Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 71)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de impericia médica y daños y perjuicios. Los peticionarios, Ismael Pantoja Martínez y Rafael Quiñones Martínez, solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución, emitida el 6 de febrero de 2024, dio por admitidos los hechos de un requerimiento de admisiones notificado a los peticionarios por los recurridos, Dr. Luis A. Paz Reyes y SIMED. Los recurridos habían alegado que las contestaciones de los peticionarios no cumplían con los requisitos procesales. El foro primario acogió la solicitud de los recurridos de dar por admitidos los hechos. Los peticionarios impugnaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto solicitado. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso de división de herencia. La apelación fue presentada por miembros de la sucesión de Ángel Manuel Chinea Oliveras contra la albacea testamentaria, Marianela Narváez Cintrón. Se solicitaba la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que aprobó un cuaderno particional y denegó la destitución de la albacea. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. El caso fue devuelto al foro primario para procedimientos adicionales. Se ordenó al Contador-Partidor/Comisionado Especial celebrar una vista. Producto de la vista, deberá emitir un informe que cumpla con órdenes previas y reglas de procedimiento. En dicha vista, también se dirimirán las controversias sobre la solicitud de remoción de la albacea.

Resumen:

Peticionarios Daniel Quiles Ortiz y Sofia del Mar Morales Rodríguez demandaron a Pablo Luis Díaz Fajardo por daños y perjuicios tras una alegada agresión. Reclamaron daños físicos y mentales, estimados inicialmente en no menos de $150,000, con daños emocionales adicionales alegados posteriormente. Simultáneamente a la demanda, solicitaron una orden de embargo preventivo sobre bienes del demandado para asegurar la sentencia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de embargo preventivo tras una vista. La denegatoria se basó en que las alegaciones no eran prueba, no demostraban alta probabilidad de prevalecer ni la existencia de una deuda líquida. Los peticionarios solicitaron reconsideración, argumentando que la vista debió ser evidenciaria para cumplir con el requisito de demostrar probabilidad de prevalecer. El recurrido se opuso, defendiendo la vista celebrada y señalando que la regla no obliga a una vista evidenciaria para denegar el embargo. Esta resolución del Tribunal de Apelaciones expone el historial procesal y los argumentos de las partes sobre la denegatoria del embargo preventivo.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones, una madre en un caso de alimentos solicita que se ordene al Tribunal de Primera Instancia resolver una moción de desacato contra el padre. La controversia principal gira en torno a quién debe sufragar la deuda de la cafetería escolar de la hija menor, según el acuerdo de pensión alimentaria. La madre sostiene que el padre está obligado a cubrir estos gastos escolares y presentó varias mociones urgentes ante el tribunal de instancia. Estas mociones, incluyendo solicitudes de desacato, se presentaron debido a la falta de pago del padre y la consecuente denegación del servicio de cafetería a la menor. Aunque el tribunal de instancia ordenó al padre responder, no emitió una resolución sobre la moción de desacato. Ante esta dilación y la urgencia de la situación, la madre presentó un recurso de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones determina que es procedente ordenar al Tribunal de Primera Instancia que resuelva la referida moción de forma expedita.

Resumen:

Se trata de una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El caso subyacente es una demanda de división o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios entre hermanos. La peticionaria, María Isabel Vargas Rodríguez, demandó a sus hermanos para liquidar la herencia de su madre y remover al albacea testamentario. El certiorari se presenta contra dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. La peticionaria impugna una orden del 20 de febrero de 2024 que apercibió a su abogado de no repetir argumentos bajo amenaza de sanción económica de \$250. También recurre la orden del 27 de febrero de 2024 que denegó su solicitud para dejar sin efecto el apercibimiento. La peticionaria alega que el foro primario incurrió en grave error de derecho y/o de hechos al dictar dichas órdenes. El documento detalla el historial procesal que culminó en la presentación de este recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Resolución de un panel judicial sobre una petición de certiorari presentada por William Calo Rivera. El peticionario impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de reconsideración. Dicha moción buscaba la desestimación y anulación de una sentencia de 2012 que ordenó el cobro de dinero y la ejecución hipotecaria de sus bienes. El señor Calo argumentó que la sentencia era nula por falta de notificación al Internal Revenue Service (IRS), una supuesta parte indispensable, lo que viciaba la jurisdicción del tribunal y hacía la sentencia no final. La parte recurrida, Bautista Reo, se opuso, alegando que el IRS fue emplazado, no compareció, sus embargos caducaron y el peticionario carecía de legitimación activa. El TPI declaró no ha lugar la moción de desestimación y la posterior reconsideración. El peticionario recurrió en certiorari, señalando errores sobre la jurisdicción y la falta de notificación al IRS. El panel judicial, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari relacionado con un caso de alimentos entre parientes. El peticionario, Salomón Levis Goldstein, solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para que la jueza de instancia se inhibiera del caso. El peticionario argumentó que la jueza había prejuzgado la controversia al haber presidido y evaluado prueba en un caso anterior que involucraba a las mismas partes. La jueza de instancia refirió la solicitud de inhibición a otra jueza administradora. Esta última evaluó ambos casos y denegó la solicitud de inhibición, concluyendo que no existía fundamento para parcialidad y que tomar conocimiento judicial de un caso relacionado con la misma familia era permisible. La jueza administradora también indicó que las determinaciones judiciales desfavorables no son base válida para solicitudes de recusación. El peticionario presentó una moción de reconsideración que fue denegada. Ante ello, recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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Se trata de una revisión judicial presentada por Daniel Rivera Colón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó tratamiento médico para una enfermedad, agotando los remedios administrativos ante el DCR. Su solicitud de reconsideración sobre la determinación original fue denegada. Dicha denegación fue emitida el 16 de enero de 2024 y notificada el 19 de enero de 2024. El recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 2 de mayo de 2024. El Tribunal examina su jurisdicción, señalando que un recurso tardío la priva de autoridad. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el término para solicitar revisión judicial es de treinta días desde la notificación de la resolución final. Dado que el recurso se presentó fuera de este término legal, el Tribunal carece de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso por haber sido presentado tardíamente.

