Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 130)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por los demandados contra una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue iniciado por Scotiabank, cuya acreencia fue posteriormente adquirida por BOSCO CREDIT II TRUST SERIES 2017-1. El foro primario dictó sentencia sumaria a favor del demandante y desestimó la reconvención de los demandados. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Se determinó que el foro primario erró al dictar sentencia sumaria sin notificar adecuadamente la moción a la parte demandada. Tampoco se le proveyó a la parte demandada la oportunidad de oponerse a dicha moción. Por estos fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia. Se ordena que se notifique la moción de sentencia sumaria a los demandados y se les permita oponerse antes de continuar los procedimientos.

Resumen:

Un panel de jueces revisa la solicitud del señor Zenen Flores Rodríguez para revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Orden dispuso la inclusión de los gastos de educación privada en el cómputo de la pensión alimentaria de su hijo. La señora Sigridmarie Vargas Pérez, madre del menor, había demandado inicialmente por custodia, patria potestad y alimentos. El señor Flores contestó alegando alienación parental y falta de consulta sobre la escuela privada. Tras una vista y objeciones del padre sobre los gastos escolares, el TPI ordenó su inclusión. El señor Flores apeló, argumentando falta de prueba para justificar la inclusión y violación de la patria potestad compartida al no ser consultado sobre la matrícula en escuela privada. La madre se opuso, indicando que los gastos eran conocidos y que el menor ya asistía a esa escuela. El panel, acogiendo el recurso como certiorari, revisó el expediente. Por los fundamentos que expondrá, el panel deniega la expedición del auto solicitado por el señor Flores.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso presentado por Wanda Jiménez Marrero en un caso sobre división de bienes hereditarios. La apelante solicitaba la revocación de cuatro sentencias distintas emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Se recordó que los tribunales deben velar por su jurisdicción y que las cuestiones jurisdiccionales son prioritarias. Se enfatizó la obligación de las partes de cumplir estrictamente con los requisitos procesales y jurisdiccionales de los recursos apelativos. Se citó la importancia del pago de aranceles, cuyo incumplimiento puede privar de jurisdicción al foro apelativo. Además, se señaló que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones no permite acumular la apelación de múltiples dictámenes independientes en un solo recurso. Por estos fundamentos, se determinó la falta de jurisdicción para atender los méritos de la apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación sobre incumplimiento de contrato de seguro. Michael Ramos y Vilmarie Zayas apelaron la desestimación de su demanda contra Mapfre Pan American Insurance Company. El caso se originó por la reclamación de daños a una propiedad asegurada tras el Huracán María. Los apelantes demandaron a Mapfre por no compensarlos adecuadamente. Mapfre solicitó la desestimación, alegando que se configuró un pago en finiquito al emitir un cheque como pago total y final que los apelantes aceptaron y depositaron. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando esta doctrina. Los apelantes recurrieron, argumentando que la aceptación del cheque no era suficiente para el finiquito y que Mapfre no justificó el ajuste. Mapfre defendió la decisión del TPI, afirmando que se cumplieron los elementos del pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró un escrito presentado por la señora Ketty Ocasio García. En su escrito, la señora Ocasio solicitó la reconsideración de una decisión previa que desestimó su demanda y emitió un "no ha lugar", pidiendo la continuación de los procedimientos. Al examinar el escrito, el Tribunal encontró que la señora Ocasio no incluyó la sentencia cuya revisión solicitaba. Tampoco obran en el expediente otros documentos pertinentes del Tribunal de Primera Instancia que discutan los asuntos planteados. El escrito contiene alegaciones confusas que impiden identificar la determinación específica del foro sentenciador a revisar y las razones para dejarla sin efecto. El Tribunal concluyó que el escrito no constituye un recurso revisable conforme al ordenamiento procesal vigente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestimó el escrito de la señora Ocasio. La desestimación se basó en el incumplimiento con las Reglas 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Resolución de un panel de jueces sobre un recurso de certiorari presentado por Firstbank Puerto Rico. Firstbank solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que determinó que su solicitud de recusación ya había sido atendida. Previamente, Firstbank había pedido la recusación de la Jueza Lissette Vélez Morales. La jueza se inhibió motu proprio y el caso fue reasignado por el Juez Administrador. Firstbank argumentó que la inhibición motu proprio era inoficiosa y pidió al Juez Administrador que resolviera la solicitud de recusación original. El foro primario resolvió que el asunto ya había sido atendido por el Juez Administrador mediante la orden de reasignación. Inconforme, Firstbank presentó el certiorari, alegando error en dicha determinación. El panel evaluó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el panel denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de desacato instada por el Colegio contra Antonio Cruz Batista. El Colegio alegó que el Sr. Cruz Batista incumplió una Sentencia de 2008 al ofrecer servicios de ingeniería y agrimensura ilegalmente. La Sentencia de 2008 había integrado estipulaciones entre las partes. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la prueba presentada no permitía concluir que el recurrido hubiera incumplido las estipulaciones. El Colegio recurrió, señalando errores en la valoración de la prueba y la denegación del desacato. Este foro intermedio revisó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución recurrida.

