Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 56)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. Universal impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de sentencia sumaria en un caso de incumplimiento de contrato. La demanda fue incoada por el Dr. Porfirio Rodríguez González tras la denegación de cubierta y defensa por parte de Universal bajo una póliza de responsabilidad. La reclamación original surgió de la caída de una residente en el hogar de envejecientes administrado por el Dr. Rodríguez González en 2014. Universal argumentó para la sentencia sumaria la aplicación de la doctrina de res judicata, basada en una sentencia previa en otro pleito relacionado. Alternativamente, Universal sostuvo que la reclamación estaba excluida por la póliza al alegarse negligencia en la prestación de servicios. El TPI denegó la solicitud de Universal, concluyendo que existían controversias sobre hechos medulares. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por Universal. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del TPI que denegó la sentencia sumaria.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación en una acción reivindicatoria. La apelada, propietaria legal de un inmueble desde 1985, demandó a su hermano y cuñada (apelantes) por ocupar la propiedad y construir una edificación sin su autorización. Los apelantes alegaron acuerdos verbales para un intercambio de solares y permiso para construir, lo cual la apelada negó. La apelada solicitó la devolución de la posesión del inmueble. Las partes estipularon la aplicación del Código Civil de 1930 y la doble mala fe. La apelada optó por hacer suya la edificación pagando su valor, deduciendo las contribuciones sobre la propiedad pagadas y adeudadas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la apelada, ordenando la devolución del inmueble condicionada al pago de \$71,641 por la edificación, menos los impuestos. Los apelantes recurrieron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de alimentos. Mirelis Alejandro Colón solicitó pensión alimentaria para su hijo de 18 años contra Norberto Carlos Figueroa. Las partes se divorciaron en Illinois, donde una orden de alimentos cesó al cumplir el hijo los 18 años. La apelante argumentó que, residiendo el hijo en Puerto Rico, donde la mayoría de edad es 21 años, procedía una nueva reclamación de alimentos bajo la ley local. El apelado y el foro primario sostuvieron que, bajo la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos para la Familia (Ley 103-2015), los tribunales de Puerto Rico carecen de jurisdicción para extender la duración de una obligación de alimentos ya expirada según una orden de otro estado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. Tras revisar los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar dicho dictamen.

Resumen:

Se resuelve una apelación contra la denegatoria de libertad bajo palabra por parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El recurrente, sentenciado por asesinato en primer grado a 111 años, solicitó la revocación de la resolución que le negó el privilegio. Alegó haber presentado un plan de salida estructurado con información sobre vivienda, empleo y amigo consejero, cumpliendo con los requisitos. La JLBP denegó la solicitud basándose en que la oferta de empleo y el amigo consejero no fueron corroborados por el Departamento de Corrección. Además, la Junta consideró un informe de evaluación psicológica que señalaba factores de riesgo como pobre introspección e impulsividad. La naturaleza extremadamente violenta del delito y la falta de arrepentimiento genuino también influyeron en la decisión. El recurrente ha cumplido 12 años de su sentencia. El tribunal, tras revisar los fundamentos, confirma la determinación de la JLBP de negar la libertad bajo palabra.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) sobre la jurisdicción para reconsiderar la libertad bajo palabra del recurrente, Carlos Luis Cáceres Pizarro. El recurrente cumplía una larga sentencia y había gozado del privilegio de libertad bajo palabra, el cual fue revocado en 2021 por violación de condiciones. Un recurso anterior ante este Tribunal resultó en la revocación de la decisión de la JLBP y la devolución del caso para una nueva vista final sobre la revocación. Tras la nueva vista en 2022, la JLBP nuevamente revocó el privilegio de libertad bajo palabra. Posteriormente, el recurrente solicitó una nueva consideración para libertad bajo palabra. En febrero de 2024, la JLBP celebró una vista y emitió una resolución determinando que carecía de jurisdicción para considerar nuevamente la libertad bajo palabra. La JLBP fundamentó su decisión en su reglamento, el cual establece que en casos revocados por violación de condiciones, el peticionario debe cumplir la mitad del remanente de su sentencia para que la Junta adquiera jurisdicción. El recurrente apeló esta determinación de falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó la resolución de la JLBP. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirma la resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Alvin Hermina Venes contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Hermina Venes, confinado, recurre por derecho propio solicitando la revisión de una respuesta administrativa del DCR. El recurrente había presentado solicitudes de remedio administrativo pidiendo una almohada, alegando condiciones de salud. La División de Remedios Administrativos del DCR respondió que las almohadas estaban ordenadas pero no disponibles y no podían recibirse por visita. Inconforme, Hermina Venes presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consideró las comparecencias de las partes, incluyendo un escrito del Procurador General. Tras examinar el recurso, el Tribunal enfatiza la importancia de la jurisdicción como requisito fundamental. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal resuelve desestimar el recurso de revisión administrativa. La desestimación se basa específicamente en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en un caso de cobro de dinero. El recurso fue presentado por un abogado que reclamaba el pago de honorarios profesionales adeudados por un cliente fallecido. La demanda original, radicada en el Tribunal de Primera Instancia, fue contra las herederas del cliente. El abogado reclamaba \$1,544.00 más costas y honorarios. El Tribunal de Primera Instancia concedió solo algunas de las partidas reclamadas como costas. El abogado apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El panel especial del Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Sánchez Ramos, Rivera Torres y Salgado Schwarz, revisó el recurso. Mediante resolución de 23 de julio de 2024, el Tribunal de Apelaciones decidió declinar la invitación del peticionario a intervenir con la decisión recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de Certiorari en un pleito de custodia sobre la matrícula escolar de un menor de 11 años con necesidades especiales. La Madre solicitó que el menor continuara en su colegio actual, Hollands Academy, destacando su programa individualizado y la estabilidad que le ofrece. El Padre se opuso, alegando incapacidad económica para costear su parte y mencionando una opinión previa que cuestionaba la idoneidad de la escuela, pero sin proponer una alternativa. Ante la falta de acuerdo y la cercanía del inicio escolar, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó que el menor continuara matriculado en la escuela actual. El TPI consideró la fecha tardía de la objeción, el posible cambio abrupto y la dificultad de encontrar una escuela adecuada a las necesidades del menor. Ninguna de las partes solicitó oportunamente la reconsideración o revisión de esta primera determinación del TPI. Posteriormente, el Padre reiteró su incapacidad económica y solicitó la reconsideración de una orden que mantenía la decisión original. El Tribunal de Apelaciones concluye que no procede intervenir con lo actuado por el TPI. La decisión se fundamenta en que ninguno de los padres colocó al TPI en posición de ordenar oportunamente la matrícula en una escuela distinta.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un caso de liquidación de comunidad de bienes post ganancial. La peticionaria, Cynthia S Del Valle García, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó al recurrido, Jean Michael Bodner Vergara, a firmar un contrato de opción a compra de un inmueble sin su firma. El inmueble pertenece a la comunidad de bienes surgida tras la disolución de su matrimonio. El recurrido había solicitado la autorización argumentando la necesidad de liquidar los bienes y la urgencia de la venta para obtener una ganancia considerable. La peticionaria se opuso a la venta, solicitando que la propiedad fuera designada como Hogar Seguro para el menor hijo de las partes. También mencionó una solicitud de reconsideración previa relacionada con créditos otorgados al recurrido en la liquidación. El recurrido, además, pidió que la peticionaria pagara la mitad de la hipoteca y mantenimiento mientras la propiedad no se venda. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de la peticionaria y autorizó el contrato de opción. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y educación especial de una menor. La controversia principal giraba en torno a la escuela donde debía matricularse la menor, quien requiere servicios de educación especial. La madre favorecía una escuela privada, mientras que el padre abogaba por una escuela pública especializada. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar informes sociales y argumentos, determinó que la menor debía matricularse en la escuela pública Petra Román Vigo. La madre recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba documental, incluyendo informes sociales que detallaban el historial académico y las necesidades de la menor. Se señaló que un informe inicial no sugería cambio de escuela y que un informe complementario indicaba problemas de ausentismo y bajo rendimiento en la escuela privada donde la madre la matriculó. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario no abusó de su discreción al ordenar la matriculación en la escuela pública. Por tanto, se denegó expedir el recurso solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Nelio Hernández de la Rosa y otros contra el Gobierno de Puerto Rico. La parte apelante recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. Dicha demanda buscaba compensación por violación de derechos civiles, daños y perjuicios, y reivindicación de propiedad. Los apelantes alegaron que la Policía de Puerto Rico incautó ilegalmente su vehículo en abril de 2021 y luego dispuso de él sin seguir el debido proceso de ley ni la Ley Uniforme de Confiscaciones. El Gobierno solicitó la desestimación argumentando que la acción estaba prescrita. Sostuvo que la notificación al Estado se realizó fuera del término de 90 días y la demanda excedió el plazo de un año del Código Civil. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y confirmó la Sentencia apelada. En consecuencia, se mantiene la desestimación con perjuicio de la acción presentada por la parte apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de certiorari presentado por Universal Insurance Company. Universal solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un pleito sobre daños y perjuicios. El caso original fue instado por los esposos Rosado-Laureano tras un accidente sufrido por el señor Rosado al resbalar en una rampa húmeda en San Juan. Inicialmente, el foro primario dictó Sentencia Sumaria Parcial a favor de Universal, desestimando el pleito en su contra al concluir que su póliza no cubría el lugar del incidente. Posteriormente, el foro primario declaró Ha Lugar una Moción de Reconsideración presentada por los demandantes. Esta reconsideración dejó sin efecto la Sentencia Sumaria Parcial que había desestimado la reclamación contra Universal. Universal acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar esta última resolución. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Universal Insurance Company.

