Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 96)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones y un auto de certiorari consolidados. El caso enfrenta a Preferred Medicare Choice y MMM Healthcare (planes médicos) contra el Dr. Orlando Marini, Dr. Ricardo Santiago, Cardio Services y Diagnostic Nuclear Medicine (proveedores médicos). La controversia surgió de una demanda de cobro de dinero de los planes médicos y una reconvención de los proveedores por daños tras la terminación de sus contratos. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la reconvención de los proveedores, concediendo daños y perjuicios. Ambas partes apelaron: los proveedores buscando aumentar las cuantías y obtener honorarios, y los planes médicos impugnando la determinación de dolo y las partidas concedidas. Los planes médicos también recurrieron en certiorari una resolución sobre costas. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Enmendada y la Resolución recurridas. El panel resolvió modificar ambas determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Así modificadas, se confirman las decisiones apeladas y recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó apelaciones y un auto de certiorari consolidados, procedentes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián. El caso original involucró una demanda de cobro de dinero presentada por Preferred Medicare Choice, Inc. y MMM Healthcare, Inc. contra el Dr. Orlando Marini, el Dr. Ricardo Santiago Montalvo y sus corporaciones, tras rescindir sus contratos de servicios médicos alegando facturación indebida. Los doctores y corporaciones reconvinieron, reclamando daños y perjuicios por la terminación dolosa e ilegal de los contratos. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la reconvención en daños y perjuicios y concedió costas. Ambas partes apelaron la sentencia sobre la reconvención; los reconvinientes-apelantes solicitaron modificar las cuantías y conceder honorarios por temeridad, mientras que los reconvenidos-apelados impugnaron la determinación de dolo y las partidas concedidas. Los reconvenidos-apelados también solicitaron un auto de certiorari para revocar la resolución sobre costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos para su examen. Tras revisar los escritos y la prueba, el panel decidió modificar la Sentencia Enmendada y la Resolución recurrida. Así modificadas, ambas determinaciones del Tribunal de Primera Instancia fueron confirmadas.

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Este documento lista múltiples casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Se trata de apelaciones y recursos de certiorari provenientes del Tribunal de Primera Instancia. Las partes involucradas son diversos Consejos de Titulares de Condominios como apelados o recurridos, y Triple-S Propiedad Inc. como apelante o peticionario. Los casos se centran en reclamaciones de seguros relacionadas con los daños causados por el Huracán María. Los asuntos legales principales abordados son el Código de Seguros, incumplimiento de contrato y alegaciones de mala fe. El panel que revisa estos casos está integrado por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos. La Jueza Cintrón Cintrón figura como la jueza ponente. La lista incluye casos de varios condominios como Condado Les Cours, Granada, Torre del Mar, y otros.

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Lista de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Incluye múltiples apelaciones y peticiones de certiorari presentadas por varios Consejos de Titulares de Condominios. Los casos son contra Triple-S Propiedad Inc. y se relacionan con disputas de seguros tras el Huracán María. Las alegaciones principales son incumplimiento de contrato y mala fe bajo el Código de Seguros. El panel está integrado por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos. La Jueza Cintrón Cintrón funge como Jueza Ponente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y pensión alimentaria. Federico A. Cardona Firpi recurre en certiorari contra Cynthia A. Matosantos Lewis para revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden autorizó a la Sra. Matosantos a depositar un cheque de \$60,000 del Sr. Cardona por concepto de pensión alimentaria. La Orden también dio por desistida la solicitud de desacato presentada por la recurrida. El Sr. Cardona alega que el foro primario erró al autorizar el depósito sin permitirle exponer su posición. También argumenta que se violó su debido proceso al no celebrar una vista sobre el incumplimiento de la pensión. La controversia se originó en un pleito de divorcio y fijación de pensión para un menor. La Sra. Matosantos reclamó una deuda de pensión y solicitó autorización para depositar el cheque entregado por el Sr. Cardona. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un recurso discrecional para corregir errores de tribunales inferiores.

