Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 117)

Resumen:

Este caso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones surge de un proceso de divorcio en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El peticionario, Orlando J. Maldonado Martínez, impugna una resolución que se declaró sin jurisdicción para atender su solicitud y le ordenó desalojar su hogar en cinco días. La controversia se originó tras la sentencia de divorcio y la adjudicación provisional de custodia a la recurrida, Joyce Marie Paredes Pagán. La recurrida solicitó que una propiedad fuera declarada hogar seguro para la menor, lo cual el foro primario concedió sin la comparecencia del peticionario. El peticionario solicitó reconsideración, alegando falta de notificación adecuada y que la propiedad no era el hogar familiar. Tras denegarse la reconsideración, la recurrida pidió el desalojo inmediato del peticionario. El tribunal de instancia ordenó el desalojo, lo que llevó al peticionario a argumentar violaciones al debido proceso y a las directrices pandémicas. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, consideró un recurso de Certiorari presentado por Cosme Colón y otros. Este recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, relacionado con el caso AG2020CV00169 sobre Acción Resolutoria y otros asuntos. La parte recurrida en este proceso era Maximo Solar Industries, Inc. y otros. En una resolución emitida el 10 de septiembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de Certiorari. La decisión se tomó conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla permite al Tribunal de Apelaciones denegar la expedición de un certiorari en estos casos sin necesidad de fundamentar su decisión. La resolución fue acordada por el Panel integrado por los Jueces Bermúdez Torres, Grana Martínez y Adames Soto.

Resumen:

El caso se origina en un litigio sobre el incumplimiento de un acuerdo de transacción aprobado por sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La parte recurrida solicitó la ejecución de la sentencia, alegando violaciones por parte del peticionario, Dr. Rafael Carrillo Rivera. El foro primario declaró Con Lugar la moción de ejecución. El peticionario presentó un escrito de reconsideración, el cual fue declarado No Ha Lugar. Inconforme, el peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. La parte recurrida presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que el escrito de reconsideración no cumplió con los requisitos de especificidad de la Regla 47 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones determinó que el escrito de reconsideración fue defectuoso. Consecuentemente, el término de 30 días para presentar el Certiorari no se interrumpió y había transcurrido al momento de su presentación. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. El recurso buscaba la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de Sentencia Declaratoria. Dicha demanda impugnaba la constitucionalidad de varios artículos de la Ley Núm. 106-2017, Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas. Los apelantes alegaron que la ley violaba el debido proceso de ley y derechos propietarios al requerir una aportación obligatoria del 8.5% del sueldo sin un interés legítimo del Estado. El Estado y la Junta de Retiro defendieron la ley como una medida socioeconómica razonable para garantizar el retiro en medio de la crisis fiscal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, aplicando un escrutinio de racionalidad mínima. El Tribunal de Apelaciones analizó los méritos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia recurrida, validando la desestimación de la acción civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari en un caso de divorcio relacionado con pensiones alimentarias. La peticionaria Neysha Alvarado Vázquez impugnó una orden del tribunal de primera instancia que señalaba una vista evidenciaria. Dicha vista fue ordenada para atender reclamaciones de créditos contrapuestas sobre pagos de pensión alimentaria. El recurrido Ángel Contreras Cordero reclamaba un crédito por alegados pagos en exceso de la pensión provisional respecto a la final. La peticionaria se opuso a esta reclamación y también solicitó un crédito por gastos extraordinarios. El foro primario denegó la moción de desestimación de la peticionaria y señaló la vista para que ambas partes presentaran prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud de la peticionaria para revocar esta orden. La resolución deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Por consiguiente, la decisión del tribunal de primera instancia de celebrar la vista evidenciaria se mantiene.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. El peticionario, Edwin Otero Rivera, solicitó revocar la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a asignarle un abogado de oficio en un caso civil por violación de derechos civiles. Fundamentó su petición en su condición de indigente, reconocida previamente para exención de aranceles, y en el reglamento aplicable. El Tribunal de Apelaciones señaló que la clasificación de indigente para exención de aranceles no implica una asignación automática de abogado de oficio. Destacó que el reglamento otorga discreción al tribunal de instancia para conceder representación legal en casos civiles donde son posibles los honorarios contingentes. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Por tanto, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado. El asunto se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. Una jueza del panel hizo constar que expediría el auto.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios por impericia médica. El peticionario, Dr. Rigoberto Estrada Rodríguez, impugna la denegatoria de su Moción de Desestimación por prescripción por parte del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original se presentó en enero de 2019 por hechos de abril de 2017. El Dr. Estrada fue incluido como codemandado por primera vez en una demanda enmendada radicada en julio de 2020. El Dr. Estrada argumenta que el reclamo en su contra está prescrito al haber transcurrido más de tres años desde los hechos y el conocimiento de los mismos sin que se interrumpiera la prescripción respecto a él. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación y la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar si el reclamo contra el Dr. Estrada está prescrito.

