Para enmendar el Artículo 12.020 del Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de facultar a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a la Oficina del Procurador del Ciudadano y a la Oficina de Derechos Civiles a contratar sus seguros.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 122-2010, según enmendada, conocida como “Ley para el Financiamiento del Programa Llave Dorada”, a los fines de allegar recursos al Fondo para el Acceso a la Justicia.

Para crear la “Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico”; establecer, adscrita a la Sociedad para Asistencia Legal, una Oficina con la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada que le proporcionará servicios legales a indigentes, mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada; disponer sobre su organización y demás propósitos, deberes y facultades; añadir un segundo párrafo al Artículo 8 de la Ley 235-1998, según enmendada, y enmendar el último párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, con el propósito de proveer para las fuentes de financiamiento de la Oficina y el Panel creado al amparo de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un Artículo 2.011-A; enmendar el Artículo 4.008 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”; enmendar la Regla 37.7 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas, con el propósito de allegar fondos a la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 21 de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”; establecer la facultad de reglamentación, con el fin de proveer recursos económicos adicionales a la Fundación del Fondo para el Acceso a la Justicia.

Para derogar la Ley Num. 165-2020, la Ley Num. 167-2020 y la Ley 30-2017, según enmendada.

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 139 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como la “Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de extender inmunidad a las personas jurídicas, organizaciones y a profesionales que de buena fe prestan servicios de salud a la ciudadanía como parte de la respuesta de una declaración de emergencia emitida por el gobierno, ante una reclamación de responsabilidad civil por alegados actos u omisiones realizados mientras se proveen cuidados de salud relacionados con la respuesta a la declaración de la emergencia.

Para derogar los Artículos 200 y 247 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de eliminar las restricciones existentes para garantizar el derecho constitucional a la libertad de expresión dispuesto en nuestra Carta Magna; descriminalizar las sanciones penales prevalecientes para coartar las manifestaciones públicas consumadas dentro de determinadas localidades del Estado; y para otros fines.

Para añadir un nuevo Artículo 32A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de reconocer como una de las causas de exclusión de responsabilidad penal a las víctimas de Trata Humana por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación ha sido causada por su situación de víctima; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 171 del Código Político de 1902, según enmendado, a los fines de disponer el término máximo de quince (15) días para la emisión de las credenciales en caso de funcionarios nombrados por el Gobernador que requieren confirmación del Senado de Puerto Rico o la Asamblea Legislativa.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 6, 8 y 9, derogar los actuales Artículos 5 y 7 y sustituir los mismos por los nuevos Artículos 5 y 7 de la Ley 165-2013, según enmendada, la cual crea el “Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico”, a los fines de establecer un panel para la asignación de casos de oficio a abogados que provean representación legal gratuita en casos de naturaleza civil, penal, de familia y administrativo a personas de escasos recursos económicos; eliminar la Junta Administrativa del Fondo; establecer las facultades del Tribunal Supremo de Puerto Rico para el uso de dicho Fondo; añadir fuentes de financiamiento para el mismo; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico”, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, a los fines de facultar a dicho ente para evaluar reclamaciones de casos ya adjudicados en donde se plantee la inocencia del acusado mediante evidencia nueva; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2-A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de eximir a las personas recluidas bajo la custodia del Estado en una institución carcelaria del requisito de notificación al Secretario de Justicia de reclamaciones de cualquier clase por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los incisos (e) y (f) de la Regla 252.1 y el inciso (b) de la Regla 252.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer ciertos parámetros para prevenir la sugestividad e incrementar la confiabilidad al proceso de identificación de un sospechoso por parte de un testigo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de 2009, según enmendadas, a los fines de establecer criterios adicionales en los casos criminales para guiar la discreción de los tribunales en la determinación de admisibilidad del testimonio pericial ofrecido con el propósito de presentar evidencia de carácter científico; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Contra el Monitoreo Cibernético” con el fin de prohibir el monitoreo arbitrario de las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico y salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y libertad de asociación de las personas en Puerto Rico.

Para enmendar los Artículos 3.1(2)(f) y el 14.4 de la Ley Número 58 del 20 de junio de 2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” a los fines de redefinir el carácter transitorio de estas disposiciones.

Para enmendar la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico adoptadas mediante la Ley Núm. 46-2009, según enmendada, a los fines de atemperarla a la normativa establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Daubert v. Merrell Pharmaceuticals, 509 US 579 (1993).

Para derogar la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988 que creó el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y el cargo del Fiscal Especial Independiente.

Para derogar el Artículo 522 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a fin de que se aclare el estado de derecho en cuanto a la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Para enmendar los Artículos 262 y 263 de la Ley Núm. 146-2012, conocido como “Código Penal de 2012” a los fines de incluir el requerimiento de ocasionar daños a una persona como elemento esencial de los delitos de omisión o negligencia en el cumplimiento del deber.

Para crear la “Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer un procedimiento para considerar la indigencia de la persona convicta al determinar la imposición de la pena especial establecida en el Código Penal de Puerto Rico; enmendar el Artículo 61 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de atemperarlo al procedimiento establecido en esta Ley; enmendar el Artículo 16 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, según enmendado; enmendar el Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear el Negociado de Mercados y Competencia, a los fines de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del comercio, así como la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios; eliminar la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia de Puerto Rico; disponer para la transición hacia la integración de dicha Oficina al Negociado; establecer los poderes, y prerrogativas; enmendar los Artículos 3, 5, 15, 16, 17, 19 y 23 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 3 del Artículo 2 de la Ley 141-2008 a los fines de establecer el requerimiento de que exista un Desfibrilador Automático Externo en todos los establecimientos privados en el país.