Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 298)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y varios co-demandados apelaron dicha denegatoria. La demanda original fue presentada por una empleada de la AAA, Shelly Ann Terreforte Marrero. La empleada reclamó discrimen por razón de género, hostigamiento laboral, y represalia. Alegó que un traslado a otra región constituyó un acto de represalia tras presentar una querella. Los peticionarios argumentaron que las alegaciones eran inmeritorias y que el traslado fue por necesidad operacional. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la sentencia sumaria solicitada por la AAA y los co-demandados. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Revocó la resolución recurrida. La revocación fue únicamente para desestimar la causa de acción sobre represalia incoada en contra de la AAA.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una solicitud de certiorari presentada por el Colegio Nuestra Sra. De la Merced. El Colegio impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. Dicha moción buscaba desestimar una demanda por despido injustificado incoada por Taira Arroyo Rivera. El Colegio alega que el TPI erró al denegar la sentencia sumaria y al apartarse de la metodología aplicable. El documento explica que el certiorari es un recurso discrecional para revisar decisiones de tribunales inferiores. Se citan las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones que rigen la expedición de este recurso. Estas reglas establecen los casos en que procede el certiorari contra órdenes interlocutorias y los criterios para su consideración.

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Josué Olmeda Centeno solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Mediante dicha moción, el peticionario buscaba una reducción del 25% de su sentencia, alegando derecho bajo el Artículo 67 del Código Penal. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón declaró No Ha Lugar la solicitud de acreditación de abono a la sentencia. Se informó que el peticionario presentó dos recursos idénticos ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la misma determinación. Un panel hermano de este Tribunal ya emitió sentencia en el otro recurso, confirmando la decisión del foro primario. La presentación de recursos apelativos duplicados para revisar una misma determinación judicial es improcedente. Dado que la controversia ya fue adjudicada previamente por este Tribunal, se desestima la presente causa.

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Se presenta una solicitud para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre una orden de protección y la custodia de tres menores. La peticionaria, abuela de las menores, había iniciado el caso solicitando una orden de protección contra su hija, madre de las niñas, alegando maltrato. El Tribunal de Primera Instancia denegó la orden de protección final contra la madre. Asimismo, concedió la custodia de dos de las menores a su padre, quien reside en Estados Unidos, autorizando su traslado. La custodia de la tercera menor fue otorgada a sus abuelos paternos. El padre de las dos menores intervino en el caso, que incluyó órdenes de protección temporeras e investigaciones del Departamento de la Familia. El tribunal de apelaciones revisó el dictamen mediante auto de Certiorari. Finalmente, el tribunal de apelaciones confirmó la decisión recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico HMW Automotive Group, LLC para solicitar la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada, dictada en un caso de daños y perjuicios, anotó la rebeldía de HMW y declaró con lugar la demanda de Beatriz Oquendo Serrano. Oquendo Serrano demandó a HMW (The Auto Gallery) alegando falsas representaciones sobre la aprobación de un préstamo para la compra de un vehículo. Sostuvo que entregó un pronto de \$3,500, firmó formularios en blanco y se llevó el vehículo bajo la promesa de un préstamo aprobado. Al descubrir que el préstamo fue denegado, devolvió el vehículo, pero el concesionario retuvo el pronto. HMW no compareció al pleito tras ser emplazado, lo que llevó a la anotación de su rebeldía. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía, encontrando que HMW actuó de mala fe y retuvo injustamente el pronto. La sentencia ordenó a HMW pagar el pronto retenido, \$15,000 por daños, \$50,000 por daños morales, intereses, costas y \$10,000 en honorarios de abogado. El recurso de apelación busca la revisión de este dictamen en rebeldía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca entre Oriental Bank y los Quiñones-Torres. Los Quiñones-Torres apelaron (tratado como certiorari) una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. La solicitud de relevo se basó en la alegación de que el emplazamiento por edicto, que llevó a la sentencia en rebeldía, fue defectuoso. Argumentaron que las declaraciones juradas sobre las gestiones de emplazamiento personal carecían de especificidad. Señalaron fallas en la búsqueda cibernética, la falta de investigación de vecinos y errores en el edicto publicado (sala y número de caso incorrectos). Sostuvieron que las gestiones no cumplieron con los requisitos legales y jurisprudenciales para autorizar el emplazamiento por edicto. El Tribunal de Primera Instancia había denegado el relevo de sentencia. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la determinación del TPI. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones encontró mérito en los argumentos sobre el emplazamiento defectuoso y concedió el relevo de sentencia.

