Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 61)

Resumen:

El Sr. Edet Pastor Jiménez comparece ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de una evaluación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha evaluación, emitida el 24 de enero de 2024, determinó que el recurrente no cumplía con los requisitos para el programa de pre-reinserción a la libre comunidad. El recurrente había presentado previamente un recurso de revisión administrativa idéntico ante este mismo foro. En ese recurso anterior (KLRA202400214), el Tribunal emitió una Sentencia el 26 de junio de 2024. Mediante esa Sentencia, el Tribunal confirmó la determinación original del Departamento. Dado que la controversia planteada en el presente recurso ya fue atendida y resuelta en el caso previo, el Tribunal considera que la acción actual es académica. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso por falta de jurisdicción al ser académico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una petición de revisión judicial. Ofertas Auto PR Corp. solicitó la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución declaró Ha Lugar la querella presentada por Yairelee Santiago Méndez. La consumidora alegó que el vehículo usado que adquirió de Ofertas Auto contenía piezas no originales, lo cual descubrió meses después de la compra. Argumentó que no hubiera comprado el auto de conocer esta circunstancia. Ofertas Auto se defendió, mencionando un acuerdo posterior firmado por la consumidora. Tras evaluar la prueba, el DACo falló a favor de la señora Santiago Méndez. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen administrativo y, por los fundamentos expuestos, confirma la resolución recurrida del DACo.

Resumen:

José A. Vega García, un confinado, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Solicitó que se le concedieran bonificaciones para la reducción de su sentencia por trabajos realizados, participación en talleres y días de arrastre entre instituciones penales. Alegó que técnicos socio-penales del DCR le negaban estos beneficios, argumentando falsamente que no poseía diploma de cuarto año ni evidencia de su participación. El recurrente pidió al tribunal que ordenara al DCR calcular y aplicar las bonificaciones correspondientes según la ley aplicable. También solicitó la entrega de su hoja de liquidación de sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, desestimó la petición presentada por el señor Vega García. Previamente, el tribunal había señalado que las resoluciones administrativas del DCR denegando sus reclamos no indicaban la fecha de notificación al confinado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Pan American Grain Manufacturing Co., Inc. contra el Registro de Marcas y Nombres Comerciales. El recurso de revisión administrativa cuestiona el rechazo de una Declaración de Primer Uso para la marca "NURISH". Pan American había registrado la marca para uso futuro y luego solicitó una prórroga para presentar la declaración de uso, indicando que aún no la había usado. Posteriormente, presentó la declaración con fecha de primer uso del 1 de mayo de 2018. El Registro rechazó la declaración, interpretando que la fecha de primer uso debía ser posterior a la solicitud de prórroga y ocurrir dentro del término extendido. Pan American argumentó que esta interpretación era errónea y la ley solo exige acreditar el uso en el comercio. El Tribunal de Apelaciones revocó la Acción Final del Registro. La corte determinó que el rechazo a la declaración de primer uso fue indebido.

Resumen:

Una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Los apelantes, Juan Wilberto Howe Hernández y Claryssa Correa Márquez, impugnan la Sentencia en Reconsideración que decretó el desistimiento con perjuicio de su demanda por daños y perjuicios. Originalmente, el foro primario había dado por desistida la causa de acción sin perjuicio. Sin embargo, tras reconsiderar, dejó sin efecto esa decisión y decretó el desistimiento con perjuicio de las reclamaciones. La demanda original fue presentada contra el Consejo de Titulares del Condominio Torre de San Miguel y otros. Los apelantes alegaron daños por difamación, acoso y represalias relacionadas con sus gestiones sobre la administración y condición del condominio. La apelación busca que se revoque el desistimiento con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones evaluará la corrección de esta determinación. El panel ha decidido prescindir de la comparecencia de la parte apelada para agilizar el proceso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de pensión alimentaria. La peticionaria, Arlene Milagros Escobales Vélez, impugnó la decisión del foro primario que le imputó capacidad para generar un ingreso neto mensual de $870.40. La señora Escobales Vélez argumentó que no debía imputársele ingreso debido a que es la cuidadora principal de su hija menor de 13 años, quien padece perlesía cerebral, retraso global en el desarrollo y epilepsia. Presentó certificaciones médicas que acreditan la total dependencia de la menor para sus cuidados básicos, salud, aseo y alimentación. Sostuvo que los cuidados requeridos por la condición de su hija le impiden trabajar. El Tribunal de Primera Instancia, acogiendo la recomendación del examinador, imputó el ingreso a la madre. La madre solicitó reconsideración, la cual fue referida al examinador y recomendada sin lugar. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que imputaba ingresos a la madre.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Víctor M. Vázquez Braña, quien fue hallado culpable por el Tribunal de Primera Instancia del delito de actos lascivos contra una menor de 13 años (Art. 133 CP). El apelante fue sentenciado a 15 años de prisión. En su apelación, el Sr. Vázquez Braña argumentó que la prueba no demostró el elemento de excitación o deseo sexual y que el testimonio de una psicóloga fue admitido erróneamente. La víctima testificó sobre varios incidentes, incluyendo tocamientos y pellizcos en el seno y un intento de beso. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la prueba presentada fue suficiente para que el TPI hallara al apelante culpable más allá de duda razonable. Determinó que los actos probados tendían a despertar o satisfacer deseos sexuales. Asimismo, resolvió que el testimonio de la psicóloga fue correctamente admitido debido a que el apelante renunció por escrito a su privilegio. La sentencia confirma la validez de la conclusión de culpabilidad y la admisión de la prueba.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Mario Emmanuelli Rullán contra el Municipio de Guayanilla y su Alcalde. El peticionario solicitó la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su petición para que se ordenara el cumplimiento de una ordenanza municipal sobre negocios ambulantes. El TPI había declarado Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada por el Municipio. El peticionario presentó una moción de reconsideración ante el TPI, la cual fue declarada No Ha Lugar por haber sido presentada fuera del término jurisdiccional de 15 días. Ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario presentó un recurso de certiorari, que fue acogido como apelación. El Tribunal advirtió que el peticionario no notificó a las otras partes ni al TPI, ni incluyó los documentos necesarios del foro primario, teniendo que recurrir al sistema SUMAC. Tras revisar el expediente electrónico, el Tribunal confirmó el tracto procesal, incluyendo la presentación tardía de la moción de reconsideración en el TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Damaris Nieves Santiago y otros, solicitando dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La decisión recurrida, emitida el 12 de junio de 2024, en un pleito de daños y perjuicios contra Mapfre Praico Insurance Company, dispuso la culminación del descubrimiento de prueba en diez días y prohibió la presentación de prueba pericial. El caso original fue presentado por los peticionarios reclamando a Mapfre por daños a sus negocios causados por el Huracán María en 2017, alegando incumplimiento de la póliza de seguros. Mapfre contestó la demanda, aceptando la póliza pero argumentando que ajustó los daños y que la reclamación estaba prescrita. La determinación del foro primario se dio tras una "Status Conference". Los peticionarios acudieron en certiorari para impugnar la orden que limitaba el descubrimiento y excluía la prueba pericial. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso presentado, denegó la solicitud de los peticionarios.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de Certiorari presentado por Alfredo Colón Matos contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El peticionario impugna la Resolución del foro primario que, tras reconsideración solicitada por Learsi Berrios Tosses, dejó sin efecto una orden previa que refería el caso a la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) y mantuvo la pensión alimentaria fijada anteriormente. La pensión alimentaria permanente para el menor, establecida en $3,479.80 mensuales efectiva desde julio de 2020, fue adoptada por el Tribunal de Primera Instancia en octubre de 2023, basada en un informe de la EPA. El peticionario había solicitado una rebaja de pensión antes de que el informe final de la EPA fuera adoptado. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración solicitada por el peticionario a la decisión que mantuvo la pensión. El Tribunal de Apelaciones revisó la solicitud de Certiorari presentada por el señor Colón Matos. Tras evaluar los fundamentos expuestos, el panel apelativo concluyó que no procedía la expedición del auto. Por tanto, se deniega la solicitud de Certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando una Petición de Certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Villas del Faro. El peticionario solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Humacao emitida en abril de 2024. Mediante dicha Orden, el TPI declaró No Ha Lugar una moción del Consejo de Titulares. En esa moción, el peticionario solicitaba que se ordenara a MAPFRE Praico Insurance Company, la recurrida, a realizar el ajuste y resolver una reclamación de seguro. La reclamación se refiere a los daños sufridos por el condominio a consecuencia del Huracán María en 2017. El Consejo de Titulares argumenta que los pagos recibidos de MAPFRE fueron insuficientes para cubrir los daños estimados. A pesar de que la aseguradora presentó un informe pericial con un estimado de daños, el TPI denegó la solicitud de ordenar el ajuste. El Tribunal de Apelaciones, a través de esta Resolución, deniega expedir el recurso de certiorari solicitado por el Consejo de Titulares.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Ángel Areizaga Soto contra MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. El apelante recurre de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación de cubierta de seguro. Areizaga Soto solicitó a MAPFRE que cubriera los gastos de defensa y posibles daños en un pleito previo incoado en su contra por sus vecinos. Dicho pleito original, aún pendiente, alega hostigamiento y daños relacionados con la convivencia durante la pandemia de COVID-19. Areizaga Soto argumentó que su póliza de MAPFRE cubría responsabilidad personal y lesiones personales, incluyendo daños emocionales. MAPFRE denegó la cubierta, lo que llevó al apelante a demandar a la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de MAPFRE. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por 51 Club Quebradillas, Frank Wilson Knecht IV y Giovanni Feroce. Los peticionarios solicitan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Desestimación. Dicha moción se basaba en la alegación de que Endeavor Capital PR, LLC (ECPR), demandante en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, no poseía la licencia requerida por OCIF. ECPR argumentó que una determinación de OCIF la eximía del requisito de licenciamiento para transacciones comerciales. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la Ley Núm. 247-2010 aplica solo a transacciones con consumidores, no a préstamos comerciales como el presente, declarando a ECPR exenta. Los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración, la cual también fue denegada por el TPI. En el ejercicio de su discreción, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por el Hospital Wilma Vázquez. El Hospital solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado incoado por Eugenia Martínez Meléndez. La señora Martínez Meléndez alegó haber sido despedida sin justificación tras más de 36 años de servicio. El Hospital se defendió alegando que el despido estuvo justificado por la presentación de información falsa. La controversia en apelación surgió de la solicitud del Hospital de una orden protectora sobre el testimonio de una exdirectora de Recursos Humanos. El Hospital argumentó que el testimonio violaría el privilegio abogado-cliente y un acuerdo de confidencialidad. El foro primario concedió protección limitada a las comunicaciones con el representante legal del Hospital, pero denegó proteger otras comunicaciones bajo el acuerdo de confidencialidad. El Hospital recurrió esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Departamento de Hacienda presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Esta sentencia había revocado un Laudo de Arbitraje de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El laudo original desestimó una querella de una empleada, representada por la Unión de Trabajadores del Departamento de Hacienda. La querella impugnaba la denegatoria de una solicitud de examen para un puesto. El Departamento de Hacienda alegó que la CASP carecía de jurisdicción porque la querella no se tramitó a través de la Unión según el convenio colectivo. El árbitro de la CASP acogió este argumento. La Unión impugnó el laudo ante el TPI, el cual declaró Ha Lugar la impugnación, dejó sin efecto el laudo y ordenó arbitrar el asunto. El Departamento de Hacienda recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el cual expide el auto y confirma la sentencia recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por el Estado Libre Asociado (ELA) contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso trata sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo. El vehículo fue confiscado tras imputaciones por un delito de sustancias controladas contra su propietario, a pesar de que se emitieron determinaciones de no causa en las vistas preliminares. Popular Auto, que posee un gravamen sobre el vehículo, y su aseguradora, impugnaron la confiscación. Popular Auto solicitó sentencia sumaria, alegando ser un tercero inocente y que el ELA no cumplió con probar el vínculo del vehículo con un delito tras las determinaciones de no causa. El foro primario concedió la sentencia sumaria, declarando nula la confiscación, en parte por el incumplimiento procesal del ELA al oponerse. El ELA apeló, argumentando errores en la aplicación de doctrinas legales y en la determinación de tercero inocente. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia dictada por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400144. El recurso fue presentado por Iris Pellot Feliciano y otros contra Monsanto Caribe, LLC y otros. La apelación procede del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en un caso sobre daños intencionales, culposos y negligentes. La apelante demandó alegando que sus condiciones de salud fueron causadas por la exposición a químicos experimentales en su trabajo con Monsanto Caribe. Argumentó que no recibió información sobre los riesgos ni equipo de protección adecuado, lo que le provocó diversas afecciones médicas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la parte apelada, desestimando la demanda. La apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de Certiorari presentado por Elmer John Vélez Rodríguez. El peticionario solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que denegó una solicitud de sustitución de perito. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Vélez Rodríguez contra la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico tras un accidente laboral en 2017. En el informe de manejo de caso, Vélez Rodríguez anunció al Dr. Carlos Grovas como su perito. Posteriormente, se establecieron términos para la presentación de informes periciales y el descubrimiento de prueba, los cuales la parte peticionaria no cumplió diligentemente. En una etapa posterior, Vélez Rodríguez propuso sustituir catorce médicos peritos nombrados por el Dr. Grovas para consolidar la prueba. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" dicha solicitud de sustitución. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de Certiorari.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones atendiendo un recurso de Certiorari presentado por Onceiseis, Inc. La peticionaria solicita revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de una segunda demanda enmendada. Dicha demanda fue incoada por Eduardo J. Pellerano Nadal contra Onceiseis y otras entidades, alegando, entre otros, acción derivativa y violación de deberes fiduciarios. El documento describe el trámite procesal del recurso de Certiorari, incluyendo las mociones presentadas por las partes y las resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones. El recurrido, señor Pellerano Nadal, presentó oposición, argumentando que la demanda enmendada contiene hechos que sustentan la acción. Con la comparecencia de las partes, el Tribunal da por perfeccionado el recurso. Se procederá a evaluar los méritos de la petición de Certiorari, para lo cual se detallan los hechos atinentes al pleito principal. Se menciona el origen del caso y algunas alegaciones iniciales del demandante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de impugnación de confiscación. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apela la decisión que declaró con lugar la demanda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads. La controversia principal gira en torno a la confiscación de un vehículo y si el Estado cumplió con el término jurisdiccional de notificación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Estado no notificó la confiscación dentro de los treinta días siguientes a la ocupación del vehículo, ocurrida el 10 de abril de 2023. La notificación fue recibida por la Cooperativa el 22 de mayo de 2023, 38 días después. La Cooperativa, que financió el vehículo, también invocó la doctrina del tercero inocente. El Estado alegó notificación oportuna o una extensión del término por investigación criminal. El foro primario concluyó que no había controversia sobre el incumplimiento del término de notificación por parte del Estado.

