Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 122)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Mapfre Pan American Insurance Company. Mapfre solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó sus mociones de sentencia sumaria. Las demandas originales fueron presentadas por Víctor Pérez Vargas y Adela Figueroa Santos contra Mapfre por incumplimiento de contrato y daños relacionados con el Huracán María. Mapfre alegó que los demandantes aceptaron el pago total y final de sus reclamaciones al endosar y cobrar cheques, invocando la doctrina de pago en finiquito. El TPI determinó que existían controversias de hechos que impedían la aplicación de esta doctrina y, por tanto, denegó las sentencias sumarias. Tras revisar la petición de Mapfre, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía denegar la expedición del auto de certiorari. La decisión del TPI de no aplicar el pago en finiquito debido a controversias fácticas se mantuvo. El caso continuará en el foro primario para la adjudicación de los hechos en disputa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari. El caso subyacente es una demanda presentada por titulares del Condominio Ponciana contra el Consejo de Titulares y otros codemandados. Los demandantes alegaron irregularidades en la elección de la Junta de Directores y actuaciones indebidas relacionadas con la administración y los daños tras el terremoto de 2020. Reclamaron injunctions, daños y perjuicios, e incumplimiento de contrato. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda, argumentando que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción según la Ley Núm. 129-2020. Alegaron que los demandantes debían estar al día en cuotas, que el DACo tenía jurisdicción exclusiva y que la legitimación activa correspondía al Consejo de Titulares. El Tribunal de Primera Instancia denegó las mociones de desestimación, afirmando su jurisdicción. El peticionario impugnó esta determinación mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y confirmó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso por manejo bajo los efectos de bebidas embriagantes. La peticionaria, Leticia Román Rodríguez, impugna la denegatoria de su moción para suprimir el resultado de una prueba de alcohol en sangre. La defensa argumentó que la evidencia fue obtenida ilegalmente al referenciar el formulario de análisis el Art. 7.09 de la Ley 22-2000, el cual, según su postura, había sido derogado por la Ley 24-2017 antes de la fecha de los hechos. El Ministerio Público replicó que la Ley 24-2017 enmendó la ley anterior sin derogarla sustancialmente y que la prueba constituyó un registro consentido. Tras una vista, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de supresión. La peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el TPI erró al no suprimir evidencia obtenida bajo un artículo de ley derogado. El Tribunal de Apelaciones considerará este error imputado al revisar la decisión del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones recibió una Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte apelante en un caso de ejecución de hipoteca. La moción solicitaba la paralización de una subasta pública programada. El tribunal acogió el escrito como misceláneo, pero procedió a desestimarlo. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender la solicitud. Se determinó que el escrito incumplía con múltiples requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, carecía de un recurso apelativo o de certiorari subyacente que confiriera jurisdicción. Además, el escrito no contenía los elementos necesarios como índices, citas legales, señalamientos de error o una relación de hechos suficiente. El tribunal reiteró el principio de que la ausencia de jurisdicción obliga a desestimar el caso sin entrar en los méritos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Ángel Alicea Massó. El apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, que lo declaró culpable de violación al Artículo 189 (robo) del Código Penal de 2012. Tras un juicio por tribunal de derecho, se le impuso una pena de quince años de reclusión. Los hechos imputados ocurrieron el 29 de enero de 2019, cuando se apropió de una cadena de oro de Loyda Díaz Díaz mediante violencia e intimidación. La víctima no pudo identificar al agresor, pero una testigo presencial, Luz E. Donato Rivera, lo identificó como "Ángel". El Ministerio Público presentó prueba testimonial de la víctima, la testigo y su madre, y agentes de la policía. El apelante solicitaba la revocación de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, decidió confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Josué Ortiz Colón. El peticionario impugna la denegatoria de su moción de nuevo juicio por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha moción, amparada en la Regla 192.1, argumentaba que su condena de 2000 por asesinato en primer grado, con sentencia final y firme de 99 años, era inválida. La base de su reclamo era que el veredicto de culpabilidad fue por mayoría (11-1), no unánime. Ortiz Colón sostenía que la norma de unanimidad establecida en *Ramos v. Louisiana* debía aplicarse retroactivamente a su caso. El TPI denegó la moción, resolviendo que el estado de derecho actual no reconoce la retroactividad de la unanimidad para casos finales y firmes. El peticionario recurrió esta decisión, alegando violación al debido proceso y error al no aplicar retroactivamente la norma jurisprudencial sobre unanimidad. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari presentado por Josué Ortiz Colón.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de deuda hipotecaria iniciado en 2007. Los peticionarios, herederos del demandado original, recurren de una Orden y Resolución del Tribunal de Primera Instancia de junio de 2021. Dicha resolución denegó la solicitud de ejecución de sentencia y la consolidación del caso con otro. El foro primario determinó que la sentencia original de 2008 nunca fue debidamente notificada al demandado. La notificación de sentencia indicaba "No disponible" para su dirección. Al no ser notificada conforme a derecho, la sentencia nunca advino final y firme. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de ejecución. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para revisar esta decisión post sentencia. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari. Esto valida la determinación del foro primario sobre la falta de firmeza de la sentencia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Marilyn Hernández Velázquez contra Mapfre Pan American Insurance Company. La apelación surge de una demanda por incumplimiento de contrato de seguro, daños y perjuicios tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda al conceder una sentencia sumaria a favor de Mapfre. El TPI concluyó que la reclamación se extinguió bajo la doctrina de pago en finiquito, al entender que la apelante aceptó un cheque como pago total. La apelante argumentó que el TPI erró al aplicar dicha doctrina, señalando que la deuda no era ilíquida y existían controversias fácticas esenciales. Estas controversias incluían la alegada falta de buena fe de Mapfre y la validez de la aceptación del pago. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia dictada por el TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de cobro de dinero por servicios legales. El demandado, un cliente, había presentado una reconvención contra el abogado demandante por supuesta impericia profesional. La reconvención alegaba negligencia en la representación legal en un caso de divorcio, específicamente en relación con la pensión alimentaria. El cliente argumentaba que la negligencia del abogado le causó daños significativos, incluyendo la necesidad de declararse en quiebra. El abogado solicitó la desestimación de la reconvención por estar prescrita. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y desestimó la reconvención. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del foro primario. Concluye que la reclamación por impericia profesional prescribió varios años antes de que el cliente la presentara como reconvención. La decisión se basa en que el cliente tuvo conocimiento o debió tener conocimiento de los hechos que fundamentan su reclamación en una fecha anterior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda laboral. Pedro Juan Vázquez Acevedo apeló la decisión que concedió sentencia sumaria a Sonny Hernández, Inc. (SHI). Vázquez Acevedo demandó a SHI bajo la Ley Núm. 2, alegando que era un empleado regular tratado como contratista independiente. Sostuvo que sufrió un despido constructivo tras un asalto y tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado, reclamando beneficios laborales y daños. SHI argumentó que Vázquez Acevedo era un contratista, no un empleado, y que abandonó su trabajo voluntariamente. La empresa también planteó la prescripción de algunas reclamaciones y su inmunidad bajo la ley del Fondo. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de SHI. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada, desestimando así la reclamación del apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación contra un dictamen de ejecución de hipoteca. Los apelantes impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Firstbank y ordenó la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. Previamente, los apelantes habían cuestionado el emplazamiento, siendo validado por un panel anterior de este foro. Tras esa decisión, el foro primario ordenó un referido a mediación compulsoria a solicitud del banco. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia posteriormente anotó la rebeldía y dictó sentencia contra los apelantes. Los apelantes argumentan que el TPI erró al dictar sentencia sin cumplir con los requisitos de mediación compulsoria establecidos por ley. También señalan que el TPI se negó a relevarlos de los efectos del dictamen. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El caso original involucró una demanda de desahucio y cobro de dinero por cánones de arrendamiento impagados desde junio de 2019. El contrato de arrendamiento había vencido en octubre de 2019. El TPI declaró Ha Lugar la demanda, ordenando a los inquilinos apelantes pagar $3,000 por rentas y una penalidad de $150. Los apelantes se defendieron alegando que los arrendadores violaron el contrato al poner en peligro su seguridad, citando un incidente de agresión, y que los arrendadores recibieron ayuda por la pandemia. También reconvinieron por daños relacionados con la agresión, reclamo que el TPI no adjudicó en este procedimiento. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por los inquilinos.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de Sentencia Declaratoria. Bemar Private School, Inc. demandó a Interamerican School of Learning, Inc. para anular asientos registrales y declarar prescrito un pagaré hipotecario. El pagaré de \$895,000 se originó en una compraventa de la Finca Núm. 1,942 en 1995 entre Interamerican y Colegio de Diego. La inscripción de la hipoteca que garantizaba el pagaré fue denegada inicialmente en 2000. Colegio de Diego vendió la propiedad a Bemar en 2002, reconociendo la hipoteca existente. Interamerican logró inscribir la hipoteca en 2017, lo que resultó en la inscripción 9na y notas marginales relacionadas. Bemar alegó la prescripción del pagaré debido al tiempo transcurrido. El foro primario dictó Sentencia Sumaria a favor de Bemar, declarando el pagaré prescrito y los asientos nulos. Interamerican apeló, argumentando errores sobre la existencia de controversias de hecho, la naturaleza y prescripción del pagaré, la nulidad de los asientos y la buena fe de Bemar. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La controversia surge de una demanda por incumplimiento de contrato de seguro presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Portales de Carolina contra Multinational Insurance Company, relacionada con daños por los huracanes Irma/María. Durante el proceso, el Consejo de Titulares solicitó descubrir información sobre las reservas y reaseguros de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud, calificando la información como impertinente. El Consejo de Titulares recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario. Se ratifica que la información sobre reservas y reaseguros de la aseguradora no es pertinente para el litigio de incumplimiento contractual.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó por la negativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a emitir una certificación de elección enmendada para la legislatura municipal de Aguas Buenas. Esta solicitud surgió tras realizarse correcciones a los resultados electorales en el sistema REYDI. El Comisionado del PPD pidió una nueva certificación que reflejara los resultados corregidos. La CEE denegó la petición, entendiendo que había expirado el término para impugnar la certificación original. El Comisionado acudió al Tribunal de Primera Instancia, el cual desestimó el caso por falta de jurisdicción. El foro primario concluyó que se trataba de una impugnación tardía y que el Comisionado no tenía legitimación activa. El Comisionado apeló, alegando error en la determinación jurisdiccional. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Washington Federal Consulting Group impugnó la decisión del Municipio de Cabo Rojo de descartar su propuesta para un estudio de transporte colectivo. La recurrente alegó que la notificación de la decisión fue defectuosa, incumpliendo requisitos de detalle y forma (correo certificado) aplicables a procesos de subasta o RFP. Argumentó que la notificación debía incluir nombres de licitadores, síntesis de propuestas, criterios de adjudicación y razones para el descarte. El Tribunal de Apelaciones analizó los requisitos de notificación en los procesos de RFP, señalando que la información detallada es usualmente necesaria y de carácter jurisdiccional. No obstante, consideró la Ley Núm. 237-2004, que establece parámetros para la contratación de servicios profesionales. Esta ley dispone que no se requiere subasta formal o informal para la contratación de servicios profesionales. El tribunal concluyó que las formalidades de notificación exigidas por la recurrente, propias de procesos de subasta o RFP tratados como tal, no aplicaban al tratarse de un contrato de servicios profesionales bajo la Ley 237-2004. Por tanto, el recurso de revisión judicial fue desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José Meléndez Sánchez contra la Administración de Corrección. El recurrente impugna una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha decisión le denegó la acreditación de bonificaciones por estudio y trabajo. La denegatoria se fundamentó en que el recurrente cumple penas por infracciones a la Ley de Armas, lo cual, según la administración, lo excluye del beneficio. Meléndez Sánchez sostiene que la ley aplicable no contiene tal exclusión. Previamente, el recurrente presentó una acción de mandamus sobre el mismo asunto en el Tribunal de Primera Instancia. Esa acción fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones evalúa el recurso de revisión judicial presentado. El Tribunal de Apelaciones determina que también carece de jurisdicción para atender el recurso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una revisión administrativa de una reclamación de incapacidad total permanente por factores socioeconómicos. La recurrente, Digna E. Castro Ramos, apeló la decisión de la Comisión Industrial que confirmó la negación de dichos beneficios por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La Sra. Castro Ramos sufrió lesiones relacionadas al trabajo en 2008, resultando en un 60% de compromiso de funciones fisiológicas generales. Tras el cierre de su empleo, solicitó la incapacidad total considerando factores socioeconómicos. Un estudio socioeconómico determinó que contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Una evaluación de rehabilitación vocacional concluyó que poseía destrezas ocupacionales pero se autoexcluyó de los servicios ofrecidos para reincorporarse a la fuerza laboral. La CFSE y la Comisión Industrial denegaron la reclamación basándose en estos hallazgos. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la resolución recurrida, manteniendo la denegación de los beneficios.

