Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 67)

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Steven L. Medina Mendoza, solicitó la revisión judicial de una resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Dicha resolución, emitida el 29 de diciembre de 2023, confirmó la revocación de la licencia de armas del señor Medina Mendoza. La licencia fue ocupada inicialmente en noviembre de 2020 debido a una orden de protección por acecho, y las armas fueron enviadas a decomisar en febrero de 2021 por una querella de violencia doméstica. Ambos casos judiciales subyacentes fueron posteriormente archivados. El Negociado inició una investigación bajo la Ley de Armas de 2020, cuyas entrevistas resultaron desfavorables. Un punto de controversia fue una quinta arma que el recurrente negó poseer. La resolución recurrida sostuvo la revocación basándose en estos hallazgos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, determinó revocar la resolución del Negociado de la Policía.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Rubén D. Dávila Torres (Techos Ruben), impugna una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución declaró con lugar una querella presentada por Betty A. Mullins Matos. La querella de Mullins Matos alegaba que los servicios de sellado de techo contratados no se realizaron correctamente. Tras una inspección y vista administrativa, el DACo ordenó la devolución del dinero a la consumidora. Dávila Torres solicitó reconsideración ante el DACo, la cual fue denegada. Inconforme, presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, en su sentencia del 31 de mayo de 2024, determinó desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en las razones que el Tribunal expondrá, comenzando con el análisis de su jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión judicial presentado por el Dr. Gabriel Padilla Villanueva contra una Resolución de la Junta Dental Examinadora. Dicha Resolución encontró causa suficiente para iniciar un proceso disciplinario formal contra el Dr. Padilla Villanueva. La acción de la Junta Dental se originó por una queja de un paciente sobre alegada impericia profesional y conducta impropia. Aunque la Junta desestimó algunas alegaciones, determinó que existía base para un procedimiento formal por conducta negligente o impropia. El Recurrente impugnó las determinaciones de la Junta que llevaron a encontrar causa para el proceso disciplinario. El Tribunal, como cuestión de umbral, evaluó si poseía jurisdicción para revisar la decisión administrativa. La sentencia concluye que el Tribunal carece de la autoridad jurisdiccional necesaria para atender el recurso en esta etapa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial presentado por el Dr. Padilla Villanueva.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. David Suárez Román apeló la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su decisión en factores de riesgo, la necesidad de continuar programas de rehabilitación y la falta de un plan de salida viable. El recurrente impugnó la determinación de la Junta y señaló un error fáctico en la resolución. La Junta solicitó la desestimación del recurso por haber sido presentado fuera del término legal. El Tribunal de Apelaciones consideró la cuestión jurisdiccional como asunto de umbral. Se enfatizó el deber del tribunal de verificar su jurisdicción antes de atender los méritos. Al determinar que carecía de jurisdicción, el Tribunal desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se basó en la presentación tardía del recurso.

Resumen:

Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por Vilma Margarita Cano García y Escuela Casa Bambini de Vega Baja, Inc. Apelan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de julio de 2023. El TPI desestimó con perjuicio todas las causas de acción de los demandantes, los condenó al pago de $5,000 en honorarios por temeridad y desestimó la reconvención sin perjuicio. La demanda original de 2016 solicitaba injunction, nulidad de escrituras y daños y perjuicios. Alegaba que el demandado Iván Oscar Hernández Rodríguez, mediante maquinaciones, indujo a la señora Cano García a vender dos propiedades a su entidad Ivilma, Inc. en 2010. Los demandantes sostenían la nulidad de las compraventas por inexistencia de causa y vicios del consentimiento, e imputaban responsabilidad al notario autorizante. El Tribunal de Apelaciones anticipa modificar el dictamen apelado. La modificación consiste únicamente en que la desestimación de la Demanda Enmendada y de la Reconvención sea sin perjuicio. Así modificado, el Tribunal de Apelaciones confirma el resto de la Sentencia del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de exención contributiva solicitada por Christian Bilingual Academy. La Academia apeló la resolución del Departamento de Hacienda que confirmó la decisión de la Secretaría Auxiliar de Política Contributiva (SAPC). La SAPC denegó la solicitud de exención