Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 76)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en un recurso de certiorari presentado por Antonio A. Rivera Matos. El recurso buscaba revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. La resolución del TPI que se impugnaba denegó la solicitud de descalificación de los abogados que representan a los miembros y exmiembros de la Junta de Directores de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills y a un codemandado. El peticionario argumentó que existía representación dual, conflicto de intereses y pago indebido de honorarios. Los abogados recurridos se opusieron a la descalificación, explicando que la demanda contra los directores en su función oficial implica una reclamación personal y que la defensa está cubierta por una póliza de seguro. Tras examinar el recurso y la resolución interlocutoria, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esto significa que la decisión del TPI de no descalificar a los abogados se mantiene.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por el peticionario, demandado en un caso de interdicto posesorio ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El demandante en el caso original solicitó sentencia sumaria. El peticionario presentó su oposición a dicha solicitud aproximadamente seis meses después. El TPI determinó no considerar la oposición por haber sido presentada fuera del término reglamentario. El TPI denegó una moción de reconsideración del peticionario, reiterando que la oposición fue tardía. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, impugnando la actuación del TPI. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declina intervenir en esta etapa con lo resuelto por el TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Los peticionarios impugnan una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) del 18 de marzo de 2024. Dicha orden dispuso la ejecución parcial de una sentencia previa, mandando a las partes a otorgar una escritura de compraventa sobre la finca \#7060 por \$900,000. La sentencia original, firme desde 2021, trataba sobre la división y participación de bienes hereditarios. Los peticionarios alegaron errores relacionados con la orden de venta, la falta de actualización del cuaderno particional y el cálculo de las cuotas. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es discrecional, especialmente para resoluciones postsentencia bajo la Regla 40. Estas decisiones no siempre califican para otros recursos apelativos. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Ambitious Corp. contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La recurrida, Jeannette Torres, había iniciado un pleito laboral bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, reclamando despido injustificado, represalias por reportar incumplimientos legales, salarios, mesada y otros conceptos, incluyendo una suma considerable por daños. Ambitious Corp. contestó la querella, alegando que el despido fue justificado por conducta indebida de la empleada. Posteriormente, Ambitious Corp. solicitó al tribunal de instancia convertir el caso a un trámite ordinario, argumentando que las reclamaciones por daños eran incompatibles con el procedimiento sumario. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. Ambitious Corp. acudió entonces al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para dejar sin efecto esa determinación. El Tribunal de Apelaciones, sin exponer aún los fundamentos completos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. También declaró No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos.

Resumen:

Se trata de una Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Luz M. Ramírez Rivera. La apelante impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó la demanda en cuanto a la codemandada Óptima Seguros. El caso surge de un accidente de auto ocurrido en febrero de 2023, donde la apelante alega haber sufrido daños. Poco después del accidente, el titular del vehículo en el que viajaba la apelante firmó una Carta de Pago y Relevo que exoneraba a Óptima Seguros y a otra codemandada de cualquier reclamación. El TPI basó su desestimación contra la aseguradora en este relevo. La apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada, llevando al recurso de apelación. Tras revisar los hechos y el historial procesal, el panel judicial confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLCE202400418. El peticionario, Daniel Rivera Colón, demandó al Departamento de Corrección y Rehabilitación por violación de derechos civiles y daños. Rivera Colón, quien litiga por derecho propio e in forma pauperis, solicitó representación legal de oficio en el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó la solicitud, basándose en que no existe un derecho constitucional a abogado en pleitos civiles en Puerto Rico. El peticionario apeló esta determinación, alegando que carece del conocimiento necesario para representarse y que la denegatoria atenta contra el debido proceso de ley. El Tribunal de Apelaciones expidió un auto de certiorari para revisar la resolución recurrida. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia resuelve a favor del peticionario en cuanto a la solicitud de representación legal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Corporación Agrícola Amorós y Tecsecure, Inc. contra la Sucesión Jorge Eduardo González Rodríguez. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en una acción de retracto. El foro primario había declarado ha lugar una moción de la Sucesión y archivado la reclamación sin perjuicio. El caso se relaciona con una comunidad de bienes sobre dos fincas, donde la Sucesión posee el 50% heredado y Corporación Agrícola Amorós vendió su 50% a Tecsecure, Inc. Tecsecure, Inc. notificó a la Sucesión sobre la adquisición y su derecho de retracto. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión administrativa solicitada por el Municipio de Carolina. El Municipio recurre de una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que afirmó su jurisdicción para conocer una apelación. La apelación original fue presentada por Luis E. Piñero Viñales, quien impugnó su cesantía como Policía Municipal. El Municipio argumentó que la apelación ante la CASP estaba prescrita, pues el término de 30 días debió contarse desde el envío por correo de una carta de intención de cesantía en 2003. El recurrido sostuvo que nunca fue notificado adecuadamente de dicha carta. La CASP determinó que el término para apelar comenzó cuando el recurrido advino en conocimiento de la intención de cesantía en una reunión en marzo de 2009, declarando la apelación oportuna. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, resolvió confirmar la Resolución de la CASP. Con esta decisión, se valida la jurisdicción de la CASP para atender en sus méritos la apelación del señor Piñero Viñales sobre su cesantía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Grupo Vivoni, Inc. contra Bar Management, Corp. Grupo Vivoni apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. La demanda original alegaba que Bar Management incumplió un contrato de arrendamiento de concesión para un evento, específicamente en cuanto al reporte de ventas y pago utilizando un sistema RFID. Grupo Vivoni reclamaba una deuda de \$41,277.66 y daños, argumentando que Bar Management no cuadró las ventas ni pagó la cantidad total adeudada. Bar Management solicitó la desestimación alegando que la deuda no era líquida y que faltaba una parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación y los argumentos de las partes. Por los fundamentos expuestos en su decisión, el Tribunal de Apelaciones modifica la Sentencia apelada. El caso es devuelto al foro de instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto por el apelativo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Valiente Investment, LLC y otros contra el Consejo de Titulares del Condominio Torre de Oro y otros. La apelación impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó la demanda de los apelantes. El TPI determinó que carecía de jurisdicción, pues la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley Núm. 129-2020) otorga jurisdicción primaria y exclusiva al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) para estos asuntos. La demanda original versaba sobre daños y otros reclamos relacionados con una oficina en el condominio, incluyendo un intento de demolición y problemas con cuotas de mantenimiento. En la instancia inicial, se concedió un interdicto para detener la demolición. La parte demandada solicitó la desestimación basándose principalmente en la jurisdicción del DACo. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por las partes. Consideró los fundamentos legales y procesales del caso. Concluyó que la determinación del TPI sobre la jurisdicción era correcta. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación presentado por Carlos Rocky Arroyo Carrero y José Arroyo Carrero. Solicitan la revisión de una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia declaró Con Lugar la solicitud de injunction permanente presentada por José Manuel Bachier Cintrón y Maritza Rodríguez Fernández. Los demandantes originales alegaron que los demandados violaron las restricciones de una servidumbre en equidad que gravaba sus propiedades en una urbanización. Las alegadas violaciones incluían construcciones e instalaciones realizadas sin los debidos permisos y en contravención de las condiciones restrictivas de la comunidad. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar vistas, emitió una Sentencia Parcial concediendo el injunction permanente y ordenando la eliminación de ciertas estructuras, continuando el caso para la reclamación de daños. Los demandados apelaron esta Sentencia Parcial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de apelación presentado por WB & Building Corporation contra el Municipio de San Juan. El caso se originó por una demanda de incumplimiento de contrato relacionada con un acuerdo de 2012 para el arrendamiento y construcción del Nuevo Centro de Gobierno Municipal de Río Piedras. WB reclamaba daños sustanciales por ganancias proyectadas y gastos incurridos debido al alegado incumplimiento municipal. El Municipio argumentó que el acuerdo era nulo, pues requería subasta pública en lugar de un proceso de RFP y la ordenanza que lo aprobó era ultra vires. WB sostuvo la validez del acuerdo, describiéndolo como un "leasing" que transfería el riesgo económico y defendiendo la legalidad del proceso de RFP. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia sumaria a favor del Municipio, desestimando la demanda de WB. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Foot Locker Retail Inc. La empresa solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. El caso original fue incoado por Marcos Delgado Adorno contra Foot Locker por despido injustificado y discrimen por edad. Delgado Adorno alegó haber sido despedido arbitraria e injustificadamente en 2017, a los 52 años, tras un incidente relacionado con descuentos de empleados y una auditoría. Sostuvo que su despido fue discriminatorio y que fue reemplazado por un empleado más joven y con menor salario. Foot Locker, por su parte, afirmó que el despido estuvo justificado por alegadas violaciones de políticas, desempeño deficiente y falta de integridad por parte de Delgado Adorno. El Tribunal de Apelaciones atendió el recurso sin la comparecencia de la parte recurrida. Tras evaluar los fundamentos, el tribunal expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones modificó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Andino Olguín Arroyo y Luisa Rosado Seijo, demandaron a Airbnb Payments, Inc. y otros por daños y perjuicios. Alegaron que la participación de Airbnb Payments en el mercadeo y manejo de pagos de alquileres a corto plazo violaba cláusulas restrictivas de uso residencial en la Urbanización Villa Dos Pinos. Solicitaron que se ordenara a Airbnb Payments cesar estas actividades en la urbanización. Airbnb Payments solicitó la desestimación, argumentando que solo procesa pagos y que la plataforma es operada por otra entidad, Airbnb, Inc. Los apelantes se opusieron, sosteniendo que sus alegaciones eran suficientes para sustentar la reclamación contra Airbnb Payments. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de desestimación de Airbnb Payments. Los apelantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Alexandro Sosa Muñoz, confinado cumpliendo una sentencia de sesenta años por asesinato y ley de armas, solicitó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) denegó su petición en noviembre de 2023. La JLBP fundamentó su decisión en una evaluación psicológica que mostró pobres ajustes en el manejo de coraje y en la inviabilidad del hogar propuesto por su cercanía a las víctimas. El Sr. Sosa solicitó reconsideración, presentando una evaluación médica contradictoria y argumentando que la distancia del hogar era adecuada, sugiriendo medidas alternativas como el grillete electrónico. La JLBP declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración en enero de 2024. Inconforme, el Sr. Sosa acudió al Tribunal de Apelaciones mediante revisión administrativa, alegando abuso de discreción por parte de la Junta. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen final de la JLBP. Se resuelve sin trámite ulterior, manteniendo la denegación de la libertad bajo palabra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó por falta de jurisdicción una demanda de divorcio, custodia, patria potestad y alimentos. El caso involucra a una pareja que inició procedimientos de divorcio en Georgia, Estados Unidos. Los tribunales de Georgia concedieron la custodia de los menores a la madre y le permitieron mudarse con ellos a Puerto Rico, aunque denegaron transferir la jurisdicción del caso. En Puerto Rico, se presentó una nueva demanda y se emitió una orden de protección a favor de los menores por alegaciones contra el padre. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda puertorriqueña, pero el Tribunal de Apelaciones, considerando el interés superior del menor, revoca dicha desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión presentado por Omar Calero Castillo contra el Departamento de Corrección. El recurrente, confinado, alegó que el DCR le aplicó erróneamente la Ley Núm. 27 en lugar de la Ley Núm. 66-2022, la cual, según su interpretación, le otorga una reducción de sentencia y bonificaciones por buen comportamiento y trabajo. Sostuvo que el DCR no ha honrado dichas bonificaciones a pesar de supuestas órdenes del Tribunal de Primera Instancia. El señor Calero Castillo solicitó al Tribunal de Apelaciones que ordenara al DCR cumplir con las órdenes del tribunal inferior y aplicar las bonificaciones bajo la Ley Núm. 66-2022. No obstante, el Tribunal observó que la comparecencia del recurrente carecía de la documentación esencial para sustentar su petición. No se adjuntaron copias de sus solicitudes al DCR, resoluciones administrativas, ni las alegadas órdenes del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal determinó que la ausencia de estos documentos impedía la revisión adecuada de las decisiones administrativas o judiciales previas. Por consiguiente, ante la falta de la documentación necesaria para el trámite de revisión, el Tribunal desestimó el recurso presentado por el señor Calero Castillo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de una revocación de licencia de armero. Shooting Accessories Services (SAS) impugnó la decisión del Negociado de la Policía de Puerto Rico de revocar su licencia número 187511. La revocación, notificada el 10 de enero de 2024, se fundamentó en incumplimientos detectados en inspecciones previas. El Negociado de la Policía determinó que SAS violó la Ley de Armas y su Reglamento en múltiples ocasiones. Las infracciones incluyeron fallas en el sistema de alarma, no disponibilidad de documentos para inspección y deficiencias en las medidas de seguridad para el almacenamiento de armas y municiones. Tras la notificación inicial de incumplimientos el 7 de septiembre de 2022, se procedió a la ocupación de las armas custodiadas por SAS. SAS presentó el recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones el 7 de marzo de 2024. El Negociado de la Policía solicitó al tribunal confirmar la revocación o, alternativamente, devolver el caso para una vista limitada. El documento detalla el trámite procesal del recurso ante el panel del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Acueductos Comunidad Buenos Aires, Inc. demandó a Héctor Mulero y otros por deuda de consumo de agua y penalidades. El Tribunal de Primera Instancia condenó a los demandados al pago de \$1,435.00 más intereses. Los demandados apelaron esta sentencia tras denegarse su solicitud de reconsideración. El recurso de apelación no señaló errores específicos, argumentando que la deuda era por mantenimiento, no consumo, y que no vieron facturas. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso. Como cuestión de umbral, el Tribunal consideró su jurisdicción para atender la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso de apelación presentado por falta de jurisdicción.