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Una parte en un litigio incumplió reiteradamente órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La licenciada Toledo, representante de la parte, no compareció a una vista, no presentó un Informe de Manejo de Casos y no cumplió con órdenes subsiguientes. El TPI impuso sanciones económicas en dos ocasiones y advirtió expresamente que el incumplimiento resultaría en la desestimación de la reclamación. Ante la falta continua de cumplimiento y el impago de las sanciones, la parte apelada solicitó la desestimación. El TPI acogió la solicitud y dictó Sentencia Parcial desestimando la causa de acción de cobro de dinero bajo la Regla 39.2(a), aunque permitió que la reconvención continuara. La parte apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI, detallando todos los incumplimientos. La apelante presentó una apelación alegando que el TPI no observó los requisitos procesales de la Regla 39.2 al imponer la sanción de desestimación. El documento indica que el tribunal está listo para resolver la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, atiende múltiples casos relacionados. Se trata de apelaciones y recursos de certiorari provenientes del Tribunal de Primera Instancia, Salas de San Juan y Fajardo. Las partes involucradas son diversos Consejos de Titulares de Condominios y TRIPLE-S PROPIEDAD INC. En la mayoría de los casos listados, TRIPLE-S PROPIEDAD INC. figura como la parte apelante o peticionaria. Todos los asuntos giran en torno a disputas de seguros surgidas tras el Huracán María. Los temas legales recurrentes incluyen el Código de Seguros, alegaciones de Incumplimiento de Contrato y Mala Fe. El panel de jueces está compuesto por la Jueza Cintrón Cintrón (Ponente), el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida recursos de apelación y un auto de certiorari. El caso se origina de demandas de cobro de dinero presentadas por los planes médicos Preferred Medicare Choice, Inc. y MMM Healthcare, Inc. contra los doctores Orlando Marini, Ricardo Santiago Montalvo y sus corporaciones, alegando facturación indebida. Los doctores y corporaciones reconvinieron, imputando mala fe a los planes médicos por rescindir los contratos ilegalmente y reclamando daños. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la reconvención, concediendo daños y costas a los reconvinientes. Ambas partes apelaron la sentencia del TPI sobre las cuantías y determinaciones, y los planes médicos presentaron un certiorari contra la resolución de costas. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos consolidados. Resolvió modificar la Sentencia Enmendada y la Resolución recurrida. Así modificadas, ambas determinaciones del TPI fueron confirmadas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurrente, Juan José Céspedes, impugnó la desestimación de su querella contra Autogermana, Inc. y BMW Financial Services. La querella original ante el DACo alegaba que un vehículo BMW X6M adquirido en 2013 presentaba defectos y vicios ocultos que ponían en peligro al conductor. Céspedes sostuvo que llevó el vehículo a Autogermana en múltiples ocasiones sin que se resolvieran las fallas. Tras una inspección y una extensa vista administrativa, el DACo declaró la querella Sin Lugar. El DACo determinó que no se probó que las fallas fueran defectos de fábrica. La evidencia sugirió que las condiciones se debían a la pérdida de comunicación entre módulos por bajo voltaje de la batería, relacionado al uso del vehículo en cortas distancias. El DACo concluyó que los recurridos no incurrieron en incumplimiento ni negligencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del DACo.

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Este documento presenta una lista de casos ante el Panel IV del Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluye múltiples apelaciones y recursos de certiorari provenientes de las Salas de San Juan y Fajardo del Tribunal de Primera Instancia. Las partes involucradas en estos procesos son diversos Consejos de Titulares de Condominios y Triple-S Propiedad Inc. Los asuntos legales centrales en todos los casos giran en torno al Código de Seguros, los daños causados por el Huracán María, alegaciones de incumplimiento de contrato y reclamaciones por mala fe. El documento detalla los números de caso civil y de apelación/certiorari asignados a cada litigio. Asimismo, identifica a los jueces que componen el panel y designa a la Jueza Ponente.

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Este documento presenta una lista de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Triple-S Propiedad Inc. figura como apelante o peticionario en todos los procedimientos enumerados. Los apelados o recurridos son varios Consejos de Titulares de diferentes condominios. Se trata de apelaciones y peticiones de certiorari que provienen del Tribunal de Primera Instancia en las salas de San Juan, Bayamón y Fajardo. Los temas legales recurrentes en todas las disputas incluyen el Código de Seguros, daños causados por el Huracán María, alegado incumplimiento de contrato y mala fe. El listado detalla diez apelaciones y tres peticiones de certiorari, involucrando a trece asociaciones de condominios distintas. El panel que atiende estos casos está integrado por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos. La Jueza Cintrón Cintrón es la Jueza Ponente.