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Este documento presenta una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición fue interpuesta por unos propietarios contra el Consejo de Titulares de un condominio en un caso de cobro de dinero. El Consejo demandó a los propietarios por cuotas de mantenimiento e intereses adeudados. Los propietarios solicitaron la desestimación de la demanda en el Tribunal de Primera Instancia por falta de jurisdicción. Alegaron que la controversia sobre la deuda estaba siendo impugnada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) y que no se habían agotado los remedios administrativos. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación y la posterior solicitud de reconsideración. Los propietarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari, argumentando que el foro primario erró al no desestimar la demanda dada la acción pendiente en el DACo. El Consejo se opuso, sosteniendo que la demanda es un cobro de dinero sobre el cual el tribunal tiene jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones ha evaluado el expediente y está en posición de adjudicar la petición.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por el Municipio de Añasco. El Municipio recurrió una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una condena de \$2,500.00 en honorarios de abogado por temeridad. La acción original del Municipio era un cobro de dinero contra Yareliz Irizarry González, reclamando la devolución de salarios basados en un informe de auditoría. El Municipio desistió del caso con perjuicio tras encontrar evidencia en el expediente de la demandada que podría justificar los pagos. La señora Irizarry González solicitó honorarios por temeridad, argumentando que una investigación previa habría evitado el litigio. El Tribunal de Primera Instancia enmendó su sentencia para conceder los honorarios, concluyendo que el Municipio debió evaluar el expediente antes de demandar. El Municipio apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos de las partes. El Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen recurrido, validando la imposición de honorarios por temeridad contra el Municipio.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia sobre el recurso presentado por José Rivera Trinidad. El Apelante solicitó la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que señalaba una subasta de su propiedad. Inconforme con el aviso de subasta, el Sr. Rivera Trinidad presentó una moción de reconsideración ante el TPI y, sin esperar resolución, interpuso un recurso de apelación ante esta Curia. Tras analizar los autos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción. Se establece que el vehículo procesal adecuado para revisar procedimientos post sentencia, como la ejecución y subasta, es el recurso discrecional de Certiorari. Al haber utilizado el Apelante un recurso de apelación, el Tribunal concluye que existe una falta de jurisdicción insubsanable. Por estos fundamentos, se desestima el recurso presentado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400379. La parte apelante, Juan Carlos Borgos Banchs, recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia declaró "Ha Lugar" una Moción de Sentencia Sumaria presentada por los apelados, Rosa Elena Corretjer Collazo, et al., y desestimó la Reconvención del apelante. El caso original inició en 2012 cuando los apelados demandaron al apelante por daños y perjuicios. Alegaron que el apelante incumplió el acuerdo de asumir y pagar una hipoteca sobre una propiedad que le traspasaron, afectando su crédito y causando angustias. El apelante presentó una reconvención en 2015, argumentando que los apelados retuvieron pagos que él realizó, lo que llevó a la ejecución hipotecaria y le causó daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por Clemenceau 2, LLC y Adriel Longo Ravelo. Buscaban revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en San Juan. El pleito original trataba sobre reclamaciones por daños, libelo, calumnia y difamación. Los apelantes alegaron que los apelados hicieron declaraciones públicas falsas sobre su proyecto de construcción, Condado Blú. Estas declaraciones afirmaban que el proyecto carecía de permisos necesarios, tenía permisos revocados y causaba daños ambientales y a la infraestructura. Los apelantes sostuvieron que estas declaraciones perjudicaron su reputación y la credibilidad del proyecto, causando daños económicos significativos por dilaciones. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda de los apelantes en su totalidad. Tras revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el tribunal inferior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. Adrián L. Torres Guerrero apeló la Resolución sobre Pensión Alimentaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución acogió las recomendaciones de una examinadora, fijando una pensión permanente de $1,339.20 mensuales. También impuso al apelante el 59% de los gastos escolares y de actividades extracurriculares. El apelante solicitó reconsideración alegando errores en el cálculo escolar, la inclusión del beneficio BAH y el retroactivo. La moción de reconsideración fue declarada "No Ha Lugar" por el Tribunal de Primera Instancia. La parte apelada se opuso a la reconsideración, aceptando posibles ajustes en el cálculo escolar. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución sobre Pensión Alimentaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre la convalidación de una sentencia extranjera mediante exequátur. Key Star Capital Fund II, L.P. solicitó en el Tribunal de Primera Instancia que se le diera entera fe y crédito a una sentencia dictada en la Corte Suprema de Nueva York contra Champion Dental, P.C. y Derrick R. Champion. Dicha sentencia de Nueva York, obtenida inicialmente por Bank of America por cobro de dinero, fue dictada en rebeldía tras los demandados no responder ni comparecer, a pesar de haber intentado sin éxito impugnar la jurisdicción en Nueva York. El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico concedió la convalidación y ordenó la ejecución de la sentencia neoyorquina. Los demandados apelaron esta decisión, alegando que el foro primario erró al hacer efectiva la sentencia de Nueva York y conferirle entera fe y crédito. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202200223. Se revisa la apelación presentada por Juan Luis Cornier Torres contra dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dichas sentencias declararon al apelante culpable por violar el Artículo 93 del Código Penal (asesinato en primer grado) y el Artículo 5.05 de la Ley de Armas (portación y uso de arma blanca). Los cargos se relacionan con hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2018, que resultaron en la muerte de Valerie Ann Almodóvar Ojeda. El documento detalla las acusaciones originales presentadas contra el apelante, incluyendo asesinato, destrucción de pruebas y delitos bajo la Ley de Armas. Se menciona un historial procesal previo relacionado con la acusación de destrucción de pruebas. Tras evaluar los fundamentos de la apelación, el Tribunal de Apelaciones decide confirmar las sentencias apeladas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. Los peticionarios, deudores hipotecarios, presentaron una moción de desestimación en el Tribunal de Primera Instancia. Alegaron falta de jurisdicción porque los recurridos, acreedores particulares, supuestamente incumplieron con requisitos de notificación y mitigación de pérdidas bajo leyes federales (RESPA) y locales. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación. Los peticionarios recurrieron esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari. El error señalado fue la negativa del TPI a desestimar por el alegado incumplimiento legal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que se sostuvo la decisión de no desestimar el caso por los argumentos de los peticionarios.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una Solicitud de certiorari presentada por Luis Burgos Echevarría. El peticionario busca revocar una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en febrero de 2024. Dicha orden denegó la solicitud de Burgos Echevarría para dejar sin efecto una anotación de rebeldía en su contra. La rebeldía fue anotada en octubre de 2020 en un pleito de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. El peticionario intentó levantar la rebeldía y presentar una contestación a la demanda enmendada más de tres años después, en enero de 2024. El foro primario también ordenó el desglose de su contestación. La parte recurrida se opuso a la expedición del auto de certiorari. El Tribunal de Apelaciones da por perfeccionado el recurso y procederá a evaluar los méritos de la solicitud.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Héctor A. Colón Rodríguez, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden, emitida el 2 de abril de 2024, citó a las partes a una vista argumentativa. La vista tenía como fin discutir mociones sobre paralización y desacato en un caso de divorcio. El caso se originó tras la disolución del matrimonio con Mari Carmen Rodríguez Ruíz en 2015 y el establecimiento de una pensión excónyuge. El peticionario solicitó previamente la revisión y luego el relevo total de la pensión. Presentó una solicitud de sentencia sumaria para terminar la pensión, la cual fue denegada por el foro primario en octubre de 2023. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud de autos, el expediente y el derecho aplicable. El tribunal expidió el auto de Certiorari. Finalmente, confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que citó a la vista argumentativa.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Jessica Maisonave Barceló. La peticionaria solicita la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que compulsa su deposición por videoconferencia en un caso de liquidación de comunidad de bienes. Maisonave Barceló, residente de Florida, argumenta que el tribunal carece de jurisdicción sobre su persona. Sostiene que el método de deposición es improcedente sin seguir los procedimientos para testigos fuera del estado, alegando falta de contactos mínimos en Puerto Rico. La parte demandante en el caso subyacente alega que Maisonave Barceló se sometió a la jurisdicción al comparecer y solicitar remedios al tribunal. La demandante también afirma que el testimonio de Maisonave Barceló es crucial respecto a activos y pasivos presuntamente utilizados en un esquema fraudulento que involucra a su padre, el demandado. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que Maisonave Barceló se había sometido a la jurisdicción y ordenó que la deposición procediera. El foro primario denegó posteriormente sus solicitudes de reconsideración y una orden protectora. El recurso de certiorari impugna estas determinaciones, buscando dejar sin efecto la orden de su deposición.