bajo el Código de Rentas Internas, presentada en 2017, por considerar que la Academia operaba como un negocio para beneficio privado de sus miembros. Hacienda señaló que la Academia utilizaba una licencia originalmente otorgada a Fajardo Christian School, Inc. Una solicitud de exención previa de Fajardo Christian School había sido denegada en 2013 por operar para beneficio de sus dueños, incluyendo al propietario de la Academia. Esa denegatoria anterior fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en 2015. El requisito fundamental para la exención es que la organización no opere para beneficio privado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de Hacienda que denegó la exención contributiva a Christian Bilingual Academy.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos recursos consolidados: una apelación criminal de Ángel Yamil Sánchez Pérez y un certiorari del Pueblo de Puerto Rico. Sánchez Pérez apeló las sentencias de 55 años de reclusión impuestas por el Tribunal de Primera Instancia tras ser declarado culpable de robo, robo agravado, agresión grave y delitos bajo la Ley de Armas. El Pueblo solicitó corregir las sentencias por haber sido ordenadas concurrentemente. El Tribunal de Apelaciones determinó dejar sin efecto las sentencias apeladas y ordenar la celebración de un nuevo juicio para Sánchez Pérez. Esta decisión se basa en que el veredicto de culpabilidad, excepto para los cargos de agresión grave, fue rendido por un jurado no unánime. Consecuentemente, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Procurador.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Pedro R. Lebrón Vargas en un caso de divorcio contra Joan Pérez Martínez. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 21 de agosto de 2023. Dicha resolución le ordenó pagar \$139.00 por costas y \$1,000.00 por honorarios de abogado a favor de la recurrida. Estos gastos fueron incurridos por la señora Pérez Martínez en un proceso apelativo previo (Certiorari KLCE202300148). El recurso apelativo anterior surgió de la impugnación del peticionario a una orden previa del foro primario que concedió honorarios de abogado a la recurrida en el caso de divorcio. El historial procesal incluye estipulaciones de pensión alimentaria, concesiones iniciales de honorarios y la apelación previa infructuosa del peticionario. El señor Lebrón Vargas argumentó que la solicitud de costas y honorarios por la fase apelativa debió presentarse ante el tribunal de apelaciones. Tras evaluar el asunto ante su consideración, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Pike Puerto Rico, Inc. contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había declarado Ha Lugar la moción conjunta de los Municipios de Bayamón, Trujillo Alto y Río Grande. En consecuencia, el TPI desestimó la demanda de Pike Puerto Rico contra dichos municipios. Pike Puerto Rico impugnaba notificaciones de deficiencias en el pago de patentes municipales para el año fiscal 2017-2018. Alegaba no tener presencia física en esos municipios, excepto en Canóvanas donde pagó la patente. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, desestima el presente recurso de Apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite esta Sentencia sobre la apelación presentada por Bella International, LLC. La apelación busca revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia a favor de Pedro José Cruz Amadeo en un caso de despido injustificado bajo la Ley núm. 80. El foro primario había ordenado a Bella International, LLC pagar al señor Cruz Amadeo una mesada de $34,000 más un 25% en honorarios de abogado. Este tribunal apelativo confirma el dictamen recurrido. El documento detalla el historial procesal del caso, incluyendo la querella inicial contra varias entidades y el enfoque posterior en la apelante. Describe el juicio en su fondo, celebrado en seis vistas plenarias con el testimonio de siete testigos, incluyendo al querellante y ejecutivos de la empresa. La Sentencia comienza a resumir el testimonio del señor Cruz Amadeo sobre su trayectoria laboral y los eventos relacionados con una queja de cliente previa a su despido.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados. Emerald Holdings, LLC y Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, LCC impugnaron una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden concedió un aseguramiento de sentencia solicitado por María de los Ángeles Villarrubia Ruiz. La señora Villarrubia Ruiz presentó una demanda por incumplimiento de contrato, dolo y daños relacionada con una inversión. Los remedios provisionales buscaban asegurar fondos y evitar la enajenación de activos vinculados a la inversión. Los recurrentes alegaron que la orden era nula por falta de partes indispensables en la vista. El foro primario había desestimado este argumento. El Tribunal de Apelaciones revisó los recursos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición de ambos recursos de certiorari.

