Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 77)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Iris Nereida Berríos Sánchez contra el Municipio de Río Grande y el Estadio Ovidio de Jesús. La apelante demandó por daños y perjuicios tras sufrir una caída en el estadio en 2019, alegando negligencia por parte de los apelados. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la apelante identificar el lugar exacto de la caída, lo cual, según el expediente, no cumplió. Los apelados solicitaron sentencia sumaria por insuficiencia de prueba. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio al considerar que la apelante no presentó evidencia suficiente para justificar su causa de acción. La apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando errores en la aplicación de las reglas de procedimiento y la valoración de la prueba. Los apelados se opusieron, señalando el incumplimiento de la apelante con los requisitos procesales y la falta de evidencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los fundamentos de la sentencia sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo la desestimación de la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. La demanda fue presentada por un trabajador lesionado contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) por enriquecimiento injusto. El trabajador recibió beneficios de la CFSE, quien ejerció subrogación contra terceros responsables y transigió con ellos. Posteriormente, el trabajador también transigió con los terceros, aceptando una deducción por el monto recibido por la CFSE. El demandante alegó que la CFSE se enriqueció injustamente a su costa al transigir y renunciar implícitamente a su reclamo. El foro primario desestimó la demanda, concluyendo que la doctrina de enriquecimiento injusto no aplicaba y que el demandante no incurrió en gastos recuperables. El apelante argumentó errores en la aplicación de la Regla 10.2(5) y en la determinación sobre la subrogación y el enriquecimiento injusto. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la aplicación de la Regla 10.2(5). Concluyó que el foro primario actuó correctamente al desestimar la demanda. La sentencia recurrida fue confirmada.

Resumen:

El documento detalla el proceso administrativo que culminó con la adopción del Reglamento Núm. 9508 por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Este reglamento busca actualizar y atemperar la regulación de laboratorios clínicos, centros de plasmaféresis, laboratorios de patología anatómica y bancos de sangre a las disposiciones federales. El Departamento inició el proceso en octubre de 2022 con un aviso público de vista y la disponibilidad de un borrador para comentarios. Se concedió un término de treinta días para la presentación de comentarios escritos y se celebró una vista pública virtual. Numerosas entidades y ciudadanos, incluyendo los recurrentes en este caso, sometieron ponencias y comentarios. Un informe oficial documentó las propuestas recibidas, la acción de la Agencia y su fundamento. Se realizaron reuniones con juntas examinadoras profesionales, como la de Tecnólogos Médicos y la de Enfermería, para discutir recomendaciones. Tras este proceso, el Departamento de Salud aprobó el Reglamento Núm. 9508 el 2 de octubre de 2023. El Reglamento fue aprobado por el Departamento de Estado el 3 de octubre de 2023.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en el caso KLAN202300683. La apelación fue presentada por José Francisco Santos Rivera contra Mennonite General Hospital, Inc. El señor Santos Rivera había demandado a Mennonite alegando discrimen por edad y represalias bajo la Ley Núm. 100 y otras leyes. Argumentó que, a sus 69 años, sufrió acciones adversas, incluyendo un cambio de puesto y suspensión, tras radicar un cargo de discrimen ante la EEOC/UAD. Mennonite, por su parte, sostuvo que las acciones se debieron al desempeño deficiente del empleado. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria de Mennonite y desestimó la querella. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar el dictamen impugnado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños. La parte apelante solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia notificada el 22 de enero de 2024. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. La jurisdicción es un requisito fundamental que debe ser verificado antes de considerar los méritos de una controversia. El término jurisdiccional para apelar es de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. Una moción de reconsideración oportuna puede interrumpir este término si se presenta dentro de los quince días siguientes a la notificación. En este caso, la moción de reconsideración fue presentada el 9 de febrero de 2024, fuera del término jurisdiccional de quince días. Por tanto, la moción no interrumpió el término de treinta días para apelar. El recurso de apelación fue instado el 21 de marzo de 2024, luego de que el término para apelar hubiera vencido. El Tribunal desestimó el recurso por haber sido presentado de forma tardía y por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que había desestimado con perjuicio una demanda de cobro de dinero. Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas) demandó a Hakeem Cruz por \$3,703.00, alegando daños a la infraestructura de la autopista PR-22 causados por un accidente. El TPI, de oficio, desestimó la demanda al clasificarla como una acción de daños y perjuicios prescrita, sujeta a un término de un año. Metropistas apeló, argumentando que la reclamación se basaba en un acuerdo de pago posterior al accidente, constituyendo una acción contractual con un término prescriptivo de quince años. Metropistas presentó el acuerdo de pago en una moción de reconsideración ante el TPI, pero esta fue denegada. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y los documentos en autos. Concluyó que la desestimación del TPI fue incorrecta. Por consiguiente, revocó la sentencia apelada y devolvió el caso al TPI para que continúen los procedimientos.