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Emmanuel Fuentes Enriquez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando que se declarara con lugar una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Alegó violaciones sustanciales al debido proceso de ley, a las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, exclusión de prueba exculpatoria y denegación de prueba de polígrafo. Sin embargo, no constaba en el expediente que el peticionario hubiera presentado dicha moción ante el Tribunal de Primera Instancia. El Procurador General solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que el certiorari no contenía señalamientos de error, existía un recurso de apelación pendiente presentado por la representación legal del peticionario, y no se incluyeron anejos. La Regla 192.1 es un remedio excepcional post-sentencia para atacar colateralmente defectos fundamentales de derecho, no cuestiones de hecho. Tras evaluar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de certiorari interpuesto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Zulis Griselle Piñeiro Herrera. La peticionaria solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha determinación declaró sin lugar su moción de desestimación de la acusación, presentada al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. La peticionaria enfrenta múltiples cargos criminales. Estos incluyen seis denuncias por apuntar armas (Art. 5.15 Ley de Armas), una por robo agravado (Art. 190 CP), y una por portación y uso de arma sin licencia (Art. 5.04 Ley de Armas). Los cargos se derivan de hechos ocurridos el 14 de julio de 2019 en un restaurante KFC en Mayagüez, actuando en común acuerdo con otra persona. Tras una vista preliminar donde no se encontró causa, el Ministerio Público solicitó y celebró una vista preliminar en alzada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente y el legajo apelativo. Finalmente, resolvió denegar el recurso de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de Certiorari presentado por José M. Pérez Villanueva. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su segunda solicitud de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. La sentencia original de 2016 proviene de una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada. El Sr. Pérez Villanueva alega que la sentencia es nula por incumplimiento con la Ley de Mediación Compulsoria (Ley 184). El Tribunal de Apelaciones señala que la aplicabilidad de la Ley 184 a este préstamo, clasificado como comercial, ya fue resuelta en procedimientos anteriores. Tanto este Tribunal como el Tribunal Supremo determinaron previamente que la Ley 184 no aplica a préstamos comerciales, sino solo a préstamos de consumo garantizados por una vivienda principal. La primera solicitud de relevo de sentencia del peticionario, basada en los mismos argumentos, también fue denegada y confirmada en apelación. Al haber sido desestimado previamente el fundamento de su solicitud, el recurso carece de mérito. Por tanto, el Tribunal deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. Las hijas interventoras solicitan la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de una pensión retroactiva de $21,379.00. El historial del caso incluye pensiones fijadas en $700 y luego $2,000 mensuales. Tras el desempleo del padre en 2017, las partes acordaron pagos temporales reducidos. En 2018, una solicitud de revisión resultó en una nueva pensión de $1,104 mensuales efectiva desde agosto de 2018, con una deuda retroactiva calculada solo desde esa fecha ($787.20). La sentencia de 2018 no fue apelada. Las hijas ahora reclaman una retroactividad mayor, cubriendo el período de pagos reducidos. El Tribunal de Apelaciones revisa la solicitud de certiorari. Finalmente, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del foro primario de no conceder la pensión retroactiva solicitada por las hijas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Vecco Group Corp. Vecco Group solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. El caso original fue iniciado por Target Construction Group contra Intex Clothing Co. por cobro de dinero. Target enmendó la demanda para incluir a Vecco Group, alegando interferencia torticera con contrato y fraude de acreedores. Vecco Group argumentó que las alegaciones en su contra eran insuficientes para sostener las causas de acción. El foro primario declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de Vecco Group. Vecco Group acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia, permitiendo que las reclamaciones contra Vecco Group continúen su curso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de reclamación de seguros post-Huracán María. MAPFRE PRAICO solicitó un auto de Certiorari para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. La aseguradora buscaba la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato y daños, argumentando que un cheque emitido y endosado por los asegurados constituía un pago total y final ("pago en finiquito"). Los asegurados, Ina Coll Vázquez y Francisco González Santiago, se opusieron, alegando que existía controversia sobre si el pago fue aceptado como definitivo, presentando evidencia de que un empleado de MAPFRE les indicó que recibirían pagos parciales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar una controversia de hecho sobre la aplicación de la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la solicitud, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado por MAPFRE PRAICO. Esta denegación valida la determinación del foro primario de que el caso requiere un juicio para resolver la disputa fáctica.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta sentencia en un caso de certiorari. El peticionario, Albert Pagán Santiago, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación por alegada violación a su derecho constitucional a un juicio rápido. El Sr. Pagán enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes según el Art. 7.02 de la Ley 22. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari al considerar que la decisión del foro primario podría ser contraria a derecho. La sentencia detalla el extenso historial procesal del caso desde la presentación de la denuncia en agosto de 2018. El juicio fue reseñalado múltiples veces por diversas razones, incluyendo problemas con testigos y prueba del Ministerio Público, solicitudes de la defensa para negociar acuerdos, conflictos de calendario de la defensa, un evento atmosférico y la pandemia de COVID-19. La defensa renunció expresamente a los términos de juicio rápido en al menos dos ocasiones. El Tribunal de Apelaciones revisará si, a pesar de las dilaciones y renuncias, se vulneró el derecho constitucional a un juicio rápido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por MAPFRE Panamerican Insurance Company. MAPFRE impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. La Resolución apelada también permitió la sustitución de la parte demandante, Lizette Colón Rosa, tras su fallecimiento. La sustitución fue autorizada por el foro primario luego de transcurrido el término establecido en la Regla 22.1 de Procedimiento Civil. La demanda original de la Sra. Colón contra MAPFRE era por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una reclamación de seguro por huracán. La representación legal de la demandante fallecida solicitó extensiones para gestionar la sustitución. El Tribunal de Apelaciones evaluó el trámite procesal y los planteamientos de MAPFRE. Considerando las reglas de procedimiento aplicables, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, desestimó la demanda incoada por la señora Lizette Colón Rosa, indicando que la desestimación es sin perjuicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un auto de Certiorari presentado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) contra MAPFRE Praico Insurance Company. La ACT solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su interpretación de un endoso de seguro. El caso se origina en una reclamación de la ACT a MAPFRE por daños a sus propiedades tras los huracanes Irma y María en 2017. La controversia principal gira en torno al alcance de la cubierta bajo un Endoso de Condiciones Especiales (SCE) de la póliza. La ACT sostiene que el SCE cubre propiedades como puentes, carreteras y estructuras exteriores, mientras MAPFRE limita su aplicación a una lista específica. El foro primario declaró No Ha Lugar el argumento de la ACT sobre la interpretación del SCE. Tras denegarse una solicitud de reconsideración, la ACT acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de Certiorari y revocar la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Municipio de Dorado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó las causas de acción sobre restitución de empleo, sueldo y pago de licencias en una demanda instada contra el Municipio. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar parcialmente una Moción de Desestimación del Municipio. Posteriormente, el Municipio intentó sin éxito que el foro primario reconsiderara la Sentencia Parcial, alegando falta de jurisdicción del TPI para atender su moción. El Municipio también señaló como error la no desestimación de una causa de acción bajo el Código Anticorrupción. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el presente certiorari.

