Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 13)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación acogida como certiorari. El recurso fue presentado por Sender Shub contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue incoado por Nelson Menda solicitando sentencia declaratoria y revocación de un laudo arbitral. La disputa surge de un acuerdo de terminación de sociedad entre Menda y Shub, donde Miguel Lazoff actuó como árbitro. Menda impugnó el laudo alegando parcialidad del árbitro y vicios procesales. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial del TPI. Confirmó la decisión del TPI en cuanto a la primera y tercera causa de acción. Revocó el dictamen del TPI respecto a la segunda causa de acción.

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Sentencia de un panel judicial revisando una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. La orden recurrida concedió una Solicitud de Orden Protectora a MAPFRE Praico Insurance Company. Dicha orden impidió a los peticionarios (Villas de Blanca LTD y otros) descubrir información sobre reservas y reaseguros de la aseguradora. Los peticionarios demandaron a MAPFRE por daños del Huracán María, alegando incumplimiento de contrato y dolo/mala fe. MAPFRE argumentó que la información solicitada era impertinente a la controversia y estaba protegida por secreto de negocios. El foro primario declaró Ha Lugar la orden protectora, concluyendo que la información era impertinente en el caso. Los peticionarios recurren esta determinación, señalando que el TPI erró al no permitir el descubrimiento de esta prueba. Alegan que la información de reservas es pertinente a la causa de acción por dolo y mala fe. Sostienen que la información de reaseguro es relevante para establecer el reconocimiento de cubierta y no es materia privilegiada. La sentencia resolverá si el foro primario erró al impedir el descubrimiento de esta prueba.

