Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 36)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia Parcial dictada el 24 de agosto de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia de Salinas. AT&T Mobility Puerto Rico, INC., MasTec North America, INC. y Cape Fear Utilities, LLC apelaron esta decisión. La sentencia apelada acogió la solicitud de MAPFRE PRAICO Insurance Company. Esto resultó en la desestimación de la Demanda contra Coparte de Cape Fear y la Demanda contra CoParte Enmendada de AT&T y MasTec. Dichas demandas cruzadas estaban dirigidas contra CH Rental y MAPFRE. El litigio principal se originó en una demanda por daños y perjuicios presentada en 2019 por los señores Suárez Hernández. Reclaman por un accidente de tránsito en 2018 causado por una excavación sin señalización en la carretera núm. 3. Los trabajos de excavación fueron realizados por MasTec, contratada por AT&T. La apelación busca revertir la desestimación de las reclamaciones contra MAPFRE y CH Rental dentro de este caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con fecha 14 de noviembre de 2024. Examina las apelaciones presentadas por AT&T Mobility Puerto Rico, INC., MasTec North America, INC., y Cape Fear Utilities, LLC. Las apelaciones buscan revisar una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Salinas del 24 de agosto de 2022. Dicha sentencia acogió una solicitud de MAPFRE PRAICO Insurance Company. Como resultado, se desestimaron las Demandas contra Coparte presentadas por Cape Fear y por AT&T/MasTec. Estas demandas fueron dirigidas contra CH Rental y MAPFRE. El caso original es una reclamación de daños y perjuicios incoada por la familia Suárez Hernández. La reclamación surge de un accidente de tránsito en 2018, alegadamente causado por una excavación sin señalización durante trabajos de AT&T en la carretera núm. 3. MasTec fue identificada como la contratista encargada de dichos trabajos. La controversia apelada se centra en la desestimación de las reclamaciones cruzadas contra CH Rental y MAPFRE dentro de este litigio principal.

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El caso se origina en una demanda de ejecución de hipoteca in rem presentada por Bautista Reo PR Corp. contra la sucesión de uno de los co-dueños de las propiedades hipotecadas. Tras enmendar la demanda para incluir a los hijos del causante como herederos, el demandante solicitó autorización para emplazarlos por edicto. Se presentaron declaraciones juradas detallando múltiples gestiones para ubicar a los herederos, incluyendo conversaciones con la viuda, búsquedas en internet y visitas a las propiedades y dependencias públicas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la solicitud de emplazamiento por edicto mediante una Orden sin exponer sus razones. Inconforme, el demandante presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que había acreditado gestiones específicas y detalladas para intentar ubicar a los demandados. El Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI erró al denegar la solicitud. Considera que el demandante sustentó debidamente, con referencia a gestiones específicas, los intentos infructuosos de ubicar a los herederos pertinentes.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Raúl León Martínez. El peticionario solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la Solicitud de Hogar Seguro presentada por Jennifer Rivera Márquez. Las partes, divorciadas con custodia compartida de un hijo menor, discrepan sobre la designación del hogar conyugal. La recurrida solicitó el Hogar Seguro argumentando el bienestar del menor en la residencia familiar. El peticionario se opuso, alegando que la designación no procede en un esquema de custodia compartida y que el menor pasa más tiempo bajo su cuidado. El foro primario celebró una vista evidenciaría y concedió la solicitud de Hogar Seguro, denegando posteriormente una reconsideración. El peticionario acudió en Certiorari señalando errores relacionados con la aplicación del Hogar Seguro en custodia compartida y la proporción de tiempo del menor. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, deniega el auto de certiorari.

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Un panel integrado por los jueces Hernández Sánchez, Bonilla Ortiz y Mateu Meléndez deniega expedir un auto de certiorari solicitado por Benjamín J. Blad, Kevin Gan y su sociedad legal de gananciales. Los peticionarios buscaban la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su solicitud de desestimación. La solicitud de desestimación se presentó en el contexto de una demanda por cobro de dinero e incumplimiento de contrato instada por Carla E. Coletti. La señora Coletti reclamaba el pago de cánones de arrendamiento impagos tras el abandono de una propiedad. Los peticionarios argumentaron que la demanda carecía de madurez porque, según el contrato de arrendamiento, la arrendadora debía notificarles el incumplimiento y darles 15 días para pagar antes de demandar. Alegaron que, al no recibir dicha notificación, la deuda no estaba vencida ni era exigible. El foro primario declaró No Ha Lugar la desestimación, ordenando a los peticionarios contestar la demanda. Los peticionarios presentaron una moción de reconsideración reiterando su argumento jurisdiccional. El panel revisor, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de certiorari presentado por Reinaldo José González Rodríguez. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha Resolución, emitida en agosto de 2024, había revocado los beneficios de libertad a prueba concedidos previamente a González Rodríguez. El caso original involucra dos cargos de tentativa de violación al Artículo 3.1 de la Ley 54 (Violencia Doméstica), a los cuales el peticionario se había declarado culpable. La revocación de la probatoria se basó en un Informe de Violación de Condiciones presentado por la Técnico Socio Penal. El informe alegaba el incumplimiento de condiciones especiales, particularmente la prohibición de intervenir con la perjudicada. Tras una vista final de revocación, el Tribunal de Primera Instancia determinó el incumplimiento y procedió a revocar la probatoria. Evaluada la solicitud de certiorari y la oposición, el Tribunal de Apelaciones concluye que el recurso no procede.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón apelada por Puerto Rico High School Athletic Alliance, Corp. (PRHSAA). PRHSAA buscaba revocar la decisión del foro primario que concedió un interdicto permanente, dejando sin efecto una sanción probatoria impuesta por PRHSAA al programa deportivo del Colegio San Ignacio (CSI). La sanción original de PRHSAA se debió a la inclusión de un jugador inelegible en un torneo. Padres de estudiantes-atletas del CSI demandaron, alegando que la sanción era arbitraria, irrazonable y perjudicial para los estudiantes, argumentando violaciones a la reglamentación de PRHSAA, derechos contractuales y el debido proceso de ley. PRHSAA solicitó la desestimación, cuestionando la aplicabilidad de la Carta de Derechos del Estudiante y la legitimación de los demandantes, pero el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda y emitió el interdicto permanente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de daños y perjuicios por caída. La apelación proviene de una demanda presentada por Nancy Reyes Díaz contra el Municipio de Caguas y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La señora Reyes Díaz reclamó daños tras tropezar y caer con la base de un contador de la AAA que sobresalía de una acera en Caguas. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia que fue apelada por la AAA. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia recurrida. La modificación principal establece que tanto la AAA como el Municipio de Caguas son responsables en un cincuenta por ciento (50%) cada uno por la caída. Asimismo, se redujo el interés legal sobre la sentencia del 9.50% al 5.50%. Con estas modificaciones, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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Recurso de apelación presentado por la Asociación Recreativa y de Residentes Villa del Mar Coco Beach, Inc. contra Jaime Noel Sánchez Rodríguez, procedente del Tribunal de Primera Instancia. El caso versa sobre el cobro de cuotas de mantenimiento adeudadas por el Apelado. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al señor Sánchez Rodríguez pagar a la Asociación la suma de \$10,710.72 más intereses. Las partes habían suscrito previamente un acuerdo de pago para una deuda de \$8,985.00, el cual se incumplió. La Asociación demandó por una cantidad mayor, mientras el Apelado alegó dificultades financieras por la pandemia, impedimento por actos propios de la Asociación y que intentó saldar el principal original. La Asociación apeló la sentencia del TPI solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados en un caso de daños y perjuicios. La apelación proviene de una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Dicha sentencia determinó que las pólizas de Universal Insurance Company no cubrían las causas de acción alegadas y desestimó la demanda contra la aseguradora. El caso original fue presentado por Jimmy Olivera Jaume, quien alegó haber sufrido daños por un patrón de conducta agresiva y una agresión física por parte del hijo del accionista principal del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Pepino Health Group en las instalaciones de este. Olivera sostuvo que los demandados tenían conocimiento de la conducta violenta y no actuaron para protegerlo. Tanto el CDT como Olivera apelaron la desestimación de Universal. El Tribunal de Apelaciones evaluó los recursos y la oposición, confirmando la sentencia sumaria parcial recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso instado por Omar López López contra el Municipio de Vega Baja y su aseguradora. El apelante impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de daños y perjuicios. La demanda original alegaba que el señor López López sufrió una caída en una acera en Vega Baja debido a un desnivel. El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor del Municipio, aplicando la inmunidad municipal dispuesta en el Código Municipal para accidentes en carreteras o aceras estatales. El señor López López argumentó en apelación que existían controversias de hecho sobre la titularidad y responsabilidad de la acera. También cuestionó la aplicación de la norma establecida en el caso *González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan*. El Municipio presentó certificaciones indicando que la vía no estaba bajo su jurisdicción. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia consolidando dos recursos de apelación. Estos recursos impugnaban una Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia de instancia concluyó que las pólizas de seguro de Universal Insurance Company no cubrían las causas de acción alegadas en una demanda por daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Jimmy Olivera Jaume contra el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Pepino Health Group (CDT), sus principales, y otros. Olivera alegó haber sufrido daños, incluyendo agresión física y pérdida de visión, por parte de Juan Carlos Robles Nieves, hijo del accionista principal del CDT. Sostuvo que el CDT y sus directivos conocían el patrón de conducta agresiva de Robles Nieves pero no actuaron para protegerlo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra Universal Insurance Company al determinar la falta de cobertura. Tanto el CDT como Olivera apelaron esta decisión. Tras evaluar los recursos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria Parcial. Esto ratifica la desestimación de Universal Insurance Company como codemandada en el caso.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una Apelación Civil. El señor Bryan Torres Miranda apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar su Querella contra FMC Agricultural Caribe Industries, LTD. El Tribunal de Apelaciones prescindió del alegato de la parte apelada para agilizar el despacho del caso. El señor Torres Miranda, empleado de FMC desde 2013, estaba sujeto a las reglas de conducta y código de ética de la empresa. Recibió amonestaciones escritas en 2018 y 2019 por infracciones a las políticas y procedimientos. Tras la segunda amonestación, se le advirtió que futuras violaciones podrían resultar en medidas disciplinarias, incluyendo el despido. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la Sentencia emitida por el TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400436. El recurso fue presentado por José C. Hernández García y otros contra Refricentro, Inc. y otros. Impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un pleito de interpleader. Oriental Bank inició el caso SJ2022CV06221 debido a una controversia sobre quiénes tenían derecho a acceder a los fondos de una cuenta de Refricentro. La disputa surgió por reclamos conflictivos sobre la legítima junta de directores de la compañía. Oriental solicitó al tribunal aceptar la consignación de los fondos en disputa. Los apelantes se opusieron al interpleader y presentaron una reconvención contra Oriental, alegando incumplimiento y la ilegitimidad de la parte contraria. El foro primario declaró Ha Lugar la moción de consignación de Oriental y desestimó la reconvención de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato. Los apelantes, Eladio López Reyes, Francisca Quiñones García, su sociedad de bienes gananciales y All Systems Electronics, Inc., demandaron a sus antiguos abogados, Rodriguez Ortiz, Rodriguez-Ruiz \& Asociados. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto y conspiración por cobro de honorarios excesivos. Los abogados representaron a All Systems en un caso que culminó en un acuerdo transaccional de \$1,200,000.00 en 2007. Los apelantes cuestionaron el pago de \$600,000.00 a los abogados de los fondos del acuerdo, alegando que se enriquecieron injustamente y que hubo un nuevo contrato con honorarios excesivos. Los abogados argumentaron que el aumento se debió a otras labores profesionales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en 2023. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones que atiende un recurso presentado por Ramón González Simounet contra Hacienda Ilusión, LLC. El recurso busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de cobro de dinero sumario. Dicha sentencia declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de Hacienda Ilusión y No Ha Lugar la del señor González. El litigio se originó por un contrato de arrendamiento donde el arrendatario alegó que la propiedad estaba en pobres condiciones y solicitó la rescisión y el reembolso de $\$15,000$. El arrendador, por su parte, presentó una reconvención reclamando $\$90,000$ en cánones de arrendamiento por el término completo del contrato. El Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de apelación, confirmando implícitamente la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari en un caso sobre división de bienes hereditarios. Los peticionarios impugnaban una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había impuesto sanciones económicas a los peticionarios por omitir información conocida y pertinente sobre el fallecimiento de una persona que ellos alegaron era parte indispensable. Además, el TPI ordenó a las partes proveer información sobre los posibles herederos de dicha persona. Los peticionarios solicitaron reconsideración de la sanción y la orden, la cual fue denegada. Argumentaron en apelación que el TPI debió desestimar el caso y notificar al Secretario de Agricultura. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declinó intervenir con la decisión recurrida.

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El Municipio Autónomo de Caguas presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Este recurso impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa de una propiedad declarada estorbo público. El Municipio había intentado desistir de la petición de expropiación sin perjuicio. Sin embargo, el foro primario declaró no ha lugar el desistimiento y ordenó al Municipio consignar la justa compensación en un término de treinta días. El Municipio solicitó al Tribunal de Apelaciones la paralización de los procedimientos primarios mientras se resolvía el certiorari. El Tribunal de Apelaciones concedió la moción en auxilio de jurisdicción y paralizó el caso el mismo día de la presentación del recurso. Esta Sentencia resuelve el recurso de certiorari presentado por el Municipio. La decisión se emite sin trámite ulterior, conforme a la discreción conferida por la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario sobre la solicitud de desistimiento y la orden de consignación.

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Juan M. Crespo Morales, un confinado con una sentencia consolidada de 594 años por varios delitos graves, solicitó el privilegio de libertad bajo palabra. La Junta de Libertad Bajo Palabra evaluó su caso y le denegó la solicitud mediante Resolución. La Junta fundamentó su decisión en la inviabilidad de la vivienda propuesta, la necesidad de una evaluación psicológica actualizada y la observación de su ajuste en custodia mínima. También señaló que el confinado negaba la comisión de los delitos. El señor Crespo Morales presentó una Moción de Reconsideración ante la Junta, la cual fue declarada No Ha Lugar. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Revisión Administrativa. Alegó que la Junta erró al denegar su solicitud de forma arbitraria y caprichosa, violando su derecho a la rehabilitación y al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, emitió una Sentencia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal decidió revocar la Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. El peticionario, Luis Ricardo Montes Santiago, impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de supresión de evidencia. El caso se relaciona con infracciones al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. El Tribunal de Primera Instancia había concluido que el agente tuvo motivos fundados para la intervención, que el registro fue incidental a un arresto válido y que su testimonio no fue estereotipado. Por ello, declaró no ha lugar la moción de supresión y la posterior reconsideración. El señor Montes Santiago solicitó al Tribunal de Apelaciones que expidiera el auto y revocara dicha resolución. Tras examinar los escritos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de certiorari. El recurso surge de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que modificó las condiciones de fianza de un acusado. El imputado, Alberto Luis Rivera Pomales, enfrenta cargos graves por tentativa de asesinato (feminicidio), violencia doméstica, maltrato de menores y Ley de Armas. Se le imputa haber perseguido, amenazado y apuñalado a su exesposa en presencia de sus hijos menores. Bajo fianza, el acusado estaba sujeto a supervisión electrónica y una orden de protección. A solicitud de la defensa, el TPI le autorizó a trabajar tres noches a la semana en un club nocturno. El Programa de Servicios con Antelación al Juicio se opuso, indicando que el lugar de empleo estaba dentro de la zona de exclusión de la víctima y que esta temía por su vida. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al permitir al imputado ingresar rutinariamente en la zona de exclusión sin justificación excepcional. La sentencia revoca la modificación de las condiciones de fianza.

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Héctor Rivera Pacheco solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso el pago de \$10,816.20 en costas a favor del Dr. Fernando Rojas Díaz. La controversia surgió de una demanda por impericia médica presentada por Rivera Pacheco contra el Dr. Rojas Díaz, la cual fue desestimada con perjuicio tras la celebración del juicio. Posteriormente, el Dr. Rojas Díaz presentó un memorando de costas que incluía gastos de radicación, transcripción de deposición y, principalmente, honorarios de perito. Rivera Pacheco se opuso al pago de las costas, argumentando contra la procedencia y cuantía de los gastos periciales. El foro primario emitió una Orden concediendo el pago total de las costas solicitadas y denegando la oposición del Peticionario. Tras una reconsideración denegada, Rivera Pacheco acudió al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, Deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado por Héctor Rivera Pacheco.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de Certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El recurso buscaba revocar dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en el caso contra José L. García Lucre. La primera resolución desestimó las acusaciones contra el Sr. García Lucre por tentativa de asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas. La defensa argumentó que la tentativa de un delito cometido con temeridad no está penalizada. La segunda resolución denegó la moción del Estado para enmendar las acusaciones y cambiar el elemento subjetivo de "temerariamente" a "con conocimiento o a propósito". Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari y revocó ambas determinaciones del foro primario.

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Obe E. Johnson, una persona confinada, apeló la desestimación de su recurso de Mandamus presentado para reclamar el pago de estímulos económicos federales por la pandemia de Covid-19. La acción original fue incoada ante el Tribunal de Primera Instancia contra el Estado Libre Asociado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Hacienda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el Mandamus sin perjuicio, al determinar que el Departamento de Hacienda ofrece un proceso administrativo adecuado y eficaz para solicitar y evaluar la elegibilidad para dichos fondos. El TPI concluyó que Johnson debía agotar este remedio administrativo antes de recurrir a un Mandamus. Inconforme con esta decisión, Johnson apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar la apelación por falta de jurisdicción. El foro apelativo reafirmó que el Mandamus es un remedio extraordinario que solo procede cuando no existe un recurso adecuado en el curso ordinario de la ley. Dado que el Departamento de Hacienda provee dicho remedio administrativo, el Mandamus no era la vía procesal correcta, lo que lleva a la desestimación del recurso apelativo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, en el caso KLCE202401221, originado en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas sobre división de bienes hereditarios. La parte peticionaria, Moisés Colón Otero, presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción y un recurso de Certiorari. El Tribunal denegó la solicitud de paralización de los procedimientos por incumplimiento con la regla de notificación simultánea a la otra parte. Respecto al recurso de Certiorari en sus méritos, el Tribunal resolvió abstenerse de ejercer su función revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión se toma sin perjuicio de que los planteamientos de derecho puedan presentarse nuevamente en una eventual apelación.

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Sentencia de un panel judicial que revisa decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre Elba Migdalia Alicea Ortiz y Banco Popular de Puerto Rico. La apelante solicitó la revisión de una Sentencia Parcial que desestimó su petición de interdicto preliminar. También impugnó una Resolución que denegó la paralización de los procedimientos en el foro primario. Sus reclamos originales se basaban en alegaciones sobre un caso hipotecario previo, incluyendo falta de emplazamiento personal y denegación de alternativas de mitigación. El Banco Popular argumentó que los asuntos ya habían sido litigados y estaban impedidos por sentencia. La apelante pidió la paralización del caso conforme a RESPA tras presentar una solicitud de mitigación de pérdidas. El foro primario desestimó el interdicto y declaró no ha lugar la paralización. Este tribunal revisó los fundamentos de ambas decisiones. Finalmente, la Sentencia Parcial del 11 de julio de 2024 y la Resolución del 17 de julio de 2024 fueron confirmadas.

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La peticionaria solicitó un auto de mandamus al Tribunal de Apelaciones para ordenar al Tribunal de Primera Instancia que resolviera una solicitud de relocalización de una hija menor fuera de Puerto Rico, presentada en enero de 2019 y pendiente desde hacía años. El Tribunal de Apelaciones ordenó al foro primario mostrar causa. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia informó que había adjudicado la solicitud de relocalización mediante resolución. El Tribunal de Apelaciones constató que la solicitud fue resuelta el 30 de octubre de 2024, después de presentado el recurso de mandamus. Concluyó que la controversia se tornó académica al haber sido resuelto el asunto subyacente por el Tribunal de Primera Instancia. Los tribunales solo evalúan casos justiciables, y un caso es académico cuando la cuestión en controversia deja de existir. Por tanto, se denegó la expedición del auto de mandamus solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que confirma la desestimación de una demanda por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante, Darwin Morales Velázquez, impugnó una enmienda al reglamento interno de la Legislatura Municipal de Peñuelas. Dicha enmienda prohibía el uso de dispositivos electrónicos y grabaciones no oficiales durante las sesiones legislativas. El apelante argumentó que esta disposición violaba derechos constitucionales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública. La parte apelada solicitó la desestimación, alegando que la controversia era una cuestión política no justiciable. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, considerando el asunto como no justiciable. Tras una moción de reconsideración declarada no ha lugar, el apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia apelada. Esto valida la desestimación de la demanda que buscaba anular la enmienda reglamentaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por el Estado Libre Asociado. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo en un caso de impugnación de confiscación de vehículo. El vehículo fue confiscado por el Estado tras ser utilizado en un delito. Americas Leading Finances, LLC (ALF), quien poseía un gravamen registral sobre el vehículo, impugnó la confiscación. ALF solicitó sentencia sumaria, argumentando la validez de su gravamen frente a la acción estatal. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la solicitud de ALF, protegiendo su interés financiero. El Estado apeló esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. La decisión ratifica la primacía del gravamen de ALF sobre la confiscación estatal en estas circunstancias.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La controversia principal surge entre Paseo Caribe Commercial, LLC (apelante) y el Consejo de Titulares del Condominio Bahía Plaza (apelado). El litigio se centra en la responsabilidad del pago por el consumo energético de una torre de enfriamiento que sirve tanto al centro comercial del apelante como a áreas comunes del condominio del apelado. El apelante alega que la torre es una servidumbre que beneficia a ambas partes y que el apelado debe contribuir a los gastos conforme a la Ley de Propiedad Horizontal y el Código Civil, evitando un enriquecimiento injusto. El apelado argumenta que la Escritura Matriz asigna al apelante la responsabilidad de los gastos de utilidades de las servidumbres no exclusivas, incluyendo la energía de la torre. El apelado también cuestiona la aplicabilidad de la Ley de Condominios y la defensa de enriquecimiento injusto. El apelante busca revocar la sentencia que favoreció al Consejo de Titulares.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial y una Resolución emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La apelante, Elba Migdalia Alicea Ortiz, solicitó la revocación de la Sentencia Parcial que desestimó su solicitud de interdicto preliminar y permanente contra Banco Popular de Puerto Rico. También pidió la revocación de la Resolución que denegó la paralización de los procedimientos en el caso. Alicea Ortiz había demandado alegando falta de emplazamiento en un caso anterior, omisión de atender sus planteamientos y falta de alternativas de mitigación de pérdidas. Banco Popular solicitó la desestimación argumentando que los asuntos ya habían sido adjudicados y estaban impedidos por la doctrina de impedimento colateral. La apelante solicitó la paralización del caso conforme a RESPA tras presentar una solicitud de mitigación de pérdidas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud de interdicto y denegó la paralización de los procedimientos. Tras revisar los recursos presentados, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial del 11 de julio de 2024. Asimismo, confirma la Resolución del 17 de julio de 2024, validando las determinaciones del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la apelación presentada por Jorge Efraín Rodríguez Wilson. La apelación impugna la Sentencia Sumaria emitida el 6 de junio de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró Con Lugar la Demanda Enmendada de Luna Residential II, LLC, en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El historial del caso se remonta a 2013, incluyendo intentos de modificación hipotecaria, procedimientos de quiebra y una sentencia sumaria previa en 2016 a la que el apelante se allanó. Tras la sentencia de 2016, hubo un acto de subasta y una orden de lanzamiento. El apelante solicitó la reconsideración de la sentencia de 2024, la cual fue declarada No Ha Lugar. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, procede a confirmar la Sentencia Sumaria apelada del 6 de junio de 2024.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de certiorari sobre una resolución del foro primario relativa a intereses post-sentencia. El caso enfrenta a Eduardo M. Joglar Castillo contra Luiz A. Penna, Gerald A. Torres Nogueras y AWCI, LLC, originado en una acción de sentencia declaratoria sobre disolución de sociedad y pago de participación. La resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia ordenó a los peticionarios pagar intereses post-sentencia sobre intereses pre-sentencia y honorarios de abogado, calculados desde el 19 de febrero de 2019 a tasas específicas. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari y modificó dicha resolución. La modificación consistió en cambiar las fechas de inicio y las tasas de interés para el cálculo de los intereses post-sentencia. Los intereses post-sentencia sobre los intereses pre-sentencia se calcularán desde el 16 de agosto de 2022 a una tasa de 5.00%. Los intereses post-sentencia sobre los honorarios de abogado se calcularán desde el 26 de septiembre de 2023 a una tasa de 9.25%. El resto de la resolución del foro primario fue confirmada. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para que realice los cálculos conforme a estas nuevas directrices.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por J.J. Annoni, Inc. contra Caribbean Display and Construction, Inc. y United Surety and Indemnity Company. Annoni apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de junio de 2024. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar la demanda de Annoni por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. La demanda de Annoni reclamaba el pago por trabajos de instalación de losas como subcontratista de CDC. El foro primario, a su vez, declaró Ha Lugar la reconvención presentada por CDC contra Annoni. La reconvención de CDC alegaba daños causados por los trabajos de Annoni y reclamaba compensación. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendió un recurso de revisión presentado por Custom Group, LLC. contra la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO). Custom Group impugnó la adjudicación del RFP PRIDCO-FEMA-RFP-2023-03 para servicios de coordinación de manejo de subvenciones, otorgado a DCMC, LLC. Custom Group alegó fallas en la notificación de adjudicación, denegación de acceso al expediente y errores en la evaluación de su propuesta. PRIDCO solicitó la desestimación del recurso por prematuro, admitiendo que su notificación inicial omitió el término para impugnar. El Tribunal determinó que la notificación de adjudicación de PRIDCO no cumplió con los requisitos de debido proceso de ley. Específicamente, no informó adecuadamente sobre los recursos disponibles ni los términos para impugnar la decisión. En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso de revisión por ser prematuro. Ordenó devolver el caso a PRIDCO para que emita y notifique nuevamente la adjudicación del RFP. La nueva notificación debe cumplir con todos los requisitos legales correspondientes.

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Se presenta un recurso de revisión judicial contra una Resolución de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La OEG encontró al Sr. Ricky López Martiz responsable de violar los incisos (b) y (r) del Artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la OEG. Las violaciones se relacionan con su actuación como director regional del Departamento de Recreación y Deportes, específicamente por no cobrar el arrendamiento y uso de instalaciones. La OEG le impuso una multa de \$4,000 y la restitución de \$2,920. El Sr. López Martiz recurre la decisión, alegando que la Resolución de la OEG fue emitida fuera de los términos legales. También argumenta que la determinación de las violaciones carece de prueba clara, robusta y convincente. Sostiene que la decisión no se basó en evidencia sustancial del expediente administrativo. El tribunal revisor evaluará si la OEG actuó correctamente en cuanto a los plazos procesales y la apreciación de la prueba.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari relacionado con un caso de impericia médica. Los peticionarios, incluyendo al Dr. Daniel Roques Arroyo, impugnan una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario había denegado la solicitud de los peticionarios para utilizar un nuevo perito neurocirujano. Tras la denegación inicial en una minuta, los peticionarios solicitaron aclaración y presentaron una moción de reconsideración, las cuales también fueron declaradas no ha lugar. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones argumentando error al denegar la prueba pericial. Luego de examinar la solicitud y el expediente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari presentado. La desestimación se fundamenta en los motivos que se expondrán, comenzando con el análisis de la jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. Jackeline del Toro Cordero impugna la desestimación de su apelación por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó la apelación de la Sra. Del Toro Cordero contra una amonestación escrita impuesta por el Municipio de Ponce. La desestimación se fundamentó en que la CASP consideró que la apelación fue radicada fuera del término legal de 30 días. La CASP determinó que, aunque la apelación se presentó electrónicamente a tiempo, el original físico se radicó tardíamente según su reglamento. La recurrente alegó que la CASP erró al desestimar su caso por extemporaneidad. El Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Resolución de la CASP. Se concluye que la desestimación por extemporaneidad fue incorrecta. El caso es devuelto a la CASP para que continúe con los procedimientos sobre el fondo de la apelación original.

Resumen:

Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico proviene de un caso en el Tribunal de Primera Instancia sobre solicitud de nulidad, acción pauliana y fraude de acreedores. La parte peticionaria, demandada en instancia, solicitó la desestimación del caso alegando cosa juzgada, argumentando que las reclamaciones habían sido adjudicadas previamente en un tribunal federal. La parte recurrida se opuso, señalando que el foro federal desestimó las causas de acción sin perjuicio, excepto una contra otra entidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, concluyendo que la desestimación federal sin perjuicio impedía la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Por tanto, el foro de instancia ordenó la continuación de los procedimientos. Inconforme con esta determinación, la parte peticionaria presentó el presente certiorari. Alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al no aplicar el impedimento colateral por sentencia y al entenderse con jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones ha perfeccionado el recurso y procederá a adjudicar la controversia sobre la procedencia de la desestimación por cosa juzgada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de garantías. El recurso de certiorari fue presentado por Yamelit Maldonado Soto contra Banco Popular de Puerto Rico. La Sra. Maldonado Soto solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Orden declaró "No Ha Lugar" su solicitud de desestimación del caso. El caso original inició en 2016 por demanda de BPPR, resultando en una sentencia en rebeldía contra la Sra. Maldonado Soto. La moción de desestimación se basó en alegados incumplimientos del banco con leyes de mitigación de pérdidas (RESPA, etc.). La peticionaria argumentó que estos incumplimientos justificaban el relevo de sentencia o la desestimación del caso. Tras varios trámites, el TPI denegó su solicitud de desestimación. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal confirmó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Merchant Advance, LLC apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Conceptos Cuisine, LLC. La demanda se fundamentaba en un Contrato para la Compraventa de Ingresos Futuros, mediante el cual Merchant Advance entregó $25,000 a cambio de $34,750 en ingresos futuros. El foro primario concluyó que el contrato era en realidad un préstamo usurario, limitando la recuperación al 75% del capital según el Código Civil de 1930. Merchant Advance argumentó que el tribunal erró al no reconocer la validez de un contrato de venta de bienes futuros. El Tribunal de Apelaciones inicialmente confirmó la sentencia apelada. Merchant Advance recurrió al Tribunal Supremo, el cual revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo ordenó la devolución del caso para que el Tribunal de Apelaciones atendiera en los méritos el segundo señalamiento de error de la apelación original. Esta sentencia se emite en cumplimiento de dicho mandato del Tribunal Supremo.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso original, entre Sabanera Residential Hold, LLC y Lucas y Lara Uria Theis, trata sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Sabanera obtuvo una sentencia en rebeldía contra los Uria Theis tras emplazarlos por edicto. Posteriormente, Sabanera solicitó y obtuvo una orden de embargo de bienes. Los Uria Theis comparecieron por primera vez tras la orden de embargo, solicitando su paralización y oponiéndose a las mociones de embargo. Alegaron falta de jurisdicción sobre su persona por emplazamiento defectuoso y falta de jurisdicción sobre los bienes embargados por estar fuera de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su solicitud. Mediante este certiorari, los Uria Theis buscan revocar esa decisión. El Tribunal de Apelaciones ha decidido expedir el auto de certiorari para ordenar al Tribunal de Primera Instancia que adjudique primero el asunto jurisdiccional planteado por los recurrentes, ya que precede cualquier otra consideración.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por M.J. Consulting \& Development, Inc. La empresa solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. La demanda original fue presentada por Lydia Janette Zambrana Roig por daños sufridos tras ser agredida por otras residentes en el complejo que administra M.J. Consulting. La señora Zambrana imputó negligencia a la administración por falta de seguridad. M.J. Consulting argumentó que no era responsable por actos de terceros y que no existía nexo causal entre su gestión y la agresión. La Peticionaria sostuvo que la Recurrida carecía de evidencia para probar la negligencia y la causalidad en su contra. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del TPI y desestimó la demanda contra M.J. Consulting con perjuicio.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de un auto de certiorari solicitado por Luis Ángel Jiménez Ramírez. El Peticionario buscaba revocar dos resoluciones del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que denegaron paralizar los procesos de lanzamiento y declarar la nulidad de una sentencia final y firme de 2015. El caso original, iniciado en 2013 por una Cooperativa, es sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, con sentencia a favor de la Cooperativa dictada en 2015. Los procedimientos de ejecución fueron interrumpidos en múltiples ocasiones por el Peticionario al radicar tres casos de quiebra sucesivos entre 2015 y 2021. Tras la desestimación de los casos de quiebra, el TPI reabrió el caso y se llevaron a cabo subastas donde las propiedades fueron adjudicadas a la Cooperativa. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, determinó no expedir el auto solicitado, manteniendo las decisiones del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari criminal presentado por Brandom Lee Díaz Maldonado. El peticionario solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que le revocó la sentencia suspendida. Díaz Maldonado había sido sentenciado a cinco años de prisión por delitos bajo la Ley de Sustancias Controladas, con el beneficio de sentencia suspendida bajo ciertas condiciones, incluyendo no violar leyes. Posteriormente, fue acusado en un pliego acusatorio federal por cargos de drogas y armas, con hechos que alegadamente ocurrieron antes y durante su probatoria estatal. El Ministerio Público solicitó la revocación de la sentencia suspendida basándose en la acusación federal. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el peticionario incurrió en actividad criminal durante el periodo de supervisión y revocó la sentencia, ordenando su cumplimiento en prisión. El peticionario argumentó que el TPI erró al no probarse conducta delictiva *nueva* específicamente durante la probatoria. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, denegó la expedición del auto de certiorari, confirmando implícitamente la decisión del foro inferior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Higher Power Electrical, LLC y otros. El recurso impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su Petición de Confirmación de Laudo de Arbitraje. El TPI había desestimado la petición por supuesta falta de jurisdicción y prescripción. El caso se origina en un acuerdo de empleo de 2017 entre Higher Power y Mattew Calice que incluía arbitraje. Calice presentó reclamaciones laborales ante la AAA, pero el proceso enfrentó demoras por su falta de cooperación. En octubre de 2022, el árbitro emitió un laudo desestimando las reclamaciones de Calice con perjuicio debido a su inactividad. Higher Power solicitó la confirmación de este laudo ante el TPI. Tras examinar el recurso de Certiorari, el Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia del TPI era errónea. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia recurrida. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos conforme a esta Sentencia.

Resumen:

Esta resolución atiende una Petición de Certiorari que impugna la denegación de arbitraje por un tribunal inferior. Los peticionarios, Ángel D. Guerrero Ortiz, Milagros Mena García y Seis y Once Corp., buscan revocar dicha determinación. El litigio subyacente fue iniciado por Eduardo J. Pellerano Nadal sobre controversias relacionadas con Autogermana, Inc. Acuerdos clave de 2008 son centrales al conflicto, incluyendo un Acuerdo de Accionistas. Este acuerdo contiene una cláusula que exige arbitraje vinculante para controversias relacionadas. Los peticionarios solicitaron arbitraje basándose en esta cláusula, pero el Tribunal de Primera Instancia rechazó la solicitud. El tribunal apelativo ha recibido los argumentos de los peticionarios y la oposición del recurrido. La resolución procede a detallar los hechos pertinentes a la Petición de Certiorari.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Norfe Group Corp. apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por Óptima Seguros y desestimó la demanda de Norfe Group Corp. La demanda original, presentada por Norfe contra QBE Insurance Corp. y Óptima Seguros, alegaba incumplimiento de un contrato de seguros tras los daños causados por el Huracán María y actos de vandalismo a un edificio comercial. Norfe argumentó que las aseguradoras realizaron un esquema de ajuste ilegal y se negaron a pagar por los daños de vandalismo. Óptima Seguros solicitó sentencia sumaria alegando haber cumplido con la póliza, mientras Norfe se opuso y presentó su propia moción de sentencia sumaria parcial. El foro primario concedió la sentencia sumaria a Óptima Seguros y desestimó el caso. Norfe apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestimó la Sentencia apelada del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLRA202400360. Power Solar, LLC presentó un recurso de revisión judicial contra el Departamento de la Vivienda y su Junta de Subastas. La revisión impugnaba una resolución de adjudicación relacionada con el proceso de solicitud de propuestas CDBG-MIT-RFP-2023-02. Este RFP buscaba contratar servicios para instalar sistemas fotovoltaicos, baterías y cisternas en hogares de Orocovis, utilizando fondos federales CDBG-MIT. El Departamento de la Vivienda recibió doce propuestas para este proyecto. Aireko Energy Solutions, LLC fue identificado como el proponente agraciado. Tras examinar el recurso y el expediente, el Tribunal procedió a desestimar la solicitud. La desestimación se fundamentó en la falta de legitimación de la parte recurrente, Power Solar, LLC.