Resumen:

Este caso de impericia médica ante el Tribunal de Apelaciones surge de una demanda por daños y perjuicios contra un médico y un hospital. La controversia principal gira en torno a la aplicabilidad de los límites de responsabilidad estatutarios bajo la Ley 136-2006 al médico demandado. El médico solicitó la aplicación de dichos límites, alegando que fungía como facultativo en un centro médico académico regional (CMAR) al momento de los hechos. Los demandantes se opusieron, cuestionando si el hospital era un CMAR válido y si el médico actuaba en funciones docentes durante el tratamiento de la paciente. Tras concluir la vista evidenciaria, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) recibió evidencia nueva y, basándose en ella, reconsideró su determinación inicial. El TPI concluyó que el límite estatutario aplicaba al médico. El Tribunal de Apelaciones revisó esta actuación procesal. Consideró que la reconsideración basada en evidencia posterior a la vista era improcedente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la determinación del TPI. El asunto fue devuelto al TPI para que lo considere nuevamente de forma adecuada.

Resumen:

Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari instada por Triple-S Propiedad, Inc. Triple-S solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de orden protectora. Dicha orden compelió a Triple-S a contestar descubrimiento de prueba requerido por Council of Owners of Terralinda Park Recreational Association. El descubrimiento solicitado se relaciona con una demanda por incumplimiento de contrato sobre una reclamación de daños por el Huracán María. Triple-S argumentó que la información requerida, particularmente el expediente de suscripción de la póliza, era onerosa, impertinente y confidencial. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado la producción del expediente de suscripción por considerarlo pertinente. Triple-S alegó error en esta determinación, reiterando la impertinencia de la prueba. Terralinda Park se opuso, indicando que Triple-S no demostró fracaso irremediable de la justicia. Tras evaluar el recurso y la oposición, el panel judicial denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Comparece Efraín Osorio Iglesias ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su petición de corrección de una sentencia dictada en 2001. En 2001, Osorio Iglesias se declaró culpable de varios delitos, incluyendo Asesinato en Segundo Grado, mediante un preacuerdo que resultó en una pena de 40 años. Casi dos décadas después, alegó que la sentencia no se ajustaba al preacuerdo y pidió su corrección. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la sentencia era correcta según lo acordado. Ante la negativa, Osorio Iglesias acudió en certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar la solicitud, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. El documento menciona brevemente los mecanismos legales para impugnar sentencias basadas en alegaciones de culpabilidad.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra Luis Bermúdez Fernández. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y trata sobre cargos por infracciones a la Ley de Armas. Tras una vista preliminar donde no se halló causa para acusar, el Ministerio Público solicitó una vista preliminar en alzada. La celebración de esta vista se vio impedida porque el señor Bermúdez se encontraba detenido en una institución federal. A pesar de los intentos por coordinar su comparecencia, incluyendo la emisión de un auto de Habeas corpus ad prosequendum, la vista no pudo celebrarse dentro del término de ley. El Tribunal de Primera Instancia desestimó los cargos contra el señor Bermúdez conforme a la Regla 64(n)(8) de Procedimiento Criminal. El Pueblo recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la Sentencia del foro primario que desestimó los cargos.

