Casos del Tribunal Supremo (Página 50)

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Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico (AC-2009-94) aborda la interpretación del Artículo 3 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. La disposición en cuestión limita la compensación por una enfermedad ocupacional a que la última exposición al riesgo ocurra dentro de los doce meses anteriores a las primeras manifestaciones de la incapacidad. La peticionaria, Carmen Meléndez Villafañe, desarrolló síntomas relacionados con su trabajo entre 1995 y 2004, recibiendo tratamiento privado desde 1998. Tras cesar en su empleo en noviembre de 2004, presentó una reclamación ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en julio de 2006. La Comisión Industrial interpretó la disposición de los doce meses como un término para presentar la reclamación. El Tribunal debe resolver si esta interpretación de la agencia es correcta, es decir, si la ley impone un término de doce meses para reclamar una enfermedad ocupacional. El Tribunal resuelve esta cuestión en la negativa, rechazando la interpretación de la agencia. Esta opinión constituye la primera vez que el Tribunal Supremo interpreta esta disposición particular de la ley.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico adopta nuevas reglas y enmienda otras existentes del Reglamento Notarial. Esta acción se realiza para la implantación de la Ley Núm. 282 de 1999, conocida como Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. Dicha ley confirió a los notarios competencia concurrente con la judicial para atender asuntos no contenciosos. Aunque la ley entró en vigor en el año 2000, su implementación requirió la preparación de reglamentación, la creación del Registro General de Competencias Notariales y ajustes en la Oficina de Inspección de Notarías. La complejidad y los recursos necesarios llevaron al Tribunal a instruir previamente a los notarios a abstenerse de iniciar procedimientos bajo la ley. Tras años de trabajo para atender estas necesidades, la Rama Judicial preparó el proyecto de reglas y enmiendas. Esta resolución aprueba formalmente estas disposiciones, incorporando un nuevo Capítulo IX al Reglamento Notarial.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda el inicio del término prescriptivo para una reclamación bajo el Artículo 1802 del Código Civil. Específicamente, considera cuándo comienza el plazo de un año para la acción de daños y perjuicios de un consorte. La reclamación del consorte está supeditada a la acción por discrimen en el empleo presentada por el otro cónyuge bajo la Ley Núm. 100. El caso involucra a Ismael Serrano Rivera y Mayda Enid Báez Lugo contra Foot Locker Retail, Inc. El señor Serrano Rivera alegó haber sido despedido de forma discriminatoria. La señora Báez Lugo presentó una reclamación por los daños sufridos a raíz del alegado discrimen contra su esposo. El Tribunal concluyó que el término prescriptivo para la acción del consorte bajo el Artículo 1802 comienza desde el momento en que dicha persona conoce que su cónyuge fue discriminado en su empleo. Esta decisión clarifica el punto de partida para la computación del plazo prescriptivo en este tipo de casos.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre la impugnación de filiación matrimonial. La controversia principal es si la acción para impugnar la paternidad por inexactitud biológica había caducado. El peticionario, Antonio Vázquez Vélez, aceptó la paternidad del menor A.Y.V.C. durante su matrimonio con Carelyn Caro Moreno. Tras el divorcio, una prueba de ADN reveló que no era el padre biológico, lo que motivó la presentación de la demanda de impugnación. Un elemento crucial es la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009, que modificó los términos para impugnar la presunción de paternidad según el Código Civil. El Tribunal debe determinar el impacto de esta nueva legislación en los casos que, como este, estaban pendientes al momento de su aprobación y entrada en vigor. La decisión examinará la aplicación de los nuevos plazos estatutarios a los hechos particulares para resolver la cuestión de la caducidad de la acción.

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Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2011 TSPR 132) sobre una impugnación de subasta. El caso enfrenta a Aluma Construction Corp. contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el licitador agraciado, Cidra Excavation, S.E. La controversia principal gira en torno a si existe un plazo legal para que una agencia administrativa resuelva en los méritos una solicitud de reconsideración de una adjudicación de subasta. Esto aplica una vez que dicha solicitud ha sido acogida dentro del término de 10 días que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.). Aluma presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta de Subastas de la AAA tras la adjudicación a Cidra. El Tribunal Supremo, en opinión emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo, concluyó que la Ley no establece un plazo determinado para resolver este tipo de solicitud de reconsideración después de su acogida. Por consiguiente, el Tribunal revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones. La decisión aclara un punto procesal importante sobre los tiempos de respuesta de las agencias en procesos de reconsideración de subastas públicas.