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Sentencia de un panel judicial en Puerto Rico revisando el recurso KLCE202401214. Los peticionarios, incluyendo Villas de Mayagüez LTD, impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Orden concedió una Solicitud de Orden Protectora a favor de MAPFRE Praico Insurance Company. La orden protectora impidió el descubrimiento de prueba sobre información de reservas y reaseguros. Esta información se solicitó en una demanda de los peticionarios contra MAPFRE por daños, incumplimiento de contrato, dolo y mala fe relacionados con el Huracán María. MAPFRE argumentó que la información era impertinente y privilegiada, mientras los peticionarios defendieron su pertinencia para sus reclamaciones. El TPI de Mayagüez declaró Ha Lugar la orden protectora, considerando la información impertinente. Los peticionarios recurren esta decisión, alegando que el TPI erró al no permitir el descubrimiento de prueba sobre reservas y reaseguros, la cual consideran relevante y no privilegiada. El documento presenta los antecedentes procesales que fundamentan este recurso de revisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en un caso de compraventa de vehículo. Union Auto Group Outlet impugnó la decisión del DACo que declaró Ha Lugar la querella de Melvin González Báez. El DACo había ordenado a Union Auto devolver una Jeep Renagade Sport de 2016 o pagar el importe de compra o el crédito de $\$10,500.00$ por el vehículo usado, la suma mayor. Adicionalmente, impuso a la concesionaria el pago de $\$7,500.00$ por angustias mentales y $\$2,000.00$ por honorarios de abogado. La querella original del señor González alegaba que Union Auto no completó el financiamiento de un Nissan Kicks después de que él entregara su Jeep en "trade in". Union Auto exigió la devolución del Nissan Kicks pero se negó a devolver la Jeep, que ya había vendido, o a compensar al consumidor. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó el dictamen recurrido del DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión administrativa presentado por Héctor González Carranza contra el Departamento de Corrección. El recurrente impugnaba una resolución de la División de Querellas Disciplinarias que rechazó su reconsideración. Dicha resolución ratificó la determinación de que el recurrente violó el Código Disciplinario 139 por estar bajo los efectos de sustancias no autorizadas. El incidente ocurrió en septiembre de 2024, cuando fue hallado inconsciente y con síntomas de sobredosis, requiriendo administración de Narcan. Como sanción, se le impuso la privación de varios privilegios por 60 días. El recurrente alegó que la querella era frívola y que no se probó la violación. Tras evaluar el recurso y la resolución recurrida, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción por incumplimiento con las disposiciones que regulan el perfeccionamiento de los recursos de revisión de decisiones administrativas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Josué Ortiz Colón, impugna la determinación del DCR del 10 de enero de 2025 que declaró no favorable su evaluación para participar en el Programa de Pre-Reinserción. La justificación del DCR para la decisión fue que se debían observar los ajustes del Manejo de Población Confinada (MPC) por un año adicional. El caso había sido referido al programa en julio de 2023, pero evaluaciones posteriores en noviembre de 2023 y octubre de 2024 resultaron en posposiciones por requerir información adicional y evaluación sobre derechos de víctimas. Tras la decisión desfavorable, el señor Ortiz Colón solicitó reconsideración y, al no estar satisfecho, acudió al Tribunal de Apelaciones. Alega que la decisión del DCR fue arbitraria, carente de base probatoria, contraria a derecho y a la política pública de rehabilitación, y que la notificación fue extemporánea. El recurrente sostiene que la denegación interrumpe su proceso de rehabilitación y limita sus oportunidades de libertad condicional y participación en programas que permiten trabajar.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico acogió como apelación un recurso de certiorari presentado por el Negociado del Cuerpo de Bomberos de P.R. El Negociado solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para revisar un laudo de arbitraje obrero-patronal. El caso se originó tras un accidente automovilístico fatal en mayo de 2019 que involucró a la bombera Sandra L. Vázquez Hernández. A raíz del accidente, se presentaron cargos criminales contra la bombera, quien eventualmente se declaró culpable de homicidio negligente y recibió una sentencia suspendida. El Negociado inició un proceso administrativo proponiendo su destitución, alegando infracciones reglamentarias basadas en los hechos criminales. La disputa sobre la acción disciplinaria culminó en un arbitraje. El Tribunal de Primera Instancia confirmó el laudo arbitral al declarar No Ha Lugar la revisión solicitada por el Negociado. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, confirmó el dictamen apelado, manteniendo así la decisión del foro primario respecto al laudo arbitral.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Sentencia Sumaria presentada por Dorado Health, Inc. h/n/c Manatí Medical Center en un pleito laboral. La recurrida, Jessica E. Pino Lugo, demandó al Hospital alegando despido injustificado, acoso laboral y represalias tras quejarse de acoso por parte de un médico. La señora Pino Lugo afirmó haber sido despedida en represalia por manifestarse sobre el acoso, mientras que el Hospital sostuvo que el despido fue por insubordinación y conducta impropia. El Hospital argumentó en su moción de sentencia sumaria que el foro primario carecía de jurisdicción sobre la reclamación de acoso laboral. Específicamente, alegó que la recurrida no agotó el remedio compulsorio de mediación ante el Negociado de Métodos Alternos de la Rama Judicial, requisito previo para demandar bajo la Ley Núm. 90-2020. El Tribunal de Apelaciones ejerce su discreción para expedir el auto de certiorari con el propósito de modificar la decisión apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso presentado por Rufino Rodríguez Robles y Ada Rentas Rubio. Apelaban una Segunda Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicha sentencia había declarado con lugar una moción de relevo de sentencia presentada por Miguel Ríos Santiago y Expert Technical Services Group, Inc. La moción de relevo dejó sin efecto una Sentencia previa emitida en rebeldía. La Sentencia en rebeldía había resuelto una demanda por incumplimiento de contrato de obra y daños y perjuicios. Los demandantes alegaron que los demandados abandonaron trabajos de construcción incompletos y con vicios tras recibir la mayor parte del pago acordado. El Tribunal de Primera Instancia había anotado la rebeldía y dictado sentencia a favor de los demandantes. Sin embargo, posteriormente concedió el relevo de sentencia y desestimó la demanda sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó el dictamen apelado. Esto valida la decisión de dejar sin efecto la sentencia en rebeldía y archivar el caso sin perjuicio.