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Este es un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una controversia de estatus patronal. El recurrente, Pedro R. Alemán Santiago, impugnó una determinación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, confirmada por la Comisión Industrial, que lo declaró patrono no asegurado. El Fondo determinó que el Sr. Alemán Santiago no estaba asegurado porque el accidente de su empleado ocurrió antes de que pagara la prima de seguro el 14 de mayo de 2015. Aunque el Sr. Alemán Santiago alegó que el accidente ocurrió a las 11:50 am, después de su pago de prima a las 11:10 am, el Fondo determinó que ocurrió antes, a las 6:10 am. La Comisión Industrial revisó el caso, incluyendo el testimonio del Sr. Alemán Santiago, y confirmó la determinación del Fondo. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución administrativa y confirmó la decisión que declaró al Sr. Alemán Santiago patrono no asegurado al momento del accidente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Yaritza Santiago Caraballo contra Juan Ramón Nieves Báez. La apelación proviene de un caso de divorcio por ruptura irreparable que incluye determinaciones sobre pensión alimentaria. La parte apelante solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración de una Resolución. Dicha Resolución había establecido de forma permanente una pensión alimentaria provisional. El foro primario basó su decisión, en parte, en el alegado incumplimiento de la parte apelante con requerimientos de descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó los procedimientos y fundamentos del caso. Como resultado de su análisis, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Orden apelada. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia. El foro primario deberá realizar determinaciones de hechos y conclusiones de derecho conforme a lo resuelto por el apelativo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari en un caso de partición de herencia iniciado en 2007. El peticionario, Hiram I. Pérez Soto, solicitó revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración, recusación, sanciones y nulidad. El historial del caso se caracteriza por las numerosas recusaciones y quejas éticas presentadas por el peticionario contra jueces y abogados intervinientes. El peticionario alegó errores del TPI al no permitirle argumentar sobre su representación pro se y al denegar su recusación basándose en una falsedad. Las partes recurridas presentaron mociones de desestimación y contestación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso y las comparecencias, ejerció su discreción para denegar la expedición del certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente trata sobre una sentencia declaratoria y participación en una sociedad, donde Isidro Baranda Alonso demandó a Synergy, LLC, entre otros. La controversia principal gira en torno a una orden del foro primario que autorizó al perito de la parte demandante a acceder y copiar archivos de la computadora y el servidor de Synergy. El objetivo de dicho acceso era verificar la posible alteración o eliminación de archivos electrónicos. Synergy, la parte peticionaria, impugnó la orden, alegando que violaba el privilegio evidenciario de secretos del negocio y que no se evaluó la pertinencia de la información. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y la documentación presentada. Concluyó que la determinación del foro primario era errónea. Por tanto, el Tribunal expidió el auto de certiorari y revocó la orden que permitía el acceso del perito a los sistemas de Synergy.

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La resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Allianz Global Corporate & Specialty. El recurso busca revisar la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar una causa de acción por dolo presentada por Chemex Corporation. Chemex demandó a Allianz por incumplimiento de contrato de seguro tras los huracanes Irma y María. La demanda original incluía reclamos bajo el Código de Seguros y una acción por dolo bajo el Código Civil. Tras una moción de desestimación de Allianz, Chemex enmendó la demanda eliminando los remedios del Código de Seguros pero manteniendo la acción por dolo civil. Allianz insistió en la desestimación, argumentando que la reclamación por dolo se basaba en las mismas actuaciones que una posible reclamación de mala fe bajo el Código de Seguros, la cual consideraba improcedente o prescrita. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, entendiendo que la acción se basaba en el Código Civil, aunque aplicaría el Código de Seguros como derecho primario. Allianz recurre en certiorari alegando que el TPI erró al permitir la reclamación por daños próximos sin cumplir con las disposiciones de notificación del Código de Seguros.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación. Se revisa la desestimación de una demanda por cobro de dinero e incumplimiento de contrato. La demanda fue incoada por Empresas Picazo, un subcontratista, contra Morales \& Morales Developers, Corp., el dueño de un proyecto de construcción. Empresas Picazo reclamaba el pago por trabajos realizados, alegando acción directa tras la quiebra del contratista intermedio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir la presentación de prueba del demandante. Determinó que Empresas Picazo no presentó evidencia suficiente para establecer que la deuda reclamada era líquida, vencida y exigible. Faltó prueba documental y evidencia del cumplimiento de requisitos contractuales para el pago. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada. Considera que el demandante no cumplió con su carga probatoria en el juicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Alberto Aponte Aponte contra Hospital Menonita y otros. El apelante recurre la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración de la desestimación contra la codemandada, doctora Yanira Vázquez Pérez. La controversia se origina en una demanda de daños y perjuicios presentada en 2013, basada en un accidente de tránsito y alegada impericia médica posterior. El demandante sufrió un accidente y acudió al Hospital Menonita, donde alega que no se diagnosticó ni trató adecuadamente una lesión en su pie. Esta falta de diagnóstico temprano resultó en complicaciones y necesidad de cirugía posterior. La demanda original incluyó partes desconocidas, y los emplazamientos no fueron diligenciados dentro del término reglamentario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción contra la doctora Vázquez Pérez, y denegó la solicitud de reconsideración del demandante. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

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Se revisa mediante recurso de certiorari la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de desestimación. La solicitud fue presentada por el peticionario, Sr. José E. Villamarzo Santiago, en un caso de impericia profesional y daños instado por el recurrido, Sr. Brian Aronson. Inicialmente, el recurrido no logró emplazar al peticionario, lo que llevó a la desestimación sin perjuicio de la causa de acción en su contra. El recurrido presentó una demanda enmendada para reincorporar al peticionario e intentó nuevamente el emplazamiento. Tras gestiones infructuosas de emplazamiento personal, solicitó autorización para emplazar por edicto. La declaración jurada para sustentar el emplazamiento por edicto fue requerida ser suplementada y se presentó fuera del término concedido. A pesar de las objeciones del peticionario sobre la validez del emplazamiento, el foro primario autorizó el edicto y denegó la solicitud de desestimación. El tribunal revisor expide el auto de certiorari y revoca el dictamen recurrido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Puerto Rico Privacy Association, Inc. (PRPA) apeló la desestimación de su demanda contra el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo al Secretario del DDEC. La demanda original de PRPA buscaba detener la publicación en línea por parte del DDEC de una lista con nombres de Individuos Inversionistas y detalles de sus decretos contributivos. PRPA alegó que esta publicación violaba derechos a la privacidad, aplicaba retroactivamente la Ley 60-2019 y menoscababa obligaciones contractuales. La acción legal incluía peticiones de interdicto, sentencia declaratoria sobre confidencialidad y aplicación de ley, y mandamus. El Gobierno solicitó la desestimación, argumentando que la información publicada era pública, no protegida por la Ley 22-2012, y que existía un estatuto que compeliía su publicación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que la lista contenía información pública. El foro primario determinó que PRPA no demostró un derecho a la confidencialidad sobre los nombres de los inversionistas, los cuales no eran confidenciales bajo la Ley 22-2012. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende la solicitud de revisión de dicha desestimación.

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Ángel Maysonet Rivera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario, miembro de la población correccional, impugna una sentencia de 2007 del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia, producto de un preacuerdo, lo condenó a 25 años y un día por infracciones a la Ley de Armas y el Código Penal. Maysonet Rivera alega que la determinación no fue justa y solicita una reconsideración para reducir uno de los cargos bajo el artículo 5.04, argumentando su inconstitucionalidad. Busca esta reducción para cualificar a un programa cristiano, señalando que sus mociones previas han sido denegadas. El Tribunal de Apelaciones observa que el recurso carece de claridad, resumen de hechos, fundamentos de derecho, señalamientos de error y una solicitud de remedio precisa. Además, presenta defectos procesales como la ausencia del sello del DCR y una solicitud jurada de *in forma pauperis*. El tribunal concluye que el escrito no cumple con las normas mínimas para ejercer su función revisora mediante certiorari.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y relaciones paterno filiales. La apelante, Tairy Beth Acevedo Vale, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para relocalizarse con su hija en Carolina del Sur. El Tribunal de Apelaciones, antes de considerar los méritos, examinó su propia jurisdicción. La decisión del foro primario, tras una reconsideración, fue notificada el 6 de julio de 2021. Según las reglas de procedimiento, el recurso de apelación debía presentarse dentro de un término jurisdiccional de treinta días a partir de esa fecha. Dicho término venció el 5 de agosto de 2021. Sin embargo, la apelante presentó su recurso el 6 de agosto de 2021, un día después del vencimiento. Al haberse presentado el recurso de manera tardía, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una impugnación de embargo. El peticionario, Idson Collazo Rivera, solicitó revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había desestimado su demanda contra el CRIM por falta de jurisdicción. La demanda buscaba impugnar un embargo por contribución cobrada indebidamente, alegando ilegalidad y violación al debido proceso. El CRIM solicitó la desestimación argumentando que el peticionario no siguió el procedimiento de impugnación de la contribución establecido en la Ley Núm. 83 de 1991. El TPI acogió la moción del CRIM, declarando que carecía de jurisdicción sobre la materia al no haberse agotado la vía administrativa. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por el señor Collazo. Considerando los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones también desestima el recurso. La desestimación se basa igualmente en la falta de jurisdicción, confirmando la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por el Estado Libre Asociado (ELA). El ELA impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de impugnación de confiscación iniciado por Andrés M. Rivera Sabat. Previamente, el foro primario había declarado nula la confiscación de un vehículo y dinero por parte del ELA, ordenando su devolución. Ante la solicitud de devolución del dinero, el ELA invocó la paralización automática bajo el Título III de PROMESA para detener la ejecución de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del ELA, resolviendo que la acción se originó por hechos posteriores a la petición de quiebra y que el dinero fue ocupado ilegalmente, no formando parte del caudal estatal. El ELA recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error al no aplicar la paralización de PROMESA. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Ramona Báez Pedraja mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Dicha resolución también autorizó a la parte recurrida a enmendar la demanda en un caso sobre sentencia declaratoria y desahucio en precario. La peticionaria alegó que el foro primario erró al no desestimar la acción por existir cosa juzgada y al permitir una enmienda que cambia la causa de acción. Previamente, el Tribunal de Apelaciones denegó una moción en auxilio de jurisdicción presentada junto al certiorari. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones considera la naturaleza discrecional del auto de certiorari para resoluciones interlocutorias. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Félix J. Nieves Castro, impugnó la respuesta del DCR a su solicitud de reconsideración sobre el remedio administrativo MA-869-20. El caso se originó por la remoción del recurrente de su trabajo asignado tras arrojar positivo en una prueba de dopaje. El recurrente argumentó que solo un oficial examinador de vistas disciplinarias tenía la potestad de ordenar su suspensión o remoción. Señaló además que el informe disciplinario inicial fue desestimado posteriormente. El DCR había sostenido la remoción en su respuesta de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente administrativo y los argumentos presentados. Concluyó que procedía intervenir en el asunto. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revocó la determinación administrativa recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso presentado por Margarita Rivera Rosado contra una determinación de la Junta de Planificación. La recurrente solicitó litigar como indigente, pero el Tribunal denegó dicha solicitud. Se le concedieron cinco días para pagar el arancel correspondiente, con la advertencia de que la falta de pago conllevaría la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Una certificación confirmó que la recurrente fue debidamente notificada de la denegatoria y no realizó el pago ni presentó escrito alguno posteriormente. El Tribunal enfatiza su deber de auscultar la jurisdicción y que la falta de cumplimiento con los requisitos procesales, como el pago de aranceles tras la denegatoria de la solicitud de indigencia, priva al foro apelativo de autoridad. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa por carecer de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre la división de una comunidad de bienes hereditarios. La apelación fue presentada por Edda Digna y Velma Franceschini Pascual contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia, emitida como parte de la división de la herencia de sus padres, ordenó la venta de dos propiedades inmuebles a favor de su hermana, Carmen Nayda Franceschini Pascual. Los demandantes originales, Carmen Nayda y René Waldo Franceschini Pascual, habían solicitado la división y adjudicación de los bienes. Posteriormente, pidieron sentencia sumaria parcial para ordenar la venta de las propiedades a Carmen Nayda por el valor de tasación. Las apelantes se opusieron a la sentencia sumaria en cuanto a una de las propiedades. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de divorcio por ruptura irreparable. Se plantea si la persona custodia puede enmendar su Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) solo porque la persona no custodia acepta capacidad para cubrir los gastos del alimentista. El Tribunal responde negativamente a esta interrogante. El caso inició con la demanda de divorcio del Sr. Lebrón Vargas contra la Sra. Pérez Martínez, solicitando custodia compartida y fijación de pensión alimentaria. La Sra. Pérez Martínez contestó, pidiendo custodia monoparental y remedios provisionales sobre bienes gananciales y alimentos *pendente lite*. Alegó que el Sr. Lebrón Vargas estaba utilizando fondos gananciales indebidamente. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente los remedios provisionales, fijando alimentos temporales y ordenando congelar fondos del Sr. Lebrón Vargas. La Sra. Pérez Martínez presentó su PIPE posteriormente, y el Sr. Lebrón Vargas solicitó reconsideración de las órdenes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de reclamaciones laborales bajo la Ley 2. La apelante, Yolanda Claudio Rodríguez, impugna la desestimación por prescripción de su causa de acción por incumplimiento de contrato contra el Colegio Kiany, Inc. El foro primario determinó que la reclamación estaba prescrita porque la carta extrajudicial enviada para interrumpir el término fue devuelta como "unclaimed". La apelante argumentó que la interrupción no depende de la recepción efectiva por el destinatario, sino de que la comunicación llegue a su destino. La apelada sostuvo que la carta no fue eficaz al no ser recibida, en parte debido al receso navideño. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso también incluía reclamaciones por represalias y acoso laboral, las cuales fueron concedidas por el foro primario y no fueron objeto de esta apelación.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación por daños y perjuicios. El apelante, Justo Muñoz Blanco, recurre una Sentencia en Rebeldía Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La demanda original fue presentada por Manuel Antonio Manzano Maldonado y su esposa tras un asalto en una estación de gasolina que subarrendaban, alegando que la construcción no cumplía con la reglamentación de seguridad. La demanda inicial incluyó a Texaco PR, Inc., Puma Energy Caribe, LLC, y al señor Muñoz Blanco, entre otros. Al no comparecer, se les anotó la rebeldía a varios codemandados. Los demandantes (apelados) alcanzaron un acuerdo con PC Puerto Rico, LLC (antes Texaco) y Puma Energy, desistiendo voluntariamente de sus reclamaciones contra ellos. La Sentencia en Rebeldía fue enmendada para que subsistiera únicamente contra el señor Muñoz Blanco, imponiéndole el pago de \$200,000.00. El señor Muñoz Blanco apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la Sentencia en Rebeldía Enmendada apelada.

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Se revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de despido injustificado. El apelante, Federico Fernández Díaz, demandó a su exempleador, Aceros de América, Inc., bajo la Ley 80 de 1976, tras ser despedido luego de un incidente de agresión física con otro empleado. Aceros defendió el despido como justificado, alegando que la conducta violó su manual de empleados, que prohíbe la agresión física y las peleas como falta grave. La empresa solicitó sentencia sumaria, argumentando que no existían controversias sobre los hechos materiales que justificaban la terminación. El apelante se opuso, señalando la existencia de controversias de hechos y de credibilidad que impedían una resolución sumaria. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Aceros, declarando justificado el despido. Un panel especial de jueces revisa esta determinación. Por los fundamentos que se exponen, se revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La cuestión central es si la persona custodia puede enmendar su Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) sin otra justificación que la aceptación de capacidad económica por la persona no custodia para cubrir los gastos del alimentista. El Tribunal responde negativamente a esta interrogante. El proceso se originó con la demanda de divorcio del Sr. Pedro Raúl Lebrón Vargas contra la Sra. Joan Pérez Martínez. La Sra. Pérez Martínez solicitó remedios provisionales sobre bienes gananciales y alimentos pendente lite, alegando manejo indebido de fondos. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente estos remedios, fijando alimentos provisionales y ordenando congelar fondos, órdenes que el Sr. Lebrón Vargas impugnó. La Sra. Pérez Martínez presentó su PIPE posteriormente. La sentencia se enfoca en la improcedencia de enmendar la PIPE basándose únicamente en la aceptación de capacidad económica de la otra parte.

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El Gobierno de Puerto Rico apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó modificar la inscripción de Wilfredo Vázquez Ramírez en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales. Vázquez Ramírez solicitó que su registro se rigiera por la Ley Núm. 266-2004, vigente al momento de su sentencia federal en 2008, y no por la Ley Núm. 243-2011. Fue sentenciado en una corte federal de Florida por delitos sexuales, quedando sujeto a la ley federal SORNA. Tras cumplir parte de su pena y pasar a libertad supervisada, se trasladó a Puerto Rico en 2014, donde debía registrarse. El Tribunal de Primera Instancia acogió su recurso de mandamus, declarando ha lugar la modificación solicitada. Tras revisar los escritos de las partes y el derecho aplicable, el panel de apelación revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una apelación presentada por el Municipio Autónomo de Añasco contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños y perjuicios. El Municipio apelante había solicitado la reconsideración de dicha Sentencia ante el foro primario. No obstante, la apelación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente de resolución en el Tribunal de Primera Instancia. Según la Regla 47 de Procedimiento Civil, una moción de reconsideración oportuna interrumpe los términos para apelar. Los términos para recurrir en alzada comienzan a correr nuevamente solo tras la notificación de la resolución de la moción de reconsideración. Un recurso de apelación presentado antes de que se resuelva la reconsideración es prematuro. La doctrina prevaleciente establece que los tribunales carecen de jurisdicción sobre recursos prematuros. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro. La parte adversamente afectada podrá solicitar revisión nuevamente una vez el foro primario resuelva la moción de reconsideración.