Para enmendar el inciso (n) del Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de exceptuar de sus disposiciones a los comandantes de zona, de área y comandantes auxiliares, directores de las divisiones de homicidios, inteligencia criminal y de drogas, directores de los cuerpos de investigaciones criminales, comandantes de distrito, comisionado auxiliar de operaciones de campo y su auxiliar y los directores de las divisiones de violencia doméstica del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en consideración a las facultades, poderes y deberes que ejercen dichos funcionarios; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.11 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de ampliar el currículo de adiestramientos que se ofrecen a través del denominado “Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad Pública”, a los efectos de que se brinden seminarios de mediación de conflictos, curso sobre el manejo del comportamiento suicida y talleres sobre Lenguaje de Señas; disponer para el establecimiento de acuerdos colaborativos entre el mencionado Departamento con otras entidades, públicas o privadas, que permitan la implementación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un Artículo 7 a la Ley 113-2012, conocida como “Ley del Programa de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de Pequeños Negocios” a los fines de requerir a la Compañía de Fomento Industrial presentar ante la Oficina del Procurador del Veterano un informe anual que incluya datos concretos sobre los avances en la implementación y funcionamiento del programa.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales”, a los fines de disponer la eliminación automática de las convicciones por delitos menos graves; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 1031.02, inciso (34), de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros de la Policía Municipal del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de horas extras trabajadas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) y añadir un inciso (k) a la Sección 3, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos; fijar su aportación; autorizar a la ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas; disponer que sea opcional para los policías municipales acogerse al Plan de Salud del Gobierno y de optar por acogerse al mismo la aportación patronal vaya a ASES; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública detener toda transferencia y movilidad física de personal de los Negociados hacia el Departamento de Seguridad Pública hasta tanto la Asamblea Legislativa actúe sobre el futuro de este departamento; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley contra el discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito”, a los fines de establecer límites para la consideración de los historiales delictivos por parte de los patronos; otorgarle deberes y facultades al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humano; enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley contra el discrimen en el empleo del 1959”, a los fines de añadir la prohibición de discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito; enmendar el Artículo 6.3 de la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito; prohibir el discrimen laboral por razón de haber resultado culpable de un delito en la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, a los fines de reducir los términos para eliminar delitos del certificado de buena conducta; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para Prohibir el Discrimen por Razón de tener Antecedentes Penales”, a los fines de establecer como Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto la prohibición del discrimen, por parte del patrono, contra los empleados y candidatos a empleo, por éstos tener antecedentes penales; enmendar los artículos 1, 1B, 2 y 2B de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como la “Ley contra el discrimen en el empleo del 1959”, a los fines de añadir la prohibición de discrimen en el empleo por razón tener antecedentes penales; enmendar los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el discrimen en el Gobierno de Puerto Rico a empleados y aspirantes a empleos por razón de tener antecedentes penales ; enmendar los artículos 2.042, 2.048 y 8.001 de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el discrimen en los municipios de Puerto Rico a empleados y candidatos a empleos por razón de tener antecedentes penales; establecer sus excepciones; enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 41 de 5 de agosto de 1991, según enmendada, para que las Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Estado no puedan utilizar los antecedentes penales de una persona como razón única para prohibirle el ejercicio de las profesiones enumeradas en dicha Ley; enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de que el historial delictivo de una persona no sea considerado para que esta pueda participar de programas de rehabilitación y mejoramiento provistos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y otros propósitos relacionados.

Para crear el Código Militar de Puerto Rico del siglo XXI.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las gestiones que ha realizado el Departamento de Corrección y Rehabilitación para combatir los brotes de COVID-19 recientemente surgidos en las Instituciones Carcelarias de Bayamón 501 y Ponce 676, respectivamente, y qué medidas se están tomando para que el mismo no se propague a otras instituciones.

