Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 75)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión judicial. El recurrente, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, impugna una resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG determinó que el señor Rodríguez, exalcalde de Mayagüez, violó la Ley de Ética Gubernamental (Ley Núm. 1-2012). Las violaciones se relacionan con el nombramiento de su hermano en un puesto de confianza en tres ocasiones (2013, 2017 y 2021) sin la autorización previa requerida por la OEG. Aunque se concedió una dispensa inicial en 2001, la OEG advirtió que se necesitaba una nueva para nombramientos o cambios posteriores. La OEG consideró estos actos nepotismo prohibido que afectó la imparcialidad gubernamental. El recurrente argumentó que se trataba de retenciones del puesto, no nuevos nombramientos. La OEG impuso una multa administrativa de $12,000. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Resolución emitida por la OEG.

Resumen:

El Dr. Juan M. Colón Rivera solicitó la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que aceptó la representación legal de los Lcdos. César T. Alcover Acosta y Carla Loubriel Carrión para el Dr. Héctor Rodríguez Blázquez en un caso de daños y perjuicios. El peticionario argumentó que existía un conflicto de interés sucesivo bajo el Canon 21 de Ética Profesional, ya que el Lcdo. Alcover Acosta había representado previamente a Triple-S, co-demandada en el mismo pleito. Alegó que la nueva representación implicaría contradecir la posición defendida anteriormente. El Dr. Rodríguez Blázquez y Triple-S se opusieron, indicando que sus defensas estaban alineadas, no había conflicto y el peticionario carecía de legitimación activa. El TPI declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada por el peticionario, ratificando su decisión. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante auto de certiorari. Tras examinar la solicitud, el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Keishla Marie Serrano Martínez mediante recurso de Certiorari. Solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. Dicha moción se presentó en un pleito donde su padre, Daniel Serrano Zapata, busca la revocación de una donación de propiedad. La donación fue realizada por el padre y su entonces cónyuge (madre de la peticionaria) a favor de la hija. La peticionaria argumentó que la madre, como co-donante, era una parte indispensable no incluida en la demanda. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. En desacuerdo, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones alegando error en esa determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Annette Vaillant Ugarriza solicitando la revisión mediante certiorari de una Minuta Enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Dicha minuta, emitida en un caso sobre partición hereditaria, alimentos y cuota viudal usufructuaria, acogió las recomendaciones de un Comisionado Especial. La peticionaria alegó múltiples errores en la determinación del foro primario al adoptar dichas recomendaciones, cuestionando la caracterización de un acuerdo y la adopción de hechos sin juicio. El recurrido, Pedro Rafael Casanova Tirado, presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción, argumentando la presentación tardía del recurso. Tras examinar la solicitud y el expediente, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución. El Tribunal desestimó el recurso de certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso.

Resumen:

Obe E. Johnson presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El peticionario solicitaba la celebración de un nuevo juicio, alegando el descubrimiento de nueva evidencia no presentada en el proceso original. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia en San Juan se rehusó a ordenar dicho nuevo juicio. El Pueblo de Puerto Rico, parte recurrida, compareció y solicitó la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias, procedió a resolver. La resolución explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios reglamentarios (Regla 40) para su expedición. También menciona los requisitos de contenido para el recurso (Regla 34). Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari presentado por el señor Johnson.