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Comparece Nélida María Luna Colón solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que mantuvo una anotación de rebeldía en su contra. La rebeldía se originó en una acción civil donde se le demandó por obstruir el paso a la propiedad de los demandantes. Tras ser emplazada, la señora Luna Colón no contestó la demanda dentro del término inicial ni de una primera prórroga concedida por el TPI. Los demandantes solicitaron la anotación de rebeldía, la cual fue dictada por el TPI. Simultáneamente, la parte peticionaria solicitó una segunda prórroga y, tras la anotación de rebeldía, pidió reconsideración, alegando problemas de salud de su representación legal y presentando la contestación. El TPI denegó tanto la segunda prórroga como dos solicitudes de reconsideración para dejar sin efecto la rebeldía. La peticionaria acudió a este tribunal mediante certiorari para impugnar la decisión del TPI. Este panel revisó el recurso presentado. Finalmente, se resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó la expedición de un recurso de certiorari presentado por Rubén Muñiz Ruberté. El peticionario buscaba la modificación de su sentencia por asesinato en primer grado, alegando violación al debido proceso de ley por representación legal inadecuada a nivel apelativo. Sin embargo, el tribunal encontró que la solicitud carecía de una relación fiel de hechos procesales y materiales. Tampoco hacía referencia a la decisión específica cuya revisión se solicitaba ni contenía señalamientos de error. Además, el recurso no estuvo acompañado del apéndice requerido por el reglamento. Previamente, el tribunal había concedido al peticionario un término de quince días para someter dicho apéndice, pero este no compareció. La denegación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos formales para la presentación de un certiorari, según lo dispuesto en la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Las normas procesales son de estricto cumplimiento, incluso para quienes comparecen por derecho propio.

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Lista de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Incluye múltiples apelaciones y recursos de certiorari. Las partes involucradas son varios Consejos de Titulares de Condominios y Triple-S Propiedad Inc. Estos casos provienen de diferentes salas del Tribunal de Primera Instancia, incluyendo San Juan, Bayamón y Fajardo. Los temas centrales de las disputas giran en torno al Código de Seguros, los daños causados por el Huracán María, el presunto incumplimiento de contrato y la alegada mala fe por parte de la aseguradora. Se detallan los números de caso específicos y el tipo de recurso presentado. También se identifica a los jueces que componen el panel que conocerá de estos asuntos, siendo la Jueza Cintrón Cintrón la Jueza Ponente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con una ejecución de hipoteca. El peticionario, William Calo Rivera, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. Dicha solicitud buscaba anular una sentencia sumaria de 2013, alegando falta de legitimación activa del demandante original. El foro primario declaró No Ha Lugar el relevo de sentencia. El peticionario presentó una moción de reconsideración en el Tribunal de Primera Instancia. Mientras esa moción estaba pendiente, interpuso la petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida, Bautista REO PR Corp., solicitó la desestimación del recurso por ser prematuro y por la alegada falta de legitimación activa del Sr. Calo Rivera. El Tribunal de Apelaciones enfatiza la prioridad de resolver las cuestiones jurisdiccionales. La ausencia de jurisdicción conlleva la desestimación del recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes entre Diego Hatch García (apelante) y Wilmarie Sánchez Rodríguez (apelada). El caso apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Las partes estuvieron casadas bajo un régimen de separación de bienes, pero surgió una disputa sobre la existencia de una comunidad de bienes o el tratamiento de contribuciones. El señor Hatch demandó alegando haber saldado la hipoteca privativa de la señora Sánchez y solicitando el pago. La señora Sánchez argumentó la existencia de una comunidad y reclamó créditos por pagos de utilidades y contribuciones a los ingresos del señor Hatch. El Tribunal de Primera Instancia liquidó una comunidad, reconoció créditos a favor de ambos (Hatch por la hipoteca, Sánchez por utilidades), los compensó y ordenó a la señora Sánchez pagar el balance neto en plazos mensuales. El señor Hatch apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, revoca la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de Geovanny Ortiz Pérez a su clasificación de custodia. El Sr. Ortiz Pérez, quien cumple una sentencia de 152 años, recurrió la decisión del Departamento de Corrección de mantenerlo en custodia mediana. Había sido reclasificado a custodia mediana en 2018 debido a sus buenos ajustes institucionales. En una evaluación de 2021, su puntuación en la escala de clasificación indicaba elegibilidad para custodia mínima. No obstante, el Comité de Clasificación y la supervisora aplicaron una modificación no discrecional obligatoria. Esta regla, basada en enmiendas al manual de la agencia, exige que los confinados a los que les resten más de 15 años para ser considerados para libertad bajo palabra sean ubicados en custodia mediana, independientemente de su puntuación. La agencia citó esta regla y el hecho de que el Sr. Ortiz Pérez no cumplía con la excepción de 10 años ininterrumpidos en custodia mediana. El Sr. Ortiz Pérez argumentó que esta regla era rígida, contradecía los principios de rehabilitación y aplicaba criterios más onerosos. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la determinación del Departamento de Corrección de ratificar su nivel de custodia mediana.