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El Tribunal de Apelaciones, Panel II, consideró una Solicitud de Certiorari presentada por Ford Motor Company, Inc. La solicitud se relaciona con un caso sobre daños que se ventila en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Las partes en el caso son Luis E. Ramos Rodríguez como recurrido y Ford Motor Company, Inc. y otros como peticionarios. La petición de certiorari fue radicada ante el Tribunal de Apelaciones el 24 de abril de 2024. Tras considerar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar su expedición. Esta decisión fue emitida el 14 de mayo de 2024. La denegatoria se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Dicha regla dispone que el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial instado por Amgen Manufacturing Limited contra una resolución de la Oficina del Procurador del Veterano (OPV). Amgen impugnó una resolución de la OPV del 18 de diciembre de 2023, relacionada con violaciones a la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño. Este recurso sigue a un proceso administrativo y judicial previo, incluyendo un recurso anterior ante este mismo Tribunal que fue desestimado por prematuro. Tras la resolución de la OPV del 18 de diciembre de 2023, Amgen presentó una solicitud de reconsideración ante dicha agencia el 8 de enero de 2024. Amgen instó el presente recurso de apelación el 22 de febrero de 2024, alegando que la OPV no se había expresado sobre su solicitud de reconsideración. El Tribunal examinó el expediente y determinó que la solicitud de reconsideración ante la OPV aún estaba pendiente de adjudicación al momento de presentarse este recurso. La presentación de un recurso judicial mientras la reconsideración administrativa está pendiente lo torna prematuro. Un recurso prematuro priva al Tribunal de jurisdicción para atender la controversia. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso. La sentencia desestima el recurso instado por Amgen por haber sido presentado prematuramente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo el procedimiento sumario laboral. La peticionaria, Mildred Albarrán Cruz, solicitó mediante Certiorari la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución primigenia determinó que un Requerimiento de Admisiones cursado por la peticionaria a la recurrida, Angie Reyes Villegas, no procedía en el procedimiento sumario y no requería contestación. El caso de origen trata sobre la alegación de despido injustificado y represalias de la recurrida tras un alegado accidente laboral, lo cual la peticionaria niega. La controversia procesal surgió porque las partes acordaron métodos de descubrimiento específicos, pero la peticionaria incluyó el Requerimiento de Admisiones, argumentando su naturaleza distinta. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que el requerimiento no era válido en este contexto sumario. El Tribunal de Apelaciones declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario respecto a la improcedencia del Requerimiento de Admisiones en este procedimiento sumario.

