Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 45)

Resumen:

Se trata de una apelación contra una sentencia sumaria dictada en un caso de cobro de dinero. La apelante, Priscila Veintidós Rivera, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una deuda a Popular Auto, LLC. La controversia surge de un contrato de venta a plazos de un vehículo, donde Popular Auto alega incumplimiento de pago. La apelante sostiene que entregó el vehículo en 2017, lo que considera cerró la cuenta, y que Popular Auto posee el vehículo. El Tribunal de Primera Instancia sancionó a la apelante por incumplimiento con el descubrimiento de prueba, eliminó sus alegaciones y anotó su rebeldía. A pesar de que la apelante presentó una moción de sentencia sumaria basada en la entrega del vehículo, el foro primario dictó sentencia sumaria a favor de Popular Auto. La apelante alega que el tribunal erró al dictar sentencia sin considerar su defensa y sin que Popular Auto probara sus alegaciones, existiendo evidencia que apoyaba su versión. El Tribunal de Apelaciones revisa si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente las reglas de sentencia sumaria, especialmente considerando el historial procesal y la disputa fáctica sobre la entrega del vehículo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación sobre incumplimiento contractual. La apelación proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda y condenó solidariamente a los apelantes al pago de daños y honorarios de abogado. Tras la Sentencia inicial, la parte apelante solicitó reconsideración, lo que llevó al foro primario a reducir parcialmente los honorarios de abogado mediante una Orden posterior. La apelación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones luego de esta Orden de reconsideración. El Tribunal revisó los antecedentes procesales del caso. Se destacó que una de las codemandadas condenadas solidariamente se representó por derecho propio en la instancia inferior. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción por considerar que la apelación fue presentada de manera prematura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Luis Manuel Irizarry Pabón, Alcalde de Ponce. El recurso impugnaba una Resolución de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) - Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) del 21 de agosto de 2024. Dicha Resolución acogió un informe que recomendaba la suspensión del sueldo y beneficios económicos del Recurrente. La suspensión se hizo efectiva retroactivamente al 1 de noviembre de 2023. Esta acción de la OPFEI/UPAD se originó tras la presentación de denuncias penales contra el Alcalde y una determinación de causa probable para arresto el 31 de octubre de 2023. La OPFEI había dispuesto previamente la suspensión sumaria de sus funciones como alcalde el 1 de noviembre de 2023. Un recurso de revisión anterior confirmó la suspensión de funciones pero devolvió el caso a la OPFEI para una adjudicación final sobre el salario y beneficios. La Resolución del 21 de agosto de 2024 fue el resultado de ese proceso administrativo. En esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida, validando la suspensión del sueldo y beneficios del Alcalde.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Eduardo Guilbe Crespo solicitó la revisión de una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La decisión impugnada pospuso su evaluación para participar en el Programa de Pre-Reinserción. El Departamento justificó la posposición por la necesidad de evaluación adicional conforme a disposiciones sobre derechos de víctimas. Guilbe Crespo recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Departamento argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción, pues la decisión no era final. El Tribunal de Apelaciones examinó su facultad revisora, limitada a órdenes o resoluciones administrativas finales según la ley y la jurisprudencia. Una decisión final es aquella que dispone del caso ante la agencia y contiene determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. El tribunal concluyó que la posposición de la evaluación no constituye una orden final revisable en esta etapa. Por consiguiente, el tribunal desestimó el recurso de revisión judicial.

Resumen:

Alain Vitlloch Cáceres comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su solicitud de enmienda *nunc pro tunc* a una Sentencia Parcial previa. La Sentencia Parcial había desestimado la causa de acción por hostigamiento y acoso laboral por falta de jurisdicción, al no agotar el peticionario los remedios de la Ley Núm. 90. El peticionario buscaba que la desestimación se declarara sin perjuicio mediante la enmienda *nunc pro tunc*. El foro primario denegó la solicitud, señalando que los planteamientos sobre la Sentencia Parcial debieron hacerse vía apelación. El Tribunal de Apelaciones desestima el auto de Certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

Greenville Apartments, Inc. comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de Certiorari. Solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El TPI había determinado que Greenville adeudaba a Enhancers, Inc. la suma de $134,725.00. Aunque el TPI reconoció la deuda personal, concluyó que Enhancers no tenía un reclamo hipotecario válido. Greenville impugnó la Sentencia, señalando errores del TPI al ordenar la subasta de la propiedad, argumentando que Enhancers había adquirido la deuda. El Tribunal de Apelaciones ordenó a Greenville mostrar causa para no desestimar el recurso. Tras evaluar la respuesta de la peticionaria, el Tribunal resuelve desestimar el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en respuesta a una petición de certiorari instada por Yamilet Marrero Caldero contra Auto Loi, LLC. La peticionaria solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que aceptó una contestación enmendada a la querella en un caso de despido injustificado. El recurrido se opuso a la expedición del recurso. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición, la oposición, el expediente y la naturaleza sumaria del procedimiento laboral bajo la Ley Núm. 2 de 1961. Tras considerar los criterios para la expedición de un certiorari bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 de su Reglamento, el panel judicial determinó denegar la expedición del recurso extraordinario. La decisión se fundamenta en la evaluación de la totalidad del expediente y la etapa procesal ante el foro primario.