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Este documento presenta una lista de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Se trata de múltiples apelaciones y recursos de certiorari. Las partes involucradas son varios Consejos de Titulares de Condominios como apelados o recurridos. La parte apelante o peticionaria en todos los casos es Triple-S Propiedad Inc. Los casos provienen de diferentes salas del Tribunal de Primera Instancia, incluyendo San Juan, Bayamón y Fajardo. Los asuntos legales comunes en estas disputas incluyen el Código de Seguros, reclamaciones relacionadas con el Huracán María, incumplimiento de contrato y alegaciones de mala fe. El panel judicial está compuesto por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos. La Jueza Cintrón Cintrón es identificada como la Jueza Ponente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, conoce de múltiples casos que involucran a varios Consejos de Titulares de condominios. Estos consejos figuran como apelados o recurridos en procedimientos de apelación y certiorari. La parte apelante o peticionaria en todas estas acciones es Triple-S Propiedad Inc. Los casos provienen de distintas salas del Tribunal de Primera Instancia. Las controversias giran en torno al Código de Seguros, los daños causados por el Huracán María, alegaciones de incumplimiento de contrato y mala fe por parte de la aseguradora. El panel judicial que conoce de estos asuntos está integrado por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos. La Jueza Cintrón Cintrón es la jueza ponente. El documento agrupa diversas disputas legales relacionadas con reclamaciones de seguros post-huracán.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de salarios contra Pfizer Pharmaceuticals, LLC. Empleados demandaron a Pfizer alegando pago incorrecto por tiempo de comida y cálculo erróneo de horas extras. Reclamaron no haber recibido el periodo completo de alimentos y que el diferencial de turno no se incluyó en el salario regular para el pago de horas extras. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial. Esta sentencia favoreció a los demandantes en cuanto al cómputo del diferencial de turno para la compensación extraordinaria. No obstante, desestimó la reclamación de los demandantes sobre el periodo de tomar alimentos. Ambas partes apelaron esta determinación parcial ante el Tribunal de Apelaciones. Pfizer apeló la parte relativa al diferencial de turno, mientras los demandantes apelaron la desestimación de su reclamo por el tiempo de comida. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos y el derecho aplicable. Procedió a modificar la determinación judicial parcial impugnada y devolvió el caso al foro de instancia para la culminación de los procedimientos pendientes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre custodia compartida y patria potestad de una menor. La madre apelante impugna la decisión que concedió la custodia compartida al padre apelado. El padre solicitó un plan de custodia al 50% en semanas alternas. La madre aceptó la custodia compartida en principio, pero propuso un plan alterno (ella en días escolares, padre fines de semana alternos) y pidió evaluación de trabajo social. Sus objeciones se centraban en la capacidad del padre para manejar las responsabilidades escolares de la niña. El padre se opuso al plan alterno y a la intervención de trabajo social. Tras el proceso en el foro de instancia, se emitió la sentencia que otorgó la custodia compartida al padre. El Tribunal de Apelaciones, al resolver la apelación, determinó revocar la Sentencia apelada. Esta decisión anula la concesión de custodia compartida al padre realizada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida varios casos entre Janssen Ortho, LLC y entidades relacionadas, y el Municipio de Gurabo. Las controversias giran en torno a deficiencias de patentes municipales y revisiones judiciales conexas. Se consolidaron tres procedimientos específicos para su resolución. Estos incluyen una apelación de las entidades Janssen impugnando una sentencia de instancia sobre cosa juzgada y sentencia sumaria. El Municipio presentó dos recursos de certiorari. Uno recurre de una resolución de instancia que declaró al Municipio en rebeldía. El otro impugna la denegatoria de la solicitud del Municipio para descalificar la representación legal de las entidades Janssen. La sentencia consolida estos asuntos por versar sobre las mismas partes y materia, iniciando un repaso de sus antecedentes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia consolidando varios recursos relacionados con disputas sobre deficiencias de patentes municipales. Las partes involucradas son las subsidiarias de Janssen (Janssen Ortho LLC, Janssen Cilag Manufacturing LLC, etc.) y el Municipio de Gurabo. El caso KLAN2021-00284 es una apelación de las subsidiarias de Janssen contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que aplicó la doctrina de cosa juzgada a una solicitud de sentencia sumaria. Los recursos de certiorari KLCE2021-00509 y KLCE2021-00511 fueron presentados por el Municipio de Gurabo. En KLCE2021-00509, el Municipio impugna una resolución que le anotó la rebeldía. En KLCE2021-00511, el Municipio solicita la revocación de una resolución que denegó la descalificación de los abogados de las subsidiarias de Janssen. La consolidación se ordena debido a que los casos versan sobre controversias entre las mismas partes en el mismo pleito. La sentencia procede a detallar el trasfondo fáctico de cada caso para su análisis.