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Víctor M. Prieto Benítez, confinado por asesinato desde hace 31 años, presentó un escrito ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la reconsideración de su sentencia. Arguyó haber experimentado arrepentimiento y crecimiento personal, destacando su participación en diversos cursos y terapias durante su encarcelamiento. El Tribunal examinó la normativa sobre los términos para impugnar sentencias penales, que establece un plazo jurisdiccional de treinta días. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. La sentencia fue dictada hace más de 30 años, excediendo con creces el término legal para recurrir. Aunque reconoció los argumentos del peticionario como loables, determinó que no eran suficientes para otorgarle jurisdicción. Por tanto, el recurso fue desestimado por presentación tardía y falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. La peticionaria, Maribel Concepción Medina, solicitó la revocación de una Resolución de Archivo emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal Virtual. Dicha resolución archivó su petición contra Nydia Cordero presentada al amparo de la Ley contra el Acecho. El foro primario determinó que los hechos alegados no configuraban acecho y no existían motivos suficientes para expedir una orden de protección, orientando a la peticionaria sobre el agotamiento de remedios administrativos. Inconforme con esta determinación, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari. El Tribunal notó que la peticionaria no acreditó haber notificado a la recurrida sobre la presentación de su recurso. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Maribel Concepción Medina. Ella solicitó la revisión de una decisión de un tribunal inferior que denegó su solicitud de una orden de protección contra un compañero de trabajo, Luis Ramos, bajo la Ley Contra el Acecho. El tribunal de primera instancia había determinado que no se cumplían los elementos de acecho y desestimó el caso. Al recibir la petición, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la peticionaria notificar al recurrido sobre la presentación del recurso. La peticionaria no cumplió con este requisito de notificación dentro del plazo especificado. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción y citando el incumplimiento procesal de la peticionaria, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sra. Margarita Vega Vélez apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda contra Forest CC, Corp. La demanda original, presentada en 2015, reclamaba incumplimiento de contrato y daños relacionados con la compra de un apartamento en 2007. La Sra. Vega Vélez alegó que el edificio presentaba vicios de construcción y no fue construido conforme a los planos aprobados. El TPI declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada por Forest CC. Como resultado, la demanda fue desestimada y se impuso a la Sra. Vega Vélez el pago de $3,000.00$ por concepto de honorarios de abogado por temeridad. La apelación solicitaba la revisión de esta decisión del TPI. El panel integrado por la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el panel decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso civil de reivindicación de propiedad y nulidad de sentencia iniciado en 2004. El recurso fue presentado por Heriberta Burgos Rivera contra la Sucesión de Nicasio Manzano Romero y otros. La apelación impugna una Sentencia Enmendada Duplicada del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo de diciembre de 2023. Dicha sentencia previa había adjudicado la titularidad del terreno y la casa de Montesanto en Vieques a distintas partes. El Tribunal de Apelaciones revisa el extenso historial procesal del caso, que incluye controversias sobre la notificación y emplazamiento de partes indispensables. Se menciona una intervención previa de este foro apelativo en 2019 sobre el emplazamiento de la sucesión de Domingo Nieves Ortiz. A pesar de la complejidad del litigio de origen, la decisión del Tribunal de Apelaciones es de carácter procesal. El Tribunal resuelve desestimar el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la determinación de falta de jurisdicción para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por la Sra. Cynthia Suheil Del Valle García. La Sra. Del Valle García solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Canóvanas. Mediante dicha Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar su solicitud de Relevo de Resolución y le impuso honorarios de abogado por temeridad ascendentes a \$700.00. El caso original trata sobre divorcio por ruptura irreparable, custodia, patria potestad y pensión alimentaria entre la Sra. Del Valle García y el Sr. Jean Michael Bodner Vergara. En un dictamen previo, el TPI había concedido al Sr. Bodner Vergara créditos significativos contra su obligación de pensión alimentaria, reduciendo su pago mensual actual. La petición de certiorari busca impugnar la decisión del TPI de denegar el relevo y sancionarla. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determina denegar la expedición del auto de certiorari. Esto significa que la decisión del TPI de denegar el relevo y sancionar a la Sra. Del Valle García se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 31 de mayo de 2024 en los casos consolidados KLAN202400064 y KLAN202400076. Las partes en apelación eran el Consejo de Titulares del Condominio De Diego 444 y Mapfre Praico Insurance Company. El litigio original, procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, trataba sobre reclamaciones por el Huracán María, incumplimiento de contrato y mala fe. Las partes presentaron una Moción Conjunta de Desistimiento por Acuerdo Transaccional el 28 de mayo de 2024. El Tribunal declaró con lugar dicha moción. En consecuencia, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. La sentencia ordena el cierre y archivo definitivo de los procedimientos de apelación. Esta acción se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción fue iniciada por Doral Bank y continuada por Luna Commercial II, LLC contra los deudores. El préstamo es un tipo balloon con un "Balloon Rider" que estipula la obligación del banco de ofrecer refinanciamiento del último pago. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la deuda era exigible pero no pudo fijar la cuantía sumariamente. El Tribunal de Apelaciones concluye que no es necesario un juicio para determinar la cuantía adeudada. Sin embargo, debido al cumplimiento tardío del banco con la obligación de ofrecer el refinanciamiento del pago balloon, la responsabilidad de los deudores se limita. Los deudores solo responden por el balance pendiente del principal y el interés pactado. No son responsables por pago alguno adicional a dicho balance. La sentencia resuelve la controversia sobre la necesidad de un juicio y delimita la cuantía exigible.

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Daniel Rivera Colón presentó un recurso de certiorari impugnando la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud de designación de abogado de oficio en una acción civil por violación de derechos y daños. El Tribunal de Apelaciones autorizó su comparecencia como indigente tras cumplir con el requisito de someter el formulario correspondiente. El Estado informó sobre una sentencia previa de otro panel en un caso similar del mismo peticionario, la cual determinó que el foro primario erró al denegar de plano la solicitud de abogado de oficio en una causa civil. Dicha sentencia ordenó evaluar la solicitud conforme al Reglamento para la asignación de abogados de oficio. Este panel concurre en que el foro primario debe evaluar la solicitud de abogado de oficio en una acción civil bajo los criterios reglamentarios, sin denegarla automáticamente. Se expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que atienda la solicitud del peticionario de forma compatible con lo resuelto.