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Este documento es una sentencia judicial emitida el 30 de junio de 2021, relativa a las apelaciones consolidadas KLAN201801172 y KLAN201801182. La apelación KLAN201801172 fue presentada por Norka Agrinzoni y otros, exempleados de National Insurance Company (NIC). Solicitaron la revocación de una sentencia sumaria parcial emitida por el tribunal de primera instancia el 11 de junio de 2018. Dicha sentencia favoreció a ANCÓN, S.A. y Multinational Insurance Company en relación con la reclamación de los empleados bajo la doctrina del patrono sucesor, concluyendo que sus despidos estaban justificados. La apelación KLAN201801182 fue presentada por Multinational Life Insurance Company, impugnando la determinación del tribunal de primera instancia de que le era aplicable la doctrina de un solo patrono. Ambas apelaciones fueron consolidadas por presentar controversias de derecho idénticas. El caso subyacente se originó de una demanda presentada en 2011 por Norka Agrinzoni y otros contra varias entidades y un individuo, alegando despido injustificado, descorrer el velo corporativo y la doctrina de un solo patrono. La sentencia expone el trasfondo procesal que llevó a las apelaciones ante este tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Janice Pérez Román contra Antilles Insurance Company. La apelación proviene de una demanda por incumplimiento de contrato y reclamación de seguros relacionada con los Huracanes Irma y María. La asegurada reclamó daños significativos, pero la aseguradora pagó una cantidad mucho menor (\$557) tras ajustar la pérdida. Antilles sostuvo que el cobro del cheque por la asegurada constituía un pago en finiquito, extinguiendo la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la asegurada con perjuicio, aplicando esta doctrina. La señora Pérez Román apeló dicha Sentencia de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y las normas aplicables. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Pedro O. Márquez Rodríguez demandó a LDR Construction Group Corp., Luis D. Rivera Pérez y Rubén Rodríguez por $8,000 por servicios eléctricos. Los demandados LDR Construction y Rivera Pérez fueron emplazados personalmente pero no comparecieron a la vista en su fondo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra ellos por la cantidad reclamada más costas y honorarios. Luis D. Rivera Pérez presentó una moción de reconsideración que fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. Rivera Pérez acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari solicitando la revocación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Sonny Cardona Vicenty. El peticionario impugnó una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha orden dispuso su traslado a la jurisdicción federal una vez extinguiera la sentencia impuesta en la jurisdicción estatal. Cardona Vicenty solicitó el traslado inmediato para cumplir concurrentemente las penas estatales y federales, según una sentencia previa del TPI. Argumentó que la orden recurrida le impedía el acceso efectivo a los tribunales y violaba el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari tras evaluar la petición y la comparecencia del Procurador General. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Edwin Domínguez Torres, apelante, contra Alexandra Lúgaro Aponte, apelada. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre un pleito de incumplimiento de contrato. La controversia surge de estipulaciones acordadas en la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento de las partes en 2015. Dichas estipulaciones incluían el pago de \$10,000 por la apelada al apelante y el pago de un préstamo de vehículo. Domínguez Torres alegó que Lúgaro Aponte incumplió con ambos pagos, resultando en el embargo del vehículo. Tras intentos fallidos de ejecución en el caso de divorcio, Domínguez Torres presentó una demanda independiente por incumplimiento de contrato. En esta demanda, reclamó el dinero, el valor del vehículo y daños por la falta de transportación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta demanda. El apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha desestimación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones determina que procede revocar el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Yadira Vargas Tirado. La peticionaria solicitó una reducción de pena tras declararse culpable de varios delitos, invocando circunstancias atenuantes. El tribunal analizó las reglas de procedimiento criminal y del propio tribunal relativas a la impugnación de sentencias dictadas por alegación de culpabilidad. Estas reglas establecen un término jurisdiccional de treinta días para presentar un recurso de certiorari, contado a partir de la fecha en que se dicta la sentencia. En este caso, la sentencia contra la peticionaria fue dictada el 9 de abril de 2021. El término para presentar el recurso vencía el 10 de mayo de 2021. La peticionaria presentó su solicitud el 22 de mayo de 2021. Al haber sido presentado fuera del término jurisdiccional, el tribunal concluye que carece de competencia para atender el recurso.