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Múltiples casos se presentan ante el Panel IV del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Estos procedimientos involucran a varios Consejos de Titulares o asociaciones de condominios como partes apelantes o recurrentes. La parte apelada o peticionaria común en todos los casos es Triple-S Propiedad Inc. Se trata de apelaciones o recursos de certiorari que se originan en el Tribunal de Primera Instancia en diferentes salas. Las controversias subyacentes se relacionan con reclamaciones derivadas del Huracán María. Los temas legales citados en estos casos incluyen el Código de Seguros, incumplimiento de contrato y mala fe. El documento identifica a los jueces específicos que componen el panel asignado para conocer de estos asuntos y nombra a la Jueza Cintrón Cintrón como la Jueza Ponente.

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Josué Ortiz Colón, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, solicitó una certificación de las sentencias que consideraba ya cumplidas, excluyendo una de 99 años, y su eliminación de su récord administrativo. El Departamento respondió inicialmente que sus sentencias eran concurrentes y que aún no había cumplido ninguna. Disconforme, Ortiz Colón solicitó reconsideración y, al no recibir respuesta oportuna, interpuso un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Durante la tramitación del recurso, el Departamento emitió una respuesta en reconsideración, revocando la contestación previa. Adjuntó una certificación que detallaba que el recurrente cumple sentencias concurrentes que suman 198 años, con fecha de ingreso en 1999. Dicha certificación indicaba una fecha de extinción de sentencia en 2195 y elegibilidad para libertad bajo palabra en 2049, lo que implicaba que no había cumplido la mayoría de sus penas. El Tribunal de Apelaciones revisó el proceso administrativo y la determinación final del Departamento. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal confirmó el dictamen recurrido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación presentada por Christian Joel Santiago Fantauzzi. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia lo encontró culpable de violaciones a los Artículos 108 y 177 del Código Penal de 2012 (agresión y amenazas). También fue hallado culpable de infringir los Artículos 5.04 y 5.15 de la derogada Ley de Armas de Puerto Rico (posesión de arma de fuego y apuntar con un arma). Los cargos se originaron por hechos ocurridos el 13 de agosto de 2018. El señor Santiago Fantauzzi renunció a su derecho a juicio por jurado y fue juzgado por el tribunal. Tras ser declarado culpable de 4 de los 8 cargos imputados, presentó varias mociones, incluyendo una solicitando nuevo juicio. El foro primario emitió sentencia condenatoria con agravantes, considerando su historial delictivo y el uso de arma de fuego. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

