Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 92)

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico comparecen Valerie Wilmoth Parsons y otros, peticionarios, solicitando la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de acción declaratoria de dominio contra Mary Anne Lawson y otros, recurridos. La controversia surge de la copropiedad de un predio en Rincón donde se construyó una residencia. Los peticionarios alegan haber prestado dinero a los recurridos para la construcción, el cual no ha sido saldado, y que los recurridos manejaron indebidamente los ingresos por alquiler vacacional. En su demanda, los peticionarios buscan que se declare la residencia como propiedad exclusiva suya, se ordene a los recurridos vender su participación, y se les condene al pago de la deuda y ganancias no percibidas. Los recurridos negaron las alegaciones y reconvinieron, afirmando que los peticionarios tomaron control exclusivo de la propiedad y operación de alquiler. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por los peticionarios. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria para revisar dicha determinación.

Resumen:

Judgment from the Puerto Rico Court of Appeals concerning a damages case stemming from alleged boat vandalism at a marina. Plaintiffs sued the marina and security company, claiming negligence led to their boat sinking and seeking substantial damages. A central element of the plaintiffs' case involved the testimony of a security expert. Plaintiffs announced the expert's retention in May 2021, providing his resume and relevant documentation. The expert later participated in a site inspection attended by all parties' legal representatives. Defendants moved to exclude the expert's testimony, arguing plaintiffs failed to provide a summary of his opinions during discovery. The lower court granted the exclusion, citing the plaintiffs' failure to provide both the expert's CV and a summary of his opinions as required by procedural rules, despite timely announcement. The Court of Appeals determined the lower court erred, concluding the expert was announced opportunely and no extreme situation justified the drastic sanction of exclusion.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de revisión judicial presentado por Wilson Cruz Rodríguez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba la revisión de un dictamen administrativo, aparentemente relacionado con bonificaciones por buena conducta o referido a la Junta de Libertad bajo Palabra. Sin embargo, el tribunal determinó que el recurso presentaba serios problemas de redacción que impedían comprender su petitorio. Además, el recurrente incumplió con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones al no exponer los errores alegados ni incluir la respuesta del Departamento en el apéndice. La corte fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción debido a estos incumplimientos procesales. Conforme a la Regla 83 y la jurisprudencia aplicable, la ausencia de jurisdicción es insubsanable y requiere la desestimación del caso. Por tanto, el recurso fue desestimado sin entrar a considerar los méritos de la reclamación.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, David Figueroa, impugnó la Sentencia Parcial Final que desestimó con perjuicio su demanda contra Supermercados Máximo, Inc. (SuperMax). Figueroa había demandado a SuperMax y otras entidades alegando violaciones a la Ley ADA y la Rehabilitation Act por la presencia de barreras arquitectónicas. En su demanda, solicitaba un interdicto permanente para la eliminación de dichas barreras, así como daños compensatorios y nominales. SuperMax, por su parte, negó la existencia de barreras ilegales o violaciones a la Ley ADA, indicando que cualquier potencial incumplimiento había sido o estaba siendo corregido. El Tribunal de Apelaciones evaluó los fundamentos de la Sentencia Parcial Final apelada. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la decisión del foro primario que desestimó la acción contra SuperMax.

Resumen:

Un panel judicial revisó una petición de certiorari presentada por el Sr. Faustino García Abislaimán. El peticionario solicitó la revisión de dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia: una Orden que le impuso una fianza de no residente de \$1,000.00 y una Resolución que declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación de una reconvención. Estos dictámenes surgieron en un caso de daños donde el peticionario es demandado, ha presentado una reconvención y ha incluido a la Sra. Dagmar Rivera Dávila como tercera demandada. La fianza de no residente fue solicitada alegando que el peticionario reside en Florida, un asunto que ya había sido objeto de un certiorari previo denegado. La reconvención cuya desestimación se solicitó fue presentada por la tercera demandada, la Sra. Rivera Dávila. El tribunal, tras evaluar los fundamentos, denegó el recurso de certiorari presentado por el Sr. García Abislaimán.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio sobre la aportación del padre a los gastos educativos de su hija menor. Existía un acuerdo previo donde el padre se comprometía a sufragar un porcentaje de dichos gastos. La controversia surgió cuando la madre solicitó cambiar a la menor de escuela, basándose en la recomendación de la sicóloga de la niña, a lo que el padre se opuso. Tras varias vistas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución el 16 de noviembre de 2023. El Tribunal de Apelaciones concluye que esta determinación constituye un abuso de discreción. Dicho abuso incide directamente sobre el derecho de la menor a recibir la aportación educativa de su padre. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. La Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 16 de noviembre de 2023 es revocada.