Resumen:

Attorney José A. Rivera García petitioned the Puerto Rico Court of Appeals via certiorari to challenge a $250 sanction. The sanction was imposed by the Court of First Instance in a case involving a declaration of incapacity and appointment of a guardian. The lower court sanctioned the attorney for requesting a hearing suspension late and not being prepared with necessary documentation. Representing the client through Legal Services of Puerto Rico (SLPR), the attorney argued the client's new employment rendered her ineligible for free services. He contended that delays in SLPR's internal process for determining eligibility and authorizing withdrawal prevented him from acting sooner. The Court of First Instance denied the suspension request and later imposed the sanction after SLPR attributed the delays to the attorney. The attorney alleged the sanction was erroneous due to lack of jurisdiction, abuse of discretion, and LSC regulations prohibiting continued representation. The Court of Appeals issued the requested writ but ultimately confirmed the resolution imposing the sanction.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los peticionarios Carlos R. Negrón Avilés y Ari Kresh mediante un recurso de Certiorari. Solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre incumplimiento de contrato. El caso original buscaba la ejecución de un derecho preferente de adquisición de acciones de Horizon Tower basado en su valor en libros. El TPI dictó sentencia ordenando dicha ejecución conforme al valor en libros. Sin embargo, posteriormente, el TPI ordenó a los peticionarios cumplir con la sentencia sin haber celebrado una vista evidenciaria para determinar el valor disputado de las acciones. Los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración y Solicitud de Vista Evidenciaria, argumentando la necesidad de establecer el valor. El TPI denegó esta moción mediante la Resolución recurrida. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. Revoca la Resolución del TPI que denegó la reconsideración. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones considera que la determinación del valor de las acciones es necesaria antes de ordenar el cumplimiento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones acogió como apelación un recurso de certiorari presentado por la Sucesión Rosita Rodríguez Ruiz. Los apelantes buscaban revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de expediente de dominio sobre una finca en Aguada. La sucesión alegó haber adquirido la propiedad por herencia y haberla poseído pública y pacíficamente por más de 40 años, señalando que no estaba inmatriculada. El foro primario desestimó la solicitud al entender que no se presentó evidencia de que el predio fuera segregado de una finca de mayor cabida, conforme al Art. 148 de la Ley del Registro de la Propiedad. Los apelantes argumentaron que dicho requisito solo aplica si la finca de mayor cabida ya está inscrita, lo cual no era el caso. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emitió una Sentencia el 23 de abril de 2024. La sentencia resuelve las apelaciones consolidadas KLAN202301156 y KLAN202400004, relacionadas con un caso de daños y perjuicios originado en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El Tribunal consideró un Aviso de Desistimiento Recíproco presentado por las partes apelante y apelada. Conforme a dicho aviso y la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal declaró Ha Lugar el desistimiento. En consecuencia, ordenó el archivo de ambos casos por desistimiento con perjuicio en cuanto a las reclamaciones presentadas. La decisión implica la terminación definitiva de las apelaciones y las reclamaciones subyacentes.

Resumen:

Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Boutique Hotels, Inc. y Areytos Development Group, LLC. Impugnaron una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre daños y perjuicios, sentencia declaratoria y cobro de comisión. Los apelantes habían demandado a Brock Pierce y varias entidades afiliadas, alegando que actuaron como agentes facilitando la adquisición del Hotel W y Hacienda Tamarindo en Vieques. Afirmaron que los apelados no cumplieron acuerdos para el redesarrollo y se negaron a pagar comisiones por sus servicios. La demanda original solicitaba daños sustanciales y comisiones, además de una declaración de existencia de contrato de agencia. La sentencia parcial apelada desestimó la reclamación para descorrer el velo corporativo, pero permitió que las reclamaciones por daños y sentencia declaratoria continuaran. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos de apelación consolidados presentados por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Municipio de Coamo y QBE Optima Insurance Company. Los apelantes buscan revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Coamo. Dicha sentencia de instancia les impuso el pago de \$100,822.79 a Ilsa Centeno Añeses por daños físicos, sufrimientos y pérdida de ingresos, y \$20,000 a cada uno de sus hijos por angustias mentales. Estos daños se originaron por una caída sufrida por la Sra. Centeno Añeses durante una excursión auspiciada por el Colegio en la Casa Bernier, un lugar en construcción en Coamo. La caída ocurrió al tropezar con una varilla de construcción que sobresalía del suelo. La demanda alegó negligencia por permitir el acceso al área sin advertencias ni medidas de seguridad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma el dictamen apelado en ambos recursos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Fabián Rivera Montalvo contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó la revisión de una respuesta del DCR sobre su solicitud de ingreso al Programa de Pre Reinserción Comunitaria. Tras seis meses sin respuesta final, el DCR le informó que su solicitud aún estaba en evaluación. El señor Rivera alegó que el DCR erró al no emitir una determinación final dentro del término legal. El Tribunal analizó el Reglamento del Programa Integral de Reinserción Comunitaria. Dicho reglamento establece que la revisión judicial procede tras una determinación final de la agencia. La respuesta del DCR, indicando que la solicitud seguía en evaluación, no constituyó una determinación final. Por tanto, el Tribunal concluyó que el recurso era prematuro. Se desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Municipio de Coamo y QBE Optima Insurance Company. Los apelantes buscaban revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue incoada por Ilsa Centeno Añeses y sus hijos tras un accidente. La Sra. Centeno Añeses sufrió una caída y graves lesiones, incluyendo fracturas, durante una excursión auspiciada por el Colegio en una propiedad del Municipio que estaba en construcción. El accidente ocurrió al tropezar con una varilla expuesta en el suelo. El foro primario determinó que el Municipio y el Colegio fueron negligentes por no garantizar la seguridad en el área de construcción. La sentencia apelada impuso al Municipio y al Colegio el pago de \$100,822.79 a la Sra. Centeno Añeses por daños físicos, sufrimientos y pérdida de ingresos. Además, otorgó \$20,000 a cada uno de sus hijos por angustias mentales. Tras revisar los recursos, el Tribunal de Apelaciones confirma íntegramente la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Hernán Irene Berlingeri, solicitó revisar una resolución de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La resolución impugnada, del 7 de marzo de 2024, dejó sin efecto un dictamen anterior de la OMA. Dicho dictamen, emitido el 31 de enero de 2024, había declarado procedente la querella del recurrente por despido injustificado contra su patrono, Little Caesar's. Esa resolución inicial ordenaba al patrono pagar \$18,495 más honorarios de abogado, tras declararlo en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión administrativa presentado por Irene Berlingeri. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal para conocer del asunto. El documento detalla el historial procesal ante la OMA que culminó en los dictámenes contradictorios.