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El caso se inicia con una demanda sobre derecho al paso presentada por Arnaldo Centeno Batista y otros contra Miguel Ángel Marrero Laureano y otros. Los demandantes alegaron que los demandados instalaron una verja que obstruía el acceso vehicular a sus terrenos. Los demandados, Marrero Laureano et al., intentaron incluir a terceros, como el dueño de una parcela colindante y la Autoridad de Energía Eléctrica, argumentando que eran partes indispensables en el litigio. Alegaron que estos terceros también contribuían a la obstrucción del camino. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente permitió la inclusión de terceros, pero tras reconsideración, declaró No Ha Lugar la demanda contra estos. El foro primario concluyó que los demandados no presentaron evidencia suficiente para justificar la inclusión de los terceros como partes indispensables. Los demandados solicitaron reconsideración de esta determinación, la cual fue denegada. Inconformes con la decisión, Marrero Laureano et al. acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. El recurso cuestiona el error del tribunal primario al denegar la solicitud para traer al pleito a las partes que consideran indispensables para una adjudicación completa.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La acción original fue presentada por los padres de un menor contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por las lesiones sufridas por su hijo debido a una descarga eléctrica de una línea de la AEE en la propiedad de terceros. La AEE contestó la demanda y presentó una demanda contra terceros contra los dueños de la propiedad donde ocurrió el accidente, alegando su negligencia. Los terceros demandados, Carmen Brunilda Colón Tapia y otros, solicitaron la desestimación de la demanda contra terceros. Argumentaron que la acción de la AEE contra ellos estaba prescrita según la jurisprudencia aplicable. El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución sobre estos planteamientos. Los terceros demandados apelaron esa resolución ante el Tribunal de Apelaciones. La sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación presentada por los terceros demandados respecto a la prescripción de la demanda contra ellos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una revisión judicial instada por Ana Lydia Pérez contra una Orden del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La recurrente impugnaba la decisión del DACO de cerrar y archivar su querella de consumo (SAN-2020-0007686) por falta de interés. Alegaba que el caso no debió cerrarse y que debían incluirse los herederos del querellado original. El Tribunal procedió a evaluar su competencia para atender el recurso. Tras examinar la solicitud y la normativa aplicable, el panel determinó que carecía de jurisdicción sobre la materia. La sentencia enfatiza el deber de los tribunales de auscultar su jurisdicción y desestimar los casos cuando esta falta. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de revisión judicial presentado por la señora Pérez.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una petición de certiorari. El peticionario, Luis A. Miranda Burgos, impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se fundamentaba en la alegada violación de su derecho a un juicio rápido, conforme a la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. Miranda Burgos argumentó que habían transcurrido más de 120 días desde la presentación de las acusaciones sin que se iniciara el juicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, concluyendo que la demora no era excesiva, estaba justificada en el expediente y no fue provocada por las partes. En su recurso de certiorari, Miranda Burgos señaló como errores que el TPI considerara aceptable la tardanza y que citara el caso a juicio sin disponibilidad del testigo principal. El Tribunal de Apelaciones expone las reglas procesales para la revisión de resoluciones interlocutorias mediante certiorari y el derecho constitucional a un juicio rápido. El documento presenta los antecedentes y argumentos, pero no incluye la decisión final del Tribunal de Apelaciones sobre la petición de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo un recurso de Certiorari. El peticionario, Charles N. Rosado Moreno, solicita revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre pensión alimenticia. La resolución impugnada denegó una moción de reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos del peticionario. El recurso se origina en una moción de revisión de pensión alimenticia presentada por la recurrida, Yamila Ramírez Rodríguez. La controversia principal gira en torno al descubrimiento de prueba. El peticionario condicionó la entrega de sus respuestas a los interrogatorios de la recurrida a recibir primero la información de ella. Alegó necesitar esa información para definir su estrategia legal y determinar si asumiría capacidad económica. La recurrida se opuso, argumentando que el término para las respuestas del peticionario había vencido y que no existe fundamento legal para condicionar el descubrimiento de un alimentante al de la madre del alimentista. La recurrida destacó que la Ley de ASUME busca determinar la capacidad económica del obligado.