Resumen:

Este foro deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Le Paris Estethic, Inc., Raymond Rodriguez Santos y Magaly Uribe Campos. La parte peticionaria buscaba revisar una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Mediante dicha Orden, el foro primario declaró no ha lugar a una solicitud de anotación de rebeldía. La solicitud de rebeldía fue instada por la parte peticionaria contra el tercero demandado, José Ortiz Rivera. Este litigio se originó con una demanda por cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentada contra los peticionarios. Los peticionarios presentaron una reconvención y demanda contra tercero, incluyendo al señor Ortiz Rivera. Tras intentar emplazar al tercero, los peticionarios solicitaron y obtuvieron autorización para emplazamiento por edicto. Al no contestar el tercero dentro del término, los peticionarios pidieron la anotación de rebeldía. El señor Ortiz Rivera compareció posteriormente solicitando la desestimación sumaria de la demanda contra tercero. El foro primario denegó la anotación de rebeldía, lo que motivó el recurso ante este panel, el cual ha sido denegado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre pensión alimentaria. Justin Anthony Verrengia apeló la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que fijó su obligación de alimentos para la menor Q.Y.S.V. La señora DC Verrengia inició el pleito solicitando, entre otros, alimentos para la menor. El proceso incluyó la fijación de pensiones provisionales tras vistas ante una Examinadora de Pensiones Alimentarias. Se intentó descorrer el velo corporativo de una empresa del apelante para determinar sus ingresos, solicitud que fue denegada, aunque se hicieron hallazgos sobre su control financiero. La Resolución apelada adoptó el informe final de la examinadora y estableció la pensión definitiva. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado por el señor Verrengia como apelación. El Panel XI del Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución del foro primario que fijó la pensión alimentaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN202400381. Se revisó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en una demanda por daños y perjuicios. El apelante, Oscar Ríos Rivera, demandó a Bayamón Medical Center (BMC) y otros tras ser agredido por un compañero de trabajo en el empleo. La demanda imputaba a BMC negligencia en políticas, contratación y supervisión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra BMC. La desestimación se basó en la inmunidad patronal que cubre a BMC bajo la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). BMC argumentó que el incidente constituía un accidente de trabajo cubierto por la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El Tribunal de Apelaciones analizó los fundamentos de la decisión de instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada. Esto valida la desestimación de la demanda contra BMC por estar cobijado por la inmunidad patronal.

Resumen:

El caso se origina en una demanda de ejecución de hipoteca y cobro de dinero presentada por Wilmington Savings Fund Society contra la sucesión de Aida Aurora Ortiz Cheveres. Los herederos conocidos de la causante repudiaron la herencia. Isabel Freiría de Álvarez compareció en el proceso, alegando ser legataria de la propiedad hipotecada mediante testamento ológrafo. Solicitó al Tribunal de Primera Instancia la anulación de la sentencia y ser acumulada como parte demandada. El foro primario declaró No Ha Lugar ambas peticiones. La señora Freiría de Álvarez presentó un recurso de apelación contra dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión presentado por Bombas y Soluciones, LLC contra el Municipio Autónomo de Toa Baja. La recurrente solicitó la revisión de la adjudicación de la Subasta Formal Número 16 del Año Fiscal 2023-2024 a favor de Universal Equipment Sales & Service Corp. Dicha subasta se refería a la compra de equipos para la restauración de la piscina olímpica municipal. El Tribunal resolvió desestimar el recurso de revisión presentado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal. La parte recurrente incumplió con las disposiciones reglamentarias aplicables para el perfeccionamiento del recurso. No se colocó al Tribunal en posición de atender y resolver el reclamo al no cumplir con los requisitos procesales. Se cita la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones como base para la desestimación por incumplimiento. La sentencia enfatiza la obligación de las partes de cumplir rigurosamente con las normas para la tramitación de recursos apelativos. El Tribunal prescindió de la comparecencia de la parte recurrida.