Resumen:

El Centro de Periodismo Investigativo solicitó a la Compañía de Turismo de Puerto Rico un listado de las propiedades registradas para alquiler a corto plazo. Esta solicitud incluía la dirección física, nombre comercial y nombre del propietario de cada inmueble. Turismo denegó la petición, alegando que la información era confidencial por ser datos contributivos bajo la Ley 272-2003. El CPI sostuvo que la información solicitada era pública y no correspondía a declaraciones contributivas. Ante la negativa, el CPI presentó un recurso especial de acceso a la información pública al amparo de la Ley 141-2019 ante el Tribunal de Primera Instancia. El tribunal de primera instancia ordenó a Turismo entregar la información solicitada. Turismo apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del tribunal inferior, concluyendo que la información requerida no ha sido designada como confidencial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de *Certiorari* sobre custodia compartida. La peticionaria, Melanie Méndez Ramos, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución acogió la recomendación de la Unidad de Trabajo Social y denegó prueba solicitada por la peticionaria. La acción original fue iniciada por Nelson De Jesús Morales Velázquez solicitando custodia compartida. Tras un acuerdo inicial de relaciones filiales, el tribunal ordenó un estudio social. La peticionaria cuestionó el informe social, señalando un historial de violencia doméstica del recurrido. Durante la deposición de la trabajadora social, solicitó acceso a documentos y notas utilizados en la preparación del informe. El foro primario denegó esta solicitud de descubrimiento de prueba. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones expide el auto y revoca la resolución recurrida, permitiendo la producción de la prueba solicitada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202301078. El recurso fue presentado por la Sucesión de Nilda Milagros Santiago Carrión contra Roxanne Sifontes Smith y otros. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. La demanda original buscaba la partición de herencia, la anulación de contratos de compraventa y una prueba de paternidad. La Sucesión alegó que los contratos fueron producto de dolo y que la filiación de uno de los demandados era incierta. Los demandados solicitaron la desestimación por falta de legitimación activa de la Sucesión para esos reclamos. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de desestimación. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario. Se ratifica la desestimación de la demanda por entender que la parte apelante carecía de legitimación activa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones examinó una petición de certiorari presentada por Gerardo Negrón Ortiz en un caso de desahucio, junto con la oposición de Marilyn Hernández Rodríguez. El recurso buscaba la revisión de determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Tras evaluar los escritos, el tribunal decidió no expedir el auto de certiorari solicitado. La corte explicó que el certiorari es un recurso discrecional y extraordinario. Sin embargo, determinó que los argumentos del peticionario se dirigían principalmente a cuestionar sentencias y órdenes previas que ya eran finales y firmes, y que no fueron apeladas dentro de los términos jurisdiccionales. El tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para revisar esos dictámenes pasados. Al no encontrar fundamentos que justificaran su intervención respecto a la resolución más reciente, y basándose en los criterios para ejercer su discreción, el tribunal denegó la expedición del auto.

Resumen:

Este documento del Tribunal de Apelaciones atiende la revisión judicial presentada por EC Waste LLC contra el Municipio Autónomo de Guaynabo. EC Waste impugna la cancelación de la Solicitud de Propuesta 23-RFP-003, relacionada con la contratación de servicios de manejo de desperdicios sólidos. La cancelación se produjo después de que el Municipio adjudicara la buena pro a otro licitador y EC Waste apelara esa decisión inicial. El Municipio fundamentó la cancelación en la necesidad de reevaluar las especificaciones de la subasta y considerar otras operaciones para el beneficio del interés público. EC Waste argumenta que la cancelación fue un subterfugio para evadir la revisión judicial y que careció de justificación suficiente. El Tribunal anticipa confirmar la determinación administrativa del Municipio. Se destaca la deferencia judicial a las decisiones administrativas, salvo que se pruebe que fueron arbitrarias, ilegales o irrazonables.