Resumen:

El documento describe el proceso administrativo llevado a cabo por el Departamento de Salud de Puerto Rico para adoptar el Reglamento Núm. 9508. Este reglamento busca actualizar las normas para el establecimiento y operación de laboratorios clínicos, centros de plasmaféresis, laboratorios de patología anatómica y bancos de sangre, alineándolas con la reglamentación federal. El Departamento anunció la propuesta en octubre de 2022, convocando a un período de comentarios públicos de treinta días y una vista pública virtual. Numerosas entidades y ciudadanos, incluyendo las partes recurrentes en este caso, presentaron comentarios y recomendaciones. El Departamento documentó las aportaciones recibidas y las acciones tomadas en un informe oficial. Se realizaron consultas con juntas examinadoras profesionales relevantes, como la de Tecnólogos Médicos y la de Enfermería. Tras considerar la retroalimentación, el Departamento de Salud aprobó formalmente el Reglamento Núm. 9508 en octubre de 2023.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera peticiones de revisión administrativa presentadas por varias entidades, incluyendo el Colegio de Tecnólogos Médicos y laboratorios clínicos, contra el Departamento de Salud. Las peticiones impugnan el Reglamento Núm. 9508, adoptado por el Departamento de Salud para regular laboratorios clínicos, centros de plasmaféresis, laboratorios de patología anatómica y bancos de sangre. El reglamento busca actualizar la normativa local para atemperarla a las disposiciones federales. El Departamento de Salud inició el proceso en octubre de 2022 con un aviso público, invitando a comentarios y poniendo a disposición el borrador del reglamento. Se celebró una vista pública virtual en noviembre de 2022, donde depusieron y sometieron ponencias diversas personas y entidades, incluyendo los recurrentes. El Departamento de Salud documentó los comentarios recibidos y sus acciones en un informe oficial. Se llevaron a cabo reuniones con juntas examinadoras relevantes para discutir las recomendaciones presentadas. Finalmente, el Departamento de Salud aprobó la versión final del Reglamento Núm. 9508 el 2 de octubre de 2023, el cual fue aprobado por el Departamento de Estado al día siguiente. Esta sección de la sentencia detalla el proceso administrativo seguido por el Departamento de Salud para la adopción del reglamento objeto de las revisiones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una petición de certiorari presentada por Ana Guzmán Febo. La petición buscaba la revisión de varias órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Carolina en un caso de custodia contra Jaime Rivera Quiñones. El caso se centra en las relaciones paterno filiales y decisiones médicas relativas a una menor con condiciones de salud. El Tribunal de Primera Instancia estableció y posteriormente amplió un régimen de visitas para el padre. También denegó la solicitud de la madre para obtener facultades tutelares provisionales. Entre las órdenes impugnadas se encuentra la decisión del TPI de ordenar el cambio de las pediatras de la menor. La peticionaria solicitó la revisión de estas decisiones y la imposición de una sanción. Tras examinar el recurso y el alegato del recurrido, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Se presenta una sentencia de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones. El apelante, José David Resto Luyando, solicita revocar una Sentencia Enmendada y una Resolución dictadas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama. Mediante dichas decisiones, el TPI declaró con lugar una demanda y reconvención, ordenando al demandado pagar \$34,200.00, y denegó una reconsideración sobre incumplimiento de contrato y daños. El caso se origina en la venta de varios equipos (diggers, camiones) por \$35,000.00 entre 2012 y 2015. El apelado, Raúl Ortíz Leandry, alegó que algunos camiones tenían embargos fiscales que impedían su registro. Posteriormente, en 2018, surgió una disputa por el arrendamiento de un digger. El apelante, como arrendatario, se negó a pagar el canon, reteniendo el equipo bajo el argumento de que el apelado le adeudaba dinero por transacciones previas. El tribunal de apelaciones revisa los hechos y argumentos de ambas partes en relación con estas transacciones y la decisión del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso subyacente trata sobre persecución maliciosa y difamación. La peticionaria, Blanca Sáez Ortiz, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden dio por admitidas cuestiones de un Requerimiento de Admisiones presentado por el recurrido, Ricardo Hatton Rentas. El foro primario basó su decisión en el alegado incumplimiento de la peticionaria con los plazos para responder. La señora Sáez Ortiz argumenta que sí contestó el requerimiento, aunque tardíamente, y que las partes estaban en proceso de atender objeciones a sus respuestas. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia erró y abusó de su discreción al dar por admitidas las admisiones bajo estas circunstancias. La peticionaria alega que la actuación del foro primario violó el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, determina denegar el auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que atiende un recurso de certiorari presentado por Carol Sosa Santiago en un caso de daños y perjuicios contra Numed Medical Services, LLC y otros. La peticionaria impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha resolución determinó que la alegación de falta de consentimiento informado no perjudicaba a los demandados, pero consideró que esta causa de acción estaba prescrita. El caso original se relaciona con una quemadura sufrida por la demandante durante un servicio de depilación láser. La demandante alegó negligencia y falta de orientación adecuada. Los demandados negaron negligencia y plantearon defensas como asunción de riesgo y falta de mitigación de daños. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto discrecional solicitado. Anticipa revocar el dictamen del TPI en cuanto a la prescripción de la causa de acción por falta de consentimiento informado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en recursos de Certiorari consolidados. Los Peticionarios, Ariel Acevedo Peñalbert y Ángel Arguinzoni Meléndez, demandaron a Walmart de Puerto Rico, Inc. y Pueblo, Inc. por despido injustificado bajo la Ley 80. La controversia se originó tras la venta de Supermercados Amigo y el rechazo de los Peticionarios a ofertas de empleo de Pueblo. En el proceso de descubrimiento, los Peticionarios solicitaron los nombres de personas y entidades involucradas en la negociación de la venta y las ofertas de empleo. El Tribunal de Primera Instancia denegó las mociones de los Peticionarios para compeler la entrega de esta información. Los Peticionarios recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revocar dichas resoluciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y el historial procesal. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari. Esta decisión confirma la determinación del foro primario de no ordenar el descubrimiento solicitado por los Peticionarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso principal es una reclamación de despido injustificado presentada por Mildred Droz Romero contra Grupo EPEM (Toyota de Bayamón). La demandante alegó despido sin justa causa y discriminación, mientras que el empleador sostuvo que la terminación fue por bajo rendimiento y justa causa. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón denegó una moción de sentencia sumaria presentada por Grupo EPEM, al encontrar que existían controversias sobre hechos materiales. Grupo EPEM solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de esta resolución. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario. La sentencia valida que existen hechos en disputa que impiden resolver el caso mediante sentencia sumaria en esta etapa.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público. La acción penal subyacente es contra Juan Meléndez Suárez por cargos de Asesinato Atenuado y violaciones a la Ley de Armas. El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Primera Instancia sustituir a su testigo pericial, la patóloga forense Dra. López, quien realizó la autopsia pero no estaba disponible para testificar debido a razones contractuales con su nuevo patrono. Pidieron incluir en su lugar al Dr. Chávez para testificar sobre la autopsia y permitir el descubrimiento de su opinión pericial a la defensa. El recurrido, Meléndez Suárez, se opuso a la sustitución. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud del Ministerio Público. Razonó que el ordenamiento penal no permite presentar un perito forense distinto al que realizó la autopsia basándose únicamente en la indisponibilidad por razones económicas. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso de certiorari presentado por Edgar Álvarez del Manzano Ortiz. El recurso impugnaba una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una anotación de rebeldía. Dicha anotación fue impuesta en un caso de custodia iniciado por Carmen E. Martínez Barroso, tía de la menor. El foro primario anotó la rebeldía el mismo día que vencía el término para contestar la demanda. Álvarez del Manzano Ortiz solicitó reconsideración, argumentando que no actuó con temeridad y que tenía defensas válidas. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración. El Peticionario alegó en apelación que el foro primario erró al denegar arbitrariamente su solicitud sin aplicar los criterios legales. El Tribunal de Apelaciones determinó que el dictamen recurrido fue erróneo, expidiendo el auto de certiorari y revocando la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de Certiorari consolidados presentados por Ariel Acevedo Peñalbert y Ángel Arguinzoni Meléndez. Los peticionarios impugnan resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80 contra Walmart de Puerto Rico, Inc. y Pueblo, Inc. La controversia se originó tras la alegada terminación de los peticionarios, exempleados de Supermercados Amigo (propiedad de Walmart), al rechazar ofertas de empleo de Pueblo durante el traspaso de Amigo. En el foro primario, los peticionarios solicitaron una orden para compeler el descubrimiento de nombres de personas y entidades involucradas en la negociación de la compraventa y las ofertas de empleo. Walmart y Pueblo se opusieron a la solicitud, alegando pertinencia y privilegio abogado-cliente. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar las mociones de los peticionarios para compeler el descubrimiento. Los peticionarios recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar dichas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los casos consolidados, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. La demandante, Gloria Sepúlveda Cruz, reclamó contra el Municipio de Hormigueros por inundaciones supuestamente causadas por un sistema de entubamiento de aguas construido por el municipio. El foro primario desestimó la demanda aplicando la doctrina de cosa juzgada en la modalidad de impedimento colateral por sentencia. El municipio argumentó que la reclamación actual era idéntica a una demanda anterior (IDI20030009) que culminó con una estipulación entre las partes. La demandante apeló, sosteniendo que la doctrina de impedimento colateral no aplicaba, pues su causa de acción era independiente y posterior a la construcción. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos de ambas partes. Concluyó que procedía confirmar la determinación del foro primario. La sentencia apelada, que desestimó la demanda por daños y perjuicios, fue confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. La apelación fue presentada por Yessica Ivette Bernardi Maldonado y la Sucesión de Alex Ortiz Ortiz contra Brenda Lee Miranda Maldonado. El caso original es una acción civil sobre cumplimiento específico de contrato, ratificación de compraventa y daños. Miranda Maldonado demandó alegando que celebró un contrato de opción de compra sobre una propiedad, pagó parte del precio de opción y ha residido en la finca por más de diez años, pagando las hipotecas. Afirmó que los promitentes vendedores, tras el fallecimiento de uno, se negaron a formalizar la compraventa y le exigieron desalojar la propiedad. Los apelantes contestaron la demanda y reconvinieron, argumentando que el derecho de opción caducó por no haber sido ejercido a tiempo y solicitaron el desalojo y daños por posesión precaria. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Miranda Maldonado, ordenando el cumplimiento del contrato y desestimando la reconvención. Los apelantes recurren ante el Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto dicha determinación.

