Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 74)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre un caso de despido injustificado. El peticionario impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que abordaba la constitucionalidad de la ley de procedimiento sumario laboral. Tras una solicitud del Tribunal de Apelaciones, la jueza de instancia dejó sin efecto la parte de la orden relacionada con la constitucionalidad. El peticionario expresó conformidad con esta acción. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una nueva orden fijando el calendario del caso. La vista inicial se celebró sin que se plantearan las controversias originales del certiorari. El Tribunal de Apelaciones concluye que los asuntos objeto del recurso han sido superados por los eventos subsiguientes y la continuación del proceso. Por consiguiente, la controversia se ha tornado académica. El Tribunal desestima el recurso de certiorari por academicidad, explicando la aplicación de esta doctrina legal.

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Este es un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Ocean Park contra Triple-S Propiedad, Inc. El Condominio solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El caso subyacente trata sobre incumplimiento contractual y daños relacionados con una reclamación por los daños causados por el huracán María. El Condominio alega que Triple-S no pagó la totalidad de los daños cubiertos por la póliza, estimados en más de \$1.2 millones, ofreciendo solo una fracción de esa cantidad. Sostiene que Triple-S actuó de mala fe y solicita el pago total de los daños, costas, intereses y honorarios legales. Triple-S niega las alegaciones, afirmando que actuó de manera prudente y razonable, cumplió con la póliza y que su oferta fue justa, considerando que el Condominio exageró los daños y reclamó partidas no cubiertas. Triple-S también presentó una defensa de fraude. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revocó la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria, Mariangely Soler Matos, busca la revisión de una resolución del Tribunal Municipal de Mayagüez en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. La peticionaria solicitó la desestimación del caso alegando notificación defectuosa. Argumentó que la notificación-citación no se envió con acuse de recibo y que la carta de intención de cobro previa incumplió la Ley 143 al no incluirlo. La parte demandante, Capital Management Group LLC, se opuso, señalando que la Regla 60 no exige acuse de recibo para la notificación-citación. El Tribunal Municipal declaró No Ha Lugar la moción de desestimación y la posterior moción de reconsideración de la peticionaria. El foro primario determinó que la notificación-citación cumplió con la Regla 60 y que la Ley 143 solo requiere correo certificado. La peticionaria acude al Tribunal de Apelaciones para revisar estas determinaciones sobre la validez de la notificación y el cumplimiento de las leyes aplicables.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel I, sobre un recurso de Certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Guaynabo. El Municipio demandó a GE RO Corporation (Feel Fit Fitness) en cobro de dinero relacionado con un contrato de arrendamiento de un local. El Municipio alega que la corporación le adeuda más de $186,000 en cánones de arrendamiento y que operó negocios no autorizados en el local. La corporación, por su parte, presentó una reconvención, argumentando que el Municipio incumplió el contrato al no realizar reparaciones necesarias, lo que les obligó a incurrir en gastos y solicitar crédito a la renta. La corporación también sostiene que el Municipio tenía conocimiento y permitió los servicios que ofrecían. El recurso de Certiorari del Municipio buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración y estableció un término perentorio para las contestaciones a descubrimientos de la parte recurrida. El Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del recurso de Certiorari solicitado por el Municipio.

Resumen:

Messer Gas Puerto Rico compareció ante el panel judicial solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 1 de marzo de 2024. Dicha resolución del TPI denegó una solicitud presentada por Messer. La solicitud denegada era una Moción en Solicitud de Orden Eliminatoria bajo la Regla 10.5 de Procedimiento Civil. Messer buscaba eliminar ciertas alegaciones y defensas de la contestación enmendada de Viatris Pharmaceuticals, Inc., argumentando que habían sido renunciadas o previamente adjudicadas. El caso original trata sobre una demanda de Messer contra Viatris por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El TPI había permitido a Viatris enmendar su contestación y luego denegó la moción de Messer para eliminar partes de la misma. Inconforme con la decisión del TPI, Messer presentó un auto de certiorari ante este panel. Tras examinar el expediente, el panel acordó denegar el auto de certiorari solicitado por Messer.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por el Sr. Jimmy Calderón Rijos. El recurrente solicitaba dejar sin efecto un dictamen disciplinario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) relacionado con una querella por contrabando peligroso. El Sr. Calderón Rijos alegó que el DCR violentó su debido proceso de ley en el procedimiento disciplinario. El Tribunal de Apelaciones centró su análisis en determinar si poseía jurisdicción para atender el recurso. La sentencia enfatiza la naturaleza fundamental de la jurisdicción y la obligación de los tribunales de auscultarla. Tras examinar el recurso, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para intervenir en el asunto. La falta de jurisdicción impide al tribunal considerar los méritos del caso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados de apelación y certiorari. El caso se originó por una demanda de daños y perjuicios presentada por Keren Ortiz Vizcarrondo y Javier Nieves Falero contra Universal Insurance Company, Wendy's (Río Grande) y otros. Los demandantes reclamaron daños sufridos por una caída de la Sra. Ortiz en el restaurante debido a un piso presuntamente mojado sin aviso. El Tribunal de Primera Instancia de Fajardo dictó sentencia el 13 de abril de 2023, declarando Con Lugar la demanda a favor de los demandantes. Los demandados apelaron la sentencia y solicitaron certiorari sobre la imposición de costas, mientras que los demandantes también apelaron. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos KLAN202300536, KLAN202300546 y KLCE202300698. Tras revisar el caso, incluyendo las determinaciones de hechos del foro primario sobre el accidente, el panel apelativo procedió a resolver. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada en los recursos de apelación KLAN202300536 y KLAN202300546. Asimismo, se expidió el auto de certiorari KLCE202300698 y se confirmó la imposición de costas en el pleito.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones y un certiorari consolidados. El caso principal es una acción de daños y perjuicios presentada por Keren Ortiz Vizcarrondo y Javier Nieves Falero contra Wendy's (Río Grande), su gerencia y aseguradora. Los demandantes reclamaron daños por una caída sufrida por la señora Ortiz Vizcarrondo en el restaurante el 18 de septiembre de 2019, alegando negligencia por un piso mojado sin aviso. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró Con Lugar la demanda, encontrando que la caída ocurrió en el área de condimentos tras haber pasado mapo. Los demandados apelaron la Sentencia del TPI, y los demandantes también presentaron una apelación. Adicionalmente, los demandados solicitaron un auto de certiorari para revisar la imposición de costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos para su consideración conjunta. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada en ambos recursos de apelación. Asimismo, confirmó la imposición de costas impugnada en el recurso de certiorari.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación en un caso de divorcio entre Lydia Valentín Sánchez y Ramón E. Vélez Castro. La apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desacato contra el padre y le impuso el pago de honorarios por temeridad. La controversia se origina en una sentencia de divorcio por consentimiento mutuo de 2017, que estableció una pensión alimentaria y el pago del 50% de los gastos escolares y del plan médico. La madre alegó que el padre incumplió con su parte de los gastos escolares, específicamente las mensualidades del colegio, y solicitó desacato y revisión de pensión. El foro primario tuvo dificultad interpretando el alcance de "gastos escolares" en el acuerdo original. A pesar de escuchar la grabación de la vista de divorcio, las partes mantuvieron interpretaciones contradictorias. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria, haciendo determinaciones sobre el acuerdo inicial y la situación económica de las partes al momento del divorcio. La apelación busca revocar la decisión del foro primario sobre el desacato y la imposición de sanciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una presentación del señor Joselito Cruz Campos contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El señor Cruz Campos, a quien se le concedió litigar como indigente, solicitó al tribunal que ordenara al DCR constituir el Comité de Derechos de las Víctimas. Explicó que su solicitud para un Pase Extendido con Monitoreo Electrónico fue pospuesta, requiriendo evaluación por dicho comité según el Plan de Reorganización del DCR. El tribunal procedió a examinar su jurisdicción sobre el asunto. Señaló que el recurrente no impugnó una decisión administrativa final, sino que buscó intervención sobre un proceso aún pendiente en la agencia. El tribunal enfatizó que carece de jurisdicción sobre recursos prematuros relativos a asuntos no resueltos finalmente por el organismo administrativo. Dado que la acción del DCR fue un aplazamiento en espera de una evaluación interna, no constituyó una determinación final susceptible de revisión judicial en esta etapa. Por consiguiente, el tribunal determinó que la presentación era prematura.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso El Pueblo v. Elvira Levalle Cotarelo. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, donde la apelante fue declarada culpable por un jurado. El cargo imputado fue la infracción al Artículo 4(b)(4) de la Ley Contra el Acecho (Ley 284). Se le acusó de violar una orden de protección vigente mediante llamadas telefónicas y entrada a la propiedad del perjudicado. El Tribunal de Primera Instancia la sentenció a tres años de cárcel bajo régimen de sentencia suspendida y libertad a prueba. La apelante recurrió, alegando que la prueba de cargo no demostró actos intencionales de acecho ni estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos presentados por las partes. Tras evaluar los fundamentos, el panel especial del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari relacionado con un pleito sobre incumplimiento de contrato y daños. El peticionario impugnó la autorización del Tribunal de Primera Instancia para emplazarle por edicto. Tras autorizar el emplazamiento por edicto, el foro primario denegó una moción de reconsideración presentada por el peticionario, quien alegó insuficiencia en la declaración jurada que sustentaba dicha solicitud. El peticionario argumentó que su moción debía ser atendida como un planteamiento sobre la insuficiencia del emplazamiento, no como una reconsideración tardía. El Tribunal de Primera Instancia reiteró su denegatoria. Ante ello, el peticionario acudió en certiorari al Tribunal de Apelaciones. El panel judicial expidió el auto solicitado. En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación recurrida, dejó sin efecto la orden que autorizó el emplazamiento por edicto y devolvió el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia consolidando recursos de apelación y certiorari. Las partes son Keren Ortiz Vizcarrondo y Javier Nieves Falero contra Universal Insurance Company, Wendy's (Río Grande), Grupo Colón Gerena y WENDCO Management, Inc. El caso original versó sobre una reclamación de daños y perjuicios por una caída sufrida por la señora Ortiz Vizcarrondo en un restaurante Wendy's debido a un piso mojado. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda a favor de los demandantes. Ambas partes apelaron la Sentencia del foro primario, y los demandados también solicitaron un certiorari sobre la imposición de costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos presentados. Tras revisar los procedimientos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada en los casos de apelación. Asimismo, se expidió el auto de certiorari y se confirmó la imposición de costas.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. María M. Santiago Rosa apeló una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia desestimó la demanda contra el Municipio de Aguadilla por incumplimiento del requisito de notificación previa establecido en el Código Municipal. La apelante argumentó que el foro primario erró al aplicar dicho requisito. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Concluyó que la apelación fue presentada fuera del término jurisdiccional de treinta días establecido por las reglas de procedimiento. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial contra una determinación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Los recurrentes impugnan la decisión de la OGPe que declaró No Ha Lugar su solicitud de revisión administrativa. Dicha solicitud buscaba revocar un permiso de construcción otorgado a QMC Telecom, LLC para una torre de telecomunicaciones. El caso tiene un historial previo, incluyendo una sentencia anterior del Tribunal que ordenó a la OGPe atender la solicitud de intervención de los recurrentes antes de expedir el permiso. Tras cumplir con esa orden, la OGPe re-expidió el permiso en abril de 2021. Los recurrentes solicitaron revisión administrativa, argumentando, entre otras cosas, la naturaleza discrecional del permiso, problemas con el endoso de la FAA, el descubrimiento de alumbramientos de agua, el impacto ambiental en especies protegidas y la violación de la distancia mínima a una residencia. La OGPe denegó esta revisión administrativa en agosto de 2021. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación administrativa recurrida de la OGPe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de revisión judicial presentado por Daniel Rivera Colón contra una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La Resolución impugnada, emitida el 18 de enero de 2024 por el Comité de Clasificación y Tratamiento, determinó que el recurrente debía permanecer en custodia máxima. La ley establece un término jurisdiccional de 30 días para recurrir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones a partir de la notificación de la decisión administrativa final. Este término es fatal e improrrogable. El plazo para presentar el recurso vencía el 20 de febrero de 2024. Sin embargo, el recurrente presentó su escrito ante el Tribunal el 22 de febrero de 2024. Al haber sido presentado el recurso fuera del término legal, el Tribunal carece de jurisdicción para revisar la decisión administrativa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial.

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Se presenta una apelación contra una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pepiniana. Dicha sentencia desestimó la demanda contra la Cooperativa e impuso costas a la apelante, Luz Enilda Cancel Morales. El pleito original de la señora Cancel contra la Cooperativa y Francisco Román Medina surgió tras un embargo de sus fondos en la Cooperativa, basado en un pleito anterior donde no fue emplazada. La señora Cancel demandó por incumplimiento de contrato, embargo ilegal y daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de la Cooperativa. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones observa que la causa de acción principal aún se encuentra pendiente ante el foro primario. Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, el recurso de apelación es prematuro. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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Super Asphalt Pavement Corp. solicitó revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra la adjudicación de una subasta por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Yabucoa. La recurrente impugnó la adjudicación alegando que la notificación emitida era deficiente y que el precio licitado por el agraciado para un renglón específico violaba las especificaciones. La Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Yabucoa compareció solicitando la desestimación del recurso y la devolución del caso. La Junta admitió que la notificación de adjudicación emitida no cumplía con los requisitos legales mínimos, al no incluir las razones o criterios de su determinación. La Junta solicitó que el caso fuera devuelto para emitir una nueva notificación conforme a Derecho. La parte recurrente, Super Asphalt, expresó no tener objeción a que el caso fuera devuelto a la Junta para corregir los errores. El Tribunal, considerando la admisión de la Junta y el acuerdo de las partes, procede a disponer del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de revisión judicial presentado por Skytec, Inc. Skytec impugnó la Resolución Núm. 78 de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Bayamón. Dicha resolución rechazó unánimemente las propuestas de Skytec y Caribe Track, Corp. para la Subasta Núm. 25 Serie 2023-2024. La subasta tenía como propósito la adquisición de un Sistema Automático de Conteo de Pasajeros (APC) para el servicio de transporte colectivo municipal. El documento detalla el proceso de subasta, incluyendo el aviso, la reunión pre-subasta obligatoria donde se discutieron especificaciones técnicas y certificaciones federales (como DBE), y la apertura de ofertas. Skytec solicitó dejar sin efecto la resolución que rechazó su oferta. El