Resumen:

Este recurso de certiorari proviene de un caso de liquidación de comunidad post-ganancial. El peticionario, Sr. Juan E. Lantigua Núñez, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que eliminó su alegación de un crédito de $40,000 sobre un inmueble ganancial. La eliminación se basó en un supuesto incumplimiento injustificado con una orden judicial relacionada con descubrimiento de prueba, específicamente la firma de un documento adicional para una agencia federal. El Sr. Lantigua argumentó que el foro primario impuso una sanción drástica sin permitirle presentar su posición ni aplicar medidas correctivas progresivas conforme a la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil y la normativa vigente. Alegó que se vulneró su derecho al debido proceso de ley al no ser apercibido ni notificado para remediar la situación. La parte recurrida no compareció en el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición del Sr. Lantigua, expidió el auto de certiorari y revocó la determinación recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Benjamín Rodríguez Rodríguez. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. En dicha moción, el señor Rodríguez Rodríguez, quien cumple sentencia desde 2015, alegó que su caso no fue probado más allá de duda razonable y que la evidencia fue obtenida ilegalmente. El TPI declaró No Ha Lugar su petición. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari conforme a su facultad discrecional y los criterios reglamentarios para su expedición. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar la expedición del auto solicitado. Con esta denegatoria, se mantiene la resolución del TPI que rechazó la moción del peticionario.

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Varios Consejos de Titulares de condominios demandaron a Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y reclamación de cubierta de seguros por daños sufridos en sus propiedades. Las demandas fueron instadas en el Tribunal de Primera Instancia y llegaron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari. Los Consejos de Titulares solicitaron a Triple-S información y documentos a través de interrogatorios y requerimientos de producción. Triple-S contestó parcialmente, objetando numerosas solicitudes por ser amplias, ambiguas, irrelevantes, onerosas o procurar información confidencial. La aseguradora alegó que la información solicitada contenía secretos comerciales, comunicaciones privilegiadas (abogado-cliente, producto del trabajo) y no estaba en su custodia. Específicamente, Triple-S se negó a producir documentos sobre la investigación y manejo de reclamaciones, reservas asignadas, comunicaciones con afiliadas y reaseguradoras, suscripción de pólizas y procesos de inspección y ajuste. Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones que aborda estos casos consolidados o relacionados y las controversias de descubrimiento de prueba surgidas.

Resumen:

Varios Consejos de Titulares de condominios presentaron demandas por incumplimiento de contrato contra Triple-S Propiedad, Inc. Las reclamaciones se relacionan con la cubierta de seguros por daños sufridos en las propiedades. Estos casos, iniciados en el Tribunal de Primera Instancia, fueron elevados al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari. Durante la etapa de descubrimiento de prueba, los Consejos de Titulares solicitaron a Triple-S información y documentos detallados sobre la investigación y manejo de sus reclamaciones. Triple-S contestó parcialmente las solicitudes, formulando objeciones a la producción de gran parte de la información requerida. La aseguradora argumentó que las solicitudes eran amplias, onerosas, irrelevantes y procuraban información confidencial o privilegiada. Entre la información objetada se encontraban datos sobre reservas, comunicaciones internas y con reaseguradoras, y detalles del proceso de ajuste. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda la resolución de esta disputa sobre el alcance del descubrimiento de prueba en los casos consolidados.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo una apelación y una petición de certiorari presentadas por el Condominio Windgate contra Mapfre Praico Insurance Company. El litigio principal surge de una reclamación de seguro por daños causados por el huracán María en 2017. El Condominio demandó a MAPFRE alegando incumplimiento de contrato y violaciones al Código de Seguros, incluyendo una investigación insuficiente y un ajuste irrazonable de la reclamación. La demanda buscaba compensación por daños contractuales y daños bajo la Ley Núm. 247-2018, reclamando al menos \$3,150,000 adicionales por estas violaciones. La apelación recurría de una Sentencia Parcial desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia. La petición de certiorari impugnaba una Orden que denegó paralizar el caso y referir la valoración de daños a arbitraje. El tribunal REVOCA la Sentencia Parcial desestimatoria apelada. Asimismo, DENEGA la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Marta Romero Borrero demandó a Amgen Manufacturing Limited por discrimen y represalias en el empleo. La querellante solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que ordenara a Amgen cesar de entrevistarla sobre los hechos de la querella sin la presencia de su abogado, alegando que constituía descubrimiento de prueba ex parte. Amgen se opuso, argumentando su derecho a investigar las imputaciones como patrono. El TPI denegó la solicitud de la querellante. Inconforme, la querellante acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de la negativa del TPI a prohibir las entrevistas sin representación legal. El recurso plantea si el TPI erró al permitir que el patrono se reuniera ex parte con la empleada demandante para discutir el caso. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procede expedir el auto de certiorari bajo los criterios legales aplicables a la revisión de órdenes interlocutorias.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la cancelación de la Subasta RFQ-53570 por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE buscaba adquirir reductores de velocidad para Hidro Gas Palo Seco, requiriendo que los equipos equivalentes fueran "direct fit". El Comité de Subasta de la AEE canceló la licitación a petición del usuario, argumentando que las propuestas carecían de información necesaria. Específicamente, señalaron que los licitadores no demostraron claramente el cumplimiento con el requisito de "direct fit". Allied Power Technologies, Inc., uno de los licitadores, impugnó la decisión. Allied argumentó que sus unidades eran idénticas y clasificadas como "Drop In Replacement", lo cual, según ellos, incluía el concepto de "Direct Fit". Presentaron una moción de reconsideración ante la AEE y luego una apelación ante el tribunal. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Comité de Subasta de la AEE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una impugnación a la adjudicación de una subasta municipal. Venegas Construction recurre la decisión de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Ponce. La subasta, identificada como 10-AE-2020-2021 (ADM), era para proyectos de reconstrucción post-Huracán María. El Municipio de Ponce adjudicó la subasta a Coayuco Construction Corp., quien presentó la oferta más baja (\$465,288.00). Venegas Construction, el segundo licitador con una oferta de \$562,199.00, impugnó la adjudicación. Venegas alegó que la oferta de Coayuco debió ser rechazada por supuestamente no incluir una fianza de licitación válida y no estar registrado en SAM.gov. El proceso de subasta incluyó la evaluación de las propuestas por consultores del Municipio, quienes determinaron que Coayuco cumplió con los requisitos. La Junta de Subastas del MAP, tras evaluar la documentación, consideró la propuesta de Coayuco como razonable y en beneficio del Municipio. La sentencia del Tribunal de Apelaciones, emitida el 29 de junio de 2021, confirma la adjudicación de la subasta a favor de Coayuco Construction Corp.

Resumen:

Varios Consejos de Titulares de Condominios presentaron demandas separadas contra Triple-S Propiedad, Inc. Reclamaron cubierta y alegaron incumplimiento contractual bajo sus pólizas de seguro por daños sufridos en las propiedades. Triple-S contestó negando responsabilidad y afirmando haber cumplido sus obligaciones. En la etapa de descubrimiento de prueba, los Consejos de Titulares solicitaron a Triple-S un amplio pliego de interrogatorios y requerimientos de documentos. La información solicitada incluía detalles sobre la investigación, manejo y reservas de las reclamaciones, así como comunicaciones internas y procesos de suscripción. Triple-S se opuso a la producción de gran parte de esta información. La aseguradora argumentó que las solicitudes eran amplias, onerosas, irrelevantes y procuraban información confidencial o privilegiada. Alegó protección por secretos comerciales, privilegio abogado-cliente y producto del trabajo. Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones que atiende estos casos consolidados y la disputa sobre el descubrimiento de prueba.

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Nilda J. Dávila Marcano comparece ante el Tribunal de Apelaciones en revisión administrativa contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución recurrida desestimó una querella presentada por Dávila contra el Consejo de Titulares del Condominio Belén. La querella original ante el DACo denunciaba la ausencia de una Junta de Directores formal, la falta de mantenimiento en áreas comunes, el no cobro de cuotas y el grave deterioro físico del condominio, incluyendo filtraciones. Por años, el condominio operó sin una estructura administrativa ni presupuesto formal. A raíz de la querella de Dávila, se logró la constitución de una Junta de Directores en diciembre de 2015. Dávila había participado previamente en esfuerzos para reparar el techo y organizar a los titulares. Los querellados argumentaron falta de jurisdicción del DACo. El DACo desestimó la querella de Dávila en noviembre de 2018. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca la Resolución del DACo.