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El Tribunal de Apelaciones considera un recurso de certiorari presentado por la Junta de Directores de la Asociación de Propietarios de Hacienda Margarita, Inc. La Junta impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de relevo de una sentencia previa. Dicha sentencia del TPI había ordenado la restitución de José A. Morlá Catalán como director y declarado nula una elección de oficiales. La Junta fundamentó su petición de relevo, amparada en la Regla 49.2, en que su agente residente desconocido su designación al ser emplazado. Esta situación provocó que la Junta no tuviera conocimiento de la demanda ni de la vista de injunction. Alegaron que esta inadvertencia constituye un error o negligencia excusable que justificaba dejar sin efecto la sentencia. El TPI rechazó este argumento y denegó el relevo. La Junta sostiene ante el Apelativo que el TPI erró y abusó de su discreción al no conceder el relevo solicitado. El Tribunal de Apelaciones evaluará ahora los méritos de la petición y la oposición del señor Morlá Catalán.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La recurrente, titular de un apartamento, impugna una resolución de DACO que desestimó su querella contra la Junta de Directores del Condominio Santa Genoveva. La querella original ante DACO planteaba controversias sobre el uso y acceso a elementos comunes como la azotea y los estacionamientos, así como la instalación de unidades de aire acondicionado. DACO celebró una vista administrativa y emitió una resolución con determinaciones de hechos sobre estos asuntos, incluyendo la justificación para restringir el acceso a la azotea y la situación de los estacionamientos y compresores de aire. La recurrente apeló la decisión de DACO ante el Tribunal de Apelaciones, alegando errores en la determinación administrativa. El documento expone el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la presentación del recurso de revisión ante el tribunal apelativo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un Certiorari instado por Francisco Pérez. Pérez impugna una Orden de Protección final de tres meses emitida en su contra bajo la Ley Contra el Acecho (Ley 284) por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden fue dictada el 19 de diciembre de 2023 y tuvo vigencia hasta el 19 de marzo de 2024. Tras denegarse su moción de reconsideración, Pérez acudió en apelación el 29 de enero de 2024, alegando error del foro primario en la apreciación de la prueba y parcialidad. El Tribunal de Apelaciones concedió a la parte recurrida, Edgar Juarbe García, un plazo para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto, sin que este haya comparecido. La resolución procede a detallar la doctrina sobre la jurisdicción, enfatizando su carácter fundamental e insubsanable. Se subraya el deber de los tribunales de auscultar su propia jurisdicción de oficio, ya que su ausencia conlleva la nulidad de los dictámenes.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones United Parcel Services (UPS) mediante un recurso de Certiorari. El recurso busca revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una demanda de UPS para impugnar un laudo arbitral. La controversia se originó con el despido del empleado Oscar A. Rivera González por UPS en enero de 2019. La Unión de Tronquistas de Puerto Rico, en representación del empleado, presentó una querella. Las partes acordaron someter a arbitraje primero la cuestión de si la querella era procesalmente arbitrable. El árbitro determinó en noviembre de 2022 que la querella sí era arbitrable. UPS impugnó este laudo ante el TPI, el cual desestimó la impugnación en junio de 2023. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, resuelve expedir el Certiorari y confirmar la Sentencia recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso administrativo presentado por Javier Martínez Acosta contra la Administración de Corrección y Rehabilitación. Martínez Acosta impugnaba la devolución de una solicitud de reconsideración sobre remedios administrativos, alegando que fue declarada tardía incorrectamente por la agencia. La Administración de Corrección y Rehabilitación, a través del Procurador General, solicitó la desestimación, argumentando que el expediente administrativo no mostraba evidencia de que Martínez Acosta hubiera presentado una reconsideración. Por tanto, la agencia sostuvo que el recurso de revisión judicial ante el tribunal fue presentado fuera del término legal. El tribunal enfatizó la importancia de la jurisdicción y el requisito de presentar los recursos de forma oportuna. Tras examinar el caso, el tribunal determinó que no había evidencia en el expediente de que se hubiera presentado una solicitud de reconsideración ante la agencia. Al no haberse presentado una reconsideración, el término para acudir directamente al tribunal expiró antes de la fecha en que se presentó el recurso. Concluyó que el recurso fue presentado tardíamente. Por consiguiente, el tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Lares. El apelante, un abogado, demandó a la apelada para el cobro de honorarios por servicios legales prestados en un caso de sucesiones. El abogado alegó un acuerdo de honorarios contingentes sobre el valor del interés propietario hereditario obtenido por la