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Se resuelve una apelación presentada por el Municipio Autónomo de Carolina contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada declaró con lugar las solicitudes de sentencia sumaria de Pfizer Pharmaceuticals, LLC. El litigio se originó por deficiencias en el pago de patentes municipales reclamadas por el Municipio a Pfizer. El Municipio argumentaba que ciertos recibos de efectivo por vencimiento de inversiones constituían ingresos tributables y cuestionaba la validez del Decreto de Exención Contributiva otorgado a Pfizer. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las deficiencias reclamadas eran improcedentes y confirmó la validez del decreto. El Municipio apeló, señalando errores en las determinaciones del TPI sobre la validez del decreto y la tributabilidad de las partidas. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por los apelantes. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801196, derivado de un pleito de cobro de dinero. La parte interventora, Elliot Delbois Francisco, apeló una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Intervención y Reconvención. La intervención se presentó luego de que el caso principal finalizara por sentencia y se procediera al embargo de una cuenta bancaria para ejecutarla. El TPI denegó la intervención argumentando que el caso estaba finalizado y que el reclamo debía ventilarse en un pleito separado. El apelante alegó errores del TPI al no permitir la intervención y reconvención conforme a las reglas procesales. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso bajo los criterios de la Regla 40 de su reglamento. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de apelación (certiorari) aplicando la Regla 40(e). Esta regla considera si la etapa del procedimiento es la más propicia para la consideración del caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de injunction clásico entre Joel Vázquez Guzmán y Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. El caso original inició con una solicitud de injunction por acomodo razonable debido a una condición visual. Durante el proceso judicial, el empleado fue despedido por alegado abandono, lo que llevó a reclamos de discrimen y represalias y una solicitud para enmendar la demanda. El foro primario permitió que el proceso judicial continuara paralelamente a un reclamo arbitral y autorizó la enmienda para incluir las nuevas alegaciones. La parte peticionaria solicitó la revocación de esta decisión. El Tribunal de Apelaciones expide el auto y modifica la Resolución recurrida. La modificación consiste en decretar el archivo administrativo del procedimiento judicial. Este archivo se mantendrá hasta que finalice el procedimiento de arbitraje. Así modificada, la Resolución del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero por servicios legales. La firma Méndez Ondina Law Offices, PSC, solicitó la revisión de varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en su pleito contra Annette Reyes Díaz. La peticionaria impugnaba la denegatoria del TPI a eliminar las alegaciones y defensas de la demandada por alegado incumplimiento con el descubrimiento de prueba. También recurría de la orden que denegó su solicitud de sanciones contra la recurrida por supuestas falsas representaciones ante el tribunal. Finalmente, cuestionaba la orden del TPI que dirigió a las partes a examinar el expediente del caso de familia original donde se prestaron los servicios. La peticionaria argumentó que el TPI incidió al permitir contestaciones tardías y no juramentadas al descubrimiento y al denegar las sanciones solicitadas. Tras evaluar el recurso de certiorari presentado, el Tribunal de Apelaciones procedió a denegarlo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La resolución denegó una Moción de Sentencia Sumaria presentada por los demandados, Roberto Muñoz Ayoroa y Caguas Total Boutique. La demanda original fue presentada por Olga Iris Serrano Cotto por daños y perjuicios sufridos en una caída en el establecimiento de los demandados el 10 de marzo de 2010. La demandante alegó negligencia por no mantener el área en condiciones adecuadas. Se detallan comunicaciones entre la demandante y un ajustador de seguros, Acosta Adjustment, Inc., iniciadas en 2011 y extendiéndose hasta 2013, a menudo referenciando al demandado como asegurado. La demanda fue presentada el 23 de mayo de 2016. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y el alegato en oposición. Concluyó que procedía expedir el auto solicitado y, por tanto, revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa. El Municipio de Gurabo inició el proceso para adquirir una propiedad para desarrollo de facilidades públicas. El propietario, José Guillermo González Hernández, impugnó la justa compensación, reclamó daños por un remanente enclavado y cuestionó el fin público y la necesidad de la expropiación, sugiriendo la existencia de terrenos municipales alternativos. El Tribunal de Primera Instancia denegó una moción de reconsideración del propietario sobre estas objeciones. El Tribunal de Apelaciones examinó las contenciones de las partes. Concluyó que procedía expedir el auto solicitado. Por tanto, revocó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Devolvió el caso para la continuación de los procedimientos conforme a lo expresado en su sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Walter Ríos González contra Magda Enid Pacheco Velázquez. El recurso revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que estableció una pensión excónyuge a favor de la señora Pacheco. La pensión fue fijada en \$450 mensuales, basándose el foro primario en la edad, limitada educación y condiciones de salud de la señora Pacheco, que la incapacitan para trabajar. El señor Ríos apeló, alegando que el Tribunal de Primera Instancia erró al imponer la pensión sin prueba directa o pericial suficiente sobre la alegada incapacidad. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado por el señor Ríos como apelación. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Resolución apelada. La sentencia concluye que la decisión del foro primario sobre la pensión excónyuge fue errónea.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Medial Group, Inc. Medial Group apela una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en Caguas en un caso sobre apropiación indebida de secretos comerciales. La demanda original fue presentada contra Vanessa Marisol González Vázquez y otros. El Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio tres causas de acción de la demanda de Medial Group. Las reclamaciones desestimadas incluían alegaciones de dolo en la contratación, daños a la reputación e interferencia torticera con la relación contractual. Medial Group argumenta que la desestimación fue errónea, sosteniendo que las alegaciones de su demanda eran suficientes y específicas para fundamentar dichas reclamaciones. Alegan que las alegaciones sobre dolo no eran contradictorias y que la reclamación por daños a la reputación se basaba en calumnia, no meramente en la presentación de una demanda laboral. Medial Group sostiene además que sus alegaciones sobre interferencia torticera estaban adecuadamente detalladas. Vanessa González Vázquez había solicitado la desestimación, argumentando que las reclamaciones carecían de base legal o especificidad fáctica suficiente. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar estas reclamaciones específicas basándose en los argumentos presentados por las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó al Municipio Autónomo de San Juan a pagar a Toledo \& Toledo Law Offices, PSC la suma de \$2,222,915.76. La demanda original de la firma de abogados reclamaba incumplimiento de contrato y cobro de dinero por servicios profesionales prestados entre 2011 y 2012. El Municipio se defendió alegando, entre otras cosas, que se excedieron los límites presupuestarios y que no había fondos disponibles. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la firma de abogados por la cantidad total reclamada. El Tribunal de Apelaciones modificó esta sentencia. Determinó que solo procedía el pago de \$109,925.72, cantidad que correspondía a fondos disponibles bajo los contratos. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó al Municipio el pago de esta suma menor. Así modificada, la sentencia apelada fue confirmada.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre alimentos entre parientes. La demandante apelada, Gabriela Vázquez Aponte, solicitó pensión alimentaria a sus padres para continuar sus estudios universitarios y postgraduados tras alcanzar la mayoría de edad. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, declaró Ha Lugar la demanda. Dicho foro ordenó al codemandado apelante, William Vázquez González, pagar una pensión alimentaria mensual de \$903.00. El señor Vázquez González apeló esta decisión solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los apelantes, Marcos Devarie Díaz y Aixa Morales Fontánez, recurren la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). La demanda original fue incoada por R&G Mortgage Corporation en 2008 por el cobro de un pagaré hipotecario de \$904,000. BPPR sustituyó a R\&G Mortgage como demandante. El caso tuvo un historial procesal extenso, incluyendo peticiones de quiebra de los demandados y una apelación previa donde se revocó una sentencia sumaria a favor de BPPR. En esta ocasión, el Tribunal de Apelaciones revisa la Sentencia emitida por el foro primario tras la revocación anterior. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico los señores Konrad Wittenberg y Sharline Alonso Fernández. Solicitan la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que les prohibió guardar un bote en la marquesina de su residencia. La Asociación de Residentes de Villa Mercedes, Inc. demandó a los apelantes buscando un interdicto para que removieran el bote. La Asociación alegó que la presencia del bote contravenía las condiciones restrictivas de la urbanización. Los apelantes presentaron moción de sentencia sumaria, argumentando que la restricción no aplicaba a propiedades privadas, sino a áreas comunes o vehículos abandonados. La Asociación se opuso y solicitó sentencia a su favor. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de la Asociación, interpretando que la restricción sí incluía la prohibición de botes en residencias. Los apelantes recurrieron, insistiendo en su interpretación de las cláusulas y planteando la falta de partes indispensables. La Asociación se opuso a la reconsideración.

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Se revisa una Petición de Certiorari presentada por el Sr. Miguel Olmo Roche contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El peticionario solicitó revocar la resolución que denegó su Moción de Relevo de Sentencia. Dicha moción buscaba dejar sin efecto una Sentencia Desestimatoria del TPI, notificada en febrero de 2017, que desestimó el pleito original por falta de parte indispensable. El peticionario presentó la Moción de Relevo de Sentencia en agosto de 2018, alegando un cambio en el estado de derecho. El TPI denegó la moción y la reconsideración. El tribunal de apelación examina la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, que establece un término máximo de seis meses para solicitar relevo de sentencia. Dado que la moción se presentó más de seis meses después de la notificación de la sentencia, el tribunal concluye que carece de jurisdicción. Por tanto, se desestima el recurso de certiorari.