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Se impugna la confiscación de \$5,072 incautados al Sr. Henry Alvelo Rolón por la Policía de Puerto Rico, bajo alegación de estar vinculados a infracciones de la Ley de Sustancias Controladas. La confiscación se realizó conforme a la Ley de Confiscaciones de 2011. Paralelamente, se presentaron denuncias criminales contra Alvelo Rolón por los mismos hechos, resultando en determinaciones de No Causa tanto en vista preliminar como en alzada. Ante ello, Alvelo Rolón presentó una demanda civil solicitando la nulidad de la confiscación, argumentando que el dinero no provenía ni se usó en actividades ilegales. El Gobierno defendió la legalidad de la confiscación, afirmando el nexo con las infracciones alegadas. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Alvelo Rolón tenía interés propietario sobre \$4,772 del dinero incautado. Posteriormente, Alvelo Rolón solicitó sentencia sumaria en el caso civil, invocando la doctrina de impedimento colateral por sentencia debido a la desestimación de los cargos criminales. Este documento detalla el historial procesal de este caso de impugnación de confiscación.

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Este tribunal revisa la Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró ha lugar la Moción Enmendando Memorando de Costas y Gastos presentada por Pfizer Pharmaceuticals, LLC. La controversia original surgió de una demanda de Pfizer impugnando una deficiencia en el pago de patentes municipales impuesta por el Municipio Autónomo de Carolina. El TPI emitió sentencia a favor de Pfizer y ordenó el pago de costas y gastos. Pfizer presentó un memorando reclamando más de \$103,000, principalmente por el costo de una fianza. El Municipio se opuso a este gasto, argumentando que la fianza era una opción estratégica de Pfizer y no un gasto necesario conforme a la Regla 44 de Procedimiento Civil. Pfizer replicó que la fianza constituía un requisito jurisdiccional para impugnar la contribución ante el TPI. El TPI resolvió a favor de Pfizer, aprobando los gastos reclamados. Este tribunal expide el certiorari solicitado por el Municipio y confirma la determinación del TPI.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de partición de herencia. La acción fue iniciada por Nilsa, José A. y Elsie Correa Nieves contra su hermano, Arturo Correa Nieves. El proceso judicial se vio afectado por la falta de comunicación y cumplimiento del demandado, Arturo Correa Nieves, y su representación legal con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia. A pesar de múltiples requerimientos y apercibimientos, el demandado no presentó documentos ni participó activamente en el descubrimiento de prueba. El tribunal primario impuso sanciones económicas y ordenó al demandado mostrar causa por su incumplimiento. Ante la persistencia en la falta de cumplimiento, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial y una Orden. Mediante estas resoluciones, desestimó con perjuicio la reconvención presentada por Arturo Correa Nieves y anotó su rebeldía procesal. Posteriormente, se identificó que la Sentencia Parcial no había sido debidamente notificada al demandado en la dirección correcta.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda una Petición de Revisión Administrativa presentada por Industrial Chemicals Corporation (ICCORP) contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la licitadora agraciada Accutech Water Dynamic, Inc. El recurso surge del proceso de licitación para el contrato de la Planta de Filtración de Canóvanas (Subasta 21 RFQ-RFP 2020). ICCORP objetó los elevados costos de las "pruebas en vivo" requeridas a los licitadores, argumentando que imponían trabas injustificadas y eran anticompetitivas, proponiendo alternativas basadas en su historial de servicio. A pesar de ser cualificada para las pruebas, la AAA recomendó otorgar el contrato exclusivamente a Accutech. ICCORP solicitó reconsideración ante la AAA sin obtener respuesta. Posteriormente, recurrió al Tribunal de Apelaciones, señalando errores procesales en la notificación de adjudicación y alegando que la AAA actuó caprichosa y arbitrariamente al no otorgarle la buena pro y al insistir en el proceso de pruebas injusto. La AAA, por su parte, solicitó la desestimación del recurso, argumentando que la comunicación recurrida era solo una recomendación del comité técnico, no una notificación de adjudicación final.

