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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La controversia principal giraba en torno a si el emplazamiento a los demandados se realizó dentro del término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. Los demandantes presentaron la demanda en enero de 2020, pero los emplazamientos fueron diligenciados en diciembre de 2020, a pesar de una extensión del término debido a la pandemia de COVID-19. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda por emplazamiento tardío, pero el foro primario denegó dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones determinó que los demandantes no lograron emplazar dentro del término legal, lo que impidió al tribunal primario adquirir jurisdicción sobre los demandados. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida. Resolvió que el Tribunal de Primera Instancia debió haber desestimado la demanda conforme a la Regla 4.3(c).