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Natanael Olmeda Pérez, miembro de la población correccional, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la reinstalación de sus padres y la madre de su hija en su lista de visitantes autorizados. Alegó que fueron removidos sin el debido proceso de ley. La Oficina de Remedios Administrativos del DCR denegó su solicitud, indicando que la cancelación permanente de la visita de estas personas era una determinación final y firme por una situación ocurrida en 2020. El Sr. Olmeda Pérez solicitó reconsideración, la cual también fue denegada por la agencia. Inconforme, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El Tribunal revisó la determinación administrativa recurrida. Mediante Sentencia, el Tribunal revocó la determinación de la Oficina de Remedios Administrativos del DCR. El caso fue devuelto a la agencia administrativa para que proceda según lo resuelto por el Tribunal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión presentado por Samuel Pagán Cuadrado contra el Partido Nuevo Progresista (PNP). El recurso impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que validó la descalificación de Pagán Cuadrado como aspirante a Representante por el Distrito 35. El PNP descalificó al aspirante tras una reevaluación, citando alegaciones de hostigamiento sexual, falta de divulgación de investigaciones y órdenes de protección, y multas administrativas por asuntos de campaña. Pagán Cuadrado argumentó falta de debido proceso y ambigüedad en los reglamentos del partido. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la querella del PNP y ordenó revocar la certificación del aspirante. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari presentado por International PR Parking Service, Inc. contra el Municipio Autónomo de Arecibo. El peticionario impugnó una Resolución y Orden de Entredicho Provisional dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio en precario. El Municipio demandó al peticionario alegando la ocupación precaria de estacionamientos municipales tras el vencimiento de contratos. En la primera comparecencia, el foro primario concedió una orden provisional ordenando al peticionario cesar inmediatamente las operaciones en dichos estacionamientos. El peticionario argumentó que esta orden fue dictada erróneamente en un procedimiento sumario y sin cumplir con los requisitos de debido proceso. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para atenderlo. La desestimación se fundamenta en la presentación tardía del recurso de Certiorari.

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La Sucesión de Edwin Rivera Vázquez demandó a WeCare of Puerto Rico, Corp., un hogar de cuido, y otros, por daños, impericia médica y negligencia institucional, alegando que omisiones de WeCare contribuyeron a la muerte del Sr. Rivera Vázquez. Chubb Insurance Company, aseguradora de WeCare, fue incluida como codemandada. Chubb presentó una solicitud de sentencia sumaria parcial, argumentando que su póliza de "Comercial General Liability" excluía la cubierta para los actos y omisiones alegados, al considerarlos servicios de salud y obligaciones contractuales. La Sucesión se opuso a la solicitud de Chubb, alegando que WeCare no era una institución hospitalaria y que la exclusión no aplicaba, y presentó su propia solicitud de sentencia sumaria contra Chubb y WeCare. Chubb se opuso a la solicitud de la Sucesión, cuestionando la suficiencia de la prueba de negligencia y causalidad. Chubb recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia emitida el 29 de diciembre de 2023. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega expedir el auto de certiorari solicitado por Chubb.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre Oriental Bank & Trust y Adrián Mercado Jiménez. El peticionario, Lcdo. Mercado Jiménez, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan emitida el 7 de marzo de 2024. Dicha Orden declaró académicas dos mociones informativas presentadas por el peticionario. El recurrente alegó que el TPI erró al emitir la orden mientras un recurso de certiorari previo aún se encontraba en el Tribunal de Apelaciones. La resolución detalla el historial procesal, incluyendo intentos previos de recusación y recursos de certiorari denegados. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Considerando la naturaleza discrecional del certiorari, el Tribunal determinó no expedir el recurso. Por tanto, se deniega la solicitud de revisión de la Orden del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de ejecución de hipoteca. Grace Marín Cancel solicitó la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Nada que proveer" a su moción de oposición. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como una petición de certiorari. La orden recurrida fue notificada el 26 de febrero de 2024. La petición de certiorari fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones el 3 de abril de 2024. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece un término estricto de 30 días para presentar un certiorari. La petición fue presentada fuera de este término. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para entender sobre el asunto. Se ordena la desestimación del recurso por ser tardío.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que resuelve una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso civil original involucra reclamaciones de injunction, daños, cobro de dinero, enriquecimiento injusto y nulidad de contrato. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda *con perjuicio*. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, específicamente por el incumplimiento de la parte demandante en diligenciar el emplazamiento personal dentro del término improrrogable de 120 días. La parte demandante apeló esta decisión. En el proceso ante el TPI, los demandantes habían presentado una declaración jurada sobre gestiones de emplazamiento frustradas y solicitado emplazamiento por edicto. Varios demandados comparecieron sin someterse a la jurisdicción, impugnando la veracidad de la declaración jurada y solicitando la desestimación por expiración del término para emplazar. Los demandados también hicieron referencia a un pleito anterior similar desestimado *sin perjuicio* por otras razones procesales. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del TPI. El Tribunal de Apelaciones determinó modificar la Sentencia apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de dar por concluido el proceso de mediación. Alega que su ausencia a la última sesión de mediación estuvo justificada y que el foro primario debió permitir la continuación del proceso. La parte recurrida argumenta que la peticionaria tuvo múltiples oportunidades para mediar y no justificó su ausencia a tiempo. El Tribunal de Apelaciones revisa la solicitud bajo el estándar discrecional del certiorari. Tras evaluar los planteamientos, el tribunal no encuentra circunstancias que justifiquen intervenir con la resolución del foro primario. Se considera el historial de intentos de mediación, la flexibilidad del centro de mediación y la consideración del Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones declina expedir el recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, en representación de Gloria Esther Cedeño, presentó una petición ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaba la revisión de una resolución interlocutoria emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Dicha resolución había declarado No Ha Lugar una moción solicitando sentencia sumaria presentada por la Sra. Cedeño. Tras analizar el recurso, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atenderlo. La determinación recurrida, al denegar una solicitud de sentencia sumaria, es de naturaleza interlocutoria. Conforme a la ley vigente y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, este foro no tiene autoridad para revisar asuntos interlocutorios. La jurisdicción es un requisito fundamental que debe ser examinado rigurosamente. Por consiguiente, el Tribunal declaró No Ha Lugar la petición. El recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Luis Ríos López. El señor Ríos López solicitó la revisión de la pensión alimentaria fijada en marzo de 2021 para su hijo menor. Alegó un aumento significativo en los ingresos de la madre y una merma en los suyos como cambio sustancial de circunstancias. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de revisión en diciembre de 2023. Argumentó que no habían transcurrido tres años desde la fijación y no existían circunstancias extraordinarias que justificaran la revisión anticipada. El señor Ríos López recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, señalando error al impedir el inicio del procedimiento de revisión. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado. Decidió no intervenir con la determinación del foro primario. Por tanto, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa un recurso de apelación. El apelante, José Padilla Lozada, impugna una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Con Lugar una demanda sobre reivindicación presentada por la Sucesión Padilla Ayala. El foro primario determinó que los demandantes eran dueños del terreno en controversia. También encontró que el apelante se había apropiado del predio y desposeído a los dueños por más de diez años. Además, el TPI impuso al apelante el pago de \$5,000 por concepto de honorarios de abogado. El apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, el apelante alega errores al conceder la demanda y los honorarios. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación relacionada con un caso de Expediente de Dominio. Los apelantes, Arturo Serrano Padin y Enid Rodriguez Rivera, solicitaron la inmatriculación de dos fincas en el Registro de la Propiedad. Alegaron ser dueños de la finca A desde 1998 mediante documento privado extraviado y de la finca B desde 2014 mediante escritura pública. El Tribunal de Primera Instancia les ordenó enmendar la petición para cumplir con los requisitos de la Ley del Registro de la Propiedad. Tras la presentación de la petición enmendada y la celebración de un juicio, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no procedía ordenar la inmatriculación de las fincas. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El panel revisor examinó los fundamentos de la resolución apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de Mech Tech College contra Chubb Insurance Company. Mech Tech buscaba una sentencia declaratoria para que se interpretara que la cubierta de su póliza de responsabilidad legal incluía la mesada por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. La aseguradora Chubb había denegado la cubierta, argumentando que la mesada equivale a "severance pay", un concepto excluido por la póliza. El foro primario determinó que la mesada bajo la Ley Núm. 80 constituye un tipo de "severance pay", basándose en definiciones, el lenguaje de la ley y jurisprudencia local. Concluyó que la exclusión de la póliza aplicaba a la mesada. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, ratificó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones Kaled Hmeidan apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Yauco. Dicha Sentencia desestimó la demanda de Hmeidan y declaró con lugar la reconvención del Municipio de Yauco. El caso se originó por una demanda de desahucio y cobro de dinero presentada por Hmeidan contra el Municipio. Hmeidan alegó incumplimiento del Municipio en el pago de cánones de arrendamiento y contribuciones del CRIM sobre un inmueble vendido y arrendado al Municipio. El Municipio, en su reconvención, sostuvo que la compraventa era nula por infringir leyes y ser una donación simulada. El caso tuvo un proceso previo de apelación donde se revocó una sentencia sumaria a favor de Hmeidan, ordenando un juicio plenario. Tras regresar al foro primario, este falló a favor del Municipio, desestimando la demanda original. Hmeidan apeló esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones procede a modificar la Sentencia apelada y, así modificada, la confirma.