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La controversia ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico gira en torno al cuido y sustento de una madre de edad avanzada. La disputa involucra a cuatro hermanos, con una hermana representando a su madre mediante poder notarial. El caso, iniciado bajo "Alimentos entre Parientes" y la Ley 121 (Carta de Derechos del Adulto Mayor), busca determinar el lugar de cuido idóneo para la madre y las aportaciones económicas de cada hijo. Acciones judiciales previas bajo la Ley 121 habían señalado la falta de un plan de cuido formalizado entre los hermanos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a cada hijo aportar $80 semanales y buscar un hogar geriátrico adecuado. Una de las hermanas apeló esta decisión, alegando que ella asume la mayor parte del cuido y que sus hermanos incumplen con sus responsabilidades. El tribunal apelativo indica que modificará el dictamen del foro primario. No obstante, el dictamen, así modificado, será confirmado. La disputa central busca establecer un plan de cuido equitativo y una estructura de apoyo financiero para la madre entre sus hijos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende el recurso presentado por las apelantes, Alexandra Jorge Rivera y Somara Soto Rodríguez, contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI declaró con lugar la demanda de la apelada, Daian Enid Castillo Crespo, por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. La demanda original involucró un contrato de arrendamiento con opción de compra de una propiedad, donde la apelada realizó pagos significativos, parte a la hipoteca y parte a una cuenta escrow manejada por una de las apelantes. La apelada alegó haber sido desalojada ilegalmente por la otra apelante y que se le negó la devolución o aplicación de los fondos en escrow. Las apelantes se defendieron alegando incumplimiento de la apelada por falta de pago y abandono, y mencionaron una intervención federal en la propiedad. El TPI celebró vista y determinó hechos sobre el rol de las apelantes como corredoras de bienes raíces. Previamente, el Tribunal de Apelaciones ordenó al TPI fundamentar la indemnización por sufrimientos mentales, lo cual se cumplió con una sentencia enmendada. El documento detalla los antecedentes del caso que llevaron a la apelación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Rogelio Sánchez Martínez apeló la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia desestimó su demanda contra el Municipio de Carolina por alegadas represalias laborales bajo la Ley Núm. 115-1991. Sánchez Martínez alegó que fue despedido de su puesto transitorio de conductor en represalia por quejas presentadas al Alcalde. El Municipio sostuvo que su nombramiento transitorio venció el 31 de diciembre de 2017 y que no hubo despido ni represalias. El caso fue inicialmente desestimado, luego revocado y devuelto por el Tribunal de Apelaciones. Tras continuar el litigio, el Municipio solicitó y obtuvo sentencia sumaria a su favor. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario y, por los fundamentos expuestos, confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN202500115. Resuelve la apelación presentada por José A. Batlle Ojeda contra Eurowheels Auto Corporation. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Dicha desestimación se basó en una sentencia previa que limitó el período de la reclamación a hechos posteriores al 1 de febrero de 2011. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, decide revocar el dictamen apelado. La demanda original, presentada en 2017, es una acción de clase contra múltiples concesionarios de vehículos. Los demandantes alegaron el cobro de cargos injustificados por trámites de registro y tablilla. Reclamaron causas de acción por cobro indebido, enriquecimiento injusto, daños y perjuicios, y violaciones a leyes de consumo y crimen organizado. La revocación permite que la reclamación de Batlle Ojeda contra Eurowheels continúe, a pesar de la limitación temporal previa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Benítez Group, Inc. impugnó la decisión de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Naguabo sobre la Subasta Núm. 2 para la compra de vehículos. La Junta había adjudicado la subasta a Centrocamiones y rechazado la oferta de Benítez Group. Benítez Group alegó ser el mejor postor y que la notificación de rechazo carecía de fundamentación, violando el debido proceso. El Municipio de Naguabo presentó su oposición al recurso. El Tribunal de Apelaciones examinó los planteamientos de las partes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal decidió desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en la determinación de falta de jurisdicción para atender la controversia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de Certiorari presentado por DVW Clinical Laboratories Services, Inc. La peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Camuy, que declaró No Ha Lugar una Moción Solicitando Conocimiento Judicial. El caso subyacente es una demanda de división de comunidad de bienes donde Ediomal López Concepción reclama el 50% de un laboratorio clínico y sus ganancias, alegando que fueron adquiridos durante una convivencia posterior al divorcio con Debra Ann Velázquez Webb. DVW y la señora Velázquez disputan estas alegaciones, afirmando la titularidad exclusiva de ella. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, denegó el Certiorari interpuesto por DVW. Se prescindió de la comparecencia de la parte recurrida para lograr un despacho más eficiente del caso.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Caribbean Restaurants, LLC, solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue presentado por Jacqueline Cochran Cintrón, quien reclama despido injustificado y discrimen por edad e incapacidad. La parte peticionaria, Caribbean Restaurants, argumentó que el despido fue justificado por razones legítimas de negocio y conducta de la empleada. Presentó una moción de sentencia sumaria alegando la ausencia de hechos materiales en controversia. La parte recurrida se opuso, aduciendo la existencia de controversias fácticas sobre la investigación del patrono y la causa del incidente que motivó el despido. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, concluyendo que existían hechos en controversia que impedían resolver el caso sumariamente. Inconforme, Caribbean Restaurants presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.

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Peticionarios, incluyendo a Héctor Brito Díaz, solicitaron al Tribunal de Apelaciones revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Dicha Orden, emitida el 10 de febrero de 2025, declaró No Ha Lugar una Moción de los peticionarios para anotar la rebeldía y dictar sentencia contra la codemandada BIOAPI S.A.S. El caso principal trata sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los peticionarios argumentaron que Bioapi no había respondido adecuadamente a los requerimientos de descubrimiento de prueba presentados desde marzo de 2021. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó denegar el auto de certiorari solicitado. La resolución detalla el historial procesal, destacando las gestiones de descubrimiento y las alegadas deficiencias en las respuestas de Bioapi.