Resumen:

Luis Hiram Quiñones Santiago solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) copia de un informe enviado a la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente necesitaba el informe tras serle denegada la libertad bajo palabra por supuestamente carecer de un plan de salida. Presentó una solicitud administrativa al DCR, la cual fue denegada. El DCR indicó que el informe se había enviado a la Junta para posibles acciones correctivas, pero no le entregó copia. Quiñones Santiago solicitó reconsideración, argumentando que necesitaba el informe para acudir al tribunal por derecho propio. El DCR denegó la reconsideración, basándose en un manual interno que supuestamente no autorizaba la entrega. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa del DCR y, mediante sentencia, revocó la decisión recurrida.

Resumen:

Se presentó un recurso de Certiorari impugnando dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia relativas a la aprobación y cálculo de costas conforme a la Regla 44. La primera resolución, del 22 de mayo de 2024, denegó una reconsideración sobre un memorando de costas, exigiendo evidencia de desembolsos y supuestamente permitiendo la impugnación tardía de costas por la parte contraria. Los peticionarios alegan que esto violó las reglas procesales y constituyó un abuso de discreción. La segunda resolución, del 20 de junio de 2024, denegó una reconsideración sobre costas periciales, reduciéndolas y eliminando costas por emplazamiento a pesar de la evidencia presentada. Los peticionarios sostienen que esta decisión fue arbitraria y parcializada. El tribunal apelativo solicitó la posición de la parte recurrida y ordenó a los peticionarios mostrar causa sobre la oportunidad de la impugnación a la resolución del 22 de mayo. Los peticionarios respondieron, afirmando que el Certiorari fue presentado a tiempo. El documento detalla las quejas de los peticionarios sobre el manejo de las costas por el TPI y los pasos procesales ante el tribunal apelativo.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial sobre la revisión de pensión alimentaria excónyuge. El Sr. Gines Antonio Martínez Mangual apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una pensión de $\$ 1,869.71$ mensuales a favor de su excónyuge, Sra. Maribel Deliz Jiménez, retroactiva a agosto de 2022. La apelada solicitó la revisión de una pensión previamente fijada para incluir un gasto de vivienda modificado. El apelante se opuso, argumentando que el asunto de la vivienda ya había sido considerado y que la apelada poseía bienes suficientes de la liquidación de la sociedad de gananciales. El Tribunal de Primera Instancia procedió a revisar la pensión y emitió la Resolución apelada. Tras revisar los fundamentos, el panel judicial REVOCÓ la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLCE202400593. La sentencia resuelve un recurso de certiorari presentado por Melmary Aguilar Ríos. La Sra. Aguilar solicitó la revocación de una Orden de Protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha orden fue solicitada por Isaelys A. Vega Carballo y Miguel Rosario Torres al amparo de la Ley contra el Acecho (Ley 284-1999). Los señores Vega-Rosario alegaron haber sido víctimas de un patrón de acecho por parte de la Sra. Aguilar, incluyendo amenazas, persecución y comunicaciones no deseadas. El Tribunal de Primera Instancia emitió la orden de protección de manera ex parte, determinando que existía un patrón de acecho y un riesgo inmediato a la seguridad de los peticionarios. La orden impuso diversas restricciones a la Sra. Aguilar, como abstenerse de acosar, acercarse a la propiedad o negocio de los peticionarios, y contactarlos por diversos medios. Tras examinar el recurso y la prueba, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden de protección recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. Los apelantes, Nereida Vargas Matos y su familia, demandaron al Hospital Metropolitano Dr. Tito Mattei de Yauco y al Dr. Juan Pillot Costas, entre otros. Alegaron que Nereida Vargas Matos sufrió daño neurológico permanente debido a tratamiento negligente y tardío tras presentar síntomas de infarto agudo en septiembre de 2015. La demanda sostenía que hubo demoras significativas en el diagnóstico y la consulta con un neurólogo. El Tribunal de Primera Instancia en Ponce desestimó la demanda contra el Dr. Pillot Costas, al no encontrar prueba de negligencia o desviación del estándar de cuidado. Los apelantes recurrieron esta decisión solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones resuelve modificar el dictamen apelado y, así modificado, confirmarlo. El documento detalla el historial procesal y los fundamentos fácticos de la reclamación original.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El apelante, Daniel Khodorkovsky, recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su reclamación contra Boris Katz mediante sentencia sumaria. El foro primario determinó que la deuda era corporativa y no personal de Katz. El apelante alegó que la responsabilidad personal de Katz debía dirimirse en juicio. Al presentar la apelación, el apelante solicitó una extensión para someter el apéndice requerido por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal concedió una extensión de quince días, con fecha límite el 11 de julio de 2024. Sin embargo, el apelante no presentó el apéndice dentro del término concedido. El incumplimiento con la Regla 16(E) del Reglamento impide la función revisora del Tribunal. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones procede a disponer del asunto debido a la falta de cumplimiento del apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La controversia surge de una demanda por incumplimiento de contrato de seguros presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Portal de Sofía contra Triple-S Propiedad, tras los daños causados por el Huracán María. El Consejo de Titulares solicitó una sentencia sumaria parcial, argumentando que un estimado de daños actualizado de Triple-S por \$419,544.41 constituía una deuda líquida y exigible. Triple-S se opuso, alegando que la deuda no era líquida ni exigible debido a la falta de aceptación de la oferta por parte del Condominio y supuestas alegaciones fraudulentas. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial. El Consejo de Titulares recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una impugnación presentada por el ganadero lechero Jesús R. Díaz González contra la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). La ORIL había ordenado al Sr. Díaz González pagar más de \$16,000 por el costo del decomiso de leche contaminada con bacterias. Este costo incluía su leche y la de otros ganaderos en el mismo tanque, a ser cobrado mediante descuentos de sus ventas futuras de leche. El Sr. Díaz González presentó una querella ante la ORIL, alegando violaciones al debido proceso y la ausencia de resultados específicos de pruebas bacterianas en la orden de cobro. La ORIL declaró No Ha Lugar su querella, confirmando la orden de cobro y ordenando la reanudación de los descuentos. La ORIL defendió su decisión, indicando que la muestra de leche del ganadero excedió el límite bacteriano con 4,000,000 colonias/ml y citando el cumplimiento reglamentario. El Sr. Díaz González apeló entonces la resolución final de la ORIL ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal consideró los argumentos presentados por ambas partes sobre el decomiso de leche y la orden de cobro. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar el dictamen final de la ORIL.

Resumen:

Ricardo Laureano Bermúdez, confinado cumpliendo sentencia por delitos cometidos en 1989, solicitó revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugna la denegatoria del DCR a su participación en programas de desvío, como el Programa Extendido con Monitoreo Electrónico y Programas Comunitarios. El DCR denegó la solicitud argumentando que estos programas no existían al momento de la comisión de los delitos en 1989, por lo que el confinado no tenía expectativa de beneficiarse de ellos. Laureano Bermúdez alega que el DCR erró al basar la decisión únicamente en la fecha de los hechos, sin considerar sus méritos de elegibilidad y buen ajuste institucional. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del DCR. La sentencia indica que procede confirmar la determinación recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado en un caso de divorcio. La peticionaria, Gabriela Cristina Sosa Dawson, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para que el recurrido, Richard Omar Darmanin Serrano, continuara aportando a los gastos de vivienda de los hijos menores. El TPI determinó que, al haberse establecido custodia compartida a tiempo igual, los gastos de vivienda no se consideran gastos suplementarios bajo las Guías Mandatorias. Argumentó que las pensiones alimentarias son modificables y que ordenar dicho pago iría en contra del principio de proporcionalidad. La peticionaria señaló errores del TPI al no imponer el pago de vivienda a pesar de un acuerdo previo y al dejar sin efecto un contrato transaccional. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de retracto de comuneros. La apelante, Dawn Marie Almeyda Collazo, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su demanda. Como comunera de una herencia, la Sra. Almeyda Collazo intentó ejercer su derecho de retracto legal. Buscaba adquirir la participación hereditaria vendida por otra comunera a un tercero ajeno a la comunidad. La apelante alegó haber actuado diligentemente tras conocer la venta y solicitó consignar el precio. Las apeladas argumentaron que la apelante tenía conocimiento previo de las negociaciones de venta. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la demanda de retracto. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia apelada. La decisión implica que el Tribunal de Apelaciones encontró mérito en la apelación de la Sra. Almeyda Collazo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Carmen M. Ríos Negrón contra el Hospital General Menonita y otros. El caso original trata sobre daños y perjuicios por una caída sufrida en el hospital. La Peticionaria solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para enmendar la demanda. Dicha enmienda tenía el propósito de incluir como codemandados al contratista encargado del mantenimiento del hospital y su aseguradora. El Hospital Menonita había identificado previamente al contratista como posible responsable y presentó una demanda contra tercero, la cual luego desistió voluntariamente. La Peticionaria argumentó que el contratista era una parte necesaria para el pleito. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Revocó la Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la enmienda a la demanda. En consecuencia, ordenó devolver el caso al foro primario para que continúen los procedimientos conforme a lo resuelto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Denisse Bonilla Sánchez. La apelación provenía de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Oriental Bank. El Tribunal de Primera Instancia había declarado Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Oriental Bank. Dicha sentencia ordenaba el pago total de la deuda hipotecaria o la venta de la propiedad en pública subasta. Oriental Bank demandó en 2021 alegando incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario. La señora Bonilla Sánchez contestó negando los hechos y alegando una moratoria y rechazo de pagos posteriores. Oriental Bank refutó sus alegaciones, indicando que los pagos parciales fueron devueltos. Tras varios trámites, Oriental Bank solicitó sentencia sumaria, la cual fue concedida por el TPI. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el recurso, confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