apelada. La apelada solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que la reclamación estaba prescrita. El apelante enmendó su demanda, ofreciendo detalles adicionales y alegando que problemas de salud interrumpieron el término prescriptivo. El foro primario desestimó la reclamación con perjuicio, al encontrar que la acción de cobro de honorarios estaba prescrita. El apelante recurrió la sentencia de desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre una solicitud Ad Perpetuam Rei Memoriam. El peticionario, Jaime Noel Sepúlveda Carrero, busca perpetuar el hecho de que es conocido como Jaime Noel de Sepúlveda Carrero. Este caso es secuela de una intervención previa del Tribunal de Apelaciones que ordenó al foro primario celebrar una vista evidenciaria sobre este hecho. En dicha vista, el peticionario presentó prueba documental y testifical. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, concluyendo que la prueba no demostró que el peticionario fuera conocido por el nombre deseado. El foro primario señaló que la prueba sí mostró el uso ancestral del apellido "de Sepúlveda", pero que cayó en desuso. El peticionario recurre nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Alega errores en la evaluación de la prueba y la interpretación de la figura Ad Perpetuam Rei Memoriam por parte del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver el recurso presentado.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Ponce y su alcalde. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original fue incoado por el Comité Amigos Pablo Colón Santiago y Lcdo. Pablo Colón Santiago contra el Municipio y el alcalde, solicitando entredicho, injunction y daños. El foro primario desestimó la demanda del Comité pero concedió un injunction preliminar al Lcdo. Colón Santiago en su carácter personal. Una apelación previa ante este Tribunal confirmó la determinación de que el Lcdo. Colón Santiago tenía una reclamación válida. Posteriormente, los peticionarios solicitaron sentencia sumaria, alegando inmunidad soberana frente a la reclamación de daños. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha solicitud. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Se revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un Recurso de Revisión Administrativa. La recurrente, Teresa Sepúlveda Alancastro, impugna la validez del Plan de Ordenación Territorial (POT) del Municipio de Utuado. El recurso se dirige contra el Alcalde, la Legislatura Municipal de Utuado y la Junta de Planificación. El documento detalla el proceso de elaboración y aprobación del POT, incluyendo acuerdos colaborativos, vistas públicas y las aprobaciones por la Legislatura Municipal, la Junta de Planificación y el Gobernador. El Tribunal desestima el Recurso de Revisión Administrativa presentado. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202301043. El recurso fue instado por Josefina Saviñon Lovelot contra la Asociación de Residentes de Altamira. La apelación buscaba revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había condenado a la señora Saviñon al pago de cuotas de mantenimiento acumuladas, más cuotas futuras, recargos, costas y honorarios de abogado a favor de la Asociación. La Asociación presentó una demanda de cobro de dinero reclamando la deuda por cuotas de mantenimiento y gastos relacionados con el sistema de acceso controlado. La señora Saviñon negó la deuda, alegando ser dueña de la propiedad desde 1983 y haber rechazado el control de acceso. La Asociación argumentó que la obligación de pago surgió tras una readquisición de la propiedad en 1995. El TPI dictó sentencia sumaria a favor de la Asociación, determinando la deuda y los conceptos a pagar. Tras revisar los argumentos y documentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en el caso de Carlos José Ortega Torres contra Media Power Group, Inc. (Radio Isla 1320). La parte peticionaria, Media Group, solicitó un auto de certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Media Group argumentó que la reclamación por represalias incluida en la demanda enmendada debía ser desestimada por no agotar remedios administrativos tras presentar una reclamación ante la Unidad Antidiscrimen. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y mantuvo el caso en procedimiento ordinario. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari. Con esta decisión, se confirma la determinación del foro primario de no desestimar la demanda. El caso continuará su trámite en el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta resolución atiende dos recursos de certiorari consolidados, KLCE202400191 presentado por el Municipio de Toa Alta y KLCE202400193 por Fidelity Company of Maryland. Ambas partes solicitaron la revisión de una Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar a las mociones de desestimación y/o sentencia sumaria presentadas por el Municipio y Fidelity. El caso subyacente es una demanda incoada por Lord Construction Group, Inc., subcontratista en un proyecto de construcción municipal, contra el Municipio de Toa Alta y Fidelity como fiadora. Lord Construction reclama el pago por trabajos realizados, alegando una acción directa contra el municipio y el incumplimiento de la fianza por parte de Fidelity. Tras considerar los recursos y el expediente, este panel, presidido por el Juez Figueroa Cabán y con el Juez Bonilla Ortiz como Ponente, concluye que no procede la expedición de los autos de certiorari solicitados. Por tanto, se deniega la expedición de los recursos de certiorari presentados por el Municipio de Toa Alta y Fidelity.