despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. Las partes en apelación son Heyda Jiménez Rodríguez como apelada y Marxuach Precast Solutions, LLC como apelante. El tribunal consideró una moción conjunta presentada por ambas partes. Dicha moción solicitaba el desistimiento del caso debido a una transacción entre ellas. La sentencia, fechada el 11 de junio de 2021, resolvió declarar "Ha Lugar" a la solicitud. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. Esta decisión pone fin al procedimiento de apelación tras el acuerdo alcanzado por las partes.

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Wilfredo Morales Arroyo, miembro de la población correccional, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones tras agotar el trámite administrativo. Alegó haber sufrido agresiones por oficiales correccionales y que se le negó llamar a la Policía para querellarse. La División de Remedios Administrativos del DCR respondió que se gestionó una llamada y que fue entrevistado por un agente estatal. Inconforme con la denegatoria de reconsideración administrativa, el recurrente solicitó al tribunal la celebración de vistas, representación legal y la citación de los responsables. El Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para conceder los remedios solicitados por el recurrente. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la revisión judicial tiene un alcance limitado. Por tanto, el tribunal confirmó el dictamen administrativo recurrido.

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Se trata de un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, Luis Aramburu Díaz, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden dejó sin efecto una resolución previa que lo relevaba del pago de pensión alimentaria para sus tres hijos. El peticionario había solicitado el relevo alegando que sus hijos habían alcanzado la mayoría de edad y no cumplían requisitos de dependencia por estudios. También pidió la eliminación de la designación de hogar seguro sobre un inmueble privativo. La recurrida, Odalie Ortiz Rodríguez, solicitó la reconsideración de la resolución inicial. Argumentó que su hija Carola Sofía era estudiante universitaria y necesitaba la pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden recurrida que reinstaló la obligación alimentaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que reinstaló la pensión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de certiorari instada por Elliot J. Moya Montijo. El recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo y se relacionaba con un caso criminal bajo el Artículo 95 del Código Penal de 2012. El señor Moya Montijo solicitó la reducción de su pena de 15 años de prisión por asesinato atenuado, impuesta tras una alegación de culpabilidad. Fundamentó su petición en el principio de favorabilidad, citando la Ley Núm. 246-2014, aunque la sentencia fue dictada después de su entrada en vigor. El Tribunal observó que la enmienda introducida por la Ley Núm. 246-2014 no modificó la pena fija de 15 años para dicho delito. El Pueblo de Puerto Rico se opuso a la expedición del auto. Tras evaluar los escritos y documentos, el Tribunal concluyó que el peticionario no demostró que el foro primario hubiera cometido un error que justificara la intervención apelativa. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La peticionaria, Sheila M. Torres Matías, impugna una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso subyacente versa sobre custodia, relaciones filiales y alimentos de dos menores. La Resolución del TPI del 7 de mayo de 2021 atendió varias mociones de las partes, disponiendo sobre arreglos para el Día de las Madres y, crucialmente, prohibiendo el pernocte de una menor en el hogar materno sin previa autorización médica. La peticionaria argumentó que el TPI erró al modificar la custodia compartida y aceptar alegaciones sin celebrar una vista evidenciaria, violentando su derecho al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari presentada. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y mala fe contra una aseguradora por daños del huracán María. La parte demandante, La Merced Limited Partnership, apeló la desestimación sumaria de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal aplicó la doctrina de pago en finiquito tras un pago realizado por la aseguradora, Mapfre Pan American Insurance Company. La demandante alegó que el ajuste de daños fue irrazonable y que la aseguradora actuó de mala fe, mientras que la aseguradora sostuvo que el pago fue aceptado como liquidación total y definitiva. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar sumariamente. Concluyó que el récord no demostraba, como hechos incontrovertidos, que la aseguradora hiciera una oferta justa, brindara orientación adecuada, que la aceptación fuera con claro entendimiento de finiquito, ni la ausencia de opresión. Por tanto, revocó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la denegación de beneficios de compensación por desempleo a Stephanie Marrero Torres. La recurrente impugnó la decisión del Negociado de Seguridad de Empleo y del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que la declaró inelegible. La inelegibilidad se fundamentó en la Sección 4(B)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, debido a un patrón de ausencias y tardanzas injustificadas. Esta conducta fue calificada como incorrecta y perjudicial para el funcionamiento de la empresa donde trabajaba como enfermera. La Sra. Marrero argumentó que sus ausencias estaban justificadas y consentidas por su patrono. El caso pasó por varias instancias administrativas antes de llegar al Tribunal de Apelaciones. La Ley de Seguridad de Empleo busca proveer sustento a quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, pero descalifica por conducta incorrecta. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso de revisión especial. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal confirmó la determinación recurrida. Se mantuvo así la denegación de los beneficios de desempleo a la Sra. Marrero.