Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 99-2009, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica”, a los fines de asegurar la imposición de vigilancia electrónica para la protección de la víctima; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para Reconocer los Albergues de Víctimas de Violencia Doméstica como Servicio Esencial en Situaciones de Emergencia”, a los fines de reconocer los servicios que brindan los albergues de víctimas de violencia doméstica como uno esencial para la preparación, respuesta y recuperación de situaciones de emergencia y así garantizar los servicios ofrecidos en albergues de víctima de violencia doméstica y para otros fines relacionados.

Para declarar el día 22 de enero de cada año como el “Día de la Mujer en la Aviación Aeroespacial”, en honor a Olga Esther Nevárez Nieves de Custodio, quien fuera una destacada capitán para la aerolínea American Airlines y teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.025 (p) de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de ampliar los temas de adiestramiento y capacitación de los policías municipales para incluir la violencia doméstica, la trata humana, el “grooming” y el manejo de intervenciones con personas con diversidad funcional; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; y el Artículo 8 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, en aras de incluir el deber del peticionado residente o no residente o el que se mude a otra jurisdicción mientras la orden de protección esté vigente, a notificar siempre su llegada a Puerto Rico al Cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico que ubica en las instalaciones de los aeropuertos o cuarteles de la Policía de Puerto Rico más cercanos a estos o a través del portal electrónico del Negociado de la Policía de Puerto Rico donde podrá ingresar los datos en un término no mayor de dos (2) horas e imponer pena menos grave el no notificar; notificación del Negociado de la Policía de Puerto Rico a la víctima y la creación de un plan de seguridad para su protección; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Procurador Especial de Violencia Doméstica” adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en conjunto con el Departamento de Justicia y nombrado por el Gobernador sujeto al consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico; establecer sus propósitos, deberes y facultades; y para otros fines.

Para enmendar los Artículo 2 y 3; y añadir un nuevo Artículo 4 a la Ley 217-2006, que establece un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", a los fines de concederle facultad a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para que pueda generar ingresos propios.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, en aras de incluir a la Cámara de Representantes como el cuerpo legislativo capaz de otorgar consejo y consentimiento para el nombramiento de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el cual tiene un término de 10 años.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva respecto a la población confinada y sumariada de mujeres embarazadas y mujeres con discapacidad mental y/o física bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, incluyendo los protocolos y reglamentos internos para el manejo de esta población en el sistema correccional; investigar el proyecto del Hogar Intermedio de Mujeres a los fines de auscultar los procesos y necesidades de las madres y embarazadas confinadas y sumariadas, así como aquellas con discapacidad mental y/o física; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para corregir la citación del inciso (m), el cual corresponde al inciso (n).

Para enmendar los Artículos 7, 14 y 15 de la Ley 16-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” a los fines de garantizar la alimentación adecuada de un menor, incluyendo el periodo de lactancia; establecer obligaciones del Estado y las agencias gubernamentales; disponer nuevas medidas para asegurar la alimentación; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.3; crear el nuevo Artículo 3.2A; añadir un nuevo inciso (c) y redesignar los actuales incisos (c) y (d) como los nuevos incisos (d) y (e) del Artículo 3.6; y enmendar el Artículo 3.11 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada; enmendar el Artículo 2 de la Ley 59-2017; añadir los nuevos incisos (uu), (vv) y (ww) al Artículo 14; y enmendar los subincisos (1) y (2) del inciso (e) y los subincisos (1) y (2) del inciso (f) del Artículo 93 de la Ley 146-2012, según enmendada, añadir un nuevo Artículo 53A en la Ley 57-2023; añadir un nuevo subinciso (j) al inciso (2) y un nuevo subinciso (vi) al inciso (10) del Artículo 2 de la Ley 266-2004, según enmendada, a los fines de reconocer el estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional como una modalidad de maltrato agravado; limitar el mecanismo de desvío ante una convicción por esta modalidad delictiva; sancionar como asesinato en primer grado el estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional; atemperar el “Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” y el “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores” a la reformulación doctrinal dispuesta en este estatuto; ordenar el diseño de un protocolo uniforme de evaluación e intervención aplicable a todas las instituciones médico-hospitalarias ante un caso certificado o sospechoso de estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional; requerir al Departamento de Justicia y al Negociado de la Policía de Puerto Rico a identificar, certificar y divulgar trimestralmente las estadísticas recopiladas sobre la prevalencia de esta manifestación extrema de violencia; y para otros fines.

