Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 297)

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Jack Noriega Acosta compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción. En dicha moción, Noriega Acosta alegó indigencia y solicitó la exención del pago de una pena especial impuesta al amparo de la Ley 183. Argumentó que su incapacidad económica para pagar esta multa le impedía beneficiarse de programas y bonificaciones por estudio y trabajo en la institución correccional. Sostuvo que esta situación prolongaba su sentencia, a diferencia de otros confinados con recursos. El Tribunal de Primera Instancia había denegado su petición y la solicitud de una vista. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por la UTIER contra Javier Cotto López. La UTIER reclamaba una cuota especial impuesta a Cotto López por incomparecencia a una actividad sindical. Tras la incomparecencia de Cotto López a la vista en su fondo, el TPI dictó sentencia a favor de la UTIER. Posteriormente, Cotto López solicitó relevo de sentencia alegando que una decisión reciente del Tribunal Supremo Federal sobre el taller cerrado aplicaba a su caso y que no se consideraron sus planteamientos constitucionales. El TPI denegó dicha solicitud de relevo. Cotto López recurrió al Tribunal de Apelaciones para revisar esta denegatoria. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como uno de certiorari. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó su expedición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201801402. El apelante, Pedro J. Quiñones Álvarez, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda de sentencia declaratoria por falta de jurisdicción. La demanda original buscaba demarcar derechos sobre el uso de su propiedad y espacios de estacionamiento en un condominio. El TPI dictó sentencia desestimando el caso el 26 de septiembre de 2018, notificada el 4 de octubre de 2018. El apelante presentó una moción de reconsideración el 24 de octubre de 2018, la cual fue denegada por el TPI el 30 de octubre de 2018, reiterando su falta de jurisdicción. El recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 28 de diciembre de 2018. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo por haber sido presentado el recurso de forma tardía. Se reitera el principio legal de que la falta de jurisdicción es insubsanable y obliga a la desestimación del caso sin entrar en los méritos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desahucio en precario. La demandante-peticionaria, Sandra Pagán Rivera, impugnó la decisión del foro primario que declaró sin lugar su solicitud para que la jueza Hon. Elisa A. Fumero Pérez se inhibiera del caso. Pagán Rivera alegó que la jueza actuó de forma prejuiciada y parcializada a favor de la demandada, María Virginia del Rosario Santana, basándose en varias incidencias procesales. La solicitud de inhibición fue evaluada por la jueza administradora, quien concluyó que no había evidencia de prejuicio o parcialidad y denegó la petición. Tras una moción de reconsideración denegada, Pagán Rivera acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. La sentencia del Tribunal de Apelaciones modificó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y, así modificada, la confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una petición de certiorari presentada por Banco Popular de Puerto Rico. El Banco Popular impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Grace English Evangelical Lutheran Congregations, Inc. y otros. La orden recurrida, aunque denegó la desestimación solicitada por Grace English, requirió al Banco Popular incluir a The United Lutheran Church in America (ULCA) como parte. Grace English había argumentado que ULCA era parte indispensable debido a una condición resolutoria sobre la propiedad hipotecada, donada por ULCA. Banco Popular se opuso a la inclusión, presentando posteriormente evidencia de que la condición resolutoria había sido cancelada por The Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) mediante escritura pública inscrita. Grace English cuestionó la legitimidad de ELCA para cancelar la condición establecida por ULCA. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa si la orden del TPI de incluir a ULCA fue correcta a la luz de estos argumentos y la prueba de la cancelación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Ernesto Meléndez Cotto. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha resolución denegó su pedido de exención del pago de una pena especial impuesta como parte de su sentencia. El Sr. Meléndez Cotto se había declarado culpable de tentativa de apropiación ilegal agravada y escalamiento agravado. Fue condenado a prisión y al pago de una pena especial de \$300 por cada cargo, según el Artículo 67 del Código Penal. Alegó ser indigente para justificar la exención, pero el foro primario resolvió que carecía de discreción para concederla. El peticionario recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras considerar la petición, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. El apelante, Héctor L. Nieves López, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución se emitió en respuesta a su moción para ser relevado del pago de pensión alimentaria para sus hijas adultas. El foro primario determinó que una de las hijas, Natalie