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Este caso es una apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre una demanda por daños y perjuicios. Un grupo de confinados demandó a oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), alegando que se les impidió asistir a un culto religioso, violando sus derechos constitucionales. Reclamaron $\$10,000$ cada uno en daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al determinar que los demandantes no agotaron los remedios administrativos disponibles en el DCR. Uno de los confinados apeló, solicitando ser relevado de este requisito. El Tribunal de Apelaciones revisó la doctrina del agotamiento de remedios administrativos y las excepciones legales aplicables. Se consideró el reglamento del DCR que establece un proceso para que los confinados presenten quejas, incluyendo las relacionadas con servicios religiosos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Un peticionario solicitó la desestimación de una demanda en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) alegando el incumplimiento de la parte demandante con el descubrimiento de prueba y órdenes judiciales. Argumentó que la demandante no contestó interrogatorios a pesar de haber transcurrido en exceso el término. El TPI reconoció la inacción de la demandante pero determinó que la desestimación, la sanción más drástica, no era adecuada en ese momento. En su lugar, el TPI optó por imponer otras sanciones y ordenó una inspección ocular para que las partes discutieran las controversias. El peticionario solicitó reconsideración de esta decisión, la cual fue denegada por el TPI. Inconforme, el peticionario presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el TPI erró al no desestimar la demanda ante el reiterado incumplimiento de la demandante sin justa causa. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los escritos y documentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Josué U. Torres Pérez solicitó mediante certiorari la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción post sentencia bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario, sentenciado en 2004 a 459 años de prisión por delitos de asesinato y Ley de Armas cometidos a los 16 años, argumentó que su pena era inconstitucional. Alegó que la sentencia violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia de *Miller v. Alabama* y *Montgomery v. Louisiana* sobre sentencias a menores. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar su moción y la reconsideración. El peticionario imputó múltiples errores al foro primario, principalmente relacionados con la constitucionalidad y retroactividad de su sentencia. El Tribunal de Apelaciones aceptó la litigación en forma pauperis. No obstante, tras examinar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El Gobierno de Puerto Rico apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Universal Insurance Company y Popular Auto. Las apeladas impugnaron la confiscación de un vehículo Kia Forte incautado por la policía el 29 de mayo de 2020 por una alegada infracción a la Ley de Armas. Popular Auto era el acreedor financiero del auto. La base de la impugnación fue la alegada notificación tardía de la confiscación, fuera del término de 30 días establecido por la Ley Uniforme de Confiscaciones. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de las demandantes, ordenando la devolución del vehículo o el pago de su valor. El Gobierno argumentó en apelación que la notificación se realizó dentro del término legal. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución el 17 de diciembre de 2021 en el caso KLAN202101008. La Sucesión de Israel Kopel Amster solicitó mediante recurso de certiorari la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución, notificada el 26 de octubre de 2021, declaró No ha Lugar la Solicitud de Desestimación y/o Paralización de los Procedimientos presentada por la Sucesión Kopel Amster. El caso original fue incoado por la Sucesión de Ramón E. Ávalo Collazo contra el Sr. Israel Kopel Amster. La demanda original versaba sobre cumplimiento específico de contrato, establecimiento de servidumbre y daños. La Sucesión Ávalo alegó un acuerdo para formalizar una servidumbre de paso sobre un predio vendido, la cual no se ha otorgado ni inscrito formalmente. La Sucesión Kopel Amster solicitó la desestimación de la demanda, argumentando, entre otras cosas, prescripción. El foro primario denegó la desestimación y ordenó la continuación del caso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, denegó la expedición del recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre casos consolidados entre subsidiarias de Janssen y el Municipio de Gurabo. Las controversias provienen del Tribunal de Primera Instancia y se relacionan con deficiencias de patentes municipales y asuntos procesales conexos. Se consolidaron tres casos para revisión. Uno es una apelación de las subsidiarias de Janssen impugnando una sentencia que aplicó cosa juzgada a su solicitud de sentencia sumaria. Los otros dos son recursos de certiorari presentados por el Municipio de Gurabo. Un certiorari impugna una resolución que declaró la rebeldía del Municipio en un caso de deficiencia contributiva. El segundo certiorari impugna la denegatoria de la solicitud del Municipio para descalificar la representación legal de la parte adversa. El tribunal consolidó estos asuntos debido a las partes comunes y las controversias entrelazadas. La sentencia procede a detallar el trasfondo de cada caso para contextualizar la decisión.