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El recurso de certiorari solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió las recomendaciones de una Comisionada Especial. El caso original es una demanda de ejecución de hipoteca presentada por Rolando G. Abreu Rodríguez contra Noche de Estrellas, Inc. y José Meléndez Fraguada por incumplimiento de un pagaré hipotecario. Los demandados contestaron negando aspectos de la deuda y presentando una reconvención alegando fraude y vicios ocultos en la propiedad. El TPI inicialmente desestimó la reconvención por no surgir del mismo acto que la demanda. Tras una demanda enmendada, los demandados presentaron una nueva reconvención con alegaciones similares. El peticionario solicitó la desestimación de esta nueva reconvención, argumentando que ya había sido resuelta. La Comisionada Especial recomendó declarar Con Lugar la oposición a la reconvención. El TPI adoptó esta recomendación, desestimando la reconvención de los demandados. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la decisión del TPI mediante certiorari, DENIEGA la expedición del recurso.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Luis Iván Rodríguez Quiles. El peticionario impugnaba la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud de relevo de su representante legal. El Tribunal examinó el escrito y encontró que incumplía con la mayoría de las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, el recurso no cumplía con los requisitos para su presentación y perfeccionamiento, como los detallados en la Regla 34. Esta regla exige incluir una relación de hechos, señalamiento de errores, discusión legal y un apéndice con documentos clave. El Tribunal recordó su deber de velar por la jurisdicción y la responsabilidad de las partes de cumplir rigurosamente con los requisitos reglamentarios. Debido a las deficiencias procesales, el Tribunal determinó que no podía considerar los méritos del recurso. Por tanto, el recurso fue desestimado por incumplimiento de las normas procesales aplicables.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas presentadas por los abogados John Ward Llambías y Marcos A. Rivera Ortiz. Los abogados impugnaban una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los declaró responsables de impericia profesional. La demanda de impericia fue presentada por sus antiguos clientes, Graciano Alamo Rodríguez, et al. La alegada negligencia ocurrió durante la representación de los clientes en un caso previo contra MCS Life Insurance Company sobre beneficios por incapacidad. Dicho caso fue desestimado con perjuicio por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos debido al incumplimiento de los abogados con las órdenes judiciales. Esta desestimación fue confirmada en apelación. Los clientes demandaron a los abogados argumentando que su negligencia les privó de su día en corte y les causó daños. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada que encontró a los abogados responsables de impericia profesional.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende las apelaciones consolidadas KLAN201800787 y KLAN201800788, presentadas por los abogados John Ward Llambías y Marcos A. Rivera Ortiz. Estos impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una demanda de impericia profesional en su contra. Graciano Alamo Rodríguez et al., sus antiguos clientes, demandaron a los abogados. Los clientes alegaron que la negligencia y omisiones de los abogados provocaron la desestimación con perjuicio de su caso previo contra MCS Life Insurance Company. Ese caso original, sobre beneficios por incapacidad a largo plazo, fue desestimado por el Tribunal de Distrito de EE.UU. debido al incumplimiento de los abogados con las órdenes judiciales. El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito confirmó la desestimación, destacando los repetidos incumplimientos de los abogados. Los clientes argumentaron que esta negligencia les privó de su día en corte y les causó daños. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los abogados responsables de impericia profesional. El Tribunal de Apelaciones revisó el asunto y confirmó la Sentencia apelada.

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Tommy Rodríguez Santiago impugnó su sentencia por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Solicitó la anulación de la condena ante el Tribunal de Primera Instancia, alegando la inconstitucionalidad del estatuto. Fundamentó su petición en el derecho a portar armas reconocido por la Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. y sentencias previas del Tribunal de Apelaciones. El foro primario denegó la solicitud, entendiendo que los fundamentos no activaban la Regla 192.1 y que la jurisprudencia citada no invalidaba el Artículo 5.04. Inconforme, Rodríguez Santiago presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Persistió en su argumento sobre la inconstitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso, incluyendo una cuestión sobre su presentación tardía. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió no expedir el recurso de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). COSSEC solicitó dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La moción de desestimación se presentó en una demanda por hostigamiento laboral y daños y perjuicios por represalias incoada por Jennifer Guadalupe Ortiz. Ortiz alegó haber sufrido un patrón de hostigamiento y represalias por parte de la administradora de COSSEC tras liderar esfuerzos para reclamar beneficios salariales. COSSEC argumentó que la demanda versaba sobre actividad concertada y que la Junta de Relaciones del Trabajo tenía jurisdicción exclusiva. Ortiz sostuvo que su causa de acción era por daños derivados de represalias y hostigamiento, no por actividad concertada. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. Con esta decisión, se confirma la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para continuar con el caso de Ortiz.

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Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones revisó una petición de certiorari presentada por el señor Roberto García Rivera. El peticionario solicitaba la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó por tentativa de fuga, producto de una alegación pre-acordada. Alegó que la condena impuesta fue por un delito distinto al pre-acordado y que solo advino en conocimiento de ello cinco años después. El señor García Rivera impugnó la sentencia original y la denegatoria de su solicitud de nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones analizó la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y los requisitos para su presentación, incluyendo los plazos aplicables. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal resolvió desestimar el recurso presentado por el peticionario. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la petición.