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. Tamara I. Rivera Martínez solicitó la revisión de una Resolución de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. La Junta de Retiro había ordenado el archivo con perjuicio de una apelación incoada por la Sra. Rivera Martínez. Dicha apelación administrativa versaba sobre un cobro indebido de pensión por la cantidad de \$111,798.95. La Junta de Retiro inició el cobro tras determinar que la recurrente trabajó en un municipio mientras recibía su pensión. El archivo administrativo se fundamentó en la reiterada incomparecencia de la Sra. Rivera Martínez a las conferencias y vista administrativa. Además, la recurrente incumplió con las órdenes del foro administrativo para mostrar justa causa por sus ausencias. A pesar de una moción de reconsideración y notificaciones sobre un posible acuerdo transaccional, el caso fue archivado por falta de interés. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal ante la Junta de Retiro. Finalmente, el Tribunal Confirma la Resolución recurrida, validando el archivo con perjuicio de la apelación administrativa.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones HAR Corporation, solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de HAR para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía. El caso original fue iniciado por APEX Bank contra HAR por cobro de dinero y ejecución de hipoteca debido a incumplimiento de pago. HAR no contestó la demanda, resultando en una sentencia en rebeldía a favor de APEX por la deuda reclamada. Tras ordenarse la ejecución de la sentencia, HAR solicitó relevo de la misma, alegando negligencia excusable por desconocimiento legal de su administrador judicial. APEX se opuso, argumentando dejadez e incuria por parte de HAR. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de relevo de sentencia de HAR. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso de apelación como Certiorari. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen del foro primario.

Resumen:

Se presentó una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda por falta de parte indispensable. Los apelantes, William H. López Garcés y Gladys Álamo Rodríguez, demandaron a Metro Avanti Corp. y al Municipio Autónomo de Guaynabo reclamando el reconocimiento de una servidumbre de paso y daños y perjuicios. Alegaron que los demandados cerraron un camino que utilizaban para acceder a su finca desde 1959. Los apelados solicitaron la desestimación argumentando que la servidumbre reclamada también discurría por fincas de otros titulares (Manuel Resto Robles/Municipio y Francisco Nieves Figueroa/Amada Rivera Rodríguez), quienes eran partes indispensables. Tras una reconsideración y la presentación de prueba adicional, el Tribunal de Primera Instancia determinó que faltaban partes indispensables y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y, por los fundamentos expuestos, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Se resuelve sobre dos recursos de certiorari consolidados presentados por el Municipio de Toa Alta y Fidelity Company of Maryland. Ambos recursos solicitaban la revisión de una Resolución Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, notificada el 16 de enero de 2024. Mediante dicha resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar a las mociones de desestimación y/o sentencia sumaria presentadas por el Municipio y Fidelity. El caso original fue incoado por Lord Construction Group, Inc., un subcontratista. Lord Construction demandó al Municipio, como dueño del proyecto "Construcción del Terminal de Carros Públicos y Edificio Multiuso", y a Fidelity, como fiadora. La demanda reclamaba el pago por trabajos realizados tras la terminación del proyecto, alegando una acción directa contra el Municipio y el incumplimiento de la fianza por parte de Fidelity. El Municipio y Fidelity buscaron desestimar la demanda o obtener sentencia sumaria, pero el tribunal primario denegó sus solicitudes. Tras consolidar los recursos de certiorari, este foro procedió a evaluarlos. Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición de los recursos de certiorari solicitados por el Municipio de Toa Alta y Fidelity.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Sonnell Fleet Solutions II, LLC contra la Junta de Subastas del Municipio de Patillas. Sonnell impugnó la adjudicación de la Subasta SM2023-005 para servicios de mantenimiento y reparación de flota vehicular. La Junta de Subastas adjudicó la subasta a otra compañía, notificando a Sonnell mediante comunicación fechada el 20 de marzo de 2024, aunque el matasellos era del 27 de marzo de 2024. Sonnell presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones el 2 de abril de 2024. El Tribunal desestima el recurso presentado por Sonnell. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge de una notificación defectuosa del aviso de adjudicación de la subasta. La notificación indicaba incorrectamente el inicio del término de diez días para recurrir, afectando el cómputo del plazo legal.

