Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 104)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de Certiorari presentada por Ramjeet Manohar Díaz. El peticionario enfrenta cargos criminales, incluyendo violencia doméstica y daños. La controversia central gira en torno a la aplicación retroactiva de la decisión del Tribunal Supremo en *Pueblo v. Centeno*, que exige veredictos unánimes del jurado. Díaz argumentó que *Centeno* no debía aplicarse a su caso, pues perjudicaría su defensa al requerir unanimidad para un veredicto de no culpabilidad, cuando antes bastaban nueve votos. Solicitó al Tribunal de Primera Instancia instruir al jurado sobre la posibilidad de un veredicto de no culpabilidad no unánime. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, resolviendo que la norma de *Centeno* aplica retroactivamente a casos pendientes. Inconforme, Díaz acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, deniega la expedición del recurso solicitado. Esta determinación confirma la aplicación de la regla de unanimidad de *Centeno* al caso del peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de despido injustificado. La apelante, Jeannette Meléndez Fernández, recurre de una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había dictado una resolución y sentencia parcial el 21 de julio de 2021, desestimando ciertas reclamaciones de la apelante. La apelante presentó una moción de reconsideración por derecho propio el 10 de septiembre de 2021, alegando haber recibido la sentencia tardíamente y no comprenderla. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción el 14 de septiembre de 2021 por haber sido presentada fuera de término. Inconforme, la apelante presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 12 de octubre de 2021. La apelante solicitaba la revisión de la denegatoria de su moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones examinó el historial procesal y los términos aplicables. Concluyó que el recurso de apelación fue presentado tardíamente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitió una resolución en el recurso de certiorari presentado por Bryan Ramos Rivera. El caso criminal subyacente proviene de la Sala Superior de Ponce e involucra cargos bajo el Código Penal y la Ley de Armas. El peticionario también presentó una moción de paralización y en auxilio de jurisdicción. El Tribunal examinó tanto el recurso de certiorari como la moción. Mediante esta resolución, el Tribunal declaró sin lugar la moción de paralización y en auxilio de jurisdicción. Se denegó la moción de paralización en parte porque el juicio en su fondo comenzaba ese mismo día. Asimismo, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior. La resolución permite que cualquier planteamiento de derecho pueda ser presentado nuevamente en una apelación criminal futura, si el peticionario la instara.

Resumen:

Una Asociación demandó a MAPFRE alegando incumplimiento contractual de una póliza de seguro por daños a la propiedad y pérdida de ingresos tras el Huracán María, reclamando sumas considerables. MAPFRE negó las alegaciones, defendiendo que la póliza solo cubría contenido y pérdida de ingresos, no la estructura, y que la reclamación de interrupción de negocios no se relacionaba con daño físico directo. MAPFRE presentó una moción de sentencia sumaria parcial argumentando la falta de cubierta para la estructura y la interrupción de negocios. La Asociación se opuso, aceptando algunos hechos pero manteniendo controversia sobre la cubierta de pérdida de ingresos y el cumplimiento de MAPFRE. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia parcial, determinando que la Asociación no probó que la pérdida de ingresos fuera causada por daño físico directo, pero ordenó continuar el caso para adjudicar daños por incumplimiento contractual en juicio plenario. La Asociación solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, la Asociación apeló, alegando error del tribunal al dictar sentencia sumaria parcial existiendo controversia sobre la interpretación de las cláusulas del contrato de seguro.

Resumen:

Este Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de usucapión procedente del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El tribunal de instancia desestimó la demanda de los demandantes que solicitaban la inscripción de dos propiedades por usucapión. La desestimación fue sin perjuicio, citando falta de jurisdicción y evidencia fehaciente sobre el emplazamiento oportuno bajo la Regla 4.3(c). La solicitud de reconsideración de los demandantes fue denegada por el tribunal de instancia. Varios demandados, incluyendo la apelante Sucn. Higinio Bello Cortés, apelaron esta decisión. Argumentaron que la desestimación debió ser con perjuicio, alegando que los demandantes habían presentado repetidamente acciones similares previamente desestimadas por fallas procesales. Los demandantes, aunque se opusieron a la apelación, también solicitaron al tribunal apelativo que revocara la desestimación por otros fundamentos para permitir que el caso continuara. La demanda original reclamaba la propiedad de fincas en Aguadilla basándose en posesión desde 1974. El tribunal apelativo evalúa ahora la corrección de la desestimación sin perjuicio del tribunal de instancia y los argumentos de las partes sobre la naturaleza de la desestimación y la continuación del caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100438. Los apelantes, Juan B. Reyes Flores y Sonia N. Lebrón Estrado, recurren contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de un contrato de seguro por la subvaloración de daños a su propiedad causados por el huracán María. MAPFRE solicitó sentencia sumaria argumentando que el cobro de un cheque por \$5,860.82 constituía un "pago en finiquito" que extinguía la reclamación. Los apelantes se opusieron, planteando controversias sobre la aplicación de dicha doctrina y la existencia de desigualdad entre las partes. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de MAPFRE y desestimó el caso. Los apelantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, determina revocar la Sentencia Sumaria apelada.

