Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 120)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una revisión administrativa procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso involucra a la consumidora Mari Lydia Quirós Rosado y al concesionario Cerrillo Car Center Corp., junto a Oriental Bank y Universal Insurance Company. La Sra. Quirós presentó una querella ante el DACO tras descubrir daños significativos preexistentes en un vehículo usado comprado a Cerrillo. Alegó que el vehículo había sufrido un accidente antes de la compraventa y que no fue informada de ello. Reclamó la nulidad de la compraventa y la devolución de pagos, entre otros remedios. Cerrillo sostuvo que desconocía el historial de accidentes del vehículo. El DACO investigó, celebró una vista y determinó que el vehículo había sido accidentado previamente, declarando con lugar la querella de la Sra. Quirós y responsabilizando a Cerrillo. Cerrillo solicitó al Tribunal de Apelaciones que revisara la resolución del DACO. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la determinación del DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada demandó a las sucesiones representadas por Edgar Antonio Sánchez Rivera. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de la Cooperativa, ordenando el pago de \$48,278.09. El demandado solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario. El Sr. Sánchez Rivera recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, planteando errores como la falta de requerimiento de pago previo, la improcedencia de la sentencia sumaria y errores procesales. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar el caso, el panel confirmó la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una controversia de seguro post-huracán María. La Asociación de Residentes del Condominio The Clusters demandó a su aseguradora, One Alliance Insurance Corporation, por daños. La aseguradora ajustó la reclamación en \$289,754.50, ofreciendo un pago final de \$112,579.66 tras deducibles, mientras la Asociación reclamaba una suma mucho mayor. La Asociación solicitó una sentencia sumaria parcial por la cantidad admitida por la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a One Alliance pagar los \$112,579.66. One Alliance apeló, argumentando que el pago parcial no procedía sin que el asegurado identificara las partidas líquidas. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Finalmente, el panel confirmó la Sentencia Parcial apelada. La decisión valida la orden de pago parcial basada en el ajuste propio de la aseguradora, a pesar de la disputa sobre el monto total de los daños.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección y Rehabilitación a un confinado, Wilfredo G. Santos Vázquez. La sanción se originó por la posesión de una "fisga" encontrada en su celda durante un registro. Este acto fue clasificado como una violación de Nivel I según el Reglamento Núm. 9221 del Departamento. Tras una vista administrativa, se encontró al confinado incurso en la violación y se le impuso una sanción. El confinado solicitó reconsideración administrativa, la cual fue denegada por el Departamento. Posteriormente, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Aunque su argumento principal no fue claro, se interpretó que cuestionaba la excesividad de la sanción. El Tribunal de Apelaciones examinó el caso y el expediente administrativo. Finalmente, el Tribunal confirmó la decisión del Departamento de Corrección, manteniendo la sanción disciplinaria impuesta.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Los peticionarios, Roberto Antonio Sierra Rodríguez y esposa, solicitan la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró no ha lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por los recurridos, Joaquín Antonio Colón Salgado y esposa. El caso subyacente trata sobre una acción confesoria o denegatoria de servidumbre. La controversia gira en torno a una servidumbre de paso registrada que beneficia la finca 17788 (propiedad de los recurridos) sobre la finca 17793 (propiedad de los peticionarios). Los recurridos alegan que la servidumbre consta inscrita en el Registro de la Propiedad y fue advertida a los peticionarios al adquirir su propiedad. El Tribunal de Apelaciones desestima el auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior.

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Este documento detalla una disputa entre el Condominio Andalucía y Triple-S sobre una reclamación de seguro por daños causados por el huracán María. El Condominio demandó a Triple-S, presentando estimados de daños que variaron significativamente, llegando hasta \$11.8 millones, mientras que el estimado de Triple-S fue de \$1.2 millones. En el curso del litigio, Triple-S notificó una cantidad de "pre-ajuste" de \$464,659.61, especificando que no era un ajuste final y estaba sujeto a investigación adicional. El Condominio solicitó sentencia sumaria parcial para obtener el pago inmediato de esta cantidad, argumentando que era una suma líquida reconocida por la aseguradora. Triple-S se opuso, sosteniendo que la totalidad de la reclamación estaba en controversia y el pre-ajuste no constituía una suma final a pagar. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción, interpretando los \$464,659.61 como una cantidad mínima reconocida por la aseguradora. El tribunal concluyó que el pago de esta suma no perjudicaría a Triple-S, ya que la cuantía final se determinaría en el juicio. Se ordenó a Triple-S pagar dicha cantidad en un término de 10 días.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra una solicitud de revisión administrativa presentada por All Reliable Engineering contra la Junta de Subastas del Municipio de Guayanilla. All Reliable impugnó la adjudicación de la Subasta Núm. 12-AE-2020-2021 (RFP: Emergency Road Clearance) a favor de Quality Contractor Services. La Junta de Subastas notificó la adjudicación el 28 de julio de 2021. All Reliable presentó su recurso de revisión el 13 de agosto de 2021. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La corte fundamentó su decisión en que la ley establece un término jurisdiccional de diez días para solicitar la revisión judicial de una adjudicación de subasta municipal. Al presentar el recurso fuera de este término, el tribunal determinó que carecía de autoridad para atender el caso. Se enfatizó el deber de los tribunales de velar por su propia jurisdicción.

