Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 65)

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una apelación presentada por Eliezer Santana Báez contra Wapa TV y otros, relacionada con un pleito de daños por difamación desestimado por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por supuesta inactividad. El apelante, quien comparece por derecho propio y se encuentra confinado, solicitó la revisión de la sentencia del TPI. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones constató que el apelante incumplió con las reglas procesales al no incluir los documentos necesarios para la revisión, como la sentencia apelada y otras resoluciones relevantes. El único documento provisto fue una orden interlocutoria del TPI que requería a las partes mostrar causa por la cual el caso no debía ser archivado y desestimado. El Tribunal de Apelaciones enfatiza que las reglas de procedimiento apelativo deben cumplirse rigurosamente, incluso por quienes comparecen por derecho propio. La falta de perfeccionamiento del recurso conforme a las normas aplicables es motivo para su desestimación.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. Los apelantes, Maritza López Carrasquillo y Jorge E. Fernández Barbosa, recurrieron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había desestimado con perjuicio su demanda por daños y perjuicios contra Apex Bank y otros. Los apelantes alegaron que las acciones de los bancos en la negociación y mediación hipotecaria causaron la pérdida de su propiedad. Apex Bank solicitó la desestimación argumentando que la reclamación estaba cubierta por la doctrina de cosa juzgada debido a un pleito anterior de ejecución de hipoteca. El TPI acogió la moción de desestimación, entendiendo que los apelantes no tenían derecho a remedio por las alegaciones presentadas. Los apelantes apelaron, señalando como error la aplicación de la cosa juzgada a su acción de daños. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios y violación de derechos civiles. El apelado, una persona confinada, demandó al Estado, al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a un oficial por alegada denegación de programas de recreación. La demanda original fue enmendada varias veces, generando controversias sobre el emplazamiento y la prescripción de la causa de acción. Los apelantes argumentaron falta de jurisdicción por emplazamiento incorrecto y que la reclamación estaba prescrita. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda, pero lo hizo *sin perjuicio*, basándose únicamente en el incumplimiento del término procesal para diligenciar el emplazamiento. El foro primario no se pronunció sobre el argumento de prescripción presentado por los apelantes. Los apelantes recurren, sosteniendo que el tribunal erró al anteponer el aspecto procesal sobre el sustantivo de la prescripción. Solicitan que la desestimación sea modificada para que sea *con perjuicio*, al entender que la causa de acción se encuentra extinguida. El recurso de apelación se centra en si el tribunal debió haber resuelto primero el asunto de la prescripción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Fannie Mae, recurre contra una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para enmendar la notificación de ciertas órdenes. Fannie Mae buscaba corregir las notificaciones, que no habían sido enviadas al demandado, para poder impugnar una decisión previa sobre el retiro de fondos consignados. Este es el segundo recurso de Fannie Mae ante este foro por el mismo asunto de la falta de notificación al demandado. El Tribunal de Apelaciones había desestimado el recurso anterior por prematuro, señalando la necesidad de subsanar las deficiencias de notificación. A pesar de la advertencia, el foro primario no corrigió las notificaciones. El Tribunal de Apelaciones reitera la importancia fundamental de la notificación adecuada como requisito del debido proceso de ley. Concluye que, aunque el demandado esté en rebeldía, debe ser notificado de las actuaciones relativas a fondos que le pertenecen. Por tanto, el Tribunal expide el auto de certiorari y revoca la orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de Certiorari sobre Daños y Perjuicios. La Peticionaria, Olga E. Otero Santana, había presentado el recurso contra múltiples Recurridos. Posteriormente, la Peticionaria presentó una Moción de Desistimiento y Retiro de la Petición de Certiorari. Informó que había llegado a un acuerdo privado transaccional con varios demandados recurridos, incluyendo el Municipio de San Juan y su aseguradora. Este acuerdo pone fin a todas las controversias del litigio en el Tribunal de Primera Instancia. En virtud de dicho acuerdo, la Peticionaria solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia archivando la acción con perjuicio. Por lo tanto, la Peticionaria desistió de su recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal de Apelaciones desestima con perjuicio el presente recurso.

