Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 37)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de Maritza Ortiz Sánchez contra el Departamento de la Familia. La señora Ortiz apeló la resolución del Departamento que le denegó los beneficios del Programa LIHEAP. El Departamento determinó que su ingreso bruto mensual excedía el límite establecido por las Guías Federales de Pobreza para Puerto Rico-LIHEAP. La recurrente presentó su recurso de apelación ante el Tribunal. Tras revisar el escrito, el Tribunal encontró que incumplía con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, el escrito carecía de una relación fiel y concisa de los hechos procesales y materiales. Conforme a su reglamento, que permite la desestimación por incumplimiento, el Tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento procesal de la recurrente.

Resumen:

Esta resolución atiende una Petición de Certiorari que impugna la denegación de arbitraje por un tribunal inferior. Los peticionarios, Ángel D. Guerrero Ortiz, Milagros Mena García y Seis y Once Corp., buscan revocar dicha determinación. El litigio subyacente fue iniciado por Eduardo J. Pellerano Nadal sobre controversias relacionadas con Autogermana, Inc. Acuerdos clave de 2008 son centrales al conflicto, incluyendo un Acuerdo de Accionistas. Este acuerdo contiene una cláusula que exige arbitraje vinculante para controversias relacionadas. Los peticionarios solicitaron arbitraje basándose en esta cláusula, pero el Tribunal de Primera Instancia rechazó la solicitud. El tribunal apelativo ha recibido los argumentos de los peticionarios y la oposición del recurrido. La resolución procede a detallar los hechos pertinentes a la Petición de Certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de apelación presentado por Eva N. Rosado Corchado. La apelación buscaba la revisión de una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Dicha sentencia había declarado Ha Lugar una Demanda de Injunction Estatutario Preliminar y Permanente presentada por la Junta de Planificación de Puerto Rico. El TPI ordenó a la señora Rosado restablecer a su estado original obras de nivelación de terreno realizadas sin permisos. También le impuso el pago de \$19,000.00 en multas administrativas impuestas por la Junta, más intereses. Adicionalmente, se le ordenó pagar \$2,500.00 por concepto de honorarios de abogado a favor del Estado Libre Asociado. La Junta había demandado tras alegar que la señora Rosado realizó remoción y depósito de terreno sin permisos, no respondió a una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa sobre multas, y no pagó las multas impuestas. El Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso por falta de jurisdicción, al considerar que fue presentado de forma tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que impuso una suspensión de empleo y sueldo de diez días laborables al licenciado Aldo Brito Rodríguez. El licenciado Brito, oficial examinador en la CASP, fue sancionado por alegadamente no cumplir con las métricas de productividad establecidas para la División Legal. La CASP le imputó desempeño deficiente, insubordinación e incumplimiento de normas. El recurrente impugnó la sanción y la jurisdicción de la CASP para establecer dichas métricas, argumentando que esa facultad recae exclusivamente en la OATRH bajo la Ley Núm. 8-2017. Previamente, el licenciado Brito intentó paralizar el procedimiento disciplinario mediante un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia, el cual fue denegado. Tras la confirmación de la sanción por la CASP y la denegación de una reconsideración, el licenciado Brito acudió en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirmó la determinación recurrida de la CASP.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, Sra. Elda González Santiago, apeló la desestimación de su querella contra el Consejo de Titulares de un condominio. Su querella original buscaba impugnar una asamblea ordinaria. DACo desestimó la querella porque la Sra. González Santiago no presentó una certificación que acreditara no tener deudas con el Consejo de Titulares, requisito establecido en el Reglamento de Condominios del DACo. Se señala que DACo ya había desestimado una querella previa de la recurrente por el mismo motivo. Tras la denegación de su solicitud de reconsideración por DACo, la Sra. González Santiago acudió al Tribunal de Apelaciones. Alegó que DACo no consideró supuestos incumplimientos de la parte querellada y se basó en una sentencia no final. La parte recurrida solicitó que no se atendieran los argumentos nuevos y pidió la imposición de honorarios por temeridad. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por DACo.

Resumen:

Se presenta una apelación contra la denegatoria de corrección de un Acta de Nacimiento. La Sra. Ayleen Torres Suárez solicitó cambiar su fecha de nacimiento del 27 de septiembre al 27 de octubre de 1959 para resolver una discrepancia que afecta su Seguro Social. El Tribunal de Primera Instancia denegó la petición por ausencia de prueba testifical y documental contemporánea al alumbramiento. La apelante presentó evidencia como un certificado de bautismo posterior, licencias y tarjetas electorales vencidas de los años 90, y declaraciones juradas, alegando que no hay testigos vivos del parto. Argumentó que el foro primario erró al denegar la corrección y exigir prueba imposible o excesiva. El Registro Demográfico había sugerido prueba confiable como récords de parto o testimonios presenciales. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Se destaca que el certificado de nacimiento es evidencia prima facie y la Ley del Registro Demográfico establece procedimientos estrictos para enmendar registros, requiriendo autorización judicial basada en correcciones específicas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión judicial presentada por Joselito Cruz Campos, un confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurso impugna una determinación administrativa del DCR relacionada con la provisión de insulina Trulicity, recetada al recurrente por su médico. El señor Cruz Campos solicitó un remedio administrativo al DCR para que se le suministrara dicha insulina. Tras una respuesta inicial insatisfactoria, presentó una reconsideración adjuntando la orden médica del endocrinólogo. La División de Remedios Administrativos del DCR emitió una resolución en reconsideración que confirmó y modificó la respuesta original. Ante esta decisión, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando revisión. El DCR compareció en el proceso judicial solicitando que se confirmara su determinación administrativa. La sentencia del Tribunal busca resolver este asunto pendiente sobre el acceso del confinado a su tratamiento médico prescrito.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El recurso fue presentado por Ada I. Carmona Rivera contra el Consejo de Titulares del Condominio La Arboleda. La querella original ante el DACo impugnaba acuerdos de una asamblea de titulares, específicamente la ratificación de la extensión de un contrato de administración, alegando ilegalidad y licencia vencida de la empresa administradora. El DACo emitió una resolución sumaria ordenando el cierre y archivo de la querella. Fundamentó su decisión en la doctrina de academicidad, dado que la compañía administradora había cesado sus servicios al condominio. La recurrente apeló ante el Tribunal, argumentando que el DACo aplicó incorrectamente la doctrina de academicidad y no evaluó las alegaciones sustantivas contra la Junta/Consejo. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación recurrida del DACo. La sentencia valida el archivo de la querella por considerarla académica.

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Yarelys M. Rossy Pérez solicitó la revisión administrativa de la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La Sra. Rossy Pérez cumple una sentencia de 38 años por el asesinato en segundo grado de su hija de dos años. La Junta de Libertad Bajo Palabra evaluó su solicitud tras cumplir el término mínimo de sentencia. Consideró factores como su clasificación de seguridad, ausencia de querellas, culminación de terapias y estudios universitarios (bachillerato y maestría). También se tomó en cuenta su plan de salida, hogar propuesto y oferta de empleo, los cuales fueron corroborados. Sin embargo, la Junta determinó que el hogar propuesto no era viable por su proximidad a la parte perjudicada. Además, se evaluó la naturaleza y circunstancias del grave delito cometido contra su hija infante. A pesar de los factores favorables, la Junta denegó la concesión del privilegio. La Sra. Rossy Pérez recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, resolvió confirmar la Resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos de revisión judicial consolidados. Las partes recurrentes son LUMA Energy y un grupo de organizaciones identificadas como LECO. Ambas partes impugnan la Resolución y Orden Final del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitida el 26 de enero de 2024. Dicha resolución estableció las métricas, incentivos y penalidades de desempeño para LUMA Energy. El NEPR modificó y añadió parámetros a las propuestas originales de LUMA. LUMA argumenta que las determinaciones del NEPR fueron arbitrarias, excedieron su autoridad e interfirieron con el contrato de operación. LECO también solicitó la reconsideración de la resolución administrativa. Los recursos de LUMA y LECO fueron consolidados por el Tribunal para su adjudicación conjunta. La sentencia resuelve la controversia sobre la determinación del NEPR respecto al mecanismo de incentivos y penalidades basado en el desempeño de LUMA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en dos recursos de revisión judicial consolidados. Estos recursos fueron presentados por LUMA Energy y un grupo de organizaciones contra el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Las impugnaciones se dirigen a la resolución del NEPR del 26 de enero de 2024. Dicha resolución estableció las métricas de desempeño, incentivos y penalidades aplicables a LUMA Energy. El proceso del NEPR buscaba fijar parámetros de cumplimiento para el sistema eléctrico, según lo dispuesto en el contrato de LUMA. La resolución recurrida modificó algunos de los parámetros de incentivos propuestos por LUMA y añadió otros. LUMA solicitó reconsideración argumentando que las modificaciones eran arbitrarias e interferían con su contrato. El grupo de organizaciones (LECO) también solicitó reconsideración de la determinación del NEPR. El Tribunal consolidó ambos recursos para su adjudicación conjunta. La sentencia resuelve las controversias planteadas sobre la decisión del Negociado de Energía respecto al desempeño de LUMA.

Resumen:

El documento aborda la apelación presentada por el señor Torres en un litigio sobre la liquidación de su cuota viudal usufructuaria. El señor Torres demandó a la sucesión de su esposa, la señora Herrero, en 2015, alegando que no había recibido su participación desde el fallecimiento de ella en 2011. Solicitó la división de los bienes hereditarios y la adjudicación de su cuota usufructuaria. Durante el proceso, el apelante presentó argumentos sobre el derecho aplicable a la conmutación del usufructo y la inclusión de rentas no pagadas por once años en la cuantía. Argumentó que el heredero, el señor Herrero, había disfrutado de los bienes sin compensarle. Tras revisar los fundamentos, el tribunal decidió confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari. El peticionario, Ismael G. Cuevas Rodríguez, impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha Orden, emitida el 8 de octubre de 2024 en un incidente de revisión de pensión alimentaria dentro de un caso de filiación, impuso una sanción de $500.00 en honorarios a favor de la recurrida, Gisela Miranda Beníquez. Además, la Orden requirió al peticionario cumplir con un descubrimiento de prueba en un plazo de cinco días. La recurrida había solicitado las sanciones alegando incumplimiento del peticionario con el descubrimiento, lo que provocó la posposición de una vista. El peticionario solicitó reconsideración de la Orden, la cual fue denegada por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones revisó la Petición de Certiorari presentada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestima el auto de certiorari. La desestimación se basa en la determinación de falta de jurisdicción para conocer del recurso.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de Certiorari presentado por María Elena Muñoz Colón y su hijo adulto, Antonio Alberto Reyes Muñoz. Solicitan la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. La resolución recurrida, de 22 de mayo de 2024, se relaciona con el caso de alimentos del hijo contra su padre, Félix Antonio Reyes Vélez. El foro primario concedió un crédito de $1,488.00$ al padre por beneficios de estudio recibidos por el hijo, ordenando acreditarlo a cualquier deuda retroactiva. Además, dejó sin efecto la pensión alimentaria establecida a partir del 30 de julio de 2023, fecha en que el hijo alcanzó la mayoría de edad. El TPI determinó que el hijo no requirió ni demostró ser acreedor de la pensión y renunció a solicitar alimentos entre parientes. Este es el tercer recurso apelativo que involucra a las partes en este caso de alimentos iniciado en 2007. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de Certiorari.

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Evelyn Tolentino solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia en Humacao ser declarada única heredera de Andreina Torres Tolentino, fallecida intestada. Presentó documentos, pero surgió una discrepancia en el nombre de la causante según su certificado de nacimiento. Aclaró la diferencia en una petición enmendada, explicando cómo se registró el nombre de su madre en su certificado de nacimiento en Nueva York. El foro primario cerró el caso sin perjuicio, considerando que las alegaciones no procedían en un trámite ex parte. La peticionaria pidió reconsideración, argumentando que la aclaración era suficiente y que el tribunal podía usar edictos bajo el Artículo 552 si tenía dudas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, indicando que el Artículo 552 aplica a parientes colaterales, no a descendientes directos como la solicitante. Evelyn Tolentino recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado y revocó la determinación del foro primario. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Panel II, emitió una Resolución el 7 de noviembre de 2024. La resolución considera un recurso de certiorari presentado por Valerie J. Ortiz Rios contra Roberto C. Gerena Soto. Este recurso proviene de un caso sobre una Orden de Protección iniciado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Fajardo. El panel de jueces, integrado por Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo, evaluó la petición. El Tribunal decidió denegar la expedición del recurso de certiorari. Esta decisión se fundamenta en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, la cual permite denegar la expedición sin necesidad de fundamentar la decisión en estos casos.

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Se presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones contra una determinación de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio de San Juan. La parte recurrente impugnó la denegatoria a una solicitud de cambio de calificación, alegando que la notificación original omitió las advertencias finales sobre el derecho a revisión judicial. Esta omisión, según el recurrente, violó su derecho al debido proceso y leyes aplicables. El Municipio de San Juan reconoció la falta de las advertencias y solicitó la desestimación del recurso por academicidad. Argumentó que procedería a renotificar la determinación incluyendo los apercibimientos requeridos. Tras un requerimiento del tribunal, el Municipio presentó evidencia de haber emitido una Resolución Sustituta con fecha de 6 de noviembre de 2024, que incorporaba las advertencias legales omitidas. La renotificación de la determinación con las advertencias subsanó el defecto procesal que motivó el recurso. Bajo la doctrina de academicidad, la controversia original sobre la notificación defectuosa dejó de ser justiciable.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. Oriental Bank solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un pleito de ejecución de hipoteca contra la sucesión de Alberto Gómez Flores. Tras la subasta de la propiedad hipotecada, surgió una disputa sobre la cantidad de fondos que Oriental Bank podía retirar. El banco reclamó un balance de cancelación superior al monto autorizado inicialmente por el foro primario. A pesar de las reiteradas solicitudes de Oriental Bank para retirar el balance restante o celebrar una vista, el TPI denegó dichas peticiones. La orden denegando la reconsideración fue el objeto del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Se presenta un recurso de Certiorari contra la denegatoria de una solicitud de intervención en un pleito entre el Banco de Desarrollo Económico, Garnet, PR Recovery y Parliament. El pleito original versa sobre la validez de un Loan Sale Agreement. El peticionario, alegando ser deudor bajo dicho acuerdo, solicitó intervenir argumentando que sus derechos se verían afectados por la determinación judicial sobre la cesión del contrato a PR Recovery. Sostuvo que la Junta de Supervisión Fiscal no había aprobado el acuerdo, lo que afectaba su validez. La parte recurrida, PR Recovery, se opuso a la intervención, señalando que era el sexto intento del peticionario, que no cumplió con las reglas procesales, y que el peticionario no era parte del contrato ni tenía legitimación para impugnarlo. Argumentó que el resultado del pleito no alteraría los términos de la deuda del peticionario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal deniega el recurso de Certiorari. Esta decisión confirma la denegatoria de la solicitud de intervención del peticionario en el pleito principal.

