Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 285)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida varias apelaciones presentadas por propietarios de la Urbanización Rincón Español. Los recursos impugnan sentencias del Tribunal de Primera Instancia que declararon con lugar demandas de cobro de dinero. La Junta de Residentes de la Urbanización Rincón Español demandó a los propietarios por cuotas de mantenimiento del control de acceso. El panel de jueces revisó los distintos recursos apelativos. La sentencia desestima dos apelaciones (KLAN201900116 y KLAN201900185) por falta de jurisdicción. El recurso KLAN201900118, tratado como certiorari, es denegado por carecer de finalidad. La apelación identificada como KLAN201900193 es revocada en todas sus partes. La decisión aborda el tracto procesal y el derecho aplicable a cada recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo apelaciones consolidadas presentadas por residentes de la Urbanización Rincón Español. Los apelantes impugnaron sentencias del Tribunal de Primera Instancia que declararon con lugar demandas de cobro de dinero incoadas por la Junta de Residentes de la urbanización. Dichas demandas buscaban el cobro de cuotas de mantenimiento relacionadas con el sistema de control de acceso. El Tribunal de Apelaciones desestimó algunos recursos (KLAN201900116 y KLAN201900185) por falta de jurisdicción. Otro recurso (KLAN201900118) fue denegado. Específicamente, la apelación identificada como KLAN201900193 fue revocada en todas sus partes. La sentencia detalla el historial procesal y los fundamentos legales para la disposición de cada recurso apelativo.

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Farmacia Puerto Rico, Inc. apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le declaró en rebeldía y dictó fallo a favor de Droguería Betances, LLC por una deuda de \$157,136.36. La demanda original fue por incumplimiento de pago de productos farmacéuticos. El TPI había concedido múltiples prórrogas a Farmacia Puerto Rico para contestar la demanda, pero esta no presentó alegación responsiva. Ante la falta de contestación, el TPI anotó la rebeldía y dictó sentencia. Farmacia Puerto Rico solicitó reconsideración y relevo de sentencia, alegando quiebra, fenómenos naturales y negociaciones, e intentó presentar su contestación tardíamente. El TPI denegó estas mociones, señalando la falta de diligencia del apelante a pesar de las oportunidades concedidas. Farmacia Puerto Rico recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelación fue presentada por Rafael Santiago Esquilín Angulo contra Roosevelt Cayman Asset Company. El apelante solicitó dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, que acogió el reclamo de cobro de dinero del apelado y desestimó su reconvención. El caso se relaciona con un pagaré hipotecario de \$57,000 suscrito en 1998, cuya titularidad pasó a Roosevelt Cayman Asset Company tras la insolvencia del banco original. El apelante alegó en su reconvención que el banco original no canceló una hipoteca previa y manejó incorrectamente sus pagos. Roosevelt Cayman solicitó sentencia sumaria y desestimación de la reconvención, argumentando que la hipoteca previa fue cancelada y no existía reclamo contra ellos. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Roosevelt Cayman. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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Apelación civil ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico procedente de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo. El caso original fue instado por Rose Mary Rolón Cruz contra Edwin Bermúdez Rosario y otros por desahucio y cobro de dinero. Rolón Cruz alegó ser dueña de la propiedad y que los demandados incumplieron un contrato de arrendamiento con opción a compra por falta de pago. Los demandados negaron las alegaciones y plantearon defensas, incluyendo controversia sobre la titularidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, ordenando el desalojo y el pago de \$2,500 más costas. Los demandados apelaron, presentando cinco señalamientos de error. Los errores apelados cuestionan la titularidad de la demandante, la descripción de la propiedad en la sentencia, las determinaciones sobre los límites y la causa del impago, alegando incumplimiento previo de la demandante. Las partes presentaron sus alegatos ante el Tribunal de Apelaciones. Este documento constituye la sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelve dicha apelación.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una impugnación de Luis Rosado Viana y Esther Ortiz Rosa contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso subyacente involucra una acción exitosa de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por parte de First Bank, que resultó en una sentencia ordenando la ejecución y el lanzamiento de los demandados. Después de la sentencia, los demandados llevaron a cabo varias acciones, incluyendo una demanda buscando anular la sentencia original alegando la inexistencia de la hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia había paralizado inicialmente los procedimientos post-sentencia, pero luego levantó la paralización y ratificó la orden de lanzamiento. Los demandados apelaron esta decisión, la cual el Tribunal de Apelaciones reclasificó como una petición de certiorari, el mecanismo adecuado para revisar procedimientos post-sentencia. Tras considerar el asunto, el Tribunal de Apelaciones denegó la petición de certiorari, confirmando la decisión del foro primario de proceder con la ejecución y el lanzamiento. La resolución también describe la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios que rigen su expedición.