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El Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari de Olein Recovery Corp. La empresa busca revocar una Resolución y Orden de Embargo emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden declaró Ha Lugar una solicitud de embargo de bienes presentada por los padres de un trabajador fallecido. La solicitud se fundamentó en la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El Tribunal de Primera Instancia ordenó anotar un embargo por \$2,500,000.00 sobre bienes inmuebles específicos de Olein Recovery. Este proceso surge de demandas consolidadas por daños y perjuicios tras la muerte de trabajadores en una explosión. Olein Recovery se opuso al embargo, argumentando que los solicitantes no eran "beneficiarios" declarados y que la suma era excesiva. Los padres replicaron que la ley no imponía tal requisito. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante recurso de Certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. La Resolución recurrida determinó que el señor Aldo Jiménez Rivera es accionista de la corporación UNONET Corp. El caso se originó con una demanda presentada por el señor Jiménez Rivera contra Joel Coto Soto y UNONET, alegando ser dueño del 50% de las acciones de la compañía según un contrato de 2017. El demandante reclamó que se le negaron sus derechos como accionista, se tomaron decisiones unilaterales y se le removió el acceso a cuentas bancarias. Solicitó injunctions, la designación de un administrador judicial, daños y la disolución de la corporación. Los demandados negaron que el señor Jiménez Rivera fuera accionista y lo identificaron como un empleado, aunque reconocieron la existencia de un contrato de acciones en otra fecha, alegando incumplimiento por parte del demandante. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el certiorari y confirmó la determinación del foro de primera instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de certiorari. Los peticionarios, el Dr. Javier O. Pérez Cordero y su aseguradora Medical Defense, solicitan la intervención del tribunal para dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó las mociones de sentencia sumaria parcial presentadas por los peticionarios y Doctors Center Hospital. El caso subyacente es un pleito de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La demandante, Mayra Santiago Cepeda, reclama que sufrió una lesión en el brazo izquierdo durante una cirugía realizada por el Dr. Pérez en el hospital. Alega negligencia en el posicionamiento de su brazo durante el procedimiento, resultando en una neuropraxia del plexo braquial. Los demandados negaron haber incurrido en negligencia. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación entre Eagle Police, LLC y Double Dream, LLC. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo y trata sobre una acción de nulidad de sentencia. Eagle Police, LLC apeló la desestimación de su demanda de relevo de sentencia por nulidad. Dicha demanda buscaba anular una sentencia previa del TPI que había desestimado sin perjuicio su reclamación original de cobro de dinero contra Double Dream, LLC. La desestimación original se basó en supuestos errores en el diligenciamiento del emplazamiento. Eagle Police, LLC argumentó que la sentencia desestimatoria era nula por violar el debido proceso de ley, cuestionando la interpretación del emplazamiento y la falta de una orden para mostrar causa. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de nulidad. El Tribunal de Apelaciones, tras estudiar el legajo, resuelve confirmar la Sentencia Final apelada que desestimó la acción de nulidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en revisión administrativa de una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El recurrente, Rubén Maldonado Seguí, impugna su reclasificación de Director de Finanzas y Presupuesto a Gerente por la Administración de Servicios Generales (ASG). Alega que la reclasificación constituyó un descenso motivado por discrimen político y solicitó restitución, salarios dejados de devengar y daños morales. La ASG sostuvo que la reclasificación se debió a una reestructuración de la agencia y una reforma salarial, negando discrimen. La CASP desestimó parcialmente la apelación en cuanto a los daños por falta de jurisdicción, pero ordenó continuar los procedimientos sobre la corrección de la clasificación. El recurrente presentó mociones solicitando descubrimiento de prueba sobre las funciones del puesto y otros empleados afectados. La ASG replicó que el proceso fue una reforma general supervisada por OATRH y la Junta de Supervisión Fiscal. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la Resolución y Orden emitida por la CASP.