Resumen:

Comparecen Liselie Reyes Martínez y otros dentistas ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para impugnar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia validó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria en el Colegio de Cirujanos Dentistas como requisito para mantener la licencia profesional. Los apelantes argumentaron que este requisito viola la libertad de asociación y que existen mecanismos menos onerosos para regular la profesión. El Colegio y el Gobierno defendieron la colegiación obligatoria como un interés apremiante del Estado para salvaguardar la salud pública. Tras analizar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación presentado por P \& P Getaways, LLC. El caso original es un cobro de dinero contra Zulma Pabón Rodríguez por cuotas de mantenimiento de condominio adeudadas desde 2008. P \& P, al no lograr el emplazamiento personal, solicitó al Tribunal de Primera Instancia autorización para emplazar por edicto. El tribunal primario denegó la solicitud de emplazamiento por edicto, al considerar que no cumplía los requisitos, y desestimó el caso con perjuicio. P \& P apeló esta determinación, alegando que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción y erró al no autorizar el emplazamiento por edicto y desestimar la demanda. La parte apelada no compareció en la apelación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del recurso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

La Sentencia resuelve las apelaciones presentadas por Raúl Sosa Morales y Félix León León contra una Sentencia Sumaria. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, ordenó a Sosa Morales, León León y Ángel Díaz Márquez pagar cuotas de mantenimiento. Estas cuotas corresponden al uso de facilidades recreativas y una cisterna ubicadas en el Condominio Costa Brava. El Consejo de Titulares del Condominio había demandado a estos residentes de la Urbanización Paseo de la Costa por deudas de mantenimiento. La obligación de pago se basaba en las condiciones restrictivas de la urbanización y el reglamento del condominio. El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor del Consejo de Titulares. Los apelantes solicitaron revocar esta decisión. El panel de jueces revisó el caso. Finalmente, la Curia confirma la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial en Puerto Rico que resuelve apelaciones presentadas por Raúl Sosa Morales y Félix León León. Ambos apelantes recurren una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Dicha sentencia sumaria declaró con lugar la solicitud del Consejo de Titulares del Condominio Costa Brava. El Consejo de Titulares demandó a los apelantes por el cobro de cuotas de mantenimiento adeudadas. Estas cuotas corresponden al uso de facilidades recreativas y una cisterna ubicadas en el Condominio Costa Brava. Los apelantes, residentes de la Urbanización Paseo de la Costa, fueron condenados al pago de dichas cuotas. Tras revisar los recursos, el panel judicial confirma la Sentencia Sumaria apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un Recurso de Certiorari. El recurso fue presentado por Keishla Marie Serrano Martínez contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución, emitida el 4 de abril de 2024, declaró con lugar una moción de anotación de rebeldía. La moción fue presentada por Daniel Serrano Zapata en un caso sobre revocación de donación y daños y perjuicios. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía contra la señora Serrano Martínez. Además, pautó una audiencia para el 19 de mayo de 2024. También concedió diez días a la señora Serrano Martínez para mostrar causa por la cual no se le debían imponer sanciones. La anotación de rebeldía se produjo luego de que el foro primario denegara una moción de desestimación presentada por la señora Serrano Martínez.