Director de la Oficina de Planificación evaluó las ofertas recibidas. El panel del Tribunal de Apelaciones, presidido por el Juez Sánchez Ramos, emitió una sentencia. La sentencia resuelve confirmar la Resolución recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión judicial contra una decisión del Negociado de Energía (NEPR). El caso surge de la objeción de un cliente de LUMA Energy a una factura por alto consumo. Tras la investigación inicial de LUMA, que encontró la lectura regular, el cliente presentó una querella directamente ante el NEPR. LUMA solicitó la desestimación de la querella ante el NEPR argumentando la falta de agotamiento de los remedios administrativos internos. El NEPR desestimó la querella del cliente por no haber solicitado una revisión del resultado de la investigación ante LUMA. El cliente recurrió esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del NEPR. La confirmación se fundamenta en que el recurrente no agotó el procedimiento administrativo informal de revisión de facturas ante LUMA previo a presentar la querella ante el foro administrativo.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El recurrente, Luis Alberto Vallejos Cruz, solicitó revisión judicial luego de que la OGPe denegara su solicitud de revisión administrativa. La denegatoria de la OGPe se basó en su determinación de que la solicitud de revisión administrativa fue presentada fuera del término jurisdiccional de veinte días. El recurrente argumentó que la OGPe erró y lo privó del debido proceso al no aceptar su solicitud. El Tribunal consideró los argumentos presentados por ambas partes. Aplicó el marco legal para la revisión judicial de decisiones administrativas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Este marco permite a los tribunales asegurar que las agencias administrativas actúen legalmente y respeten derechos constitucionales como el debido proceso. El Tribunal concluyó finalmente que la decisión de la OGPe de denegar la solicitud de revisión administrativa debía ser revocada. Por lo tanto, el Tribunal revocó la Notificación de la OGPe que había rechazado la presentación de la revisión administrativa del recurrente.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Innovative Emergency Management, Inc. (IEM) mediante un recurso de revisión administrativa para impugnar la adjudicación de una subasta por parte del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. IEM solicita la revocación del Aviso de Adjudicación que otorgó la buena pro a ICF International, LLC (ICF) para la Solicitud de Propuesta CDBG-DRMIT-RFP-2023-02, argumentando graves conflictos de interés y que la adjudicación debió ser a su favor. La RFP buscaba servicios para implementar un Plan Estratégico de Infraestructura de Datos Espaciales, un sistema de base de datos centralizado y un "Digital Twin City System" para mitigar riesgos de desastres. Se recibieron cinco propuestas, de las cuales solo tres, incluyendo las de IEM e ICF, cumplieron los requisitos. La evaluación consideró la calidad del enfoque propuesto, donde ICF obtuvo "Excellent" e IEM "Good", y preferencias como la certificación M/WBE, que solo IEM pasó. Ambas compañías presentaron ofertas de costos finales por debajo del estimado independiente, siendo la de ICF ligeramente menor. IEM también planteó dificultades para acceder al expediente administrativo completo. Tras revisar el recurso, el Tribunal confirma la determinación del Departamento de Vivienda de adjudicar la subasta a ICF.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Terrassa Concrete Industries, Inc. Terrassa apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por Cemex de Puerto Rico, Inc. y Cemex Concretos Inc. Cemex demandó a Terrassa por el impago de \$462,000.00 en materiales. Terrassa se defendió y presentó una reconvención, alegando que su incumplimiento de pago se debió a prácticas anticompetitivas de Cemex. Terrassa sostuvo que Cemex aumentó el precio del cemento mientras su subsidiaria vendía hormigón a precios muy bajos, perjudicando su negocio y violando la ley antimonopolística. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Cemex en la demanda principal y desestimó la reconvención de Terrassa. Terrassa solicitó la revocación de esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, confirmó el dictamen apelado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una Sentencia en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia a favor de KF Realty LLC. El caso se originó por una demanda de KF Realty contra el matrimonio Martínez-Loubriel y el Condominio Ashford 1350. KF Realty alegó incumplimiento de contrato, dolo y fraude en la compra de un apartamento. Sostuvo que los vendedores no revelaron un problema significativo de filtración en las tuberías. La Sentencia en Rebeldía del foro primario ordenó a los vendedores pagar daños, temeridad, honorarios de abogado e intereses legales a KF Realty. El matrimonio Martínez-Loubriel apeló dicha Sentencia. El Tribunal de Apelaciones examinó los antecedentes del caso, incluyendo la demanda original y la contestación de los apelantes. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. El apelante, Radamés León Meléndez, solicitó la revisión de la decisión del TPI que desestimó su acción civil sobre usucapión. La desestimación en primera instancia se fundamentó en la falta de partes indispensables en el pleito. El demandante buscaba ser declarado dueño absoluto de una finca, cuya titularidad registral recae sobre una comunidad hereditaria. El caso involucró múltiples demandados, incluyendo herederos, y presentó complejidades procesales en cuanto al emplazamiento y la comparecencia de las partes. A pesar de los esfuerzos del demandante por incluir a los herederos y obtener anotaciones de rebeldía, el TPI concluyó que no se había subsanado la ausencia de partes esenciales. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determina que carece de jurisdicción para atender la apelación. Por consiguiente, el recurso apelativo presentado es desestimado.