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Víctor Torres Santos presentó ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud para corregir el cómputo de su fecha de cumplimiento de sentencia por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Alegó que una institución carcelaria calculó incorrectamente sus penas concurrentes, resultando en un término mayor al debido. El recurrente indicó que había sometido previamente un reclamo administrativo ante la División de Remedios Administrativos del DCR, pero este no había sido resuelto al momento de acudir al tribunal. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud y los documentos presentados. Determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La solicitud fue desestimada por haber sido presentada prematuramente. La revisión judicial de actos administrativos ante el Tribunal de Apelaciones procede únicamente contra órdenes, resoluciones o providencias adjudicativas *finales* de las agencias. Al no existir aún una decisión final del DCR sobre el reclamo administrativo, el recurso ante el tribunal era prematuro y adolecía de un defecto jurisdiccional insubsanable.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones MFS Construction, LLC mediante un recurso de revisión judicial. Impugna la Notificación de Adjudicación del RFP 2024-2025-02 para los trabajos de demolición de gradas en Culebra, emitida por la Junta de Subastas del Municipio. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a HDT Group, Corp. el 9 de diciembre de 2024. MFS Construction fue el licitador con la oferta económica más baja entre los tres proponentes. La Junta penalizó a MFS Construction en la evaluación por no presentar un plan detallado para la disposición de desperdicios fuera del municipio. También se le señaló por no desglosar el costo del proyecto según requerido por FEMA. HDT Group fue seleccionado, a pesar de tener costos más altos, por cumplir con el plan de disposición, contar con experiencia y presentar toda la documentación requerida. MFS Construction solicitó reconsideración ante la Junta, argumentando que su plan inicial era un resumen. El recurso de revisión judicial fue incoado el 19 de diciembre de 2024.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina un recurso de certiorari presentado por Eder Enrique Ortiz Ortiz, Denisse Ocasio Rivera y su sociedad legal de gananciales. La parte peticionaria solicitó la revisión de una Minuta del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. Dicha Minuta, notificada el 27 de enero de 2025, reflejó la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria en un caso de incumplimiento de contrato y daños. Los peticionarios alegaron errores del foro primario al denegar la sentencia sumaria y al notificar la decisión mediante una breve minuta. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar el recurso presentado. Sin embargo, la corte apelativa determinó desestimar el certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió al incumplimiento de la parte peticionaria con las disposiciones reglamentarias para perfeccionar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en tres recursos de certiorari consolidados (KLCE202500232, KLCE202500243, KLCE202500245). Estos recursos provienen de un caso civil (CA2023CV01862) sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y otros reclamos. Las partes peticionarias impugnaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones para anular o relevarse de una sentencia previa (28 de junio de 2024). La controversia principal giraba en torno a la validez de la notificación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones expidió los autos de certiorari. Determinó que no se cumplió cabalmente con los requisitos de notificación por edicto de la sentencia. Por tanto, revocó las resoluciones recurridas. Ordenó que se proceda a notificar la sentencia original cumpliendo estrictamente con la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó tres recursos de certiorari presentados por Edward Feliciano López y varias entidades corporativas. Estos recursos impugnaban resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Carolina que denegaron sus mociones para anular o relevarse de una sentencia dictada previamente. La sentencia original surgió de una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero presentada por Aperol, LLC, donde los demandados fueron declarados en rebeldía tras ser emplazados por edicto. Los peticionarios cuestionaron la validez de la notificación de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones expidió los autos de certiorari y revocó las resoluciones apeladas. Ordenó al foro primario que cumpla estrictamente con los requisitos de notificación de la sentencia por edicto, según lo dispuesto en la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en una apelación sobre un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Apex Bank demandó a Lydia Raquel Quiles Pérez y otros por el impago de un pagaré hipotecario. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Apex Bank, declarando "Ha Lugar" la demanda. Los demandados apelaron, solicitando la revocación de dicha sentencia sumaria. Alegaron, entre otras cosas, que Apex Bank no había demostrado ser el tenedor legítimo del pagaré y que existía un acuerdo previo para una dación en pago. Apex Bank negó haber consentido a la dación en pago y presentó evidencia de la deuda y el incumplimiento. La parte apelante admitió no haber efectuado todos los pagos, aunque reconoció el derecho de Apex Bank a exigir el cumplimiento. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, confirmó la sentencia sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de cobro de dinero. Los apelantes, abogados, demandaron a los apelados por honorarios profesionales impagados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio. La desestimación se basó en la falta de emplazamiento a la esposa del apelado y a la sociedad legal de gananciales dentro del término de 120 días. El foro primario consideró a estas partes como indispensables y determinó que carecía de jurisdicción sobre ellas. Los apelantes recurrieron la sentencia de desestimación, alegando error del tribunal. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Tras evaluar los fundamentos, el panel confirma la sentencia apelada. La decisión valida la desestimación de la demanda por la falta de emplazamiento de partes indispensables.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de custodia y relaciones filiales. El apelante, Joshua Morales, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha sentencia de instancia, notificada el 5 de febrero de 2025, autorizó la relocalización permanente del menor con la madre, Joan Marie García, en Florida. También declaró no ha lugar la impugnación del informe social forense y acogió recomendaciones para las relaciones paternofiliales. El señor Morales presentó su apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 2 de abril de 2025. El Tribunal de Apelaciones constata que el recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional de treinta días. La presentación tardía priva al tribunal de jurisdicción para considerar el asunto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Alving Rivera Renta apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda contra Bella Group, LLC, h/n/c Flagship Mazda de Ponce. El señor Rivera demandó por incumplimiento de contrato y daños tras adquirir un vehículo que presentó un desperfecto en las bolsas de aire. Alegó que el concesionario no reparó ni le devolvió su vehículo después de llevarlo a servicio, proveyéndole una unidad prestada. Bella Group sostuvo que notificó al señor Rivera en marzo de 2022 que su vehículo estaba listo y que él se negó a recogerlo y a devolver la unidad prestada, condicionándolo a la resolución de su demanda. Bella Group presentó una reconvención reclamando costos por el uso del vehículo prestado y almacenamiento. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial desestimando la demanda del señor Rivera. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado y procedió a confirmarlo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en el caso KLAN202500099, una apelación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Los apelantes, Jorge De León García y otros, buscaban revocar la desestimación de su demanda contra William Serrano Machuca. La demanda original solicitaba una orden de demolición de una propiedad del apelado, alegando falta de permisos de construcción bajo la Ley Núm. 161-2009. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no exponer una causa de acción que ameritara remedio. Fundamentó su decisión en la no retroactividad de la Ley 161-2009 a la construcción de 1987, la falta de "manos limpias" de los demandantes, y el fraccionamiento indebido de causas de acción. Los apelantes recurrieron, señalando errores en la aplicación de la ley y las reglas de procedimiento. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial instado por Alex F. Vargas Segarra. El recurrente solicita revocar una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP declaró No Ha Lugar la apelación de Vargas Segarra contra la denegación de su solicitud de reingreso al Negociado de la Policía. El Negociado de la Policía denegó el reingreso tras un examen físico desfavorable, específicamente por problemas de visión. Vargas Segarra apeló ante la CASP, argumentando que había sido admitido previamente con un diagnóstico similar de miopía. La CASP, basándose en un informe, determinó que la visión del recurrente había empeorado significativamente desde su ingreso inicial en 2001. La CASP confirmó la decisión del Negociado de la Policía. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la CASP. Por las razones expuestas en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida. Esto valida la denegación del reingreso de Vargas Segarra al cuerpo policiaco.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en varios recursos de certiorari consolidados. Las partes peticionarias impugnaron resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus solicitudes para anular o ser relevadas de una Sentencia previa. El caso original, instado por Aperol, LLC, trata sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, sentencia declaratoria, descorrer el velo corporativo y daños. La controversia se centra en la notificación de la Sentencia del foro primario, que se intentó mediante edicto. El Tribunal de Apelaciones consolida los recursos por estar íntimamente relacionados. Tras revisar el caso, el Tribunal expide los autos de certiorari y revoca las resoluciones recurridas. Ordena al foro primario que cumpla cabalmente con los requisitos de notificación de la Sentencia mediante edicto, conforme a la Regla 65.3(c) de Procedimiento Civil.