Resumen:

GIB Development, LLC apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Sentencia declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por Me Salvé, Inc. Me Salvé argumentó que un Acuerdo de Separación entre los dueños de ambas empresas contenía una cláusula de arbitraje aplicable. Me Salvé sostuvo que este acuerdo novó el Contrato de Arrendamiento original entre GIB y Me Salvé. La demanda original de GIB contra Me Salvé incluía cobro de dinero por cánones de arrendamiento y desahucio. El TPI desestimó la acción de cobro de dinero por entender que la disputa debía someterse a arbitraje según el acuerdo. También declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación de Reconvención presentada por GIB. GIB apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLCE202400214. GVS Puerto Rico, LLC compareció mediante certiorari para solicitar la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución, emitida en enero de 2024, denegó la Moción de Sentencia Sumaria presentada por GVS. El caso subyacente involucra reclamaciones de Dimas C. Albert Acevedo contra GVS por despido injustificado bajo la Ley 80, discrimen por edad y origen nacional bajo la Ley 100, represalias bajo la Ley 115 y daños. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado previamente la reclamación de daños, dejando pendientes las otras causas de acción. GVS presentó la moción de sentencia sumaria buscando la desestimación de las reclamaciones restantes. Tras examinar el recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto solicitado. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no dictar sentencia sumaria se mantiene.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó una petición de certiorari presentada por WAL-MART PUERTO RICO, INC. en un caso de desahucio en precario originado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. WAL-MART impugnaba una Orden del TPI que le requería contestar adecuadamente unos interrogatorios, extendía el descubrimiento de prueba y fijaba fechas para la continuación del proceso. La moción de reconsideración presentada por WAL-MART ante el TPI fue declarada no ha lugar. Tras evaluar el recurso de certiorari y la oposición de la parte recurrida, el Tribunal de Apelaciones determinó que no se justificaba su intervención. El panel no encontró que el TPI incurriera en abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error en la aplicación de normas procesales. No se demostró que intervenir en esta etapa evitara un perjuicio sustancial para la peticionaria. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la moción urgente en auxilio de jurisdicción y denegó la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Resolución sobre una petición de Certiorari. Planet Solar Antillas LLC impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de embargo preventivo y otros remedios provisionales. La Peticionaria buscaba asegurar una potencial sentencia por más de $147 millones en un caso de daños por violación a propiedad intelectual contra Bright Planet Solar, Inc. La solicitud de aseguramiento de sentencia se presentó tras una sentencia previa que ordenó a Bright Planet cesar el uso de la marca "Planet Solar" pero desestimó la reclamación de daños sin perjuicio. El foro primario celebró una vista evidenciaria sobre la solicitud de embargo. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud al concluir que Planet Solar no demostró la cuantía de los daños, no existía una sentencia con una suma líquida y exigible, ni probó el nexo causal entre los daños y los actos de la Recurrida. La Peticionaria solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar dicha Resolución. El Panel del Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado. Esta decisión confirma la negativa del foro primario a conceder el embargo preventivo y los remedios provisionales.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Los peticionarios, Aida Iris Capella Cabán y otros, solicitan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de relevo de sentencia presentada por los peticionarios. La sentencia original del TPI, de septiembre de 2024, había declarado Ha Lugar una demanda por incumplimiento de contrato. La demanda fue presentada por José Miguel Capella Quiñones contra los peticionarios. El caso de origen trata sobre el alegado incumplimiento de una opción de compraventa de una propiedad en Aguadilla. Según la demanda, Capella Quiñones cumplió con los pagos acordados y saldó una hipoteca como parte del precio de venta. A pesar de sus gestiones, los peticionarios se negaron a otorgar la escritura de compraventa y cancelar la hipoteca. El Tribunal de Apelaciones ha recibido la petición de Certiorari y la oposición del recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Ebed Cadmiel Villaronga, impugnó la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) de mantenerlo en custodia mediana. El CCT, en su resolución del 8 de abril de 2024, ratificó la custodia mediana. Fundamentó su decisión en la gravedad de los delitos del recurrente, su extensa sentencia de 242 años y 8 meses, y la existencia de un Detainer Federal. El manual de clasificación establece que los confinados con Detainer Federal deben permanecer en custodia mediana. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando su buen ajuste institucional y falta de querellas disciplinarias. El CCT denegó la reconsideración el 23 de mayo de 2024. Inconforme, el señor Villaronga presentó una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del CCT.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso surge de una querella presentada por consumidores contra Advance Solar Services, Inc. Los consumidores contrataron a la empresa para el diseño e instalación de un sistema solar con generador por \$29,995.00. Tras completarse la instalación y realizarse el pago total, el sistema comenzó a presentar problemas de funcionamiento. Luego de intentos fallidos para que la empresa corrigiera las fallas, los consumidores presentaron una querella ante el DACO. El DACO declaró Ha Lugar la querella, resolvió el contrato y ordenó a Advance Solar devolver la suma pagada de \$29,995.00. Adicionalmente, ordenó a la empresa remover todo lo instalado sin costo para los consumidores. Advance Solar apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, confirmó la Resolución emitida por el DACO.