Resumen:

Este tribunal revisa una Apelación (KLAN202400579) presentada por Think and Grow Rich, LLC y un Certiorari (KLCE202400752) presentado por Matthew Winter. La Apelación busca revocar la Sentencia del TPI que desestimó una Demanda de Desahucio en precario incoada por la Corporación contra Kimberly Winter sobre un inmueble en Río Grande. La Corporación alegó ser dueña del inmueble, mientras la señora Winter sostuvo que era el hogar conyugal y la Corporación el alter ego de su entonces esposo, el señor Winter. El Certiorari solicita la revisión de una Resolución del TPI que concedió provisionalmente un derecho de Hogar Seguro sobre el mismo inmueble a favor del hijo menor de edad de los señores Winter, en el contexto de su caso de divorcio. La señora Winter informó al TPI sobre esta determinación de hogar seguro en el pleito de desahucio. El tribunal confirma la Sentencia apelada que desestimó la Demanda de Desahucio. Asimismo, deniega expedir el recurso de Certiorari solicitado por el señor Winter. La decisión valida la desestimación del desahucio y mantiene la determinación provisional de hogar seguro sobre la propiedad.

Resumen:

Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original es un cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por E.M.I. Equity Mortgage, Inc. contra Rolando Pérez López y otros. La demanda se basa en el incumplimiento de un pagaré hipotecario suscrito en 2003 y modificado en 2011. La parte demandante reclama el balance adeudado más intereses, costas y honorarios. Posteriormente, la demandante solicitó enmendar la demanda para incluir a la sucesión de una codemandada fallecida y herederos desconocidos. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el emplazamiento por edicto e interpelación judicial para estos nuevos codemandados. El peticionario, Rolando Pérez López, acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del foro primario que denegó una moción de desestimación suya. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de notificación del recurso presentado por el peticionario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Miguel Rosa International Trading, CORP. (apelante) y Aqua Gulf Transport Inc. y ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (apelados). El apelante recurre de dos Sentencias Parciales y una Resolución emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Dichas Sentencias Parciales desestimaron con perjuicio la demanda contra Aqua Gulf y ZIM por prescripción. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y daños por el deterioro de un cargamento de hojaldre transportado por mar, supuestamente debido a una temperatura inadecuada. El Tribunal de Primera Instancia aplicó el término prescriptivo de un año de la Ley Federal de Transporte de Bienes por Mar (COGSA). Determinó que la acción judicial, presentada en octubre de 2023, estaba prescrita al haber transcurrido más de un año desde la entrega de la mercancía en enero de 2022. La Resolución apelada denegó la reconsideración sobre la imposición de costas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma las determinaciones apeladas del foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que examina una petición de certiorari. La peticionaria, Crucie Morales Rivera, impugna una orden de protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dicha orden fue concedida a favor de Kenneth Padró Laracuente y Lisette Serrano Figueroa bajo la Ley Contra el Acecho (Ley 284-1999). El foro primario determinó que la peticionaria incurrió en un patrón continuo de acoso desde 2021. Este patrón incluyó la presentación de numerosas querellas policiacas y peticiones de órdenes de protección infundadas. También se probó que tomó fotografías de la residencia y apuntó cámaras de seguridad hacia la propiedad de los recurridos. La orden de protección final fue emitida con vigencia hasta febrero de 2027. La peticionaria alegó en apelación que no se probaron los elementos necesarios para la orden. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Erick R. Santana presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución, emitida el 25 de junio de 2024, ordenó el archivo de su caso. El archivo se debió a la incomparecencia del peticionario y su representación legal a una Vista Argumentativa señalada. Previamente, Santana había solicitado al TPI dejar sin efecto su convicción de 2018 por delitos bajo la Ley de Sustancias Controladas. Argumentó que el TPI no le advirtió sobre las posibles consecuencias migratorias de su alegación de culpabilidad, según exige la Regla 72 de Procedimiento Criminal. Su abogada solicitó la transferencia de la vista por conflicto de calendario, y el TPI la reseñaló para el 25 de junio de 2024. A pesar de la notificación del reseñalamiento, ni Santana ni su abogada comparecieron. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud, el expediente y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de Certiorari por los fundamentos expuestos en la sentencia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas en un pleito de empleo. Luz M. Acevedo Vargas demandó al Municipio de San Juan por despido injustificado, daños, discrimen y represalia. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Acevedo Vargas, imponiendo una condena monetaria de $85,000.00 más doble penalidad estatutaria. Ambas partes apelaron esta decisión; Acevedo Vargas solicitó modificación y el Municipio de San Juan pidió su revocación. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos apelativos. El dictamen del Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó tras señalamientos de Acevedo Vargas a un colega sobre su desempeño, lo que escaló a imputaciones mutuas y una investigación interna del Municipio.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve apelaciones consolidadas presentadas por Luz M. Acevedo Vargas y el Municipio de San Juan. Las apelaciones provienen de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de Acevedo Vargas. El caso original trataba sobre despido injustificado, daños y perjuicios, discrimen y represalia. El Tribunal de Primera Instancia condenó al Municipio de San Juan a pagar $85,000, sujeto a doble penalidad estatutaria. Acevedo Vargas apeló solicitando modificación de la sentencia, mientras que el Municipio de San Juan apeló pidiendo su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó ambos recursos. Conforme a los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Posteriormente, la sentencia detalla los antecedentes fácticos del caso, incluyendo el historial de empleo de la demandante y los eventos que llevaron al litigio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. La apelante, Rosa Burgos Fragoso, solicitó la declaración de incapacidad de su hermana, Margarita Burgos Fragoso, de 59 años, debido a condiciones de salud como retardación mental y epilepsia. La peticionaria es la cuidadora principal de su hermana. El Tribunal de Primera Instancia en Bayamón desestimó la petición sin perjuicio. El foro primario había emitido una orden detallada con 14 requisitos para la petición, otorgando plazos cortos para su cumplimiento. La peticionaria realizó gestiones para cumplir con la orden, incluyendo el emplazamiento de la presunta incapaz y la presentación de consentimientos familiares. La apelación busca dejar sin efecto la sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió revocar la Sentencia recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). El DTOP recurre de una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su recurso de revisión de un laudo de arbitraje. El laudo involucra al DTOP y a UAW Acción Laboral Unitaria y Defensora Local 2341. El DTOP solicitó la nulidad del laudo, alegando falta de jurisdicción de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) y omisión de información por parte de la Unión. El TPI requirió al DTOP certificar la notificación adecuada del recurso a la Unión y la CASP. El DTOP presentó evidencia de notificación por correo certificado y electrónico. El TPI emitió varias órdenes sobre el cumplimiento de la notificación antes de desestimar el caso. El Tribunal de Apelaciones revisó la desestimación del TPI, expidió el auto de certiorari y revocó el dictamen recurrido.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Rafael Pérez, Jessica Figueroa y PMI Central. La apelación proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia impuso una sanción a los apelantes conforme al Artículo 49 de la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020). La sanción se debió al incumplimiento de los apelantes con el proceso de transición administrativa entre las juntas de directores del Condominio Los Corales. El Consejo de Titulares del Condominio demandó a los apelantes por este incumplimiento y solicitó daños. Los apelantes fueron declarados en rebeldía en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial declarando el incumplimiento y posteriormente celebró un juicio para determinar daños y la cuantía de la sanción. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Hugo Núñez Castro, confinado en la Institución Guayama 1000, solicitó su traslado a la Institución 501 de Bayamón para facilitar visitas familiares. El Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) evaluó su solicitud en varias ocasiones, acordando solicitar el traslado a Bayamón 501. El DCR respondió que la petición fue enviada a la Oficina de Clasificación de Confinados en San Juan para evaluación, quedando pendiente una determinación. Núñez Castro solicitó reconsideración, la cual fue denegada, reiterando que la solicitud estaba en espera de resolución por la oficina competente. Inconforme, el recurrente presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el DCR incidió al no realizar el traslado. El Tribunal determinó que su facultad revisora en el ámbito administrativo se limita a órdenes o resoluciones finales. Dado que la respuesta del DCR indica que la solicitud de traslado está pendiente de evaluación y determinación, no constituye una resolución final. Por consiguiente, el Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso en esta etapa y desestima la revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de revisión administrativa presentado por Antilles Power Depot, Inc. contra la Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Antilles solicitó la revocación de una resolución de la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales. Dicha resolución había determinado que la adjudicación de una subasta incumplió con el debido proceso y ordenó devolver el caso a la Junta de Subastas para fundamentar su dictamen. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por Antilles. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso. Se explicó que la jurisdicción para revisar decisiones administrativas requiere el cumplimiento de requisitos procesales. En este caso particular, el recurrente no notificó su recurso de revisión judicial a los demás licitadores participantes de la subasta, incluyendo a los que obtuvieron la buena pro. Esta omisión procesal impidió al Tribunal adquirir jurisdicción sobre la controversia.