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En un proceso penal contra Rodolfo Díaz Hernández por agresión sexual grave contra la menor JMP, surgió una controversia sobre el descubrimiento de prueba. La defensa solicitó acceso al expediente de JMP en el Tribunal de Menores, alegando su pertinencia porque el señor Díaz fue entrevistado como sospechoso en ese caso por hechos relacionados con la menor. El Ministerio Público se opuso, argumentando que el expediente era confidencial y no pertinente al caso actual. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Ministerio Público obtener el expediente y reunirse con la defensa para evaluarlo en su totalidad. Tras denegarse su reconsideración, el Ministerio Público presentó una Petición de Certiorari. Alega que el TPI erró al ordenar el descubrimiento de todo el expediente confidencial sin demostrarse su pertinencia y sin examinarlo previamente en el tribunal. El recurso de certiorari, un vehículo procesal extraordinario y discrecional, busca corregir errores de derecho de tribunales inferiores. El tribunal superior ha concedido una moción urgente y está listo para resolver la petición de certiorari sobre la orden de descubrimiento del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, atiende múltiples casos relacionados con reclamaciones de seguros tras el Huracán María. Triple-S Propiedad Inc. figura como apelante o peticionario en estas acciones judiciales. Los apelados o recurridos son diversos Consejos de Titulares de condominios. Los procedimientos incluyen apelaciones y peticiones de certiorari. Los casos se centran en asuntos del Código de Seguros, incumplimiento de contrato y alegaciones de mala fe. Estos casos se originaron en el Tribunal de Primera Instancia, en las Salas de San Juan y Fajardo. El documento lista trece casos distintos, identificados por sus números de apelación o certiorari y números civiles correspondientes. El panel judicial está integrado por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos, siendo la Jueza Cintrón Cintrón la ponente.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de Certiorari presentado por Estancias Reales S.E., Metro Avanti Properties, Inc., y otros. Los peticionarios solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria. La moción se basaba en la alegación de caducidad de la acción. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Víctor Salgado Micheo y Ana Leonard Junco. La demanda reclama defectos de construcción en una propiedad adquirida en 2004. Los peticionarios argumentaron que la acción había caducado bajo el plazo de dos años de la Ley Núm. 130 de 1967. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir y confirmar el auto solicitado, lo que implica la revocación de la decisión del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Logistics and Consulting Group, LLC contra Javier Dastas Méndez. Logistics demandó a Dastas en el Tribunal de Primera Instancia por incumplimiento de un alegado contrato verbal para el desarrollo de una aplicación móvil. Logistics reclamaba daños y perjuicios tras la ruptura de negociaciones y la falta de entrega del trabajo. Dastas solicitó sentencia sumaria, argumentando la inexistencia de un contrato válido. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la sentencia sumaria, desestimando la demanda, y posteriormente impuso honorarios de abogado a Logistics por temeridad. Logistics apeló tanto la determinación de inexistencia de contrato como la imposición de honorarios. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Se confirma la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso presentado por One Media Corp. y Ramón Acosta Díaz. Los apelantes solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que eliminó sus alegaciones, decretó la rebeldía y desestimó su demanda contra tercero. El caso original fue incoado por Aeronet Wireless Broadband LLC contra One Media y Acosta Díaz. Aeronet reclamó nulidad y violación de un contrato de servicios publicitarios y cobro de dinero. Alegó haber pagado \$30,000 por un año de anuncio en una pantalla digital. Sostuvo que los demandados vendieron la pantalla poco después de recibir el pago, resultando en la remoción de su anuncio. Aeronet argumentó que los demandados actuaron dolosamente y incumplieron el contrato. La Sentencia apelada acogió las alegaciones de Aeronet y desestimó la demanda contra B-Billboard, Inc., LLC. El Tribunal de Apelaciones adelanta que ha resuelto modificar la Sentencia recurrida.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Around The World Holdings, Keith St. Clair y Verde, LLC. Buscan la revocación de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Dicha sentencia declaró Con Lugar una moción de F \& R Construction, Corp. en un caso de cobro de dinero. F \& R Construction demandó a los apelantes basándose en un pagaré de \$300,000.00, endosado a su favor. La demanda alegaba una deuda pendiente de principal, intereses y honorarios de abogado. También se reclamaba el pago de tarifas de desarrollo y manejo de activos de Verde, LLC, asignadas a F \& R Construction. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia sumaria a favor de F \& R Construction. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procedió a su adjudicación. El panel apelativo resolvió revocar la Sentencia Sumaria recurrida.