Resumen:

Scarlet M. Vega Justiniano presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Dicha decisión declaró No Ha Lugar su solicitud de reconsideración a una determinación previa del DTRH. La determinación previa confirmó una resolución de una árbitro que la declaró inelegible a beneficios de desempleo. La ineligibilidad se basó en alegada conducta incorrecta y, principalmente, en su no comparecencia a una audiencia telefónica. La árbitro sostuvo haberla notificado debidamente de la fecha y hora de la audiencia. La recurrente impugnó la determinación, alegando no haber recibido notificación adecuada de la audiencia y haber buscado información en una oficina local. El DTRH confirmó la resolución de no comparecencia, indicando que se intentó contactarla sin éxito. Tras denegarse su reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones, donde el DTRH no presentó alegato en oposición.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la apelación presentada por Carlos G. Maldonado García contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia aceptó el veredicto de culpabilidad de un jurado y le impuso tres años de prisión por violar el Artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia Doméstica. Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2020, cuando Maldonado García supuestamente agredió física y psicológicamente a María de Lourdes Emanuelli, quien testificó haber tenido una relación consensual breve con él. La agresión incluyó halarla, empujarla al suelo causándole una herida, escupirla y proferir insultos. La víctima acudió a recoger pertenencias cuando ocurrió el incidente. Tras revisar el caso, el panel especial del Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una petición de Certiorari en un caso de divorcio por consentimiento mutuo. El peticionario, Luis Iván González Serrallés, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la pensión excónyuge de Alvilda Isabel Toro Casellas. La sentencia de divorcio de 2022 incluyó un estipendio mensual basado en capitulaciones y otros gastos (médicos, auto, celular) hasta la minoría extendida de los hijos. En enero de 2024, la recurrida notificó que no necesitaba el pago mensual debido a sus ingresos, conforme a lo pactado. El TPI inicialmente relevó al peticionario del pago de la pensión excónyuge. La recurrida solicitó aclaración, indicando que solo renunció al pago mensual, no a los otros gastos vinculados a la educación de los hijos. El TPI aclaró que el peticionario solo quedó relevado del pago mensual de \$2,500, manteniendo vigentes los demás términos de la pensión. El peticionario recurre esta aclaración, argumentando que la renuncia debió ser total. El Tribunal de Apelaciones evaluará la corrección de la Resolución del TPI.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Aileen Solís Machado en revisión judicial contra una resolución de la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La recurrente impugna la denegatoria de su solicitud de revisión de escala salarial, alegando errores en la apreciación de la prueba y en la conclusión sobre la obligación de la CFSE de conceder un ajuste salarial por equidad. Durante el proceso de revisión judicial, surgió la necesidad de reproducir la prueba testifical de las vistas administrativas. La recurrente solicitó a la Junta de Apelaciones copia de las grabaciones de los procedimientos. La Junta de Apelaciones informó al tribunal que no contaba con grabaciones previas al 28 de septiembre de 2022, fecha posterior a las vistas relevantes. Esta falta de grabaciones impide a la recurrente presentar la transcripción de los testimonios ante el foro apelativo. Ante esta situación, la señora Solís Machado solicitó la revocación de la determinación administrativa y la celebración de una nueva vista. La CFSE, al ser requerida por el tribunal para expresarse sobre la falta de grabaciones y la solicitud de la recurrente, presentó un escrito que no fue responsivo. El caso se centra en la revisión de una decisión administrativa sobre ajuste salarial y se complica por la imposibilidad de reconstruir el récord administrativo debido a la ausencia de grabaciones de las vistas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió indemnizaciones a la familia Guzmán por daños y angustias mentales tras un incendio en su hogar. El incendio, ocurrido en enero de 2010, fue alegadamente causado por un sistema de aire acondicionado defectuoso instalado por los apelantes. La demanda original por incumplimiento contractual y daños fue presentada en febrero de 2011. Los apelantes argumentaron que la causa de acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia había otorgado sumas por angustias mentales a cada miembro de la familia y por gastos de remodelación al matrimonio. El Tribunal de Apelaciones Revoca la Sentencia apelada. Declara prescritas las causas de acción de Bienvenido Guzmán Céspedes, Oneida Vázquez y Bienvenido Guzmán Vázquez. Además, modifica los daños por angustias y sufrimientos mentales concedidos a Rafael Yan Carlos Guzmán Severino.