Nieves Cuevas, se encontraba incapacitada. Consecuentemente, nombró a su madre, Nancy Cuevas Alicea, como tutora. Además, ordenó al apelante a pagar una pensión de $371.80$ a favor de Natalie. El apelante impugnó esta determinación y la continuación de la obligación alimentaria bajo la orden original. Tras considerar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones procedió a emitir su dictamen. Por los motivos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución Enmendada apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo v. Michael Louis Ruiz Matos. El peticionario recurre mediante certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reducción de pena. Ruiz Matos fue sentenciado a 20 años tras declararse culpable de agresión mutilante y un delito de armas. Argumenta que su pena por agresión mutilante debe ser reducida conforme al principio de favorabilidad y una ley posterior (Art. 109A). Previamente, el peticionario presentó una moción de reconsideración ante el foro primario, la cual fue declarada No Ha Lugar. También instó un recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones sobre los mismos fundamentos, el cual fue denegado por otro panel. Posteriormente, presentó una segunda moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, que también fue denegada. El presente certiorari impugna esta última denegatoria del foro primario. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada desestimó la demanda presentada por Muñoz Burgos Contractors Corp. (MBC Corp.) contra el arquitecto José R. Coleman Davis. El caso original involucra una demanda de sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios relacionada con la construcción de la Comandancia de la Policía en Caguas. MBC Corp. demandó a la Autoridad de Edificios Públicos y otros, incluyendo al arquitecto, alegando terminación sustancial de la obra y reclamando pagos adeudados. La apelante sostuvo que el arquitecto participó en un plan para dilatar la certificación de la obra y el pago, tras detectarse deficiencias en el proyecto. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción contra el arquitecto mediante un "non suit". MBC Corp. apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la sentencia del foro inferior. La decisión ratifica la desestimación de las reclamaciones de MBC Corp. contra el arquitecto Coleman Davis.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Sergio Ferrer Rivera contra El Pueblo de Puerto Rico. El apelante recurrió la sentencia de 139 años de reclusión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado, tentativa de robo agravado y violaciones a la Ley de Armas. Ferrer Rivera alegó múltiples errores en el proceso judicial, incluyendo la valoración de la prueba, la denegación de la separación de juicios, la admisión de declaraciones de un coacusado y errores en la imposición de la pena. También cuestionó la admisión de prueba de carácter y una enmienda sustancial a la acusación durante el juicio. El Tribunal de Apelaciones evaluó los fundamentos presentados por las partes. Tras dicha evaluación, el Tribunal determinó que procedía revocar la sentencia apelada. En consecuencia, se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de un nuevo juicio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE201900035. El matrimonio Ángel Quintero Rivera y Margarita González Martínez solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. La Orden recurrida denegó la reconsideración y requirió a los peticionarios proveer autorizaciones médicas. Estas autorizaciones permitirían a la parte demandada, Bella Auto Group, acceder a expedientes médicos como parte del descubrimiento de prueba. El caso subyacente trata sobre una reclamación de daños y perjuicios y nulidad de contrato por alegado fraude en la compra de un vehículo. Los peticionarios reclamaron daños morales y angustias, lo que llevó a la solicitud de sus récords médicos. Surgió una controversia sobre el alcance de la divulgación, y los peticionarios solicitaron sin éxito una Orden Protectora. El foro primario denegó la Orden Protectora y la posterior reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud de revisión, deniega la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera un recurso de certiorari en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demandada recurrente solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia emitida tras una orden de lanzamiento. Se detalla el historial procesal, incluyendo la denegación de una primera moción de reconsideración y la presentación de una segunda. El documento expone los principios legales sobre la jurisdicción apelativa mediante certiorari. Se enfatiza el término estricto de 30 días para presentar el recurso desde la notificación de la orden. Se aclara que una moción de reconsideración oportuna, presentada dentro de 15 días, interrumpe dicho término. La corte se enfoca en evaluar la oportunidad del recurso presentado para determinar si posee jurisdicción para atenderlo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expediente de dominio contradictorio. José Colón Rodríguez y Evelyn Santiago Sosa iniciaron el proceso para inscribir un predio adquirido por segregación. El predio no pudo inscribirse porque la escritura de segregación no accedió al Registro de la Propiedad, faltando la resolución de permiso. La finca matriz de la que se segregó el predio aparece registrada a nombre de Ruth M. Negrón Rivera, Inc. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de los demandantes. Una accionista de Ruth M. Negrón Rivera, Inc. solicitó el relevo de sentencia y desestimación por falta de jurisdicción sobre la corporación y falta de parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud. La accionista recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó las determinaciones recurridas y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para continuar los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación (acogida como certiorari) sobre la ejecución de una sentencia. La sentencia original, de 2008, condenó a los recurridos al pago de $17,580.00 por daños en un accidente de vehículo de motor. Aunque la sentencia advino firme, no fue satisfecha. El peticionario solicitó su ejecución ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual la denegó por haber transcurrido más de 10 años desde su firmeza. El Tribunal de Apelaciones revisa la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, que permite la ejecución discrecionalmente después de 5 años, y la jurisprudencia que aplica el plazo prescriptivo de 15 años del Código Civil a la ejecución de sentencias de cobro de dinero. Determina que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la ejecución sin fundamentar su discreción ni permitir al peticionario justificar el retraso. Destaca que, al tratarse de un cobro de dinero, el reclamo sustantivo está sujeto al plazo de 15 años, por lo que el peticionario aún se encuentra en tiempo hábil para reclamar el pago.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso sobre privación de custodia y patria potestad. Luis R. Cruz Pérez apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su solicitud de privar a Sheila M. Soto Collazo de la patria potestad sobre su hija A.C.S. Previamente, un tribunal de Florida había otorgado la custodia exclusiva de la menor al señor Cruz Pérez en un procedimiento de dependencia. La corte de Florida estableció condiciones para las relaciones materno-filiales. Tras mudarse a Puerto Rico con la niña, el padre instó la acción para privar a la madre de la patria potestad. El foro de Bayamón reconoció la custodia del padre pero denegó la privación de patria potestad, fijando condiciones para la relación madre-hija. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y la prueba presentada. Finalmente, el panel apelativo resolvió confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato y daños. El Concilio de Salud Integral de Loiza demandó originalmente a un contratista por filtraciones en un techo impermeabilizado. Posteriormente, se añadió a Neptune Coatings Corp., Inc. (Neptune Nevada), alegando negligencia relacionada con el producto utilizado y su aplicación. Neptune Nevada argumentó que adquirió activos de otra entidad (Neptune California) después de los hechos reclamados y no asumió responsabilidades previas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Neptune Nevada, desestimando las reclamaciones. El Demandante apeló, cuestionando la interpretación del acuerdo de compra de activos y la consideración de la fecha de existencia de Neptune Nevada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de instancia. Concluyó que el lenguaje contractual del acuerdo de compra de activos era claro al establecer que Neptune Nevada no asumió responsabilidad por actos anteriores a la adquisición. Por tanto, el Demandante no tenía causa de acción contra Neptune Nevada.

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James B. Nutter & Company apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de ejecución de hipoteca. El foro primario fundamentó la desestimación en la supuesta falta de diligenciamiento del emplazamiento dentro del término de 120 días. La demanda fue radicada el 13 de abril de 2018 contra una sucesión y otras partes. Surgieron dilaciones en la expedición de los emplazamientos, especialmente para los herederos desconocidos, debido a órdenes del TPI y gestiones de la parte demandante. Los emplazamientos para los herederos fueron expedidos por la Secretaría del Tribunal en julio y agosto de 2018, tras varias mociones y órdenes. JBN argumentó que el término para emplazar a estos herederos no había vencido al momento de la desestimación. A pesar de ello, el TPI desestimó el caso el 4 de septiembre de 2018. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Se revisa la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios. El demandante alegó que el personal de un centro de imágenes actuó negligentemente al realizarle un CT scan, causándole daños en un brazo. El tribunal de instancia concluyó que la prueba presentada por el demandante fue insuficiente para demostrar la culpa o negligencia del centro. Determinó que el demandante no probó el nexo causal entre la supuesta actuación y el alegado daño. La prueba del demandante consistió únicamente en su testimonio, sin presentar récords médicos ni prueba pericial. El demandante apeló la decisión, argumentando, entre otras cosas, que las alegaciones de la demanda debieron considerarse admitidas. El Tribunal de Apelaciones analizó los argumentos presentados en la apelación. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia recurrida.