Para enmendar los Artículos 4, 5 y 7 de la Ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico; con el fin de eliminar ciertas restricciones a la expedición de licencias de detectives a los ex agentes del orden público siempre que su retiro del cuerpo policiaco haya sido honorable; establecer términos para la expedición de las licencias de detectives privados y guardias de seguridad; y para otros fines.

Para enmendar la Sección 312 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”; y el Artículo 6 de la Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011” a los fines de garantizar estabilidad financiera a la Guardia Estatal de Puerto Rico, para la adquisición de uniformes, armamento, materiales y equipo que posibilitan el reclutamiento, adiestramiento, operaciones y administración tanto de la oficialidad como los hombres y mujeres alistados en cualquiera de las ramas de esta fuerza militar.

Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 2.059 de la Ley 107-2020, conocida como “Nuevo Código Municipal”, y realizar correcciones técnicas a la Sección 1021.02, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros de las Policía Municipales del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras trabajadas.

Para enmendar los subincisos (a)(1) y (a)(5) del inciso F del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de aclarar que la preferencia de los veteranos en su nombramiento o concesión de ascenso para cualquier cargo, empleo u oportunidad de trabajo se extiende a todo tipo de oportunidad de trabajo disponible; aclarar que la obligación de notificar a la Oficina del Procurador del Veterano, todas las oportunidades disponibles de libre competencia para empleo para las cuales se propongan realizar cualquier tipo de nombramiento incluye, además de entes gubernamentales, a personas privadas, naturales o jurídicas; y otros fines.

Para enmendar el inciso C, párrafo quinto, sub inciso (b) del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de eximir del pago de derechos relacionados a las transcripciones de créditos de estudios universitarios a los hijos de veteranos menores de veinticinco (25) años.

Para crear la “Ley para limitar el uso de imágenes captadas por los Sistemas Aéreos No Tripulados”, la cual tendrá el fin de prohibir a personas, entidades o agencias estatales, en ausencia de una orden de registro, la toma y grabación de imágenes por medio de sistemas aéreos no tripulados, en propiedades privadas o donde se tenga una expectativa razonable de intimidad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 13.3 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los efectos de que, en el certificado de licencia de conducir que expida el Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, incluya la designación de cónyuge supérstite de un veterano(a), a las viudas o viudos de éstos(as); y para otros asuntos relacionados.

Para enmendar el artículo 1.15 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad, a los fines de añadir funciones y facultades a la Oficina de Manejo de Información de Seguridad, las cuales son indispensables para realmente lograr la implementación del sistema de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.

Para añadir un inciso (ss) al Artículo 7 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, mejor conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para disponer que el Secretario tendrá entre otras, la facultad de autorizar a aquellos confinados que cuenten con permiso para salir de las instituciones correccionales, y además, cuenten con una licencia de conducir vigente, puedan utilizar sus vehículos de motor privados, siempre y cuando el vehículo esté debidamente autorizado a transitar en las vías públicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5.14 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de imponer la pena de restitución a toda persona que habiendo sido decretada mediante Orden Ejecutiva una emergencia o desastre por el Gobernador de Puerto Rico, persista en realizar cualquier actividad que ponga en peligro su vida o la de otras personas, y requiera el rescate por parte de las autoridades.

Para añadir el inciso (j) en el Artículo 4(B) de la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de 2007, según enmendada, a los fines de que se conceda libre de costos la admisión de estudiantes que hubieran sido veteranos y se les otorgue un descuento de un cincuenta por ciento (50%) del costo por concepto de matrícula en cursos cortos, seminarios y talleres ofrecidos por la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico, en cualquiera de sus recintos académicos.