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Peticionarios Mayra S. Grana Raffucci, Rubén Rivera Carrión y su sociedad legal de gananciales acuden al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para enmendar la demanda. La acción original contra Triple S Salud, Inc. es por incumplimiento de contrato, reclamando el reembolso de gastos por tratamiento médico de cáncer recibido fuera de Puerto Rico. Triple S se opuso alegando la falta de precertificación para dichos servicios. Los peticionarios intentaron enmendar la demanda para aumentar la cuantía reclamada, añadiendo una suma por sufrimientos y angustias. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de enmienda, decisión que fue recurrida. El Tribunal de Apelaciones, en esta Resolución, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en los casos de certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396. Estos recursos fueron presentados por la Asociación de Titulares Madeira Row Houses, Inc. y por Carlos N. Berríos Casillas y Rubén Sergio Solanot. Solicitan la revisión de órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de incumplimiento de contrato iniciado por Omar Safar Halabi. Las órdenes del TPI declararon procedente una moción de embargo para ejecutar una sentencia previa y denegaron la reconsideración de dicha determinación. La sentencia original del TPI, de noviembre de 2022, había declarado nulo un aumento en la cuota de mantenimiento anual de la urbanización. El Sr. Safar Halabi había impugnado el aumento alegando que requería consentimiento unánime según las condiciones restrictivas, al exceder el 10%. El TPI acogió su argumento y dejó sin efecto el aumento. Ahora, el Tribunal de Apelaciones revisa las órdenes subsiguientes relativas a la ejecución de esa sentencia. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca las órdenes del TPI recurridas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos recursos de Certiorari (KLCE202400390 y KLCE202400396). Los recursos provienen de un caso de incumplimiento de contrato (SJ2020CV03944) del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La controversia original surgió entre un titular, Omar Safar Halabi, y la Asociación de Titulares Madeira Row Houses, Inc. El Sr. Safar Halabi impugnó un aumento en la cuota de mantenimiento anual aprobado por la Asociación, alegando que requería consentimiento unánime según las condiciones restrictivas. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente declaró nulo el aumento de la cuota, fallando a favor del Sr. Safar Halabi. Las órdenes recurridas en certiorari permitían un embargo solicitado por el Sr. Safar Halabi en ejecución de esa sentencia. La Asociación y miembros de la Junta recurrieron estas órdenes. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revoca la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparecen ante este tribunal Tradition Francaise, Inc. y Fernando Pérez mediante Petición de Certiorari. Solicitan la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegaron la paralización de procedimientos y ordenaron embargos tras la radicación de quiebra. El caso estatal se originó por una demanda de discrimen laboral y daños, donde el TPI falló a favor de las demandantes e impuso una indemnización millonaria. Tras la sentencia, las demandantes solicitaron un embargo. Tradition notificó al TPI que había radicado una petición de quiebra bajo el Capítulo 11, invocando la paralización automática, aunque el Sr. Pérez no radicó quiebra personal. El TPI determinó No Ha Lugar a la paralización para Tradition y el Sr. Pérez, y ordenó el embargo contra ambos. Los peticionarios recurrieron esta determinación. Este tribunal expide el auto de certiorari para revisar las órdenes del TPI. Se modifican las órdenes recurridas.