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Una demanda por daños y perjuicios fue iniciada por la familia Ávila Vargas contra David Torres Reyes, El Nuevo Día (ENDI) y aseguradoras como Triple S. El tribunal de primera instancia inicialmente encontró responsables a Torres Reyes y ENDI. En apelación, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia, absolviendo a ENDI de responsabilidad vicaria y determinando que la póliza de Triple S para ENDI no aplicaba. Posteriormente, Triple S solicitó al tribunal de primera instancia la devolución de fondos consignados para ENDI. La familia Ávila Vargas se opuso a esta solicitud, argumentando que Triple S seguía potencialmente responsable respecto a Torres Reyes. El tribunal de primera instancia autorizó la devolución de los fondos consignados específicamente para ENDI, decisión que mantuvo tras solicitudes de reconsideración de ambas partes. La familia Ávila Vargas impugnó esta decisión mediante un Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la orden del tribunal de primera instancia de devolver los fondos. Luego de que el Tribunal Supremo denegara una revisión adicional, el tribunal de primera instancia finalmente ordenó la devolución de los fondos consignados a Triple S. Esta resolución detalla el historial procesal relacionado con la disposición de dichos fondos.

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Se presentó una Petición de Declaratoria de Herederos para la causante María Milagros Hormazábal Ruibal, solicitando que la peticionaria y sus hermanos fueran declarados herederos. Existía un testamento ológrafo sin adverar ni protocolizar, cuya validez no era reconocida por todos los herederos. Los herederos acordaron un procedimiento ex parte y no contencioso para evitar litigios y distribuir el caudal por acuerdo privado. El Tribunal de Primera Instancia requirió a la peticionaria mostrar causa para no desestimar la petición debido a la existencia del testamento. La peticionaria insistió en el acuerdo entre herederos y la falta de eficacia jurídica del testamento sin adverar. El foro primario desestimó la petición con perjuicio, entendiendo que no podía ignorar el testamento sin una declaración de nulidad previa en un pleito contencioso. La peticionaria recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la desestimación basada en el testamento y en la imposición del perjuicio. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y revocó el dictamen recurrido.

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Luis E. Rodríguez Ortiz y Carmen Socorro Rivera Morales demandaron a Jones Lang Lasalle (Puerto Rico), Inc. por despido injustificado, discrimen por edad e impedimento, y daños y perjuicios, acogiéndose al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. JLL no presentó su alegación responsiva dentro del término establecido. Ante ello, el Tribunal de Primera Instancia le anotó la rebeldía a JLL. JLL se opuso a la anotación de rebeldía, argumentando que el procedimiento sumario era inaplicable e inidóneo para el caso debido a la complejidad de las reclamaciones, la inclusión de una co-demandante no empleada y la naturaleza de los daños solicitados. El tribunal primario mantuvo la rebeldía y pautó una vista. Inconforme, JLL acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Este tribunal revisa la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao en un litigio laboral. La señora Wanda I. Molina Rivera demandó a Hogar San Lucas reclamando pago por horas extras trabajadas y compensación por alegado acoso laboral. El TPI desestimó la reclamación de horas extras pero no así la de acoso laboral. Ambas partes recurrieron la decisión: la señora Molina Rivera apeló la desestimación de las horas extras, y Hogar San Lucas apeló la determinación de no desestimar el acoso laboral. Este tribunal consolidó ambos recursos para su consideración. Tras evaluar los escritos y el derecho aplicable, se procede a modificar la Sentencia Parcial. Se revoca la parte de la sentencia que permitía la reclamación por acoso laboral, concluyendo que no existió tal acoso. Se confirma la desestimación de la reclamación de horas extras, determinando que la apelante no tiene derecho a dicho pago.