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Esta sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve si el despido de una empleada constituye represalia ilegal tras acogerse a beneficios del Fondo del Seguro del Estado por un accidente laboral. El caso involucra a Verónica Rentas Santiago y su patrono, Autogermana, Inc. La empleada sufrió un accidente en el trabajo y procedió a solicitar y utilizar los formularios para reclamar beneficios bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo (Ley Núm. 45). Informó a la empresa que el Fondo determinó que necesitaba tratamiento y descanso. La controversia principal gira en torno a si su posterior despido violó la Ley de Acción por Represalia del Patrono (Ley Núm. 115). El Tribunal analizó si la acción del patrono estuvo motivada por el ejercicio del derecho de la empleada a reclamar compensación. Concluyó que la peticionaria fue objeto de represalias en su empleo por acudir al Fondo para recibir tratamiento. Por tanto, el Tribunal Supremo determinó que el despido fue retaliatorio. En consecuencia, revocó en parte la decisión del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende una querella de conducta profesional contra los abogados Daniel Muñoz Fernós y Miguel Morell Chardón. La querella surge de su representación de veintinueve empleados en un caso de daños y perjuicios contra contratistas. El tribunal examina si los abogados actuaron correctamente al crear, mediante contrato, un comité de codemandantes como intermediario para la comunicación. También evalúa la diligencia desplegada por los abogados ante la falta de cooperación de sus clientes durante el litigio. Los clientes contrataron al bufete de los querellados para reclamar daños por supuestos problemas de salud causados por trabajos de sellado de techos. El contrato de servicios profesionales fue firmado por los codemandantes y uno de los abogados. Se les orientó sobre el caso, la necesidad de peritos y las responsabilidades de los clientes. La decisión se centra en la ética de la estructura de comunicación y la respuesta de los abogados a la inacción de los clientes.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 1ro de septiembre de 2011 en el caso identificado como TS-5391 (2011 TSPR 128). La resolución aborda la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por Nelson Rodríguez López. Tras examinar el Escrito Informativo y Solicitud de Orden Adicional, el Tribunal determinó reinstalar al Sr. Nelson Rodríguez López. La decisión fue tomada por la Sala de Verano del Tribunal y certificada por la Secretaria.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Elías Arroyo Rivera del ejercicio de la abogacía. Esta es una nueva suspensión, ya que el abogado fue suspendido previamente en 2005 por falta de pago de cuotas y fianza notarial, aunque luego fue reinstalado solo a la abogacía. La decisión actual se fundamenta en graves deficiencias encontradas en su obra notarial, según un informe de la Oficina de Inspección de Notarías de 2007. Dicho informe detalló faltas como protocolos sin encuadernar, omisión de identificación de otorgantes y falta de iniciales en documentos. Adicionalmente, el licenciado incumplió con la obligación de rendir índices notariales por varios años y adeuda informes anuales de actividad notarial. Estas faltas a sus deberes profesionales y notariales justifican la nueva medida disciplinaria.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Enmienda la Resolución de 10 de junio de 2011. Constituye la composición de la Segunda Sala de Verano. Esta sala funcionará del 4 al 11 de septiembre de 2011. Estará compuesta por los Jueces Hon. Federico Hernández Denton (Presidente), Hon. Rafael L. Martínez Torres, Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo y Hon. Luis F. Estrella Martínez. Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir jueces o convocar al Pleno. El Tribunal continuará emitiendo opiniones y sentencias durante el receso de verano.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una Resolución para atender las emergencias causadas por la tormenta tropical Irene. Reconoce que las Resoluciones previas que declararon días feriados y extendieron términos no fueron suficientes. Debido a las interrupciones generalizadas de servicios esenciales como electricidad y teléfono, los abogados no han podido preparar ni presentar documentos judiciales. Esta situación ha limitado el acceso a los tribunales. Para remediarlo, y al amparo de sus facultades en situaciones de emergencia, el Tribunal suspende todos los términos judiciales. La suspensión aplica a los términos que vencían entre el lunes 22 de agosto y el viernes 26 de agosto de 2011, inclusive. Dichos términos ahora vencerán el lunes 29 de agosto de 2011. Se ordena la inmediata difusión pública de esta medida.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una Resolución para atender las emergencias causadas por la tormenta tropical Irene. Ante las fuertes lluvias e inundaciones, se decretó la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial y el cierre de los tribunales el 24 de agosto de 2011. Como resultado, y ejerciendo su facultad reglamentaria, el Tribunal resolvió considerar dicho día como feriado. Esto aplica al computar los términos en los procedimientos y trámites judiciales, conforme a los artículos 388 y 389 del Código Político. Cualquier término que venciera el 24 de agosto de 2011 se extiende automáticamente. La nueva fecha de vencimiento es el próximo día laborable, el 25 de agosto de 2011. La Resolución ordena su inmediata difusión pública.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida el 21 de agosto de 2011. Se decreta la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial y el cierre de las Secretarías y Tribunales durante todo el día 22 de agosto de 2011. Esta medida se toma en respuesta al aviso de la Tormenta Tropical Irene y para salvaguardar la seguridad de empleados, funcionarios y la ciudadanía. El día libre se carga a la licencia por desastre natural. Conforme a las facultades del Tribunal, el 22 de agosto de 2011 se considerará como día feriado para el cómputo de términos judiciales, aplicando los artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Cualquier término que venza ese día se extenderá automáticamente hasta el próximo día laborable, el 23 de agosto de 2011. Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución.