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Este documento lista una serie de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV. Se trata de apelaciones y peticiones de certiorari presentadas por Triple-S Propiedad Inc. Los casos son contra diversos Consejos de Titulares de condominios y asociaciones de propietarios. Todos los litigios se originan en el Tribunal de Primera Instancia, principalmente de la Sala de San Juan. Los asuntos en controversia se relacionan consistentemente con el Código de Seguros, los daños causados por el Huracán María, el incumplimiento de contrato y la alegación de mala fe. El documento identifica cada caso con su número civil y el número asignado por el Tribunal de Apelaciones. Se especifica que el panel judicial está integrado por la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Barresi Ramos, siendo la Jueza Cintrón Cintrón la ponente.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Carlos E. Rodríguez Fantauzzi, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden declaró no ha lugar su moción contra la imposición de honorarios de abogado a favor de la recurrida, Katiria Tolentino Serrano. Los honorarios fueron impuestos por el TPI tras denegar una moción de reconsideración de la recurrida sobre la pensión alimentaria. El peticionario argumentó que la imposición de honorarios era improcedente y la notificación defectuosa. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes procesales del caso de divorcio y pensión alimentaria. Constató que el recurso de certiorari fue presentado tardíamente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación extemporánea.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Petición de Certiorari instada por SZ Development, S.E. Busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación y desembolso de fondos. El caso original fue una demanda de interpleader (Regla 19) presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). BPPR actuaba como agente escrow de $400,000 depositados en virtud de un acuerdo entre SZ Development (vendedor) y Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (CSILO) (comprador). El acuerdo preveía el pago a SZ Development si la titularidad de una propiedad no se transfería para una fecha límite. Vencido el plazo, CSILO instruyó a BPPR a no desembolsar los fondos debido a una posible reclamación judicial contra SZ Development. Ante la controversia sobre a quién desembolsar, BPPR instó el interpleader. SZ Development argumentó que el interpleader era improcedente según los términos del contrato escrow y solicitó el desembolso directo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso y la oposición de BPPR, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari criminal. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha resolución, emitida el 9 de agosto de 2021, desestimó el caso contra Agustín Galves Santana por el delito grave de Portación y uso de armas blancas. La desestimación ocurrió tras múltiples señalamientos de juicio. Un factor recurrente fue la ausencia de una testigo clave de cargo. El Ministerio Público argumentó contra la desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso sobre violaciones a la Ley de Corporaciones. El peticionario, Harold Fernández Lugo, presentó un recurso de Certiorari para revisar una Sentencia Parcial y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dichas decisiones ordenaron el archivo de acciones contra un abogado y declararon No Ha Lugar una solicitud del peticionario. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal revisor. Esta falta de jurisdicción se debió al incumplimiento por parte del peticionario con las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el recurso. La sentencia subraya la primacía de la jurisdicción y el cumplimiento procesal en el sistema judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Costco Wholesale Corporation. Costco solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las solicitudes de sentencia sumaria presentadas por ambas partes. El caso subyacente involucra reclamaciones de represalia y discrimen por impedimento presentadas por un exempleado contra Costco. El foro primario denegó las sentencias sumarias al determinar que existían controversias de hechos materiales sobre el acomodo razonable, el discrimen, la represalia y los daños. Costco impugnó esta decisión, alegando errores en la identificación de hechos controvertidos y en la aplicación del derecho. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Costco.

Resumen:

El Hospital Español Auxilio Mutuo de PR presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una alegada orden denegatoria verbal del Tribunal de Primera Instancia (TPI) relacionada a una petición bajo la Ley 121 para la ubicación de una paciente de edad avanzada. El Hospital argumentó que la espera ponía en riesgo la salud de la paciente y pidió ordenar al Departamento de la Familia su ubicación inmediata. Sin embargo, el TPI emitió una orden escrita posterior que solo citaba a las partes para una fecha futura, pendiente de un informe del Departamento. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue presentado prematuramente. Explicó que los términos para recurrir solo comienzan a transcurrir con la notificación escrita de las órdenes o resoluciones, no con las manifestaciones verbales en sala. Las notificaciones verbales no activan los plazos apelativos. Por tanto, al no existir una orden final escrita y notificada que denegara lo solicitado, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Se desestima el recurso de certiorari.