Resumen:

Se trata de una apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó por prescripción una demanda por incumplimiento de contrato de seguro y daños causados por los huracanes Irma y María. La Sucesión Guillermo Delgado Rodríguez demandó a MAPFRE Praico Insurance Company, alegando daños a una propiedad asegurada. MAPFRE solicitó la desestimación argumentando que la demanda se presentó fuera del término prescriptivo de un año acordado en la póliza. El foro primario declaró Ha Lugar la desestimación, determinando que el término prescriptivo, aunque interrumpido previamente, había expirado antes de la presentación de la demanda. La Sucesión apeló, argumentando que el término prescriptivo fue interrumpido por otras acciones judiciales posteriores, incluyendo un pleito de clase, lo que extendía el plazo para demandar. MAPFRE reconoció que un pleito de clase interrumpe el término contractual para reclamar judicialmente, según jurisprudencia reciente. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revocó la Sentencia apelada.

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Caribbean Medical Cannabis Center, LLC (CMCC) presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente impugna una determinación de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) que le impuso multas administrativas por un total de \$70,000.00. Las multas se derivaron de una inspección realizada el 8 de abril de 2022 en el dispensario Earth Gift operado por CMCC en Luquillo. La inspección verificó que el establecimiento operaba sin servicio de energía eléctrica ni generador desde un apagón general ocurrido el 6 de abril de 2022. La JRCM encontró múltiples infracciones al Reglamento 9038, incluyendo no notificar la pérdida del sistema de rastreo, sistemas de seguridad y vigilancia inoperantes, falta de seguridad en el área de inventario e iluminación inadecuada. CMCC solicitó la revisión y desestimación de las multas ante la Agencia, cuestionando las determinaciones y el manejo de la prueba. Tras una vista administrativa, la Oficial Examinadora rindió un informe confirmando los hallazgos de la inspección. Este documento constituye la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el recurso de revisión presentado por CMCC contra la decisión final de la JRCM.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico deniega una petición de certiorari presentada por Nadeska Josefina Rogic Salazar. La señora Rogic Salazar recurrió de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia. Dicha sentencia fue emitida en un pleito incoado por TBB International Bank Corp. por incumplimiento de contrato y transferencias fraudulentas. En ese caso, se emplazó a la señora Rogic Salazar, residente en Venezuela, por edicto, se le anotó la rebeldía y se dictó sentencia en su contra por $200,000.00. Aproximadamente 15 meses después, solicitó el relevo de sentencia alegando nulidad por falta de jurisdicción debido a insuficiencia en el emplazamiento. El TPI denegó la solicitud, indicando que debía presentar un pleito independiente de nulidad de sentencia. La peticionaria argumentó en apelación que el TPI erró al aplicar términos de caducidad y al no conceder el relevo por nulidad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Raúl Antonio Ortiz Dávila y su esposa. Los peticionarios solicitaron la revisión de diez órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dichas órdenes, emitidas el 15 de febrero de 2024, dispusieron el descubrimiento de prueba de documentos e impusieron una sanción de $10,666.75$ en honorarios de abogado y gastos. El caso subyacente es una acción reivindicatoria incoada por el Colegio Mi Cuido y Educación, Inc. El Colegio alega ser propietario de una franja de terreno ocupada por los peticionarios, quienes supuestamente edificaron de mala fe. La demanda original busca la reivindicación de la propiedad, la demolición de estructuras y el pago de daños. Las órdenes recurridas surgieron en el contexto de controversias sobre el descubrimiento de prueba en este litigio. Tras revisar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el recurso de certiorari. Finalmente, el panel revocó las órdenes impugnadas del foro primario.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a una impugnación de un permiso de construcción. Los recurrentes Bella International, International Automotive y Pompina Investments solicitaron la revocación de un permiso emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a Mays Chemical Company. El permiso autorizaba a Mays a construir infraestructura e instalar equipos para una planta de manufactura de hipoclorito de sodio. El documento detalla el historial de solicitudes de permisos y aprobaciones ambientales de Mays desde 2019. Un factor legal clave es la decisión del Tribunal Supremo de 2023 en *Martínez Fernández v. OGPe*, que anuló prospectivamente los Reglamentos Conjuntos de 2019 y 2020, pero permitió que los casos pendientes continuaran bajo las reglas previamente aplicadas. El panel del Tribunal de Apelaciones revisó la decisión administrativa y el contexto legal. Finalmente, el fallo confirma la determinación de la OGPe de emitir el permiso de construcción a Mays.