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida y resuelve varias apelaciones (KLAN201900116, KLAN201900118, KLAN201900185, KLAN201900193). Los recursos fueron presentados por residentes de la Urbanización Rincón Español contra la Junta de Residentes. Las controversias originales versaban sobre cobro de dinero por cuotas de mantenimiento del control de acceso. Los apelantes impugnaban sentencias del Tribunal de Primera Instancia que declararon con lugar las demandas de la Junta. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia del 28 de marzo de 2019, desestimó por falta de jurisdicción los recursos KLAN201900116 y KLAN201900185. El recurso KLAN201900118 fue acogido como Certiorari pero denegado por carecer de finalidad. La apelación identificada como KLAN201900193 fue revocada en todas sus partes. La sentencia expone los fundamentos fácticos, procesales y legales para cada determinación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la apelación presentada por José A. Rodríguez Borrero. El apelante busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra la Lcda. Mayra Vicil Bernier. Dicha desestimación se fundamentó en la excepción de prescripción. El caso principal se relaciona con una disputa sobre la posesión y transferencia de un vehículo Jeep. El vehículo fue objeto de un contrato de cesión inicial y terminó en posesión del apelante. Ángel L. Resto Rodríguez, parte en la cesión original, demandó a Rodríguez Borrero para la entrega del vehículo. La demanda de Rodríguez Borrero contra la abogada Vicil Bernier se origina en el contexto de este litigio complejo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción contra la licenciada estaba prescrita, decisión que ahora revisa el Tribunal de Apelaciones.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Ariel Rodríguez y Michelle Jurado. Solicitan la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Luis Álvarez demandó a los apelantes alegando que les prestó verbalmente \$330,400 para invertir en negocios, reclamando un balance adeudado de \$151,054.70. Los apelantes se defendieron argumentando que el dinero fue una inversión para la compra de acciones en una corporación, no un préstamo. Álvarez presentó una moción de sentencia sumaria en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Álvarez. La Sentencia del TPI se basó en determinaciones de hecho que confirmaron la existencia del préstamo. El TPI no consideró la oposición de los apelantes a la sentencia sumaria por haber sido presentada fuera del término concedido. Los apelantes recurren ahora ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de esa Sentencia. Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revisa la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una controversia en un caso de ejecución de hipoteca entre Banco Santander y los apelantes. Los apelantes impugnaron una orden del tribunal de primera instancia que permitía la continuación de los procedimientos de ejecución post-sentencia. Esto ocurrió a pesar de que los apelantes habían presentado un pleito independiente buscando la nulidad de la sentencia original, alegando que Santander carecía de legitimación activa. Los apelantes solicitaron al tribunal de primera instancia que paralizara la ejecución pendiente la resolución del pleito de nulidad. El tribunal de primera instancia emitió una resolución contradictoria, concediendo la reconsideración pero luego ordenando la ejecución. Los apelantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari discrecional. El Tribunal modificó la orden recurrida. Ordenó la paralización de los procedimientos de ejecución post-sentencia en el caso original, supeditada al resultado del pleito independiente de nulidad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La apelación proviene de una demanda presentada por Argenys García Otero y otros contra el Municipio de San Juan, Grupo Empresas de Salud de San Juan, Inc., y otras partes, tras sufrir el menor severo daño cerebral durante una cirugía. La Sentencia Sumaria apelada desestimó con perjuicio la acción contra Grupo Empresas y su aseguradora, Puerto Rico Medical Defense Insurance Company, Inc., fundamentándose en un acuerdo de transacción alcanzado con otros codemandados. La demanda original alegó negligencia y falta de consentimiento informado en relación con el procedimiento anestésico y quirúrgico realizado en el Hospital Municipal de San Juan. Se imputó a Grupo Empresas, supuestamente contratada para administrar el Departamento de Anestesiología, no proveer personal o equipo adecuado o fallar en la supervisión. Grupo Empresas se defendió alegando que su contrato se limitaba a proveer médicos anestesiólogos bajo la dirección del Municipio. El Tribunal de Apelaciones posee jurisdicción para entender en los méritos de la controversia sobre la desestimación.