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Un litigante, el señor Rodríguez, solicitó la designación de un abogado de oficio por ser indigente, pero el Tribunal de Primera Instancia denegó su petición. Inconforme, acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una moción solicitando dicha designación. El documento explica que el auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario y discrecional para corregir errores de derecho de tribunales inferiores. Se destaca que la discreción debe ejercerse razonablemente buscando la justicia. Se detallan los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para considerar la expedición de un auto de certiorari o una orden de mostrar causa. Estos criterios guían al tribunal en determinar si el caso es apropiado para revisión. Una vez expedido el auto, el tribunal asume jurisdicción para revisar los méritos del asunto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por José A. Agosto Agosto. El peticionario busca la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitida el 7 de diciembre de 2018. Dicha Resolución del TPI declaró "Nada que proveer" a una moción de reconsideración. Esta moción de reconsideración siguió a la denegatoria de una solicitud bajo la Regla 49.2 para dejar sin efecto una sentencia previa que desestimó el caso con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones enfatiza su deber de examinar la jurisdicción, particularmente en cuanto a la oportunidad de los recursos. Las reglas de procedimiento establecen un término estricto de 30 días para presentar un recurso de certiorari contra resoluciones u órdenes del TPI. Este término se cuenta a partir de la fecha de notificación de la resolución recurrida. El documento detalla el historial procesal relevante y las fechas clave para evaluar el cumplimiento de dicho término. La resolución parece estar preparando el análisis jurisdiccional basado en la presentación oportuna del certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una condena por el delito de amenaza, tipificado en el Artículo 177 del Código Penal de 2012. El apelante, Alejandro Desiado Deseado, fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia y sentenciado a seis meses de reclusión en sentencia suspendida. Impugna la sentencia argumentando que la frase utilizada, "Te voy a explotar, te voy a matar", no constituye amenaza, especialmente considerando el significado cultural del término "explotar" para personas de nacionalidad dominicana. Sostiene además que no se probó más allá de duda razonable el elemento de "daño determinado a su persona". El Ministerio Público, por su parte, defiende la corrección del dictamen apelado, afirmando que la prueba testifical demostró la comisión del delito. Tras evaluar los méritos de la apelación, los argumentos de ambas partes y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la sentencia apelada.

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Super Farmacia Caguana, Inc. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que validó un contrato con Ricardo Marrero Rivera y la condenó al pago de \$56,928.75. El panel de jueces examinó los escritos presentados y el derecho aplicable. Acordaron revocar la Sentencia apelada. La Farmacia argumentó que el contrato de mantenimiento de cajero automático suscrito con el señor Marrero era inválido. Alegó que el señor Marrero no poseía las licencias o certificaciones necesarias, como la de Independent Sales Organization, requeridas para operar y dar mantenimiento a cajeros automáticos y procesar transacciones. La Farmacia fundamentó sus alegaciones en el propio contrato y en porciones de la deposición del señor Marrero. También imputó al señor Marrero haber obtenido información confidencial y recibido pagos directamente sin autorización. Considerando estos argumentos y la evidencia, el tribunal de apelaciones determinó que procedía revocar la decisión del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre Arlet Aviation, LLC (apelante) y Dominion Air Charter (apelado). El recurso de apelación fue presentado por Arlet Aviation contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. El caso original trata sobre un incumplimiento de contrato, donde Arlet demandó a Dominion por cobro de dinero por servicios a una aeronave y alquiler. Dominion reconvino a Arlet reclamando daños y perjuicios por alegados trabajos defectuosos y pérdida de uso de la aeronave. Un punto procesal relevante fue la oposición de Arlet a la reconvención de Dominion, argumentando que esta última, como corporación foránea sin autorización en Puerto Rico, no podía presentarla. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación de la reconvención, interpretando que la ley permite a corporaciones foráneas defenderse y reconvenir. La Sentencia Parcial apelada específicamente denegó una solicitud de desestimación de Arlet basada en cosa juzgada. También desestimó la causa contra un tercero y la alegación de Dominion sobre descorrer el velo corporativo de Arlet. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la Sentencia Parcial. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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La recurrida obtuvo una sentencia por $\$119,445.08$ contra los peticionarios y solicitó su ejecución. Para asegurar la efectividad de la sentencia, el TPI emitió órdenes de embargo y ejecución sobre una sentencia previa a favor de los peticionarios por $\$71,300.00$ contra terceros. Los peticionarios presentaron una moción alegando que la orden de embargo transfirió la titularidad del crédito de su sentencia a la recurrida hasta el monto adeudado, saldando así su deuda con ella. Solicitaron el levantamiento de la prohibición para cobrar el remanente de su crédito. La recurrida se opuso, argumentando falta de jurisdicción por ser las órdenes finales y que la sentencia a su favor no había sido satisfecha. El TPI declaró No Ha Lugar la moción de los peticionarios y su solicitud de reconsideración. Los peticionarios presentaron un Certiorari impugnando estas decisiones. El caso gira en torno a si el embargo y transferencia del crédito de una sentencia saldó automáticamente la deuda de los peticionarios bajo otra sentencia.