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Jonathan Rosa Rivera apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad. Rosa Rivera había reconocido a una menor, pero una prueba de ADN posterior reveló que no era el padre biológico. Alegó que la madre le ocultó la verdad y que solo se enteró de la inexactitud de la filiación en 2020. La madre, Angelina Marie Claudio Figueroa, sostuvo que le informó a Rosa Rivera en 2008, durante el embarazo, sobre la posibilidad de que él no fuera el padre. Argumentó que, al tener conocimiento previo, la acción de impugnación presentada en 2020 estaba caducada. El Tribunal de Primera Instancia dio credibilidad al testimonio de la madre. Determinó que Jonathan Rosa conocía la posible inexactitud de la filiación desde 2008. Concluyó que la acción legal para impugnar el reconocimiento había caducado y declaró No Ha Lugar la demanda. Jonathan Rosa apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó el dictamen apelado.

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Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la nulidad de un contrato de arrendamiento y opción a compra de 1997, relacionado con bienes de una sucesión. La demanda original fue presentada por herederos que alegaron exclusión y representación indebida de una coheredera incapaz. Se presentó una demanda contra tercero y contra coparte contra el notario que autorizó el contrato y un poder, imputándole negligencia por no verificar la capacidad legal de la coheredera. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró nulo el contrato en una sentencia parcial previa. La apelación actual proviene de una sentencia parcial posterior del TPI. En esa sentencia apelada, el TPI denegó una solicitud de sentencia sumaria de la parte apelante (Defensor Judicial de la coheredera incapaz). A su vez, el TPI declaró ha lugar una moción de sentencia sumaria parcial del notario, desestimando las reclamaciones en su contra. El Defensor Judicial apeló esta decisión, solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial del TPI.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000382 resuelve una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había determinado que los apelantes, Priscilla González y Ángel Rivera, causaron daños a MMM Holdings, LLC y otras entidades. Estos daños fueron considerados resarcibles bajo el Código Civil de 1930 y la Ley de Corporaciones de Puerto Rico. La demanda original alegaba que los apelantes violaron sus deberes fiduciarios, la Ley General de Corporaciones y la Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales. Se les imputó el uso de secretos de negocio para obtener ventaja comercial mientras eran empleados. Los apelantes negaron las alegaciones y argumentaron, entre otras cosas, la falta de partes indispensables en el pleito. La parte apelada se opuso a la desestimación, sosteniendo que los apelantes eran los únicos responsables. Luego de un análisis, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. Rule Caribbean Investment Trust y Juan C. Ruaño Muñoz solicitaron revocar una Resolución Enmendada de la OGPe relativa a una consulta de ubicación en San Juan. Las partes recurridas informaron que otro panel del Tribunal ya había dejado sin efecto la misma resolución en un caso relacionado. Además, la OGPe había emitido una nueva resolución sobre la consulta de ubicación tras recibir el mandato de casos previos. Argumentaron que el recurso se había tornado académico. La parte recurrente coincidió con la academicidad del caso. En vista de los planteamientos y el allanamiento de la recurrente, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción al haberse tornado académico el asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una Petición de certiorari presentada por Hilda A. Moreno Ramírez de Arellano. La Peticionaria solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre retracto legal y daños. Dicha Orden declaró "Nada que disponer" respecto a una Moción de Evidencia presentada por la Peticionaria. En su moción, la Peticionaria pidió al foro primario tomar conocimiento judicial de certificaciones gubernamentales de ARPE sobre solicitudes de segregación de una finca. Alegó que el tribunal erró al no reconocer la autenticidad y el carácter indisputable de estos documentos bajo las Reglas de Evidencia. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico. Dicha resolución confirmó la clasificación de Cabo Rojo Gas y Mueblería Amistad, Inc. como Patrono No Asegurado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La controversia se originó tras un accidente de trabajo sufrido por un empleado en 2015, luego del cual la CFSE determinó la falta de una póliza de seguro obrero vigente. La Comisión Industrial ratificó esta determinación en apelación y reconsideración. La empresa recurrente impugnó la decisión, alegando errores en la clasificación de la tarea del empleado y en el requisito de cobertura para la localidad del accidente. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su competencia de revisión judicial, evaluó los argumentos presentados por las partes. Tras considerar los fundamentos, el tribunal decidió confirmar la Resolución en Reconsideración recurrida, validando así la clasificación de Patrono No Asegurado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de certiorari presentado por el Departamento de la Familia. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que validó una cláusula en un contrato de arrendamiento con WPR La Cerámica LP, S.E. La cláusula en disputa establecía que, si el Departamento continuaba ocupando el local tras la fecha de vencimiento, el contrato se extendería mes a mes. WPR demandó al Departamento por cánones de arrendamiento impagos bajo esta estipulación. El Departamento argumentó que la cláusula era inválida por equivaler a aplicar la tácita reconducción contra el Estado, lo cual consideraba improcedente. El Tribunal de Primera Instancia validó la cláusula y denegó las solicitudes de sentencia sumaria. El Departamento recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revocó el pronunciamiento recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Pedro M. Ortiz Berríos. El recurso solicitaba la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre sentencia declaratoria y disolución corporativa de Adiestrate.com, Inc., iniciado por Jorge L. López de Ayala. El foro primario había nombrado un administrador judicial y emitido órdenes para la cooperación de las partes. Tras encontrar que el señor López incumplió parcialmente con sus órdenes, el Tribunal de Primera Instancia le impuso una sanción económica de $1,200. Además, ordenó que los honorarios del administrador judicial, ascendentes a $8,245.25, fueran pagados con fondos de la corporación. El señor Ortiz impugnó estas determinaciones mediante certiorari, alegando que el foro primario erró al no eliminar las alegaciones del señor López como sanción y al ordenar el pago de los honorarios del administrador con fondos corporativos. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso bajo el estándar discrecional del certiorari, que requiere demostrar un abuso de discreción del foro primario. Al no encontrar fundamento para intervenir, el Tribunal denegó la expedición del auto solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Chubb Insurance Company contra BDO Puerto Rico. Chubb solicita la revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a paralizar el término para contestar una moción de sentencia sumaria parcial y a permitirle descubrir prueba antes de responder. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato de seguro presentada por BDO. BDO alega que Chubb se negó a cubrir gastos de defensa relacionados con investigaciones gubernamentales sobre sus servicios profesionales. BDO argumenta que la póliza cubre estos "Claims Expenses" y busca una sentencia declaratoria sobre el deber de defensa de Chubb. Chubb niega la cubierta, afirmando que las investigaciones no corresponden a "Wrongful Acts" o "Professional Services" cubiertos, y que algunos asuntos no son tipos de reclamaciones definidos en la póliza. Ante la moción de sentencia sumaria de BDO, Chubb solicitó al tribunal de instancia una extensión del plazo para realizar descubrimiento de prueba, alegando controversias fácticas. BDO se opuso, argumentando que Chubb no cumplió con los requisitos procesales para dicha solicitud, como la presentación de una declaración jurada detallando la prueba necesaria. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del tribunal de instancia de denegar la solicitud de Chubb para paralizar el término y permitir el descubrimiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Carlos Pillot Ocasio, impugnó la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. Tras ser notificado de la denegatoria, el recurrente presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta. Sin embargo, de forma paralela y mientras la reconsideración estaba pendiente, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. La Junta de Libertad Bajo Palabra solicitó la desestimación del recurso por ser prematuro. El Tribunal examinó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y su propio reglamento sobre los plazos para la revisión judicial. Determinó que la presentación del recurso judicial ocurrió antes de que la agencia emitiera una resolución final sobre la reconsideración solicitada. Acudir al tribunal antes de agotar los remedios administrativos o de que la decisión de la agencia sea final constituye un defecto jurisdiccional insubsanable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones resolvió que carecía de jurisdicción y desestimó el recurso por prematuro.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por la Sra. Albi Fernández. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción Urgente en Solicitud de Desestimación en un caso de desahucio por falta de pago. La Sucesión de Manuel Antonio García Escoto demandó a la Sra. Fernández alegando incumplimiento de un contrato verbal de arrendamiento con opción a compra tras el fallecimiento del causante. La Sra. Fernández solicitó la desestimación argumentando que la Sucesión no acreditó su condición de herederos mediante Declaratoria de Herederos. También alegó la falta de inclusión del acreedor hipotecario como parte indispensable. La Sucesión replicó que no es necesaria una Declaratoria de Herederos para probar la cualidad de causahabientes en pleitos de desahucio. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de la peticionaria. Inconforme, la Sra. Fernández acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por el Estado. El caso subyacente es una demanda incoada por David Omar Sánchez Abreu contra el Estado y el DTOP, solicitando la devolución de documentos y tablilla de su vehículo mediante un interdicto y mandamus. El Estado presentó una moción de desestimación, alegando que la petición de mandamus no procedía y que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) carecía de jurisdicción por no estar juramentada. El TPI denegó la moción de desestimación, indicando que necesitaba más información sobre el deber ministerial del DTOP y la validez de la confiscación. Inconforme, el Estado recurrió en certiorari, argumentando que el TPI erró al no desestimar por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. La denegatoria se fundamenta en la naturaleza discrecional del recurso y los requisitos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, que limita las materias revisables mediante certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso de certiorari presentado por Liz M. González Torres contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria solicitaba la revocación de la denegatoria de su solicitud de desacato contra Galvin Hernández Heredia. Alegaba que una rebaja de pensión alimentaria era inválida por no haber sido notificada correctamente la solicitud de modificación ni la resolución que la acogió. El foro primario denegó el desacato al concluir que la notificación se hizo a la dirección de récord y que el recurrido cumplió con el pago reducido. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Se determinó que la peticionaria no incluyó en su apéndice documentos esenciales como la solicitud de revisión de pensión, la resolución de rebaja, ni prueba de la alegada notificación incorrecta. La ausencia de esta documentación impidió al tribunal apelativo verificar el error alegado. Por tanto, se concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en abuso de discreción al denegar la solicitud de desacato.

