Para añadir un nuevo inciso (c) a la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, a los fines de establecer que en los casos al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, sobre despido injustificado en la que se dicte sentencia a favor del obrero y que el patrono venga obligado a pagar la mesada, los intereses a ser devengados se impondrán desde la fecha en que ocurrió el despido.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio exhaustivo sobre el funcionamiento del sistema judicial, así como de cualquier ente de naturaleza cuasi judicial de la Rama Ejecutiva, incluyendo los jueces y tribunales, el ejercicio de la profesión de la abogacía, los servicios sociales en los tribunales, los servicios legales para el gobierno estatal, municipal y los ciudadanos indigentes y la profesión de la notaría; el Departamento de Justicia, la Procuraduría General de Puerto Rico; el Registro de la Propiedad y los registradores; los tribunales federales y estatales y las reclamaciones contra el Estado; los cuerpos legales que rigen tanto el sistema civil como el sistema penal; la Comisión de Derechos Civiles; la protección de los derechos civiles de los ciudadanos y la asignación de fondos y recursos para los programas de acceso a la justicia; los asuntos relacionados a la prevención de delitos y rehabilitación de los ofensores; sobre las leyes penales especiales; las leyes o disposiciones con cláusulas penales y aquellas cuya violación envuelva encausamiento criminal; a los fines de identificar alternativas y/o recomendaciones que busquen el mejoramiento tanto del sistema legal como del ordenamiento jurídico puertorriqueño; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, con el fin de prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales”, a los fines de disponer la eliminación automática de las convicciones por delitos menos graves; y para otros fines relacionados.

Para requerir que todo estudiante menor de 18 años de edad que haya cometido, de forma violenta, una falta clasificada como Falta Clase II o Falta Clase III dentro de un plantel escolar, ya sea de una escuela pública o privada, participe de forma compulsoria en un programa de rehabilitación conductual.

Para establecer la “Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia de Género en Puerto Rico”, a los fines declarar un estado de emergencia estatal por la violencia de género, según las disposiciones y términos que establece esta Ley; disponer el establecimiento de protocolos, la recopilación estadística y la educación sobre género en las agencias del Gobierno de Puerto Rico a los fines de para prevenir, responder y combatir la violencia de género en Puerto Rico; reconocer legitimación activa a cualquier persona, entidad o grupo de interés cuya misión sea la defensa de los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, de la comunidad LGBTTIQ+ y/o el repudio a la violencia de género, en contra de cualquier acción u omisión del Gobierno de Puerto Rico en contra de los propósitos o disposiciones de esta Ley; enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”; enmendar el sub inciso 35 del inciso b del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 83-2019, conocida como “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su Modalidad Grave”; y enmendar los sub-incisos (6) y (7) del inciso h del acápite 2 de la Sección 6.5 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; disponer la asignación presupuestaria necesaria para que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres lleve a cabo las responsabilidades impuestas por esta Ley; y para otros fines relacionados

Para crear la “Ley para prohibir la venta y despacho de comida o bebida en productos fabricados con poliestireno expandido o ‘’foam’’”; prohibir que los establecimientos dedicados a la venta o despacho de comidas o bebidas, vendan o despachen comida o bebida en productos desechables de poliestireno expandido “foam”; y exigir que utilicen productos desechables reciclables.

Para enmendar el artículo 10 de la Ley Núm. 148 de 15 de septiembre de 2015, conocida como la “Ley para la Protección de Víctimas de Agresión Sexual en Puerto Rico”, con el propósito de que la Rama Judicial en Puerto Rico una vez se expida una orden de protección y cuando se hayan violado las disposiciones de la misma, imponga un castigo a la persona contra quien se emitió la orden, como delito grave, en conformidad y uniformidad con otras penas impuestas emitidas bajo las leyes en Puerto Rico que conceden órdenes de protección; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico e Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los problemas que enfrentan las personas declaradas no procesables conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal; auscultar posibles soluciones a la dilación en la admisión de esta población en los hospitales del Estado; indagar sobre las gestiones realizadas o por realizar de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), así como del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Para crear la “Ley contra el discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito”, a los fines de establecer límites para la consideración de los historiales delictivos por parte de los patronos; otorgarle deberes y facultades al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humano; enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley contra el discrimen en el empleo del 1959”, a los fines de añadir la prohibición de discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito; enmendar el Artículo 6.3 de la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un delito; prohibir el discrimen laboral por razón de haber resultado culpable de un delito en la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, a los fines de reducir los términos para eliminar delitos del certificado de buena conducta; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para Prohibir el Discrimen por Razón de tener Antecedentes Penales”, a los fines de establecer como Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto la prohibición del discrimen, por parte del patrono, contra los empleados y candidatos a empleo, por éstos tener antecedentes penales; enmendar los artículos 1, 1B, 2 y 2B de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como la “Ley contra el discrimen en el empleo del 1959”, a los fines de añadir la prohibición de discrimen en el empleo por razón tener antecedentes penales; enmendar los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el discrimen en el Gobierno de Puerto Rico a empleados y aspirantes a empleos por razón de tener antecedentes penales ; enmendar los artículos 2.042, 2.048 y 8.001 de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el discrimen en los municipios de Puerto Rico a empleados y candidatos a empleos por razón de tener antecedentes penales; establecer sus excepciones; enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 41 de 5 de agosto de 1991, según enmendada, para que las Juntas Examinadoras adscritas al Departamento de Estado no puedan utilizar los antecedentes penales de una persona como razón única para prohibirle el ejercicio de las profesiones enumeradas en dicha Ley; enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de que el historial delictivo de una persona no sea considerado para que esta pueda participar de programas de rehabilitación y mejoramiento provistos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y otros propósitos relacionados.