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de Apelación presentado por Juan Aponte Colón y otros empleados contra Empresas Díaz, Inc. y otras compañías. El caso original, consolidado con otro, versa sobre reclamaciones de despido injustificado y salarios bajo un procedimiento sumario. Los apelantes solicitaban la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia, emitida en septiembre de 2023, archivó con perjuicio las reclamaciones instadas por 36 de los coquerellantes. El caso ha tenido un historial procesal que incluye la presentación de la querella por 45 personas, contestaciones de las demandadas (una alegando despido justificado), y la paralización parcial de procedimientos debido a quiebras de algunas empresas demandadas, lo que llevó a acuerdos transaccionales para algunos querellantes. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar el dictamen apelado. Con esta decisión, se ratifica el archivo con perjuicio de las reclamaciones de los 36 coquerellantes por parte del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial de una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso enfrenta a una titular del Condominio Doral Plaza, Esperanza Taboada Prado, contra el Consejo de Titulares. La titular presentó una querella ante DACo solicitando acceso a documentos específicos del condominio, como convocatorias y minutas de asambleas, así como evidencia de envío de convocatorias (censurando datos personales). El Consejo de Titulares se opuso, alegando que la solicitud era cosa juzgada por un caso anterior del Tribunal de Apelaciones y que la información solicitada era confidencial. DACo declaró Ha Lugar la querella, ordenando al Consejo entregar la documentación requerida, fundamentando su decisión en el derecho de los titulares a acceder a los documentos del Consejo bajo la Ley de Condominios, salvaguardando la información personal. El Consejo de Titulares recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, reiterando sus argumentos sobre cosa juzgada y confidencialidad. Tras examinar el recurso, el Tribunal procedió a resolver la controversia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la determinación administrativa emitida por DACo.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Chalets Las Muesas contra Mapfre Praico Insurance Company. El recurso busca revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. La demanda original, presentada tras el huracán María, alegó incumplimiento de contrato y dolo por parte de Mapfre en el manejo de una reclamación de seguro. Mapfre, a través de su ajustador, estimó los daños en \$309,384.33. El Consejo de Titulares solicitó sentencia sumaria para que Mapfre pagara dicha cantidad como ajuste en adelanto, argumentando que constituía un reconocimiento de deuda y que el ajuste fue tardío. El foro primario denegó la solicitud, indicando que el caso era demasiado complejo para disposición sumaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Devolvió el caso al foro primario. La devolución es para que el Tribunal de Primera Instancia cumpla con la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil.

Resumen:

Island Portfolio Services, LLC apela la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60. La demanda fue presentada contra Abimael Cruz Alonso por una deuda de \$5,848.60. El tribunal desestimó el caso luego de que dos intentos de notificación al demandado por correo certificado resultaran "unclaimed" y este no compareciera a las vistas. La apelante solicitó reconsideración y la conversión del pleito al procedimiento ordinario, citando la jurisprudencia aplicable. Argumenta que el tribunal incidió al desestimar sin antes ordenar dicha conversión. La Regla 60 es un procedimiento sumario para reclamaciones de cuantías pequeñas, diseñado para agilizar y simplificar el acceso a la justicia. Esta regla permite la conversión al trámite ordinario si se demuestra una reclamación sustancial o en interés de la justicia. La apelación busca que se revoque la desestimación y se ordene continuar el caso bajo el procedimiento ordinario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Wilma R. Ramírez Rivera y Miguel Plaza. El recurso proviene de un caso de desahucio precario en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Los peticionarios solicitan la revisión de una Minuta y una Orden del TPI. La Minuta denegó su solicitud de sentencia sumaria y ordenó una tasación de la propiedad. La Orden posterior dio por cumplida la orden de tasación. Los peticionarios alegan que el TPI erró al no conceder la sentencia sumaria, interpretando incorrectamente un documento de "Dación en Pago" y considerando inoficioso su derecho sobre la propiedad. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el Recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

Resumen:

Se presenta una Petición de Certiorari por la Cooperativa de Seguros Múltiples ante el Tribunal de Apelaciones. La Cooperativa busca revocar una Orden y Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Dicha moción pretendía la desestimación de una demanda de daños y perjuicios instada por Rosa Milagros Acosta Padilla. La demandante alegó que un servicio solicitado a través de la póliza resultó en daños a su vehículo. La Cooperativa argumentó que la póliza no cubría el servicio específico y que el proveedor actuó como contratista independiente. El foro primario denegó la sentencia sumaria, indicando que la moción no cumplía con los requisitos procesales y que existía controversia fáctica. La Cooperativa solicitó reconsideración, la cual también fue denegada. Ante esta situación, la aseguradora acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una controversia de pensión de excónyuge. Las partes se divorciaron en 2009 y estipularon una pensión semanal de $900 en 2013, aprobada judicialmente. En 2023, el exesposo solicitó una rebaja alegando cambios en su salud y cese de práctica médica, mientras la exesposa se opuso, aduciendo necesidad y falta de desarrollo profesional durante el matrimonio. El Tribunal de Primera Instancia (TPI), sin celebrar vista evidenciaria ni recibir prueba, rebajó provisionalmente la pensión de $900 a $500 semanales. La exesposa apeló esta decisión, argumentando violación al debido proceso y falta de base legal sin evidencia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso y suspendió la rebaja provisional. El tribunal apelativo concluyó que el TPI erró al alterar la pensión estipulada de forma provisional sin recibir prueba ni justificación en el récord.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) contra Point Blank Protective Apparel & Uniforms, LLC. Point Blank recurre la orden de la OPM de pagar más de $34,524.00 y $900.00 en honorarios de abogado. La controversia surge de una querella de la empleada Kristal Rodríguez Román sobre la falta de un espacio adecuado para la lactancia. La OPM inspeccionó las facilidades, confirmando la ausencia inicial de un espacio, aunque el patrono lo corrigió posteriormente. La OPM determinó que la empleada estuvo privada de un espacio adecuado por 25 días, violando la Ley Núm. 427-2000. Por ello, la OPM ordenó la compensación correspondiente. Point Blank objeta la orden, alegando que no negó a la empleada el periodo para extraerse leche, sino que la queja fue sobre la inadecuación inicial del espacio. El patrono sostiene que la multa solo procede si se niega el periodo de extracción. El documento detalla el historial fáctico y procesal que lleva a la revisión judicial.