Constructores Gilmar, Inc. apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Iglesia Pentecostal Buscad el Reino de Dios y Su Justicia, Inc. La demanda original buscaba cobro de dinero e indemnización por incumplimiento de un contrato de reparaciones post-Huracán María. El foro primario desestimó el caso al considerar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) eran partes indispensables. El Tribunal de Primera Instancia razonó que, al proveer FEMA la mayoría de los fondos, una decisión podría afectar dicho dinero. Gilmar argumentó en apelación que FEMA y COR3 no son partes del contrato, no tienen interés propietario en la obra y no se les reclama nada, por lo que no son partes indispensables. El Tribunal de Apelaciones anticipa que revocará la Sentencia apelada. La controversia gira en torno a la aplicación de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil sobre partes indispensables y el debido proceso de ley.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio y pensión alimentaria. La peticionaria, Perymar Rodríguez Rivera, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de abril de 2024. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una solicitud de desacato y fijó una pensión alimentaria provisional. El recurso se acoge como un certiorari. El caso se origina en un pleito de divorcio que involucra la pensión alimentaria de dos hijos, uno menor y otro que alcanzó la mayoría de edad. Se detalla el historial de fijación de pensión, una estipulación posterior y la solicitud del padre para relevarse de la pensión del hijo mayor de edad. Surgió una controversia sobre la jurisdicción, ya que las partes se mudaron a Florida, donde se inició otro caso. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones considera un recurso presentado por Billy Crespo Rivera contra resoluciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. El señor Crespo Rivera solicitó la revisión de ocho multas de tránsito, pero el foro primario declaró No Ha Lugar su petición. Posteriormente, su moción de reconsideración también fue denegada. Inconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un escrito acogido como certiorari. En su recurso, alega errores del tribunal de instancia, incluyendo la violación a su derecho a un juicio justo e imparcial y la falta de fundamentación en la denegatoria de la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso y los criterios para la expedición de un auto de certiorari, resuelve denegar la expedición del mismo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa mediante Certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. El caso se originó con una demanda por daños y enriquecimiento injusto relacionada a un contrato de arrendamiento, presentada por Zaribel Ortiz Sierra contra Good Vibes Gastronomic, Inc. y Shaquille Sánchez Tanco. Los demandados presentaron una contestación y una reconvención conjunta contra la demandante. La demanda original fue desestimada contra Shaquille Sánchez Tanco. Posteriormente, la demandante solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando falta de legitimación activa tras la desestimación de Shaquille Sánchez Tanco. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de desestimación de la reconvención. Zaribel Ortiz Sierra recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega el Certiorari solicitado por la peticionaria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión administrativa. Yolanda Aponte Quiñones impugna la decisión del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). La decisión confirmada declaró a la recurrente inelegible para recibir beneficios del programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA) bajo la Ley CARES. El Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) determinó inicialmente la inelegibilidad por falta de documentación suficiente que acreditara empleo o trabajo por cuenta propia afectado por la pandemia. Una árbitro del DTRH confirmó esta determinación, señalando la ausencia de planillas de contribución sobre ingresos para los años relevantes y la falta de un Registro de Comerciante. La decisión del Secretario del DTRH ratificó la inelegibilidad, basándose en las admisiones de la recurrente sobre la falta de dichos documentos. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la determinación recurrida. La sentencia valida la denegación de los beneficios PUA a la señora Aponte Quiñones.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por el confinado Wilfredo G. Santos Vázquez. El recurrente impugna una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que lo encontró incurso en faltas disciplinarias. El DCR le impuso una sanción de cincuenta días de suspensión de privilegios por desobedecer una orden directa e interferir con un registro. El incidente ocurrió durante un registro rutinario, donde el confinado supuestamente se mostró disruptivo y rehusó seguir instrucciones. Oficiales testificaron que el recurrente fue desafiante, desobedeció órdenes de guardar silencio y levantarse, se resistió a ser restringido y rechazó servicios médicos. El confinado ofreció su versión, indicando que intentaba hablar con un sargento sobre el registro de su celda y fue agarrado innecesariamente por un oficial. Alegó además que la querella disciplinaria fue extemporánea y carecía de detalles. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida del DCR.