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Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda sin perjuicio por entender que los demandantes no diligenciaron el emplazamiento dentro del término establecido por la Regla 4 de Procedimiento Civil. Los demandantes intentaron emplazar a la demandada, residente en Maryland, mediante edicto, alegando que solo conocían una dirección. El primer intento de emplazamiento por edicto presentó defectos en su diligenciamiento. El TPI autorizó un segundo emplazamiento por edicto, pero la notificación por correo certificado fue devuelta como no reclamada. En una vista evidenciaria, se reveló que la demandada residía con su hija (hermana de uno de los demandantes), y no se hicieron gestiones a través de ella para localizarla. El TPI fundamentó su desestimación en la falta de diligencia en el emplazamiento. Los demandantes apelaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones solicitó al TPI una resolución explicativa antes de resolver el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por residentes de la Urbanización Rincón Español. La Junta de Residentes de la urbanización demandó a varios propietarios para el cobro de cuotas de mantenimiento del control de acceso. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar las demandas, favoreciendo a la Junta de Residentes. Los propietarios demandados apelaron estas sentencias ante el Tribunal de Apelaciones. La corte revisó los distintos recursos de apelación presentados. Se desestimaron los recursos KLAN201900116 y KLAN201900185 por falta de jurisdicción. El recurso KLAN201900118 fue acogido como Certiorari pero denegado por carecer de finalidad. Finalmente, la apelación identificada como KLAN201900193 fue revocada en todas sus partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso discrecional de certiorari presentado por Ganaderos Borges, Co. La peticionaria impugnaba una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia que impidió la toma de una deposición clave. Dicha deposición era la del patrono subsiguiente de la demandante, Zulma Rodríguez Álvarez, luego de su renuncia. El foro primario había denegado una moción de reconsideración sobre este asunto. Ejerciendo su facultad discrecional conferida por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 de su Reglamento, el Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Aunque no está obligado a fundamentar la denegatoria de un certiorari, el tribunal decidió explicar su decisión. Se hizo referencia al marco legal que rige la discreción judicial en estos casos. La determinación final fue no intervenir con la orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Dr. Luis F. Viera Cabán. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios por alegada impericia médica tras el fallecimiento de Vivian Beauchamp Méndez. La demanda fue incoada por sus familiares contra Doctor's Center Hospital y varios médicos. El hospital llegó a un acuerdo transaccional y fue desestimado. Las reclamaciones de los demandantes adultos contra los médicos fueron desestimadas por prescripción, continuando el caso solo en representación del hijo menor de la causante. El peticionario impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que autorizó a la parte demandante a sustituir su perito médico debido a conflictos del perito original. El foro primario también denegó la reconsideración solicitada por el Dr. Viera Cabán sobre este asunto. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari sobre alimentos. El peticionario, José R. Ríos Pérez, solicita la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la retención anual de \$6,000 para satisfacer la pensión alimentaria. Arguye que dicha orden de retención prospectiva viola la Ley Especial de Sustento de Menores y su debido proceso de ley. Tras ser denegada su moción de reconsideración en el foro primario, presentó este recurso. El Tribunal explica la naturaleza discrecional del auto de certiorari y los criterios de la Regla 40 de su Reglamento para determinar su expedición. Señala que ha examinado el recurso presentado a la luz de estos criterios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Firstbank Puerto Rico recurre mediante certiorari contra una orden del Tribunal de Primera Instancia. La orden recurrida dejó sin efecto una subasta judicial previamente adjudicada a Firstbank. La razón fue un error en el número de finca de la propiedad hipotecada en los documentos de ejecución y el edicto de subasta. El número correcto era 47,201, pero se consignó 47,202. El foro primario consideró este error como sustancial, invalidando la subasta. Firstbank alega que el error no era fatal y que la subasta debió confirmarse. Argumenta que la discrepancia pudo subsanarse mediante una enmienda nunc pro tunc. La moción de reconsideración de Firstbank en primera instancia fue declarada extemporánea. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación del tribunal inferior.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900197 entre Instrumentation Services, Inc. (INSCO) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El litigio original trata sobre incumplimiento contractual y cobro de dinero, donde INSCO reclama pago por servicios prestados. La AAA se defendió alegando que INSCO incumplió el contrato al utilizar técnicos sin licencia. INSCO solicitó sentencia sumaria, argumentando que no había controversia sobre la deuda. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria, determinando que la necesidad de técnicos licenciados era un hecho probado, pero ordenando la continuación del caso a juicio para dilucidar otras controversias. Inconforme, INSCO presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. INSCO alegó que el foro primario erró al no determinar sumariamente que la intención contractual no requería técnicos con licencia. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari. La decisión se fundamenta en las razones que se exponen en la sentencia, incluyendo una discusión sobre la naturaleza discrecional del recurso de certiorari.