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El documento presenta un listado de casos ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III. Se trata de procedimientos de certiorari originados en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Cobra Acquisitions, LLC figura como parte, ya sea peticionario o recurrido, en todos los casos enumerados. Las partes contrarias incluyen varios municipios de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y, en algunos casos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o un particular. Los asuntos principales en controversia son los arbitrios de construcción y las sentencias declaratorias. Cada caso se identifica con su número de apelación (KLCE/KLEE) y el número del caso original en el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos presentados por One Alliance Insurance Corporation contra PR Asset Porfolio 2013-1 International, LLC. Los recursos provienen de un pleito sobre incumplimiento de contrato de seguro por daños del huracán María, originalmente presentado en San Juan y luego dividido en múltiples casos por región judicial, incluyendo Guayama. One Alliance apeló una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que declaró ha lugar la moción de PRAPI basada en cosa juzgada de un caso relacionado en Caguas. También solicitó revisión mediante certiorari de una Resolución que le ordenó pagar costas por \$12,132.54. El panel del Tribunal de Apelaciones, con la Jueza Rivera Pérez como ponente, confirmó la Sentencia Sumaria apelada. Asimismo, expidió el recurso de certiorari y revocó la Resolución que imponía el pago de costas.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de Certiorari presentada por la Sucesión de Laureano Bello Suárez, representada por Pedro Bello Lorié. La petición busca revocar órdenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca sobre una propiedad residencial. El pleito original fue incoado por Reverse Mortgage Funding, LLC, quien posteriormente cedió el crédito hipotecario a Compu-Link Corporation DBA Celink. El peticionario intentó ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso tras conocer la cesión del crédito. El foro primario declaró no ha lugar a la solicitud de retracto y desestimó por extemporánea una moción de reconsideración. Inconforme con los dictámenes, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones desestimó el auto solicitado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender la petición.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Joseph Mangual Rivera. El peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó, de plano y sin vista, su moción de supresión de evidencia. El caso subyacente trata sobre una alegada declaración falsa sobre un delito. La controversia surge de una declaración jurada de un agente policial para obtener una orden de registro de un vehículo. El agente describió una vigilancia dirigida a un prófugo que utilizaba varios vehículos, incluyendo un Toyota Yaris. Durante la vigilancia, un can de la unidad de drogas alertó sobre posible sustancia controlada en un Toyota Yaris estacionado. Al verificar el vehículo, el agente observó lo que parecía ser el cañón de un arma larga bajo el asiento del conductor. Basado en estas observaciones, se solicitó y obtuvo una orden para registrar el vehículo. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la decisión del TPI de no suprimir la evidencia obtenida de dicho registro.

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En un pleito de cobro de dinero, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía contra el demandado Ángel M. Bermúdez Capell, ordenándole pagar una suma a Island Portfolio Services, LLC. María A. Clemente Rosa, quien no era parte en el caso original, presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha sentencia. La parte demandante-apelada, Island Portfolio Services, LLC, solicitó la desestimación del recurso apelativo. Argumentó que la señora Clemente Rosa carecía de legitimación activa para apelar, al no ser parte en el pleito ni representar legalmente al demandado. El Tribunal de Apelaciones requirió a la señora Clemente Rosa mostrar causa por la cual no debía desestimarse la apelación por falta de legitimación. La apelante no respondió a dicho requerimiento dentro del término concedido. Tras analizar el concepto de legitimación activa, el Tribunal concluyó que la señora Clemente Rosa no posee el interés legal necesario para apelar la sentencia dictada contra el señor Bermúdez Capell. Por tanto, al carecer de legitimación activa, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve recursos de Apelación y Certiorari presentados por One Alliance Insurance Corporation contra PR Asset Porfolio 2013-1 International, LLC. La apelación busca revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor de PRAPI, basada en la doctrina de cosa juzgada respecto a un caso relacionado. El recurso de certiorari impugna una Resolución del foro primario que ordenó a One Alliance el pago de costas. El pleito original surgió de una demanda por incumplimiento de contrato de seguro y mala fe relacionada con daños causados por el huracán María a múltiples propiedades. La demanda inicial fue dividida en trece casos separados en distintas regiones judiciales, incluyendo Guayama, donde PRAPI presentó una demanda enmendada alegando que One Alliance se retractó de una oferta de pago aceptada y no atendió otras reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada en el caso KLAN202400374. Asimismo, expide el recurso de certiorari KLCE202400528 y revoca la Resolución recurrida sobre las costas.