Para enmendar los Artículos 30, 107, 150, 219, 223, 224 y 225; derogar el Artículo 234; enmendar los Artículos 241, 257, 259 y 260; y reenumerar los Artículos 235 al 322, como Artículos 234 al 321 de la Ley Número 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, a los fines de otorgar legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por un deseo legítimo para hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos; enmendar las secciones 3.5, 3.15, 4.2 y 4.7 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 9.8, 13.1, 14.1 y 14.6 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley Núm. 416-2004, según enmendada, conocida como la “Ley Sobre Política Pública Ambiental”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, con el propósito de atemperar la “Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, con la presente; disponer sobre la retroactividad de la aplicación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 11 y 12 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de aclarar su lenguaje para que no quepa duda de que los convictos que estén disfrutando de los beneficios que concede la Junta de Libertad Bajo Palabra tienen derecho a recibir las bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta y asiduidad, trabajo, estudio y otros servicios; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 con el fin de añadir la obligación de que el Ministerio Público provea al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada.

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de establecer que en los casos donde se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres (3) Ramas -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, así como de los gobiernos municipales, por actos de hostigamiento sexual en el empleo, estos podrán exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 164 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer el procedimiento a llevarse a cabo cuando el Tribunal pronuncie un fallo o veredicto absolutorio.

Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir un nuevo inciso (f) a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado; añadir nuevas circunstancias constitutivas de los delitos; enmendar la Sección 2 y Sección 3 de la Ley 157-2020 para reconocer el delito de feminicidio y transfeminicidio en la recolección de estadísticas; y para otros asuntos relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 14 y 17 de la Ley 23-2011, según enmendada, conocida como “Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño”, a los fines de imponer nuevos requisitos para la expedición de licencias; establecer nuevos requisitos de retención para bienes que se sospechen sean robados o apropiados ilegalmente; enmendar la Sección 8 de la Ley Núm. 18 de 21 de septiembre de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras Preciosas”, con el propósito de reducir el término provisto; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de facultar a los Alcaldes de Municipios Autónomos que tienen Oficina de Permisos a hacer uso de los remedios ordinarios y extraordinarios en ley para gestionar la revocación de los permisos concedidos cuando estos son utilizados incumpliendo con los parámetros y condiciones bajo los cuales estos fueron concedidos; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (gg) al Artículo 7.010 y añadir un nuevo Capítulo 54 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de disponer para el registro de las entidades que interesen operar en Puerto Rico como terceros administradores y los derechos y responsabilidades de estas entidades y las normas que regulen la contratación con los aseguradores; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley 183-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito”, a los fines de sustituir el “Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito”, por el “Fondo Rotatorio Especial de Compensación a Víctimas de Delito”, adscrito al Departamento de Justicia, el cual se constituirá independientemente y separado de cualquier otro fondo o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento de Justicia, de acuerdo a las disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por esta Ley, sin sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a las de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; enmendar el Artículo 61 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar las cuantías a pagarse por la pena especial impuesta; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las reglas 112 y 151 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer que el veredicto rendido por los jurados deberá ser unánime para que este pueda surtir efecto, de conformidad con la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en Ramos v. Louisiana, 590 U. S. ____ (2020); y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Protección de la Privacidad Cibernética de los Niños y Jóvenes”, a los fines de prohibir que cualquier operador, empleado o agente de una Página o Aplicación de Internet de Redes Sociales, según definida en esta Ley, pueda publicar o divulgar información personal de usuarios menores de edad residentes en Puerto Rico, más allá del nombre y ciudad donde reside, sin el consentimiento expreso de estos y la del padre, madre o tutor con patria potestad; requerir a toda Página o Aplicación de Internet de Redes Sociales establecer un proceso sencillo y de fácil comprensión para que todos los usuarios menores de edad residentes de Puerto Rico puedan modificar sus opciones de privacidad como parte del registro de cada cuenta; establecer penas civiles por incumplimiento; otorgarle jurisdicción al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), creado en virtud del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, para atender cualquier querella relacionada con esta Ley; facultar al Negociado de Telecomunicaciones a adoptar los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 7 y 15, derogar el Artículo 23, y renumerar los actuales Artículos 24, 25 y 26, como los nuevos Artículos 23, 24 y 25 de la Ley 195-2016, conocida como “Ley para el Uso de la Marca Delpaís”, con el propósito de facultar al Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA), corporación subsidiaria de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, a desarrollar la referida marca, promocionarla y mercadearla local, nacional e internacionalmente; simplificar el proceso de evaluación de las Solicitudes de Licencias y Autorizaciones de Uso de la Marca “Delpaís”; proveer para el diseño y elaboración de un plan estratégico para la promoción y mercadeo de la marca, con metas, indicadores y estrategias a corto, mediano y largo plazo; realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Prohibir los Donativos a Partidos o Candidatos Políticos por parte de Contratistas Gubernamentales y Obligar a Contratistas del Gobierno a Divulgar sus Donativos y Gastos Políticos”; a los fines de prohibir los donativos a partidos o candidatos políticos por parte de contratistas gubernamentales, obligar a potenciales contratistas y contratistas gubernamentales divulgar sus donativos y gastos políticos, crear el “Registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley 266-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”, con el propósito de disponer para la actualización constante de la información contenida en el Registro; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Programa de Competencias Universitarias en Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles”, adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, a los fines de fomentar la educación en las ciencias y tecnologías informáticas, así como el crecimiento de las industrias incipientes locales (“startups”); establecer un plan de incentivos para los estudiantes ganadores de universidades acreditadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias; crear una cuenta especial para el programa; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley Número 167 del 30 de diciembre de 2020, conocida como “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”.