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Se emite sentencia en un recurso de revisión judicial instado por AGMA Security Services, Inc. AGMA impugnó una resolución de la Junta Revisora de Subastas que confirmó la adjudicación de una subasta formal a Tactical. La Administración de Servicios Generales (ASG) solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. ASG argumentó que AGMA no notificó debidamente el recurso de revisión judicial a la Junta Revisora y a la ASG, ni el recurso administrativo a la ASG. AGMA sostuvo que notificó por correo electrónico a la Junta de Subastas y sus abogados, cumpliendo, a su juicio, con los requisitos. El tribunal subraya la naturaleza imperativa y de cumplimiento estricto de las reglas de notificación en el proceso apelativo, citando la Regla 58(B)(1). El incumplimiento con estos requisitos reglamentarios impide la revisión judicial y resulta en falta de jurisdicción. Tras evaluar los argumentos, el tribunal desestima el recurso de revisión judicial presentado por AGMA. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción debido al incumplimiento de AGMA con las reglas de notificación aplicables.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de pensión alimentaria derivado de un divorcio. El padre solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la madre devolver cuantías pagadas en exceso de la pensión provisional establecida. El TPI denegó la solicitud por el momento, indicando que el asunto del crédito o deuda se determinaría al fijar la pensión final. Tras denegarse una moción de reconsideración, el padre presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La resolución describe el recurso de certiorari como un vehículo procesal discrecional para revisar determinaciones de tribunales inferiores. Explica que, por excepción, puede expedirse en casos de relaciones de familia o cuando esperar a una apelación cause un fracaso irremediable de la justicia. El Tribunal de Apelaciones está considerando si procede expedir el auto para revisar la decisión interlocutoria del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202500169. La resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por Nayerlie Faviola Pérez López. La peticionaria solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Mayagüez. Dicha resolución del TPI había declarado No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por Pérez López. La moción de desestimación se basaba en las Reglas 64(p) y 64(i) de Procedimiento Criminal y alegaba falta de prueba y violación al debido proceso en un caso por Agresión Grave (Art. 109 CP). El TPI, tras evaluar la prueba de la vista preliminar, concluyó que el Ministerio Público presentó evidencia suficiente para establecer los elementos del delito. Inconforme con la decisión del TPI, Pérez López acudió en certiorari. Tras evaluar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari sobre liquidación de sociedad de gananciales. El peticionario, Luis Santiago Berríos, solicitó la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original, iniciado en 2009, trata la división de bienes tras el divorcio con Melba Mabel Trinidad Rodríguez, incluyendo una farmacia y otros activos. Las partes han tenido disputas sobre la administración y división de los bienes gananciales. El peticionario presentó una reconvención alegando que la recurrida controlaba los activos y se apropió de fondos. Un punto de contención reciente fue la negativa alegada de la recurrida a comparecer a una deposición y producir documentos relacionados con los negocios. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari presentada por el señor Santiago Berríos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima una solicitud de revisión judicial presentada por Jason O. Flores Torres. El recurrente impugnaba una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el beneficio de un hogar de tratamiento interno. La resolución de la Junta fue emitida el 28 de enero de 2025 y notificada/archivada el 3 de febrero de 2025. El señor Flores Torres presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones el 17 de marzo de 2025. El Tribunal subraya que la presentación tardía de un recurso priva al foro de jurisdicción para atender el caso. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el término para solicitar revisión judicial de una decisión final de agencia es de treinta días a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación. Calculando desde el 3 de febrero de 2025, el plazo de treinta días expiró antes del 17 de marzo de 2025. Al haberse presentado el recurso fuera del término legal, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción. Por tanto, la solicitud de revisión judicial es desestimada por su presentación tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202401003. Se revisa la apelación presentada por Roberto Mojica Paz contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Sentencia original declaró Ha Lugar la demanda de Leida Irizarry García y otros. La demanda alegaba que el señor Mojica Paz realizó construcciones ilegales y violó las condiciones restrictivas de uso en la Urbanización Ocean View. Específicamente, se le imputó añadir una segunda planta, lo cual estaba prohibido, y construir sin los debidos permisos. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la demolición y remoción de las obras sin permisos. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma la Sentencia apelada. Con esta decisión, se ratifica la orden de demolición de las construcciones efectuadas en violación a las restricciones y sin permisos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por TOPPER Corporation. La Peticionaria impugnó la denegatoria de sentencia sumaria parcial por el Tribunal de Primera Instancia sobre la solicitud de descorrer el velo corporativo. El foro primario encontró hechos materiales en controversia que impedían resolver sumariamente este asunto y ordenó continuar con el descubrimiento de prueba. El caso subyacente involucra una demanda de TOPPER por daños y perjuicios contra el Consejo de Titulares del Condominio San Juan Health Centre. El Consejo de Titulares reconvino para cobro de dinero y solicitó descorrer el velo corporativo de TOPPER, alegando que sus accionistas controlan las propiedades. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente completo. Confirmó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. La decisión valida que la existencia de hechos en controversia requiere continuar con el descubrimiento de prueba para determinar si procede descorrer el velo corporativo.