Resumen:

Se presenta una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. La orden denegó una Moción de Desestimación por Falta de Parte Indispensable presentada por José Ramón Morales López. El caso original fue instado por las Sucesiones de Ramón López Rodríguez e Isabel Rijos Castro contra Morales López. Las Sucesiones buscan la cancelación de un asiento registral, alegando que Morales López obtuvo fraudulentamente resoluciones de herederos para inscribirse como único dueño de una propiedad heredada. Morales López argumentó que existían otros coherederos indispensables cuyos derechos se verían afectados por una sentencia. Sostuvo que sin la inclusión de estos coherederos, el tribunal no podía conceder un remedio completo. Las Sucesiones se opusieron, indicando que el remedio solicitado era la cancelación de una inscripción, lo cual no afectaba los reclamos de los otros herederos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. Morales López recurrió, imputando error al TPI por no desestimar el caso ante la ausencia de partes indispensables. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Gardenia Hotel Partners, LLC contra el Consejo de Titulares del Condominio ESJ Towers. Gardenia apeló la desestimación con perjuicio de su demanda de injunction por el Tribunal de Primera Instancia. Gardenia solicitó una orden para cesar la obstrucción de un camino de acceso a su propiedad, alegando un derecho bajo un acuerdo de 2017 como sucesor del dueño anterior. El Consejo de Titulares solicitó la desestimación, indicando que Gardenia tenía acceso alterno por la calle Gardenia y no sufría daños irreparables. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que Gardenia no demostró daños irreparables ni la falta de otro remedio adecuado, confirmando que tenía acceso por la calle Gardenia. Gardenia recurrió en apelación contra esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del foro primario. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia apelada y, así modificada, la confirma.

Resumen:

HPM Foundation Inc. apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que estableció las cuantías adeudadas en intereses legales y por mora. El caso original, incoado en 2002 por varios demandantes, incluyendo HPM, buscaba el cobro de servicios de Medicaid prestados al Municipio de San Juan entre 1997 y 2000. Tras un largo trámite procesal, el foro primario dictó Sentencia Parcial en 2021, condenando al Municipio a pagar más de \$9 millones, incluyendo principal e intereses. El Tribunal de Apelaciones modificó esa sentencia en 2023, confirmando el principal pero devolviendo el caso para clarificar el cálculo de los intereses. El Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar una petición de certiorari del Municipio. En cumplimiento con el mandato, el foro primario emitió la Resolución apelada en enero de 2024, estableciendo los cálculos de intereses y fijando la deuda total en \$7,741,707.82. HPM apeló esta Resolución. El Tribunal de Apelaciones modifica la Resolución apelada en cuanto a los fundamentos para el cálculo de intereses. Así modificada, la Resolución del foro primario es confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de Certiorari presentada por Migdalia López Gómez contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2024. Dicha Resolución denegó la reconsideración de mociones relacionadas con la ejecución de sentencia y una solicitud de relevo bajo la Regla 49.2. También denegó la solicitud de la Peticionaria para ejecutar una Sentencia Parcial de 2014 que concedió un injunction provisional. La Sentencia Parcial de 2014 fue dejada sin efecto por la Sentencia Final de 9 de junio de 2020 en el caso principal de despido injustificado. La Sentencia Final de 2020 fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones, validando que el injunction provisional había quedado sin efecto. Posteriormente, el foro primario autorizó la ejecución de la Sentencia Final de 2020 y denegó la solicitud de relevo de la Peticionaria. La Resolución recurrida en este Certiorari confirmó esas determinaciones y denegó la ejecución del injunction provisional ya sin efecto. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró dos recursos consolidados: una apelación criminal de Ángel Yamil Sánchez Pérez y un certiorari del Pueblo de Puerto Rico. Ambos recursos impugnaban sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia tras un veredicto de culpabilidad contra Sánchez Pérez por múltiples delitos. Sánchez Pérez fue declarado culpable de robo, robo agravado, agresión grave y varios delitos bajo la Ley de Armas, recibiendo una pena total de 55 años. El apelante solicitó la revisión de las sentencias. El Pueblo, por su parte, pidió corregir las sentencias argumentando que las penas por delitos de armas debían ser consecutivas, no concurrentes. Tras revisar los autos, el Tribunal de Apelaciones determinó que el veredicto de culpabilidad para la mayoría de los cargos no fue unánime. Por consiguiente, el Tribunal decidió dejar sin efecto las sentencias apeladas. Se ordenó la celebración de un nuevo juicio para el señor Sánchez Pérez respecto a los cargos con veredicto no unánime. La convicción por los dos cargos de agresión grave de tercer grado, con veredicto unánime, constituye una excepción. Ante esta determinación, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Procurador.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega una Petición de Certiorari presentada por Reparto Samán, Inc. La petición buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de Sentencia Sumaria. El litigio original involucra a Reparto Samán y la Diócesis de Mayagüez sobre una donación de terreno realizada en 1996. Reparto Samán alegó que la donación estaba condicionada a la construcción de una iglesia, lo cual no se ha cumplido en 26 años, solicitando cumplimiento o revocación. La Diócesis admitió no haber construido, pero argumentó que la acción estaba prescrita. Reparto Samán presentó una moción de sentencia sumaria por incumplimiento, a la que la Diócesis se opuso y solicitó sentencia sumaria por prescripción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de Reparto Samán. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega el recurso de certiorari.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciada originalmente por Doral Bank contra los deudores. La acreedora actual, Luna Commercial II, LLC, adquirió el préstamo y solicitó sentencia sumaria, al igual que los deudores. La disputa central gira en torno al incumplimiento alegado de los deudores y las obligaciones del banco bajo un "Balloon Rider" respecto al refinanciamiento del pago final. El Tribunal de Primera Instancia consideró la deuda exigible pero no pudo determinar la cuantía exacta sumariamente. El Tribunal de Apelaciones concluye que no es necesario un juicio para fijar la cuantía de la deuda. Determina que, debido al cumplimiento tardío del banco con la obligación de refinanciar el último pago, los deudores no responden por pagos adicionales. La responsabilidad de los deudores se limita al balance pendiente del principal y el interés pactado.