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Sentencia emitida por un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, resolviendo un recurso de apelación. La parte apelante, Jorge Luis Díaz Irizarry, su esposa y su sociedad legal de gananciales, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia del TPI había declarado ha lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por FirstBank Puerto Rico Inc. FirstBank demandó a los apelantes por cobro de dinero basado en un préstamo de 2011, reclamando un balance adeudado de $\$ 187,147.98$ más intereses y cargos. Los apelantes contestaron la demanda, negando la deuda y presentando una reconvención. En la reconvención, alegaron que FirstBank les causó daños por más de $\$ 126$ millones debido a supuesta interferencia en operaciones corporativas. FirstBank se opuso a la reconvención, argumentando que no era compulsoria y que las causas de acción pertenecían a las corporaciones. Tras considerar los argumentos y documentos, el panel de jueces revoca el dictamen apelado del TPI. Esto anula la sentencia sumaria previamente concedida a favor de FirstBank.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Triangle REO PR Corp. contra William A. Navas Pérez, Et Al. El recurso buscaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La resolución apelada denegó una moción de sentencia sumaria de Triangle pero ordenó la divulgación de información para el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso. El Tribunal de Apelaciones desestima el auto solicitado. La desestimación se fundamenta en la obligación del tribunal de asegurar su jurisdicción antes de entrar en los méritos. Se discute la importancia de la notificación correcta de las resoluciones y sentencias y las consecuencias de presentar recursos prematuros o tardíos. La decisión final es la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, en el caso de Certiorari KLCE202100944. Las partes son DDR DEL SOL LLC, S.E. como recurrida y FELINO CORPORATION como peticionaria. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (Civil núm.: BY2021CV00257). El caso original trata sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños contractuales. La parte peticionaria presentó un Aviso de desistimiento el 25 de agosto de 2021. El Tribunal de Apelaciones acogió dicho desistimiento. En consecuencia, dictó una Resolución final en el recurso. Se ordenó el archivo de este caso de apelación. Además, se dejó sin efecto una Resolución anterior del 16 de agosto de 2021 que requería la comparecencia de la parte recurrida.

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El Sr. Edgardo Mateo Cruz impugna la decisión de la Administración de Corrección y Rehabilitación de no clasificarlo en custodia mínima. Este recurso se presenta luego de que una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones revocara una determinación anterior de la agencia por carecer de determinaciones de hecho y derecho. En respuesta a esa sentencia, la agencia emitió una nueva Resolución de Hecho y Derecho el 10 de febrero de 2021. Dicha resolución informaba al confinado sobre su derecho a solicitar reconsideración en un plazo de veinte días. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el caso, discute la doctrina del agotamiento de remedios administrativos. Esta doctrina requiere que las partes utilicen todas las vías administrativas disponibles antes de acudir a los tribunales, con ciertas excepciones. Su finalidad es permitir que la agencia desarrolle el caso, aplique su peritaje y corrija posibles errores. La consideración de esta doctrina por el Tribunal sugiere que el recurrente pudo no haber agotado el remedio de reconsideración ofrecido por la agencia antes de presentar su recurso judicial. La sentencia determinará si el recurso es prematuro por no haberse agotado dicho remedio administrativo.