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Comparecen los herederos de Bienvenido Cruz Sabater apelando la desestimación de su demanda de división de herencia contra Bienvenido Cruz Astacio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio debido a discrepancias entre la demanda y la declaratoria de herederos sobre el apellido del causante ("Sabater" vs. "Sabatell") y la fecha de fallecimiento (3 de diciembre de 2014 vs. 5 de diciembre de 2014). Los apelantes argumentaron que el tribunal primario erró al desestimar la demanda. El panel apelativo considera que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al no permitir a los apelantes enmendar la demanda o corregir la documentación antes de desestimar. Se evalúa el caso bajo el estándar de abuso de discreción y error manifiesto. Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Safe Parking Solutions, LLC y otros. Buscan revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su moción de desestimación parcial. Dicha moción se presentó en un pleito iniciado por el Consejo de Titulares de un Condominio. El pleito original alega que los peticionarios, operadores de un estacionamiento contiguo, violaron condiciones restrictivas de uso establecidas para servir al Condominio. Se les acusa de restringir unilateralmente el acceso de titulares e inquilinos, alterar áreas comunes y causar daños y perjuicios, incluyendo pérdida de ingresos. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Presidente de la Junta del Consejo tenía legitimación activa para representar a los miembros en todas las reclamaciones. Los peticionarios apelaron esta determinación mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y modificó la resolución recurrida.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Carlos Perdomo Cheyne y Ereida Franco Echevarría. Los peticionarios buscan revocar una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en mayo de 2016. El caso original fue una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). BPPR alegó que los Esposos Perdomo-Franco incumplieron un préstamo de 2006 al dejar de pagar mensualidades. Tras ser emplazados y no comparecer, el TPI dictó sentencia en rebeldía a favor de BPPR. La sentencia ordenó el pago de la deuda y la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. Más de dos años después, cuando BPPR solicitó continuar los procedimientos para ejecutar la sentencia, los peticionarios comparecieron por primera vez. Presentaron una moción de relevo de sentencia, argumentando que la sentencia en rebeldía se dictó sin jurisdicción por falta de legitimación activa de BPPR. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora este cuestionamiento a la validez de la sentencia en rebeldía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de relaciones paterno filiales sobre custodia. El apelante impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que adoptó recomendaciones de un informe social y determinó la custodia compartida de un menor. Tras la Resolución del TPI, el apelante presentó una moción de reconsideración por derecho propio, indicando que no podía contactar a su abogada. El TPI resolvió la moción de reconsideración señalando que el apelante debía comparecer a través de su representación legal. Posteriormente, el apelante presentó el recurso de apelación también por derecho propio. El Tribunal de Apelaciones examina el caso y la Regla 47 de Procedimiento Civil, que rige las mociones de reconsideración y la interrupción de términos. La Regla establece que una moción que no cumpla los requisitos no interrumpe el término para recurrir. El tribunal concluye que procede desestimar el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que encontró responsables a los demandados-apelantes y al Municipio de Cayey. La demanda original fue presentada por Vivian Febus Mercado y Willie Bernard Colón tras un accidente ocurrido en abril de 2015. La Sra. Febus Mercado alegó haber sufrido daños al tropezar con la tapa de un zafacón soterrado instalado por sus vecinos en la acera. Atribuyó negligencia a los vecinos por la instalación y al Municipio por falta de mantenimiento y remoción del obstáculo. El Tribunal de Primera Instancia condenó a los demandados a pagar \$37,000 más intereses. Los vecinos y su aseguradora apelaron dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, determinó revocar la sentencia apelada.