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión administrativa presentada por Gabriela Meléndez Martínez contra la Compañía de Turismo de Puerto Rico. La recurrente impugnó una decisión relacionada con conducta impropia. El recurso fue presentado el 17 de agosto de 2021, basado en una resolución emitida el 1 de julio de 2021. La Compañía de Turismo presentó una moción de desestimación, explicando que la resolución original omitió erróneamente las advertencias sobre el derecho a reconsideración. Para corregir esto, se emitió y notificó una resolución enmendada el 16 de agosto de 2021. La Compañía de Turismo argumentó que el recurso era prematuro, presentado antes de que se emitiera la resolución enmendada y se completara el proceso administrativo. El Tribunal estuvo de acuerdo, determinando que el recurso fue presentado prematuramente basado en una resolución sustituida. El Tribunal enfatizó que un recurso prematuro carece de efecto jurídico y priva al tribunal de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que requiere desestimación. En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura, señalando que una desestimación por prematuridad permite a la recurrente volver a presentar el recurso una vez que el asunto esté maduro.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Manuel Montero Torres y Alejandra Suárez Muñiz contra Scotiabank de Puerto Rico. La apelación surge de la desestimación de una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios por el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes alegaron que Scotiabank, como sucesor de RG Premier Bank, incumplió su deber de inscribir la escritura de compraventa y la escritura de hipoteca de 2006 sobre su propiedad. También imputaron al banco no haber cancelado una hipoteca anterior de 1991 que gravaba el inmueble. Los apelantes descubrieron estas fallas registrales en 2013 al intentar refinanciar su hipoteca. Sostenían que el banco se había comprometido a subsanar los defectos de título y presentar los documentos para inscripción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos presentados, confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100550. El apelante, Francisco Valdés Pérez, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de daños y perjuicios contra el juez Jorge L. Díaz Reverón. La demanda original alegaba que el juez lo discriminó y humilló durante una vista. El TPI desestimó el caso al concluir que las alegaciones no superaban la inmunidad condicionada que protege a los jueces, por lo que la demanda no exponía una reclamación que justificara un remedio. El apelante señala como errores del TPI no considerar violaciones a reglas procesales y ética judicial por parte del juez Díaz Reverón, y desestimar causas de acción contra otros codemandados relacionadas con contratos y derechos constitucionales. El Departamento de Justicia, en representación del juez apelado, argumentó la procedencia de la desestimación basada en la inmunidad judicial. El Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso discrecional de Certiorari presentado por Universal Insurance Company. La peticionaria solicitaba la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. Universal Insurance Company argumentó que la demanda del recurrido, William Alicea Montijo, debía ser desestimada por cosa juzgada, alegando que este aceptó un pago en finiquito al endosar un cheque. Tras deliberar, el panel de jueces concluyó no expedir el auto de Certiorari solicitado. Determinaron que el foro primario no actuó de forma arbitraria ni cometió error de derecho al denegar la sentencia sumaria. La decisión del tribunal de primera instancia se consideró cónsona con la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo. Por tanto, se denegó la expedición del auto. El asunto fue devuelto al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por Alina Vicente López, acogido como certiorari discrecional, contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden impuso una sanción de \$100 a la señora Vicente por incumplir reiteradamente con la exigencia del foro primario de comparecer mediante representación legal. El Tribunal de Primera Instancia había determinado previamente que la señora Vicente no estaba apta para auto representarse y le concedió múltiples oportunidades para contratar un abogado. La señora Vicente ya había presentado un certiorari previo cuestionando la determinación de requerirle representación legal, el cual fue denegado por otro panel de este Tribunal. Al evaluar la petición actual, el Tribunal de Apelaciones aplicó el estándar de revisión de la discreción del foro primario. Concluyó que la peticionaria no demostró que el Tribunal de Primera Instancia hubiera cometido un error que justificara su intervención en esta etapa. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Ranoil Figueroa Noboa. El peticionario solicitó la revisión y revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a prisión por violación al artículo 4(b)(4) de la Ley de Acecho. La condena se basó en una alegación de culpabilidad por tentativa de dicho delito, alcanzada mediante un acuerdo con el Ministerio Público. La acusación original imputaba la violación de una orden de protección por un acto específico en el lugar de trabajo del perjudicado. Posteriormente, la defensa argumentó que la acusación no describía el patrón de conducta requerido para el delito grave del artículo 4(b)(4), sugiriendo que los hechos podrían constituir un delito menor bajo el artículo 10. Se solicitó la desestimación o el retiro de la alegación de culpabilidad por violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso tras expedir el recurso. Finalmente, el panel confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Quintamar Corp. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Municipio de Cataño. La acción legal original reclamaba expropiación a la inversa y daños y perjuicios. Quintamar alegó que una ordenanza municipal de 2013, que anunciaba la expropiación de su propiedad, impidió su desarrollo y causó pérdidas económicas significativas. El Municipio solicitó sentencia sumaria, argumentando que no hubo incautación física del predio y que la demanda no estaba madura. Sostuvo que no había transcurrido el término de ocho años establecido por ley para la acción de expropiación a la inversa. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la moción del Municipio, concluyendo que la demanda no estaba madura por no haber transcurrido dicho término. Quintamar solicitó reconsideración, reiterando sus argumentos y cuestionando la aplicación automática del término legal. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa. Noel Díaz Ruiz apeló la denegación por parte del Departamento de Corrección de su solicitud de bonificación de buena conducta bajo la Ley Núm. 87-2020. El Departamento denegó la petición porque fue presentada antes de la fecha de vigencia de la ley, la cual requería 90 días tras su aprobación. El recurrente agotó los recursos administrativos antes de acudir al Tribunal. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Departamento respecto a la denegación inicial, validando el argumento de la falta de vigencia de la ley al momento de la solicitud. Sin embargo, la sentencia ordena la devolución del caso al Departamento de Corrección. La devolución es para que la solicitud de bonificación del señor Díaz Ruiz sea re-adjudicada. La nueva evaluación debe realizarse conforme al estado de derecho vigente en el momento de la re-adjudicación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Lakeview Loan Servicing, LLC. La demanda original buscaba ejecutar una hipoteca sobre una propiedad adquirida por los demandados, quienes habían incumplido con los pagos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio, argumentando que la hipoteca aún no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad y que el titular registral no había sido acumulado como parte indispensable. Lakeview apeló esta decisión, señalando como error la desestimación por dichas razones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, revoca la sentencia apelada. Se ordena la devolución del caso al foro primario para que continúen los procesos conforme a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa de la Junta de Subastas del Municipio de Canóvanas. La Junta había adjudicado la Subasta Núm. 021-2020-2021 a favor de RIMCO, LLC para la adquisición de un generador eléctrico. Antilles Power Depot, Inc., otro licitador, presentó un recurso de revisión solicitando la revocación de dicha adjudicación. Antilles argumentó que la Junta erró al no seleccionar al licitador más bajo sin justificarlo y al utilizar un criterio de evaluación no incluido en los términos de la subasta. La Junta de Subastas y RIMCO presentaron sus argumentos en oposición al recurso. Tras evaluar los escritos y el expediente, el panel del Tribunal de Apelaciones emitió su sentencia. La sentencia confirmó la determinación administrativa recurrida.

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Héctor M. Rivera Cruz, un confinado, presentó un recurso de certiorari por derecho propio ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando una resolución del foro de instancia. El peticionario había presentado previamente una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y la Ley de Armas, atacando colateralmente su alegación de culpabilidad. Alegaba que se le duplicó la pena bajo el Art. 7.03 de la Ley de Armas sin ser primer ofensor y sin una vista de agravantes y atenuantes. Sostenía que la aplicación de dicho artículo era ilegal, inconstitucional y constituía doble castigo, solicitando dejar sin efecto la pena agravada. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que el peticionario incumplió crasamente con las disposiciones reglamentarias para perfeccionar un recurso de certiorari. El tribunal recordó la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento estricto de las reglas procesales, incluso para quienes comparecen por derecho propio. El incumplimiento con las reglas priva al tribunal de la autoridad para adjudicar la controversia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones se vio obligado a desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso se originó con una querella presentada en 2003 por un consumidor contra la desarrolladora, constructora, ingenieros y fiadoras. La querella alegaba defectos de construcción y incumplimiento de contrato en una vivienda adquirida en 2002. El DACo llevó a cabo numerosas vistas evidenciarias entre 2003 y 2014. La agencia emitió su resolución final en febrero de 2021 y una resolución en reconsideración en mayo de 2021. Uno de los ingenieros querellados instó el presente recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Una circunstancia particular es la indisponibilidad de las grabaciones de la mayoría de las vistas administrativas, impidiendo un récord completo. La mayoría de las partes ante el DACo no comparecieron en la revisión judicial. El Tribunal resolverá el recurso considerando estas circunstancias, incluyendo la falta de un récord adjudicativo completo.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por el señor Martín M. Rivera Roche contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha resolución denegó la solicitud del Peticionario para que se le notificaran formalmente las órdenes emitidas en una vista celebrada el 23 de septiembre de 2020, relacionada con su hijo menor. El foro primario lo remitió a la minuta de la vista, la cual no estaba firmada por la jueza. El Peticionario alegó que la falta de notificación le impedía ejercer su derecho a solicitar reconsideración o revisión de las determinaciones. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso y los fundamentos presentados. Por ello, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un escrito presentado por el señor Cintrón. El señor Cintrón solicitaba que se diera por cumplida una sentencia para acreditarle bonificaciones. El Tribunal determinó que el escrito incumple crasamente con la Regla 34 de su Reglamento. Entre las deficiencias, no incluye la decisión del Tribunal de Primera Instancia, carece de una relación fiel de hechos, no señala ni discute los errores alegados, y no acompaña los documentos pertinentes del expediente original. Estas faltas impiden determinar la jurisdicción del foro y hacen que el escrito no sea un recurso revisable. Conforme a la Regla 83, el Tribunal puede desestimar un recurso no perfeccionado. Por los fundamentos expuestos, se desestima el escrito por no haberse proseguido con diligencia. Se ordena notificar la decisión al Departamento de Corrección y Rehabilitación, al confinado y al Procurador General.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. Los peticionarios, herederos de Gloria Otero Pastrana, impugnan una orden del Tribunal de Primera Instancia. El caso original trataba sobre el nombramiento de una tutora para la señora Otero Pastrana. Tras su fallecimiento, una suma considerable de dinero de su cuenta fue depositada en la cuenta de la Secretaría del Tribunal. Los peticionarios, declarados únicos herederos, solicitaron el desembolso de una porción de esos fondos. El propósito del desembolso era cubrir una deuda contributiva de la causante. El foro primario denegó la solicitud, indicando que el caudal hereditario estaba sujeto a liquidación según el Código Civil, sin mayor explicación. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la orden recurrida.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Pedro Tanco Walker, apelante en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médico-hospitalaria. El apelante demandó al Hospital de la Universidad de Puerto Rico Dr. Federico Trilla y a la Universidad de Puerto Rico. Alegó que, tras una cirugía de hernia, recibió cuidado post-operatorio inadecuado que resultó en una infección. Las apeladas negaron la negligencia, afirmando que el tratamiento cumplió con los estándares médicos. Las apeladas presentaron una moción de sentencia sumaria, argumentando que el apelante no probó la negligencia ni el nexo causal. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de las apeladas. El apelante recurrió dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar el dictamen recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los casos consolidados KLRA202000162 y KLRA202000164. Puerto Rico Asphalt LLC y Super Asphalt Pavement, Corp. recurrieron judicialmente la adjudicación de la Subasta Núm. 2020-005 del Municipio Autónomo de San Juan para la adquisición de asfalto. Super Asphalt Pavement, Corp. impugnó la adjudicación a Puerto Rico Asphalt LLC, alegando errores en el descarte de su oferta y la razonabilidad de los precios adjudicados. Por su parte, Puerto Rico Asphalt LLC cuestionó la notificación tardía de la adjudicación y planteó la imposibilidad de cumplir los términos de pago debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Ambas partes presentaron recursos de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, los cuales fueron consolidados. La Junta de Subastas del Municipio solicitó posteriormente la desestimación de los recursos. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar los recursos de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El Tribunal determinó que los recursos se habían tornado académicos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre la clasificación de custodia de un confinado. Lexter Rosario Cotto recurrió la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) que ratificó su nivel de custodia máxima. El CCT fundamentó su decisión en la gravedad del delito cometido, un homicidio violento con uso de armas de fuego. Consideró la naturaleza cruel del acto, la falta de compasión demostrada y la sentencia de 35 años impuesta. Aunque una escala sugería menor custodia, el CCT aplicó modificación discrecional por la severidad del crimen. El confinado había cumplido poco más de dos años de su sentencia al momento de la revisión. Tras denegarse una reconsideración, el señor Rosario acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando ser reclasificado a custodia mediana. El Tribunal examinó el expediente y la resolución formal del CCT. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen recurrido. La decisión de mantener al confinado en custodia máxima fue ratificada.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró la nulidad de un testamento otorgado en 2017. Las demandantes originales (hermanas del causante) impugnaron el testamento de 2017, que nombraba heredero único al esposo del causante, alegando que un testigo instrumental no residía en Puerto Rico. Buscaban validar un testamento anterior de 2014 que las incluía como herederas. El esposo del causante se opuso a la nulidad y demandó al notario que autorizó el testamento de 2017 por posibles daños. El notario apeló la sentencia sumaria, defendiendo la validez del testamento y su actuación, y presentó evidencia que cuestionaba la alegada no residencia del testigo. El Tribunal de Primera Instancia había resuelto sumariamente a favor de la nulidad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el dictamen, decidió revocar la Sentencia Sumaria Parcial apelada.