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una controversia de empleo. El Municipio de San Juan recurrió una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP había fallado a favor de Gil Rosario Rivera, un exempleado de carrera. La decisión de la CASP ordenó al Municipio reinstalar al Sr. Rosario Rivera y pagarle salarios y beneficios dejados de percibir. El Sr. Rosario Rivera fue destituido en 2008 tras 18 años de servicio. El Municipio alegó insubordinación y uso indebido de propiedad municipal como causas de la destitución, citando reglamentos y acciones disciplinarias previas. El Sr. Rosario Rivera refutó las alegaciones, reclamando autorización y negando insubordinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente completo, incluyendo la prueba oral ante la CASP. Tras su análisis, el Tribunal resolvió confirmar el dictamen recurrido de la CASP. Esto valida la orden de reinstalación del Sr. Rosario Rivera y el pago de su compensación perdida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión administrativa. Los recursos provienen de la Oficina del Contralor y tratan una apelación sobre retribución y aumento de sueldo. Un grupo de Auditores Senior impugnó su salario, alegando disparidad y posible discrimen de género. La Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor no encontró prueba de discrimen por género. No obstante, la Junta determinó que existían controversias fácticas sobre la disparidad salarial que requerían una vista administrativa. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede la desestimación de los recursos. La razón es que el Tribunal solo tiene jurisdicción para revisar decisiones administrativas finales. El proceso ante la Junta aún no ha culminado, pues está pendiente la celebración de la vista administrativa. Por consiguiente, la decisión recurrida no es una decisión final revisable por este Tribunal. El caso regresa a la Junta para la continuación del procedimiento administrativo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos de revisión relacionados con una apelación administrativa de la Oficina del Contralor. El caso involucra a Auditores Senior que impugnan su retribución, alegando disparidad salarial y, enmiendas posteriores, posible discrimen por género. Los querellantes solicitan un salario base específico y el reconocimiento de aumentos retroactivos. La Oficina del Contralor negó las alegaciones, atribuyendo las diferencias salariales a factores legítimos como antigüedad y mérito. La Junta de Apelaciones de la Oficina del Contralor determinó que no hubo discrimen por género, pero identificó controversias fácticas sobre la disparidad salarial que requieren una vista administrativa. El Tribunal concluye que procede la desestimación de los recursos de apelación. La desestimación se basa en que el Tribunal solo tiene jurisdicción para revisar decisiones administrativas finales. Dado que el proceso administrativo ante la Junta aún no ha culminado, pues está pendiente la celebración de una vista, los recursos presentados son prematuros.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Kevie A. Vélez Rivera. El peticionario impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito en un caso por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica. La resolución recurrida declaró Ha Lugar una solicitud del Ministerio Público para enmendar la denuncia. La enmienda buscaba añadir que los hechos constituían un "patrón de conducta". El peticionario alegó que la resolución escrita contradecía una determinación verbal previa del TPI que denegó la enmienda. También argumentó que la enmienda afectaba su derecho al debido proceso y podía confundir al juzgador. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso y la respuesta de la parte recurrida. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la paralización de los procedimientos. Asimismo, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Giovanni Agosto Rosa contra el Municipio de Guaynabo y otros. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que concedió una moción de reconsideración a los recurridos Lourdes Bernabé Martínez y Ramón Vargas. El caso original es una demanda por daños, discrimen, hostigamiento laboral y represalias en el empleo. El peticionario alegó haber sufrido trato hostil y discriminatorio. El foro primario emitió una sentencia parcial desestimando las causas de acción basadas en varias leyes laborales (Ley 100, Ley 90-2020, Ley 8-2017) contra los recurridos en su carácter personal, al considerarlas inaplicables. No obstante, permitió que la reclamación por daños bajo el Artículo 1802 del Código Civil continuara contra ellos. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La confirmación valida la decisión del foro primario sobre la inaplicabilidad de las leyes laborales específicas a los recurridos personales y la procedencia de la acción bajo el Código Civil.