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Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve una controversia sobre la correcta notificación de resoluciones judiciales que afectan el término para apelar. El caso surge de una demanda por cobro de dinero presentada por el Plan de Bienestar de Salud de la Unión de Carpinteros contra compañías fiadoras. La cuestión central es cuándo se reanuda el plazo para apelar tras una moción interruptora resuelta bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil. El Tribunal reitera que el término para apelar se reanuda únicamente cuando la secretaría notifica adecuadamente el dictamen sobre la moción interruptora. Una notificación que no advierte a la parte que a partir de ese momento tiene derecho a apelar se considera inadecuada. Aplicando este criterio, el Tribunal determinó que la notificación en este caso fue incorrecta. Concluyó que el recurso de apelación presentado por el Plan de Bienestar fue oportuno. Por consiguiente, el Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones. El caso fue devuelto al Tribunal de Apelaciones para que atienda los méritos de la apelación.

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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha de 12 de agosto de 2011. El caso, identificado como TS-9143, trata sobre la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría por parte del Lcdo. Roberto Torres Viera. El Tribunal consideró la petición de reinstalación presentada por el Lcdo. Torres Viera. También se evaluó una moción informativa de la Oficina de Inspección de Notarias relacionada con obra notarial incautada. Tras revisar la solicitud y la información adicional, el Tribunal autorizó la reinstalación del Lcdo. Roberto Torres Viera para ejercer la abogacía y la notaría.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución el 12 de agosto de 2011. Esta resolución trata sobre las bajas voluntarias al ejercicio de la abogacía. Autoriza las solicitudes de baja presentadas durante el mes de julio de 2011. La decisión fue tomada por la Sala de Verano del Tribunal. La resolución identifica a los abogados cuyas bajas fueron autorizadas. Estos son Arsenio López Muñiz, con número TS 7305, e Ileana Muñoz Bayrón, con número TS 10,205. El documento certifica la autorización de estas bajas voluntarias por parte del Tribunal.

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Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la cuestión de si los tribunales locales tienen jurisdicción para imponer una pensión de alimentos a favor de un menor cuando un tribunal del estado de Florida ya ha dictado una orden de alimentos y retenido jurisdicción. Los abuelos paternos del menor, a quienes el tribunal de Florida otorgó la custodia permanente, presentaron una reclamación de alimentos en Puerto Rico contra el abuelo paterno. Previamente, el tribunal de Florida había ordenado a los padres del menor pagar una pensión y expresamente retuvo jurisdicción sobre el asunto. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico concluyeron que sí tenían jurisdicción para atender la reclamación contra el abuelo. El Tribunal Supremo revisa esta determinación jurisdiccional. Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones, aunque por fundamentos distintos, afirmando la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico en este caso particular.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió su decisión en el caso CC-2009-919 el 9 de agosto de 2011. El caso involucra a Ramón Millán Pacheco, acusado de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. El peticionario recurrió ante el Tribunal Supremo, solicitando, entre otras cosas, la supresión de una confesión que hizo durante la etapa investigativa. Se celebraron vistas para evaluar la admisibilidad de dicha confesión. Durante estas vistas, se presentó evidencia sobre las circunstancias en que agentes de la policía acudieron a la residencia del peticionario. Se detalló cómo se le solicitó que acompañara a los agentes y fue transportado a la Comandancia de la Policía. El Ministerio Público presentó al agente investigador como testigo principal en la vista de supresión. La decisión del Tribunal Supremo aborda el análisis de si esta confesión fue obtenida de manera legal y admisible en el proceso penal. Se cita jurisprudencia previa sobre la importancia de proteger los derechos constitucionales en el contexto de la obtención de confesiones.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera si un veredicto de jurado federal en un caso de hostigamiento sexual bajo el Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles tiene efecto de cosa juzgada sobre una reclamación posterior por los mismos hechos ante un tribunal local bajo leyes puertorriqueñas. El caso involucra a Emilia Iris Martínez Díaz, quien alegó ser víctima de hostigamiento sexual por parte de su supervisor en la Comisión Industrial de Puerto Rico desde 1992. Tras un proceso administrativo que confirmó la conducta, la Sra. Martínez Díaz presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. La opinión aborda la interacción entre las jurisdicciones federal y estatal y el principio de cosa juzgada en el contexto de reclamaciones laborales por hostigamiento sexual. Se analiza si la decisión federal impide la litigación de la misma controversia en el foro estatal.