Resumen:

Comparece María Angélica Berríos Rodríguez ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Busca dejar sin efecto una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en un caso de impericia médica. La demanda original fue instada contra el Hospital General Menonita y varios médicos por daños sufridos por su hija. Alega que su hija sufrió un diagnóstico tardío del Síndrome de Cauda Equina tras múltiples visitas a la sala de emergencias. La apelante imputa negligencia a varios doctores por no realizar exámenes adecuados ni ordenar pruebas necesarias. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda únicamente contra el Dr. Pérez Matamoros. La apelante recurre esta determinación que desestimó las reclamaciones contra los demás demandados. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma el dictamen recurrido.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de partición de herencia. La peticionaria, Irma Judith Díaz Hernández, solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró no ha lugar su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud buscaba impugnar una resolución previa que pospuso la adjudicación de su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El pleito subyacente trata sobre la división de la herencia de los padres entre la peticionaria y su hermano. Las reclamaciones de la peticionaria incluyen sentencias declaratorias sobre la extinción de la comunidad postganancial y la interpretación del testamento, así como propuestas específicas para la adjudicación de bienes. Su solicitud de sentencia sumaria parcial reiteraba estos puntos, destacando cláusulas testamentarias sobre la adjudicación y posibles penalidades por impugnar la voluntad del causante. El Tribunal de Primera Instancia decidió aplazar la decisión sobre estos complejos asuntos presentados en la moción de sentencia sumaria y posteriormente denegó la reconsideración de esa decisión. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima la petición de certiorari. La desestimación se fundamenta en la determinación de que el Tribunal carece de jurisdicción para revisar la resolución impugnada en esta etapa procesal.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202400619, un recurso de Certiorari. Los peticionarios, Pedro, Wanda y Zulma Collado Orta, solicitaron la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden les requería consignar en una unidad de cuentas los ingresos generados por alquileres de Airbnb de una propiedad. El litigio subyacente es una demanda de adjudicación de título y daños y perjuicios entre hermanos. Los peticionarios reclaman ser los verdaderos dueños de una propiedad registrada a nombre de otros hermanos, mientras el recurrido presentó una reconvención por daños y perjuicios y beneficios de Airbnb. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de Certiorari. Finalmente, el panel decidió denegar la expedición del recurso. Esta denegatoria mantiene vigente la orden del Tribunal de Primera Instancia sobre la consignación de los fondos de Airbnb.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Roberto Velázquez Ramos y otros, solicitando la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha orden declaró "No Ha Lugar" su petición para emplazar por edictos a la codemandada Amarilis Cruz Meléndez en un caso de cobro de dinero y daños. Los peticionarios habían presentado una demanda alegando incumplimiento de contrato de alquiler, falta de pago de cánones y daños a la propiedad arrendada. Tras intentos infructuosos de emplazar personalmente a la demandada, solicitaron el emplazamiento por edictos, aportando una declaración jurada sobre las gestiones realizadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud inicial y una posterior reconsideración. Los peticionarios recurrieron en certiorari, argumentando que el foro primario erró al negar el emplazamiento por edictos a pesar de las diligencias documentadas. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Consideró que el Tribunal de Primera Instancia erró en su determinación. Por tanto, revocó la orden recurrida, permitiendo el emplazamiento por edictos.

Resumen:

El documento detalla una disputa de propiedad que involucra a Rafael Angel Nater Lopez y la sucesión de Francisco Negrón Santiago. Nater Lopez adquirió propiedad de Negrón Santiago y litigó exitosamente para anular una venta previa realizada por el causante. Una sentencia judicial reconoció la titularidad del 50% de Nater Lopez y ordenó la cancelación de la inscripción de la venta previa. Nater Lopez registró su participación pero encontró dificultad para registrar el 50% restante, adquirido de los herederos, por falta de una Declaratoria de Herederos. Consecuentemente, Nater Lopez presentó una petición de Declaratoria de Herederos para Negrón Santiago ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición sin perjuicio, al encontrar que Nater Lopez carecía de información suficiente sobre los herederos e incumplió requisitos legales. El Tribunal de Primera Instancia denegó posteriormente la solicitud de reconsideración de Nater Lopez. Esto describe el trasfondo procesal que conduce a la acción actual ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones, mediante resolución emitida el 25 de junio de 2024 en el caso KLCE202200769, atendió una Moción Solicitando Desistimiento. Dicha moción fue presentada el 20 de junio de 2024 por la peticionaria, la División de Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores. En respuesta a la solicitud, el Tribunal ordenó el archivo y cierre del expediente. La determinación se basa en un desistimiento con perjuicio. Esta acción se fundamenta en lo dispuesto por la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La resolución fue acordada por el panel de jueces y debidamente certificada por la Secretaria del Tribunal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El recurso fue presentado por Benjamín Rivera Rivera contra Annette Milagros Pérez Colón. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El punto central de la apelación es la determinación del foro primario sobre el "hogar seguro". El TPI concedió el divorcio, otorgó la custodia a la madre y designó la residencia ganancial como hogar seguro para la hija menor hasta que culmine sus estudios. El padre apeló, alegando errores en la concesión del hogar seguro, incluyendo falta de evidencia y violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Por los motivos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso presentado por Paseos Las Palmas Homeowners' Association, Inc. (PPHA). PPHA apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Paseos de Dorado Property Owners' Association, Inc. (PDPOA). La demanda original buscaba una sentencia declaratoria y cobro de dinero, alegando que PDPOA cobraba cuotas de mantenimiento en exceso. PPHA sostenía que el pago de las cuotas debía ser proporcional al total de unidades de cada proyecto residencial según la Escritura Núm. 7. El Tribunal de Primera Instancia, *motu proprio*, desestimó la demanda con perjuicio. El TPI concluyó que PDPOA cobraba las cuotas conforme a la Escritura Núm. 7 y que dicha cláusula no era contraria a la ley. Determinó que la demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio. PPHA apeló, argumentando errores del TPI al negar el debido proceso y desestimar el caso *sua sponte*. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de cobro de dinero. El Departamento de Educación apeló la Sentencia en rebeldía dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres y Alexandra Colón González demandaron al Departamento para ejecutar una resolución administrativa. Dicha resolución imponía al Departamento el pago de multas administrativas y una compensación monetaria. El proceso judicial en primera instancia incluyó demoras y correcciones en el diligenciamiento de los emplazamientos. La parte demandante solicitó la rebeldía y sentencia al no recibir contestación. El Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia en rebeldía, desestimando una moción posterior del Departamento que alegaba falta de emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones adelanta en esta Sentencia que revoca el dictamen emitido por el foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre cobro. Las partes son Ahmed Nevárez Ruiz como apelado y la Sucesión José R. Marrero Figueroa como apelantes. El caso se originó por una demanda de Nevárez Ruiz reclamando la devolución de \$60,000.00 pagados por un alegado contrato de opción de terreno. Nevárez Ruiz sostuvo que la opción no se ejerció por incumplimiento de la otra parte. La Sucesión Marrero Figueroa argumentó que el acuerdo era un contrato de compraventa y que Nevárez Ruiz abandonó el proyecto. Nevárez Ruiz presentó una moción de sentencia sumaria parcial por la cantidad reclamada. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia a favor de Nevárez Ruiz. La Sucesión apeló dicha Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

Comparece ante este foro el Sr. Ángel M. Santiago Bernier solicitando la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó el reclamo presentado por la Sra. Kiara Del Valle Morales en su contra, pero le denegó la imposición de costas y honorarios de abogado. La Sra. Del Valle había demandado a su empleador y al Sr. Santiago por hostigamiento laboral, despido injustificado y daños. El Sr. Santiago solicitó la desestimación de la demanda en su contra personalmente, argumentando insuficiencia de alegaciones y falta de agotamiento de remedios administrativos. Tras varios incidentes procesales, incluyendo una demanda enmendada, el foro primario emitió la Sentencia Parcial apelada. El Sr. Santiago recurrió ante este panel para revisar esa decisión. Por los fundamentos expuestos, este tribunal confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Camarero Race Track Corporation apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar \$112,816.00 a José Antonio López Camacho. La Demanda original fue por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que el caballo del señor López Camacho, Charming Tam, se lesionó gravemente en la pista del Hipódromo Camarero debido a su condición insegura. El demandante sostuvo que Camarero conocía los problemas de la pista y no los corrigió, causando la pérdida del valor del caballo y ganancias potenciales. Camarero negó negligencia, afirmó que la pista estaba en buen estado y argumentó que las lesiones son un riesgo inherente de la actividad hípica. El Tribunal de Primera Instancia encontró a Camarero responsable y ordenó la indemnización. Camarero solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones adelanta la confirmación de la Sentencia apelada.