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso bajo la Ley de Violencia Doméstica. El peticionario, Edwin Alvarado Pagán, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha decisión denegó su solicitud para la devolución inmediata de su licencia de armas y pistola. Estos bienes fueron ocupados tras la expedición de una Orden de Protección Ex Parte en su contra. Aunque el TPI posteriormente denegó la orden de protección final, no ordenó la devolución inmediata. En su lugar, el TPI instruyó al Negociado de la Policía a iniciar un proceso administrativo para la devolución, previa petición del señor Alvarado Pagán. El peticionario apeló esta determinación del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. Revisa determinaciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) posteriores a una estipulación sobre pensión alimentaria final. La madre impugnó la negativa del TPI a imponer intereses por mora en honorarios de abogado, su determinación sobre el costo de una cuidadora y la orden de devolver un reloj. El Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la decisión del TPI sobre los intereses reclamados. No obstante, concluyó que el padre sí se obligó a sufragar el costo de la cuidadora hasta el 30 de junio de 2023, revocando al TPI en este punto. Asimismo, determinó que, al no haber acuerdo entre las partes sobre el reloj Rolex en la estipulación, no procedía ordenar su entrega, revirtiendo también la decisión del TPI. El fallo resuelve controversias específicas surgidas tras el acuerdo de las partes sobre la pensión alimentaria de su hija menor.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando expedir un recurso de Certiorari solicitado por Roberto Soto Carreras. Soto Carreras impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de cancelación de hipotecas. El caso se origina en una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de 2005 sobre una propiedad en Caguas. Tras una sentencia a favor del acreedor, se intentaron varias subastas de la propiedad, algunas de las cuales fueron anuladas. Soto Carreras alega que las hipotecas fueron canceladas voluntariamente por el acreedor en una etapa temprana del proceso. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la hipoteca seguía inscrita y procedía su ejecución. La solicitud de Soto Carreras para cancelar los gravámenes fue denegada por el foro primario en enero de 2024. El Tribunal de Apelaciones revisa los antecedentes procesales y fácticos del caso y deniega la solicitud de Certiorari.

Resumen:

En un caso de daños y perjuicios por una caída en un centro comercial, la aseguradora del centro presentó una moción de sentencia sumaria. La aseguradora argumentó que la demandante asumió el riesgo y que un tercero demandado, una tienda, controlaba el área del accidente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. El tribunal de instancia determinó que existía una controversia de hechos sobre quién tenía el control del área donde ocurrió la caída. Señaló que ni los contratos ni la evidencia en el récord aclaraban la responsabilidad o el mantenimiento del lugar. Tras denegar una solicitud de reconsideración, la aseguradora presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La aseguradora impugnó la denegatoria de la sentencia sumaria, insistiendo en sus argumentos sobre la asunción de riesgo y el control del área. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, resolvió no intervenir con la determinación del Tribunal de Primera Instancia. La resolución explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari para revisar asuntos interlocutorios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera dos recursos de certiorari consolidados, KLCE202400068 y KLCE202400242. Estos recursos provienen de un caso civil en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao (HU2022CV01731) sobre cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato de corretaje. El pleito original fue instado por JLL Puerto Rico Realty y otros contra Encanto Group y otros por el alegado impago de una comisión. Los demandados presentaron una demanda de tercero contra Andrew Carlson, Vanessa Pérez, Gabriel Méndez, JLL Americas, Inc. y Jennifer Montalvo Acevedo. La demanda de tercero alegó que estos terceros conspiraron con los demandantes originales para impedir la venta de propiedades, causando pérdidas económicas. Los terceros demandados presentaron mociones de desestimación contra la demanda de tercero. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dichas mociones mediante resoluciones de 4 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024. Los recursos de certiorari fueron presentados por los terceros demandados para solicitar la revocación de estas determinaciones. El documento es la resolución del Tribunal de Apelaciones que atiende estas peticiones consolidadas.

Resumen:

El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado por Rodulfo Medina León contra el Departamento de la Familia. El recurrente impugnó una determinación de la Junta Adjudicativa del Departamento que desestimó su apelación. Dicha apelación se refería a un aviso preliminar automático recibido al solicitar asistencia del programa LIHEAP electrónicamente. La Junta Adjudicativa consideró la apelación prematura, ya que el aviso no constituía una determinación final de elegibilidad. Tras la denegación de una reconsideración, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Departamento informó al Tribunal que la solicitud electrónica aún debía ser evaluada por un técnico para emitir una decisión final. El Departamento solicitó la devolución del caso a la agencia para completar el proceso administrativo. El Tribunal desestima el presente recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la ausencia de una determinación administrativa final y firme sobre la elegibilidad del recurrente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Mandamus presentado por Master Roofing, Inc. contra la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales. Master Roofing solicitó al tribunal ordenar la notificación inmediata de una Resolución de Adjudicación Enmendada (Núm. 23J-08274), alegando no haberla recibido y que esto violaba su debido proceso. El caso surge de la Subasta Formal Núm. 23J-08274 para contratos de impermeabilización de techos gubernamentales, en la que Master Roofing participó y fue seleccionado para una región. La Junta de Subastas había notificado la adjudicación inicial a los licitadores en septiembre de 2023. Master Roofing previamente presentó una revisión administrativa impugnando el proceso de subasta y la adjudicación. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Mandamus.