Resumen:

Un panel de jueces revisó la Sentencia Enmendada de un Tribunal de Primera Instancia en un pleito de cobro de dinero. La Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa, Inc. apeló la decisión del TPI contra unos residentes por cuotas de mantenimiento. El TPI había ordenado a los residentes pagar costas y honorarios de abogado (\$5,000). No obstante, denegó el cobro de cuotas de 2009 a 2016 por falta de prueba del monto exacto y no reconoció la totalidad de los cargos por mora. La Asociación alegó errores del TPI al excluir evidencia contable, no imponer una cuantía mayor por temeridad y no imponer cargos por mora para un periodo específico. El panel acogió el recurso como apelación. Tras examinar los autos, el panel decidió confirmar la Sentencia Enmendada apelada. El análisis del panel comenzó abordando la admisibilidad de prueba de referencia, relevante para uno de los errores señalados.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso consolidado entre el Consejo de Titulares del Condominio De Diego 444 y Mapfre Praico Insurance Company. El litigio original versaba sobre reclamaciones por daños del Huracán María, incumplimiento de contrato y mala fe. Ambas partes presentaron una moción conjunta solicitando el desistimiento del recurso de apelación. Dicha moción se fundamentó en un acuerdo transaccional alcanzado entre las partes. El Tribunal de Apelaciones acogió favorablemente la solicitud conjunta. En consecuencia, se dictó sentencia de desistimiento con perjuicio. El Tribunal ordenó el cierre y archivo definitivo del procedimiento de apelación. La sentencia fue emitida el 31 de mayo de 2024.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos recursos de certiorari presentados por Emerald Holdings, LLC y Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, LLC. Ambos recursos impugnaban una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una solicitud de aseguramiento de sentencia. Dicha solicitud fue presentada por la demandante María de los Ángeles Villarrubia Ruiz en un pleito por incumplimiento de contrato, dolo y daños. La orden de aseguramiento requería la consignación de fondos y prohibía la enajenación de activos para proteger la inversión de la demandante. Los recurrentes, Emerald Holdings y Aguada Emerald, argumentaron que la concesión de los remedios provisionales era nula por la ausencia de partes indispensables en el proceso. Tras revisar los recursos, el Panel XI del Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición de ambos recursos de certiorari.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por el Estado Libre Asociado. El Gobierno procuraba revocar una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Dicha sentencia ordenó al Gobierno pagar al doctor Raúl Zambrana García la cantidad de \$448,391.94 por concepto de salarios dejados de devengar más intereses. El caso se originó en una demanda de ejecución de sentencia relacionada con la cesantía del doctor Zambrana del Departamento de Salud en el año 2000. Una resolución administrativa previa había ordenado su reinstalación y el pago de haberes dejados de percibir. La controversia giraba en torno al cálculo de la suma adeudada, argumentando el doctor Zambrana que el Gobierno no probó descuentos por ingresos de práctica privada. El Gobierno alegó la existencia de controversias de hechos materiales que impedían la sentencia sumaria. No obstante, el Tribunal de Apelaciones ha decidido denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado por el Gobierno.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre una demanda de daños y perjuicios por uso no autorizado de imagen. El apelado, Osvaldo Friger Salgueiro, demandó a Mech-Tech College y entidades relacionadas por utilizar su imagen en videos promocionales sin consentimiento tras finalizar su relación laboral o contractual. Friger Salgueiro alegó que la utilización continuó sin autorización ni transferencia escrita de derechos, solicitando el cese y una indemnización. Los apelantes, Mech-Tech College y otros, argumentaron que tenían derecho a usar el material bajo la doctrina de "trabajo por contrato", habiendo pagado por la producción de los videos. Sostuvieron que Friger Salgueiro era un contratista independiente y que no requerían autorización adicional para el uso de su imagen en el material pagado. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Friger Salgueiro, ordenando el cese del uso de su imagen y concediendo \$20,000 en daños y \$4,000 en honorarios de abogado. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre una apelación presentada por Carlos E. Colón Burgos y Xiomara S. Rivera Rodríguez. Los apelantes buscaban revocar una Sentencia Parcial del Tribunal Superior de Caguas. Dicha sentencia de instancia concedió una moción de desestimación, dejando sin efecto la solicitud de los apelantes para una vista de injunction preliminar. El caso civil subyacente incluye reclamaciones de sentencia declaratoria para establecer al Sr. Colón Burgos como accionista del 50% en varias corporaciones (Versatech, Versatech Products, Prime Development, Tu Farmacia Móvil). También solicita la disolución de estas compañías, distribución de activos y daños por alegado incumplimiento de acuerdos verbales por parte de Pedro Rivera Durán. Los apelantes habían solicitado un injunction urgente para impedir que el Sr. Rivera Durán tomara posesión de una residencia y vehículos que utilizaban, alegando que pertenecían a las corporaciones. Los apelados se opusieron al injunction, argumentando daños especulativos y la existencia de remedios legales alternativos. Tras revisar la apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial del tribunal de instancia. Esta decisión valida la desestimación de la solicitud de los apelantes para una vista de injunction preliminar.