Resumen:

SNC Technical Services solicitó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por SNC Technical Services en un caso laboral. El caso fue incoado por Jesús Harrison Soberal contra SNC Technical Services por despido injustificado y represalias bajo la Ley Núm. 2. Soberal alegó un despido ilegal tras presentar quejas, mientras la empresa sostuvo que fue por eliminación de puesto y justa causa. SNC Technical Services argumentó que no existían hechos materiales en controversia para justificar un juicio. Soberal se opuso, indicando que sí había controversias sobre la justificación del despido y la reclamación de represalias. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían hechos materiales en disputa, denegando la sentencia sumaria. Tras examinar la petición y el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado por SNC Technical Services.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en los casos consolidados KLAN202301156 y KLAN202400004. Estos casos corresponden a una Apelación sobre Daños y Perjuicios, originada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Las partes apelantes son Julio Rentas Negrón, Miriam Martínez Nieves y su sociedad legal de gananciales. Las partes apeladas incluyen al Dr. Eugenio Mulero Portela, Dr. César Cruz García y otros. La Sentencia se fundamenta en un Aviso de Desistimiento Recíproco presentado por todas las partes el 19 de abril de 2024. El Tribunal declaró Ha Lugar dicho desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, se ordenó el archivo de ambos casos. El archivo se realiza por desistimiento con perjuicio en las respectivas reclamaciones de las partes. La Sentencia fue emitida en San Juan, Puerto Rico, el 23 de abril de 2024.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de Certiorari. La peticionaria, María de los Ángeles Villarrubia Ruiz, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, emitida en diciembre de 2022, determinó que Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, LLC cumplió con el descubrimiento de prueba. El caso original trata sobre alegaciones de incumplimiento de la Ley General de Corporaciones, contrato, dolo y daños y perjuicios. La peticionaria había presentado varias demandas enmendadas, incluyendo una acción derivativa. En la etapa de descubrimiento, Villarrubia Ruiz requirió a Aguada Emerald la producción de numerosos documentos financieros y operacionales de años recientes. El foro primario concluyó que Aguada Emerald había entregado la prueba solicitada. La peticionaria impugnó esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante el Certiorari. Tras revisar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Luna Residential III, LLC. La peticionaria impugna una orden post sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. Luna Residential había obtenido sentencia a su favor, pero luego cedió su acreencia a Estrella Homes III, LLC y solicitó la sustitución de parte. El foro primario requirió evidencia de la fecha exacta de la cesión. Ante la falta de presentación del documento específico de cesión, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la sentencia original, aunque autorizó la sustitución de parte. Luna Residential argumentó que el foro primario erró al anular la sentencia en lugar de simplemente aprobar la sustitución. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia Per Curiam en el caso KLAN202400399. El recurso de apelación fue presentado por Stephen David Gil Álamo, aspirante a Representante por el Distrito 38 del Partido Proyecto Dignidad. El caso versa sobre la descalificación de aspirantes y candidatos conforme al Artículo 7.5 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. El señor Gil apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, notificada el 21 de marzo de 2024. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas en respuesta a una querella de descalificación. Como resultado de la decisión del foro primario, el señor Gil quedó descalificado como candidato y aspirante. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decide DESESTIMAR la apelación presentada. Esta desestimación confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia respecto a la descalificación del señor Gil.