Para enmendar las Secciones 1, 2, 4 y 5 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, conocida como “Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico”; a los fines de extender ciertas protecciones contra el discrimen establecidas en dicha Ley a acciones discriminatorias por rasgos físicos, orientación sexual, origen étnico o lugar de residencia; ampliar las protecciones contra el discrimen, la segregación y la denuncia caprichosa; para aumentar las multas aplicables; expandir las responsabilidades de los funcionarios públicos respecto al deber de hacer efectiva esta Ley y disponer consecuencias por incumplimiento; aplicar la revocación de permisos, franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta Ley de modo reincidente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 6 y 11 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; con el propósito de garantizar que todo menor esté adecuadamente representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de dicha Ley y que la renuncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo legal competente.

Para derogar la Ley Número 167 del 30 de diciembre de 2020, conocida como “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”.

Para derogar la Ley Número 165 del 30 de diciembre de 2020, conocida como “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1979, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, para agregarle tres nuevos incisos encaminados a requerir a su Director que prepare un informe que incluya una relación de los recursos destinados a esa instrumentalidad pública, los servicios brindados por las oficinas regionales que la integran y un registro de sus cabildero, con detalle de los propósitos y bases para su contratación ; y para otros fines.

Para enmendar el inciso (c) de la Regla 62.1 de Procedimiento Civil; añadirle un subinciso (4) y renumerar el actual subinciso (4) como subinciso (5), a los fines de incluir entre las personas con legítimo interés que pueden examinar un expediente cubierto por una norma de confidencialidad a los abogados o abogadas que estén evaluando o estudiando asumir representación legal en el caso judicial de que se trate.

Para enmendar la Regla 65.3 (c) de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a los fines de disponer expresamente cómo notificar la sentencia a partes que fueron personalmente emplazadas y nunca comparecieron a los procesos judiciales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los incisos (b) y (c) de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, a los fines de establecer el derecho a prórroga por justa causa para presentar el memorando de costas en un caso civil y eliminar la naturaleza jurisdiccional de ese término en la etapa apelativa; y para enmendar la Regla 68.2 de las mencionada Reglas Procedimiento Civil a los fines de eliminar la referencia a la Regla 44.1, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (p) del Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos”, y el Artículo 1 de la Ley Núm. 122 de 12 de julio de 1986, según enmendada, a fin de disponer que en los casos donde el Departamento de Justicia decida que la víctima o el testigo debe continuar bajo su protección, luego de finalizado el proceso judicial, los patronos deberán conceder licencias sin sueldo y la reinstalación en su empleo una vez culminen sus compromisos con el Departamento; y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico a los fines de eliminar el requisito de que un albacea deba obtener cartas testamentarias; y enmendar el inciso 1 del Artículo 2 de la Ley 282 del 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, a los fines de armonizar dicha Ley con la enmienda anterior.