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Este caso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico trata sobre una determinación de pensión alimentaria. El Tribunal de Primera Instancia fijó una pensión provisional y luego la hizo final. La madre, quien solicitó la pensión, no tuvo representación legal en la vista final. Posteriormente, con nueva representación, solicitó descubrimiento adicional para verificar los ingresos reales del padre, alegando que su estilo de vida no cuadraba con lo declarado. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de descubrimiento y no pospuso la vista final. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al negar el descubrimiento solicitado y al no posponer la vista. Se enfatizó la política pública de asegurar un sustento adecuado para los menores. La denegación de prueba impidió determinar la capacidad económica real del padre.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los recursos KLAN201801176 y KLAN201801180. Estos recursos fueron presentados por Francisco Pérez Corujo y Pan American Grain Co., Inc., respectivamente. Ambos apelantes solicitan dejar sin efecto una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia, emitida el 26 de junio de 2018, declaró ha lugar una solicitud de desistimiento. La solicitud fue presentada conjuntamente por la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), el Fondo para el Fomento de la Industria Lechera (FFIL) y la Cooperativa de Productores de Leche (COOPPLE). El caso original (SJ2016CV00270) fue iniciado por el administrador de la ORIL y presidente del FFIL contra miembros de la junta del FFIL. La demanda impugnaba la venta de acciones de Indulac por parte del FFIL a COOPPLE, alegando incumplimiento de ley y deberes fiduciarios. Al conceder el desistimiento, el foro primario ordenó el cierre y archivo del caso sin perjuicio. Los apelantes buscan revertir esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Las partes son Banco Popular de Puerto Rico como demandante y Gamalier González Rivera y Sybet Medina Martínez como demandados. Los demandados apelaron una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia. BPPR inició el pleito en 2016 por alegado incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario. El caso fue paralizado en varias ocasiones debido a peticiones de quiebra presentadas por los demandados. Tras desestimarse los casos de quiebra, BPPR solicitó la continuación del pleito y actualizó la deuda. Los demandados solicitaron y obtuvieron una prórroga para contestar la demanda, pero no lo hicieron. BPPR solicitó y el TPI dictó la Sentencia en Rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI. El Apelativo resolvió revocar la Sentencia en Rebeldía y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso relacionado con la división de una comunidad de bienes hereditarios. El apelante, Ángel Luis Rivera Rivera, litiga *in forma pauperis* y recurre de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia aprobó un cuaderno particional, ordenó la segregación de una propiedad a favor de una coheredera y le reconoció un crédito. El apelante presentó una moción de reconsideración oportuna, alegando controversias sobre documentos de venta, validez del testamento, validez de la segregación y que no se le había levantado la rebeldía. El foro primario declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración. Insatisfecho, el apelante presentó este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinará los términos jurisdiccionales como asunto umbral. El caso involucra a múltiples herederos y sucesiones como partes.

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Se trata de un recurso de apelación presentado contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama en un caso de daños y perjuicios. La apelación buscaba la revocación de la Sentencia emitida el 16 de agosto de 2018. Durante el trámite apelativo, la parte apelante presentó una Moción de Desistimiento. La moción informaba que el TPI había emitido una Sentencia Enmendada el 4 de diciembre de 2018. Esta enmienda se debió a que la sentencia original fue dictada antes de que el TPI recibiera el Mandato de un recurso apelativo anterior relacionado. El Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI carecía de jurisdicción para emitir la sentencia original sin haber recibido dicho Mandato. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones tampoco tiene jurisdicción para revisar esa sentencia. Por tanto, el recurso de apelación es desestimado por falta de jurisdicción, sin actuar sobre la solicitud de desistimiento.