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda fue presentada por residentes de una urbanización contra el comité de control de acceso. Los demandantes solicitaban un injunction y sentencia declaratoria. La controversia principal giraba en torno a la negativa del comité a venderles un control de acceso electrónico (beeper), supuestamente por deudas de mantenimiento. Los apelantes alegaban que esta acción les impedía el libre acceso a su propiedad, era discriminatoria y violaba sus derechos constitucionales y la ley municipal. El comité apelado argumentó que el injunction no era el remedio adecuado y que existían otras vías legales. El Tribunal de Primera Instancia denegó el injunction, al no hallar daño irreparable y considerar que los apelantes buscaban una conveniencia. Concluyó que los residentes estaban sujetos a las restricciones de acceso y que el comité actuó conforme al reglamento. La apelación busca revocar esta decisión que declaró no ha lugar la demanda.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia en el caso de El Pueblo contra Alexis Ruperto Nieves Feliú. El asunto central es si el tiempo que Nieves Feliú estuvo en detención preventiva debe ser abonado a su sentencia bajo el régimen de libertad a prueba. Nieves Feliú estuvo confinado preventivamente por cerca de once meses al no poder prestar fianza en casos de infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito. Posteriormente, se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de cárcel, pena que fue suspendida para cumplir bajo libertad a prueba por seis años, siendo excarcelado de inmediato. Solicitó al foro primario que se le acreditara el tiempo de detención preventiva a su sentencia suspendida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la petición, interpretando que el abono solo aplica si el convicto ingresa a prisión a cumplir la sentencia. Nieves Feliú recurrió esta determinación mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado y revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400122. El apelante, Julio Javier Vigoreaux Eleuteci, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia del foro primario, notificada el 6 de diciembre de 2023, privó al apelante de la patria potestad de su hijo menor de edad, JJVL. La controversia surge de una petición civil presentada por la madre, Teresa López Acevedo, solicitando custodia, privación de patria potestad y alimentos. El trasfondo incluye procedimientos penales previos contra el apelante por alegada agresión sexual (sin causa probable) e incumplimiento de una orden de protección (cargo desestimado). El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la sentencia apelada. Por los motivos expuestos en su decisión, el panel apelativo determinó revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La controversia es devuelta al foro primario para que continúe con los procedimientos correspondientes.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre incumplimiento de contrato de opción de compraventa. La parte apelante, NLJ Holdings, LLC y otras, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda sin perjuicio por inactividad procesal bajo la Regla 39.2(b). La desestimación ocurrió tras un período de más de seis meses sin gestiones luego de que el TPI recibiera el mandato de un recurso apelativo previo. En el recurso anterior, el Tribunal de Apelaciones había modificado una sentencia parcial del TPI y ordenado la continuación del caso para dilucidar la intención de las partes en el contrato. Los apelantes argumentaron que estaban a la espera de que el TPI calendarizara los trámites necesarios tras el retorno del mandato. El Tribunal de Apelaciones evaluó los escritos y el historial procesal del caso. Concluyó que la desestimación por inactividad fue improcedente en este contexto. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia el 31 de mayo de 2024 en el caso KLAN202400480. Este recurso de apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia de Caguas y trata sobre la devolución de una licencia de armas de fuego. Las partes involucradas son Kermit Manuel Ortiz Morales como apelado y el Negociado de la Policía de Puerto Rico como apelante. La parte apelante presentó una moción de desistimiento el 30 de mayo de 2024. El Tribunal de Apelaciones resolvió declarar Ha Lugar dicha moción. En consecuencia, se ordena el cierre y archivo del recurso de apelación. Esta decisión se toma de conformidad con la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia fue debidamente certificada por la Secretaria del Tribunal.