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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodriguez (Guracoop) apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero contra Brenda L. García Santana. La demanda, por la cantidad de \$1,401.04, fue presentada bajo el procedimiento ordinario. El TPI desestimó la acción al entender que debía tramitarse conforme a la Regla 60 de Procedimiento Civil, que establece un procedimiento sumario para reclamaciones menores de \$15,000. Guracoop argumentó en apelación que la propia Regla 60 faculta al demandante a elegir entre el procedimiento ordinario y el sumario para este tipo de casos. Alegó que el TPI erró al desestimar la demanda por haber optado por la vía ordinaria. La apelada no presentó alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones revisó la aplicación de la Regla 60 y los argumentos de la apelante. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia desestimatoria del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre la apelación de Luis H. Young Torres en un caso de impugnación de confiscación vehicular. La apelación buscaba revocar la decisión del tribunal de primera instancia que desestimó su demanda con perjuicio. El foro primario denegó la solicitud del apelante de desistimiento voluntario sin perjuicio. Concedió la moción del Estado Libre Asociado para desestimar por falta de jurisdicción. El ELA argumentó que la demanda de impugnación y el emplazamiento al Secretario de Justicia se presentaron fuera de los términos jurisdiccionales de la Ley Uniforme de Confiscaciones. El apelante sostuvo que procedía el desistimiento voluntario al no haberse presentado contestación o moción de sentencia sumaria por el ELA. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, confirmó la sentencia apelada, validando la desestimación con perjuicio basada en los incumplimientos de los términos jurisdiccionales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. Los apelantes, hijos de la fallecida Aida Serrano Feliciano, demandaron a Triple S Advantage y otros. Alegaron que la negligencia de Triple S al omitir brindar tratamiento médico temprano a su madre provocó su fallecimiento. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda contra Triple S, concluyendo que no exponía una reclamación que justificara un remedio. Triple S había solicitado la desestimación argumentando la falta de hechos suficientes para establecer una causa de acción en su contra. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial de desestimación. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación presentado por Island X-Ray, Inc. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la reclamación instada contra el Dr. Pedro N. Farinacci Morales. El caso subyacente se relaciona con alegadas violaciones a la Ley de Corporaciones y surge de un contrato de compraventa de un negocio y equipos que fue previamente declarado nulo por falta de capacidad del firmante. El documento detalla el extenso trámite procesal, incluyendo recursos anteriores ante este Tribunal y el Tribunal Supremo, así como el juicio en su fondo donde ambas partes presentaron prueba. Tras examinar el expediente, particularmente la transcripción de la prueba oral, y en virtud del derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de Certiorari presentado por Doris E. Torres Rolón. La peticionaria impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para presentar una Demanda Enmendada. El caso original se inició por la política de vacunación compulsoria de COVID-19 de Universal Group, Inc., buscando interdicto, sentencia declaratoria y daños. El TPI desestimó inicialmente las reclamaciones de interdicto y sentencia declaratoria, ordenando la continuación del caso para las reclamaciones de daños y concediendo un remedio interdictal provisional de restitución de empleo. Esta decisión parcial fue confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, la señora Torres solicitó enmendar la demanda, argumentando que el caso se centraba ahora en despido injustificado y discrimen religioso, ya que los demandados no habían contestado la demanda original. Universal Group se opuso a la enmienda por defectos formales y por cambiar la naturaleza del pleito. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de enmienda. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la decisión del TPI mediante Certiorari, determinó expedir el recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida, permitiendo así la presentación de la Demanda Enmendada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado contra la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico relacionado con la denegatoria de una licencia por reciprocidad. El tribunal procedió a examinar su jurisdicción para conocer del asunto. Se recordó que la facultad de revisión judicial de decisiones administrativas está limitada por ley y jurisprudencia a aquellas que sean finales y una vez agotados los remedios en la sede administrativa. El reglamento de la Junta Examinadora establece un procedimiento específico para las denegaciones de licencia, que incluye el derecho del afectado a solicitar y participar en una vista administrativa. En el caso particular, el recurrente acudió al tribunal antes de que se