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Recurso de apelación presentado por la Asociación de Residentes Enramada, Inc. contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo. La Asociación demandó a la Sra. Ivonne Ayala Llauger por cobro de dinero, reclamando cuotas de mantenimiento y gastos relacionados a un sistema de control de acceso. La apelante alegó que la obligación de pago surgía de una escritura de restricciones de 1984 y una resolución municipal de 2009. La apelada negó la deuda, argumentando que nunca se comprometió por escrito a pagar las cuotas y que el control de acceso se estableció después de adquirir su residencia. Además, señaló que una demanda previa por el mismo asunto fue desestimada por falta de evidencia de su compromiso escrito. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la demanda de la Asociación y desestimó el caso con perjuicio al conceder la sentencia sumaria a la apelada. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. En consecuencia, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la venta en pública subasta de una propiedad. La orden de ejecución proviene de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por FirstBank en 2014 contra los esposos Prieto-Bermúdez. Las partes habían llegado a un acuerdo de pago estipulado en 2015, el cual fue aprobado por sentencia. FirstBank solicitó la ejecución de la sentencia en 2016, alegando incumplimiento del acuerdo. Los deudores se opusieron a la ejecución, argumentando que FirstBank también buscaba ejecutar la misma propiedad en otro caso hipotecario anterior iniciado en 2011. Sostuvieron que la acción del banco en el otro caso justificó su cese de pagos en el acuerdo estipulado. El Tribunal de Apelaciones examina la legalidad de la orden de subasta emitida por el foro primario en 2018 a la luz de estos antecedentes procesales.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de nulidad de sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, herederos del deudor hipotecario, argumentaron que la demanda y el emplazamiento fueron presentados por Banco Popular de Puerto Rico mientras estaba vigente una paralización automática de la Corte de Quiebras de uno de los herederos. El Banco Popular había iniciado la cuarta acción legal contra la sucesión en diciembre de 2013, meses después de que uno de los herederos radicara quiebra. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de nulidad de sentencia. Tras la apelación de los herederos, el Tribunal de Apelaciones expidió un auto de paralización de los procedimientos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones procede a revocar la Sentencia en Rebeldía recurrida por los fundamentos que se detallan en la decisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El caso original fue presentado por Scotiabank contra Juan Martínez Pérez y Joan Hodgson Mico. Los deudores interpusieron un recurso de certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución determinó que las disposiciones sobre crédito litigioso no aplicaban al caso. El Tribunal de Primera Instancia previamente había fallado a favor de Scotiabank en la ejecución y denegado la reconvención de los deudores, sentencia que los deudores apelaron en un recurso aparte. En esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revisa el historial procesal del caso. El Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la inaplicabilidad del crédito litigioso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante recurso de certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte peticionaria, Bautista REO PR Corp., solicitó la revisión de la Orden que denegó su Moción de Reconsideración. El caso se originó con una demanda de Doral Bank contra "Carmen Luisa Mercado Candela", resultando en una sentencia en rebeldía. Tras adquirir el préstamo, Bautista REO PR Corp. fue sustituido como demandante. El peticionario intentó enmendar el epígrafe para corregir el apellido de la demandada a "Carmen Luisa Mercado Candelaria", argumentando que se trataba de un error formal. El Tribunal de Primera Instancia denegó repetidamente esta solicitud y la posterior reconsideración. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la Orden del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y varios co-demandados apelaron dicha denegatoria. La demanda original fue presentada por una empleada de la AAA, Shelly Ann Terreforte Marrero. La empleada reclamó discrimen por razón de género, hostigamiento laboral, y represalia. Alegó que un traslado a otra región constituyó un acto de represalia tras presentar una querella. Los peticionarios argumentaron que las alegaciones eran inmeritorias y que el traslado fue por necesidad operacional. El Tribunal de Primera Instancia había denegado la sentencia sumaria solicitada por la AAA y los co-demandados. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Revocó la resolución recurrida. La revocación fue únicamente para desestimar la causa de acción sobre represalia incoada en contra de la AAA.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina una solicitud de certiorari presentada por el Colegio Nuestra Sra. De la Merced. El Colegio impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. Dicha moción buscaba desestimar una demanda por despido injustificado incoada por Taira Arroyo Rivera. El Colegio alega que el TPI erró al denegar la sentencia sumaria y al apartarse de la metodología aplicable. El documento explica que el certiorari es un recurso discrecional para revisar decisiones de tribunales inferiores. Se citan las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones que rigen la expedición de este recurso. Estas reglas establecen los casos en que procede el certiorari contra órdenes interlocutorias y los criterios para su consideración.

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Josué Olmeda Centeno solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Mediante dicha moción, el peticionario buscaba una reducción del 25% de su sentencia, alegando derecho bajo el Artículo 67 del Código Penal. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón declaró No Ha Lugar la solicitud de acreditación de abono a la sentencia. Se informó que el peticionario presentó dos recursos idénticos ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la misma determinación. Un panel hermano de este Tribunal ya emitió sentencia en el otro recurso, confirmando la decisión del foro primario. La presentación de recursos apelativos duplicados para revisar una misma determinación judicial es improcedente. Dado que la controversia ya fue adjudicada previamente por este Tribunal, se desestima la presente causa.