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Rafael Rosa Cardona solicitó un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha Resolución denegó su solicitud de desestimación de una acusación por infracción al Artículo 5.07(c) de la Ley Núm. 22-2000. El peticionario fundamentó su solicitud de desestimación en la Regla 64(f) de Procedimiento Criminal, alegando cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia. Argumentó que una previa determinación de no causa para acusar por el delito grave del Artículo 7.06 de la misma ley (causar muerte al conducir ebrio) debía impedir la acusación bajo el Artículo 5.07(c) (conducir negligentemente causando muerte al conducir ebrio). La determinación de no causa para el Art. 7.06 fue confirmada en vista preliminar en alzada. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que los delitos bajo los Artículos 5.07(c) y 7.06 tienen elementos distintos y que la determinación de no causa previa no adjudicó la negligencia imputada en la acusación del Art. 5.07(c). El Ministerio Público se opuso a la desestimación, señalando que los delitos son diferentes y la determinación de no causa en vista preliminar no constituye impedimento colateral. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Fidel Rodríguez Torres. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su eliminación del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales. Rodríguez Torres fue convicto por tentativa de violación en 2005, basada en hechos de 2004. Argumentó que su obligación de registro, inicialmente por 10 años bajo la Ley Núm. 28-1997, había cesado en 2015. También hizo referencia a la Ley Núm. 243-2011. El foro primario había determinado que debía continuar reportándose trimestralmente y permanecer inscrito a perpetuidad bajo la Ley Núm. 243-2011. El Ministerio Público se opuso, indicando que la Ley Núm. 243-2011 es una medida de protección social no punitiva. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado pero confirmó la resolución recurrida. Esto valida la decisión de mantener a Rodríguez Torres inscrito a perpetuidad en el Registro.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios en un recurso de certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su Solicitud de Retiro de Fondos en un caso sobre división de comunidad de bienes. El litigio original involucra a las sucesiones de Ana Lydia Dones y Germán Negrón Negrón, centrándose en una casa construida sobre un terreno privativo de Negrón, donde Dones tenía una participación del 50% en la estructura. Una sentencia previa disolvió la comunidad, reconoció la participación de los peticionarios en el valor de la casa más créditos, y ordenó la venta en pública subasta del inmueble completo. Tras la subasta, los peticionarios solicitaron retirar fondos, lo cual fue denegado por el foro primario. Los peticionarios recurrieron esta denegatoria mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto para revisar la decisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida, manteniendo la denegación del retiro de fondos.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de custodia. El padre solicitó la custodia compartida, pero el TPI denegó su petición. La denegatoria se basó en el incumplimiento del padre con una orden previa relacionada con un informe social o evaluación. El padre apeló, alegando que el TPI erró al decidir sin hacer determinaciones de hecho y derecho y al condicionar la custodia a una evaluación psicológica. La madre solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, lo cual fue denegado. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones modificó la determinación recurrida. Finalmente, confirmó la decisión del TPI tal como fue modificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso surge de una querella presentada por una consumidora, Anyelizbeth Torres, contra Puerto Rico One Aluminum MFG Corp. La querella se relaciona con la instalación defectuosa de una puerta y la falta de instalación de un portón contratados. DACO emitió una resolución declarando ha lugar la querella de la señora Torres. Dicha resolución ordenó a la compañía reemplazar la puerta defectuosa por una nueva libre de defectos e instalar el portón según las especificaciones. Se estableció un término de 30 días para el cumplimiento, con una indemnización de \$3,000 en caso de incumplimiento. La compañía apeló la decisión de DACO, alegando falta de especificación de los defectos y la necesidad de un inspector. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso administrativo presentado por la compañía. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión judicial de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurrente, Víctor M. Rodríguez Benítez, apeló la decisión del DACo que desestimó su querella contra Ford Motor Company y otros. La querella original alegaba que un vehículo Ford F-250 usado, comprado en marzo de 2019, presentó problemas persistentes con la luz de "check engine" y el sistema de regeneración poco después de la compra. A pesar de múltiples intentos de reparación, el recurrente sostuvo que el vehículo era inservible y solicitó al DACo la rescisión del contrato o el reemplazo de la unidad. El DACo celebró una vista, evaluó la prueba presentada y concluyó que la reclamación no estaba justificada, desestimando la querella. El recurrente argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que el DACo erró al no rescindir el contrato. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del DACo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de familia sobre alimentos, custodia y patria potestad. El peticionario impugna la orden del Tribunal de Primera Instancia que requiere un informe social que incluya el asunto de la patria potestad. Existió una apelación previa donde este Tribunal determinó que el foro primario erró al no levantar la rebeldía del peticionario y al señalar una vista de privación de patria potestad sin base legal. La sentencia anterior aclaró que el caso debía enfocarse en la patria potestad compartida. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia ordenó una evaluación social que abarca la patria potestad, custodia y relaciones filiales. El peticionario solicitó reconsideración de esta orden y auxilio de jurisdicción para detener el estudio social. La presente Resolución revisa la controversia y el historial procesal para resolver la solicitud del peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación instado por José Cancel Candelario y otros. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por daños y perjuicios e injunction contra Santa Bárbara Cortés. Los apelantes reclamaban que la señora Cortés realizó una construcción ilegal que invadía su derecho a servidumbre de luces y vista, causándoles daños. La señora Cortés solicitó la desestimación argumentando que una querella administrativa previa sobre la misma construcción ante la Junta de Planificación fue archivada y advino final y firme, aplicando la doctrina de cosa juzgada. El foro primario acogió este argumento y desestimó el caso. Los apelantes señalan como errores la aplicación de la cosa juzgada a una reclamación de daños y la falta de una vista ocular. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de la desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y la doctrina de cosa juzgada.