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Juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de impericia médica presentado por Edgar Pérez Matías. El apelante buscaba revocar dos sentencias del tribunal de primera instancia que desestimaron sus reclamaciones por prescripción extintiva. El caso se originó por alegado tratamiento inadecuado en abril de 2021. Una demanda inicial fue presentada en abril de 2022 pero desistida voluntariamente sin perjuicio en agosto de 2022. Una segunda demanda sobre los mismos hechos se presentó en agosto de 2023. Los demandados argumentaron que el término prescriptivo de un año comenzó a transcurrir nuevamente tras el desistimiento de la primera demanda. El tribunal de primera instancia estuvo de acuerdo y desestimó las reclamaciones contra múltiples partes. El apelante apeló estas desestimaciones, argumentando contra la aplicación de la prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el historial procesal. El tribunal apelativo confirmó las sentencias apeladas, manteniendo la desestimación del caso debido a la expiración del término prescriptivo.

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Un panel judicial revisa una apelación presentada por el Consejo de Titulares del Condominio ESJ Towers. La apelación busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de diciembre de 2023. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por Gardenia Hotel Partners LLC y otros codemandados. El foro primario determinó que la causa de acción del Consejo de Titulares, que incluía reclamos de injunction, daños y sentencia declaratoria, estaba prescrita. La decisión del tribunal inferior se produjo tras un proceso que incluyó la presentación de la demanda, mociones de desestimación, oposiciones y una moción de reconsideración que fue denegada. Tras considerar el recurso, el panel judicial resuelve desestimar la apelación. La desestimación del recurso de apelación se fundamenta en la falta de jurisdicción del foro apelativo para atender el caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400178. Luis Delgado Márquez recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Municipio de Naguabo y su alcaldesa. La demanda impugnaba una resolución municipal para expropiar una propiedad del peticionario. Delgado Márquez alegó que la expropiación era discriminatoria por motivos partidistas, pues la propiedad es sede de campaña de un opositor político. También argumentó que se obstaculizaba la venta de la propiedad y que la compensación ofrecida era insuficiente. La demanda solicitaba sentencia declaratoria, interdicto permanente y daños y perjuicios. El foro primario desestimó la causa de acción, entendiendo que los remedios solicitados eran improcedentes y la reclamación inmadura. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari. Tras evaluar los argumentos de las partes, el Tribunal confirmó la Sentencia recurrida que desestimó la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso presentado por Anel Feliciano Soto y Olga Lydia Rivera Rosado. Los apelantes buscan revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. El caso original involucra reclamos de deslinde, acción reivindicatoria, servidumbre de paso y la defensa de prescripción ordinaria y extraordinaria. El foro primario ordenó a los apelantes remover un portón que obstruía el acceso a la propiedad de Roberto Carlos Rivera González. Los apelantes alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al impedirles presentar prueba pericial de agrimensor y testigos comunitarios, fundamental para su defensa. Argumentaron que esta prohibición los dejó sin protección adecuada en un caso que requería peritaje. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso presentado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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La señora Gloria Muñiz Báez apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Grandma Steakhouse y otros, derivada de un resbalón en el restaurante. El Tribunal de Apelaciones encontró que no podía ejercer jurisdicción sobre el recurso porque la apelante no incluyó copia de la Sentencia apelada. Se le concedió un término para corregir esta deficiencia y mostrar causa por la cual no se desestimara el recurso por falta de jurisdicción e incumplimiento reglamentario. Sin embargo, la apelante no presentó la copia requerida de la Sentencia apelada. Los apelados también solicitaron la desestimación por incumplimientos adicionales del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, como la falta de notificación oportuna. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que la apelante incumplió con requisitos procesales esenciales, incluyendo la presentación de documentos y la notificación. Estos incumplimientos, no subsanados a pesar de la oportunidad concedida, impiden al Tribunal considerar el fondo de la apelación. Por tanto, el Tribunal desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción y por incumplimiento del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una apelación presentada por Ida Service Station, CLR contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. Tras la Sentencia del TPI, Ida presentó una solicitud de reconsideración y de inhibición. El TPI y la Jueza Administradora atendieron la solicitud de inhibición, declarándola sin lugar. Respecto a la reconsideración, se indicó que debía ser tramitada por el TPI. Mientras la solicitud de reconsideración estaba pendiente de resolución en el foro primario, Ida presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones determina que la apelación fue presentada de forma prematura. Conforme a las reglas de procedimiento, el