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El Tribunal de Apelaciones, en sentencia del 13 de mayo de 2024, examinó una estipulación de desistimiento voluntario con perjuicio de la demanda. Dicha estipulación fue presentada el 9 de mayo de 2024, invocando la Regla 39.1(a)(2) de Procedimiento Civil. El panel de jueces, presidido por el Juez Hernández Sánchez, acogió la solicitud de desistimiento voluntario con perjuicio. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, el Tribunal ordenó el cierre y archivo definitivo del presente caso. La sentencia dispone que se notifique la determinación. La Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Lcda. Lilia M. Oquendo Solis, certifica lo acordado y mandado por el Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones, con el panel compuesto por los jueces Hernández Sánchez, Santiago Calderón y Álvarez Esnard, emitió una sentencia el 13 de mayo de 2024. La sentencia examinó una estipulación de desistimiento voluntario con perjuicio de la demanda presentada previamente el 9 de mayo de 2024. Acogiendo la solicitud de desistimiento, el Tribunal ordenó el cierre y archivo definitivo del caso. Esta decisión se fundamenta en las Reglas 39.1(a)(2) de Procedimiento Civil y 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue notificada y certificada por la Secretaria del Tribunal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400209, una apelación presentada por Servicios Radiológicos y Asociados, Inc. contra Universal Insurance Company. La disputa se origina en una demanda por incumplimiento de contrato y daños tras los Huracanes Irma y María. Servicios Radiológicos apeló la Sentencia Parcial Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había declarado Ha Lugar la solicitud de Universal, ordenando el pago por pérdidas de equipo médico en varias localidades, pero excluyendo la reclamación por un MRI en Carolina y aplicando los términos de la póliza. La demanda inicial de Servicios Radiológicos buscaba compensación sustancial por equipo, pérdida de ingresos, gastos y daños punitivos, alegando mala fe de la aseguradora. Universal había negado las alegaciones y presentado defensas. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de usucapión. El Estado Libre Asociado y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales apelaron una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró que Radamés Almanzar y Marilis Ventura Obiero adquirieron un predio por prescripción adquisitiva. Los esposos Almanzar-Ventura demandaron al Estado reclamando la titularidad de un terreno en Loiza, alegando posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños desde antes de 1910. El predio en controversia forma parte de una finca mayor inscrita a favor del Estado. El Estado se opuso a la reclamación, argumentando que el terreno es de dominio público, la posesión no cumplía los requisitos de la usucapión y existía cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia resolvió a favor de los demandantes mediante Sentencia Sumaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos de las partes y los documentos del expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero ordinario. Roland Renato Manarin demandó a Jorge L. Montes Meléndez y Elvira E. Montes García por una deuda originada en servicios de administración de propiedades. La deuda fue documentada en un pagaré por \$46,538.04 más intereses y penalidades. Tras la presentación de la demanda y dificultades procesales, incluyendo el emplazamiento y la falta de presentación oportuna de una alegación responsiva por los demandados. El Tribunal de Primera Instancia declaró en rebeldía a Elvira Montes García y, posteriormente, dictó una sentencia en rebeldía declarando con lugar la demanda de cobro de dinero. Los demandados apelaron esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, el derecho aplicable y la transcripción de la vista. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El apelante, José D. Santiago Torres, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda contra Liberty Mutual Insurance Company por prescripción. Tras la emisión de la Sentencia Parcial, el apelante presentó una Moción de Reconsideración ante el foro primario. Al momento de presentar el recurso de apelación, el Tribunal de Primera Instancia aún no había resuelto dicha moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones determina que la Sentencia Parcial no adquirió firmeza para propósitos apelativos al no haberse resuelto la moción de reconsideración oportunamente presentada. Concluye que el recurso de apelación fue presentado prematuramente. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. José D. Santiago Torres apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso original trata sobre alegados daños sufridos bajo la Ley de Salud Mental. La decisión apelada, emitida el 7 de abril de 2024, suspendió la autorrepresentación del Sr. Santiago Torres. El foro primario le ordenó contratar un abogado en 30 días, argumentando dificultades en su manejo del caso por derecho propio. El apelante alegó que esta orden violaba su derecho constitucional a la autorrepresentación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari para revisar la orden interlocutoria. Tras evaluar el recurso, el panel de jueces denegó la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la orden del tribunal de primera instancia de suspender la autorrepresentación se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Javier Carrión Vázquez. El recurrente cumple una extensa sentencia por delitos graves desde 1998. A pesar de estar clasificado en custodia mínima desde 2019 y haber completado terapias, la Junta denegó su solicitud el 18 de enero de 2024. Durante el proceso, el señor Carrión Vázquez presentó un plan de salida, propuso una amiga consejera y obtuvo una certificación de empleo. Un informe socio-penal detalló estos aspectos y una visita a la comunidad propuesta para residencia. Tras una vista celebrada en diciembre de 2023 donde se evaluó la documentación, la Junta emitió su dictamen adverso. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el derecho aplicable. Concluyó que procedía revocar la resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso principal trata sobre la división de comunidad de bienes entre Luis Arnaldo Dueño Vargas e Ivelisse Arroyo Rodríguez. Dueño Vargas demandó en 2009 buscando el reconocimiento de su participación en propiedades adquiridas durante una relación consensual, incluyendo un edificio titulado a nombre de Arroyo Rodríguez. Alega haber realizado contribuciones significativas a las propiedades y busca el reconocimiento de su cuota y créditos. Arroyo Rodríguez contestó la demanda negando algunas alegaciones. El recurso de certiorari fue presentado por Arroyo Rodríguez contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su moción de sentencia sumaria parcial y acogió la oposición de Dueño Vargas. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el recurso. Procedió a modificar la Resolución del TPI. Finalmente, confirmó la Resolución del TPI según modificada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso se originó con una querella presentada por Mónica Hernández Morales contra Federico Rodríguez Torres. La querella alegaba que Rodríguez Torres incurrió en actos proscritos por la Ley de Bienes Raíces en una transacción. Rodríguez Torres argumentó que actuó como propietario, no como corredor, y que el DACo no tenía jurisdicción. Tras un envío previo del caso por el Tribunal de Apelaciones, el DACo declaró No Ha Lugar la querella. La agencia determinó que el contrato de opción de compraventa venció y la querellante no cumplió, por lo que no procedía la devolución del pronto pago. Hernández Morales solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DACo. Inconforme, Hernández Morales acudió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión presentado. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla demandó a los deudores originales y a los actuales propietarios de la finca hipotecada por incumplimiento de pago. La demanda solicitó la aceleración de la deuda y la ejecución de la propiedad. El tribunal de primera instancia declaró en rebeldía a todos los demandados por no contestar la demanda dentro del término legal. Los actuales propietarios, peticionarios en este recurso, presentaron posteriormente una contestación y solicitaron un relevo de la sentencia de rebeldía. El foro primario denegó dicha solicitud mediante una Orden. Los peticionarios acuden al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari para revisar la referida Orden. El documento detalla los antecedentes fácticos y procesales relevantes para la determinación judicial. La Jueza Grana Martínez es la ponente en este caso ante el panel apelativo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de Habeas Corpus presentado por Francisco Canales. Canales impugna la sentencia dictada en su contra en 2014 por el delito de conspiración, a la que se aplicó reincidencia agravada. El peticionario alega irregularidades relacionadas con un preacuerdo, un conflicto de intereses de la jueza de instancia y el traslado del caso. El recurso de Habeas Corpus fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones diez años después de la sentencia. La resolución explica que el Habeas Corpus es un remedio extraordinario que requiere el agotamiento de los remedios ordinarios. Se detallan los requisitos formales para la presentación de este tipo de recursos. Citando la Regla 55(I) de su reglamento, el Tribunal de Apelaciones puede ordenar el traslado del recurso al foro de origen si considera que no se justifica el ejercicio de su jurisdicción. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones ordena el traslado del recurso de Habeas Corpus al Tribunal de Primera Instancia. Esta orden de traslado no constituye una adjudicación sobre los méritos de la petición.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Jaime Ferrer Fontánez contra Marisel Heredia Torres. El caso versa sobre divorcio y alimentos, específicamente la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución impuso al señor Ferrer Fontánez el pago de $62,529.00 por concepto de deuda de pensión alimentaria acumulada. El peticionario solicitó la revisión alegando haber realizado pagos, incluso durante períodos de confinamiento, los cuales no fueron debidamente acreditados. El documento detalla el historial de la deuda y las alegaciones de las partes sobre los pagos efectuados. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de Certiorari y modificar la Resolución recurrida.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se relaciona con una petición de certiorari presentada por José L. Quiñones Villanueva. El peticionario busca la revisión de sus casos criminales de 2012, donde se declaró culpable de asesinato y violación a la ley de armas. Su solicitud de revisión se fundamenta en que su abogado en dichos casos fue posteriormente desaforado por el Tribunal Supremo. El desaforo del abogado en 2023 se debió a violaciones éticas en un caso civil distinto, aunque también relacionado con el peticionario. El peticionario alega que el desaforo evidencia una representación legal inadecuada en sus casos criminales. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su solicitud de revisión. Inconforme con esa determinación, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. La Resolución detalla los antecedentes del caso y el marco normativo para la expedición de un auto de certiorari en materia penal.