celebrara la vista administrativa a la que había sido citado por la Junta. A pesar de las alegaciones sobre notificaciones deficientes, el tribunal determinó que el recurrente no había agotado el remedio administrativo de la vista. Por consiguiente, el tribunal concluyó que el recurso era prematuro. Al ser un recurso prematuro, el tribunal carecía de jurisdicción para atenderlo. Por estos fundamentos, se desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Se trata de una Sentencia de un panel judicial que revisa una Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La recurrente, Sra. Melinda Romero Donnelly, solicitó la revisión de la decisión de la OEG. La OEG había declarado No Ha Lugar su solicitud de desestimación. Además, la OEG le impuso una multa de \$5,000 por una infracción al Artículo 5.6(2) de la Ley Núm. 1 de 2012. La OEG también le ordenó presentar su informe financiero correspondiente al año 2021. La OEG consideró a la Sra. Romero Donnelly "servidora pública" sujeta a la obligación de rendir informes financieros como delegada congresional. Aunque presentó el informe de toma de posesión de 2020, se le requirió el informe anual de 2021. La Sentencia evalúa los autos y el derecho aplicable. El panel judicial confirma la determinación emitida por la Oficina de Ética Gubernamental.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de la expulsión de la Agente Ena I. Octaviani Santana del Negociado de la Policía. La expulsión se originó tras su alegación de culpabilidad en un caso federal por hacer declaraciones falsas a la Administración de Seguro Social e introducir medicamentos no aprobados. El Negociado de la Policía la expulsó al considerar que el delito implicaba depravación moral. La Agente apeló ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA desestimó su apelación y denegó la reconsideración, ratificando que el delito justificaba la expulsión por depravación moral. La Agente Octaviani Santana solicitó revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Su principal argumento es que la CIPA erró al desestimar su apelación sumariamente sin concederle una vista en sus méritos. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la CIPA debió celebrar una vista antes de desestimar la apelación. El documento detalla los cargos federales específicos a los que se declaró culpable la Agente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos casos de certiorari, KLCE202400578 y KLCE202400585. Ambos casos provienen de un pleito de daños y perjuicios (SG2019CV00138) del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, relacionado con un accidente de tránsito fatal. Las peticiones de certiorari recurren resoluciones distintas dictadas por el TPI el 27 de febrero de 2024, que declararon No Ha Lugar solicitudes de sentencia sumaria. Mapfre Praico Insurance Company presentó la primera petición (KLCE202400578) tras la denegación de su solicitud de sentencia sumaria. El Sr. Osvaldo Orengo Ramos presentó la segunda petición (KLCE202400585) impugnando la denegación de su propia solicitud de sentencia sumaria. La moción de Mapfre argumentaba la desestimación basada en la falta de interés asegurable bajo una póliza y la cobertura limitada de otra. La parte demandante en el pleito original se opuso a la moción de Mapfre, alegando la existencia de hechos materiales en controversia. Conforme a órdenes administrativas, el Tribunal de Apelaciones ordenó la consolidación del caso KLCE202400585 con el caso más antiguo, KLCE202400578, para su revisión conjunta.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución relativa a dos peticiones de certiorari separadas. Ambas peticiones buscan la revisión de dictámenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, emitidos el 27 de febrero de 2024. Dichos dictámenes declararon No Ha Lugar las solicitudes de Sentencia Sumaria presentadas por Mapfre Praico Insurance Company y por el señor Osvaldo Orengo Ramos, respectivamente. Los casos de certiorari, identificados como KLCE202400578 (Mapfre) y KLCE202400585 (Orengo Ramos), provienen de un pleito de daños y perjuicios. Este pleito original fue incoado en 2019 tras un accidente de tránsito fatal ocurrido en San German. La demanda fue presentada por la parte recurrida contra el señor Orengo Ramos, el señor Osvaldo Orengo Martínez y Mapfre, entre otros. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando la nulidad de una póliza por falta de interés asegurable y la limitación de cobertura de otra. La parte recurrida se opuso, alegando la existencia de controversias de hechos materiales. El Tribunal de Apelaciones ordena la consolidación de ambos casos de certiorari para su trámite conjunto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202300573. Resuelve la apelación de De Diego Parking, LLC contra el Consejo de Titulares del Condominio Plaza de Diego. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda. Dicha demanda buscaba la nulidad de la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo de Titulares y sus acuerdos. De Diego Parking, LLC, titular de unidades de estacionamiento, alegó múltiples irregularidades en la convocatoria, notificación y agenda de la asamblea. Específicamente, cuestionó la imposición de una cuota especial por alegado uso intenso de áreas comunes y privativas sin justificación ni base legal adecuada. También impugnó la validez de la minuta y los procesos de notificación relacionados. El apelante solicitó que se declarara nula la asamblea y se eliminara la cuota impuesta. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar la Sentencia Parcial apelada. Por tanto, se sostiene la desestimación de la demanda de impugnación presentada por De Diego Parking, LLC.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el recurso de apelación presentado por Krystal Saldaña Rivera. La apelante solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. Dicho foro primario había declarado Con Lugar su querella, concluyendo que fue despedida injustificadamente y de manera discriminatoria por razón de su embarazo. El Tribunal de Primera Instancia concedió a la señora Saldaña varias partidas de compensación. Estas incluían daños por no proveer una silla apta, pago incompleto de compensación de maternidad, mesada y honorarios bajo la Ley Núm. 80, y daños por no restitución al empleo bajo la Ley Núm. 3. Los apelados, Centeno Avilés Corp. y otros, habían argumentado que el despido fue justificado por una reducción de personal. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por Lourdes Verónica Quintero Rivera. La apelante impugna la determinación de culpabilidad y la pena de veinte años de reclusión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en Ponce. Fue hallada culpable de infringir el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas por posesión de marihuana con intención de distribuir. El juicio se celebró en agosto de 2023, dictándose sentencia en noviembre de 2023. En su apelación, Quintero Rivera señala varios errores cometidos por el tribunal de instancia. Entre los errores principales se encuentra la legalidad de la pena de veinte años para un delito relacionado con marihuana bajo el estatuto aplicable. También argumenta que la prueba no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. Además, objeta la admisión de testimonio pericial sin la debida acreditación y la falta de documentación sobre el dispositivo de prueba de sustancias. El documento detalla el historial procesal que culminó en esta apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia consolidando dos recursos de certiorari presentados por el Municipio Autónomo de Guayama (MAG). El MAG solicitó la revocación de dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que denegaron sus mociones de desestimación por falta de jurisdicción. Los casos subyacentes fueron iniciados por Armando Colón Amaro y Lamar Colón Félix contra Universal Properties Realty Government Services LLC y el MAG. Los demandantes alegaron incumplimiento de contrato y daños relacionados con acuerdos para adquirir propiedades a través de un programa de control de estorbos públicos administrado por Universal, supuestamente actuando como intermediario del MAG. Afirmaron haber pagado por las propiedades y procedimientos, pero Universal no transfirió la titularidad y el MAG era solidariamente responsable. El MAG argumentó falta de jurisdicción en el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos debido a la identidad de partes y similitud de los asuntos. Tras examinar las solicitudes, el Tribunal de Apelaciones expidió los recursos de certiorari y revocó las resoluciones recurridas del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos de certiorari presentados por el Municipio Autónomo de Guayama (MAG). El MAG impugnó resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que declararon "No Ha Lugar" sus mociones de desestimación por falta de jurisdicción. Los casos subyacentes fueron presentados por Armando Colón Amaro y Lamar Colón Félix contra Universal Properties Realty Government Services LLC y el MAG por incumplimiento de contrato. Los demandantes alegaron que Universal, actuando como intermediario y administrador de un programa delegado por el MAG, no completó la expropiación y transferencia de titularidad de propiedades tras haber realizado los pagos correspondientes. Sostuvieron que el MAG es responsable solidariamente por los daños. Los demandantes reclamaron daños y perjuicios, angustias mentales y honorarios de abogado, o el cumplimiento específico del contrato. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos debido a la identidad de la parte peticionaria y la similitud de las resoluciones recurridas. El Tribunal de Apelaciones expidió los recursos de certiorari y revocó las Resoluciones del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante este foro la Sra. Sendi Jovica Bulic solicitando la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró no ha lugar a su solicitud para que el Sr. Luis Josué Forteza Elías pagara los gastos de educación y alojamiento del verano de 2023 de la menor A.I.F.J., ascendentes a \$15,332.80. Las partes, divorciadas desde 2021, habían acordado en su sentencia de divorcio que el padre asumiría los gastos de educación y salud de la menor, además de una pensión alimentaria. La madre argumentó que los gastos de verano correspondían al padre según dicho acuerdo. El padre se opuso, alegando falta de consentimiento para gastos innecesarios. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de la madre. Este panel revisó la decisión mediante recurso de certiorari. Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso y se revoca el dictamen recurrido.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) mediante una petición de certiorari. AFI solicita la revisión y revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró "nada que proveer" a una solicitud de ejecución de hipoteca. El caso subyacente es una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero instada por Ferrovial Construction PR, LLC contra AFI. Ferrovial reclamó más de $4.6 millones por demoras y costos adicionales en el proyecto Paseo Real María en Aguadilla, atribuidos a factores como permisos vencidos y cambios de diseño. AFI, a su vez, presentó una demanda contra tercero contra el Municipio de Aguadilla, solicitando que este pagara directamente a Ferrovial o reembolsara a AFI. El Municipio compareció y presentó numerosas defensas afirmativas, incluyendo la delegación de la administración del proyecto a AFI y la falta de relación contractual con Ferrovial. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente, expidió el auto de certiorari y revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400456, una apelación presentada por Deborah Rivera Velázquez. La apelante impugna la desestimación por academicidad de su solicitud de injunction contra SCI, Dignity Memorial y Cementerio La Resurrección. Originalmente, la apelante buscaba ordenar el enterramiento de su padre en un panteión contratado, alegando que el cementerio exigía una declaración jurada indebida. El apelado SCI solicitó la desestimación, argumentando que la controversia era académica ya que el padre fue enterrado en otro lugar y la declaración jurada no se requirió. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de desestimación. La apelante apeló, sosteniendo que la controversia estaba viva y que aplicaban excepciones a la doctrina de academicidad. Tras revisar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. María Lisandra Toledo Dorta apela una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Hatillo. El TPI denegó su solicitud de sentencia sumaria y concedió la de Triangle REO PR, Corp. El caso se originó en 2010 por una demanda de Eurobank (sustituido por Triangle) para cobrar una deuda garantizada con varias hipotecas. Una de las garantías era un inmueble propiedad del matrimonio Toledo-Dorta, luego donado a la apelante. Triangle solicitó la venta en pública subasta de este inmueble tras un incumplimiento en el pago de la deuda principal. El TPI, en la sentencia apelada, determinó la procedencia de la ejecución sobre dicho inmueble. La apelante buscaba evitar esta ejecución mediante su solicitud de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia y Resolución emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios presentado por Ramón Luis Díaz Gómez contra el Municipio Autónomo de Carolina y Mapfre Praico Insurance Company. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por inactividad procesal, conforme a la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, tras constatar la falta de trámites por parte del demandante durante un periodo prolongado. Posteriormente, el foro primario declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración presentada por el demandante. El apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar el caso por inactividad sin ofrecer oportunidad de corregir, sin celebrar vistas y basándose incorrectamente en la falta de contestación a interrogatorios que sí fueron respondidos. Tras evaluar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determina que los dictámenes apelados son correctos. Por tanto, se confirma la Sentencia que desestimó la demanda y la Resolución que denegó la reconsideración.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende un recurso de apelación presentado por Norma Rivera Conde y su familia. Solicitaban la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo dictada el 16 de enero de 2024. La demanda original reclamaba daños por las lesiones sufridas por la señora Rivera Conde tras una caída en Hacienda Carabalí en agosto de 2018. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar la demanda de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y las determinaciones del foro primario. Informes periciales habían coincidido en determinar un 9% de incapacidad a la señora Rivera Conde. Tras considerar las razones expuestas, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia recurrida. Esto valida la desestimación de la demanda de los apelantes por parte del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari. El caso principal es un cobro de dinero iniciado por Armstrong Power Systems, LLC contra Power Sports Warehouse, Inc. Armstrong reclamaba el pago por equipos y productos suministrados. Power Sports contestó la demanda y presentó una reconvención. Alegó haber realizado pagos, que la mercancía sufrió retrasos y presentó defectos. Estos defectos, según Power Sports, causaron daños económicos y a su reputación. Power Sports también argumentó que Armstrong no estaba autorizado para hacer negocios en Puerto Rico al momento de la primera demanda, la cual fue desestimada. Armstrong recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir y confirmar la resolución recurrida.