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FirstBank de Puerto Rico recurre ante el Tribunal de Apelaciones para revocar una Resolución del DACO que declaró con lugar una querella de un consumidor sobre la compraventa de un vehículo. Dicha resolución del DACO determinó dolo grave y ordenó la rescisión de los contratos de compraventa y financiamiento. Barranquitas Auto Corp. y QBE Seguros, partes en el proceso administrativo, solicitaron la desestimación del recurso de revisión. Fundamentan su petición en la alegada falta de notificación adecuada de la Resolución del DACO. El Tribunal requirió al DACO que acreditara las notificaciones, a lo que este respondió con evidencia de envío por correo. No obstante, las partes recurrentes replicaron que las notificaciones fueron defectuosas, enviadas a una representación legal incorrecta o recibidas fuera de término. Ante esta controversia, el Tribunal se enfocará en analizar el planteamiento jurisdiccional sobre la validez de las notificaciones. El documento subraya la importancia de la jurisdicción y cómo su ausencia anula cualquier actuación judicial.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Consejo de Titulares del Condominio La Arboleda mediante recurso de Certiorari. Solicita dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre descubrimiento de prueba en un pleito contra Triple-S Propiedad, Inc. La demanda original alega incumplimiento contractual y mala fe de la aseguradora en el manejo de una reclamación por daños del huracán María. El Consejo presentó una moción para compeler descubrimiento, a la cual Triple-S se opuso. El TPI emitió una Resolución declarando Ha Lugar a las objeciones de Triple-S, pero ordenando la producción limitada de ciertos documentos y restringiendo el alcance del descubrimiento a terceros involucrados en el ajuste de la reclamación. El Consejo solicitó reconsideración parcial para ampliar el descubrimiento, la cual fue denegada por el TPI. El Consejo recurre en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra la Resolución del TPI. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. La denegatoria se fundamenta en que la petición no satisface los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El recurso, acogido como certiorari, revisa una resolución post sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre costas. La sentencia original de divorcio desestimó la demanda de la esposa y declaró con lugar la reconvención del esposo por ruptura irreparable. Dicha sentencia también estableció la patria potestad compartida, custodia provisional para la esposa y un plan de relaciones paterno filiales. Se ordenaron terapias familiares y de reunificación, y se mantuvo una pensión alimentaria de $8,500 mensuales fijada previamente. La esposa apeló la resolución del foro primario que declaró con lugar el memorando de costas presentado por el esposo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida que concedió las costas al esposo.

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Este recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico proviene de un caso de división de comunidad de bienes iniciado por Myrna Irazema Vázquez González contra Jorge Andrés Fernández Fonseca y su entonces esposa, Maury Leyva Fernández. La demandante alegó la existencia de una comunidad de bienes con la sociedad legal de gananciales de los demandados, derivada de una relación extramarital. La señora Leyva Fernández negó la existencia de dicha comunidad y la validez de la reclamación. Tras superar controversias jurisdiccionales y una paralización por quiebra del codemandado, la señora Leyva Fernández presentó una Moción de Sentencia Sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción mediante Resolución del 4 de octubre de 2021. La señora Leyva Fernández recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó devolver el caso al foro primario. Se ordena al Tribunal de Primera Instancia que emita una determinación fundamentada sobre la Moción de Sentencia Sumaria, conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.