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Comparece el Sr. Mark Antony Borelli Irizarry y otros ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Solicitan la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que denegó su moción de relevo de sentencia. Dicha moción fue presentada en un caso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria instado por Banco Popular de P.R. En el caso original, se dictó una Sentencia Enmendada a favor del banco en noviembre de 2014, la cual advino final y firme, procediéndose luego a la subasta del inmueble. Los peticionarios habían argumentado en un pleito separado la nulidad de la sentencia de ejecución, alegando falta de legitimación activa del banco. La Orden recurrida denegó el intento de los peticionarios de obtener relevo de la sentencia final en el caso de ejecución. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, resuelve denegar expedir el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201900226. Los peticionarios, Noel Colón Martínez y Ana María Morera Ortiz, solicitaron la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por los peticionarios en un pleito contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El caso original trata sobre entredicho, injunction, sentencia declaratoria y daños y perjuicios relacionados con cargos y multas por uso de agua. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existían hechos materiales en controversia, específicamente sobre la facultad de un funcionario de la AAA para imponer multas y la validez de las cartas de impugnación. Los peticionarios presentaron varios señalamientos de error ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el foro primario debió resolver sumariamente. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó el auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de certiorari presentado por Carmen Teresa Ramírez Ortiz en un pleito de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La peticionaria solicitaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición para dejar sin efecto una anotación de rebeldía. El TPI había anotado la rebeldía el 2 de octubre de 2018 y, tras solicitudes de la peticionaria, reiteró su negativa a levantarla el 7 de diciembre de 2018 y nuevamente el 22 de enero de 2019 tras una reconsideración. La peticionaria presentó el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 22 de febrero de 2019. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por haber sido presentado tardíamente. Se recordó que la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil establece un término estricto de treinta días para presentar un certiorari desde la notificación de la resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una petición de certiorari presentada por Jorge E. Nales Cruz contra la denegatoria de su solicitud de desestimación por violación al derecho a juicio rápido. El peticionario buscaba revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó dicha solicitud. El derecho a juicio rápido, garantizado constitucionalmente, protege al acusado y responde al interés social de enjuiciar con celeridad. La Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal establece un término de 120 días para someter el caso a juicio desde la acusación. Sin embargo, este término no es absoluto y puede ser prorrogado por justa causa o si la demora se debe al acusado. La determinación de si se ha violado el derecho no es una cuestión de "tiesa aritmética", sino que requiere sopesar la duración y razones de la tardanza, si el acusado invocó el derecho oportunamente y el perjuicio real y sustancial sufrido. Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo. Tras examinar el recurso y la norma aplicable, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La Diócesis de Arecibo y su Obispo apelaron la denegatoria de su solicitud de desestimación en un pleito incoado por José Pío González Garavito. La Diócesis argumentó que carece de capacidad legal propia para ser demandada, siendo un fragmento indivisible de la Iglesia Católica según jurisprudencia reciente. La parte demandante sostuvo que la Diócesis sí tenía capacidad al momento de los hechos o actuaba como "alter ego". El foro primario determinó que la Diócesis no tenía personalidad jurídica independiente en ese entonces, pero permanecía en el pleito como una fragmentación de la personalidad de la Iglesia Católica. Inconforme, la Diócesis recurrió al Tribunal de Apelaciones reiterando su falta de capacidad. La parte recurrida no presentó alegato en apelación. El Tribunal de Apelaciones examina el recurso para adjudicar si la Diócesis es una parte indispensable o si carece de capacidad para figurar en el pleito.