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El caso KLAN202100504 ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una apelación por daños y perjuicios. La apelante sufrió una caída en un hotel el 1 de junio de 2018. Aunque experimentó dolor, no fue hasta el 22 de enero de 2020 que descubrió fracturas vertebrales mediante una resonancia magnética. Presentó la demanda el 11 de diciembre de 2020. La controversia central es la fecha de inicio del término prescriptivo de un año para la acción de daños extracontractuales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por prescripción, dictaminando que el término comenzó el día de la caída. La apelante recurre, alegando que el término debió iniciar cuando tuvo conocimiento del alcance de sus lesiones. El Tribunal de Apelaciones revisa si el término prescriptivo bajo el Código Civil de Puerto Rico comienza en la fecha del evento dañoso o en la fecha del conocimiento del daño por parte del perjudicado. La sentencia resolverá este punto de derecho para determinar la viabilidad de la reclamación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado, con perjuicio, la demanda de AEELA contra la señora Celinés Román Rodríguez en un procedimiento bajo la Regla 60. La demanda original era contra el señor José César Requena Maldonado, la señora Román y su sociedad legal de gananciales. El TPI fundamentó la desestimación en que la señora Román no firmó la documentación de la deuda, por lo que no estaba obligada personalmente. AEELA argumentó que el TPI erró al denegar su solicitud de convertir el proceso a uno ordinario y permitir el emplazamiento por edicto de la señora Román, a quien consideraba parte indispensable para asumir jurisdicción sobre la sociedad de gananciales. También impugnó la desestimación basada en la falta de firma y la desestimación con perjuicio sin haber adquirido jurisdicción sobre ella. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, decidió revocar la Sentencia Parcial del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original es una demanda por daños y perjuicios y cobro de dinero presentada por Rolance G. Chavier Roper contra University of Health Sciences Antigua y varios individuos. Chavier Roper, médico y profesor, alegó incumplimiento de contrato de empleo por falta de pago de salario y beneficios. Los demandados (Recurrentes) solicitaron al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. La controversia procesal se relaciona con los intentos de emplazamiento y la posterior solicitud y concesión de emplazamiento por edicto. Se incluye una declaración jurada de un emplazador detallando un intento de entrega de documentos en la oficina de la universidad donde una demandada supuestamente se negó a recibir el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Tras la revisión, el Tribunal modificó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Justina Valentín Negrón presentó una querella contra Los Makos Restaurant, Inc. y sus dueños/oficiales por despido injustificado, discrimen por edad y represalias. Alegó haber sufrido acciones adversas como reducción de propinas y mesas, falta de pago de vacaciones y contribuciones al seguro social, e insultos. Los demandados negaron las alegaciones y presentaron una moción de desestimación parcial en cuanto a los dueños individuales, invocando inmunidad corporativa. Argumentaron que no debían responder personalmente por las obligaciones de la corporación. La señora Valentín Negrón se opuso, aduciendo que algunas acciones ocurrieron antes de la operación corporativa y que los dueños actuaron personalmente como patronos y supervisores. Los dueños individuales replicaron que les cobijaba la inmunidad corporativa y que la responsabilidad personal requeriría descorrer el velo corporativo, lo cual no se alegó. Insistieron en que la corporación era el único patrono.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Trans-Oceanic Life Insurance Company (TOLIC). TOLIC solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha Resolución declaró Ha Lugar una Moción de desestimación de una nueva causa de acción en reconvención presentada por los recurridos (agentes de seguros). El pleito original, iniciado en 2009, trata sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios relacionados con el pago de comisiones de pólizas transferidas de Universal Life Insurance Company a TOLIC. Los recurridos reclamaron comisiones impagas, mientras TOLIC negó la obligación y presentó una reconvención alegando que los agentes le adeudaban dinero por adelantos de comisiones. El TPI desestimó una parte de la reconvención de TOLIC. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la solicitud de TOLIC, denegó la expedición del auto de certiorari. Con esta decisión, se mantiene la determinación del TPI de desestimar la referida causa de acción en reconvención.

Resumen:

El Consejo de Titulares del Condominio Vistas del Pinar, representado por Alexander Rosa, apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda buscaba invalidar la elección de una nueva Junta de Directores, compuesta por los apelados, alegando que la asamblea extraordinaria que los eligió fue ilegal. El apelante argumentó que la convocatoria y celebración de la asamblea no cumplieron con los requisitos de la Ley de Condominios ni con una orden ejecutiva vigente. Los apelados solicitaron la desestimación, principalmente por falta de jurisdicción del tribunal sobre la materia. Adujeron que la Ley Núm. 129-2020 otorga jurisdicción exclusiva al DACo para controversias de condominios residenciales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que carecía de jurisdicción sobre la materia bajo la Ley 129-2020. Determinó que la ley no contemplaba la acción presentada por un titular contra la junta en estas circunstancias. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida, validando la desestimación por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). El Municipio de San Juan recurrió la decisión de CIPA que revocó la expulsión del Sargento de la Policía Municipal, Luis D. Camacho Ortiz. La expulsión original fue emitida por el Comisionado de la Policía Municipal. Se basó en alegaciones de que el Sargento Camacho operaba un sitio web de noticias que publicaba irregularidades del Municipio. El Municipio consideró que esto violaba reglamentos internos y la Ley de Ética Gubernamental. La investigación administrativa y el proceso disciplinario culminaron en la recomendación y orden de expulsión. El Sargento Camacho apeló esta decisión ante CIPA. CIPA determinó revocar la expulsión y denegó la reconsideración del Municipio. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirmó la resolución de CIPA.

Resumen:

Comparece Carlos B. Díaz Santos, miembro de la población correccional, solicitando revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente pedía que se le administrara Neurontin 800 mg para tratar una condición de espalda. El DCR denegó la solicitud inmediata, indicando que el recurrente debía ser evaluado por un médico especialista debido a nuevos protocolos y regulaciones de la FDA para el uso de Neurontin. El DCR informó que se coordinaría una cita con el especialista. Inconforme, el recurrente presentó recursos administrativos que fueron denegados, reiterando la necesidad de la evaluación médica. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó que el medicamento le había sido recetado por años y no lo recibía desde septiembre de 2020. El Tribunal le permitió litigar in forma pauperis y procedió a revisar la determinación administrativa sin requerir la comparecencia del DCR. Aplicando el estándar de deferencia a las agencias, el Tribunal confirmó la determinación del DCR.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones MC Labs, LLC y MCPR Holding, LLC mediante recurso de certiorari. Solicitan la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nulidad de emplazamiento y oposición a la anotación de rebeldía. El caso original fue instado por Garrett E. Seale Logan por despido injustificado, violación contractual y otros reclamos laborales. El foro primario anotó la rebeldía de los peticionarios al no contestar la querella en el término de ley. Los peticionarios argumentan que el emplazamiento fue nulo al haberse realizado a través de una persona que ya no figuraba como representante autorizado de las corporaciones. Sostienen que esta falta de emplazamiento válido les impidió comparecer y constituyó una violación al debido proceso de ley. Alegan que la controversia sobre la autoridad de la persona emplazada requería la celebración de una vista evidenciaría. El Tribunal de Apelaciones determina que procede expedir el auto de certiorari y revocar la determinación del foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica. La demanda original fue presentada por Domingo Vidal Cabasquini y otros contra Mayagüez Medical Center y médicos. Tras el fallecimiento de la esposa del demandante principal, su Sucesión, compuesta por hijos no residentes de Puerto Rico, fue sustituida como codemandante. El demandado solicitó una fianza de no residente para estos nuevos codemandantes. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a cada demandante no residente prestar una fianza de \$1,000 y paralizó el caso. Al no prestarse la fianza, el foro primario desestimó la causa de acción de los codemandantes no residentes. Los apelantes argumentan que el tribunal erró al imponer la fianza, dado que el demandante principal es residente de Puerto Rico y respondería por las costas. La apelación busca revocar la orden de fianza y la subsiguiente desestimación parcial.

Resumen:

Miguel A. Cruz Santiago solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de modificar su sentencia. El peticionario fue sentenciado en 1997 bajo el Código Penal de 1974 por asesinato, secuestro y delitos de armas, incluyendo penas por reincidencia. Argumentó que debía aplicársele retroactivamente el principio de favorabilidad de la Ley 246-2014 y la proporcionalidad de las penas por reincidencia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la Ley 246-2014 no aplica a sentencias dictadas bajo el Código Penal de 1974. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Tras examinar el recurso y las posiciones de las partes, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca instado por Banco Popular de Puerto Rico contra la sucesión de los deudores originales. Los peticionarios, miembros de la sucesión, solicitan la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de relevo de sentencia y desestimación de la demanda. Banco Popular obtuvo sentencia en rebeldía en 2017 tras emplazar a los demandados, incluyendo herederos desconocidos por edicto. La sentencia se hizo final, procediéndose a la subasta y lanzamiento del inmueble. Los peticionarios impugnaron previamente el emplazamiento y la inclusión de partes, siendo sus argumentos denegados por el foro primario y confirmados por el Tribunal de Apelaciones en un certiorari anterior en 2020. A pesar de la decisión previa, los peticionarios presentaron una nueva moción de relevo de sentencia en 2021, la cual fue nuevamente denegada por el Tribunal de Primera Instancia. En esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios. La denegatoria valida la Orden recurrida y la firmeza del proceso de ejecución hipotecaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una subasta municipal. Transporte Rodríguez Asphalt, Inc. impugna la adjudicación de la Junta de Subastas del Municipio de Aibonito. La controversia se centra en la Partida #3 (Asfalto Regado y Compactado) de la Subasta General 01 2021-2022. La recurrente alegó que la Junta no aplicó el porciento de preferencia legalmente establecido para productos locales. Sostuvo que, al aplicar dicha preferencia, su oferta era la más baja. Además, señaló que la Junta había indicado que el precio era el único criterio de selección. Transporte Rodríguez solicitó que se le adjudicara la buena pro en dicha partida. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la Junta de Subastas. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal decidió revocar la determinación recurrida.