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Este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico enfrenta a Jonathan Murga Rodríguez con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó autorización para usar barba debido a una erupción cutánea causada por el afeitado, buscando eximirse de la orden administrativa que exige a los confinados estar afeitados. Tras la denegación de su solicitud por la División de Remedios Administrativos, el señor Murga Rodríguez presentó este recurso y solicitó reconsideración simultáneamente. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por ser el recurso prematuro. La ley y el reglamento exigen que la revisión judicial proceda únicamente de decisiones administrativas finales y tras el agotamiento de todos los remedios administrativos internos, requisitos que no se cumplieron en este caso.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende la apelación presentada por One Alliance Insurance Corporation. La aseguradora recurre de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. El caso original fue una demanda de PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC (PRAPI) contra One Alliance por incumplimiento de contrato de seguro tras los huracanes Irma y María. La acción legal en Aibonito es una de varias divisiones de un caso inicial que involucraba propiedades en distintas regiones judiciales. PRAPI reclamó daños a propiedades aseguradas en Aibonito, alegando que One Alliance incumplió con el pago de reclamaciones. Específicamente, PRAPI sostuvo que One Alliance se retractó de una oferta de pago de \$1,493,856.59 para propiedades incluidas en el 2nd Claim Submission. El foro primario dictó sentencia sumaria a favor de PRAPI, ordenando a One Alliance el pago de dicha suma, la culminación de otros ajustes y pagos, intereses y honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Margarita Ruiz contra Isabel González Ruiz. El caso versa sobre relaciones maternofiliales respecto a los menores Y.L.S.G. y Y.M.S.G., originado en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. La madre, Isabel González Ruiz, demandó para establecer relaciones, alegando que la custodia, Margarita Ruiz, las impedía. La apelante se opuso, cuestionando las cualidades protectoras de la madre y refiriendo un historial judicial. El Tribunal de Primera Instancia, tras considerar un informe social y celebrar juicio, concedió relaciones maternofiliales limitadas y supervisadas. El foro primario razonó que esto vindicaba los derechos de la madre y promovía la sanación familiar en el mejor interés de los menores. Estableció un plan de relaciones terapéuticas supervisadas. La apelante recurre la sentencia del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Un abogado demandó a su cliente por honorarios profesionales impagos. El cliente reconvino, alegando negligencia profesional del abogado en dos casos distintos. Las alegaciones de mala práctica incluyeron la omisión de una reclamación monetaria y fallas en el trámite de ejecución de sentencia en un caso, además de afectar el derecho a apelar en otro. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor del abogado, desestimando la reconvención del cliente. El TPI determinó que no hubo prueba de la solicitud de la reclamación supuestamente omitida, que la sentencia fue favorable y no hubo daños. También concluyó que no hubo retrasos perjudiciales en la ejecución de sentencia. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del TPI, concluyendo que el récord no presenta controversia fáctica que impida determinar la ausencia de negligencia del abogado o de daño al cliente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que desestimó una querella. El recurrente, Paduil Torres Méndez, había presentado la querella contra la Junta de Directores del Condominio Crashboat Apartments. Sus alegaciones incluían la imposición irregular de derramas, alteración de fachada, denegación de certificación de deuda y suspensión de servicios por impago. El DACo ordenó al recurrente presentar una certificación negativa de deuda reciente. Ante el incumplimiento del recurrente con dicha orden, el foro administrativo desestimó sumariamente la querella. El DACo concluyó que no existía una controversia real de hechos y que la actuación del recurrente violentaba disposiciones de la Ley y Reglamento de Condominios. El señor Torres Méndez solicitó la revisión de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirma la Resolución recurrida del DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Isabel Vega Ortiz. El caso subyacente trata sobre la partición y liquidación de la comunidad de bienes entre la Peticionaria y Rafael Ángel Rondón Nieves tras su divorcio. La señora Vega Ortiz impugna dos órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Una orden le exigía entregar las transcripciones de las deposiciones al señor Rondón Nieves en un término de cinco días. La otra orden disponía que la tasación de una propiedad en Florida debía incluir un estudio de rentas de mercado. La Peticionaria solicitó reconsideración de ambas determinaciones ante el foro primario en varias ocasiones, siendo todas declaradas No Ha Lugar. Ante la inconformidad con los dictámenes, la Peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso. El panel del Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Candelaria Rosa, Álvarez Esnard y Díaz Rivera, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La resolución concluye con la denegatoria del recurso presentado por la señora Vega Ortiz.