Resumen:

Ricardo Serrano González presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La resolución del DCR, notificada el 3 de junio de 2024, encontró al Sr. Serrano González incurso en violaciones reglamentarias (Códigos 136 y 137) por negarse a someterse a una prueba de detección de sustancias controladas o alcohol. Tras una vista administrativa, el DCR determinó que la evidencia documental apoyaba la imputación. El recurrente solicitó reconsideración ante el DCR, alegando violaciones al debido proceso y falta de prueba, sin que conste una determinación del DCR. Insatisfecho, apeló ante el Tribunal de Apelaciones, señalando múltiples errores relacionados con la alegada falta de un procedimiento justo y reglamentario, prejuicio y la interpretación de la evidencia. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente y el derecho aplicable, procedió a desestimar el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamenta en razones que el Tribunal expondrá, comenzando con una discusión sobre la importancia de la jurisdicción de los tribunales.

Resumen:

Bella International, LLC presentó un Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La empresa solicitó la revocación de una Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) de San Juan. Dicha resolución declaró Ha Lugar una Querella presentada por la señora Mildred Maisonet Rodríguez. La señora Maisonet Rodríguez alegó que Bella International incumplió el servicio de garantía de un vehículo Acura RDX 2020 que adquirió. Específicamente, la querellante sostuvo que la empresa no corrigió un ruido proveniente de la consola del automóvil a pesar de múltiples visitas al taller. Bella International argumentó que la reclamación no exponía una causa de acción válida y que los daños se debían a falta de mantenimiento o alteraciones. Tras celebrar vistas administrativas, el DACo determinó que procedía la querella. Bella International recurrió esta decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los fundamentos de la resolución del DACo. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. Los peticionarios, Ángel David Morales Vallellanes y Verónica Inés Góez Lozano, impugnan una Orden de Calendarización emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha orden se dictó en el caso de difamación y daños que los peticionarios incoaron contra Gabriela López Rosa. Los peticionarios solicitan la revocación de la Orden de Calendarización del 23 de julio de 2024. El caso primario ha enfrentado dilaciones en el descubrimiento de prueba y un cambio en la representación legal de la parte recurrida. El Tribunal de Primera Instancia emitió varias órdenes para gestionar estos asuntos y establecer nuevos términos. La Petición de Certiorari busca la revisión de la última calendarización fijada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones prescindirá de la comparecencia de la parte recurrida para un despacho eficiente. Tras evaluar el expediente, el Tribunal adelanta la denegatoria a la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Este es un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, originado en una controversia electoral sobre 201 recusaciones. Las recusaciones fueron presentadas en Bayamón, pero los formularios contenían el nombre de comisionados locales del PNP en lugar de los recusadores. El PPD impugnó estas recusaciones, argumentando falta de autoridad de los comisionados locales. La comisión local validó las recusaciones, considerando el error subsanable, y el PPD apeló ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La CEE emitió una resolución confirmando la decisión local, pero omitió notificar a los electores cuya inscripción fue recusada (las partes adversamente afectadas). El Comisionado Electoral del PNP recurrió al Tribunal de Primera Instancia (TPI), que desestimó el caso por falta de madurez. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso y modifica la sentencia del TPI. Aclara que la desestimación del TPI se debió a una falta de jurisdicción, específicamente por la ausencia de notificación de la resolución de la CEE a las partes adversamente afectadas. La falta de notificación a los recusados impidió que el caso estuviera maduro para la revisión judicial en el TPI. La sentencia se centra en este defecto procesal como fundamento para la falta de jurisdicción en la instancia inferior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLCE202400948. El recurso apelativo fue presentado por Costa Isabela Partners Inc. y otros contra Richard Charles Brown Wood y Maricarmen Gianati Medina. La controversia principal en instancia versa sobre difamación, invasión a la privacidad y daños. La apelación busca la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, notificada el 1 de julio de 2024. Mediante dicha sentencia, el foro primario desestimó con perjuicio una reconvención incoada por la parte apelante. Esta reconvención fue presentada en la Contestación a la Segunda Demanda Enmendada. La solicitud de reconsideración de la parte apelante sobre la desestimación fue declarada No Ha Lugar por el tribunal de instancia. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por Suiza Dairy Corporation. Suiza Dairy solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI encontró a Suiza Dairy incurso en desacato civil. Esta determinación se basó en el incumplimiento reiterado de órdenes administrativas dictadas por la Oficina para Reglamentar de la Industria Lechera (ORIL). Además, Suiza Dairy incumplió una Sentencia previa del TPI que le ordenaba cumplir con dichas órdenes bajo pena de desacato. Como consecuencia del desacato, el TPI impuso a Suiza Dairy una multa diaria y prospectiva de \$500.00. La ORIL había iniciado el proceso demandando a Suiza Dairy para lograr el cumplimiento de las órdenes administrativas bajo el Reglamento 10. Tras la orden inicial del TPI y el subsiguiente incumplimiento de Suiza Dairy, la ORIL solicitó la declaración de desacato. Luego de evaluar la totalidad del expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó el auto de certiorari solicitado por Suiza Dairy.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para paralizar un pleito. El pleito fue incoado por María V. Pérez Rodríguez, quien alega represalias por parte de la AEE. La Sra. Pérez Rodríguez presentó una querella en 2019, alegando acciones retaliatorias ocurridas después de que su querella original de 2014 fuera paralizada debido al proceso de quiebra de la AEE bajo PROMESA. La AEE argumentó que la reclamación estaba sujeta a la paralización de quiebra. La Sra. Pérez Rodríguez sostuvo que era una reclamación nueva ("post-petition claim") por acciones posteriores. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de paralización de la AEE. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y confirmó la resolución del TPI.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos consolidados (KLAN202400702 y KLAN202400778). La apelante, Carla J. Torres Trujillo, impugna dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un caso iniciado por Héctor Rafael Serrano Mills. El Sr. Serrano Mills reclama la propiedad de un inmueble por prescripción adquisitiva y solicita el desahucio de la Sra. Torres Trujillo, a quien identifica como arrendataria cuyo contrato venció. La Sra. Torres Trujillo niega que el alquiler fuera para trabajo, afirma que fue para vivienda, cuestiona la legitimación del demandante y presentó una reconvención por mejoras. El primer dictamen apelado ordenó el desalojo de la Sra. Torres Trujillo e impuso una fianza de apelación. El segundo dictamen enmendó el primero, eliminando la fianza y modificando la efectividad del desalojo. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. El Tribunal ordenó la desestimación del recurso KLAN202400702. Finalmente, el Tribunal revocó la Sentencia Parcial Enmendada (recurso KLAN202400778) por haber sido emitida sin jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Pitirre Manufacturing, Inc. contra el Secretario del Departamento de Hacienda. Pitirre impugnó la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia, la cual solicitaba un interdicto relacionado con el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y un certificado de revendedor. Pitirre, dedicada a la manufactura y reventa, buscaba este certificado desde 2013 para reclamar créditos por el IVU pagado en artículos importados para reventa. Hacienda denegó inicialmente el certificado y luego argumentó que la querella administrativa de Pitirre se tornó académica por un cambio legal, resultando en su desestimación sin adjudicación de méritos. Pitirre continuó gestionando el certificado tras cambios legislativos posteriores. El Tribunal de Apelaciones examinó el trámite procesal y los fundamentos de la desestimación. Concluyó que procedía revocar la Sentencia apelada que desestimó la demanda de Pitirre.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que concedió un injunction preliminar. Los apelados, Francisco Rodríguez Colón y otros, demandaron a LUMA y la AEE tras la desconexión de su servicio eléctrico. La desconexión ocurrió mientras los apelados impugnaban administrativamente una factura elevada por consumo no facturado. Los apelados solicitaron el injunction alegando daños inminentes e irreparables y la inadecuación de otros remedios. LUMA argumentó falta de jurisdicción del tribunal, sosteniendo que el Negociado de Energía tiene competencia exclusiva en disputas de facturación y que existían remedios administrativos disponibles. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, concedió el injunction preliminar. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso, confirma la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre cobro de dinero. El caso surge de una demanda presentada por un ex-esposo contra su ex-esposa por incumplimiento de un acuerdo de pago incluido en su escritura de divorcio por consentimiento mutuo. El demandante alegó que la demandada dejó de realizar pagos mensuales acordados para saldar deudas y compensar su aportación a bienes inmuebles. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. La desestimación se basó en que existía otro caso previo pendiente entre las mismas partes sobre la división de la comunidad postganancial. El TPI argumentó economía procesal y la necesidad de evitar la fragmentación de litigios relacionados. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al desestimar la acción. Determina que la solución correcta no es la desestimación, sino la consolidación de esta demanda con el caso más antiguo ya pendiente. Ambos procesos judiciales abordan aspectos relacionados con la división de bienes acumulados durante el matrimonio disuelto.