Resumen:

Reinaldo Montalvo López, un confinado, solicitó revisión administrativa al Departamento de Corrección y Rehabilitación reclamando pago monetario por trabajos de mantenimiento y limpieza realizados dentro de su módulo de vivienda. Argumentó que llevaba meses trabajando, firmaba nóminas y le habían pedido datos bancarios, pero no recibía compensación. El Departamento le informó que los confinados que trabajan dentro de las áreas de vivienda no reciben compensación monetaria, solo potencial bonificación adicional por trabajo o estudio, la cual él no recibe debido al tipo de sentencia que cumple (años naturales). El Departamento denegó su solicitud inicial y la reconsideración, explicando que la firma de nómina es solo para evidenciar asistencia. Montalvo López apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el caso y los argumentos presentados por el recurrente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La sentencia ratifica que no procede el pago monetario por el trabajo realizado por el confinado dentro de su módulo de vivienda.

Resumen:

Un caso de daños y perjuicios por una caída en una acera llevó a una demanda contra el municipio y sus aseguradoras. La demandante inicialmente incluyó a Óptima y una "Aseguradora Desconocida". Tras ser informada de que Óptima no era la aseguradora, la demandante enmendó la demanda para incluir a Mapfre. Mapfre solicitó la desestimación alegando prescripción, pues la enmienda se presentó más de un año después de la caída. La demandante se opuso, argumentando diligencia y que la demanda original interrumpió el término. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, validando la diligencia de la demandante al enmendar la demanda el mismo día que conoció la identidad de Mapfre. Mapfre recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, resolvió no intervenir con la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión. El recurso fue presentado por Auto Oeste Imports, Inc. contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia se originó por una querella de una consumidora sobre la compraventa de un vehículo de motor. El DACo inicialmente declaró nulo el contrato de compraventa y ordenó remedios a favor de la consumidora. El concesionario solicitó reconsideración de esa decisión, la cual fue denegada. Posteriormente, el concesionario presentó una moción al amparo de la Regla 49.2, alegando fraude por parte de la consumidora. El DACo también declaró No Ha Lugar esa moción. El concesionario recurrió al Tribunal de Apelaciones impugnando ambas denegatorias del DACo. El Tribunal desestima el recurso de revisión. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de Certiorari. Los peticionarios impugnaron una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la admisión en evidencia de un plano y un informe pericial. Dicha prueba sería ofrecida en el juicio de un pleito que los peticionarios promueven contra los recurridos. El caso subyacente ante el TPI es una demanda de cumplimiento específico de contrato, deslinde, amojonamiento y reivindicación. Este pleito se originó en un acuerdo judicial previo entre las partes, quienes son colindantes, sobre el establecimiento de una línea divisoria. Los peticionarios alegaron que los recurridos impidieron la colocación de una verja según el acuerdo. Tras la presentación del Certiorari, el Tribunal de Apelaciones gestionó la notificación a los recurridos, quienes se opusieron a su expedición. Con la comparecencia de las partes, el recurso se considera perfeccionado para su atención.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Lynnette Rosado Laracuente. La petición solicita la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez de 27 de febrero de 2024. Dicha determinación ordenó que el juicio en el caso continuara de forma presencial, denegando una solicitud para permitir el testimonio de un perito de manera remota. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios por impericia médica instada en 2016 contra el Dr. Gustavo E. Bello Rojas y Mayagüez Medical Center. La demanda alega complicaciones tras una cirugía estética realizada en 2015, que requirieron procedimientos posteriores. El documento detalla el trasfondo fáctico y procesal del litigio, incluyendo las múltiples enmiendas a la demanda y las contestaciones de las partes. El Tribunal de Apelaciones revisará la corrección de la decisión del foro primario sobre la modalidad del juicio.