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En un caso de daños por impericia médica, los peticionarios Noel R. Oppenheimer García y Damaris Piñan presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaban órdenes del Tribunal de Primera Instancia que extendían el descubrimiento de prueba, fijaban un término para mociones dispositivas y prohibían la inclusión de nuevos peritos. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Mediante Sentencia de 30 de mayo de 2024, el Tribunal resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. La Sentencia enfatiza que la jurisdicción es el poder esencial de un tribunal para considerar y decidir casos. Se reitera que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada y obliga a desestimar la reclamación. Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción con preferencia a otros asuntos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre una Petición de Certiorari. La peticionaria solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito laboral. Dicha Orden del TPI, emitida el 8 de mayo de 2024, declaró Ha Lugar una moción de orden protectora y cierre de descubrimiento de prueba. Además, la Orden impuso una sanción de $100 a la peticionaria y ordenó la continuación del caso. La controversia en primera instancia surgió de desacuerdos en el proceso de descubrimiento de prueba, donde la peticionaria presentó una moción unilateral en lugar de una conjunta como ordenado. La peticionaria impugnó la Orden del TPI mediante el recurso de Certiorari, alegando errores. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI no actuó con prejuicio, abuso de discreción o error manifiesto. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto de Certiorari. El caso se devuelve al foro primario para que continúen los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari sobre un caso civil de persecución maliciosa y difamación. El demandante presentó la acción contra varios individuos y el Estado Libre Asociado (ELA) tras un proceso penal donde no se encontró causa. La demanda alegaba que una fiscal y otros actuaron de forma maliciosa y con información falsa. El ELA solicitó la desestimación de la acción en su contra, argumentando inmunidad bajo la Ley 104. Dicha ley exime al ELA de responsabilidad por actos discrecionales de sus funcionarios y específicamente por reclamaciones de persecución maliciosa o difamación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, considerando que podría haber alegaciones de negligencia no cubiertas por la inmunidad. El ELA recurrió, insistiendo en que la inmunidad aplica a las causas de acción reclamadas, independientemente de la intencionalidad. El Tribunal de Apelaciones determina que el ELA no responde por conducta constitutiva de persecución maliciosa o difamación. Por tanto, procede la desestimación de la acción civil en cuanto al ELA se refiere.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). La UIPR solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente es una demanda por despido injustificado presentada por Carmen Gladys Rivera de Jesús contra la UIPR. La demandante alegó que su despido, justificado por la UIPR como reorganización operacional, fue por razones prohibidas y constituyó un despido constructivo debido a hostigamiento. Reclamó daños significativos bajo la Ley Núm. 80 y por sufrimientos. La UIPR argumentó que el despido fue una decisión gerencial válida por disminución de matrícula y reestructuración. Además, la UIPR señaló que ofreció a la demandante un puesto alterno que ella aceptó y luego abandonó. Tras desestimaciones parciales previas, la UIPR presentó la moción de sentencia sumaria, alegando la inexistencia de controversia sobre hechos materiales. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha moción. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de Certiorari y revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece el Ministerio Público ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió una solicitud de habeas corpus. El habeas corpus fue presentado por Jesús Ricardo Ubri Custodio, quien se encontraba sumariado por varios delitos graves. Ubri Custodio argumentó la violación de su derecho a juicio rápido, al excederse el término constitucional de seis meses sin que se celebrara el juicio. Inicialmente, el TPI desestimó cargos por violación al juicio rápido, ordenando su excarcelación, pero el Ministerio Público refiló los cargos el mismo día. Tras una segunda vista preliminar, se presentaron nuevas acusaciones y se inició un juicio por jurado. Este primer juicio culminó en un jurado disuelto al no alcanzar un veredicto unánime. El TPI pautó un segundo juicio, pero antes de iniciar, concedió el habeas corpus solicitado por Ubri Custodio. La Resolución del TPI declaró Ha Lugar el habeas corpus y ordenó la excarcelación del recurrido. El Ministerio Público impugna esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI, emitida en un caso sobre ingreso involuntario bajo la Ley de Salud Mental, ordenó a ASSMCA ubicar a un paciente en cuidado prolongado o, alternativamente, sufragar los costos de su ubicación temporal o gastos hospitalarios. ASSMCA presentó una moción en el TPI alegando que la orden era ilegal y contraria a las normas de contratación y fondos. El TPI declaró no ha lugar la moción de ASSMCA, indicando que ya había considerado su posición y que los argumentos no justificaban la nulidad de la orden. Insatisfecha, ASSMCA recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Alegó que el TPI erró al ordenar el pago de servicios no contratados e interferir con su política pública y la separación de poderes. El Hospital Panamericano, parte recurrida, presentó una moción de desestimación. Tras evaluar los escritos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por ASSMCA.