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Este caso de revisión judicial surge de la inacción de la Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces. El recurrente, Víctor Daniel Goytía Garay, solicitó la renovación de su licencia de corredor. La Junta expresó en dos ocasiones su intención de denegar la solicitud, archivando inicialmente el caso sin perjuicio. Tras una segunda notificación de denegación, el recurrente pidió una vista administrativa en noviembre de 2023. Un representante de la Junta indicó que la agencia estaba inoperante y no podía atender la solicitud. A pesar de múltiples comunicaciones del recurrente durante 11 meses, la Junta no realizó ningún trámite ni respondió. Ante la ausencia de acción y la alegada violación al debido proceso y los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal, considerando la prolongada inacción de la agencia, emitió un auto de mandamus y ordenó a la Junta Examinadora atender y resolver la controversia sobre la renovación de la licencia del Sr. Goytía en un término de treinta (30) días.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones José R. Marrero Ríos mediante un Recurso de Revisión. Impugna la Resolución del Negociado de la Policía de Puerto Rico del 30 de agosto de 2024. Dicha Resolución denegó su solicitud de renovación de licencia de guardia de seguridad independiente. El recurrente alegó poseer la licencia desde 1999 y que la denegatoria fue arbitraria. El Negociado justificó la denegatoria en la falta de autoridad legal para emitir licencias de guardia de seguridad independiente, basándose en jurisprudencia y reglamentos. Previo a este recurso, el recurrente había presentado una Demanda de Mandamus en el Tribunal de Primera Instancia. El Negociado solicitó la desestimación del Mandamus argumentando la falta de agotamiento de remedios administrativos tras la Resolución denegatoria. El presente recurso de revisión ante el Apelativo busca revocar la Resolución del Negociado. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, desestima el recurso presentado.

Resumen:

Se trata de una sentencia de un panel de jueces que resuelve un recurso de apelación presentado por la Sra. Dorca Villegas Meléndez. La apelante solicita la revisión de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Originalmente, la Sra. Villegas demandó a Optima Seguros, aseguradora del Municipio de Comerio, por daños sufridos al caer en una acera presuntamente negligente. Tras ser informada de que la acera podría pertenecer al gobierno estatal, la apelante enmendó su demanda para incluir al ELA. El ELA solicitó la desestimación alegando que la causa de acción estaba prescrita por no haber sido incluido en la demanda original. El foro primario reconsideró una resolución previa y desestimó la demanda contra el ELA basándose en la prescripción. El tribunal apelativo revisó los fundamentos del caso y el dictamen recurrido. Por los motivos expuestos en la sentencia, el tribunal apelativo REVOCA la decisión del foro primario que desestimó la demanda contra el ELA.

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Ángel G. Rodríguez Medina, legislador municipal de Humacao, impugnó la Orden Ejecutiva Núm. 74 del alcalde, que declaraba un estado de emergencia. Alegó que la orden era ilegal y un subterfugio para eludir los requisitos de subasta pública y límites presupuestarios bajo el Código Municipal. El legislador solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) un injunction para detener la ejecución de la orden. Tras una solicitud inicial denegada, el TPI reconsideró y emitió una orden de entredicho provisional sin notificación previa, paralizando las ejecutorias basadas en la declaración de emergencia. Luego de una vista, el TPI dictó una Resolución el 22 de octubre de 2024, concediendo al alcalde un término para expresarse sobre los argumentos presentados. El legislador apeló esta Resolución del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso de certiorari presentado. Considerando el estado procesal, el tribunal apelativo determinó que el recurso era prematuro. Por tanto, desestimó el recurso de epígrafe. El caso fue devuelto al TPI para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de revisión judicial presentado por Derek Jomuel Figueroa Otero. El recurrente impugna una decisión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que confirmó su inelegibilidad para recibir beneficios del programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA). El proceso administrativo incluyó una determinación inicial, una audiencia arbitral y una decisión final del Secretario del Trabajo. El DTRH rechazó como evidencia una planilla de contribución sobre ingresos enmendada por el recurrente, presentada después de la audiencia arbitral, para demostrar ingresos de negocio. El Tribunal de Apelaciones requirió al recurrente presentar prueba de la fecha de notificación de la decisión administrativa para verificar la jurisdicción del foro revisor. El recurrente no cumplió con este requerimiento dentro del término concedido. Por tanto, el Tribunal anticipa desestimar el recurso por falta de jurisdicción, al no haberse demostrado el cumplimiento con el término para recurrir.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de revisión administrativa presentada por Pablo Fradera Alicea. El recurrente solicitó un traslado de institución correccional por motivos de seguridad y cercanía familiar. Tras una respuesta inicial del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y una determinación del Tribunal de Primera Instancia declinando jurisdicción, el recurrente presentó una solicitud de remedio administrativo ante el DCR. Alegando falta de respuesta a esta última solicitud, el recurrente acudió directamente al Tribunal de Apelaciones. El tribunal examinó su jurisdicción, destacando la importancia de agotar los remedios administrativos disponibles antes de recurrir a la vía judicial. Determinó que la petición de revisión era prematura al no haberse emitido una determinación final sobre la solicitud de remedio administrativo. Concluyó que, al no haberse agotado el proceso administrativo, carecía de jurisdicción para atender el recurso en esta etapa. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó la petición de revisión administrativa.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve recursos de apelación y revisión relacionados con una demanda de daños y perjuicios por un accidente vehicular. El Tribunal de Primera Instancia había determinado la responsabilidad total de Roberto Gorbea Class en el accidente. Dicha sentencia ordenó a los demandados pagar a Michael Castro Oriach y sus padres la suma de $362,476.00 por daños, más $75,000.00 en honorarios de abogado contra Universal Insurance Company por temeridad. El accidente resultó en graves lesiones para el señor Castro Oriach, incluyendo múltiples fracturas y daños internos, además de la pérdida total de su vehículo. Los demandantes habían reclamado una cantidad significativamente mayor por daños físicos, emocionales y económicos. Los demandados, por su parte, alegaron culpa parcial del demandante. Tras consolidar los recursos y evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados de apelación sobre un caso de daños y perjuicios. El litigio surge de un accidente vehicular ocurrido el 19 de junio de 2018 entre Michael Castro Oriach y Roberto Gorbea Class. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el señor Gorbea Class fue totalmente responsable del siniestro. La sentencia de instancia ordenó a los demandados (Gorbea Class, Motorambar, Inc. y Universal Insurance Company) pagar al demandante y sus padres la suma de $362,476.00 por daños. Además, se impusieron $75,000.00 en honorarios de abogado contra Universal Insurance por temeridad. Tanto los demandados como el demandante apelaron la sentencia y una resolución posterior. El señor Castro Oriach sufrió lesiones graves, incluyendo fracturas, daño interno, impedimento permanente y angustias emocionales, requiriendo múltiples cirugías y terapias. Tras evaluar los expedientes consolidados, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida. Esto valida la determinación de responsabilidad y las cuantías de daños y honorarios concedidas por el tribunal de primera instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por el Dr. Luis F. Rosa Díaz y el Sindicato de Aseguradores en un caso de impericia médica. Los peticionarios buscaban la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para regular y reducir los honorarios del perito de la parte demandante, Migdalia Parrilla Betancourt. El foro primario había estimado como razonables los honorarios propuestos, aunque posteriormente ajustó el tiempo garantizado para la deposición. Los peticionarios alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al no celebrar una vista para determinar la razonabilidad de los honorarios. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, al considerar que el recurso no cumplía con los criterios establecidos en la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Certiorari KLCE202401123. Este recurso procedía del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en un caso sobre Daños y Perjuicio por Violación de Contrato y Pleito de Clases. Las partes eran Héctor Martínez y Otros como recurridos y John F. Nevares & Associates, P.S.C., y Otros como peticionarios. La Sentencia, fechada el 4 de noviembre de 2024, atendió una Moción de Desistimiento presentada por la parte peticionaria. El Tribunal declaró Con Lugar dicha moción. Como resultado, se dictó una Sentencia de desistimiento con perjuicio. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo definitivo del presente recurso.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari presentada por Marcelo Cruz Rosa. La petición impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre disolución de corporaciones y división de comunidad de bienes, originado en 2016 y resuelto por estipulación en 2019. Los procedimientos post-sentencia para la ejecución del acuerdo, particularmente la contabilidad de bienes comunes, están en curso. El foro primario ordenó el nombramiento de un perito del tribunal tras surgir problemas con el acceso a evidencia por peritos de parte. Luego de que las partes no sugirieran candidatos y designaciones previas fracasaran, el tribunal ordenó a un individuo específico informar su disponibilidad para servir como perito. El peticionario argumentó que esta orden era un error manifiesto y violaba el debido proceso. Solicitó la expedición del Certiorari y la paralización de los procedimientos en auxilio de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de Certiorari. Asimismo, declara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. La denegatoria se fundamenta en las razones expuestas en la resolución, haciendo referencia a las limitaciones para revisar órdenes interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la señora Lizzette Cristina Santiago Arce, ex-esposa del demandante en un pleito de usucapión, para impugnar la denegatoria de su solicitud de intervención y relevo de sentencia por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original de usucapión fue instado por el señor Ferdinand Landrau Torres y su actual esposa, Lisandra Borges Hernández, para adquirir por posesión extraordinaria el Solar C-17. El foro primario declaró con lugar la demanda de usucapión y adjudicó la propiedad a Landrau Torres y su actual esposa. La señora Santiago Arce solicitó intervenir alegando ser parte indispensable, pues también poseyó el solar y el inmueble colindante (Solar C-16) es parte de la comunidad de bienes de su divorcio con el señor Landrau Torres. Cuestionó la veracidad de las alegaciones de los demandantes sobre la posesión y fechas. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de intervención y relevo de sentencia. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari y confirmó la decisión del foro primario.

Resumen:

Los señores Julio C. Santiago Calvani y Erick Báez Camacho presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnan la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que denegó su moción de supresión de evidencia. Esta evidencia fue incautada durante una intervención policial en julio de 2022, que resultó en cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. Los peticionarios argumentaron que el arresto y registro fueron ilegales, realizados sin orden y sin cumplir excepciones, y que el testimonio del agente era estereotipado. El Ministerio Público se opuso, alegando falta de legitimación activa y que la evidencia era un objeto ilegal a plena vista. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, declaró sin lugar las mociones de supresión. Evaluadas las posiciones de las partes y la prueba, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El recurso fue presentado por el Lic. Eric Quetglas-Jordán, quien apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la Demanda contra Terceros que el Lic. Quetglas-Jordán había instado contra el Lic. Juan R. Dávila Díaz. La demanda original fue incoada por Espada, Miñana \& Pedrosa Law Offices (EMP) contra los esposos Trinidad-Lira y el Lic. Quetglas-Jordán por honorarios de abogado. El Lic. Quetglas-Jordán alegó en su demanda contra terceros que el Lic. Dávila Díaz, en representación de EMP, incurrió en abuso malicioso del derecho y fraude al presentar la demanda principal. El Tribunal de Primera Instancia había denegado inicialmente la desestimación de esta demanda contra terceros, pero luego la concedió en la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato entre Víctor Allende y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). El caso original fue apelado por la ACT ante este tribunal. Tras la aprobación de la ley PROMESA y la subsiguiente quiebra bajo el Título III de la ACT, el caso fue archivado administrativamente en espera de los procedimientos federales. Víctor Allende solicitó posteriormente la reactivación del caso. La ACT se opuso a la reapertura y solicitó la desestimación del pleito. La ACT argumentó que el señor Allende incumplió con la obligación de presentar un "proof of claim" en el Tribunal Federal de Distrito. Según el Plan de Ajuste confirmado para la ACT, la falta de presentación de dicho reclamo resulta en la descarga de la deuda. El Tribunal de Apelaciones determina que, al no haber presentado el "proof of claim" en el foro federal, la reclamación del señor Allende ha sido descargada. Por consiguiente, el caso ante el Tribunal de Apelaciones debe ser desestimado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. El apelante, Rubén Rodríguez Báez, impugna la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó la pensión alimentaria final para sus dos hijos menores. El foro primario había adoptado el informe de la Examinadora de Pensiones, estableciendo una pensión mensual de $1,277.75, pagos retroactivos y contribuciones a gastos escolares, médicos y extraordinarios. El Sr. Rodríguez Báez alegó que la determinación se basó en datos económicos erróneos y sin la debida presentación de prueba de ingresos. Argumentó que no se permitió actualizar la situación económica de las partes. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación. Tras revisar los fundamentos, el panel decidió revocar el dictamen apelado. El caso es devuelto a la Examinadora de Pensiones Alimentarias para la celebración de una nueva vista.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve los recursos presentados por Edward Feliciano López y KCS Enterprises LLC. Estos apelantes solicitaban la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus solicitudes de relevo de rebeldía y declaró Con Lugar la Demanda de Aperol LLC. La demanda original de Aperol LLC versaba sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños relacionados con el arrendamiento de una propiedad industrial. Aperol alegó que el arrendatario, Fabrics Industrial Laundry Corp., incumplió con la cláusula contractual que le hacía responsable del pago de contribuciones sobre la propiedad mueble, específicamente maquinaria. Tras un incendio que destruyó la propiedad y terminó el contrato, el CRIM emitió un cobro sustancial por contribuciones adeudadas sobre la maquinaria del arrendatario por años anteriores. Aperol demandó para recuperar esta deuda y otros conceptos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Aperol y denegó los remedios solicitados por los apelantes. Al revisar los recursos de apelación, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimarlos. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción para atender las apelaciones presentadas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos presentados por Edward Feliciano López y KCS Enterprises LLC, consolidados bajo los números KLAN202400865 y KLAN202400905. Los apelantes solicitan la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una Demanda de Aperol LLC. La Demanda de Aperol alegaba incumplimiento de contrato y cobro de dinero, entre otras causas, relacionadas con un contrato de arrendamiento de una propiedad industrial. Aperol sostuvo que la parte apelante, como arrendataria, incumplió con el pago de contribuciones sobre maquinaria según lo estipulado en el contrato, incluso después de que la propiedad fuera destruida por un fuego. El Tribunal de Primera Instancia denegó solicitudes de relevo de anotación de rebeldía de los apelantes y falló a favor de Aperol. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima los recursos de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo para atender los recursos presentados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución Sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso involucra a Héctor Antonio Cabán Pérez, quien adquirió un vehículo de motor de Lugo Outlet, Inc. Cabán Pérez presentó una querella ante el DACo alegando que Lugo Outlet no pagó multas de AutoExpreso por $\$ 6,511.70$ incurridas antes de la compra del vehículo. A pesar de que la licencia inicial no mostraba multas, una certificación posterior las reveló. Lugo Outlet no presentó una alegación responsiva a la querella dentro del término legal. Ante la rebeldía de Lugo Outlet, el DACo emitió una Resolución Sumaria. El DACo declaró Ha Lugar la querella, ordenando a Lugo Outlet pagar la cantidad de $\$ 6,511.70$ por concepto de multas de AutoExpreso. El foro administrativo basó su decisión en la obligación del vendedor de entregar el vehículo libre de gravámenes o deudas. Lugo Outlet recurrió la decisión del DACo ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procederá a modificar y, así modificada, confirmar la Resolución Sumaria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero entre NV Bakery Goods Distributors, LLC y otros (peticionarias) y Rodríguez Enterprises, Inc. (recurrida). Las peticionarias impugnaron una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para que su testigo principal testificara por videoconferencia. Alegaron que el testigo tenía una condición de salud que le impedía viajar para declarar en persona. El TPI había denegado previamente solicitudes similares de las peticionarias. Las peticionarias presentaron una apelación, la cual el Tribunal de Apelaciones acogió como un certiorari. También solicitaron auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos en el TPI. Tras examinar el escrito de las peticionarias, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar tanto la expedición del auto de certiorari como la solicitud en auxilio de jurisdicción. La decisión se fundamenta en los criterios para la revisión discrecional de resoluciones interlocutorias bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por el Dr. Luis A. Acosta García. El Dr. Acosta García apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo declaró responsable de impericia profesional médica. La demanda fue incoada por Luis David Valentín Córdova y Michelle Aponte Crespo, quienes alegaron negligencia médica durante el parto de su hijo. Sostuvieron que la falta de una cesárea oportuna y el manejo inadecuado de la aspiración de meconio causaron el fallecimiento del bebé. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Dr. Acosta García pagar más de $800,000 en daños. El apelante argumentó que no fue negligente, que no hubo nexo causal, que cumplió con los estándares médicos y que los daños eran excesivos. También planteó defensas como error de juicio. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Altea Properties, Inc. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de inhibición del Honorable Juez Elías Rivera Fernández. El caso subyacente es un pleito de daños y perjuicios y cumplimiento de contrato instado por Bacoa Finca + Fogón contra Altea Properties, relacionado con un contrato de arrendamiento con opción de compra de una propiedad. Altea Properties solicitó la inhibición del juez alegando trato injusto, parcialidad y prejuzgamiento basado en expresiones y decisiones procesales. El Tribunal de Primera Instancia, a través de la Jueza Administradora, denegó la solicitud de inhibición al concluir que Altea Properties no demostró hechos específicos que probaran parcialidad o prejuicio. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado, confirmando así la decisión del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre retracto de colindantes. La apelante, Darlene Acevedo Ruiz, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda del apelado, Héctor Moreno Tirado. La sentencia de instancia ordenó a la apelante vender una propiedad al apelado por el precio de adquisición. La apelante alegó errores del foro primario, incluyendo la falta de presencia de todos los reclamantes del derecho y la aplicación del retracto a una finca no agrícola. El apelado solicitó la desestimación del recurso de apelación por incumplimiento de la apelante con la notificación al tribunal de instancia. La apelante respondió a la solicitud de desestimación, explicando las circunstancias y defendiendo su actuación. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de apelación presentado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de certiorari. Los peticionarios, Alejandro Brito, BDG, LLC y Rotonda Homeowners Association, Inc., solicitaron la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha resolución del foro primario declaró No Ha Lugar una moción de desestimación presentada por los peticionarios. La acción original fue incoada por Liza Cabán h/n/c Optimus Property Solution por incumplimiento de contrato y daños. Previamente, los peticionarios habían solicitado una exposición más definida de la demanda, la cual fue enmendada por la parte recurrida detallando el alegado acuerdo y los hechos. Tras evaluar la petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones determina denegar la expedición del auto solicitado. Con esta decisión, se mantiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar la demanda.

Resumen:

Allan Cao Jiménez recurre en certiorari la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus memorandos de costas, gastos y honorarios de abogado. Dichas solicitudes se fundamentaron, en parte, en el proceso apelativo previo (Certiorari KLCE202400178) instado por la parte recurrida, Paseo Las Palmas Homeowners Association, Inc., el cual fue denegado por este Tribunal. El peticionario también reclamó honorarios basados en una oferta de sentencia bajo la Regla 35.1 en el caso civil subyacente. El Tribunal de Primera Instancia había declarado No Ha Lugar estas peticiones de costas y honorarios. Mediante la presente Resolución, el Tribunal de Apelaciones evalúa el recurso presentado por Allan Cao Jiménez. Tras considerar los fundamentos expuestos, este Panel Especial determina denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Carmen Leyla Díaz Suárez apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia desestimó sin perjuicio su acción de alimentos y remedios provisionales urgentes contra Kendall Eduardo Krans Negrón. Las partes, casadas por segunda vez y con un hijo menor, enfrentan un proceso de divorcio. Díaz Suárez alegó falta de vida matrimonial, abuso y solicitó remedios como desalojo del hogar, pensión pendente lite y coadministración de bienes. Krans Negrón presentó demanda de divorcio y solicitó la desestimación de la acción de Díaz Suárez, argumentando que los remedios eran propios del proceso de divorcio. Los casos fueron consolidados en el TPI. El TPI desestimó la demanda inicial de Díaz Suárez. Tras examinar los autos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Este caso de filiación y alimentos involucra una disputa sobre la validez de una sentencia posterior que añadió condenas por daños y honorarios. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una primera sentencia en mayo de 2022 que declaró la filiación pero omitió las reclamaciones de la madre por daños y honorarios. Una solicitud de reconsideración para incluir estas partidas fue denegada en octubre de 2022. Sin embargo, en diciembre de 2022, el TPI notificó una "Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc" que condenó al padre al pago de \$10,000 por daños y \$8,000 por gastos y honorarios, sin justificación. En agosto de 2024, el TPI ordenó al padre cumplir con esta segunda sentencia, declarándola final y firme. El padre recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI carecía de autoridad para emitir la segunda sentencia meses después de que la primera fuera final y firme y se denegara la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al ordenar el cumplimiento de la segunda sentencia. Determina que la "Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc" es nula. La nulidad se basa en que enmendó términos medulares de una sentencia final y firme más de seis meses después de su dictado, excediendo la autoridad del tribunal. Por tanto, se revoca la resolución del TPI que ordenaba el cumplimiento.

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Comparece ante este panel la Sra. Wanda Díaz Ramos apelando una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia desestimó su querella por despido injustificado contra Medtronic Puerto Rico Operations, Co. La señora Díaz Ramos reclamó que Medtronic la despidió sin justa causa el 30 de junio de 2023 y solicitó la correspondiente indemnización. Medtronic contestó que la terminación fue justificada por desviaciones graves de calidad en el desempeño de la apelante. Medtronic presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando la ausencia de controversia de hechos materiales que impidiera resolver el caso. La señora Díaz Ramos se opuso, alegando la existencia de una disputa sobre la justa causa del despido. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Medtronic, desestimando la querella. Tras revisar el recurso de apelación, este panel procede a confirmar la Sentencia apelada. Se valida así la determinación del tribunal inferior de que no existía controversia de hechos materiales que impidiera resolver el caso sumariamente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación por despido injustificado. Francisco José Nieves Christie apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella contra AIDS HEALTHCARE FOUNDATION, INC. El apelante, ex-gerente de farmacia, alegó que su despido fue injustificado bajo la Ley Núm. 80. La apelada sostuvo que el despido estuvo justificado por un patrón de conducta impropia y violaciones a las políticas de la empresa. La defensa incluyó ejemplos como tardanzas recurrentes, alteración de registros de asistencia y cierre temprano no autorizado de la farmacia. El Tribunal de Primera Instancia concedió una Moción de Sentencia Sumaria a favor de la apelada, determinando que el despido fue justificado. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). El NPPR recurre una Resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) que revocó la expulsión del ex agente Jason Maldonado Rosado. La CIPA también ordenó el pago de salarios dejados de percibir al señor Maldonado Rosado desde su separación del cargo. La expulsión original del agente se fundamentó en alegaciones de violencia doméstica contra su entonces esposa en junio de 2018. Estos hechos llevaron a una determinación de causa probable para arresto bajo la Ley Núm. 54-1989 y la emisión de una orden de protección. El NPPR imputó al agente faltas graves del Reglamento de Personal, incluyendo conducta lesiva, incurrir en delito con depravación moral y actos constitutivos de violencia doméstica. La investigación administrativa para la expulsión se llevó a cabo independientemente del resultado del caso criminal. Las partes han completado los trámites procesales ante el Tribunal de Apelaciones, presentando la transcripción de la prueba de la vista administrativa y el alegato en oposición del recurrido. El Tribunal considera perfeccionado el recurso para proceder a evaluar la controversia sobre la legalidad de la expulsión y la decisión de la CIPA.

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La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) recurre ante el tribunal solicitando la revocación de una Resolución de la Comisión Industrial. El caso se origina por una lesión sufrida por una trabajadora, a quien la CFSE autorizó tratamiento médico mientras trabajaba tras un breve descanso. La trabajadora apeló ante la Comisión, solicitando tratamiento en descanso. La Comisión revocó la decisión de la CFSE y ordenó el pago de dietas desde una fecha específica hasta el alta definitiva del tratamiento. La CFSE presentó una moción de enmienda ante la Comisión, argumentando que la orden de dietas hasta el alta definitiva era improcedente y no solicitada. La Comisión emitió una Resolución sobre dicha moción, la cual es objeto del presente recurso. El tribunal, tras evaluar el caso, desestima el dictamen recurrido. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el recurso presentado por la CFSE.