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Se presenta una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación de vacaciones. La querellante, María Socorro González Rodríguez, demandó a su patrono, Cooperativa de Ahorro y Crédito MaunaCoop, por la liquidación total de su licencia de vacaciones acumulada. La Cooperativa alegó prescripción parcial de la reclamación y que no procedían la liquidación total ni las penalidades. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la reclamación estaba prescrita en parte, limitándola a los últimos tres años previos a la demanda. Calculó la deuda de vacaciones en \$1,070.16, aplicando la Ley Núm. 180 que permite liquidar solo el exceso de diez días acumulados. El foro primario denegó la imposición de penalidades al concluir que la empleada no había acumulado las horas requeridas para su aplicación. La apelante impugna la sentencia, cuestionando la prescripción, el cálculo de la deuda, la denegación de penalidades y las determinaciones de hechos. La apelada se opone a la apelación y solicita honorarios de abogado. Este documento introduce los argumentos de las partes y el contexto legal bajo la Ley Núm. 180 para la revisión en apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Orlando Rivera Valentín, quien cumple condenas por violaciones a los Artículos 142 y 144 del Código Penal (agresión sexual y actos lascivos). El peticionario solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que confirmó la legalidad de su sentencia original. Fue condenado a penas concurrentes de 15 años y 1 día, y 3 años y 1 día, tras un juicio por jurado en 2012. Su sentencia fue previamente confirmada en apelación en 2016. Una solicitud anterior para corregir la sentencia bajo el principio de favorabilidad también fue denegada y confirmada en apelación. En este nuevo recurso, el peticionario pidió una reducción de sentencia a 8 años, alegando asesoramiento legal inadecuado y circunstancias atenuantes. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se basó en que el recurso no presentó una controversia sustancial ni señalamientos de error específicos.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. AIR-CON, INC. apeló la desestimación sin perjuicio de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). El apelante enfrentó dificultades para notificar al apelado, quien finalmente fue citado correctamente pero no compareció a la vista señalada. El TPI denegó la solicitud de anotación de rebeldía del apelante. Tras escuchar la prueba del apelante, el TPI expresó confusión sobre la cuantía adeudada y re-señaló el juicio. El apelante presentó una moción aclaratoria y solicitó sentencia. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y, por los fundamentos expuestos, revocó la sentencia apelada del TPI.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia. El caso se originó por una demanda de daños y perjuicios presentada por José Luis González Ramos y Madeline Figueroa Colón contra Pedro Luis Pacheco Romero y Universal Insurance Company. Los demandantes alegaron haber sufrido daños en un accidente de auto causado por Pacheco Romero en noviembre de 2014. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables y les ordenó pagar una suma total de \$261,058.82 por daños, además de gastos y pérdida de ingresos. Tanto la parte demandante como la demandada presentaron recursos de apelación contra dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones examinó los recursos y los autos originales del caso. Tras su revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia apelada. Una vez modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una reclamación de daños y perjuicios derivada de un accidente automovilístico ocurrido el 30 de noviembre de 2014 en Santurce. José Luis González Ramos sufrió graves lesiones al ser impactado por un vehículo conducido por Pedro Luis Pacheco Romero, alegadamente bajo los efectos del alcohol. González Ramos y Madeline Figueroa Colón demandaron a Pacheco Romero y a su aseguradora, Universal Insurance Company, reclamando compensación por los daños, dolores, sufrimientos y pérdida de ingresos. El Tribunal de Primera Instancia encontró a los demandados responsables y ordenó el pago de \$261,058.82 en daños, más gastos y pérdida de ingresos. Ambas partes apelaron la sentencia del foro primario. El Tribunal de Apelaciones examinó los autos, incluyendo la prueba testifical y documental presentada en el juicio. Tras la revisión, el tribunal apelativo resolvió modificar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia, así modificada, se confirma.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de certiorari proveniente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El peticionario, Víctor F. Hernández Sánchez, intervino en un caso sobre división y liquidación de comunidad de bienes. Solicitó la acumulación como parte indispensable, lo cual fue denegado por el foro primario. El peticionario presentó moción para corregir su dirección postal para notificaciones y argumentó que debían enviarse a su correo electrónico registrado en el RUA. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción, indicando que el peticionario proveyó la dirección incorrecta reiteradamente. Además, determinó que al comparecer por derecho propio como persona natural, la notificación adecuada era a su dirección física, no a la del RUA. El peticionario recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Señaló como error principal la determinación del foro primario de que compareció como particular y no como representante legal. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la resolución recurrida. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por Fernando Javier Nieves Sánchez. El peticionario buscaba la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. Dicho tribunal había denegado su solicitud de vista de indigencia, aparentemente con el fin de ser relevado de una pena especial. El Tribunal de Apelaciones examinó el derecho aplicable, específicamente el Artículo 61 del Código Penal de Puerto Rico. Este artículo ordena la imposición de una pena especial de cien dólares por delito menos grave y trescientos dólares por delito grave a toda persona convicta, adicional a la pena principal. La ley establece que esta pena es mandatoria para el foro sentenciador, eliminando cualquier discreción para eximir a un confinado. Los fondos recaudados de esta pena se destinan al Fondo Especial de Compensación a Víctimas. Al encontrar que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente conforme a esta disposición legal mandatoria, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de expedir el auto de certiorari.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Popular Auto, LLC y Ramón A. Pastrana Maldonado. Popular Auto apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero por inactividad. El tribunal primario archivó el caso al no registrarse trámites en seis meses, invocando la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. Popular Auto argumentó que el tribunal erró al desestimar sin antes emitir la orden de mostrar causa requerida por dicha regla. El Tribunal de Apelaciones consideró el argumento del apelante. Señaló que la Regla 39.2(a) exige una orden previa de diez días para mostrar causa antes de imponer la sanción severa de desestimación por un primer incumplimiento. Concluyó que el tribunal primario no cumplió con este requisito procesal. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia recurrida que ordenaba la desestimación y archivo del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó recursos de apelación presentados por José Luis González Ramos y Madeline Figueroa Colón, así como por Pedro Luis Pacheco Romero y Universal Insurance Company. Las apelaciones surgieron de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue incoada tras un accidente de auto ocurrido el 30 de noviembre de 2014. En dicho accidente, Pedro Luis Pacheco Romero impactó a José Luis González Ramos, causándole severas lesiones. Los demandantes reclamaron compensación por daños físicos, mentales y pérdidas económicas. El foro de instancia condenó a Pacheco Romero y Universal Insurance a pagar \$261,058.82 por daños, además de gastos y pérdida de ingresos. Ambas partes recurrieron la sentencia inicial. Tras examinar los autos, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada en su versión modificada. El caso involucra la responsabilidad civil por el accidente y la cobertura de la póliza de seguro.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso presentado por Bernardo Mudafort Farah en un caso de divorcio por trato cruel instado por Elsa Irizarry Martínez. El recurso, originalmente una apelación, fue reclasificado como Certiorari al determinar el tribunal que recurría de una decisión interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. La recurrida solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que la determinación apelada no era final. El caso de divorcio incluye solicitudes de medidas provisionales para proteger los bienes gananciales y fijar una pensión alimentaria pendente lite. El Tribunal de Primera Instancia emitió órdenes prohibiendo al peticionario disponer de bienes gananciales y autorizando la coadministración. Posteriormente, ordenó al peticionario no retirar fondos de cuentas conjuntas, pagar gastos del hogar y alimentos, y fijó una pensión alimentaria provisional de \$1,000 mensuales a favor de la recurrida. El peticionario solicitó la reconsideración de esta última orden, la cual fue declarada No Ha Lugar por el tribunal de instancia. El peticionario también presentó mociones informando sobre un problema de salud y solicitando ser excusado de una vista.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso presentado por El Picoteo de Tapas, Inc. y Café Bohemio, Inc. Los apelantes impugnan una Sentencia Nunc Pro Tunc del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desahucio inmediato de las propiedades de El Convento. El proceso de desahucio sumario se inició en 2016. Tras una sentencia inicial en 2017 y apelaciones previas desestimadas, el foro primario emitió la Sentencia Nunc Pro Tunc en 2018, reiterando el desahucio e imponiendo fianzas para apelar. Los apelantes solicitaron aceptar una fianza hipotecaria, pero incumplieron las órdenes subsiguientes del tribunal para su presentación o inscripción. A pesar del incumplimiento con la fianza, los apelantes presentaron el recurso de apelación actual. El apelado, El Convento, argumenta que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso. Esto se debe a que los apelantes no prestaron la fianza requerida por ley para impugnar una sentencia de desahucio. El documento subraya la importancia fundamental de la jurisdicción en el sistema judicial y la necesidad de resolver este asunto antes de proceder con el fondo de la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de certiorari presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). DACO buscaba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que, al hacer cumplir una orden previa de DACO, requirió a Gaudium, Inc. y Diskin Construction Corp. reparar unas ventanas. La orden del TPI también dispuso que la reclamación contra la fianza de Travelers Casualty and Surety Co. debía realizarse mediante procedimientos postsentencia. La resolución explica que las agencias administrativas como DACO deben acudir a los tribunales para hacer cumplir sus órdenes, un proceso distinto a la revisión judicial. Señala que el TPI ya había dictado una sentencia en 2015 para hacer cumplir la orden original de DACO. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones concluye que el TPI no erró al determinar que el incumplimiento de su sentencia de ejecución, incluyendo la responsabilidad subsidiaria de la fianza, debe reclamarse a través de los mecanismos de ejecución postsentencia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una solicitud de certiorari presentada por el Sr. Carlos J. Valentín Rosario. El peticionario solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, que denegó una moción de corrección de sentencia bajo las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal. En su escrito, el Sr. Valentín no formuló señalamientos de error específicos, pareciendo solo solicitar una rebaja en el término de su sentencia. Tras revisar el escrito y los autos, el Tribunal de Apelaciones determinó que la resolución impugnada es correcta en derecho. Conforme a la Regla 40(A) de su Reglamento, la resolución del TPI no amerita revisión. El peticionario no alegó que la sentencia impuesta fuera ilegal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

La controversia incidental a un caso de pensión alimentaria involucra al hijo, quien tras alcanzar la mayoría de edad, solicita la continuación y ajuste de la pensión para sus estudios universitarios. El padre, obligado al pago, solicitó el relevo de la pensión al aproximarse la fecha en que el hijo cumpliría 18 años. El hijo se opuso, alegando que continuaba estudiando y necesitaba la pensión, solicitando una vista para fijar una nueva cuantía. Para sustentar su reclamo, el hijo promovió descubrimiento de prueba extenso sobre los ingresos y activos del padre, incluyendo información de su plan de retiro. El padre se opuso a esta solicitud de descubrimiento adicional, pidiendo una orden protectora y argumentando que la reclamación de alimentos de un hijo mayor de edad no justificaba un uso indiscriminado de estos mecanismos. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden protectora a favor del padre, limitando el descubrimiento. Inconforme, el hijo acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar dicha orden. El hijo también solicitó la paralización de una vista señalada, alegando indefensión sin completar el descubrimiento. El padre se opuso a la paralización, señalando que el hijo ya había solicitado la transferencia de la vista ante el tribunal de instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestima un recurso de apelación presentado por Juan Hernández Goveo contra Swirl, Corp. El recurso impugnaba una Sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre reivindicación de bienes muebles. La sentencia apelada condenó al señor Hernández a pagar el valor de remplazo del equipo objeto del litigio, más costas y honorarios. El apelante argumentaba que el foro primario erró al dictar sentencia en rebeldía sin vista evidenciaria. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue presentado tardíamente. La Sentencia en rebeldía fue notificada el 19 de octubre de 2018. Aunque el apelante presentó una moción de relevo de sentencia y una posterior moción de reconsideración de su denegatoria, estas no interrumpieron el término jurisdiccional para apelar la sentencia original. El recurso de apelación fue instado el 8 de enero de 2019, fuera del término de treinta días. Por consiguiente, el Tribunal carece de jurisdicción para atender los méritos de la apelación.

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Total Petroleum Puerto Rico, Corp. presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación denegó la solicitud de Total de consolidar dos casos presentados por Motopac, Corp. El primer pleito fue incoado por Motopac contra FG Auto, Corp. por incumplimiento de un contrato de suministro exclusivo de lubricantes. Posteriormente, Motopac demandó a Total Petroleum alegando interferencia torticera en dicho contrato, causando el incumplimiento de FG Auto. Total argumentó que ambos casos compartían el mismo núcleo fáctico y requerían evaluar el mismo contrato. A pesar de que Motopac estuvo de acuerdo con la consolidación, el Tribunal de Primera Instancia la denegó. Inconforme, Total acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado. Finalmente, revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó la consolidación. Los casos versan sobre violación de contrato, daños y perjuicios y cumplimiento específico.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa. La Administración de Terrenos de Puerto Rico recurre la negativa del foro primario a admitir prueba pericial sobre contaminación ambiental de la propiedad expropiada a Ponce Bayland Enterprises, Inc. La Administración sostiene que esta evidencia es esencial para determinar la justa compensación. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la cuestión de la contaminación no era de la jurisdicción de la sala de expropiaciones. La recurrida se opuso a la prueba, argumentando su impertinencia en expropiación y la tardanza de la peticionaria en presentarla. Tras denegar una moción de reconsideración, el TPI mantuvo su decisión. El recurso de apelación cuestiona si el TPI erró al suprimir la prueba y declararse sin jurisdicción sobre la contaminación en un caso donde se disputa el valor de mercado del inmueble.