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Este es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación. La apelación surge de una acción de cobro de dinero presentada por la Junta de Condómines del Condominio Wilson 1223 contra Carmen Díaz El-Haj. La Junta reclamó el pago de \$10,565.00 por cuotas de mantenimiento y recargos adeudados, tramitada bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil. La Sra. Díaz admitió el impago, alegando mantenimiento inadecuado del edificio. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la Sra. Díaz pagar la totalidad del monto reclamado. La Sra. Díaz apeló, imputando al foro primario errores por no convertir el caso a procedimiento ordinario, dictar sentencia sin parte indispensable y apreciar erróneamente la prueba. El documento del tribunal apelativo discute el propósito de la Regla 60 para agilizar reclamaciones pequeñas, la deferencia a las determinaciones de hechos del tribunal de instancia y la definición de parte indispensable cuyos derechos serían radicalmente afectados por una sentencia en su ausencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari. Los peticionarios, AXA Equitable Life Insurance Co. y Luis A. Gesualdo Pérez, impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La Resolución del TPI de 12 de marzo de 2021 dispuso que los demandantes, José Méndez Moll y Edith Román Hernández, deben probar en el juicio sus alegaciones de incumplimiento de contrato y daños. El TPI aclaró que una Resolución anterior de 2015, que denegó la desestimación por prescripción, no adjudicó el fondo de estas reclamaciones. La controversia se centró en si las determinaciones de hecho de la Resolución de 2015 (previamente confirmada en apelación y por el Tribunal Supremo) constituían ley del caso para el mérito del incumplimiento y los daños. Los peticionarios argumentaron que la Resolución de 2015 solo resolvió la cuestión de la prescripción. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Con esta denegatoria, se mantiene la determinación del TPI de que las reclamaciones de incumplimiento de contrato y daños deben ser probadas en el juicio en su fondo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Joel Santos Hernández contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) que ratificó su nivel de custodia máxima. A pesar de que la escala de reclasificación arrojó custodia mínima, el técnico sociopenal recomendó mantener la máxima custodia. Esta recomendación se basó en el historial de violencia excesiva del confinado y actos de indisciplina, como la posesión de teléfonos celulares. El CCT fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos, la extensa sentencia restante y la necesidad de continuar observando su ajuste en un ambiente de máxima seguridad para garantizar la rehabilitación y la seguridad pública. El señor Santos solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Posteriormente, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción para atender el caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Aníbal González Pérez y otros, impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños. La controversia central gira en torno a un requerimiento de admisiones cursado a la recurrida, Verónica Maldonado Negrón. Tras el vencimiento del término para responder, los peticionarios solicitaron al foro primario que diera por admitido el pliego. La recurrida solicitó una prórroga y luego informó haber contestado y enviado las admisiones. El Tribunal de Primera Instancia dictaminó que la solicitud de dar por admitidas las admisiones se había tornado académica al haberse contestado el requerimiento. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones alegando error de derecho por no aplicar las reglas procesales ante el incumplimiento inicial. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción en el recurso de certiorari, evaluó la petición. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto solicitado.

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Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Claudia Andrea Freyre Escudero, presentó un recurso de certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en un caso de cobro de dinero incoado por Esther América Domenech Vilá. La Resolución recurrida declaró nula una sentencia previa dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, en un caso anterior entre las mismas partes. El TPI de San Juan fundamentó la nulidad en que la sentencia de Toa Alta fue emitida sin jurisdicción, ya que la peticionaria se encontraba bajo la protección de la paralización automática del Código de Quiebras. Al declarar nula la sentencia previa, el TPI de San Juan denegó la solicitud de la peticionaria de desestimar el caso actual por cosa juzgada. La peticionaria alegó que el TPI erró al no aplicar la cosa juzgada y al anular la sentencia de Toa Alta *motu proprio* y sin competencia. Tras examinar el recurso y la posición de la recurrida, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari en un caso de alimentos. La peticionaria, Branda Cruz Díaz, impugna la negativa del Tribunal de Primera Instancia a descorrer el velo corporativo de Dynamic MRI & 3D e incluirla como parte. El caso se relaciona con las obligaciones de pensión alimentaria del padre, Manuel Prats Vega, tras un cambio en su situación económica. La madre alega que el padre creó Dynamic como un "alter ego" para ocultar ingresos y evadir pagos, transfiriendo activos de una corporación anterior. Sostiene que el padre es el único accionista y director, utilizando la corporación para sufragar gastos personales y reducir sus ingresos aparentes. El tribunal de instancia denegó incluir a Dynamic como parte en la acción de alimentos, pero autorizó amplio descubrimiento de prueba sobre las finanzas del padre y la corporación. A pesar de extensos esfuerzos de descubrimiento y órdenes a terceros para obtener información financiera, el tribunal mantuvo su posición contra descorrer el velo en el caso de alimentos. La peticionaria argumenta que incluir la corporación es crucial para determinar el ingreso real del padre para fines de pensión alimentaria. El Tribunal de Apelaciones revisa la corrección de la decisión del foro primario sobre el velo corporativo y la inclusión de la corporación como parte.