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Appeal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Arrow Developers and Constructors y Luis R. Morales Solano contra PDS Investment Corporation. El recurso busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. PDS demandó a los apelantes por el impago de un préstamo de \$500,000 otorgado para un proyecto residencial. Los apelantes alegaron una novación tácita del contrato que prorrogaba el plazo de pago debido a problemas en el proyecto y litigios relacionados. Presentaron una reconvención por daños alegando incumplimiento de PDS. PDS solicitó sentencia sumaria, argumentando la ausencia de prueba sobre la supuesta novación. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de PDS, desestimó la reconvención y ordenó a los apelantes pagar el principal, intereses y honorarios de abogado. Tras revisar los argumentos y la prueba, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía confirmar la decisión del foro primario. Por tanto, se confirmó el dictamen apelado que obligaba a los apelantes al pago de la deuda y desestimaba su reconvención.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. El recurso fue presentado por Carlos Rubén Martínez Villegas y Carmen J. Meléndez De Jesús. Impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas del 7 de mayo de 2021. El caso original, incoado por los apelantes, buscaba la nulidad de la Ordenanza Municipal número 1, Serie 2002-2003. Dicha ordenanza autorizó el control de acceso en la Urbanización El Encanto de Juncos. Los demandantes alegaron que la Asociación de Residentes obtuvo la autorización sin cumplir los requisitos legales aplicables. La Asociación de Residentes y el Municipio de Juncos defendieron la validez de la ordenanza y plantearon defensas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de los demandantes y concedió la de los demandados. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia de un panel del Tribunal de Apelaciones revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó con una demanda del Consejo de Titulares del Condominio Centro Internacional de Mercadeo Torre II contra Bautista REO PR, Corp. por cobro de cuotas de mantenimiento adeudadas. La controversia principal giraba en torno a si Bautista debía ser considerado un adquirente voluntario o involuntario de una unidad bajo la Ley de Condominios de 1958, lo cual determinaba la cuantía de la deuda. El Consejo reclamaba más de $122,000, argumentando que Bautista era un adquirente voluntario. Bautista, por su parte, sostenía ser involuntario y que su responsabilidad se limitaba a los seis meses previos a la adjudicación. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud del Consejo y Ha Lugar la de Bautista, concluyendo que este último era un adquirente involuntario. El Consejo de Titulares apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación de comunidad post-ganancial. Las apelantes, Hilda M. Arias López y Diet Home, impugnan dictámenes del Tribunal de Primera Instancia. Solicitan la revisión de una Sentencia que desestimó el caso sin perjuicio y una Resolución que denegó su moción de desestimación con perjuicio. Las apelantes basaron su solicitud de desestimación con perjuicio en la doctrina de cosa juzgada, alegando que un caso anterior relacionado fue desestimado con perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la aplicación de dicha doctrina y la desestimación con perjuicio. Posteriormente, el foro primario desestimó el caso principal sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de las partes. En su Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó los dictámenes apelados del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la denegatoria de la desestimación con perjuicio y la desestimación sin perjuicio del pleito.

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Panel judicial revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero presentada por Sunnova Energy Corp. contra Eduardo Vivoni Umpierre y Alexandra Fernández Vilchos. Sunnova demandó por incumplimiento de pago bajo un contrato de energía solar. El foro primario dictó inicialmente una Sentencia en Rebeldía contra los demandados. Los demandados solicitaron reconsideración y desestimación, alegando falta de jurisdicción debido a una cláusula de arbitraje obligatorio. El Tribunal de Primera Instancia concedió la reconsideración, dejó sin efecto la Sentencia en Rebeldía y desestimó la demanda. El foro primario razonó que la controversia de cobro de dinero estaba sujeta a arbitraje según lo pactado. Sunnova apeló esta desestimación, argumentando que el tribunal erró al determinar que carecía de jurisdicción. El panel apelativo evaluó los fundamentos presentados por las partes. Mediante esta Sentencia, el panel REVOCA la determinación apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia profesional. José R. Lamela Pérez y otros apelaron la Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Los apelantes demandaron a Aldo F. Sessarego Alayza, investigador de títulos, y otros, incluyendo su aseguradora. Alegaron que el estudio de título preparado por Sessarego para la compra de una propiedad no reveló todos los gravámenes hipotecarios existentes. Basados en el estudio incompleto, compraron la propiedad asumiendo una deuda significativamente menor a la real. Esto les causó daños económicos, incluyendo la imposibilidad de refinanciar y pérdidas de ganancias proyectadas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