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María Marrero De Jesús solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de cobro de dinero instado por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). ASUME demandó a la Sra. Marrero para recuperar $5,415.00, alegando que fue un pago indebido realizado en 2008 que no provino del padre alimentante. La Sra. Marrero argumentó que la deuda no era líquida, que el error de ASUME fue de derecho (no recuperable bajo la norma de la época) y que faltaban partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que ASUME incurrió en un error de hecho y ordenando la continuación del pleito bajo el procedimiento ordinario. La Sra. Marrero presentó una moción de reconsideración, señalando que el tribunal no abordó el planteamiento de falta de partes indispensables. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la Sra. Marrero.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Cándido O. Aponte Vellón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El peticionario, un confinado, presentó un recurso de mandamus solicitando que se ordenara al DCR adjudicar una apelación que había sometido previamente. El tribunal aceptó su solicitud de In Forma Pauperis. Tras evaluar el escrito y la evidencia, el tribunal procedió a desestimar el recurso de mandamus. La sentencia explica que el mandamus es un recurso extraordinario que solo procede para exigir el cumplimiento de un deber ministerial, no discrecional. Se requiere una interpretación judicial para determinar si un deber es ministerial, más allá de la letra de la ley. Este recurso solo está disponible cuando no existe un remedio ordinario adecuado y se hizo un requerimiento previo que no fue atendido. El tribunal subraya que el mandamus debe usarse con cautela en situaciones excepcionales. La desestimación se fundamenta en los requisitos legales para la procedencia del mandamus.

Resumen:

SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de una subasta. Bridge Security Services, Inc. solicitó la revisión de la Notificación de Adjudicación de la Subasta 2024-003 emitida por la Junta de Subastas de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Dicha subasta era para la contratación de servicios de seguridad privada para el recinto. La Junta de Subastas había adjudicado la buena pro a Unique Security Corp. como el postor más bajo que cumplía con los requisitos. Bridge Security impugnó esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La notificación de adjudicación informaba a los licitadores sobre el resultado y mencionaba un derecho a presentar reclamaciones por escrito en un plazo de 10 días. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar la solicitud de revisión. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso. La sentencia fue emitida el 10 de junio de 2024.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE impugna decisiones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) relacionadas con la apelación de un empleado, Miguel A. Hernández Gómez, sobre su transferencia (movilidad). El empleado apeló la notificación de movilidad emitida por la AEE ante la CASP. La AEE solicitó la desestimación de la apelación ante la CASP, argumentando falta de jurisdicción por alegado incumplimiento del empleado con requisitos de notificación reglamentarios. La CASP declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación y la posterior moción de reconsideración de la AEE, entendiendo que la apelación fue oportuna y debidamente notificada. Insatisfecha, la AEE recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la CASP erró al asumir jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y el expediente. Tras dicha evaluación, el Tribunal decide desestimar el recurso de revisión administrativa presentado por la AEE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión de la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Arecibo en la Subasta Formal 23-F-17. Caguas Expressway Motors, LLC (CEM) recurre la notificación que descalificó su oferta y adjudicó la buena pro a Cabrera Grupo Automotriz (CGA). La subasta buscaba adquirir once vehículos SUV para la Policía Municipal, requiriendo modelos 2024 o más recientes según el pliego. CEM ofreció un modelo 2023, mientras que CGA presentó un modelo 2025. La Junta descalificó a CEM por no cumplir con la especificación del año del modelo. CEM alegó que la Junta erró al descalificarlo y al adjudicar a CGA, argumentando que CGA también incumplió requisitos. El Tribunal, aplicando el estándar de deferencia a las agencias administrativas, resuelve confirmar la Notificación de Adjudicación emitida por la Junta de Subastas.