Para declarar el primer domingo del mes de noviembre de cada año como el “Día de la Movilidad Asistida”, para concientizar y propiciar el auto desempeño y el bienestar de las personas con impedimentos y lesiones que requieran de la asistencia de equipos para lograr su movilidad; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 1 y 3 de la Ley 206-2008, comúnmente llamada, “Ley para la Prevención y Detección de Posibles Casos de Explotación Financiera a Personas de Edad Avanzada o Incapacitados”; y enmendar el Artículo 7 de la Ley 76-2020, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, con el propósito de insertar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos en la ejecución de la política pública implantada en las leyes antes mencionadas; requerir la revisión y actualización de los reglamentos y planes dirigidos a implantar las antes mencionadas leyes, para que se cuente con el insumo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos; derogar la Ley 57-2009, por convertirse esta en una inoficiosa; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 16 de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, con el propósito de ampliar las funciones de los enlaces interagenciales, para ayudar a garantizar la coordinación de los recursos y servicios del Estado, para atender las necesidades colectivas y particulares de las personas con impedimentos de acuerdo con su condición; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 58, 68 y adicionar un nuevo Artículo 25-A a la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, a los fines de enfatizar la preminencia del mejor interés del menor como objetivo principal de la política pública; aclarar la definición de “menor”; enfatizar el deber de Parens Patriae del Gobierno; modificar asuntos de naturaleza procesal; ampliar los derechos del menor en procedimientos de protección; incluir disposiciones sobre criterios de seguridad de los menores y sobre los esfuerzos razonables previos a una remoción de custodia de emergencia; aclarar los planes de permanencia a ser implementados para un menor que haya cumplido 16 años; aclarar la elegibilidad para procesos de desvío y el periodo de participación en estos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, y 24 de la Ley 220-2012, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo” o por las siglas “BIDA”, según enmendada, a los fines de atemperar la política pública dirigida a las personas con Autismo a lo establecido en la Ley 105-2016, conocida como “Ley para el Acceso, Adiestramiento y Apoyo Extendido para la Inserción Social de las Personas con Impedimentos de veintidós (22) años en adelante” o, “Ley de Apoyo Extendido a Personas Adultas con Impedimentos”; ampliar la política pública para fortalecer programas y servicios de vida independiente; enmendar el Artículo 9 a los fines de crear un programa piloto residencial para el de desarrollo integral y capacitación a la vida independiente para jóvenes y adultos con Autismo; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios de apoyo que se le ofrecen a los cuidadores de los adultos mayores en Puerto Rico, en especial los pertenecientes al Distrito Representativo Número 38 que comprende los municipios de Carolina, Canóvanas y Trujillo Alto; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y programas existentes para reducir el riesgo de abuso financiero en los adultos mayores, en especial aquellos que poseen alguna condición mental que limita sus capacidades cognitivas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, a los fines de ampliar los deberes de los departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios y entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico, para con las personas con impedimentos; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, para incluir como una de las facultades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto relacionadas con la formulación del presupuesto, el requerir y exigir de los distintos organismos, corporaciones públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, la identificación en las peticiones presupuestarias de una partida para el cumplimiento de las responsabilidades impuestas en la “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 5, 8, 9, 13, 14, 16 y 17 de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, a los fines de garantizar que las personas con impedimentos accedan de forma segura a las playas de nuestra Isla; establecer la responsabilidad de los municipios costeros y de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico de identificar la viabilidad de los accesos seguros y construir los mismos de ser necesario; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 17-2006, según enmendada, conocida como “Ley para el Empleo Prioritario de Personas Mayores de 60 años”, para expandir el alcance de dicha Ley y fomentar que una mayor cantidad de personas de sesenta años o más puedan beneficiarse de la misma y para otros fines. Mayores

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 82-2023 conocida como la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” con el propósito de reconocer como un derecho de todo cuidador informal o cuidador a ser la primera alternativa para ser contratado como cuidador formal cuando alguna entidad gubernamental asigne fondos para el cuidado de algún adulto mayor.

Para enmendar los artículos 3 y 4 de la Ley 58-2018, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, a los fines de crear un nuevo programa a denominarse como “Empresarismo Master en el Sector Turístico”, dirigido a que adultos mayores puedan obtener el conocimiento, adiestramiento o capacitación necesaria para establecer y operar empresas relacionadas al campo turístico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley 76-2013, conocida como “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico”, con el propósito de proveer para la creación de un sistema de recopilación de datos, que sirva como instrumento continuo de fiscalización y ajuste de la política pública, programas, beneficios, recursos, incentivos y servicios para los adultos mayores en el área de empleo y en oportunidades empresariales, comerciales, cooperativistas y actividades económicas relacionadas, públicas o privadas; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de la Familia establecer el Programa “Impacto Amor Funcional” a los fines de crear un enlace inicial con las personas de diversidad funcional que pierdan un tutor o custodio por muerte o enfermedad; brindarle la ayuda y protección inicial y ser un enlace para asegurar su bienestar; trazar las ayudas junto a las agencias pertinentes para que esas personas cuenten con los servicios esenciales para su seguridad; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Regular la Práctica del Trabajo Social a Distancia en Puerto Rico”, con el propósito de promover, facilitar e incorporar en nuestra jurisdicción, los avances tecnológicos en la práctica del trabajo social; disponer que todo trabajador social, debidamente licenciado y autorizado a ejercer dicha profesión, pueda facturar los servicios provistos a distancia, según establecido en virtud de esta Ley, a las compañías de seguro de salud y a la Administración de Seguros de Salud (ASES), quienes vendrán obligados a pagarla como si fuera un servicio prestado de forma presencial; establecer que, durante situaciones de emergencia o de desastre, debidamente decretados por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América, los estudiantes con discapacidades registrados en el Programa de Educación Especial podrán continuar recibiendo servicios de trabajo social a distancia, en la medida que sea posible para dicho profesional y el menor; enmendar los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 de la Ley 48-2020, conocida como “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, a los efectos de atemperar la misma con la presente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 70-2008, conocida como “Ley Habilitadora para Desarrollar el Plan AMBER” a los fines de establecer que las alertas de una persona desaparecida que sea menor de edad comiencen a difundirse dentro de un término que no exceda de veinticuatro (24) horas, desde la querella realizada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 1-2021, según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para establecer el Plan Alerta Ashanti” a los fines de establecer que las alertas de una persona secuestrada o desaparecida comiencen a difundirse dentro de un término que no exceda de veinticuatro (24) horas, desde la querella realizada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 132-2009, conocida como “Ley Habilitadora para Implantar el Plan de Alerta SILVER” a los fines de establecer que las alertas de una persona desaparecida con el padecimiento de Alzheimer o algún tipo de demencia comiencen a difundirse dentro de un término que no exceda de veinticuatro (24) horas, desde la querella realizada; y para otros fines relacionados.

Para declarar el primer viernes del mes de octubre de cada año como “Día de Concienciar y Ayudar a las Personas Adultas Mayores con el uso de la Tecnología”, con el propósito de que en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se promuevan y desarrollen actividades relacionadas con concienciar, educar, apoyar y explicar la importancia que tiene el uso adecuado de la tecnología en la calidad de vida de las personas adultas mayores en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisiones de Educación, Arte y Cultura y Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigación sobre las opciones que tiene el Departamento de Educación de elaborar un programa en conjunto con la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada para que los estudiantes de escuela superior cumplan horas comunitarias en centros de envejecientes y comunidades en torno a capacitar a los adultos mayores en el uso de tecnología; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un amplio y continuo análisis sobre la implementación de las disposiciones contenidas en el Artículo 1(B) de la Ley Núm. 168 de 4 de mayo de 1949, según enmendada, y el impacto real de crear un ambiente seguro y familiar con los niños, personas mayores o con limitaciones físicas en el establecimiento de baños asistidos o familiares.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de establecer periódicamente la capacitación de la población de personas adultas mayores en Puerto Rico en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 11, de la Sección B, del Artículo 6 de la Ley Núm. 102 de 15 de mayo de 2018, conocida como “Ley de la Guía Uniforme para Casos de Relocalización del Padre Custodio”, a los fines de especificar que el estudio social realizado al amparo de dicho inciso sea realizado por un trabajador social con autorización para ejercer su práctica en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

Para crear el Programa de Internado para personas con Diversidad Funcional en Puerto Rico adscrito a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, a los fines de establecer su organización, funciones y deberes para estudiantes y jóvenes universitarios con diversidad funcional, enfocado en que puedan desarrollar sus destrezas y habilidades; a su vez tener una experiencia de trabajo que resulte en beneficio de su inserción en el mundo laboral, acorde a sus necesidades; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 5 de agosto de 2021, mejor conocida como “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de establecer el término de seis (6) años que ocupará el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para adultos y adultos mayores con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por el Gobierno de Puerto Rico a tales efectos”.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 8, 11, 20, 23, 24 y añadir los nuevos Artículos 6.1 y 8.1 a la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; a los fines de ampliar la política pública, añadir nuevas definiciones, establecer mecanismos para la implementación de la política pública de bienestar y envejecimiento saludable para la población adulta mayor, identificar las agencias y entidades gubernamentales responsables y enumerar sus deberes correspondientes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.03, 2.01, 2.04, 9.10 y 10.01 de la Ley 258-2012, según enmendada conocida como “Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico” a los fines de atemperar al día de hoy los servicios y brindarles mayores beneficios a los empleados; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 300 de 2 de Septiembre de 1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, añadir un nuevo inciso c, con el fin de establecer un costo a la expedición de la Certificación; utilizar dichos recaudos para el sistema de retiro de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de la Familia en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Salud y con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico a establecer un plan de acción ante el Congreso de los Estados Unidos de América y el presidente de los Estados Unidos de América para educar, concienciar y promover la participación e inclusión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como parte de las jurisdicciones participantes de los fondos, programas y servicios que existen a nivel federal con relación a la atención o cuidado prolongado para beneficio de la población de personas adultos mayores en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar los Artículos 5, 6 y 13 del Plan de Reorganización Núm. 1-1995, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de la Familia”, a los fines de crear la Administración de Servicios para Personas Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos como una entidad administrativa, programática adscrita al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; eliminarle a la Administración de la Familia y Niños toda responsabilidad respecto a programas, servicios o protección y cuidado de ancianos e impedidos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.01, 1.02, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.11, 2.13, 2.14, 3.01 y 4.01 de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de adoptar el término de “diversidad funcional” y sustituir la palabra “impedimentos” o “impedidos”; conceptos que resultan discriminatorios para esa población; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 238-2004, según enmendada conocida como Ley de “La Carta de Derecho de las Personas con Impedimentos” a los fines de adoptar el término de “diversidad funcional” y sustituir la palabra “impedimentos” o “impedidos”, conceptos que resultan discriminatorios para esa población; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 26 de la Ley 64-2021, conocida como “Ley de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico” a los fines de adoptar el término de “diversidad funcional” y sustituir la palabra “impedimentos” o “impedidos”; conceptos que resultan discriminatorios para esa población; y para otros fines relacionados.

Para designar el día 10 de octubre de cada año como “Día Nacional para la Visibilización, Sensibilización y Concientización de las Personas sin Hogar en Puerto Rico”; abordar la multiplicidad de factores que inciden en esta problemática, visibilizar la política pública vigente establecida a través de la Ley 130-2007, y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Exposición de Motivos y el Artículo 1.04 y sus incisos (hh), (ii), (mm), el Artículo 4.01 y su inciso (c) de la Ley 173-2016 según enmendada, conocida como “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y aprendizaje de los Niños y Niñas en Puerto Rico”, a los fines de expandir el rango de edades en algunas de sus disposiciones y atemperarlas a preceptos federales o estatales y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en la Instituciones Penales” a los fines de disponer que el Complejo de Rehabilitación para Mujeres bajo jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación será exclusivamente para mujeres biológicas. Se dispone, además, que se prohibirá la asignación de hombres, independientemente de su identidad autopercibida en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres; enmendar el inciso (d) del Artículo 9 de la Ley 2-2011, conocida como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” a los fines de eliminar la palabra “género” y añadir la palabra “sexo”; y para otros fines relacionados

Para crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples” a los fines de disponer que ninguna agencia, instrumentalidad y/o dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá implementar baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en sus facilidades ni permitir personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado. Se dispone, además, que todos los baños serán divididos por el sexo biológico de las personas, específicamente baños para las mujeres y baños para los hombres; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 4, 5 y 7 de la Ley 297-2018, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, a los fines de ampliar el beneficio a los cuidadores de pacientes a tiempo completo que posean una identificación expedida por el Departamento de Salud, para que estos puedan tener prioridad en sus turnos en gestiones en agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, municipios, Rama Legislativa o en entidades privadas que reciben fondos públicos; y para otros propósitos relacionados.

Para crear “La Carta de Derechos del Estudiante Encamado, en Silla de Ruedas o que hace uso de tecnología que le asiste a mantenerse con vida”, que será también conocida como “La Ley Victoria”, a fin de establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, los derechos que todo estudiante menor de veintiún (21) años con diversidades físicas o fisiológicas complejas postrados en cama, en silla de ruedas o que hacen uso de tecnología que los asisten a mantenerse con vida, y sin menoscabo a las leyes vigentes, tendrán frente al Departamento de Educación y Gobierno de Puerto Rico; crear mecanismos judiciales expeditos para reivindicar tales derechos; y para otros fines relacionados.