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la señora Carla J. Torres Trujillo, apelante en un caso de cobro de dinero y desahucio originado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La apelante solicita la revisión de dos sentencias parciales emitidas por el foro primario. La primera sentencia ordenó su desalojo de un inmueble y le impuso una fianza en apelación. La segunda, una sentencia parcial enmendada, dejó sin efecto la fianza pero mantuvo la orden de lanzamiento. El caso original fue instado por Héctor Rafael Serrano Mills, quien alegó posesión por usucapión y un contrato de arrendamiento vencido con la apelante. La apelante negó los términos del contrato, cuestionó la legitimación del demandante y presentó una reconvención por mejoras realizadas. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos de apelación. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal ordena la desestimación del primer recurso y revoca la sentencia parcial enmendada del segundo recurso por haber sido emitida sin jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN202400704, una apelación presentada por Marimar Home Property LLC contra Brisas De Mar Chiquita Homeowners Corp. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia de Manatí y trata sobre una Sentencia Declaratoria. Marimar, tras adquirir una propiedad en subasta, impugnó una deuda por cuotas de mantenimiento reclamada por la Asociación de Residentes. Alegó que la deuda era nula porque el control de acceso de la urbanización era ilegal, basándose en una certificación municipal. La Asociación argumentó que la obligación de pago emanaba de servidumbres y condiciones restrictivas debidamente constituidas. El Municipio de Manatí intervino, aclarando que la ordenanza aplicable no requería una resolución municipal específica para autorizar el control de acceso y que el desarrollador estableció las servidumbres. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de Marimar. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Comparece el Municipio Autónomo de Carolina ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El foro primario entendió que existían controversias sobre hechos que impedían resolver el pleito sumariamente. El caso original fue incoado por Caribbean Golf Academy (CGA) contra el Municipio y otros por sentencia declaratoria y daños y perjuicios. CGA alegó que el Municipio utilizó parte de 35 cuerdas expropiadas para una zona de amortiguamiento del vertedero para depositar basura e invadió su propiedad colindante. El Municipio argumentó que CGA carece de legitimación activa y adquirió la finca con conocimiento de la extensión del vertedero en las 35 cuerdas. El caso fue bifurcado, y el Municipio solicitó sentencia sumaria sobre temas como la legitimación activa de CGA y el cumplimiento del uso de las 35 cuerdas. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto confirma la decisión del foro primario de que existen controversias fácticas que requieren un juicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de expediente de dominio. Cassandra Pérez apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para declarar su justo dominio sobre una propiedad. La apelante adquirió el inmueble mediante compraventa, proveniente de la segregación de una finca matriz inscrita en el Registro de la Propiedad. La inscripción de la segregación y las compraventas posteriores fue denegada por el Registrador debido a inconsistencias y faltas. Ante la imposibilidad de inscribir, la Sra. Pérez acudió al tribunal solicitando el expediente de dominio. El foro primario denegó la petición, entendiendo que la propiedad ya estaba inmatriculada como parte de la finca matriz. La Sra. Pérez argumentó que la denegatoria del TPI era errónea. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el caso, revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa relacionada con pasos por mérito en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El recurrente, Juan Hernández Pérez, impugnó una resolución de la Junta de Apelaciones de la CFSE que desestimó su reclamo sobre pasos por mérito correspondientes al año 2003. El señor Hernández fue evaluado en marzo de 2005 para el periodo 2003-2004, obteniendo una puntuación que no cualificaba para el aumento. Tras presentar reconsideración y apelación, alegó inconformidad con la evaluación y que aún le correspondían los pasos por mérito de 2003. La Junta de Apelaciones determinó que la alegación era improcedente, indicando que la CFSE no podía considerar solicitudes hasta cumplir el intervalo de tres años reglamentario. Por ello, la Junta desestimó la apelación del recurrente con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen emitido por la Junta de Apelaciones de la CFSE.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Adlyn R. Padilla Rodríguez. La peticionaria solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo. Dicha Resolución del TPI, fechada el 13 de mayo de 2024, aprobó e hizo suyo el Informe y Recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). El caso principal trata sobre la revisión de la pensión alimentaria para el hijo menor de la peticionaria y Javier A. López Ramos. El informe de la EPA detalló los ingresos de las partes y el cálculo de la pensión básica. Se identificó controversia sobre gastos del menor, incluyendo la vivienda. La EPA expresó reservas sobre la evidencia presentada por la madre para probar el gasto de renta. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del TPI.