Para establecer la “Ley Protectora del Derecho a la Vivienda de las Víctimas de Violencia de Género”; y añadir un inciso (g) al Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

Para enmendar el Artículo 2.6 la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para hacer compulsorio los talleres de violencia de pareja a la parte peticionada en una solicitud de orden de protección cuando esta sea una persona menor de edad o cuando de los hechos se desprenda que hubo daños a la propiedad de la parte peticionaria, o amenaza con causar daños a la propiedad o integridad física de la parte peticionaria, o que hubo agresión física, o que los hechos que motivaron la orden de protección ocurrieron en presencia de una persona menor de edad.

Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en conjunto con el Departamento de Educación, a crear la Certificación Escolar contra el Abuso y la Violencia de Género; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Carta de Derechos para las Personas Víctimas de Violencia Doméstica”; y para otros fines relacionados.

Para declarar el mes de abril de cada año como “Mes de Prevención y Concienciación sobre la Violencia Sexual en Puerto Rico”, con el propósito de crear conciencia sobre el acoso, abuso, agresión y violencia sexual y educar a las comunidades acerca de las maneras para prevenirla; establecer una proclama del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la conmemoración anual; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Portal Electrónico de Rastreo del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual” para proporcionar a las víctimas información relacionada con el estatus del equipo, conocido en la comunidad científica como Kit de Agresión Sexual, “Sexual Assault Kit” (SAK, por sus siglas en inglés); disponer política pública; establecer las responsabilidades de las diferentes instituciones, departamentos y agencias; e implementar el sistema de rastreo que permita a las víctimas acceso a información relacionada con el estatus del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la implementación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de investigar la implementación de esta ley durante estos últimos treinta y tres (33) años de vigencia; los procedimientos criminales; las órdenes de protección; los programas de rehabilitación al agresor y de adiestramientos relacionados a esta ley que brinda el Poder Judicial; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Internado Velda González de Modestti”, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para adoptar el “Código de Lactancia de Puerto Rico” y disponer su vigencia

Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 216-1996, según enmendada, que creó la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a los fines de crear una dispensa especial para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de manera que este organismo pueda disponer de tiempo gratuito en dicha Corporación para educar a la ciudadanía sobre el problema de violencia doméstica; y otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento o falta de cumplimiento con los protocolos y las políticas sobre lactancia por parte de los patronos, centros comerciales, hospitales e instalaciones con acceso al público en general y los programas dirigidos a fomentar la práctica de la lactancia en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.3, 2.1 y 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, también conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica; para ordenar a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Departamento de la Familia; Departamento de Justicia; Departamento de Educación; Departamento de la Vivienda; Departamento de Desarrollo Económico; Departamento de Salud; Negociado de la Policía; y al Instituto de Estadísticas a que realicen acciones afirmativas para garantizar la difusión y el cumplimiento con la política pública contra ésta y todas las otras manifestaciones de la violencia doméstica; y para otros fines pertinentes.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la participación de los Departamentos de la Familia y de la Vivienda en el procedimiento dispuesto en los artículos 623 y 632 del Subtítulo III, Procedimiento para el Desahucio de la “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, 32 L.P.R.A. secs. 2824 y 2836; así como el cumplimiento del deber de las agencias de adopción de informar al público en general la existencia de un programa de entrega voluntaria de menores y de refugio seguro, según lo dispuesto en el artículo 13 de la “Ley de Adopción de Puerto Rico”, Ley 61-2018, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, también conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a los fines de reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica; para ordenar a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Departamento de la Familia; Departamento de Justicia; Departamento de Educación; Departamento de la Vivienda; Departamento de Desarrollo Económico; Departamento de Salud; Negociado de la Policía; e Instituto de Estadísticas a tomar acciones afirmativas para garantizar la difusión y el cumplimiento con la política pública contra ésta y todas las otras manifestaciones de la violencia doméstica; y para otros fines pertinentes.

Para crear la “Ley del Internado María Dolores “Tati” Fernós”, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procedimientos de obtención de órdenes de protección ex parte, al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; el cumplimiento de las entidades correspondientes con las disposiciones del Artículo 2.5 de la referida ley, el cual dispone un periodo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas para notificar, a la parte peticionada, la expedición de una orden de protección ex parte en su contra; los mecanismos de colaboración y cualquier otro proceso necesario por parte de otras ramas de gobierno, con el fin de identificar las razones por las que el procedimiento establecido en el referido artículo no es del todo efectivo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3.10 del Capítulo III de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de que los peticionados bajo las normas de la Ley Núm. 54, supra, reembolsen al Gobierno de Puerto Rico los costos por los servicios médicos ofrecidos por el seguro de salud, a la parte peticionaria como consecuencia de actos de violencia doméstica.