término para apelar comienza a correr una vez resuelta una moción de reconsideración debidamente presentada. Al haberse apelado antes de que el TPI resolviera la reconsideración, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. Por tanto, se desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Cooperativa de Ahorro y Crédito Cidreña. La apelación se origina de una demanda de cobro de dinero ordinario contra Tatiany J. Sosto Amaro por un préstamo impagado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, argumentando que debía haberse presentado bajo la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil. La Cooperativa apeló, señalando que el TPI erró al no aceptar su elección de tramitar el caso por la vía ordinaria, una opción que la propia Regla 60 faculta. La apelante sostuvo que la desestimación fue un error, ya que la regla procesal permite solicitar el procedimiento ordinario. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación recurrida. Citando la jurisprudencia que favorece la adjudicación de los casos en sus méritos y el propósito de las reglas procesales, el tribunal encontró que la desestimación fue incorrecta. La corte enfatizó que las reglas procesales buscan viabilizar el derecho sustantivo, no impedirlo. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Esta decisión permite que el caso de cobro de dinero continúe su trámite.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso involucra a Rafael García Pagán, Glorivette Díaz Santiago y su hijo adulto, Jorge Ibrahim García Díaz. La controversia principal es la terminación de la pensión de alimentos entre parientes para estudios universitarios del hijo. Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había concedido esta pensión al hijo, diagnosticado con autismo Asperger, basándose en su condición y aprovechamiento académico. Se acordó una pensión mensual de \$375, con la condición de que el hijo informara su progreso académico. Durante el proceso, se descubrió que el hijo había completado su bachillerato en mayo de 2023 sin notificarlo. El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución relevando al padre del pago de la pensión por estudios y ordenando el archivo del caso. La madre y el hijo solicitaron la revisión de esta resolución mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y resolvió expedir y confirmar la resolución recurrida. Esto valida la decisión del foro primario de cesar la obligación de pensión por estudios y archivar el caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones que atiende un recurso de certiorari presentado por la Asociación de Condómines Torre Médica II Dr. Pedro Blanco Lugo. La parte peticionaria solicitó dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de renuncia de representación legal. El foro primario había declarado No Ha Lugar la solicitud de la Licenciada Ana B. Frías Ortiz para cesar su representación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari y una moción urgente en auxilio de jurisdicción. Se denegaron ambos recursos. La decisión se fundamenta en la naturaleza discrecional del certiorari y la deferencia a las determinaciones del foro primario en el manejo de los casos. Se destaca que el asunto de relevo de representación legal es una materia de manejo de caso, especialmente cuando el juicio ya ha comenzado. Se menciona que el foro primario indicó que podría reconsiderar su determinación si la nueva representación certifica pleno conocimiento del estado procesal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR). La UPR solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación por falta de jurisdicción. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios por impericia médico-hospitalaria presentada por Ricardo Torres Colón. El demandante alega haber sufrido daños significativos debido a un diagnóstico erróneo y manejo inadecuado de una apéndice perforada y absceso. La demanda original fue presentada contra múltiples partes, incluyendo Servicios Médicos Universitarios, Inc. h/n/c Hospital UPR Dr. Federico Trilla de Carolina. Torres Colón imputa negligencia a un CDT por el diagnóstico inicial y alta, y al Hospital UPR y un médico por no pautar una apendicectomía de intervalo a tiempo. La UPR, como parte demandada, presentó la moción de desestimación que fue denegada por el foro primario. Tras denegarse también la reconsideración, la UPR acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida, validando la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar el caso por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Dennis Yadiel Sánchez Martin. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de paralizar un caso civil. Dicho caso fue incoado por Enrique Martin Morales por extorsión, persecución maliciosa y daños, reclamando sumas millonarias. Sánchez Martin solicitó la paralización del proceso civil amparándose en el Servicemembers Civil Relief Act (SCRA), alegando estar en proceso de enlistarse en las fuerzas armadas. El foro primario determinó que la mera alegación de estar en proceso de enlistamiento no daba lugar a la paralización ni a la protección del SCRA. Sánchez Martin recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Martin Morales se opuso al recurso, señalando que el peticionario no es miembro activo y busca dilatar el caso. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los argumentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución de un panel judicial de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Arnaldo Luis Cruz Santiago. El recurso impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró en rebeldía al señor Cruz Santiago. Dicha orden se emitió en un procedimiento de cobro de dinero iniciado por Karen Ivelisse Cruz Rosa. La señora Cruz Rosa reclama el pago de gastos relacionados con un menor procreado por ambas partes. El tribunal re-encauzó el recurso inicial de apelación como un certiorari. Las partes han cumplido con los trámites procesales requeridos, incluyendo la presentación del apéndice y la oposición de la recurrida. La resolución detalla la historia procesal del recurso y del caso subyacente. El tribunal considera que el recurso está perfeccionado y listo para su consideración.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en respuesta a un Recurso de Certiorari presentado por el Gobierno. El Gobierno solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de paralizar un litigio. El caso original fue incoado por Pajuil Torres Méndez y otros contra varias entidades y funcionarios del Gobierno por alegadas violaciones de derechos y daños. Los demandantes reclamaron una cuantía total de \$700,000. El Gobierno argumentó que el caso debía paralizarse bajo PROMESA y la Ley 104-1955, ya que la cuantía reclamada excedía los límites permitidos por una Orden del Tribunal de Quiebras. Los demandantes se opusieron, indicando que ajustarían la cuantía para cumplir con los límites. El Tribunal de Primera Instancia mantuvo el señalamiento del juicio y denegó la paralización. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, denegó la expedición del auto solicitado. Esta decisión implica que la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no paralizar el caso se mantiene.

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Resolución judicial sobre una Petición de Certiorari presentada por la señora Celenia Objio Lara. La peticionaria impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Ponce. Dicha orden archivó una petición de orden de protección que su hijo había presentado a su favor y en contra de su hija. La Sala Municipal se declaró sin competencia ni jurisdicción para atender la petición de protección. Esta decisión se basó en una resolución previa de la Sala Superior de Ponce en un caso de declaración de incapacidad y tutela sobre la peticionaria. La Sala Superior había indicado que cualquier remedio debía solicitarse en ese foro y que una orden de protección no podía interrumpir su proceso. La recurrida, hija de la peticionaria, se opuso a la expedición del certiorari. El tribunal revisa ahora la petición de certiorari tras la comparecencia de las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una Petición de Certiorari presentada por Villas de Lomas Verdes Apartments y otros contra Triple-S Propiedad, Inc. El litigio subyacente en el foro primario se relaciona con reclamaciones de seguros por daños sufridos durante el Huracán María. Los Peticionarios impugnaron una Orden de Costas y una Resolución denegando intereses y honorarios de abogado emitidas por el Tribunal de Primera Instancia a finales de 2023 y principios de 2024. Estas decisiones siguieron a una Sentencia Sumaria Parcial donde el foro primario ordenó a Triple-S pagar una cantidad parcial de la reclamación, un dictamen previamente confirmado por el Tribunal de Apelaciones. La moción de reconsideración de los Peticionarios sobre las decisiones de costas y honorarios fue declarada No Ha Lugar por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar la petición, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico examina la apelación presentada por William Martínez Jiménez. El apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia desestimó su petición de expediente de dominio. La desestimación se basó en el incumplimiento de los requisitos de notificación del Artículo 185 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. El señor Martínez Jiménez buscaba la inmatriculación de una finca rústica en Cabo Rojo. Presentó un tracto de dueños que incluía contratos verbales. El Tribunal de Primera Instancia había ordenado enmiendas a la petición, las cuales fueron presentadas. Las partes colindantes e interesadas fueron notificadas de la apelación. No presentaron alegatos en oposición dentro del término concedido. El recurso está listo para que el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre la corrección de la desestimación por falta de notificación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Santiago Mora y Alma Mora. Impugnaron una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de desestimación o sentencia sumaria. El caso original, iniciado por Sybil Santiago González y Juan Ramón Ruiz, versa sobre una alegada servidumbre de paso sobre la propiedad de los Peticionarios para acceder al camino Chimborazo. Los Peticionarios argumentaron en el TPI que no existía tal servidumbre ni signos aparentes de la misma. Tras la denegación de su moción por el TPI, acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente. Procedió a expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden recurrida del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202300438. Los apelantes, Mauricio Hernández Arroyo y Liselote Reyes Ocasio, recurren una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha resolución ordenó el cierre y archivo con perjuicio de la causa de acción que motivó el caso. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario. La controversia se remonta a 1993, originada por un contrato de opción de compraventa de terrenos entre los apelados (vendedores) y los apelantes (compradores). Surgió un problema en el cierre de la transacción en 1993 debido a una discrepancia en la descripción de la finca y la falta de autorización para segregar una porción. A pesar de un acuerdo inicial para firmar con la descripción completa y segregar después, el caso ha perdurado por treinta años. La sentencia valida la decisión del TPI-Aibonito de desestimar el caso con perjuicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión de la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG). El caso se originó en una subasta formal convocada por la ASG para adquirir papel en rollo para el Negociado de la Lotería. Tras la adjudicación inicial, un recurso administrativo resultó en la anulación de la subasta, al determinarse que las ofertas de todos los licitadores eran defectuosas. La ASG solicitó la revisión judicial de esta anulación. El pliego de la subasta establecía requisitos detallados para los licitadores, incluyendo la obligación de informar el término de entrega y, crucialmente, de detallar la garantía del producto. Las especificaciones de garantía requerían información clara sobre el periodo, cobertura, limitaciones y el proveedor del servicio, indicando que una garantía menor a la requerida o la falta de detalle podía conllevar el rechazo de la oferta. El tribunal analizó si la junta revisora cometió un error al anular la subasta basándose en las deficiencias de las ofertas. Concluyó que no se demostró error alguno por parte del ente apelativo administrativo. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la anulación de la subasta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El recurso fue presentado por el Sr. Ramón Ortiz Librán, quien apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó a la Sra. María de los Ángeles Librán Couvertier al pago de $36,000 más costas y honorarios. La demanda original del Municipio de Carolina alegaba incumplimiento con los requisitos del programa federal HOME por parte de la Sra. Librán Couvertier. El apelante, hijo de la demandada, informó que su madre falleció poco después de la notificación de la Sentencia y argumentó que ella sí cumplió con las condiciones. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar el recurso. Se destaca la obligación de los tribunales de velar por su jurisdicción. Tras su análisis, el Tribunal determinó desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de certiorari KLCE202400435. El peticionario, Juan M. Crespo Morales, solicitó dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una Petición de Reconsideración. Dicha petición buscaba revivir una Demanda de Mandamus previamente desestimada por el TPI. En la demanda original, el Sr. Crespo reclamaba el pago de $1,400.00 del estímulo federal Coronavirus Tax Relief Act de 2020. El TPI desestimó el mandamus por la falta del peticionario en presentar una declaración jurada requerida. La Petición de Reconsideración fue denegada por el TPI el 11 de marzo de 2024. El recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 12 de abril de 2024. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción, al haber sido presentado fuera del término jurisdiccional de 30 días establecido por la Regla 32(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Los apelantes, Alfredo Castellanos Bayouth y Rebecca López González, recurren la desestimación de su reconvención por dicho tribunal. El caso se relaciona con un pagaré hipotecario sobre su vivienda principal, cuyo tenedor es Banco Popular de Puerto Rico. Ante dificultades económicas, los apelantes solicitaron mitigación de pérdidas al banco. El banco les indicó que su expediente estaba completo, sugirió posibles términos de modificación y les instruyó a detener los pagos. Posteriormente, el banco les notificó que su expediente sería inactivado por documentos vencidos, requiriendo actualización sin previo aviso sobre la fecha de vencimiento. Los apelantes procedieron a actualizar y someter la información requerida. El tribunal de apelaciones revoca la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reconvención. El asunto es devuelto al tribunal de instancia para procedimientos consistentes con esta decisión.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Krystal Laracuente Cortés en un caso de alimentos contra Carlos Mercader Pérez. La petición buscaba la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha orden, emitida el 11 de marzo de 2024, pospuso una decisión sobre la solicitud de desacato de la señora Laracuente Cortés por alegado incumplimiento con la pensión alimentaria. El tribunal de primera instancia decidió esperar la determinación del Tribunal de Apelaciones en un caso relacionado (KLAN202400071) antes de resolver el asunto del desacato. El panel del Tribunal de Apelaciones, que incluyó a la Juez Lebrón Nieves, revisó la petición. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del Certiorari. El documento también ofrece antecedentes sobre el caso de alimentos subyacente, iniciado por el señor Mercader Pérez para fijar formalmente la pensión para su hija menor. Menciona sus alegadas contribuciones previas y una propuesta de pago que no fue aceptada, lo que llevó a que el caso fuera referido a una Examinadora de Pensiones Alimentarias.

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Roberto Morales Rivera, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicha Orden, el TPI denegó su petición para enmendar la sentencia que cumple. El peticionario buscaba que se le otorgara la concurrencia de las penas impuestas para poder ser elegible a la Junta de Libertad bajo Palabra. El Tribunal de Apelaciones, actuando por Resolución, procedió a desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender la solicitud. El documento enfatiza que la jurisdicción es un requisito fundamental e insubsanable para que un tribunal pueda considerar un caso. La ausencia de jurisdicción impide entrar en los méritos de la controversia y obliga a la desestimación.