Resumen:

Un panel de jueces revisa una petición de Certiorari presentada por Víctor Alexis Feliz Esteva. La petición impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de Feliz Esteva para declarar en rebeldía a Ricardo Rodríguez García. Feliz Esteva había presentado una querella laboral contra FedEx y Rodríguez García, alegando despido injustificado, represalias y salarios adeudados. Solicitó que el caso se tramitara bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. Feliz Esteva alegó que Rodríguez García, su supervisor, tomó represalias contra él después de que expresara su inconformidad con prácticas de la compañía, lo que resultó en su despido. Solicitó la anotación de rebeldía contra Rodríguez García por supuestamente no contestar la querella dentro del término de 10 días que exige el procedimiento sumario. Rodríguez García presentó posteriormente su contestación y se opuso a la petición de Certiorari. Alegó que el procedimiento sumario laboral no le es aplicable. El documento detalla el historial procesal del caso y la petición de Certiorari ante el tribunal apelativo.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso laboral por despido constructivo y represalias. La peticionaria, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), solicitó un recurso de Certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado la solicitud de sentencia sumaria presentada por SPUPR. También denegó la solicitud de sentencia sumaria que la recurrida, Genoveva Valentín Soto, presentó al oponerse. La señora Valentín demandó a SPUPR alegando que fue forzada a renunciar debido a acciones hostiles y represalias por parte de su supervisor. SPUPR negó las alegaciones, ofreciendo explicaciones para las acciones y argumentando que los hechos no configuraban despido constructivo ni represalias. SPUPR presentó una moción de sentencia sumaria alegando la inexistencia de controversias de hechos materiales. La recurrida se opuso, afirmando que sí existían hechos controvertidos. Tras evaluar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar el auto de Certiorari solicitado por SPUPR.

Resumen:

Dueños de un condominio presentaron una petición de Mandamus ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Solicitaron que se ordenara al DACo celebrar la vista y dictar resolución en su querella, la cual llevaba pendiente más de un año, excediendo el plazo legal de seis meses. El Tribunal emitió una resolución ordenando al DACo mostrar causa. El DACo compareció e informó que había señalado la vista para el 7 de mayo de 2024. Explicó que la demora se debió a un aumento significativo en querellas de condominios tras una nueva ley, pero que estaban tomando medidas para manejar el incremento. Tras examinar la comparecencia del DACo y la orden de señalamiento de vista, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto de Mandamus. La denegatoria se fundamentó en que el DACo ya había atendido la solicitud principal de los peticionarios al programar la vista. La resolución también detalla la naturaleza y requisitos del recurso extraordinario de Mandamus en Puerto Rico.

Resumen:

Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó una moción de desestimación. La moción fue presentada por Health Preventive and Emergency Services, P.S.C. (HPES) en un caso incoado por Platinum Emergency Group, Inc. (PEG). El pleito original de PEG es por incumplimiento de contrato, daños e interferencia torticera contra HPES, Víctor Ramos, Dr. Cabrera y otros. PEG alega tener contratos con SIM y acuerdos de confidencialidad y no competencia con el Dr. Cabrera y Víctor Ramos. Según PEG, Ramos y Cabrera, actuando para HPES, usaron información confidencial de PEG para competir por contratos de servicios médicos con SIM. SIM otorgó un contrato a PEG y otro a HPES. HPES buscaba desestimar la demanda de PEG en el TPI. El TPI denegó esa solicitud de desestimación, y el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por HPES.