Para establecer la responsabilidad del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, en coordinación con el Departamento de la Vivienda, de establecer refugios regionales a través de todo Puerto Rico. Para cumplir con esta encomienda, deberá identificar y establecer al menos seis (6) refugios regionales distribuidos a través de todo Puerto Rico por zona geográfica; establecer la responsabilidad del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre, en coordinación con el Departamento de la Vivienda, el establecer mediante reglamento el Plan Operacional de Emergencia para los refugios regionales; enmendar los Artículos 5.01 y 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para disponer que el caso de facilidades o edificaciones industriales que se encuentren en total desuso, será prioridad del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles creado al amparo del Artículo 5.03 de esta Ley el analizar si dicha facilidad o edificación industrial puede ser utilizada como un refugio regional para ser utilizado en caso de emergencias decretadas por el/la Gobernador(a) de Puerto Rico o por desastres naturales o eventos atmosféricos que tendrán un impacto inminente en Puerto Rico antes de proceder con la venta autorizada al amparo de esta Ley; y que solo se podrá proceder con la venta, siempre y cuando, exista una Certificación del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres establecido al amparo de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, en donde indique que se realizó un análisis estructural de dicha propiedad y se certifique que dicha facilidad o edificación industrial no posee las características necesarias para ser utilizada como un refugio regional.

Para derogar la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; reestablecer las disposiciones de la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico; restablecer las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 539-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; restablecer las disposiciones de la Ley 144-1994, según enmendada, conocida como “Ley de Llamadas 9-1-1”; restituir las disposiciones del Capítulo III del Plan 5-2011, mejor conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011”; restituir las disposiciones del Plan de Reorganización 2-1993, según enmendado, conocido como “Comisión de Seguridad y Protección Pública”; disponer sobre los fondos federales que pudieron estar en riesgo por la aprobación del Departamento de Seguridad Pública mediante la Ley 20-2017; disponer sobre los empleados del Departamento de Seguridad Pública; disponer sobre las propiedades y equipos del Departamento de Seguridad Pública; establecer las transferencias de poderes y responsabilidades del DSP; derogar y disolver la Junta de Evaluación Médica, el Comité Ejecutivo de Seguridad de Puerto Rico y la Oficina de Manejo de Información de Seguridad; y para otros fines.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24-2008, conocida como “Ley del Protocolo para la Mitigación de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico”.

Para enmendar el Artículo 6.20 de la Ley- 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de disponer que se le suspenderá la licencia de conducir o la de navegación, según aplique por un término de 5 años a partir de la extinción de la pena recibida a quien dispare un arma de fuego desde un vehículo de motor o acuático; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 7.06 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de autorizar a la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales, a establecer alianzas (task force) con otros negociados del Departamento y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales, dirigidas a desarrollar estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que, como parte inherente de la función del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres de coordinar los esfuerzos gubernamentales relacionados a las operaciones de búsqueda y rescate, establecerá una unidad de vehículos aéreos no tripulados (remotely piloted aircrafts), para llevar a cabo tales fines; autorizar al Comisionado del Negociado a adoptar los reglamentos internos y procedimientos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley y facultarlo a suscribir convenios o acuerdos colaborativos o con otras entidades, públicas o privadas, con el propósito de delegar en estos, la implantación, cumplimiento y operación de los referidos vehículos aéreos no tripulados, para llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 5, 7, 8 y 9, suprimir el actual Artículo 10, y sustituirlo por uno nuevo, en la Ley 135-2020, conocida como “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que su Director Ejecutivo sea nombrado por un término de seis (6) años, tomando en consideración su preparación técnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar los fines para los cuales fue creado el mencionado Instituto; otorgar mayor flexibilidad administrativa a la gerencia del Instituto para que pueda establecer, organizar y administrar sus propios sistemas, controles y normas de clasificación y retribución de personal, presupuesto, finanzas, compras, contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operación eficiente y económica de la entidad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 2.22 y renumerar el actual Artículo 2.22 como el Artículo 2.23 de la Ley 20-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el fin de facultar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, mediante el establecimiento de acuerdos de integración a recibir voluntariamente integrantes de los cuerpos de policías municipales que cumplan con las reglamentaciones que adopte el Departamento de Seguridad Pública al respecto; y para otros fines.