Resumen:

Will A. Rivera Mercado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 3 de julio de 2024. En dicha resolución, el TPI declaró No Ha Lugar una segunda moción de desestimación presentada por el Peticionario. Esta segunda moción, radicada tardíamente al amparo de la Regla 64(p), alegaba la ausencia de prueba de corroboración. Los cargos contra Rivera Mercado son por violaciones a la Ley 22, relacionados con conducir bajo los efectos de alcohol y causar una muerte. El Peticionario ya había presentado una primera moción de desestimación, la cual fue denegada por el TPI. El Ministerio Público se opuso a la segunda moción, señalando que existía corroboración y que la defensa había sido renunciada. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, deniega la expedición del certiorari solicitado.

Resumen:

Travis Herbert Bonilla Pérez, confinado por infracciones a la Ley 54, solicitó la aplicación de la Ley 66-2022 para obtener una bonificación en su sentencia. Inicialmente, gestionó un remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR determinó que las bonificaciones de la Ley 66-2022 aplican a personas en programas de rehabilitación o libertad bajo palabra, no a confinados en su situación. Tras una reconsideración administrativa desfavorable, el peticionario acudió al Tribunal de Primera Instancia, que emitió una resolución de "nada que disponer". Inconforme, presentó un recurso de Certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. El Tribunal resuelve desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. El Tribunal subraya que los asuntos jurisdiccionales son prioritarios y que un recurso presentado sin jurisdicción carece de eficacia legal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso presentado por Josué Santiago De Jesús, apelante, contra el Departamento de Hacienda, recurrido. El apelante recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama que desestimó su solicitud de Mandamus. Aunque presentado como Certiorari, el Tribunal lo tramita como Apelación por ser una sentencia final. El Tribunal ordenó al apelante evidenciar cumplimiento con la Regla 33(B) de su Reglamento en un término estricto de cinco días. El Departamento de Hacienda señaló el incumplimiento del apelante con dicha orden, lo que podría incidir en la jurisdicción. El apelante no ha cumplido con la orden ni ha contestado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el caso. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y obliga a la desestimación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Iván Rafael Díaz López contra Firstbank Puerto Rico. La petición buscaba revisar la denegatoria del tribunal de instancia a una moción de desestimación de Díaz López en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Díaz López argumentó que el caso debía desestimarse por cosa juzgada o impedimento colateral, citando una demanda previa de Firstbank sobre la misma deuda que fue desestimada con sentencia final. Firstbank se opuso, indicando que la desestimación anterior fue sin perjuicio, basada en falta de legitimación activa en aquel momento, y no atendió los méritos. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados en la petición. Tras la revisión, el Tribunal determinó que no procedía expedir el auto de certiorari. En consecuencia, el Tribunal denegó la petición. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El caso surge de la consolidación de pleitos sobre disputas familiares, herencia y un fideicomiso. Se revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró nulas escrituras de cesión y terminación de fideicomiso. El foro primario determinó la nulidad al considerar inválida la destitución y nombramiento de un fiduciario por no usar escritura pública. La resolución apelada también ordenó la reivindicación de la Finca 13,012 y la cancelación de su asiento registral. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de Certiorari. La sentencia modifica la resolución recurrida. Los casos originales versan sobre nulidad de acciones fiduciarias, escrituras y derechos sobre bienes inmuebles vinculados al Fideicomiso CRCH Trust.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Los peticionarios, Justin A. Tirri Edun y F.O.M. Puerto Rico, S.E., solicitan la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión denegó su solicitud de remedio por expoliación de prueba en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El caso original fue incoado por All Systems Roofing and Waterproofing, Inc., reclamando una deuda millonaria por trabajos de techado supuestamente completados antes de una cancelación contractual. Los peticionarios se defendieron y reconvinieron, alegando que la cancelación del contrato se debió al desempeño deficiente y negligente de All Systems Roofing. La Resolución del Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esto significa que la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre la expoliación de prueba se mantiene. El litigio central versa sobre la calidad de los trabajos de construcción y la justificación para la terminación del acuerdo.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Seguro del Estado. La apelación busca revocar la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia en un pleito de sentencia declaratoria. La demanda original impugnaba la decisión de cargar un día libre concedido el 1 de abril de 2021 a la licencia de vacaciones de los empleados gerenciales de la Comisión Industrial. La Asociación argumentó que esta acción, impuesta sin petición del empleado, violaba leyes laborales, el debido proceso y constituía una privación ilegal de salario. Los demandados, incluyendo el Gobernador y la OATRH, solicitaron la desestimación alegando falta de legitimación activa, ausencia de daño palpable, la legitimidad de la actuación gubernamental y que la demanda no exponía una reclamación válida. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma la determinación recurrida, manteniendo la desestimación del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Edwin Burgos Martínez. El apelante solicitó la revisión de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infringir el Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Los hechos se basaron en un incidente de marzo de 2023 donde arrojó 0.102% de alcohol en una prueba de aliento. El TPI lo encontró culpable y le impuso una pena que incluyó multa, reclusión suspendida con tratamiento, 60 días de cárcel por tercera reincidencia, servicio comunitario y suspensión indefinida de licencia. El apelante argumentó que cualificaba para penas alternativas como restricción domiciliaria, a pesar de ser reincidente. El Ministerio Público se opuso, indicando que la ley exige cárcel para la reincidencia. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. La parte apelante, compuesta por Roberto Palou Bosch, Amarilys de Jesús González y su sociedad de gananciales, solicitó la revocación de una sentencia previa. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo, declaró "No Ha Lugar" una demanda de desahucio en precario. Los apelantes alegaron ser dueños del 50% de una propiedad en Guaynabo, ocupada por los apelados. Fundamentaron su reclamo en la disolución de una sociedad civil, la creación de una comunidad de bienes y la rescisión de un contrato de promesa de compraventa. Argumentaron que los apelados ocupaban la propiedad sin título legal tras ganar un caso de desahucio anterior que no se ejecutó. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los motivos que se expondrán, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202400804. Se revisa la apelación presentada por Galo Nieves Torres y Claritza Rodríguez Merlo. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia concedió una Moción de Sentencia Sumaria a favor de PR Recovery and Development JV, LLC. Como resultado, se dictó sentencia de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los apelantes. La acción se basa en una deuda donde los apelantes actuaron como garantizadores solidarios. PR Recovery había obtenido previamente sentencia contra la deudora principal, pero esta no fue satisfecha. Los apelantes no fueron demandados inicialmente debido a procesos de quiebra que fueron desestimados posteriormente. Tras la desestimación de las quiebras, PR Recovery presentó la demanda actual contra los garantizadores. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia sobre la ejecución de una sentencia de $1,000,000 más intereses a favor de Supermercados Econo contra el Municipio de Dorado. La sentencia original permitía al TPI ordenar al CRIM desviar fondos municipales para el pago si fuera necesario. El TPI emitió una orden inicial para que el CRIM pagara la deuda en seis plazos mensuales. El Municipio propuso un plan de pago bajo la Ley 66, que fue aprobado por el Secretario de Justicia, contemplando pagos anuales por siete años. Tras la aprobación de este plan, el TPI dejó sin efecto su orden de ejecución previa y ordenó cumplir con el plan de siete años. Econo solicitó reconsideración, la cual fue denegada, y luego presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones ha decidido no intervenir con la discreción ejercida por el TPI al dejar sin efecto la orden de ejecución inicial en vista del plan de pago aprobado por el Departamento de Justicia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Salud para Todos, Incorporado impugnó la decisión de la Junta Revisora de Subastas que revocó la adjudicación de la Partida Núm. 10 de una subasta del Departamento de Educación. La Junta de Subastas había adjudicado inicialmente la partida de Máquinas de Hielo a Salud para Todos. Otro licitador, Casa Júpiter, solicitó la revisión, y la Junta Revisora revocó la adjudicación, declarando la partida desierta por incumplimiento de requisitos. Salud para Todos apeló ante el Tribunal de Apelaciones, señalando errores en el proceso y la determinación de la Junta Revisora. El Tribunal cuestionó su jurisdicción, ordenando a las partes mostrar causa sobre una posible notificación defectuosa de la adjudicación original. Tras el trámite procesal, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción para atender la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución Final de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Dicha resolución encontró que el Departamento de la Familia violó la Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Extracción de Leche Materna (Ley 427-2000). La OPM determinó que el Departamento no proveyó a su empleada, la Sra. Crystal J. Fonseca, un lugar seguro, privado e higiénico para lactar. La Sra. Fonseca presentó una querella alegando que, desde enero de 2022, no se le facilitó un espacio adecuado, viéndose obligada a usar su vehículo. Esta situación, según su querella, afectó su producción de leche y le causó angustia emocional. Tras una vista administrativa, la Oficial Examinadora de la OPM concluyó que el Departamento conocía la necesidad de la empleada y que el espacio provisto no cumplía los requisitos legales. Se determinó que la Sra. Fonseca careció de un área adecuada por periodos significativos en varias oficinas. La OPM dictaminó que el Departamento incumplió su deber legal. El Departamento de la Familia ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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Jorge Pérez Colón solicitó la revisión administrativa de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente pidió una cita con un fisiatra tras alegar que un estudio médico le causó daños adicionales en la espalda. El DCR denegó la solicitud de cita, fundamentando su decisión en que el recurrente ya había rechazado una cita previa ofrecida mediante telemedicina. Inconforme con esta resolución final del DCR, el recurrente presentó una moción de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que el DCR incidió al afirmar que él se había rehusado a asistir a una cita por telemedicina. El Tribunal de Apelaciones acogió la revisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revocó la determinación recurrida del DCR.