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Un grupo de técnicos presentó una demanda para declarar inconstitucional la colegiación compulsoria exigida por el Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por insuficiencia de emplazamiento. Los demandantes apelaron esta decisión, argumentando que el emplazamiento se realizó correctamente a una empleada del Colegio que se identificó como autorizada. El Colegio sostuvo que la empleada no tenía autoridad para recibir emplazamientos y presentó una moción adicional alegando falta de legitimación activa de dos demandantes con licencias vencidas. El Tribunal de Apelaciones revisó la controversia sobre la suficiencia del emplazamiento. Tras considerar los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada. Esta decisión anula la desestimación basada en el emplazamiento, permitiendo que el caso continúe en el Tribunal de Primera Instancia respecto a ese punto.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar una reclamación presentada al amparo de la Ley Núm. 384-2004. Dicha reclamación fue iniciada para hacer cumplir una resolución final y firme de la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo. El caso en primera instancia se vio afectado por diversas incidencias procesales, incluyendo traslados de sala y dificultades para citar a la parte peticionaria (el patrono) a las vistas señaladas. Ante la incomparecencia del patrono, el foro primario validó inicialmente la resolución de OMA. Posteriormente, el patrono compareció y solicitó la desestimación por alegada nulidad de los diligenciamientos. En el Tribunal de Apelaciones, la parte recurrida solicitó la desestimación del recurso de apelación. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones atiende asuntos procesales dentro de la apelación. El tribunal denegó una moción de paralización de los procedimientos y emitió órdenes relacionadas con la representación legal de la peticionaria. El documento detalla el historial procesal del caso tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por El Caño Development, Inc. El Caño apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de Sentencia Declaratoria y le impuso sanciones económicas a la corporación y a sus abogados. La demanda de Sentencia Declaratoria buscaba relevar a El Caño de una sentencia previa. Dicha sentencia anterior, confirmada en apelación en 2013, declaró a El Caño responsable del pago de pagarés hipotecarios y rechazó sus alegaciones de pago y fraude. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción de desestimación de la Sucesión de Gloria Flores Amy, parte apelada en este caso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda de Sentencia Declaratoria de El Caño y mantiene las sanciones impuestas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Mayra Rivera Christian contra el Negociado de Seguridad de Empleo. La recurrente impugnó la denegatoria de beneficios de compensación por desempleo parcial. Solicitó los beneficios alegando una reducción de su jornada laboral por parte del Municipio de Cabo Rojo desde 2017. El Negociado denegó la solicitud inicialmente. La señora Rivera Christian apeló la determinación a través de la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo y ante el Secretario. Ambas instancias administrativas confirmaron la denegatoria de los beneficios. La recurrente presentó entonces un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó el caso a la luz de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución denegando una petición de certiorari. El recurso fue presentado por Alvin Gómez Rosado contra Banco Popular de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario solicitó la revisión de una decisión de sentencia sumaria. La parte recurrida se opuso mediante una moción de desestimación. Tras examinar las comparecencias, el tribunal denegó la expedición del auto solicitado. La resolución explica que la denegación se basa en el incumplimiento de las normas para perfeccionar recursos ante el Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza la obligación de cumplir rigurosamente con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, citando las Reglas 34 y 83. El documento detalla los requisitos específicos de contenido y apéndice que deben incluirse en una solicitud de certiorari. Se aclara que todas las partes, incluyendo quienes comparecen por derecho propio, deben acatar estas reglas procesales. El incumplimiento de los requisitos reglamentarios constituye fundamento para la desestimación o denegación del recurso.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un hijo solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su petición para declarar la incapacidad de su padre, el Sr. Richard Machado González, y nombrarle un tutor. El peticionario alegó que su padre, un médico y empresario, padece condiciones físicas y neurológicas severas, incluyendo un diagnóstico preliminar de parkinsonismo atípico, que le impiden tomar decisiones sobre su persona y bienes. Sostuvo que sus hermanos habían asumido el control de la vida y activos de su padre, supuestamente mediante un Poder Duradero inducido. El peticionario argumentó que la existencia de dicho poder no impedía al tribunal evaluar la incapacidad ni nombrar un tutor para velar por el mejor interés del padre. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición y denegó mociones de reconsideración. Ante esta curia, el peticionario solicitó la revocación de esas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

Recurso de certiorari presentado por Delia San Pedro en un caso de ejecución de hipoteca iniciado por MMG I PR, LLC. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Relevo de Sentencia. La demandada argumentó que la sentencia dictada en rebeldía era nula, basándose en la falta inicial de fianza de no residente por parte de la demandante y en la supuesta iliquidez de la deuda reclamada. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia en rebeldía tras la falta de contestación de la demandada. Aunque la demandante consignó una fianza posteriormente, el foro primario denegó una moción de reconsideración sin resolver sobre la fianza. Ante una solicitud de ejecución de sentencia, la demandada presentó una nueva moción de relevo de sentencia, la cual fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari solicitado. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó el relevo de sentencia.