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GURACOOP apeló la desestimación de su demanda de cobro de dinero contra la señora Alicea Caraballo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción por entender que debió tramitarse bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, no por la vía ordinaria solicitada por GURACOOP. GURACOOP solicitó reconsideración ante el TPI, argumentando su derecho a elegir el procedimiento o que el TPI debió convertir la acción. Posteriormente, GURACOOP apeló la desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. Este tribunal cuestionó su jurisdicción al no constar la resolución del TPI sobre las mociones de reconsideración presentadas. GURACOOP informó haber retirado las reconsideraciones para que la apelación procediera, sin presentar evidencia de la determinación del TPI. Mientras la apelación estaba pendiente, las partes suscribieron un acuerdo de estipulación y solicitud de sentencia por consentimiento ante el TPI, pactando un plan de pagos para la deuda. Dicho acuerdo permitía a GURACOOP reactivar el caso judicial si la señora Alicea Caraballo incumplía con los pagos. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar el recurso considerando estos antecedentes, incluyendo el acuerdo transaccional alcanzado por las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Cielo Iris Colón Cartagena. La apelante recurre una Sentencia de Cárcel Suspendida y Libertad a Prueba dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia la encontró culpable del delito de agresión, tipificado en el Artículo 108 del Código Penal. Los hechos se originaron en un incidente el 5 de diciembre de 2022, donde la apelante supuestamente agredió a la querellante en una escuela. La apelante fue sentenciada a seis meses de cárcel bajo régimen de sentencia suspendida. Durante el proceso en primera instancia, la defensa solicitó la citación de varios testigos, lo cual fue denegado por el tribunal por considerarse extemporáneo. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia de Cárcel Suspendida y Libertad a Prueba apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre daños y perjuicios. La acción fue incoada por los hermanos García Rolón contra el notario Freddy Blondet Gutiérrez. Los demandantes alegan negligencia notarial al autorizar testamentos sin dar fe de la identificación de la testadora, lo que resultó en la nulidad de uno de los instrumentos. El notario solicitó la desestimación del caso por prescripción, argumentando que la acción era extracontractual y los demandantes tuvieron conocimiento del alegado defecto con suficiente antelación. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial a favor de los demandantes y No Ha Lugar la solicitud de desestimación por prescripción del notario. El notario también presentó una demanda contra su aseguradora por negarse a cubrir los daños y brindar representación legal. El Tribunal de Apelaciones acogió la apelación como Certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a una petición de certiorari presentada por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. La petición buscaba revisar la denegatoria de una moción de relevo de sentencia por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de nulidad de contrato. La sentencia original ordenó el desalojo de una propiedad y el pago de daños. La resolución recurrida, que denegó la reconsideración de la moción de relevo, fue notificada el 15 de febrero de 2024. El recurso de certiorari fue presentado el 15 de abril de 2024. El término reglamentario de 30 días para presentar el certiorari expiró el 16 de marzo de 2024. El recurso fue presentado aproximadamente un mes después de vencido el término. La parte recurrente no acreditó justa causa para la dilación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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RIMCO, LLC presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso impugnaba la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 2024-018 del Municipio de San Juan a favor de Automatic Equipment, Inc. RIMCO alegaba que la oferta de Automatic Equipment no cumplía con los requisitos técnicos de la subasta. Durante la tramitación del recurso, el Municipio de San Juan informó al Tribunal su decisión de reevaluar y dejar sin efecto la adjudicación impugnada. El Municipio posteriormente presentó evidencia de la notificación oficial de cancelación de dicha adjudicación. Ante la cancelación de la determinación administrativa recurrida, el asunto objeto de la revisión judicial se tornó académico. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial presentado por RIMCO, LLC.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Luis Torres contra el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina. La controversia se relaciona con una solicitud de acceso a información pública bajo la Ley Núm. 141-2019. El apelante solicitó ediciones anteriores de la revista "Viva Carolina" en formato PDF por correo electrónico. La parte apelada ofreció la información en un disco compacto por un costo de \$3.00, explicando que el envío por email era oneroso debido al gran volumen de páginas. El apelante se negó a aceptar la información en CD y exigió el envío gratuito por correo electrónico. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso del apelante y le impuso honorarios por temeridad. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, resolvió confirmar la Resolución recurrida del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. El caso versa sobre una demanda de injunction estatutario presentada por el Municipio Autónomo de Salinas y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales contra el matrimonio Vergara Rivera. El Tribunal de Primera Instancia había declarado con lugar una moción de sentencia por las alegaciones y concedido el injunction solicitado. Esta decisión se tomó tras una Sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que había ordenado la celebración de un juicio en sus méritos. Los apelantes argumentaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al suspender el juicio ordenado y resolver mediante sentencia por las alegaciones, violando su derecho al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones procede a revocar el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió un recurso de revisión administrativa presentado por el Consejo de Titulares y la Junta de Directores del Condominio Los Corales. La parte recurrente solicitó la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución del DACo ordenó la celebración de una asamblea extraordinaria para considerar tres cotizaciones para la selección del agente administrador. La controversia se originó en una querella de titulares que impugnaron la ratificación del administrador, alegando que no se cumplió con el requisito legal de presentar múltiples cotizaciones, dado que el administrador es titular. El DACo había determinado que los servicios del administrador son profesionales y están sujetos al requisito de cotizaciones del Art. 58 de la Ley de Condominios. Sin embargo, tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del DACo. La sentencia deja sin efecto la orden de la agencia que exigía la presentación de cotizaciones y la convocatoria a la asamblea extraordinaria para ese propósito.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación de Hula Properties, Inc. contra la Sucesión de Doña Anastacia López Flores. El caso original, sobre sentencia declaratoria y accesión, fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Hula alegó ser dueño de un terreno estatal donde la Sucesión construyó una edificación de mala fe. Hula buscaba una declaración de propiedad y la mala fe de la Sucesión, presentando una moción de sentencia sumaria. El TPI desestimó la demanda sin perjuicio, concluyendo que la sentencia declaratoria no era el procedimiento adecuado para resolver la disputa sobre límites y cabida del terreno. El foro primario también denegó la sentencia sumaria, identificando hechos materiales en controversia, incluyendo los límites de los predios y la posible prescripción adquisitiva. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar en parte y confirmar en parte la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre exequátur y ejecución de sentencia. La apelante, Gladys Owens Martínez, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que archivó su demanda de ejecución contra Iris Selenia González Burgos. Dicha demanda buscaba ejecutar una sentencia de un tribunal de Florida por $909,907.33$ más intereses, previamente convalidada en Puerto Rico mediante un proceso de exequátur. El foro primario determinó que la ejecución debía solicitarse dentro del caso original de exequátur, no en un pleito independiente. La apelante presentó la demanda de ejecución tras la falta de pago de la apelada luego de la convalidación. El Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó una revisión judicial presentada por Carlos Alicea Colón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Alicea Colón alegó no haber recibido bonificaciones por buena conducta ni por cursos tomados, y expresó interés en programas de la Junta de Libertad bajo Palabra. Su presentación consistió en un breve escrito titulado "Mandamus". El tribunal determinó que el escrito carecía de referencia a una decisión administrativa específica objeto de revisión. Tampoco se acompañaron documentos que permitieran constatar la jurisdicción del tribunal. Se recordó la importancia de la jurisdicción y los requisitos para perfeccionar un recurso de revisión judicial según la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dicha regla exige identificar la decisión recurrida y anexarla, entre otros requisitos procesales. Al no cumplir el recurrente con estos requisitos fundamentales, el tribunal se vio impedido de ejercer su función revisora. Por tanto, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción, sin entrar a considerar el fondo de las reclamaciones sobre las bonificaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. Triple-S Propiedad, Inc. apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El litigio original fue iniciado por Muñeki II Apartments y otros contra Triple-S. La demanda alegó incumplimiento de contrato de seguros y reclamó daños por el Huracán María a la propiedad asegurada. La Sentencia Parcial apelada concedió una Moción de Sentencia Sumaria Parcial a favor de los demandantes. Dicha sentencia ordenó a Triple-S pagar la suma de $12,163.18. Este pago se basó en un ajuste pericial presentado por la propia compañía aseguradora. Triple-S impugnó esta orden ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Un panel judicial revisó la apelación presentada por Augusto Florián Cornelio contra una Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente solicitó la revocación de la decisión de la Junta que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su negativa principalmente en que el señor Florián Cornelio, un inmigrante ilegal dominicano con una orden de deportación federal vigente, no pudo presentar un plan de salida viable en las áreas de empleo y vivienda. La Junta consideró que su estatus migratorio y las leyes federales impedían cumplir con dichos requisitos. El recurrente alegó que la denegación basada en su detainer de inmigración constituía discriminación por lugar de origen y que su estatus le impedía cumplir con los requisitos de ley para la libertad bajo palabra. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el panel judicial acordó confirmar el dictamen emitido por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Triple-S Propiedad, Inc. solicitando la revisión de una Sentencia Parcial. Dicha sentencia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato de seguros y daños y perjuicios relacionados con pérdidas por el Huracán María. La parte apelada, Muñeki I Apartments y otros, demandó a Triple-S por negarse a pagar la indemnización. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Ordenó a Triple-S el pago de $15,553.55 a favor de la parte apelada. Esta cantidad correspondía al ajuste de daños cubiertos según el propio perito de Triple-S. La parte apelada argumentó que esta cuantía no controvertida debía pagarse de inmediato. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de certiorari. Se revisa la denegatoria de sentencia sumaria por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero por incumplimiento contractual. Continental Realty Solutions demandó a Ermelinda Burgos Nieves y Ángel L. Rosa Villegas. La demanda alega que los peticionarios incumplieron un contrato de corretaje para el alquiler y eventual venta de una propiedad. Continental Realty afirma haber gestionado el alquiler inicial, pero los peticionarios renovaron el contrato y vendieron la propiedad a los mismos inquilinos sin pagar las comisiones pactadas. Los peticionarios, por su parte, negaron el incumplimiento, sosteniendo que el contrato solo cubría el alquiler inicial y que la venta se realizó tras su vencimiento y sin intervención de la demandante. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari solicitado y modifica la Resolución apelada.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Tekcel, LLC apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su petición de mandamus. La acción original buscaba compeler al Municipio de Hormigueros y a su Alcalde a aceptar el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales. Tekcel alegó que la negativa de los apelados a cobrar estos conceptos impedía sus trámites de permiso y violaba el Código Municipal. Los apelados solicitaron la desestimación, argumentando que el deber ministerial invocado por Tekcel carecía de fundamento legal. Sostuvieron que ni el Municipio ni el Alcalde tenían un deber específico de cobrar esos arbitrios que pudiera ser exigido mediante mandamus. El foro primario acogió la moción de desestimación y desestimó la causa de epígrafe. Tekcel recurrió en apelación contra dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, revocó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de apelación presentado por Eudaldo Báez Rivera en un caso de divorcio. El apelante impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia relativa a la custodia. Tras la resolución inicial, el Sr. Báez presentó una moción solicitando determinaciones de hecho adicionales y posteriormente una moción de reconsideración. Ambas mociones fueron declaradas No Ha Lugar o Sin Lugar por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones analizó el efecto de estas mociones, presentadas al amparo de las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento Civil, sobre el término para apelar. Se examinó si las mociones interrumpieron válidamente el plazo apelativo. El tribunal reafirmó su deber de asegurar la jurisdicción antes de considerar los méritos de un caso. Al determinar que el recurso de apelación fue presentado fuera del término jurisdiccional, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación. La desestimación se basó exclusivamente en la falta de jurisdicción, sin entrar a discutir los fundamentos de la apelación sobre la custodia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en el caso KLAN202400218, emitió una Sentencia el 22 de abril de 2024. Este caso de apelación, procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, trata sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Las partes incluyen a United Surety & Indemnity Company como demandante-apelado y a Luis J. Costas Russell como co-demandado-apelante, entre otros. La sentencia resuelve una Moción de Desistimiento presentada por la parte apelante, Luis J. Costas Russell, el 19 de abril de 2024. El Tribunal declaró Ha Lugar la moción, conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. Como resultado de la concesión de la moción, se ordena el archivo definitivo de la causa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Eladio López Reyes y Ancarlos Brothers, Inc. La parte peticionaria impugnaba una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de una sentencia de 2012. Dicha solicitud se basaba en la alegación de falta de partes indispensables en el pleito original de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Tras la denegatoria inicial, la peticionaria presentó una moción de reconsideración, la cual también fue declarada No Ha Lugar. La parte recurrida, Landa, Umpierre \& Co., solicitó la desestimación del recurso de certiorari por falta de jurisdicción. Argumentó que la moción de reconsideración no interrumpió el término para apelar debido a un error en la notificación a la parte recurrida. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Se trata de una Resolución de un panel judicial sobre una petición de Certiorari presentada por Joshua Jerryel Rivera Agosto. El peticionario solicita revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. Dicha solicitud de desestimación se relacionaba con una demanda de Wendirenne Marie Antonia Lozada París para reestablecer su relación maternofilial con la menor hija de las partes. En un caso previo de 2021, el foro primario privó a la madre de la patria potestad y concedió la custodia exclusiva al padre. Esta decisión se fundamentó en hallazgos de negligencia y riesgo de maltrato hacia la menor bajo el cuidado de la madre, incluyendo abuso por un medio hermano y resultados positivos a drogas de la madre. La madre ahora busca reestablecer relaciones, específicamente de forma supervisada, y solicita un informe social forense, alegando haber cumplido con terapias. El recurso de Certiorari del padre cuestiona la decisión del tribunal primario de permitir que la demanda de la madre para reestablecer relaciones proceda. El tribunal superior ha recibido la oposición de la madre y considera el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de expropiación forzosa a la inversa. Los demandantes alegaron que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ocupó su propiedad para un proyecto vial sin pagar justa compensación. Presentaron una demanda contra la ACT y el Estado Libre Asociado. Tras la desestimación de un caso anterior, radicaron una segunda demanda. En un recurso de apelación previo, otro panel de este Tribunal determinó que la ACT, como entidad responsable del proyecto y la expropiación, era la parte adecuada para responder por la justa compensación, no el Estado. El Estado solicitó la desestimación de la segunda demanda en el foro primario, la cual fue denegada. El Estado recurrió en certiorari ante este Tribunal contra dicha denegatoria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Considerando la responsabilidad de la ACT, el Tribunal revocó la Resolución del foro primario, lo que implica la desestimación de la demanda contra el Estado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por Carla E. Coletti. La peticionaria busca revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que denegó su solicitud de desestimación. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato y daños presentada por Kevin Gan y otros contra Coletti, relacionada con el arrendamiento de una propiedad. Los demandantes alegaron problemas con el aire acondicionado y moho, reclamando $100,000 en daños. Dado que Coletti reside en California, los demandantes solicitaron y obtuvieron autorización para emplazarla por edicto. Tras anotarse su rebeldía, Coletti solicitó la desestimación del caso por falta de jurisdicción personal, argumentando insuficiencia en el emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Sin Lugar" dicha solicitud, validando el emplazamiento por edicto. Inconforme, Coletti acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega expedir el recurso solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una petición de Certiorari presentada por ABZCO LLC. ABZCO solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. La resolución del TPI, de diciembre de 2023, denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Solution Heavy Equipment LLC (SHE) contra ABZCO. El caso original involucra a SHE demandando a RTA Construction Group LLC, ABZCO, y otros por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños. SHE, un subcontratista, alegó que RTA le adeudaba dinero por arrendamiento de equipo pesado para una obra. SHE reclamó a ABZCO, como supuesto dueño de la obra, al amparo del Artículo 1489 del Código Civil. SHE buscaba una sentencia sumaria contra ABZCO, argumentando su derecho al cobro. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias sobre hechos esenciales y materiales. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición de ABZCO, deniega la expedición del auto de Certiorari. Esto confirma la decisión del TPI de no dictar sentencia sumaria debido a la existencia de disputas fácticas.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un litigio sucesoral. La controversia principal gira en torno a la actuación de los ejecutores testamentarios del caudal del Sr. Pedro Vivoni Alcaraz, quienes son hermanos de la peticionaria. La peticionaria demandó previamente a los ejecutores alegando incumplimiento de sus deberes y solicitando su remoción. Tras una desestimación inicial, este foro revocó la decisión y ordenó al tribunal de instancia supervisar el caso, requerir informes detallados a los ejecutores y celebrar una vista sobre la prórroga de su cargo. El Tribunal de Primera Instancia celebró la vista y emitió una resolución extendiendo el término de los ejecutores. Dicha resolución también validó los informes presentados y ordenó continuar con la partición del caudal. La peticionaria impugnó esta resolución mediante recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó la actuación del foro primario. Se expidió el auto de certiorari para confirmar la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE202400334. La resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por Aurelio Ruiz Luciano y Maritza I. Flores González. Los peticionarios buscan revocar una Resolución y Orden Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. El caso original es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Brett S. Johnson y Christina K. Johnson. Los recurridos alegan que los peticionarios incumplieron un acuerdo para venderles una propiedad, documentado en un "Letter of Intent". Los recurridos solicitaron un remedio provisional para prohibir la enajenación del inmueble. El foro primario declaró con lugar la moción de remedios provisionales, ordenando la prohibición de enajenar y la prestación de una fianza por los recurridos. Los peticionarios recurrieron esta decisión, argumentando, entre otras cosas, que el inmueble es su hogar seguro y que el LOI no perfeccionó un contrato. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega expedir el auto de certiorari solicitado.