Resumen:

Este fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un procedimiento administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra Carlos Juan Rodríguez Mateo. La OEG inició el proceso por alegadas violaciones éticas relacionadas con la autorización de contratos sin la debida autorización. Durante el trámite, el querellado objetó el descubrimiento de prueba y solicitó la desestimación, peticiones que la OEG denegó. Intentó sin éxito apelar estas decisiones interlocutorias ante tribunales superiores, los cuales determinaron que no eran resoluciones finales. Mientras tanto, la OEG le anotó la rebeldía por incumplimiento con el descubrimiento. Posteriormente, el querellado informó haber contestado el descubrimiento, pero la OEG se opuso a dejar sin efecto la rebeldía, señalando su historial de incumplimientos y falta de pago de sanciones. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones impugna la denegatoria de la OEG a levantar la anotación de rebeldía. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para revisar esta decisión, ya que no constituye una resolución final del proceso administrativo. El caso ante la OEG aún no ha culminado. Por tanto, el recurso de revisión es desestimado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de *certiorari* consolidados. Los recursos provienen de un caso de cobro de dinero, daños e incumplimiento de contrato en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao. El pleito original fue instado por JLL Puerto Rico y otros contra Encanto Group y otros por el alegado impago de una comisión de corretaje. Los demandados originales, Encanto Group y otros, presentaron una demanda de tercero. Esta demanda de tercero fue dirigida contra JLL Americas, Inc., Andrew Carlson, Vanessa Pérez, Gabriel Méndez, y Jennifer Montalvo Acevedo. Los demandantes de tercero alegaron que estos terceros conspiraron con los demandantes originales para impedir la venta de sus propiedades, causándoles pérdidas económicas. Los terceros demandados presentaron mociones de desestimación contra la demanda de tercero. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dichas mociones. Los recursos de *certiorari* buscan dejar sin efecto las determinaciones del foro primario que denegaron las desestimaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla sobre la eliminación de antecedentes penales de José Julián Pagán Corchado. Pagán Corchado fue convicto por varios delitos graves y menos graves en 1996 y 2002. Tras más de 20 años, solicitó la eliminación de sus convicciones del certificado de antecedentes penales y la devolución/destrucción de sus récords policiales (fotos, huellas). Alegó haber cumplido los requisitos legales tras cinco años sin reincidir. El Ministerio Público se opuso a la entrega/destrucción de los récords policiales, argumentando que la ley solo aplica a la eliminación del certificado. El foro primario ordenó tanto la eliminación de las convicciones como la entrega de los récords policiales para su destrucción. El Pueblo de Puerto Rico recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado y modifica la Resolución recurrida. La sentencia aborda específicamente la orden de entregar fotografías, huellas dactilares y otros récords personales al recurrido.

Resumen:

El señor Juan Miguel Román Román recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la denegatoria de libertad bajo palabra por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). La JLBP denegó el privilegio, indicando entre otras razones la necesidad de una evaluación siquiátrica. El recurrente alegó que dicha evaluación ya obraba en su expediente administrativo al momento de la denegatoria. Este Tribunal de Apelaciones ya había intervenido previamente en el mismo asunto, ordenando a la JLBP sopesar tal evaluación. La Oficina del Procurador General, en representación de la JLBP, reconoció el error cometido por el foro administrativo. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Resolución recurrida. Se ordena la devolución del caso a la JLBP. La Junta deberá evaluar nuevamente al señor Román Román. Esta nueva evaluación debe tomar en consideración el informe siquiátrico aludido sin dilación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de acción reivindicatoria y daños. El apelante, Francisco Montalvo Rodríguez, demandó a Claro (identificada como Puerto Rico Telephone Company, Inc.) alegando que la empresa instaló un poste sin permiso en una propiedad de la que reclama ser dueño. Adujo que la instalación le impedía cercar y disfrutar su terreno, solicitando la remoción del poste, restauración del predio, pagos mensuales y daños. La parte demandada inicialmente solicitó la desestimación por emplazamiento defectuoso y nombre incorrecto, moción que fue denegada por el foro primario. Posteriormente, tras someterse a la jurisdicción y realizar descubrimiento, la demandada volvió a pedir la desestimación. Esta segunda solicitud se basó en que el demandante solo poseía un 4.5% de la propiedad, argumentando la falta de partes indispensables (los demás co-dueños). El apelante recurre la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción, presumiblemente por la falta de partes indispensables. El Tribunal de Apelaciones emite ahora su decisión sobre dicha apelación.