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José L. Cruz Santiago recurrió ante el Tribunal de Apelaciones tras denegársele en dos ocasiones la solicitud de libertad con supervisión o traslado a un hogar de adaptación social. El peticionario buscaba cumplir los cuatro años restantes de su sentencia por agresión sexual en una institución como Teen Challenge o similar. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, denegó su petición inicialmente el 5 de mayo de 2021 y se reafirmó en esa decisión el 28 de junio de 2021. Inconforme, el señor Cruz Santiago presentó un recurso de certiorari imputando error al foro primario por no conceder lo solicitado y no considerar su elegibilidad para privilegios. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, actuando como celoso guardián de su jurisdicción, determinó que el recurso fue presentado tardíamente. Por consiguiente, el tribunal apelativo desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Triple-S Propiedad, Inc. La aseguradora solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó descubrimiento de prueba. Dicho descubrimiento fue solicitado por el Consejo de Titulares del Condominio Luquillo Manors en un pleito civil. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, mala fe y violaciones al Código de Seguros por parte de Triple-S. El Consejo de Titulares alega que Triple-S no compensó adecuadamente los daños sufridos por el condominio tras el huracán María. Triple-S negó las alegaciones y planteó defensas, incluyendo que los daños fueron sobreestimados. El descubrimiento objetado por Triple-S incluía información sobre reservas, políticas internas, comunicaciones y datos de ajustadores. Triple-S argumentó que la prueba era impertinente, onerosa y contenía secretos de negocio. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el descubrimiento, lo que motivó el recurso de certiorari de Triple-S. El Tribunal de Apelaciones DENIEGA la expedición del auto de certiorari, confirmando así la decisión del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Oscar Jiménez impugnó una multa de \$2,000 impuesta por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (OPMASJ). La multa se debió a la operación de un café al aire libre sin el permiso requerido. Jiménez solicitó reconsideración ante la OPMASJ, la cual fue denegada por extemporaneidad, según el Reglamento Conjunto 2020. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que la OPMASJ aplicó erróneamente un reglamento nulo. No obstante, el Tribunal decide desestimar el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para conocer del asunto. Se subraya la obligación de los tribunales de ser celosos guardianes de su propia jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra José L. Correa Viruet. El peticionario, confinado por violación a la Ley de Armas, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la aplicación de su pena. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por Correa Viruet. Resolvió ordenar la desestimación del recurso. La razón principal para la desestimación es que el tribunal carece de jurisdicción para entender sobre el asunto planteado. La sentencia subraya la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental para que un tribunal pueda adjudicar una controversia. Se explica que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada y obliga a la desestimación inmediata del recurso apelativo. El tribunal actuó por iniciativa propia para desestimar el caso ante la ausencia de jurisdicción, conforme a su reglamento.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, Víctor Torres Peralta, demandó a Ornis Corporation y otros tras sufrir una caída en Plaza Alejandrino. La demanda original alegaba que la caída ocurrió frente a una oficina arrendada por Rafael Ferreira Cintrón, quien actuaba en representación de The Financial Attorneys, P.S.C. Ornis, dueña del edificio, identificó a Financial Attorneys como el arrendatario responsable del control y mantenimiento del área. El apelante enmendó la demanda para incluir a Financial Attorneys como codemandado. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial desestimando la demanda contra Financial Attorneys. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, CONFIRMÓ la Sentencia sumaria parcial recurrida, manteniendo la desestimación del caso contra The Financial Attorneys, P.S.C.

Resumen:

José A. Márquez Sánchez solicita al Tribunal de Apelaciones la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nulidad de sentencia y nuevo juicio. En 2006, Márquez Sánchez fue convicto por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas mediante veredictos de jurado no unánimes (10-2 y 11-1), recibiendo una sentencia de 99 y 10 años consecutivos. Tras agotar los recursos de apelación y certiorari ante el Tribunal Supremo en 2011, presentó en 2021 una moción bajo la Regla 192.1. Alegó que su sentencia es ilegal por fundamentarse en veredictos no unánimes, citando la doctrina establecida en *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*. El foro primario denegó su solicitud y la posterior reconsideración. El peticionario argumenta que el TPI erró al no aplicar la nueva jurisprudencia sobre la unanimidad del jurado y al negarle una vista y asistencia legal para este ataque colateral a su sentencia. El Tribunal de Apelaciones considera ahora el recurso de certiorari presentado, explicando el carácter discrecional de este auto y los criterios que rigen su expedición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una sentencia el 25 de agosto de 2021 en el caso KLAN202100627. La apelación fue presentada por Alberto Alverio Lugo contra Luz Eneida Rosario Vega, originada en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas sobre un asunto de Abandono (Caso Número EDI2010-0007). El 23 de agosto de 2021, la parte apelante presentó un Aviso de Desistimiento. En respuesta, el Tribunal declaró con lugar dicho aviso. La sentencia se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado de la concesión del desistimiento, se ordenó el archivo definitivo de la causa. La decisión fue acordada por el panel compuesto por las juezas Domínguez Irizarry (ponente) y Rivera Marchand, y el juez Salgado Schwarz.