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Benjamín Sánchez Avilés solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar la denegatoria de su petición de rebaja de fianza por parte del Tribunal de Primera Instancia. Sánchez Avilés enfrenta cargos por maltrato mediante amenaza en un caso de violencia doméstica, tras hallarse causa probable para juicio. La fianza impuesta fue de $10,000. El peticionario pidió reducirla a $1,000, proponiendo residir en casa de su madre bajo supervisión electrónica. El tribunal de instancia denegó la rebaja al determinar que la residencia propuesta se encontraba dentro de la zona de exclusión de la perjudicada. No obstante, el tribunal inferior ofreció reconsiderar si se presentaba una alternativa fuera de dicha zona. Sánchez Avilés recurrió, alegando que la denegatoria constituyó un abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de auto de certiorari. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procedió a denegar la expedición del auto solicitado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de Certiorari presentado por Jorge Jover Vega. Impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declaró su falta de jurisdicción sobre los asuntos del menor AAJM. La controversia surge luego de que la madre, Yamia Mundo Freiría, trasladara al menor a Florida en noviembre de 2017 sin autorización judicial ni consentimiento del padre, incumpliendo una orden previa. A pesar del traslado no autorizado, el Tribunal de Primera Instancia continuó interviniendo en el caso, estableciendo pautas de relaciones paterno filiales basadas en las direcciones de los padres en Florida. El padre también se mudó a Florida. El Departamento de la Familia cerró su caso administrativo al determinar que ambos progenitores residían en una nueva jurisdicción. La resolución recurrida acogió una moción de reconsideración de la madre y determinó que el tribunal puertorriqueño ya no tenía jurisdicción. El recurso de Certiorari busca revisar si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al declararse sin jurisdicción tras la mudanza del menor y ambos padres fuera de Puerto Rico.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de certiorari. Juan C. Ríos Pérez solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para modificar su sentencia. El peticionario buscaba la aplicación del concurso de delitos y el principio de favorabilidad para reducir una pena de 10 años por robo y otros delitos. Argumentaba que la sentencia era excesiva y que los hechos justificaban la aplicación de dichas figuras legales. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud a la luz de los criterios para la expedición discrecional del auto de certiorari. Concluyó que la controversia planteada no cumplía con los requisitos necesarios para su intervención. Por tanto, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por el Sr. Ríos Pérez.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado entre Efraín Suárez Arce y Optimus Investigations, Corp. Optimus recurrió en certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución determinó que el emplazamiento se realizó dentro del término de 120 días. Además, la resolución señaló una vista evidenciaria para determinar si la persona que recibió el emplazamiento estaba autorizada. Optimus argumentó que el foro primario calculó erróneamente el término de 120 días para el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari presentado por Optimus. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción. El tribunal considera que el recurso es prematuro. La resolución recurrida no es una sentencia final, pues no resuelve la controversia sobre la validez del emplazamiento ni el fondo del caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, en el caso KLAN201900296. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (Civil núm.: SJ2018CV01711). Las partes apelantes son William Contractors, Inc., William Bonilla y Limary Benique, y las apeladas son Banco Popular de Puerto Rico, Multiplazas de Puerto Rico y Aseguradora ABC. El caso original trata sobre incumplimiento de contrato, violación de responsabilidad fiduciaria, cobro de dinero, daños y declaración unilateral de responsabilidad. La parte apelante presentó un escrito titulado "Retiro de Escrito de Recurso de Apelación". El Tribunal consideró este escrito como un aviso de desistimiento conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. En consecuencia, el Tribunal ordenó el archivo del recurso de apelación. La resolución fue emitida en San Juan el 28 de marzo de 2019.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Región Judicial de Humacao, emitió una resolución en el caso KLCE201900421. El recurso fue instado por Luis Raúl Vélez Bezares contra Medtronic de Puerto Rico, Co. y Aseguradora ABC. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia de Humacao y trata sobre despido injustificado y represalias. El peticionario solicitó la expedición de un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta resolución, el panel integrado por los jueces Bermúdez Torres, Grana Martínez y Sánchez Ramos denegó la expedición del certiorari. La decisión se fundamentó en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. En consecuencia, la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción presentada también fue declarada No Ha Lugar. La resolución fue acordada y certificada el 28 de marzo de 2019.