Resumen:

Luis J. Acevedo Matías solicitó una bonificación bajo la Ley Núm. 66-2022 por el tiempo que laboró en un programa agrícola mientras cumplía una sentencia penal de forma alternativa (probatoria). El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) denegó su solicitud inicial y una posterior reconsideración. El DCR fundamentó su negativa en que la Ley Núm. 66-2022 aplica a miembros de la población correccional que se encuentran disfrutando de libertad bajo palabra y están laborando o estudiando, no a quienes están en probatoria. Inconforme con la determinación administrativa, Acevedo Matías presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El recurrente argumentó que la ley debía aplicarse a toda persona cumpliendo sentencia bajo mecanismos alternos a la prisión. El DCR sostuvo que la ley beneficia a quienes, estando en libertad bajo palabra, no gozaban de bonificaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Vanessa Ayala Ocasio, presentó un recurso de Certiorari contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden refirió a las partes a mediación y suspendió la solicitud de sentencia sumaria del recurrido, Sun West Mortgage Company, Inc. La peticionaria alegó que la orden erró al imponer coacción en el proceso de mediación y violar la prohibición de "dual tracking" bajo la Ley Dodd-Frank. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El tribunal determinó que el recurso fue presentado de forma tardía.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por Marisol González Ramos. La apelación, tratada como certiorari, proviene de un caso de ejecución de hipoteca incoado por Banco Popular de Puerto Rico. La señora González Ramos recurrió una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de reconsideración. El caso original se fundamentó en el alegado incumplimiento de un pagaré hipotecario sobre una propiedad en Vega Baja. El proceso en la instancia primaria incluyó un referido a mediación compulsoria conforme a la Ley 184-2012. La apelante había solicitado y obtenido una prórroga para contestar la demanda en el foro de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado contra la denegatoria de reconsideración. Tras su análisis, el Tribunal determinó desestimar la apelación. La desestimación se fundamentó en que el recurso fue encontrado defectuoso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Gilberto Rodríguez Guash. El Peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción Urgente de Relevo de Sentencia. El caso original fue iniciado por la Junta de Planificación contra el Peticionario y el titular de una propiedad. La Junta alegó que el Peticionario operaba un refugio de animales sin permisos en una zona residencial (R-1) e invadió la propiedad. El foro primario dictó Sentencia en rebeldía contra el Peticionario tras su incomparecencia a la vista. Dicha sentencia declaró Con Lugar el injunction solicitado, ordenando el cierre del albergue y el desalojo de la propiedad. La Sucesión del titular de la propiedad también intervino solicitando el lanzamiento del Peticionario. El Peticionario presentó una moción para dejar sin efecto la sentencia, la cual fue denegada por el foro primario. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Rodríguez Guash.

Resumen:

Resumen:

Resumen:

Este caso revisa la adjudicación de la Subasta Núm. 2024-010 del Municipio de San Juan para la impermeabilización de techos. Perfect Integrated Solutions, Inc., el licitador con la propuesta más económica, impugnó la decisión de la Junta de Subastas. La Junta adjudicó la buena pro a All Green Cleaning & Maintenance, LLC, a pesar de que su propuesta era más costosa y carecía de experiencia previa en el servicio. El Municipio rechazó la propuesta de Perfect Integrated Solutions alegando una inconsistencia en la presentación de la cuantía. Perfect Integrated Solutions argumentó que su propuesta era la de menor costo, cumplía con los requisitos y beneficiaba el interés público. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la actuación del Municipio fue irrazonable y arbitraria. Determinó que la cantidad ofrecida por Perfect Integrated Solutions surgía claramente de su propuesta. Por tanto, el tribunal procedió a revocar la determinación recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones conoció de una solicitud de revisión administrativa presentada por Luis Rivera Quiñones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante Resolución del 8 de noviembre de 2023, el Tribunal requirió al recurrente cumplir con requisitos reglamentarios en un término de 10 días. La notificación inicial de esta Resolución falló debido a un error en la dirección postal. El 7 de diciembre de 2023, se ordenó una segunda notificación, apercibiendo al recurrente que el incumplimiento resultaría en la desestimación del recurso. Esta segunda notificación se efectuó el 8 de diciembre de 2023. A la fecha de la sentencia, transcurridos más de 40 días, el señor Rivera no compareció ni cumplió con lo requerido. Ante la incomparecencia e incumplimiento del recurrente, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Consejo de Titulares del Condominio First Federal Savings demandó a Edgar Francisco Morales Ramírez y Lion Crest Investment, LLC por \$93,819.21 en cuotas de mantenimiento vencidas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra Morales Ramírez por la suma reclamada. Posteriormente, enmendó la sentencia para incluir a Lion Crest y condenar a ambos solidariamente. Morales Ramírez solicitó relevo de sentencia, alegando que ya no era titular del apartamento al momento de la demanda. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones, acogido como certiorari, busca revocar la sentencia enmendada. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria, Carmen Reyes Rivera, solicitó un auto de certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó una moción de la peticionaria que buscaba que el TPI ordenara a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) producir un memorando interno. La moción también trataba sobre disposiciones relacionadas con pagos e intereses certificados adeudados por la OAT a la peticionaria en procedimientos postsentencia. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari para órdenes postsentencia es discrecional y se rige por criterios específicos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Señala que las decisiones judiciales se presumen correctas y la intervención requiere demostrar que se cumplen los criterios para la expedición del auto. Al no encontrar presentes los fundamentos necesarios para ejercer su discreción, el Tribunal deniega la solicitud de certiorari. Esto valida la determinación del TPI de no acceder a la petición de la parte recurrente sobre la OAT y los asuntos de pago postsentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre entredicho e injunctions relacionado con el control de Refricentro, Inc. La Sentencia Parcial apelada concedió parcialmente una solicitud de sentencia sumaria a la sucesión Arvesú, denegó otra solicitud de la misma parte y desestimó con perjuicio la reconvención de los apelantes. El litigio se inició con una demanda alegando que un grupo de directores electos por la mayoría de accionistas fue impedido de acceder a las instalaciones y haberes corporativos. Los demandantes solicitaron remedios de injunction para detener presuntas violaciones fiduciarias y reclamaron daños. Los apelantes, en su defensa y reconvención, argumentaron que los demandantes incumplieron reglamentos corporativos, intentaron nombrar personas no accionistas y que la asamblea no fue reconocida. Sostuvieron que la demanda carecía de fundamento y presentaron una reconvención. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó modificar el dictamen recurrido y, así modificado, lo confirmó.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de una revisión instada por Eric M. Vázquez Rojas, confinado en la Institución Guayama 1,000, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitaba que se ordenara al Departamento informar el estatus del depósito de un incentivo económico por la emergencia del Covid-19 en su cuenta de comisaría. Previamente, Vázquez Rojas había presentado una Solicitud de Remedio Administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación requiriendo dicha información. Sin embargo, al comparecer ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente no anejó la respuesta del Departamento a su solicitud administrativa. El Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se fundamentó en que el recurrente no perfeccionó su recurso conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, específicamente al no incluir la resolución o respuesta administrativa objeto de la revisión. Esta omisión impidió al Tribunal colocarse en posición de atender y resolver el reclamo en sus méritos.

Resumen:

El señor Alejandro Berrios Rivera solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de nuevo juicio. La solicitud se fundamentó en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, alegando representación legal inadecuada. El peticionario argumentó que su abogado fue negligente al no asegurar la comparecencia de su testigo de coartada o el padre de su pareja, lo que, a su juicio, hubiera alterado el resultado del juicio. El Ministerio Público se opuso, sosteniendo que el abogado actuó diligentemente, presentó múltiples recursos y consultó con el peticionario antes de someter el caso. Además, el Ministerio Público señaló que el peticionario no demostró perjuicio, ya que la prueba documental de coartada fue admitida. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista donde el peticionario testificó sobre la falta de gestión de su abogado para citar a la testigo clave. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de nuevo juicio. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Se revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda por negligencia contra Garaje Rivera, Gilberto Rivera Torres, Universal Insurance Company y Caribbean Alliance Insurance Company. La demanda fue instada por María Ocasio Laracuente y Patricia Faria Ocasio tras reparaciones defectuosas a un vehículo asegurado. El foro primario concluyó que el daño se debió a la negligencia de los apelantes. Estableció una proporción de responsabilidad del 75% para las aseguradoras (UNIVERSAL-CAICO) y 25% para Garaje Rivera y su dueño. Además, concedió partidas de compensación por daños morales, pérdida de uso del vehículo, honorarios de abogados, costas e intereses legales. Los apelantes solicitaron la revisión de dicho dictamen ante este foro. Tras evaluar los fundamentos, el panel procede a emitir su decisión. Por los motivos expuestos, se revoca la sentencia apelada en cuanto a UNIVERSAL-CAICO. No obstante, se confirma la sentencia en cuanto a Garaje Rivera y Gilberto Rivera Torres. Esto implica que la responsabilidad atribuida al garaje se mantiene, mientras que las aseguradoras son exoneradas por esta decisión.

Resumen:

Se revisa la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios instado por María Ocasio Laracuente y Patricia Faria Ocasio. La demanda original fue presentada contra Garaje Rivera, Gilberto Rivera Torres, Universal Insurance Company y Caribbean Alliance Insurance Company. El foro primario declaró con lugar la demanda, concluyendo que el daño se debió a la negligencia de los demandados. El Tribunal de Primera Instancia asignó un 75% de responsabilidad a las aseguradoras (UNIVERSAL-CAICO) y un 25% a Garaje Rivera y su dueño. Además, concedió partidas por daños morales, pérdida de uso del vehículo, honorarios de abogados, costas e intereses. El caso se originó tras un accidente de tránsito y la posterior reparación del vehículo en Garaje Rivera, recomendado por un ajustador de la aseguradora, donde surgieron problemas. Este panel judicial, al revisar la sentencia, decide revocarla en cuanto a la responsabilidad de UNIVERSAL-CAICO. No obstante, se confirma la sentencia apelada en cuanto a la responsabilidad de Garaje Rivera.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Pedro Hernández Guilbe, apelante, solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Enmendada presentada por OFG BANCORP h/n/c Oriental Bank, apelado. Hernández Guilbe incoó inicialmente una demanda sobre sentencia declaratoria y daños, alegando dolo por parte de Oriental Bank en relación con un contrato de arrendamiento financiero de un vehículo. Argumentó que el banco no le proveyó remedios ante sus incumplimientos y lo indujo a pagar una deuda que no tenía, causándole daños. Oriental Bank contestó la demanda negando responsabilidad y presentó una reconvención, reclamando el pago de la deuda contractual vencida y la reposesión del vehículo debido a los incumplimientos de Hernández Guilbe. El banco solicitó sentencia sumaria a su favor, argumentando la existencia de una deuda líquida y exigible y la falta de fundamento en las reclamaciones del apelante. Hernández Guilbe se opuso a la sentencia sumaria, presentando documentos para sustentar su posición. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma el dictamen apelado.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una petición de Certiorari presentada por Pura Cosme Oliveras y otros contra María Cosme Domínguez y otros. El recurso proviene de un caso sobre liquidación de comunidad de bienes en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los peticionarios solicitaron revocar una Orden del foro primario emitida el 18 de diciembre de 2023. Dicha Orden dispuso que no procedía sustituir una parte mediante demanda enmendada en un caso con sentencia. Los peticionarios alegaron que el foro primario erró al denegar la sustitución bajo la Regla 22.1(b) de Procedimiento Civil. El Tribunal de Apelaciones, evaluando la solicitud y el expediente, concluyó que los peticionarios no demostraron que el foro primario incurriera en error. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