Resumen:

Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por José Ramón Camacho Torres. El peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 12 de febrero de 2024. Mediante dicha resolución, el TPI declaró no ha lugar una moción del peticionario. Esta moción buscaba obtener descubrimiento de prueba relacionado con el inciso W de una solicitud previa. El inciso W requería información detallada sobre la investigación, arresto y acusación contra Carlos J. Caraballo Caraballo, testigo del Ministerio Público en el caso. Camacho Torres enfrenta cargos por asesinato en primer grado y otros delitos, presuntamente cometidos junto a Caraballo Caraballo y otros. El TPI había condicionado el descubrimiento del inciso W a que la defensa demostrara su pertinencia. Al denegar la moción posterior, el TPI rechazó el descubrimiento solicitado sobre el caso de Caraballo Caraballo. El Tribunal de Apelaciones anticipa denegar el recurso discrecional de certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños entre Destilería Coquí y Temsco N.C. Destilería demandó a Temsco por la alegada falta de entrega de una maquinaria etiquetadora según un contrato de compraventa. Las partes firmaron un acuerdo transaccional en marzo de 2020 para poner fin al litigio, pactando la entrega de la máquina y el relevo de obligaciones mutuas. Posteriormente, Destilería alegó que la máquina fue entregada incompleta y defectuosa, y que su consentimiento al acuerdo fue viciado por dolo. Temsco solicitó al Tribunal de Primera Instancia la desestimación del caso basándose en el acuerdo transaccional. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de Temsco. Inconforme con esta determinación, Temsco presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado por Temsco.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por José A. Falero Gotay. El peticionario solicitó la expedición de un auto para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar una moción de desestimación por violación a los términos de juicio rápido. El caso subyacente involucra cargos bajo la Ley de Armas y la Ley 246. La cronología procesal incluyó vistas de causa para arresto, vista preliminar, lectura de acusación y varias vistas de estado de los procedimientos. Se registraron dilaciones debido a un cambio de representación legal y solicitudes de descubrimiento de prueba por parte de la defensa. La defensa planteó por primera vez la cuestión del juicio rápido en la vista del 6 de octubre de 2023. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo que los términos no habían comenzado a decursar porque el caso se encontraba en la etapa de descubrimiento de prueba, en parte por gestiones de la defensa. La resolución del Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Se presenta un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Jesús A. León Tricoche, un confinado. El recurso busca revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de abogado de oficio. El peticionario demandó a funcionarios correccionales por daños y perjuicios alegando violación de derechos civiles. Solicitó representación legal en múltiples ocasiones, pero el foro primario la denegó. La razón principal para la denegatoria fue que la causa de acción por daños y perjuicios no está contemplada en el reglamento para la asignación de abogado de oficio. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. Sin embargo, tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la orden recurrida. La confirmación se basa en que la naturaleza de la demanda no cualifica para la asignación de abogado de oficio según la normativa aplicable. Se aceptó la solicitud de *in forma pauperis* del peticionario solo para los efectos de este recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce. El TPI había desestimado acusaciones criminales contra Nelson Gustavo Rosario Rodríguez por Fraude y Posesión/Traspaso de Documentos Falsificados. La desestimación ocurrió en la etapa de vista de causa probable para arresto en alzada (Regla 6). El TPI basó su decisión en la Regla 64(n)(7) de Procedimiento Criminal. El caso detalla los intentos infructuosos de citar personalmente al imputado para la vista en alzada. La falta de comparecencia y los retrasos llevaron a la desestimación por parte del TPI. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación de desestimación del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución denegando la expedición de un auto de certiorari solicitado por Orlando Ramos Rullán. El peticionario buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 15 de febrero de 2024. Dicha Orden del TPI le requirió consignar $51,500.00 más el 5% de interés legal en 30 días. Esta exigencia se basó en una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones de 13 de marzo de 2023, que modificó una sentencia parcial del TPI en un pleito de cobro de dinero por servicios profesionales. El caso original involucra una demanda de abogados contra Ramos Rullán. El TPI había ordenado previamente una consignación mayor, condicionada al cumplimiento de gestiones por los demandantes, la cual fue modificada en apelación. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la solicitud de certiorari.