Resumen:

Mediante recurso de certiorari, Abraham González Vélez acude ante un panel judicial para impugnar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución denegó su solicitud de sentencia sumaria en una demanda por incumplimiento de contrato contra la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI). El señor González Vélez demandó a COSVI reclamando beneficios bajo una póliza de seguro de vida e incapacidad total y permanente, alegando estar incapacitado desde junio de 2016. COSVI denegó la reclamación, argumentando que el peticionario no cumplía los requisitos de la póliza y no presentó evidencia médica objetiva de su incapacidad. Ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria, argumentando sobre la existencia o no de controversias de hechos materiales. El TPI denegó la moción del señor González Vélez, lo que motivó el recurso de certiorari. El panel judicial, tras evaluar los fundamentos, resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la negativa del Tribunal de Primera Instancia a dictar sentencia sumaria a favor de los peticionarios, Sargeant Marine Inc. y Petroleum Products Suply, LLC. El recurso surge de una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por los peticionarios contra Puerto Rico Used Oil Collectors, Inc. La disputa se centra en una Carta de Intención firmada por las partes para la compraventa de un inmueble por tres millones de dólares. El acuerdo incluía un periodo de "due diligence", la asunción de una hipoteca existente y financiamiento del vendedor. Los peticionarios alegan que la recurrida incumplió al negarse a firmar la escritura de compraventa dentro del plazo acordado y posteriormente vender la propiedad a un tercero. La recurrida sostiene que fue la peticionaria quien incumplió y que la demanda es frívola, disputando la interpretación de los pagos. Las partes estipularon la existencia de la Carta de Intención, el intercambio de un borrador de escritura, la notificación de vencimiento del plazo y pagos realizados por la peticionaria por un total de $104,000. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar el recurso de certiorari presentado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impugnación de confiscación. El peticionario, Alberto López León, solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El pleito original impugna la confiscación de \$6,870 en efectivo por parte de la Policía de Puerto Rico. El peticionario alegó que el dinero provenía de la venta de un vehículo y no estaba relacionado con las infracciones a la Ley de Armas que se le imputaban. El Estado, por su parte, sostuvo que el dinero estaba vinculado a las infracciones y que la confiscación gozaba de presunción de legalidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria al concluir que el peticionario no rebatió dicha presunción. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Lcdo. Alberto Corretjer Reyes mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que resolvió sobre un Memorando de Costas. Dicha resolución, emitida el 25 de agosto de 2021, ordenó a la Sra. Corey Rebecca Cruz Watson el pago de $101,233.60 por concepto de costas. El caso subyacente trataba sobre la custodia y relocalización de una menor, donde el Tribunal de Primera Instancia denegó la relocalización solicitada por la madre y concedió custodia compartida. Esa determinación fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones previamente. Tras la resolución de costas, el peticionario presentó una Moción de Reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Simultáneamente, presentó el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atender el recurso. La presentación de la moción de reconsideración suspendió el término para apelar. Por tanto, el recurso de Certiorari fue presentado prematuramente antes de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera la reconsideración.

Resumen:

Recurso de revisión administrativa presentado por HDT Group Corp. ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugna la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 2 del Municipio de Yabucoa para la rehabilitación de una cancha. La Junta de Subastas municipal adjudicó la buena pro a Top Construction & More, LLC, el segundo postor más bajo. HDT Group, el licitador con la oferta más económica, fue descartado. La Junta de Subastas justificó la descalificación de HDT Group por no incluir el documento "Statement of Biders Qualification". HDT Group alega que la Junta de Subastas cometió error al descartar su propuesta y no adjudicarle la subasta. El Tribunal revisa la decisión administrativa bajo el marco legal aplicable a las subastas municipales. Las subastas públicas buscan proteger el erario y fomentar la competencia. Las subastas municipales se rigen principalmente por la Ley Núm. 107-2020 y el Reglamento Núm. 8873.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el recurso de apelación presentado por Grey S. Rodríguez Vera contra Walgreens de PR, Inc. La apelante solicitó la revocación de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamo por represalias. Alegó que el foro primario incurrió en errores al desestimar su caso, basándose en determinaciones contradictorias y sin considerar la evidencia. Walgreens solicitó la desestimación del recurso de apelación, argumentando que la apelante incumplió sustancialmente con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones enfatizó la importancia de observar rigurosamente las normas reglamentarias para la forma y presentación de los recursos apelativos. Señaló que el cumplimiento con estas reglas es un deber de las partes y no queda a su arbitrio. La inobservancia de las reglas impide que el tribunal pueda ejercer su función revisora cabalmente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Fraterfood Service, Inc. contra Fideicomiso Hispamer. Fraterfood apeló una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el pago de cánones de arrendamiento adeudados y su desahucio de una propiedad arrendada. El pleito original fue incoado por Fraterfood solicitando una sentencia declaratoria y modificación del contrato de arrendamiento debido a dificultades económicas y falta de pago. Fideicomiso reconvino solicitando el cobro de dinero y el desahucio por incumplimiento del contrato. El foro primario dictó sentencia a favor de Fideicomiso aplicando la Ley de Desahucio. Fraterfood argumentó en apelación que dicha ley no aplicaba a su caso. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. La naturaleza del procedimiento subyacente, centrado en el desahucio, determina las vías recursivas aplicables. Por tanto, el recurso de apelación es desestimado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre un caso de despido injustificado. La apelante, Nereida Rivera Alejandro, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella contra McNeil Healthcare, LLC. El foro primario declaró prescrita la acción al determinar que la querella, presentada el 13 de julio de 2020, excedía el término prescriptivo de un año desde la notificación del despido efectivo el 27 de diciembre de 2017. La apelante argumentó que su incapacidad por salud mental interrumpió dicho término. McNeil, por su parte, sostuvo que la querella estaba claramente fuera del plazo legal. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Javier Corujo Ramsey y otros contra Tirso Rafael Castillo Maria. El recurso provenía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. La parte apelante presentó un Aviso de Desistimiento ante el tribunal. Dicho desistimiento se fundamentó en que las partes habían alcanzado un acuerdo de transacción. El Tribunal de Apelaciones declaró Con Lugar el Aviso de Desistimiento. Como resultado, se ordenó el archivo y sobreseimiento del recurso de apelación. Esta decisión se tomó conforme a la Regla 83(A) del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes recurren de decisiones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron su solicitud de sentencia sumaria y concedieron la del Banco Popular. Argumentan que una resolución previa del DACO había resuelto el contrato de préstamo hipotecario original, adquirido posteriormente por el banco. Sostienen que dicha resolución del DACO, al devenir final y firme, privaba al tribunal de jurisdicción para ejecutar la hipoteca. El Banco Popular, por su parte, alegó que la resolución del DACO condicionaba la resolución del préstamo al pago total por parte del desarrollador, manteniendo la validez del gravamen hipotecario. Tras evaluar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar las decisiones del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Wilfredo Alexander Quianes Rodríguez apela la Sentencia Suspendida que lo declaró culpable por infracción al Art. 168 del Código Penal de Puerto Rico (grabación ilegal de imágenes). El Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena de 3 años de reclusión suspendida. El apelante argumenta que el foro primario erró al encontrarlo culpable, sosteniendo que la prueba presentada fue contradictoria e insuficiente. Alega que la prueba no rebató la presunción de inocencia ni cumplió con el estándar de más allá de duda razonable. También señala que no se demostró la intención criminal ni todos los elementos del delito. El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Procurador General, presentó su alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo los alegatos, el video del juicio y la transcripción. La sentencia discute la presunción de inocencia y la carga probatoria del Ministerio Público. Considera que la determinación de culpabilidad por el juez de primera instancia es revisable como cuestión de derecho. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en una apelación de J.A.J.A Boating Company, LLC contra CFR Yacht Sales, Inc. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó a J.A.J.A. al pago de una suma por cobro de dinero. CFR demandó reclamando una comisión de corretaje por la venta de una embarcación, alegando que el contrato estaba vigente al momento de la venta. J.A.J.A. se defendió argumentando la terminación del contrato y la improcedencia de la comisión. El Tribunal de Primera Instancia, tras un juicio, encontró a J.A.J.A. responsable y ordenó el pago de $74,750.00$ más intereses y costas. J.A.J.A. solicitó reconsideración, la cual fue denegada, y apeló la decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Concluyó que la sentencia apelada debía ser modificada. Una vez modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la señora Zulay Cardona Cecilia para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud de privar al señor José A. González Roldán de la patria potestad de su hijo menor. La madre había solicitado la privación alegando falta de relación del padre con el menor y una suspensión previa de las relaciones paternofiliales. Un informe social forense había recomendado la privación de la patria potestad al padre. Sin embargo, el foro primario, aunque denegó la privación total, concedió la custodia permanente y la patria potestad exclusiva a la madre. Restringió el ejercicio de la patria potestad por parte del padre, permitiendo a la madre tomar decisiones educativas, médicas y civiles sin su consentimiento, salvo las que impliquen desembolsos económicos. Las relaciones paternofiliales se mantuvieron suspendidas por el Tribunal de Primera Instancia. Tras analizar las controversias, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Resolución emitida por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la determinación de la Junta de Retiro del Gobierno que denegó la solicitud de pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional de Félix Grajales Domenech. El señor Grajales, oficial correccional con 22.50 años de servicio, había solicitado el beneficio en 2013, siendo denegado por la Administración en 2015. Tras apelar, la Junta de Retiro celebró una vista y analizó extensamente su expediente médico, incluyendo condiciones estipuladas y opiniones de consultores. La Junta concluyó que las condiciones médicas de Grajales no alcanzaban el nivel de severidad necesario para acreditar incapacidad. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso y la oposición, determinó que la Junta de Retiro no incidió ni abusó de su discreción. Por tanto, el Tribunal confirma la Resolución de la Junta de Retiro que denegó la pensión solicitada.