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 74-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público”, con el propósito de incluir entre los temas de educación y adiestramiento el manejo de situaciones de violencia de género en el empleo; y para otros fines relacionados.

Para denominar el edificio de la sede de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) con el nombre de “María Dolores Fernós López-Cepero”, a los fines de reconocer el legado y la trayectoria de esta ilustre mujer puertorriqueña; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para garantizar el acceso a productos de Higiene Menstrual”, para garantizar que las personas menstruantes tengan acceso gratuito a artículos para la higiene menstrual en las escuelas públicas, universidades y agencias gubernamentales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2 y 9 de la Ley 427-2000, según enmendada, conocida como la “Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna” a los fines de incluir nuevas definiciones, especificar como debe computarse la penalidad impuesta, para establecer la facultad de toda madre lactante trabajadora para hacer una reclamación por daños; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género y las querellas presentadas contra los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico; los recursos destinados a atender esta problemática dentro la Uniformada; las razones sobre por qué no se esclarecen las querellas ni se radican cargos contra los agentes que incurren en esta conducta; las posibles soluciones para reformar este proceso interno con el fin de que sea uno ágil y eficiente; cómo se pueden destinar más recursos para que los agentes tengan mayor capacitación y ayuda profesional; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de establecer la imprescriptibilidad del delito de agresión sexual conyugal, cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años y el imputado o imputada mayor de dieciocho (18) años al momento de la comisión del delito.

Para enmendar el Artículo 1.3 y 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de definir la violencia cibernética o digital como parte de las conductas delictivas contempladas en la ley; y para otros fines.

Para enmendar los artículos 3.10 (e) y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de establecer el deber del oficial de orden público y del juez que preside los procedimientos, de orientar a la parte peticionaria sobre los derechos que le asisten; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica,” a los fines de incluir un tercer párrafo para que lea “No obstante lo dispuesto en el primer y segundo párrafo de este artículo, será mandatorio la emisión de una orden de protección para la víctima, cuando se radicaren denuncia(s) o falta(s) al amparo de la presente Ley, y el Tribunal determinare causa probable por el (los) delito (s) en dicha denuncia(s) o falta(s), en cualquier etapa del proceso judicial. Dicha orden de protección seguirá vigente hasta concluido el proceso judicial y no habrá discreción para dejarla sin efecto. De estar presente el imputado o menor al momento de la determinación de causa probable, el Tribunal se asegurará que dicha orden de protección al amparo de la presente ley se diligencie y notifique al momento. Si la radicación del (los) delito(s) o falta(s) se hiciere en ausencia del imputado o menor, y el Tribunal encontrare causa probable en el (los) delito(s) o falta(s) bajo la presente ley, ordenará el arresto de la persona o aprehensión del menor y hará constar en la orden de arresto u orden de aprehensión, que dicha orden de protección ha sido expedida de conformidad con esta ley, incluirá el número de la orden de protección asignado y se asegurará que al momento de diligenciar dicha orden de arresto o de aprehensión por las autoridades competentes, se acompañe copia de la orden de protección para cumplir con el diligenciamiento y notificación al imputado arrestado o menor aprehendido.”

Para ordenar a las comisiones de Recreación y Deportes; y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre las reglamentaciones establecidas en las distintas federaciones deportivas del País en torno al trato que se les brinda a las atletas femeninas; la ejecución de dichos reglamentos en casos de atletas femeninas que resultan embarazadas; si les está permitido a las atletas femeninas asociarse como organización de jugadoras; si son consultadas al momento de la preparación de los reglamentos en los distintos torneos que realizan las federaciones deportivas; el modo en el que el Departamento de Recreación y Deportes atiende este tipo de casos, si recibe algún tipo de querella y cuáles son las consecuencias que toma el Departamento en caso de violaciones a los derechos de las atletas femeninas. Esto, con el fin de evitar que en Puerto Rico ninguna Federación Deportiva, Liga Deportiva u cualquier organización deportiva, entiéndase equipo, utilice cualquier subterfugio para discriminar contra una atleta femenina por estar embarazada u otras condiciones médicas que lo ameriten, como ha sucedido en recientes casos en la Liga de Voleibol Superior femenino; y para otros fines relacionados.