Resumen:

La Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), en su capacidad de síndico de Sabana Coop., demandó a exfuncionarios y directores, y a Cooperativa de Seguros Múltiples por daños y perjuicios. La demanda original alegaba negligencia en la aprobación de préstamos que resultó en pérdidas significativas, argumentando que Seguros Múltiples debía cubrir estas pérdidas bajo una fianza de fidelidad. COSSEC desistió de la acción contra los individuos, manteniendo el reclamo solo contra Seguros Múltiples. Posteriormente, COSSEC presentó una solicitud de sentencia sumaria, afirmando que no había controversia de hechos esenciales y que la fianza cubría las incidencias. Seguros Múltiples se opuso, alegando incumplimiento procesal y la existencia de hechos materiales en controversia, particularmente sobre exclusiones de la fianza. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria, al encontrar hechos controvertidos. COSSEC presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar esta determinación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por COSSEC. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ el recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El Municipio Autónomo de Carolina apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró responsable en un 25% por un accidente de tránsito. La responsabilidad se basó en la alegada falta de iluminación adecuada en la Avenida Isla Verde, donde un peatón fue atropellado por un conductor ebrio. El Tribunal de Primera Instancia condenó al Municipio a pagar \$139,086.84. El Municipio presentó varios señalamientos de error contra la determinación de negligencia y la cuantía de la indemnización. La parte demandante y apelada solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Alegaron que el Municipio incumplió con el reglamento al presentar un apéndice incompleto, omitiendo documentos cruciales como una minuta de estipulaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Edgar Hans Frank Comas. El recurso impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de noviembre de 2022. El caso original versó sobre una solicitud de exequátur de un decreto de divorcio de Pennsylvania y un "Memorandum of Understanding", además de una sentencia declaratoria sobre una propiedad en Guaynabo. El Tribunal de Primera Instancia otorgó entera fe y crédito al decreto de divorcio de 2002. Sin embargo, denegó el reconocimiento al "Memorandum of Understanding". Consecuentemente, se denegó la solicitud de sentencia declaratoria basada en dicho documento. El señor Frank Comas apeló estas determinaciones ante el Tribunal de Apelaciones. El documento detalla el trasfondo procesal, incluyendo la intervención del Departamento de Justicia y las gestiones para emplazar a los herederos de la señora McConnaUghy. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar la decisión del foro primario.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. La apelación proviene de la desestimación de una demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia. Dicha demanda impugnaba la constitucionalidad del Reglamento del Tribunal Supremo, específicamente la Regla 20, alegando violación al debido proceso de ley. El demandante sostenía que el Tribunal Supremo desestimó casos previos suyos por "craso incumplimiento" de la Regla 20 sin especificar la falta, causándole perjuicios económicos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no exponer una causa de acción jurídicamente viable. El demandante apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el estándar de suficiencia de las alegaciones en una demanda, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente. La demanda, de su faz, no exponía una causa de acción viable. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación de la demanda.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de cobro de dinero. La apelada, Lcda. Ana López Prieto, demandó al apelante, Lcdo. Manuel Correa Márquez, por el pago de honorarios legales adeudados por su representación en un caso de divorcio. La demanda original reclamaba una suma por servicios prestados bajo un contrato verbal, de la cual se había realizado un pago parcial. El demandado negó la deuda, cuestionando la cantidad reclamada. Tras la vista en sus méritos, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda. Condenó al apelante a pagar la suma de \$75,955.20 por concepto de honorarios legales. El Lcdo. Correa Márquez apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El panel especial del Tribunal de Apelaciones analizó el recurso y, por los fundamentos expuestos, confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el confinado Alberto Rivera Ruiz. El peticionario solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción bajo la Regla 185. Dicha moción buscaba la desestimación de su caso criminal y la anulación de su sentencia por posesión de un teléfono celular en prisión, delito bajo la Ley 15. El señor Rivera Ruiz basó su solicitud en que una querella disciplinaria administrativa por los mismos hechos fue desestimada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la moción, afirmando que la sentencia era legal y resultado de una alegación preacordada con asistencia legal. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari.

Resumen:

Josué Ortiz Colón, un confinado cumpliendo una sentencia de 198 años por asesinato en primer grado, apeló una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR le denegó la participación en varios programas de desvío, incluyendo el de pase extendido con monitoreo electrónico. La denegatoria se fundamentó en que su delito de asesinato en primer grado lo excluye de tales programas según la Ley 49 de 1995 y el Plan de Reorganización del DCR de 2011. El recurrente argumentó que el DCR aplicó leyes incorrectas, ignoró la derogación de la Ley 49 por la Ley 79-2022, y violó el mandato constitucional de rehabilitación. Alegó que la decisión fue arbitraria y perjudicó su proceso de preparación para la libre comunidad. El DCR sostuvo que su determinación fue razonable y sustentada por el expediente administrativo. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, resolvió confirmar la decisión administrativa recurrida. La corte reafirmó la deferencia judicial a las decisiones de las agencias administrativas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de GenEra, L3C contra Genera PR, LLC. GenEra, L3C apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por violación de derechos de marca, interdicto y daños. GenEra, L3C, dedicada a sistemas fotovoltaicos, alegó ser dueña de las marcas "Genera" y "Genera PR" y que Genera PR, LLC, administradora del sistema de generación de energía para el gobierno, infringió sus derechos al usar marcas similares. GenEra, L3C sostuvo que el uso de las marcas por Genera PR causaba confusión en los consumidores y dañaba su imagen. Genera PR, LLC solicitó la desestimación argumentando que las marcas eran descriptivas/genéricas y carecían de significado secundario. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda y denegó el interdicto preliminar. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada.