Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 341)

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico, a través de la Oficina de la Procuradora General, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La petición buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Dicha Orden requería la entrega a la defensa de David J. Rivera de una grabación de video de una cámara de seguridad. Rivera enfrenta cargos por posesión de un celular en una institución penal. La defensa solicitó el video para la etapa previa a la vista preliminar. El Ministerio Público se opuso, argumentando que el descubrimiento de prueba no procedía en esa fase. El Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden impugnada. El Pueblo alegó que el TPI erró al ordenar el descubrimiento de videos antes de la vista preliminar. El Tribunal de Apelaciones accedió inicialmente a paralizar los procedimientos en el TPI. Sin embargo, en esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones desestima el auto de certiorari. La desestimación se fundamenta en que la petición se considera académica.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una Minuta del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez en un caso penal por infracción al Art. 7.02 de la Ley 22. El peticionario, Julio I. Román Moreno, impugna la gestión del TPI en una controversia de descubrimiento de prueba bajo la Regla 95. La defensa argumentó que el Ministerio Público no había suplido documentos solicitados sobre el mantenimiento, calibración y uso de una máquina, una sustancia control y un video. Durante una vista, las partes discutieron las solicitudes pendientes. El tribunal determinó la pertinencia de varias preguntas de descubrimiento. Se ordenó al Ministerio Público entregar documentos específicos sobre la calibración de la máquina por un período de tres meses. También se ordenó la entrega del video solicitado por la defensa, supeditada a que esta proveyera un CD en blanco. Se fijaron plazos para el cumplimiento de estas órdenes de descubrimiento. La vista en su fondo fue reseñalada para una fecha posterior, permitiendo así la entrega de la prueba ordenada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelación fue presentada por la Sra. Gloria Iglesias Meléndez contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso original es un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Fannie Mae contra la sucesión de Gloria Margarita Meléndez Rosado, de la cual la apelante es parte. La apelante solicitó una prórroga para contestar la demanda, la cual fue concedida. Fannie Mae solicitó sentencia en rebeldía al no recibir la contestación a tiempo. La apelante presentó una moción urgente explicando el retraso y adjuntando su contestación. A pesar de esto, el foro primario dictó sentencia en rebeldía contra la apelante y otros codemandados. La apelante presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. La apelante apeló esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones, el cual desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó un recurso de apelación presentado por el Sr. Carlos Juan Fuentes Báez. El recurso impugnaba una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó al pago de una suma de dinero en un caso de cobro y ejecución de hipoteca. Tras la sentencia inicial, el Sr. Fuentes Báez presentó una moción de reconsideración y enmienda de hechos. El foro primario denegó dicha moción de reconsideración. Posteriormente, el Sr. Fuentes Báez presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción. El tribunal determinó que el recurso había sido presentado de forma prematura. Se enfatizó el deber del tribunal de examinar la jurisdicción antes de considerar los méritos del caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Juan Manuel Rojas Quiñones. El peticionario impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por tentativa de agresión grave y violación a la Ley de Armas. Rojas Quiñones, residente legal de la República Dominicana, se declaró culpable de los cargos. Posteriormente, solicitó modificar la sentencia impuesta bajo el régimen de sentencia suspendida. Argumenta que dicha sentencia podría resultar en su deportación bajo la ley federal de inmigración. Pide al Tribunal de Apelaciones que deje sin efecto la sentencia o declare que la "libertad a prueba" puertorriqueña equivale a una "sentencia probatoria" federal. Esta aclaración busca evitar las consecuencias migratorias adversas. El Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso discrecional tras evaluar el trasfondo procesal y fáctico.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Operating Partners Co. LLC., como agente de Midland Funding, LLC. La apelación se dirigía contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda de cobro de dinero. Dicha demanda fue instada por OPC/Midland contra Juan M. Hernández Miranda por una deuda de tarjeta de crédito cedida por Banco Santander. El Tribunal de Primera Instancia había requerido prueba del envío de una carta de cobro extrajudicial con acuse de recibo, según la Ley Núm. 143. OPC presentó evidencia de envío por correo certificado. A pesar de los argumentos de la apelación sobre la desestimación inicial, el Tribunal de Apelaciones no consideró el fondo del asunto. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió a que la apelación fue presentada de forma tardía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Luis A. Crespo Figueroa y otros. Los peticionarios buscan revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Dicha solicitud de relevo pretendía dejar sin efecto una resolución previa que declaró nulo un contrato de compraventa de 1998. La nulidad del contrato original se basó en la falta de comparecencia de la esposa del vendedor, al ser un bien ganancial. Los peticionarios argumentaron para el relevo que el matrimonio del vendedor era nulo ab initio y que habían adquirido la propiedad por usucapión. El Tribunal de Primera Instancia denegó el relevo por no cumplir los criterios de la Regla 49.2. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve expedir el auto de certiorari solicitado. La corte procede a modificar el alcance de la resolución recurrida del foro de primera instancia.

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Un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una revisión administrativa presentada por Luis H. Quiñones Santiago contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso surge tras un resultado positivo en una prueba de dopaje el 15 de septiembre de 2014. Quiñones Santiago solicitó un remedio administrativo pidiendo corroboración de la prueba, alegando uso de medicamentos. La División de Remedios Administrativos desestimó su solicitud por no agotar el trámite administrativo adecuado bajo otro reglamento. Tras denegarse la reconsideración, presentó esta revisión judicial cuestionando el procedimiento y la falta de corroboración. La Procuradora General solicitó la desestimación del recurso por duplicidad, indicando que los mismos reclamos están siendo atendidos en otra revisión judicial (KLRA201500083) ante otro panel del Tribunal. Ese otro caso también impugna la sanción disciplinaria impuesta por el resultado positivo, cuestionando el muestreo y la ausencia de corroboración. El Tribunal considera la jurisdicción limitada de la División de Remedios en estos casos y la solicitud de desestimación por duplicidad.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Derwin Zeda Collazo en revisión judicial contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha determinación confirmó una resolución previa que halló al señor Zeda incurso en una violación al Reglamento Disciplinario por posesión de un teléfono celular. El teléfono fue ocupado en el receptáculo de su celda durante un registro. El señor Zeda solicitó reconsideración y luego acudió al tribunal, alegando que el celular no estaba en su posesión exclusiva, que su compañero de celda no fue acusado, y que se le violó el debido proceso en la notificación de la querella y la presentación de testigos. Corrección denegó la reconsideración, indicando que había prueba suficiente. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y el derecho aplicable a la revisión judicial de decisiones administrativas. Tras examinar los escritos y la prueba, el panel judicial acordó confirmar la Determinación recurrida emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Este documento presenta una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Jonathan Nieves García impugnó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo halló incurso en dos conductas prohibidas por el reglamento disciplinario. La querella original alegaba que el recurrente se encontraba en un área no autorizada y desobedeció una orden directa de regresar a su celda. Tras una vista disciplinaria, el Departamento lo encontró culpable e impuso sanciones. El señor Nieves García solicitó reconsideración, alegando persecución, defectos en la querella y falta de acceso a evidencia en video, pero la solicitud fue denegada. Ante el Tribunal de Apelaciones, reiteró sus argumentos, incluyendo la injusticia de las sanciones impuestas. La Procuradora General defendió la actuación de la agencia, indicando que actuó dentro de su discreción y basándose en la prueba. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó el dictamen emitido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de revisión judicial presentado por el confinado Eliot Ayala Hernández contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso impugna la determinación administrativa que validó la negativa de una psicóloga a aceptar un escrito de 14 páginas que el recluso intentó entregarle durante una sesión terapéutica. El señor Ayala Hernández alegó que la psicóloga no podía evaluarlo adecuadamente sin considerar dicho documento. La División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección confirmó la actuación de la psicóloga, indicando que era su prerrogativa profesional aceptar o rechazar escritos. La reconsideración administrativa también fue denegada, reafirmando que la psicóloga establece el método de intervención y no requiere un escrito del paciente para su análisis clínico. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente presentado por ambas partes. Finalmente, el Tribunal CONFIRMÓ la resolución administrativa recurrida. La decisión judicial valida la prerrogativa de la psicóloga para determinar la metodología terapéutica y lo que considera pertinente para el tratamiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión administrativa presentado por Joanna Díaz Colón contra el Negociado de Seguridad de Empleo. La recurrente impugnaba la denegatoria de su solicitud de beneficios de desempleo. La agencia determinó que no era elegible por haber renunciado a su empleo sin justa causa, conforme a la Ley de Seguridad de Empleo. Tras agotar los remedios administrativos, incluyendo una solicitud de reconsideración que fue denegada el 11 de febrero de 2015, la señora Díaz acudió al Tribunal. Presentó su recurso de revisión el 26 de marzo de 2015. El Tribunal acogió su solicitud para litigar como indigente. No obstante, desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La decisión se basó en que el recurso fue presentado fuera del término de 30 días establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Dicho término comenzó a correr desde la notificación de la denegatoria de reconsideración.

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Recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Presentado por Daniel Rivera Colón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Impugna una sanción disciplinaria impuesta por el DCR. La sanción se originó por una alegada violación al código disciplinario (pelea o su tentativa). A Rivera Colón se le restringió el privilegio de comisaría por catorce días. El incidente ocurrió durante el desayuno e involucró una discusión y trifulca con otro confinado. El recurrente solicitó reconsideración, alegando que no fue el agresor y que se violó su debido proceso al no investigar adecuadamente ni proveerle evidencia solicitada (cámaras de grabación). El DCR denegó la reconsideración, confirmando la sanción original. Inconforme, Rivera Colón acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución de la Compañía de Turismo. José D. Ortiz Castro, France C. Rodríguez Delgado y Miguel González Salva recurren la imposición de multas administrativas. La Compañía de Turismo les impuso $500 a cada uno por ofrecer servicios de transportación turística sin autorización y por no responder a una denuncia administrativa previa. La acción administrativa se originó por una querella alegando que Rodríguez Delgado operaba sin licencia en un vehículo concesionado a González Salva. Ortiz Castro admitió que su esposa operaba el vehículo mientras tramitaba su licencia. Tras no responder a la denuncia administrativa que les concedía la oportunidad de mostrar causa o pagar una multa reducida, la Compañía de Turismo emitió la resolución sancionadora. Los recurrentes solicitaron reconsideración alegando contar con licencias y no haber sido notificados de la denuncia. La Compañía de Turismo denegó la reconsideración sin vista. El tribunal procede a revisar esta determinación administrativa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la elegibilidad a beneficios por desempleo. La recurrente, Rosa C. Otero Laureano, impugna la decisión que la declaró inelegible y le exige reponer beneficios. Inicialmente, el Negociado de Seguridad de Empleo le concedió los beneficios tras ser despedida de Scotiabank. Scotiabank apeló, y un Árbitro revocó la decisión inicial, declarándola inelegible por conducta incorrecta (descuadres de caja). La recurrente no compareció a la vista ante el Árbitro, aunque el expediente demostró que fue notificada. Esta determinación resultó en una notificación de sobrepago de beneficios. La recurrente apeló ante el Secretario del Trabajo, quien confirmó la decisión del Árbitro. Finalmente, acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión. El Tribunal revisó el caso y confirmó la resolución del Secretario. Por tanto, se mantiene la determinación de inelegibilidad a los beneficios y la obligación de reponer el sobrepago.

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Julio Iván Díaz Miranda y Damaris Cruz Díaz solicitaron al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción para obtener relevo de una sentencia previa sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios alegaron que la notificación de la sentencia original fue defectuosa, impidiéndoles defenderse adecuadamente. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de relevo y ordenó una nueva orden de lanzamiento. Los peticionarios recurrieron en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La parte recurrida, LSREF2 Island Holding Ltd., Inc., solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. Arguyó que los peticionarios no le notificaron el escrito de certiorari dentro del término reglamentario. El Tribunal de Apelaciones analizó los documentos presentados. Resolvió denegar el auto de certiorari. La denegación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo debido al incumplimiento de los peticionarios con las normas de perfeccionamiento del recurso, específicamente la notificación oportuna a las partes.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Banco Santander Puerto Rico y Triple S Propiedad presentaron un recurso de certiorari solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución había denegado una solicitud de sentencia sumaria presentada por los peticionarios. El caso original fue iniciado por Rosa Haydee Ayala López contra el banco y su aseguradora. Ella reclamó daños por la alegada negligencia del banco al emitir una tarjeta de crédito a su esposo usando su crédito sin autorización. Los peticionarios demandaron al esposo como tercero, alegando que él realizó los cargos. Los peticionarios buscaron sentencia sumaria argumentando que actuaron correctamente al notificar la morosidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud al encontrar hechos materiales en controversia. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari y determinó denegar su expedición.

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El Sr. Jefrey Rodríguez Arroyo fue destituido de su puesto en la Rama Judicial el 1 de marzo de 2012 por alegada violación a la política de hostigamiento sexual. Inconforme, apeló la decisión ante la Junta de Personal de la Rama Judicial. Durante el proceso ante la Junta, el apelante incumplió con una orden para presentar un memorando de derecho. Como resultado, la Junta de Personal desestimó su apelación con perjuicio el 8 de mayo de 2013 por falta de interés y cumplimiento. La notificación de esta resolución de la Junta presentó problemas, siendo enviada por correo certificado pero no reclamada, y obtenida personalmente por el apelante más de un año después. El Sr. Rodríguez Arroyo acudió entonces al Tribunal de Apelaciones para revisar el dictamen de la Junta. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción. Considera que la apelación es prematura debido a la controversia sobre la notificación adecuada de la resolución de la Junta de Personal.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones la expedición de un auto de certiorari para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud del ELA para desestimar una demanda de daños presentada por José J. Serrano Rivera. El ELA argumentó que la demanda debía desestimarse porque el demandante no notificó al Secretario de Justicia de su causa de acción en el plazo de noventa días que exige la Ley de Pleitos contra el Estado. El demandante se opuso, indicando que al tratarse de impericia médica, la información necesaria estaba contenida en expedientes médicos en posesión de entidades relacionadas con el ELA. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, dispensando el requisito de notificación previa. El ELA solicitó reconsideración, argumentando que los expedientes y testigos no estaban bajo el control directo del Departamento de Salud. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari. Resolvió que, ante las circunstancias específicas del caso, el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al dispensar el requisito de notificación. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado por el ELA.

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Agnes J. González Lugo solicitó a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) una extensión de servicios psiquiátricos. La ACAA denegó la solicitud tras una vista preliminar, notificando la resolución y el derecho a solicitar una audiencia administrativa posterior. La recurrente solicitó dicha audiencia, pero antes de que se celebrara, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, al examinar el recurso, identificó un asunto jurisdiccional prioritario. Se analizó la obligación de los tribunales de asegurar su jurisdicción y el requisito legal de agotar los remedios administrativos antes de la revisión judicial. Dado que la recurrente no completó el proceso administrativo ante la ACAA, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso en ese momento. Por consiguiente, el recurso de revisión judicial fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Jorge A. Gautier Quiñóñez presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaba la acreditación de bonificaciones por estudio y trabajo, las cuales le fueron denegadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, sentenciado en 2006 bajo el Código Penal de 2004, basó su solicitud en una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones (caso Figueroa Quintana) y el principio de favorabilidad. Corrección denegó inicialmente la solicitud, indicando falta de instrucciones para aplicar dicha sentencia. Tras una solicitud de reconsideración que fue denegada, Gautier Quiñóñez acudió al Tribunal de Apelaciones. Luego de evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación administrativa que denegó las bonificaciones solicitadas.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa KLRA201500216. Super Asphalt Pavement, Corp. impugnó la adjudicación de la Subasta Pública Número 2015-04 del Municipio de Ceiba a favor de Beginners General Contractors, Corp. La subasta tenía como propósito la repavimentación de calles municipales. Previamente, el Tribunal había revocado una notificación inicial de adjudicación por no estar debidamente fundamentada y ordenó a la Junta de Subastas emitir una nueva. La Junta notificó nuevamente, justificando la selección de Beginners a pesar de la oferta menor de Super Asphalt, al considerar irrazonable la asignación de costos de este último. Super Asphalt presentó este nuevo recurso de revisión contra la segunda notificación y adjudicación. El Tribunal, sin entrar a los méritos de la controversia, desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender esta revisión.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelve un recurso de certiorari presentado por Gladys Lloret Rodríguez contra una Orden de Protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La señora Lloret impugnó la jurisdicción del foro primario y su apreciación de la prueba. El Tribunal de Apelaciones identificó un problema con la notificación inicial del recurso, ya que se realizó a una abogada que no representaba a la parte recurrida. Se requirió a la peticionaria acreditar la notificación conforme a derecho. La señora Lloret notificó a la parte recurrida directamente, pero dicha notificación se realizó de forma tardía. La Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige que la notificación se efectúe dentro del término dispuesto para la presentación del recurso. Al no perfeccionarse la notificación dentro del término de estricto cumplimiento, el recurso fue desestimado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de revisión administrativa presentado por Barranquitas Auto Corp. contra una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La Resolución del DACO ordenó la resolución de un contrato de compraventa de vehículo de motor usado entre Barranquitas Auto y Heriberto Matías Rivera. El DACO determinó que existieron vicios en el consentimiento del comprador al no informársele que el bonete del vehículo había sido cambiado. Como remedio, el DACO ordenó a Barranquitas Auto reembolsar al Sr. Matías Rivera el pronto pago de \$6,000 y todos los pagos mensuales del financiamiento. Barranquitas Auto solicitó la revocación de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la Resolución recurrida del DACO.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de Scotiabank y Universal Insurance Company impugnando la confiscación de un vehículo. El vehículo fue confiscado por alegado uso en violación de la Ley de Sustancias Controladas por Gregory Álvarez Serrano. Sin embargo, Álvarez Serrano fue absuelto de los cargos criminales relacionados con el uso del vehículo. Scotiabank tenía un gravamen sobre el vehículo y Universal, la aseguradora, pagó la deuda y se subrogó en los derechos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la absolución activó la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Razonó que la absolución extinguió la acción penal y, por ende, el poder del Estado para confiscar la propiedad. Declaró la confiscación impropia bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones. Ordenó al ELA devolver el vehículo a Universal o pagar su valor si no estaba disponible. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación relacionado con la liquidación de bienes gananciales. El apelante buscaba la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción, considerándolo prematuro. Esta situación se originó tras un recurso de apelación previo entre las mismas partes y sobre la misma sentencia. En aquel caso, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al foro primario para que notificara adecuadamente ciertas resoluciones. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia re-emitió y notificó dichas resoluciones antes de recibir el mandato correspondiente del Tribunal de Apelaciones. Las reglas de procedimiento establecen que un recurso de apelación interrumpe los procedimientos en el tribunal inferior, el cual recupera jurisdicción solo al recibir el mandato del tribunal apelativo. Cualquier actuación del foro primario antes de recibir el mandato es nula. Dado que el Tribunal de Primera Instancia actuó prematuramente, sus resoluciones fueron nulas, haciendo que el presente recurso de apelación basado en ellas sea también prematuro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa. La recurrente, Margarita Velázquez Cruz, impugna una resolución de la Comisión Industrial. Dicha resolución confirmó la decisión del Fondo del Seguro del Estado de denegar una incapacidad total y permanente por factores socioeconómicos. La Sra. Velázquez, extrabajadora de comedores escolares, sufrió múltiples accidentes laborales que le causaron una incapacidad reconocida del 55%. Dejó de trabajar tras el último accidente y recibe otros beneficios por incapacidad. Solicitó la incapacidad total por factores socioeconómicos, la cual fue denegada por el Fondo y confirmada por la Comisión Industrial tras una vista. El Tribunal revisó el caso y los fundamentos presentados. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la Comisión Industrial, manteniendo la denegatoria de la incapacidad total por factores socioeconómicos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia condenó solidariamente a Hialeah Property Investment, LLC, Flamingo International Distributors, LLC, y Spencer's International Group al pago de una deuda dineraria. La condena se emitió luego de que el foro primario anotara la rebeldía de estas corporaciones por no contestar la demanda de Banco Popular de Puerto Rico. Las entidades apelantes fueron emplazadas por edicto y correo en Florida, recibiendo la notificación pero sin responder a tiempo. Tras anotarse la rebeldía, comparecieron solicitando prórrogas y dejar sin efecto la anotación, peticiones que fueron denegadas por el Tribunal de Primera Instancia. Las corporaciones apelaron, alegando errores en la apreciación de la prueba y la emisión de la sentencia parcial tras la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia parcial apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por el Municipio de Santa Isabel. El Municipio recurre la Resolución de la CIPA que revocó la destitución del Sargento Luis A. Alicea González. La CIPA había ordenado la restitución del Sargento Alicea a su puesto y el pago de salarios y beneficios dejados de percibir. La destitución original del Sargento Alicea se basó en alegada reiterada conducta de insubordinación e indisciplina y manejo negligente de un vehículo oficial. Estos cargos se originaron en un incidente del 13 de abril de 2012, donde el sargento, mientras escoltaba un vehículo municipal con confinados, lo impactó por detrás tras una detención súbita. El accidente causó daños a ambos vehículos y motivó una investigación administrativa. El Municipio busca que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de la CIPA.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante *certiorari*. Solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Sebastián que denegó su moción de desestimación. La moción se presentó en un caso de daños y perjuicios incoado por una familia contra varias agencias gubernamentales. La demanda surge de un accidente automovilístico en la Carretera PR-125 donde un vehículo cayó a una quebrada, alegadamente por falta de una valla de seguridad. Los demandantes reclaman daños millonarios, atribuyendo responsabilidad al Estado por las condiciones de la carretera. El Estado argumentó que la demanda debía desestimarse por incumplimiento del requisito de notificación bajo la Ley de Pleitos contra el Estado. Los demandantes se opusieron, alegando que el Estado tuvo conocimiento efectivo a través de procedimientos criminales relacionados. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, lo que motivó la petición de *certiorari* del Estado ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por Pilar Muñoz Nazario y Muñoz Nazario Accounting Services, PSC. Los apelantes impugnaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dictó un injunction permanente en su contra. Dicho injunction les prohibió representarse como Contadores Públicos Autorizados (CPA) sin autorización y realizar actos propios de la práctica de dicha profesión. El Colegio de Contadores Públicos había demandado alegando que los apelantes, sin ser CPA licenciados, realizaron actos reservados a la profesión, específicamente emitir una opinión sobre estados financieros, en violación de la Ley de Contabilidad. Los apelantes negaron ser CPA y cuestionaron el alcance de la ley. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en un caso de custodia entre Verónica García Díaz y Alexis D. Quiñones Medina. La apelación impugna la Resolución del TPI que concedió la custodia del menor al Sr. Quiñones Medina. Previamente, el TPI había otorgado la custodia a la Sra. García Díaz, permitiéndole trasladarse a Florida con el hijo de ambos. Se estableció un plan de relaciones paterno filiales detallado, incluyendo visitas y costos de viaje. Sin embargo, las visitas no se realizaron según lo dispuesto en las órdenes judiciales. El TPI declaró a la Sra. García Díaz en desacato por incumplimiento del plan de relaciones. Consecuentemente, el TPI concedió la custodia provisional del menor al Sr. Quiñones Medina. La Sra. García Díaz apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Resolución apelada que otorgó la custodia al padre.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Joshua De León Sánchez y Juan E. Verdejo Rivera. Apelan los veredictos de culpabilidad emitidos por un Jurado y las penas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia. Ambos fueron hallados culpables de violar el Art. 106 del Código Penal (Asesinato) y artículos de la Ley de Armas, recibiendo sentencias de 129 y 157 años respectivamente. Sus recursos apelativos fueron consolidados al presentar señalamientos de error mayormente idénticos. Los apelantes argumentan que el TPI erró al denegar la recusación de candidatos a jurados y al no admitir un documento policial supuestamente exculpatorio. Sostienen que la prueba fue insuficiente para identificarlos como autores y para establecer los elementos de los delitos, particularmente la premeditación. Finalmente, impugnan las penas impuestas, alegando que las del Código Penal deben absorber las de la Ley de Armas y cuestionando la constitucionalidad de la duplicación de penas. La sentencia procede a evaluar estos argumentos presentados por los apelantes.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los señores Joshua De León Sánchez y Juan E. Verdejo Rivera, apelando veredictos de culpabilidad y sentencias impuestas por un Jurado y el Tribunal de Primera Instancia. Ambos fueron hallados culpables de Asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, recibiendo penas de 129 y 157 años de reclusión, respectivamente. Sus recursos apelativos, consolidados por presentar señalamientos similares, impugnan varios aspectos del proceso judicial. Argumentan errores en la selección del jurado y la denegación de admisión de prueba exculpatoria. Sostienen que la prueba presentada fue insuficiente para identificarlos como autores y para establecer los elementos de los delitos imputados, particularmente la premeditación. Además, cuestionan las penas impuestas, alegando que las del Código Penal deben absorber las de la Ley de Armas y que la duplicación de penas es inconstitucional. El tribunal revisa estos alegatos con base en la exposición narrativa de la prueba estipulada.

Resumen:

Luis Rodríguez Pacheco apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que lo declaró culpable de dos asesinatos en primer grado, una tentativa de asesinato y tres infracciones a la Ley de Armas. Como resultado, fue condenado a cumplir 99 años más 19 años y medio de reclusión de forma consecutiva, además de penas concurrentes. El apelante impugnó la apreciación de la prueba por el foro primario. Alegó que la evidencia no probó más allá de duda razonable la tentativa de asesinato y las violaciones a la Ley de Armas. También argumentó que los asesinatos debieron ser clasificados como asesinato atenuado. Los hechos imputados ocurrieron el 12 de junio de 2010 en Guayanilla, resultando en la muerte de su expareja y un amigo, y la tentativa de asesinato de otra persona. El juicio se celebró por tribunal de derecho tras la renuncia al juicio por jurado. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba testifical, pericial, documental y los autos originales. Tras la revisión, el panel decidió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el licenciado José I. Jiménez Rivera, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR). Jiménez Rivera alegó que el CMCPR lo difamó públicamente mediante anuncios y expresiones, lo que causó la no renovación de su contrato como Asesor Legal del Tribunal Examinador de Médicos. Sostuvo que estas acciones fueron represalias por su asesoramiento legal en casos contra el CMCPR. Por su parte, el CMCPR argumentó que sus publicaciones eran opiniones legales y parte de sus obligaciones institucionales. Luego de la vista en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión apelada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de resolución de contrato, daños y división de comunidad. El pleito fue iniciado por Emilio Rivera Maldonado contra Carmen Maria Feliciano David, relacionado con una propiedad adquirida en común. La controversia principal gira en torno a un acuerdo de 2001 por el cual la Sra. Feliciano David asumiría la hipoteca y liberaría al Sr. Rivera Maldonado de su responsabilidad, pero dicho acuerdo no se concretó. El caso tuvo un trámite extenso y una apelación previa donde este Foro revocó una sentencia inicial del Tribunal de Primera Instancia. En aquella ocasión, se determinó que el acuerdo de 2001 no podía ejecutarse debido a la incapacidad de la Sra. Feliciano David para cumplir su parte, ordenando que el caso continuara para la división de la comunidad de bienes. La sentencia actual del Tribunal de Apelaciones atiende la apelación presentada por la Sra. Feliciano David contra una sentencia sumaria posterior. Dicha sentencia sumaria ordenó la liquidación de la comunidad, fijó créditos y estableció un pago de renta por el uso exclusivo del inmueble comunitario. La Sra. Feliciano David apela esta determinación de instancia.

Resumen:

La señora Isaura de la Cruz Paulino solicita la revocación de su convicción por el delito de amenaza. La convicción proviene de un incidente ocurrido el 7 de febrero de 2014. Durante una discusión sobre hielo, la apelante supuestamente amenazó a su hija de 10 años, DJC. Según el testimonio de la menor y su hermana mayor, la madre le dijo que le cortaría la mano o rompería el brazo. La hija afectada testificó sentirse triste por la acusación. Este incidente llevó a la intervención del Departamento de la Familia y la remoción de las menores del hogar. La hermana mayor corroboró el incidente y la amenaza. La apelante argumenta que su solicitud de revocación tiene razón.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa los recursos de apelación y certiorari presentados por los demandantes en el caso civil NSCI201200542, sobre inexistencia de hipotecas, nulidad de contratos de compraventa, etc. Los demandantes apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda con perjuicio por incumplimiento en la producción de documentos. También solicitaron un certiorari contra una Orden posterior del TPI que, tras la desestimación, dispuso sobre el manejo del caso, fianza para no residentes y conferencia inicial. El caso original involucra a unos 86 demandantes que alegan ser titulares de inmuebles y cuestionan la validez de las ventas realizadas por una corporación que, según ellos, no era la verdadera dueña. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos. Resolvió expedir el recurso de certiorari y revocar tanto la Orden recurrida como la Sentencia apelada.

Resumen:

Este documento presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que validó un aumento en la cuota anual de mantenimiento de la Asociación de Propietarios de Palacios del Prado, Inc. Los apelantes argumentaron que el aumento era inválido porque la asamblea que lo aprobó no cumplió con el quórum requerido por las condiciones restrictivas de la urbanización. Según los apelantes, la cláusula decimonovena exige el consentimiento de tres cuartas partes de los miembros para enmendar las condiciones restrictivas. La asociación aprobó el aumento de \$960 a \$1,200 anuales en una asamblea celebrada en segunda convocatoria con 26 residentes presentes, por votación de 21 a 1. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes, concluyendo que el aumento fue aprobado válidamente conforme al reglamento y la escritura. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia resolviendo apelaciones y un recurso de certiorari relacionados con una demanda por daños y perjuicios. Emma J. García Medina demandó a One to Seven, Inc. y Universal Insurance Company tras sufrir un accidente en una tienda donde le cayeron cajas encima. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda a favor de la señora García. Ambas partes apelaron la sentencia principal: los demandados buscando su revocación y la demandante pidiendo modificarla para incluir gastos médicos de Medicare. Adicionalmente, los demandados presentaron un certiorari contra la resolución que les impuso el pago de costas. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos presentados. Resolvió modificar la compensación otorgada por el TPI a \$25,000.00. Confirmó la sentencia apelada, pero modificada en cuanto a la cuantía. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari instado por One to Seven, Inc. y Universal Insurance Company.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un recurso presentado por Madeline Sonja Hernández contra Milagros Vives Correa. La apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió a la demandada el derecho de Hogar Seguro sobre una propiedad. La disputa se originó en una demanda de liquidación de bienes hereditarios del padre de la apelante, quien estaba casado con la demandada. La propiedad en cuestión es co-propiedad al 50% entre ambas partes. Tras ordenar el TPI la venta de la residencia, la demandada solicitó el Hogar Seguro, el cual fue concedido. La apelante argumentó que la solicitud fue tardía y que la ley aplicable no procedía. El Tribunal de Apelaciones, luego de examinar el caso, desestimó el recurso presentado por la señora Hernández. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo dos recursos consolidados (KLAN201401835 y KLAN201401853). El apelante, Heracilio R. Prieto, impugnó sentencias del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron sus demandas. Los pleitos originales incluían una acción derivativa, violación a deber de lealtad y daños contra socios y directores de Flexitank Food Grade, Inc. y Able Sales Company, Inc. El foro primario desestimó las demandas con perjuicio y concedió costas. En el caso DAC2010-2507, se aprobaron costas de \$17,774.00 a favor de Able Sales y \$75.00 a Flexitank. El Tribunal de Apelaciones revisó las determinaciones apeladas. Se modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia únicamente en cuanto a las costas concedidas a Able Sales Company, Inc. en el caso DAC2010-2507. Dicha partida de costas fue reducida de \$17,774.00 a \$75.00. Los demás extremos de las sentencias apeladas, incluyendo la desestimación de las demandas, fueron confirmados.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de una impugnación de confiscación de máquinas de juegos electrónicos. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) falló a favor del propietario, ordenando la devolución de la propiedad incautada y la eliminación de multas y penalidades impuestas por el Departamento de Hacienda. El Estado Libre Asociado (ELA) apeló la decisión del TPI, cuestionando únicamente la orden de remover las multas administrativas. El ELA argumenta que este remedio no es procedente en un caso de impugnación de confiscación y que las multas deben impugnarse por vía administrativa. El TPI denegó la reconsideración solicitada por el ELA. La parte apelada no presentó alegato en el Tribunal de Apelaciones. El tribunal procederá a resolver el recurso sin la comparecencia de la parte apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve dos recursos de apelación consolidados presentados por Heracilio R. Prieto. El señor Prieto apeló las sentencias del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron con perjuicio sus demandas, incluyendo una acción derivativa por violación a deber de lealtad y conflicto de intereses. En uno de los casos, el foro primario había concedido costas a favor de Able Sales Company, Inc. por \$17,774.00 y a Flexitank Food Grade, Inc. por \$75.00. El Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia únicamente para reducir la partida de costas concedida a Able Sales Company, Inc. Las costas para Able Sales se redujeron de \$17,774.00 a \$75.00, correspondientes a sellos de rentas internas. Con esta única modificación, el Tribunal de Apelaciones confirmó los demás extremos de las sentencias apeladas, manteniendo la desestimación de las demandas del señor Prieto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños. La demanda fue presentada por transportistas escolares contra el Estado Libre Asociado, el Departamento de Educación y funcionarios. Los transportistas reclamaban daños por la cancelación de sus contratos de servicios de transportación escolar. Estos contratos, firmados en 2012 y con vigencia hasta 2017, fueron dejados sin efecto por el Departamento de Educación en junio de 2014. La cancelación se fundamentó en la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, Ley 66-2014, y el sobregasto presupuestario en el programa. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los transportistas. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada. Se mencionan los antecedentes de los contratos y el posterior proceso de solicitud de propuestas en el que participaron los apelantes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201401888. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria. Dicha moción, presentada por Walter Montaño Curiel y Walter Montaño Concepción, impugnaba la confiscación de una grúa. La grúa fue ocupada por la policía bajo alegaciones de haber sido utilizada en la apropiación ilegal de un vehículo, inicialmente imputada como delito grave. No obstante, los cargos criminales relacionados fueron posteriormente reclasificados a delito menos grave. Además, se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se hizo restitución y los cargos fueron archivados. Los apelados argumentaron que la confiscación no se basó en la comisión de un delito. El Tribunal de Primera Instancia les dio la razón al conceder la sentencia sumaria impugnando la confiscación. El Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve apelaciones cruzadas y un recurso de certiorari relacionados con una demanda por daños y perjuicios. Emma J. García Medina demandó a One to Seven, Inc. y Universal Insurance Company tras sufrir lesiones por la caída de cajas en una tienda, alegando negligencia. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la señora García. Los demandados apelaron la sentencia buscando su revocación y presentaron un certiorari contra la imposición de costas. La demandante también apeló, solicitando una modificación para incluir el pago condicional de gastos médicos de Medicare. Los demandados negaron responsabilidad y disputaron la severidad de las lesiones. El Tribunal de Apelaciones acordó modificar la compensación otorgada por el TPI a \$25,000.00. Confirmó la Sentencia apelada según modificada. Finalmente, denegó la expedición del auto de certiorari instado por los demandados.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Aerometálica Corporation. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que desestimó una demanda interpuesta por Aerometálica contra Technitech del Caribe Inc. La demanda original incluía reclamos de injunction, sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso basándose en un acuerdo previo entre las partes. Dicho acuerdo, parte de una transacción en un pleito anterior, estipulaba que cualquier reclamación futura se ventilaría ante el Tribunal Superior de San Juan. Aerometálica alegó que la desestimación fue un error que le privó de su día en corte, máxime cuando se allanó al traslado. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI sobre la competencia judicial y el efecto del acuerdo. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre Oriental Bank y José Bechara Fagundo, et al. El tribunal revisa una sentencia sumaria previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de Oriental Bank y desestimó la reconvención de los demandados. Se condenó a los demandados a pagar a Oriental Bank \$140,252.71 de principal, más intereses, recargos y \$30,000 por costas y honorarios de abogados. La sentencia de instancia también ordenó la venta en pública subasta del bien inmueble hipotecado para satisfacer la deuda. La propiedad hipotecada es una estructura de hormigón dedicada a vivienda en el solar número 71 de la Urbanización Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Esta propiedad garantizó un préstamo de \$193,333.12 otorgado en 2010 a los apelantes. El préstamo fue para la renovación de modalidad comercial relacionada con la compra de la residencia. La sentencia detalla los pronunciamientos del tribunal de instancia respecto al pago de la deuda, la ejecución hipotecaria y el proceso de subasta y entrega de la posesión.