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Multiple Consejos de Titulares de condominios presentaron demandas separadas contra Triple-S Propiedad, Inc. por incumplimiento de contrato y reclamación de cubierta de seguros por daños sufridos. Triple-S negó responsabilidad, alegando haber cumplido sus obligaciones bajo las pólizas. Durante la etapa de descubrimiento, los Consejos de Titulares cursaron interrogatorios y requerimientos de documentos a Triple-S. Triple-S contestó parcialmente, objetando la amplitud, relevancia y carga de las solicitudes. La aseguradora se negó a producir información y documentos relacionados con la investigación y manejo de reclamaciones, reservas, comunicaciones internas y procesos de suscripción y ajuste. Triple-S justificó su negativa alegando confidencialidad, secretos comerciales, privilegio abogado-cliente y producto del trabajo. Estos casos llegaron al Tribunal de Apelaciones mediante recursos de certiorari desde el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones aborda las controversias surgidas en estos procedimientos sobre el descubrimiento de prueba.

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Dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos apelaciones consolidadas. Yolimar Medina Pérez y Margarita Rodríguez Jordán apelaron sentencias separadas del Tribunal de Primera Instancia. Los tribunales inferiores habían desestimado sus respectivas demandas de daños con perjuicio. El caso de Medina incluía reclamaciones bajo el ADA y la Rehabilitation Act contra el Estado, derivadas de un incidente en un CESCO relacionado con su animal de servicio. El Estado solicitó la desestimación, alegando que Medina no cumplió con el requisito de notificación previa de la Ley de Pleitos contra el Estado. Medina argumentó que la ley estatal de notificación no aplicaba a sus reclamaciones federales, las cuales limitan la inmunidad estatal. Rodríguez también apeló la desestimación de su caso de daños. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de las desestimaciones de los tribunales inferiores. La sentencia concluye revocando ambos dictámenes de desestimación emitidos por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación de una acción de Mandamus. Los apelantes, padres de una estudiante de educación especial, demandaron al Departamento de Educación. Alegaron que su hija no pudo acceder a clases en línea por falta de un dispositivo adecuado y la negativa de dos maestros a usar medios alternos a la plataforma oficial. Esto resultó en problemas académicos y falta de calificaciones. Los padres buscaron compeler al Departamento a realizar ajustes, incluyendo cambio de maestros y alternativas académicas. Presentaron una queja formal y participaron en reuniones para resolver la situación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de Mandamus. El Tribunal de Apelaciones revisó esa determinación. Por las razones expuestas en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Central Parking System of Puerto Rico, Inc. La empresa solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria en un caso de despido injustificado. El demandante, Juan Manuel Sanjurjo Méndez, alegó haber sido despedido sin justa causa. Central Parking argumentó que el despido se debió a la eliminación de su posición como parte de una reorganización forzada por la pérdida de un contrato millonario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al no encontrar nexo entre la pérdida del contrato y el despido. Central Parking recurrió, alegando que el foro primario erró al no desestimar la reclamación y al no reconocer el nexo causal. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, procedió a denegar la petición de certiorari.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre un recurso de revisión judicial presentado por Hospital Español Auxilio Mutuo impugnando la validez del Reglamento Conjunto 2020. Mientras el caso estaba pendiente, otro panel del mismo tribunal declaró nulo dicho reglamento. El tribunal solicitó a las partes mostrar causa por la cual el recurso no debía desestimarse por académico. La Junta de Planificación solicitó la desestimación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó una petición de certiorari que buscaba revocar la declaración de nulidad del reglamento en el caso relacionado. Esta acción del Tribunal Supremo confirmó la nulidad del Reglamento Conjunto 2020. Ante la firmeza de la declaración de nulidad, la controversia en este recurso se tornó académica. El documento discute la doctrina de los casos académicos y la obligación judicial de examinar la jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de confiscación bajo la Ley Núm. 119-2011. El peticionario, Alexie Pastor Carrasquillo, solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida en un proceso de confiscación civil, aprobó una consignación pero no ordenó la entrega de su vehículo. El vehículo fue ocupado por la policía el 7 de febrero de 2021. El peticionario alega que la confiscación es nula porque la notificación se realizó el 24 de marzo de 2021, excediendo el término de 30 días sin justificación. La sentencia detalla los propósitos y aspectos procesales de la Ley 119-2011, que busca garantizar el debido proceso en las confiscaciones. Esta ley establece un término jurisdiccional de treinta días para notificar la confiscación por correo certificado desde la fecha de ocupación física. Para vehículos ocupados bajo la Ley Núm. 8 de 1987, la notificación debe ser dentro de los treinta días siguientes al término de investigación policial. El Tribunal acoge el recurso presentado como un certiorari para revisar la Orden recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. La parte recurrente, Scott M. Favre Public Adjuster, LLC (SMFPA), impugna una resolución del Comisionado de Seguros. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación presentada por SMFPA en un proceso administrativo. También encauzó el trámite administrativo para delimitar el descubrimiento de prueba previo a la vista adjudicativa. El caso administrativo subyacente trata sobre violaciones al Código de Seguros y su Reglamento por parte de SMFPA. Estas violaciones resultaron en una orden de cese y desista y multas administrativas por $30,000. SMFPA argumentó la ausencia de un reglamento procesal y el incumplimiento de la OCS con los plazos de descubrimiento de prueba como base para su solicitud de desestimación. La Oficial Examinadora había denegado inicialmente la solicitud de deposiciones y pospuesto los plazos de descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones adelanta que desestimará el recurso presentado por SMFPA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de apelación, acogido como certiorari, proveniente de un caso laboral sobre despido injustificado. Los peticionarios solicitan revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones analiza si dicha determinación constituye una sentencia parcial final o una resolución interlocutoria. Concluye que, al solo determinar la existencia de una relación patrono-empleado y un despido injustificado sin resolver completamente las reclamaciones, se trata de una resolución interlocutoria. Por ello, el recurso se tramita como certiorari, un vehículo procesal discrecional para revisar errores jurídicos, centrado en el abuso de discreción del foro primario. Se destaca que el caso se origina bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. Se menciona la norma del Tribunal Supremo que desfavorece la revisión de resoluciones interlocutorias en estos procedimientos, salvo excepciones puntuales para evitar grave injusticia o disponer del caso.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra la revisión de la clasificación de custodia del confinado Ralph Nieves Castro. El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ratificó su nivel de custodia mediana, a pesar de que la escala de clasificación arrojó una puntuación correspondiente a custodia mínima. El DCR justificó su decisión basándose en la gravedad y naturaleza de los delitos violentos, la extensa sentencia de 102 años, el tiempo cumplido (13 años) en proporción al total, y el uso de modificación discrecional por subestimación de la escala. El recurrente impugnó esta determinación, alegando haber cumplido el tiempo necesario para ser clasificado a custodia mínima según el manual y que la decisión era irrazonable. Argumentó que se le violaba su derecho a una reclasificación menor al estar cerca de la elegibilidad para la Junta de Libertad Bajo Palabra. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el señor Nieves Castro. Finalmente, el Tribunal desestimó la determinación del DCR por considerarla prematura.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Marisol Díaz Batalla. Solicitó revocar una resolución del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. El pleito subyacente fue incoado por Cristino Paniagua Rosado para el cobro de un préstamo verbal de $70,000 y daños contra Díaz Batalla y otros codemandados. Paniagua Rosado alega que restan $55,000 de un préstamo otorgado en 2013. Díaz Batalla niega haber recibido préstamo alguno y sostiene que la demanda actual busca relitigar una deuda reclamada previamente contra corporaciones en un caso separado. Presentó defensas como falta de partes indispensables, prescripción y falta de causa de acción, argumentando que Paniagua Rosado admitió haber prestado dinero solo a un codemandado para una deuda corporativa. El tribunal de primera instancia denegó su moción de sentencia sumaria parcial. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto implica que la decisión del foro primario de continuar con el caso contra Díaz Batalla se mantiene por el momento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y alimentos. Manuel Correa Márquez presentó un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución le impidió realizar descubrimiento de prueba (interrogatorios y producción de documentos). El descubrimiento estaba dirigido a sus hijos mayores de edad (interventores). El objetivo era obtener información sobre controversias pendientes relativas a una alegada deuda de pensión alimentaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Consideró los fundamentos presentados por el peticionario. Decidió expedir el auto de certiorari. Finalmente, revocó la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esto permite al peticionario continuar con el proceso de descubrimiento de prueba.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Hernán Nazario Cruz contra Miguel Rivera Mercado. El recurso, tratado como certiorari, impugnaba la denegatoria de una orden de protección para adulto mayor por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley 121-2019. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones encontró el recurso incomprensible y carente de requisitos formales. Se concedió al peticionario un término para presentar la resolución recurrida y documentos adicionales. El peticionario presentó la resolución de instancia, que denegó la orden tras una vista, pero no otros documentos. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso incumplía sustancialmente con los requisitos reglamentarios. Citando su deber de velar por la jurisdicción, el tribunal concluyó que carecía de ella para atender el recurso. Por consiguiente, se desestimó la petición de certiorari.