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El Municipio Autónomo de Aguadilla apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda por daños y perjuicios. La demanda fue instada contra la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y Ferrovial Construcción, LLC. El caso se origina en el proyecto "Paseo Real Marina, Fase I" de Aguadilla, iniciado en 2006. Dicho proyecto, al afectar la zona marítimo terrestre y un coral en peligro, requirió un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (COE). El Municipio contrató a AFI para asistencia técnica, y AFI a Ferrovial para la construcción. La obra sufrió una paralización significativa debido a un retraso de dos años en la obtención de la extensión del permiso del COE. La terminación sustancial del proyecto, pautada para diciembre de 2012, se alcanzó en mayo de 2015. El Municipio demandó a AFI y Ferrovial por los daños alegados. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del foro primario de desestimar dicha reclamación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un miembro de la población correccional, solicitó mediante remedio administrativo ser referido a un programa de pre-reinserción bajo la Orden Administrativa DCR-2018-07. El Departamento le informó que había sido referido al Programa de Pre-Reinserción y que dicho referido estaba en evaluación. Inconforme, el recurrente argumentó que el referido se hizo bajo un reglamento diferente (Núm. 9242) con criterios de elegibilidad distintos a los de la orden administrativa solicitada. Presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue denegada por el Departamento al considerar que su petición se había tornado académica tras realizarse el referido. El recurrente acudió entonces al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. Tras evaluar el recurso, el Tribunal confirmó la decisión emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Se presentó un recurso de revisión judicial impugnando la adjudicación de una solicitud de propuesta para la adquisición de purificadores de aire para las escuelas públicas. Los recurrentes, K Toro Garratón, Inc. y Advanced Healthcare Logistics Corp., desafiaron la selección de Camera Mundi, LLC, realizada por el Departamento de Educación y autorizada por la Administración de Servicios Generales bajo la Orden Ejecutiva OE-2021-021. Dicha orden declaró un estado de emergencia para el acondicionamiento escolar y autorizó procesos de contratación expeditos. La propuesta seleccionada requería la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. Las agencias recurridas informaron al tribunal que la Junta de Supervisión Fiscal no aprobó la propuesta adjudicada a Camera Mundi y ordenó un nuevo proceso de selección. Alegaron que, al desistir de la compra con Camera Mundi, el asunto se tornó académico y no justiciable. Los recurrentes se opusieron a la desestimación, argumentando la aplicabilidad de la excepción de cuestión recurrente. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el matrimonio Irizarry-Villafañe contra resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es una ejecución de hipoteca de residencia principal y cobro de dinero iniciado por FirstBank, con una reconvención por daños y perjuicios presentada por los peticionarios. El procedimiento fue paralizado administrativamente debido a las moratorias por la pandemia de Covid-19. FirstBank solicitó la continuación del caso, argumentando que la moratoria federal no aplicaba a préstamos convencionales. Los peticionarios se opusieron, alegando que la paralización aplicaba a todas las ejecuciones, especialmente de residencia principal. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de FirstBank y ordenó a los peticionarios responder a una moción de sentencia sumaria. Mediante este recurso, los peticionarios solicitaron la revisión de dichas resoluciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, modificó las resoluciones recurridas y, así modificadas, las confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Madellene M. Morales Plá. La peticionaria solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le exigía entregar a la parte recurrida, Doctor's Center Hospital Bayamón, una copia de la grabación de su deposición. El caso subyacente fue incoado por Morales contra el Hospital, alegando despido injustificado y discriminación por razón de embarazo. Morales sostuvo haber sufrido malos tratos y ser despedida en represalia tras denunciar conducta discriminatoria y por ausencias relacionadas con su estado de gravidez. El Hospital negó las alegaciones, afirmando que el despido se debió a un patrón de ausentismo y tardanzas, y que desconocía el embarazo al momento de la determinación. La deposición objeto de la controversia se llevó a cabo de forma virtual bajo condiciones específicas ordenadas por el foro primario. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Luis M. Robles Caraballo compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la modificación de una sentencia impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. Fue condenado a 6 años de reclusión por apropiación ilegal agravada y 1 año por infracción a la Ley de Armas, totalizando 7 años consecutivos, tras un acuerdo de alegación. El delito de apropiación ilegal agravada se basó en la modalidad de apropiación de un bien valorado en $10,000 o más, reclasificado del cargo original de robo. El peticionario argumentó que la pena era excesiva y contraria a derecho, ya que solo se apropió de $40.00, y solicitó ser resentenciado a la pena correspondiente a un valor menor ($500-$10,000), que sería de 3 años. Presentó estos mismos argumentos en una moción ante el tribunal primario que aún estaba pendiente de adjudicación. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso para determinar si poseía jurisdicción sobre el asunto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por el señor Robles Caraballo por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de certiorari presentada por Carlos Colón Suárez. El peticionario busca la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha decisión confirmó una orden de protección expedida en su contra al amparo de la Ley Núm. 148-2015, Ley para la Protección las Víctimas de Violencia Sexual. La orden fue solicitada por Ileana Méndez Resto en representación de su hijo menor. Las alegaciones iniciales ante la Sala Municipal de Bayamón incluyeron acercamientos indeseados y el envío de fotografías íntimas por redes sociales por parte del peticionario, quien era maestro del menor. La Sala Municipal expidió la orden, la cual fue confirmada tras una vista. El peticionario apeló, y tras un traslado ordenado por un panel anterior, la Sala Superior revisó y sostuvo la orden. Ahora, el peticionario solicita al Tribunal de Apelaciones que revise la determinación de la Sala Superior. El Tribunal resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. Aunque la orden de protección ya expiró, el Tribunal considera la controversia debido a su carácter recurrente y las consecuencias colaterales.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de revisión sobre la denegación de beneficios de seguro por desempleo. La Recurrente, Olga García Rodríguez, dejó de asistir a su trabajo en marzo de 2020, alegando temor al contagio de COVID-19 debido a una condición de salud preexistente. Notificó a su patrono mediante mensajes de texto y posteriormente solicitó beneficios de desempleo. El Negociado de Seguridad en el Empleo denegó la solicitud, determinación confirmada por la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo. Las agencias concluyeron que la Recurrente abandonó un empleo adecuado sin justa causa. Se determinó que no presentó evidencia médica que justificara su incomparecencia y que no mostró interés en reportarse o solicitar acomodo, a pesar de que el patrono implementó medidas de seguridad. La denegación se fundamentó en la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, que descalifica a quien abandona su trabajo sin justa causa. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la resolución recurrida, al no encontrar señalamiento de error alguno.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda presentada por Rolando Rivera Lamboy contra su aseguradora, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSMPR). El Sr. Rivera demandó a CSMPR por incumplimiento de contrato y daños, alegando que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad causados por el huracán María y no pagó la indemnización adecuada bajo su póliza. La aseguradora solicitó la sentencia sumaria parcial argumentando que el Sr. Rivera aceptó y cambió dos cheques por un total de $6,068.88, configurando así la figura del pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó el caso contra CSMPR. El Sr. Rivera apeló esta decisión, buscando la revisión de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decide revocar la sentencia apelada. Consecuentemente, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación, acogida como certiorari, presentada por Multi-Ventas y Servicios, Inc., et al. contra Oriental Bank. El caso principal es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca, donde Oriental Bank obtuvo sentencia sumaria a su favor, confirmada en apelación, ordenando el pago o la subasta de las propiedades hipotecadas. Los peticionarios habían presentado previamente un certiorari sobre una denegación de relevo de sentencia, el cual fue denegado por este foro. Sin embargo, antes de que el Tribunal de Primera Instancia recibiera el mandato de esa denegación, emitió un dictamen post sentencia concediendo a Oriental Bank la inspección y tasación de las propiedades para ejecución. Los peticionarios impugnan este dictamen, alegando que el foro primario carecía de jurisdicción para actuar mientras el certiorari anterior estaba pendiente y sin haber recibido el mandato. Corresponde al Tribunal de Apelaciones examinar su jurisdicción y la del Tribunal de Primera Instancia para emitir la orden de tasación bajo estas circunstancias. El caso también requiere examinar la orden de tasación previa a la subasta y el concepto de precio mínimo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP confirmó la destitución de Waldemar Vélez Pellecier de su empleo transitorio como conductor en el Municipio de Hormigueros. El recurrente fue despedido por ausentarse del trabajo por más de cinco días consecutivos sin justificación adecuada a partir del 4 de agosto de 2014. El Municipio alegó que no presentó evidencia médica suficiente para sus ausencias. Vélez Pellecier apeló ante la CASP, reclamando despido injustificado y discrimen, alegando estar incapacitado. La CASP desestimó los reclamos de discrimen y continuó el proceso sobre la destitución. La Oficial Examinadora de la CASP determinó que el recurrente se ausentó sin informar y que los certificados médicos presentados no justificaban todas las ausencias, siendo algunos contradictorios. La CASP acogió estas determinaciones y confirmó la destitución. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esa decisión de la CASP.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió sentencia sumaria parcial al Consejo de Titulares del Condominio Laguna Gardens III. MAPFRE Praico Insurance Company, la aseguradora, solicita la revocación de dicha orden. El litigio se originó cuando Laguna Gardens demandó a MAPFRE por incumplimiento de contrato de seguro y violaciones al Código de Seguros. La demanda surge a raíz de los daños sufridos por la propiedad de Laguna Gardens tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. Laguna Gardens alega que MAPFRE subvaloró injustificadamente los daños, estimados por sus peritos en aproximadamente $\$9,000,000$. MAPFRE había ofrecido inicialmente $\$37,647$, y luego una suma adicional que totalizó aproximadamente $\$289,548.52$. Laguna Gardens sostiene que la aseguradora no investigó adecuadamente la reclamación y actuó de mala fe. MAPFRE, por su parte, niega las alegaciones y afirma haber ajustado la reclamación conforme a la póliza y la ley. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca determinar la corrección de la decisión del foro primario al resolver la moción de sentencia sumaria parcial.