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Un grupo de demandantes presentó una demanda por daños contra varios demandados, incluyendo la constructora Caribe General Constructors, Inc. Los daños ocurrieron cuando un muro de contención construido por Caribe General colapsó durante el Huracán María, afectando sus propiedades. Los demandantes alegaron que el colapso se debió a deficiencias en la construcción del muro. Caribe General solicitó la desestimación de la demanda, argumentando que la acción estaba prescrita bajo el Artículo 1483 del Código Civil, aplicable a vicios de construcción. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de Caribe General. Inconforme, Caribe General presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar dicha determinación. Caribe General sostuvo que el reclamo debió instarse bajo el Artículo 1483 y que el término prescriptivo había expirado. Los demandantes, por su parte, argumentaron que su reclamo se basaba en el Artículo 1802 y que el muro no era un edificio bajo el Artículo 1483. El Tribunal de Apelaciones expide el Certiorari y revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Ernst & Young LLP solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió costas, intereses por mora y honorarios de abogado a Víctor M. Alvear Maldonado. La controversia original inició en 2011 con una demanda de Alvear Maldonado reclamando $99,800 por salarios no pagados. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía en 2018, concediendo la cuantía principal pero sin pronunciarse sobre costas, intereses ni honorarios. Alvear Maldonado solicitó estas partidas posteriormente, y el foro primario las concedió en la Resolución de enero de 2019. Un recurso de apelación previo de Ernst & Young contra la sentencia principal fue desestimado por falta de jurisdicción. Ante la concesión posterior de costas, intereses y honorarios, Ernst & Young acudió nuevamente al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y, tras revisar la Resolución recurrida, decidió modificarla.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega la expedición de un auto de Certiorari solicitado por Migdalia López Gómez. La Peticionaria buscaba la revisión de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de enero de 2019. En dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar una Moción para Insistir en Orden de Desacato presentada por la Sra. López y dejó sin efecto una vista de desacato. El caso original inició en 2013 con reclamaciones laborales contra AEELA, incluyendo una solicitud de interdicto. Una Sentencia Parcial de 2014 ordenó la reinstalación de la demandante a su puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar y el pago de salarios y beneficios. Aunque el TPI determinó en 2016 que la demandante aceptó ser ubicada en otro puesto con la misma remuneración, ella continuó solicitando el cumplimiento específico de la sentencia original y alegando desacato. Los demandados argumentaron la imposibilidad de cumplimiento debido a la eliminación del puesto original por reestructuración. El Tribunal de Apelaciones deniega el recurso, confirmando la decisión del TPI de no proceder con la orden de desacato en ese momento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Leonardo Aquino Santiago y Aurelia Milagros Hernández Trujillo. Los peticionarios solicitaron la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para paralizar un lanzamiento. El caso subyacente es un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Banco Popular de Puerto Rico, donde se dictó sentencia en rebeldía contra los peticionarios. Los peticionarios alegaron que el banco incumplió con sus obligaciones de negociación bajo RESPA antes de proceder con el lanzamiento. Banco Popular se opuso, indicando que evaluó y denegó la propuesta de los peticionarios por falta de capacidad de pago, notificándoles antes de la primera subasta. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de paralización del lanzamiento. Aunque el Tribunal de Apelaciones inicialmente ordenó la paralización de los procedimientos, esta resolución deniega el auto de Certiorari solicitado. El documento explica la naturaleza del recurso de Certiorari y los criterios para su expedición.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de certiorari presentado por Yamil Acevedo Cardona. El peticionario, quien se encuentra confinado, solicitaba la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que declaró No Ha Lugar una moción incoada por él. El Tribunal de Apelaciones fundamentó su decisión principal en la falta de jurisdicción para atender el recurso, conforme a la Regla 83(C) de su Reglamento. Se reitera que la ausencia de jurisdicción es un asunto insubsanable que impide entrar en los méritos del caso. Adicionalmente, el Tribunal señaló que el escrito del peticionario incumplía numerosos requisitos reglamentarios. Carecía de índices, citas legales, señalamientos de error y un argumento válido para variar la determinación recurrida. Estas deficiencias impidieron al Tribunal ejercer su función revisora, llevando a la desestimación del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial. El caso surge de la apelación de un empleado, José Ortiz Santana, contra una suspensión de empleo y sueldo de 60 días impuesta por la Oficina de Administración de Tribunales. El empleado solicitó ante la Junta de Personal la revocación de la medida disciplinaria y la reversión de la pérdida salarial. El Director Administrativo de los Tribunales presentó un Aviso de Paralización bajo el Título III de PROMESA, argumentando que el caso quedó automáticamente paralizado por la quiebra gubernamental. La Junta de Personal declaró procedente la paralización respecto a la reclamación monetaria, pero no sobre la medida disciplinaria, al considerarla no monetaria. El Director Administrativo recurrió en certiorari, argumentando que la paralización automática de PROMESA aplicaba a todo el procedimiento. El Tribunal de Apelaciones expide el auto y modifica la resolución recurrida. Determina que la paralización bajo PROMESA también procede respecto al reclamo de revocar la medida disciplinaria. Por tanto, ordena el archivo administrativo del caso ante la Junta de Personal.