Comparece el señor Faustino García Rivera solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenó continuar un procedimiento de desahucio por la vía ordinaria. El señor García había iniciado una demanda sumaria de desahucio y cobro de dinero contra el señor Harrison Tyler Hines por falta de pago de cánones de arrendamiento. El señor Tyler admitió adeudar sumas, pero alegó que el incumplimiento se debió a que el señor García no mantuvo la propiedad según lo pactado, presentando desperfectos en equipos y servicios. El recurrido presentó una Contestación a Demanda y Reconvención, reclamando daños y solicitando una sentencia declaratoria sobre su derecho a permanecer en la propiedad. Posteriormente, el señor Tyler solicitó la conversión del procedimiento sumario a ordinario para dilucidar sus defensas y reconvención. El señor García se opuso a la conversión, argumentando que el procedimiento sumario era el único aplicable para casos de falta de pago. El Tribunal de Primera Instancia accedió a la conversión a la vía ordinaria. El señor García acudió en certiorari ante este panel para revertir dicha determinación. Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el señor García.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari instada por Adrián Merced Cancel contra el Pueblo de Puerto Rico. El peticionario, compareciendo por derecho propio, no cumplió con la orden del Tribunal de presentar el apéndice y los documentos necesarios para perfeccionar su recurso. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso debido a este incumplimiento. El Tribunal subraya la importancia de cumplir con los requisitos procesales y reglamentarios, incluyendo la presentación del apéndice requerido para los recursos de certiorari. Se destaca que la comparecencia por derecho propio no exime del cumplimiento de las normas procesales, especialmente aquellas de cumplimiento estricto. Dado el craso incumplimiento del peticionario con los requisitos para perfeccionar el recurso, el Tribunal concluye que procede la desestimación. Por tanto, se desestima la petición de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE202301409. La resolución atiende un recurso de Certiorari presentado por Pediatric Professionals PSC. Pediatric Professionals solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Prescripción presentada por Pediatric Professionals. El caso subyacente es una demanda por impericia médica y daños. La demanda fue presentada por Gloria Ocasio Flores y otros contra el Hospital Menonita Caguas y varios médicos. Se alega negligencia profesional en el tratamiento médico de la Sra. María Ocasio Flores en marzo de 2020. La demanda detalla eventos como una colonoscopia, síntomas posteriores, perforación intestinal, cirugía y el fallecimiento de la paciente. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de Certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Juan M. Vázquez Muñoz. La petición buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Hatillo. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero iniciada por la Junta de Planificación de Puerto Rico. La Junta reclamaba el pago de una multa de \$1,000 impuesta administrativamente. La multa derivó de alegadas violaciones al Reglamento Conjunto por operar un negocio con un Permiso Único Automático que no cubría las actividades realizadas. Específicamente, la Junta argumentó que el permiso no autorizaba el manejo de alimentos ni usos relacionados con cannabis. Tras un proceso administrativo que culminó con la imposición de la multa, la Junta presentó la demanda de cobro. El peticionario impugnó la procedencia del cobro en primera instancia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la Resolución apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera una petición de Certiorari Criminal presentada por el Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo solicita revocar una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 23 de octubre de 2023. En dicho dictamen, el TPI desestimó tres acusaciones de delitos graves contra el señor Miguel Antonio Pardo Ortiz. La desestimación se fundamentó en que el TPI entendió que el Ministerio Público infringió, sin justa causa, el término de juicio rápido establecido por la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. Las acusaciones imputaban infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. El historial procesal incluyó solicitudes de descubrimiento de prueba por la defensa, específicamente análisis forenses. En la primera vista de juicio, el Ministerio Público no estaba preparado, mencionando la falta del análisis químico, lo que provocó una dilación y la eventual desestimación por el TPI. El señor Pardo Ortiz ha comparecido solicitando que se deniegue la expedición del certiorari y se confirme la determinación recurrida. El Tribunal procede a evaluar los méritos de la petición.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de Certiorari presentado por Orlando Ramos Rullán. El peticionario impugnaba una orden del Tribunal de Primera Instancia de Utuado que le requería consignar $51,500.00 más intereses. Esta orden se basaba en una sentencia previa del propio Tribunal de Apelaciones que modificó una sentencia parcial sumaria en un caso de cobro de dinero. El litigio original fue iniciado por abogados contra Ramos Rullán por incumplimiento de contrato de servicios profesionales. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia parcial sumaria, luego modificada en apelación para reducir el monto principal adeudado. Ramos Rullán se opuso a la orden de consignación, argumentando que el pago estaba supeditado a la resultancia final del litigio y su reconvención. Alegó además que la orden ex parte constituía una privación de propiedad sin debido proceso. Tras evaluar el recurso, el panel del Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia. Dicha Sentencia desestima el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender la petición.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Aguada. M.R. Méndez Construction Corp. impugnó la adjudicación de la Subasta Núm. 1; Serie: 2023-2024 para mejoras en el Parque Carlos Cajigas. La Junta de Subastas otorgó la buena pro a Constructora de Aguada, Inc., el segundo postor más económico. Méndez Construction fue el postor con la oferta más baja. La Junta justificó su decisión alegando que Méndez Construction omitió incluir la cuantía requerida para el renglón de A/E Fees & Permits. Méndez Construction argumentó que esta premisa era incorrecta y la decisión arbitraria. El Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para revisar estas adjudicaciones. La revisión judicial aplica un criterio de razonabilidad, concediendo deferencia a las agencias administrativas. El tribunal evaluó la actuación de la Junta de Subastas. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida de la Junta de Subastas del Municipio de Aguada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por Puerto Rico Telephone Company H/N/C Claro de Puerto Rico. Claro solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó resolver por la vía sumaria un pleito de daños y perjuicios. La demandante, Ivis I. Rubero Padilla, instó la acción legal tras el desplome de una torre de telecomunicaciones sobre su propiedad luego del Huracán María. Alega que la torre, ubicada en un predio arrendado por los demandados, le causó severos daños a su propiedad y pérdidas de ingresos. La demandante imputa negligencia a los demandados por incumplimiento de leyes y reglamentos en la instalación y mantenimiento de la torre. También reclama daños adicionales por la remoción de una verja, robo de pertenencias, uso no autorizado de electricidad e instalación de contadores en su propiedad. Los demandados, por su parte, niegan el desplome de la torre, atribuyen los daños a fuerza mayor e invocan la prescripción de la acción. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias de hechos materiales que impedían dictar sentencia sumaria. La Resolución del Tribunal de Apelaciones inicia la revisión de esta determinación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso de Certiorari presentado por CONDADO BUSINESS GROUP CORP. contra Faustino Xavier Betancourt Colón. La petición buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una reconsideración para levantar una anotación de rebeldía contra Condado. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Sin embargo, determinó que no era necesario intervenir en el asunto. El Tribunal tomó conocimiento judicial de que el foro primario dictó una Sentencia de Desistimiento con perjuicio. Esta sentencia fue emitida y notificada el 18 de enero de 2024. Debido a este desarrollo posterior, el recurso de Certiorari se tornó académico. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. Los peticionarios, demandados en un caso de accidente de tránsito y agresión, impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar a su moción solicitando la desestimación de la demanda. Los peticionarios argumentaron falta de jurisdicción por diligenciamiento insuficiente de los emplazamientos y prescripción de la acción contra la aseguradora. El foro primario denegó la desestimación y ordenó contestar la demanda. Los peticionarios acudieron en alzada alegando errores del tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el tribunal apelativo revocó el dictamen recurrido.