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Ana E. Rivera Rivera acude al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por la peticionaria. El caso subyacente trata sobre la división o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios y gananciales tras el fallecimiento de José Francisco Pérez Collazo. Las partes son la viuda (peticionaria) y los hijos del causante (recurridos). La disputa principal gira en torno al carácter (privativo o ganancial) de la residencia familiar. La peticionaria alegó que la propiedad era ganancial y reclamó créditos por mejoras y mantenimiento. Hechos esenciales, incluyendo el carácter ganancial de la propiedad, fueron dados por admitidos por el foro primario debido a la falta de respuesta de los recurridos a un requerimiento. Basándose en estos hechos incontrovertidos, la peticionaria solicitó sentencia sumaria. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. La peticionaria busca ahora la revocación de esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre partición de herencia. La apelación impugna una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia Parcial reconoció a una interventora, Iris Nereida Rodríguez Rodríguez, una participación del cincuenta por ciento en una comunidad de bienes. Esta comunidad se consideró constituida por pacto implícito entre la interventora y la extinta sociedad legal de gananciales del causante con su primera esposa. El caso original fue incoado por herederos del causante, Delfín González Vázquez, para inventariar y adjudicar sus bienes. La interventora alegó intereses propietarios basados en la comunidad de bienes con el causante y solicitó ser reconocida en el proceso. Tras una vista evidenciaria, el foro primario determinó la existencia de la comunidad y la participación de la interventora. El Tribunal de Apelaciones revisa si el foro primario actuó conforme a derecho al dictar esta Sentencia Parcial. El tribunal apelativo adelanta que, tras su análisis, responde la interrogante en la afirmativa.

Resumen:

Compareció ante el Tribunal de Apelaciones el señor José Velázquez Bernard mediante Petición de Certiorari. Solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó revisar una pena de 12 años de reclusión por delitos bajo la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. El peticionario fue originalmente sentenciado a 15 años en 2017 por dos cargos, incluyendo un aumento por reincidencia. Posteriormente, solicitó una corrección de sentencia argumentando un cálculo incorrecto de la pena agregada y la reincidencia bajo el Código Penal de 2012. El foro primario denegó la corrección pero emitió una sentencia enmendada, recalculando la pena a 12 años tras aplicar la reincidencia a una pena base de 9 años y 6 meses. El peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari, revoca la Resolución recurrida y devuelve el caso al foro de instancia. Se ordena re-sentenciar al peticionario conforme a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Aneudy Rivera Silva solicitó revisión judicial de una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución ratificó su reclasificación de custodia mínima a máxima. La decisión se fundamentó en múltiples querellas disciplinarias, incluyendo un resultado positivo a Fentanilo y un patrón de violación a las normas institucionales. El Comité consideró su historial de abuso de sustancias y determinó que requería mayor supervisión a pesar de su participación en programas. Al aplicar la Escala de Reclasificación de Custodia, obtuvo una puntuación de 17, ubicándolo en custodia máxima según el reglamento. Rivera Silva argumentó que la decisión no estaba justificada y lo penalizaba por querellas pasadas. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Comité para verificar si fue arbitraria, ilegal o irrazonable. Al no encontrar tales condiciones, el Tribunal concluyó que no procedía intervenir y confirmó la reclasificación a custodia máxima.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de Francisco Valdés Pérez. El señor Valdés Pérez solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden denegó su moción para recusar a la jueza en su caso penal por agresión sexual. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como uno de certiorari. Se señaló que el peticionario ya había planteado la misma cuestión de recusación en casos anteriores ante este tribunal, los cuales fueron denegados. El Tribunal recordó que el certiorari es un recurso discrecional que requiere demostrar un abuso de discreción o error por parte del foro primario. Tras revisar el caso, el Tribunal no advirtió que la determinación impugnada se desmarcara del ámbito discrecional del Tribunal de Primera Instancia. Tampoco encontró actuación parcial, prejuiciada o errónea. Dado que el escrito se limitó a reiterar argumentos previamente atendidos y no se hallaron motivos para intervenir, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.