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Solicitud de Revisión Judicial. Jonathan Sierra De Jesús impugna una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicitó que la Oficina de Comunidad del DCR evaluara un hogar viable para su plan de salida bajo la Junta Libertad Bajo Palabra. El DCR respondió que el hogar fue sometido a investigación por el Negociado de Comunidad Central. Sierra De Jesús pidió reconsideración, alegando falta de seguimiento a una investigación previa. El DCR denegó la reconsideración, indicando que los informes fueron enviados a la Junta y que él estaba bajo su jurisdicción. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el DCR no confirmó comunicación con la oficina local ni se realizó la visita. El tribunal ha iniciado el proceso de revisión, solicitando documentos y la posición del DCR.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. Los peticionarios impugnan una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de supresión de evidencia. Los casos subyacentes involucran cargos por delitos de sustancias controladas y armas. La defensa solicitó suprimir evidencia ocupada tras una detención y registro vehicular, alegando ilegalidad. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista evidenciaria, denegó la moción, otorgando credibilidad al testimonio de un sargento que afirmó haber observado un rifle y drogas a simple vista. Los peticionarios recurren, argumentando que el testimonio del sargento es inverosímil y contradictorio con la prueba fotográfica. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción en el recurso de certiorari, decide no intervenir en esta etapa del procedimiento. Se señala que la denegación del auto no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en apelación.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari. El peticionario, Yaniel L. Reyes Rodríguez, solicitó la modificación de una sentencia de 2018 por tentativa de robo. Alegó haber presentado una moción de favorabilidad ante el Tribunal de Primera Instancia en octubre de 2023. El Tribunal de Apelaciones recibió su recurso en julio de 2024. La resolución desestima la petición por falta de jurisdicción. El tribunal subraya su deber de examinar la jurisdicción antes de entrar en los méritos. Se mencionan las reglas sobre el término jurisdiccional para el certiorari y los requisitos de la solicitud. La desestimación se fundamenta en la ausencia de jurisdicción, probablemente relacionada con la oportunidad del recurso o la documentación del trámite en el foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Raymond Torres Echevarría. El peticionario impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha Orden concedió una solicitud del Ministerio Público para tomarle una muestra de ADN bucal. El señor Torres Echevarría enfrenta cargos graves por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, relacionados con un accidente que causó una muerte y múltiples heridos. El Tribunal de Primera Instancia encontró causa para juicio por tres delitos graves y posteriormente ordenó la toma de la muestra de ADN. La solicitud de ADN se basó en la Regla 235 de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones denegó una moción urgente para paralizar los procedimientos, pero dio paso al recurso de Certiorari. Esta resolución detalla el historial procesal del caso, incluyendo la radicación de las acusaciones y la orden recurrida. El recurso busca la revocación de la orden que compulsa al peticionario a someterse a la prueba de ADN.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión administrativa instada por R&B Power, Inc. contra la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales. El caso se centra en el rechazo global de la oferta de R&B en una subasta para la adquisición de excavadoras compactas. La Junta de Subastas determinó que la oferta de R&B incumplía con la especificación técnica de fuerza de caballos requerida. El proceso incluyó una disputa sobre el pago de aranceles para la revisión administrativa, que llegó hasta el Tribunal Supremo. El Supremo declaró nula la tarifa y ordenó que se atendiera el recurso administrativo en sus méritos. R&B recurrió nuevamente al Tribunal de Apelaciones alegando inacción de la Junta Revisora tras el mandato del Supremo. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen original de la Junta de Subastas. La decisión valida el rechazo de la oferta de R&B por no cumplir con los requisitos técnicos de la subasta.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Elizabeth Torres Alvarado contra Orlando Aponte Rosario en un caso de divorcio. La peticionaria impugna una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 27 de junio de 2024. El caso se originó en mayo de 2023 e involucra la determinación de pensión alimentaria provisional para los hijos menores. La peticionaria alega que el TPI actuó con error manifiesto y parcialidad al dictar la orden impugnada. Específicamente, cuestiona la imputación de ingresos, la celebración de una vista con aviso insuficiente, la prohibición de presentar testigos y la base para una nueva determinación de pensión provisional. El recurso se presentó el 1 de julio de 2024, junto con una solicitud de paralización que fue denegada. Tras la comparecencia de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso. El Tribunal de Apelaciones determina negar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, en el caso de Certiorari KLCE202400700. Las partes son El Pueblo de Puerto Rico como recurrido y Joshua Manuel Colón Adorno como peticionario. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, y trata sobre tres cargos bajo la Ley 54, Artículo 3.1. El peticionario presentó una Moción Sobre Retiro de Recurso. El Tribunal consideró dicha moción, así como una Moción en Cumplimiento de Resolución. Se declara con lugar la solicitud de desistimiento presentada por la parte peticionaria. Esta decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Consecuentemente, se ordena el archivo definitivo de esta causa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Hugo Carlos de la Uz Colón. El peticionario solicitó la revisión de varias órdenes y una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El caso subyacente trata sobre cobro de dinero, daños, reposesión de bienes, enriquecimiento injusto, persecución maliciosa e interdicto permanente, incluyendo solicitudes de remedios provisionales. El peticionario impugnó la denegatoria del foro primario a su solicitud de costos y honorarios legales bajo la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, incurridos al intentar obtener la renuncia al emplazamiento de los recurridos, Brock Jeffrey Pierce y otros. El Tribunal de Primera Instancia había declarado la solicitud no ha lugar por prematura, indicando falta de acreditación del cumplimiento con la regla y ausencia de jurisdicción sobre los demandados en esa etapa. El peticionario también cuestionó la suspensión de la adjudicación de los remedios provisionales. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). El BPPR apeló una Sentencia Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. Dicha sentencia del TPI desestimó la Demanda presentada por Noemí Rivera Rosa y otros contra BPPR y ordenó el archivo del caso sin perjuicio. La demanda original incluía reclamaciones por despido constructivo, discrimen por impedimento (Ley 44 y Ley ADA) y represalias (Ley 115). El TPI ya había desestimado previamente las causas de acción bajo la Ley 80 y la Ley ADA. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal del caso, incluyendo asuntos relacionados con el descubrimiento de prueba y el fallecimiento de uno de los demandantes. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones determinó confirmar el dictamen apelado. Esto valida la decisión del TPI de desestimar el caso sin perjuicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Jorge N. Betancourt, CRL. El recurso busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia desestimó la demanda contra L.C.A. Construction & Management, Inc. La demanda original fue instada por incumplimiento de contrato y daños contra L.C.A. Contractors, Inc. y otras partes. El demandante incluyó a L.C.A. Construction alegando que era sucesora o subcontratada por L.C.A. Contractors y responsable de los daños. L.C.A. Construction solicitó la desestimación argumentando no ser parte del contrato ni existir alegaciones suficientes en su contra. El foro primario acogió la solicitud, determinando que la demanda se basaba en incumplimiento contractual y no contenía alegaciones extracontractuales específicas contra L.C.A. Construction. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Edgardo Quiñones Rivera y Sylvia Pérez Rivera apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda contra MAPFRE PRAICO Insurance Company por daños e incumplimiento de contrato. Los apelantes reclamaban por daños a su propiedad causados por el Huracán María en septiembre de 2017, alegando que MAPFRE subvaloró y no pagó justamente su reclamación. Mencionaron una demanda previa de 2018, desestimada sin perjuicio en 2022, para argumentar sobre la prescripción. MAPFRE solicitó la desestimación y sentencia sumaria, presentando un Relevo y Acuerdo de Pago de Reconsideración firmado por los apelantes en julio de 2018. MAPFRE sostuvo que este acuerdo liberaba a la aseguradora de toda reclamación relacionada con los daños del huracán, constituyendo un pago total y final. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de MAPFRE y desestimó el caso. El Tribunal de Apelaciones adelanta la confirmación del dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre deslinde y amojonamiento. Sunbeams Bilingual Academy, Inc. demandó a Colegio Mi Cuido y Educación, Inc. y otros, alegando invasión de su propiedad con construcciones. Los apelados argumentaron la falta de partes indispensables, el Sr. César Gómez Pagán y la Sra. Margarita Colón Berríos, pues informes periciales indicaban que el área en controversia podría afectar su terreno. El Tribunal de Primera Instancia determinó que estos individuos eran partes indispensables y desestimó la demanda sin perjuicio por su ausencia. Sunbeams apeló esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la oposición. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia dictada por el foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Puerto Rican Pizza, Inc. contra Luis Orriola Collado y Evelyn Pérez De La Cruz. El recurso busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla del 4 de junio de 2024. La controversia central en instancia giró en torno a si los demandados debían contestar las alegaciones 22 y 27 de la demanda. Los demandados argumentaron que dicha información estaba protegida por la Regla 408 de Evidencia, al tratarse de una oferta de transacción. El foro primario emitió varias resoluciones contradictorias sobre el particular. Finalmente, el TPI reestableció su determinación inicial de que la información estaba protegida y no era pertinente su divulgación. El Peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Rafael Schettini Gracia contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que decretó su desahucio. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos jurisdiccionales para apelar sentencias de desahucio. La ley exige que la apelación se presente dentro de un término de cinco días desde la notificación de la sentencia. Además, el apelante debe prestar una fianza fijada por el tribunal de instancia dentro de ese mismo término. El documento cita los artículos pertinentes del Código de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo que establecen estos requisitos como jurisdiccionales. La apelación fue presentada fuera del término de cinco días desde la notificación de la sentencia apelada, la cual también requería la prestación de una fianza.