Para enmendar los artículos 35, 40, 48 y 49 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de sustituir el “Fondo Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo Especial de Corrección”, por el “Fondo Rotatorio Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo Rotatorio Especial de Corrección”, respectivamente, adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, los cuales se constituirán independientemente y separados de cualesquiera otros fondos o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de acuerdo a las disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por este Plan de Reorganización, sin sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a las de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; adoptar como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, la utilización de confinados, mediante contratación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para la realización de diversas tareas o servicios, tales como actividades agrícolas, ornato, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles pertenecientes a la flota vehicular gubernamental, entre otras, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población; derogar la Ley 166-2009, según enmendada; hacer correcciones técnicas en el Plan de Reorganización 2, antes citado; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de limitar los servicios de escolta, seguridad y protección al Gobernador de Puerto Rico, su familia y al Secretario de Seguridad Pública; disponer que el servicio de seguridad, protección o escoltas de un Gobernador cesará inmediatamente este culmine su término; prohibirle al Negociado de la Policía proveer servicios de escolta, seguridad y protección a cualquier funcionarios o exfuncionarios públicos, incluyendo exgobernadores, con la única excepción de que exista evidencia sobre amenazas que ponga en riesgo la vida de algún funcionario electo, jefe de agencia o exgobernador; disponer del cese inmediato de la concesión de escoltas a exfuncionarios y exgobernadores; establecer la obligación de informes anuales al Secretario de Seguridad Pública respecto al gasto en servicio de escoltas, seguridad y protección y los fundamentos para el mismo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (2) (f) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a fin de establecer, como excepción, que los agentes del orden público de todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico podrán acumular sin límite o tope su licencia por concepto de enfermedad, disponiéndose que el exceso acumulado no será objeto de liquidación en la eventualidad de un retiro, incapacidad o salida del puesto.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 143-2014, “Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”, para incluir al Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como miembro del Comité Intergubernamental del Sistema de Información de Justicia Criminal; y para otros fines necesarios y relacionados.

Para ordenar al Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, adscrito a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, establecer el Programa de Aceptación e Integración Social; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley Núm. 57 de 24 de abril de 2002, conocida como “Mes de la Orientación y Preparación para la Temporada de Huracanes”; designar el período comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de julio de cada año como la “Temporada Educativa ante el paso de un Evento Natural”; enmendar el inciso (k) del Artículo 5.04 y el Artículo 5.08 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de otorgarle al Negociado la responsabilidad de procurar que el Comité Interagencial para la Mitigación de Riesgos Naturales y Tecnológicos, creado en virtud de esta Ley, promueva la prevención, concienciación, fortalecimiento y empoderamiento de los ciudadanos de Puerto Rico en relación a este tema y para establecer la composición de dicho Comité; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Liberación Compasiva del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico que padezcan enfermedades terminales, confinados mayores de 60 años que padezcan de alguna o varias condiciones de salud crónica, confinados mayores de 65 años que hayan cumplido un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de su sentencia o que le resten veinticuatro (24) meses de sentencia y confinados que presenten alguna situación extraordinaria y convincente que no haya podido ser prevista por el Tribunal al momento de dictar su sentencia, puedan ser egresados de la institución penal en que se encuentran bajo ciertas condiciones si cumplen con los requisitos aquí establecidos; enmendar los Artículos 1, 2 y 6 de la Ley 25-1992, mejor conocida como "Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Carta de Derechos de los Policías”, a los fines de establecer derechos y beneficios para estos y sus familiares y compilar la legislación aprobada en beneficio de los policías; y para otros fines relacionados.

Para adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación del modelo de rehabilitación concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; atender a los confinados con problemas de abuso y adicción de sustancias controladas y otros problemas de conducta; y para otros fines relacionados.

Para crear la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; definir sus funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los artículos 1.06, suprimir el Capítulo 5, reenumerar los capítulos del 6 al 8, como los capítulos del 5 al 7, respectivamente, reenumerar los artículos del 6.01 al 8.07, como los artículos 5.01 al 7.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las de la Oficina aquí creada; y para otros fines relacionados.