Resumen:

El señor Wilfredo G. Santos Vázquez, confinado, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Dicha resolución lo declaró incurso en una falta disciplinaria y le impuso sanciones. El recurrente solicitó reconsideración ante el DCR y, sin respuesta inmediata, acudió al Tribunal de Apelaciones alegando violaciones al debido proceso y falta de prueba. Mientras el recurso judicial estaba pendiente, el DCR emitió una determinación sobre la solicitud de reconsideración. El DCR declaró con lugar la reconsideración y revocó su propia resolución disciplinaria. La agencia determinó que hubo una violación al debido proceso al no notificar la resolución al confinado dentro del término reglamentario. El DCR informó al Tribunal de Apelaciones sobre la revocación de la resolución y solicitó la desestimación del recurso judicial por academicidad. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por academicidad, ya que la determinación administrativa impugnada fue revocada por la propia agencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de división de comunidad de bienes. El recurso fue presentado por Víctor Pérez Rodríguez, impugnando una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que dejó sin efecto una vista. El caso inicial buscaba la división y liquidación de una propiedad inmueble comercial entre sus co-dueños. Las partes habían llegado a un acuerdo, aprobado judicialmente, para vender la propiedad a Maico Properties, LLC. Como parte del acuerdo, se consignó un depósito ante el tribunal. Posteriormente, Maico adquirió las participaciones de varios co-dueños, incluyendo la del Peticionario. El Peticionario solicitó el desembolso de su parte del depósito consignado tras vender su cuota. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se presenta ante este foro un recurso contra una Resolución del Departamento de Hacienda que impuso una multa administrativa de $7,000.00$ al Sr. Luciano Román Chico. La multa se originó tras una inspección en su negocio, donde se encontraron máquinas de entretenimiento operando sin licencia y violaciones relacionadas con bebidas alcohólicas. El recurrente impugnó la cuantía de la multa principal, alegando que debía ser menor, y cuestionó otras multas impuestas. El Departamento de Hacienda argumentó que la multa de $7,000.00$ correspondía a una reincidencia en la operación de máquinas sin licencia, habiendo visitado el establecimiento en tres ocasiones previas. También justificaron las multas por las violaciones con las bebidas alcohólicas. Tras una vista adjudicativa, Hacienda confirmó las multas. El panel judicial revisó los fundamentos del caso y, por los motivos expuestos, CONFIRMÓ la Resolución apelada emitida por la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Hacienda.