Resumen:

Pablo González Ortiz presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en un caso de daños. El recurso, clasificado inicialmente como apelación, fue acogido como un auto de certiorari. Se concedió la solicitud del peticionario para eximirse del pago de aranceles por indigencia. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar su propia jurisdicción para entender en el recurso. Concluyó que carecía de jurisdicción para revisar el caso. Esta falta de jurisdicción se debe al incumplimiento del peticionario con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, se menciona el incumplimiento con los requisitos de la Regla 34 para los escritos de certiorari. El incumplimiento con las reglas apelativas impide la revisión judicial y priva al foro de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal desestima la reclamación sin entrar a considerar los méritos del caso.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por el confinado Eliezer Santana Báez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la respuesta del DCR a su solicitud de servicios médicos, específicamente citas con el cirujano que lo operó y un gastroenterólogo, así como resultados de laboratorios. Santana Báez había instado un remedio administrativo expresando insatisfacción con la atención médica recibida por padecimientos de salud. El DCR respondió inicialmente indicando un referido al gastroenterólogo y la disponibilidad de resultados en una cita futura. Tras solicitar reconsideración, se le concedió una cita con el cirujano. A pesar de ello, presentó el recurso apelativo solicitando la revocación de la respuesta inicial y que se ordenaran las citas. El DCR solicitó la desestimación por academicidad, argumentando que las citas estaban programadas. Aunque una cita previa se perdió debido a un traslado del confinado, el DCR certificó que una nueva cita ya está programada. El Tribunal, considerando que la controversia sobre las citas médicas se ha tornado académica al estar ya programadas, procede a desestimar el recurso.