Resumen:

Carlos Cernas Ocasio presentó una demanda de deslinde y amojonamiento contra Lydia Albino Lugo, alegando que esta ocupaba parte de su terreno y obstruía el acceso. La Sra. Albino Lugo negó la ocupación y demandó a terceros (Nelson Ocasio et al.), indicando que ellos debían proveer el acceso al Sr. Cernas Ocasio. Luego de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el Sr. Cernas Ocasio apeló ante el Tribunal de Apelaciones. La Sra. Albino Lugo solicitó la desestimación de la apelación por incumplimiento procesal. Alegó que el apelante no notificó a los terceros demandados del recurso apelativo. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar la apelación. La decisión se basa en la importancia de la notificación a todas las partes comparecientes en el pleito, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Emilio Torres Santiago, miembro de la población correccional, en revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugna la denegatoria de una solicitud de reconsideración por parte de la División de Remedios Administrativos del DCR. El caso se origina en la petición del señor Torres Santiago para que el DCR realizara gestiones que le permitieran recibir ayudas económicas bajo el CARES Act. Administrativamente, el DCR respondió inicialmente que no tenía información o instrucciones y, posteriormente, denegó la reconsideración indicando que evaluaban el procedimiento para estas solicitudes. Inconforme, el recurrente solicita al Tribunal ordenar al DCR radicar las planillas para obtener el estímulo económico. La sentencia detalla el historial procesal del recurso ante el foro apelativo. Asimismo, expone el marco legal y los criterios para la revisión judicial de las determinaciones de las agencias administrativas en Puerto Rico. Se enfatiza la deferencia a las decisiones administrativas y los fundamentos para su posible revocación.

Resumen:

La Lcda. Santa A. Cruz Collazo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Lares, que le denegó una moción para relevarse de representación legal. Posteriormente, la abogada informó que el tribunal de primera instancia había concedido el remedio solicitado. Por ello, presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso de certiorari con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones determinó que el caso había devenido académico al haberse resuelto la controversia subyacente. Conforme a la doctrina de academicidad, un foro revisor pierde jurisdicción sobre asuntos que ya no presentan una controversia real. Examinada la petición de desistimiento y el derecho aplicable, el Tribunal declaró ha lugar la moción. La sentencia ordena el archivo del presente caso.

Resumen:

Alexander Hernández Calzada, un confinado, solicitó revisión judicial de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR lo encontró incurso en una falta disciplinaria por daños a la propiedad en su celda, imponiéndole una sanción de suspensión de comisaría y restitución. El recurrente argumentó que se violó su debido proceso de ley durante el procedimiento disciplinario, alegando falta de asistencia y denegación de testigos. Tras denegarse su solicitud de reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones. El DCR sostuvo que se cumplieron las disposiciones reglamentarias. El Tribunal de Apelaciones aceptó la litigación en forma pauperis. Luego de examinar el recurso, el Tribunal confirmó la resolución impugnada del DCR.

Resumen:

Sentencia de un tribunal apelativo resolviendo recursos consolidados contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El caso se origina en una reclamación laboral de Wanda I. Molina Rivera contra Hogar San Lucas por pago de horas extras y acoso laboral. El TPI desestimó la reclamación de horas extras pero permitió que continuara la de acoso laboral. Ambas partes apelaron la decisión parcial. El tribunal apelativo revisó los argumentos y el derecho aplicable. Procedió a modificar la Sentencia Parcial recurrida. Confirmó la determinación del TPI de desestimar la reclamación por horas extras, concluyendo que la demandante no tenía derecho a dicho pago. Revocó la parte de la sentencia que declaraba no ha lugar la desestimación de la causa de acción por acoso laboral. Determinó que no existían hechos constitutivos de acoso laboral en el caso. La decisión final resulta en la desestimación total de las reclamaciones de la señora Molina Rivera.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202000111. Este recurso de apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, y trata sobre un procedimiento sumario laboral por incumplimiento de contrato. Las partes involucradas son Alfredo Izquierdo y Deborah Rodriguez como recurridos, y Oriental Bank como peticionario y apelante. Oriental Bank presentó un Aviso de Desistimiento de la apelación. El Tribunal examinó dicho aviso. La corte declaró Con Lugar el Aviso de Desistimiento presentado por la parte apelante. En consecuencia, se ordenó el archivo y sobreseimiento del recurso de apelación. Esta decisión se basa en el desistimiento voluntario de la apelación por parte de Oriental Bank. La sentencia se dictó conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.