Resumen:

Un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión administrativa presentada por Luisa Murray Soto, titular de un apartamento en el Condominio River Glance. La recurrente impugnó una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Sus querellas originales ante DACo se dirigían contra la Junta de Directores del Condominio. Los asuntos planteados incluían un aumento en la cuota de mantenimiento, una derrama por pintura, un alegado corte ilegal de agua y la gestión de la junta sobre información y cambios de fachada. DACo había ordenado el cierre y archivo de las querellas. La señora Murray Soto solicitó la revisión de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el dictamen administrativo. La sentencia indica que el Tribunal modifica la Resolución de DACo. Así modificada, el Tribunal confirma la decisión de DACo de cerrar y archivar la querella.

Resumen:

Una corporación impugnó la adjudicación de una subasta de la Administración de Servicios Generales para la adquisición de baterías de respaldo. La oferta de la corporación fue rechazada por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, específicamente el "apparent power" (VA). La corporación solicitó revisión ante la Junta Revisora de Subastas, la cual no emitió una decisión formal, considerándose rechazada la solicitud tras 10 días. Posteriormente, la corporación presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. El récord demostró que el recurso fue presentado de forma tardía. Además, la corporación compareció por derecho propio, lo cual no está permitido para entidades corporativas. Por estas razones procesales, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Jonathan Malavé Laboy. El recurrente impugnó una decisión de la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Malavé Laboy solicitaba que se le acreditara tiempo cumplido en detención preventiva en 2020, el cual alegaba no había sido descontado de su sentencia. La División de Remedios Administrativos había desestimado su solicitud sin atender el reclamo sobre la bonificación preventiva. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar esa determinación. Durante el trámite judicial, el Departamento de Corrección solicitó que el caso fuera devuelto a la División de Remedios Administrativos. El Departamento reconoció que la respuesta administrativa original no atendió de forma responsiva el planteamiento del recurrente sobre el crédito por detención preventiva. Ante la solicitud del Departamento para que el asunto fuera reconsiderado administrativamente, el Tribunal determinó que el recurso de revisión judicial se había tornado académico. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que ratificó el nivel de custodia de un confinado. Joel Hernández Santos, quien cumple una sentencia de 315 años por tres asesinatos, impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento. El Comité evaluó su solicitud de reclasificación, tomando en cuenta tanto su buen comportamiento y participación en programas como la extrema gravedad de los delitos cometidos. A pesar de los factores positivos, el Comité mantuvo su nivel de custodia mediana, destacando la naturaleza de los crímenes y la larga sentencia. El recurrente argumentó que el Comité aplicó erróneamente los criterios de clasificación al considerar la gravedad del delito y su historial. El Tribunal procedió a revisar la determinación administrativa conforme a los estándares legales aplicables. Se hizo referencia al Manual para la Clasificación de Confinados que rige estos procesos. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo que ratificó el nivel de custodia del confinado.

Resumen:

Este es un recurso de revisión judicial instado por Luis G. Santiago Morales, un confinado, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la revocación de la evaluación del DCR que rechazó su petición para ser considerado al Programa de Pre-Reinserción. La decisión desfavorable del DCR le fue notificada el 5 de diciembre de 2024. El recurso de revisión judicial fue presentado ante el DCR el 8 de enero de 2025. Al examinar la fecha de presentación, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue instado de manera tardía. La presentación tardía priva al tribunal de jurisdicción para considerar los méritos del caso. El Procurador General, en representación del DCR, había solicitado la desestimación por este fundamento. Ante la falta de jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones está obligado a desestimar el recurso de revisión judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión judicial. Luis H. Quiñones Santiago impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Quiñones Santiago solicitó acceso a su expediente criminal al personal del DCR, basándose en la reglamentación de la agencia. Su solicitud administrativa inicial fue respondida por un comandante de guardia que le indicó incorrectamente que debía solicitar el acceso a través del tribunal. Quiñones Santiago pidió reconsideración, señalando el manual interno del DCR. La respuesta de reconsideración del DCR denegó la petición, pero aclaró que el confinado no puede ver el expediente directamente, aunque sí puede obtener información y documentos a través de un técnico sociopenal. Quiñones Santiago apeló esta determinación, argumentando que la respuesta inicial fue manejada incorrectamente. El Tribunal de Apelaciones revoca la determinación administrativa recurrida.