Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 28)

Resumen:

José O. Pérez Feliciano, quien cumple sentencia por delitos bajo el Código Penal y la Ley de Armas, solicitó una vista de atenuantes ante el Tribunal de Primera Instancia. Su petición se fundamentó en la Ley 246-2014 y el principio de favorabilidad, buscando la aplicación de una pena más benigna que pudiera reducir su sentencia hasta en un 25%. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su moción. Inconforme con esta decisión, Pérez Feliciano acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora la validez de su planteamiento, a pesar de incumplimientos procesales en el recurso. La revisión se centra en si le asiste el derecho a dicha vista bajo la Ley 246-2014 y el Art. 67 del Código Penal de 2012, conforme al principio de favorabilidad. El documento detalla el alcance del principio de favorabilidad según el Art. 4 del Código Penal, su aplicación retroactiva y su naturaleza estatutaria. Se analiza si las enmiendas introducidas por la Ley 246-2014 a las disposiciones sobre penas y atenuantes le son aplicables retroactivamente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José E. Mercado Ginorio contra el Departamento de Educación. El Sr. Mercado apeló una resolución de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). La OASE había desestimado su caso, relacionado con su destitución, por falta de jurisdicción primaria. La OASE determinó que, al ser un empleado regular cubierto por convenio colectivo, el foro competente era la Comisión Apelativa del Servicio Público. Inconforme, el Sr. Mercado presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Departamento de Educación solicitó la desestimación de esta apelación. Alegó que el recurrente incumplió con los requisitos de perfeccionamiento del recurso según la Regla 59(E) del Tribunal. El Tribunal de Apelaciones determinó que hubo un incumplimiento craso con su reglamento. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por el Sr. Mercado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Cherif Medawar, impugnó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución declaró no ha lugar una querella presentada por Medawar contra el Consejo de Titulares del Condominio San Justo 205. La querella alegaba que el Consejo enmendó ilegalmente el Reglamento del Condominio sin la unanimidad requerida por ley. El recurrente argumentaba que las enmiendas equivalían a modificar la Escritura Matriz y variar el uso de unidades comerciales. DACo había concluido que las enmiendas al reglamento se realizaron conforme a derecho y desestimó la querella. Medawar solicitó la revocación de esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. Con ello, se mantuvo la desestimación de la querella original.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Daños y Perjuicios. Los Peticionarios, Dr. Ángel Nazario Rodríguez y SIMED, comparecen mediante recurso de certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró "No Ha Lugar" una Moción Solicitando Notificación Enmendada presentada por los Peticionarios. La controversia se origina tras una Sentencia Parcial del foro primario y la subsiguiente denegación de una Reconsideración solicitada por los Peticionarios para que se decretara el archivo con perjuicio. Notificaciones defectuosas de decisiones previas llevaron a la desestimación de recursos de apelación anteriores presentados por los Peticionarios. Estos argumentan que el foro primario erró al negarse a cumplir con su deber ministerial de corregir la notificación defectuosa relacionada con la adjudicación de su Reconsideración. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la determinación del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación. El apelante, Jesús José Rivera Vázquez, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso. La acción original buscaba autorización judicial para la sucesión de Romulda Vázquez Reyes vender una propiedad, dado que uno de los herederos había sido declarado incapaz. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso sin perjuicio, invocando la Regla 39.2(a) por alegado incumplimiento del apelante con órdenes judiciales. El historial procesal detalla múltiples requerimientos del tribunal, informes del Ministerio Público, mociones de cumplimiento parcial, solicitudes de prórroga y reseñalamientos de vistas. El tribunal de instancia había condicionado la continuación del caso al cumplimiento con la presentación de documentos, información sobre herederos y detalles sobre un tasador. A pesar de los esfuerzos parciales y explicaciones del apelante, el Tribunal de Primera Instancia procedió a la desestimación. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones determina revocar el dictamen recurrido.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial. Reynaldo Bultrón Román impugna la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. La JLBP dispuso que su caso sería reconsiderado en marzo de 2025. El recurrente cumple una sentencia de 38 años por delitos graves y es elegible para el privilegio desde 2018. Se presentaron informes detallando una oferta de empleo y un plan de residencia. Una vista previa de la JLBP no pudo completarse por falta de un informe actualizado del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esta es la segunda ocasión en que el recurrente acude a este tribunal por una denegación similar. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, revoca la resolución recurrida de la JLBP.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de apelación por daños y perjuicios e impericia médica. El apelante, Dr. Timoteo Torres Santiago, solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró responsable. La demanda original fue presentada por José Manuel Félix Vega, quien alegó negligencia médica durante una cirugía de próstata en 2013 que le causó incontinencia severa. El Dr. Torres Santiago argumentó que el paciente tenía una condición preexistente y que la incontinencia era una complicación conocida. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el doctor se desvió del estándar de cuidado. Específicamente, encontró fallas en la evaluación inicial del paciente y en la indicación de la cirugía. También concluyó que no se presentaron alternativas de tratamiento ni se discutieron adecuadamente las complicaciones. Por estos fundamentos, el foro primario declaró Ha Lugar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, contra Ismael Díaz Hernández. El apelante fue convicto por dos delitos de actos lascivos contra una menor de 15 años, su hijastra. Los hechos probados describen dos incidentes ocurridos en mayo y junio de 2022, donde el apelante realizó tocamientos lascivos a la menor. Tras un juicio por tribunal de derecho, el apelante resultó convicto de los cargos presentados por el Ministerio Público. La sentencia original impuso 15 años de reclusión bajo el régimen de sentencia suspendida, pena especial y registro como ofensor sexual. El apelante recurre alegando que la prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones consideró la postura de las partes y la transcripción del juicio. Basado en los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución sobre una petición de Certiorari presentada por Sonia Kaba Kaba. Kaba solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El foro primario había declarado Con Lugar una solicitud para descalificar a su abogado, el Lcdo. José A. Hernández Vélez. Esta descalificación surgió en el contexto de un caso civil iniciado por Kaba contra Betsianne Sebelén Corujo por cobro de dinero y daños y perjuicios. Kaba alegó que Sebelén dañó una propiedad y se apropió de bienes tras un desahucio. Sebelén presentó una reconvención y una demanda contra tercero, alegando hostigamiento y daños. Sebelén solicitó la descalificación del abogado de Kaba, alegando su participación en una llamada para desconectar servicios públicos haciéndose pasar por Kaba. El foro primario encontró fundamentos para descalificar al letrado. Kaba peticionó al Tribunal de Apelaciones para revocar esta determinación, pero el Tribunal DENEGÓ el certiorari.

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La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La CFSE solicitó revocar una resolución de la Comisión Industrial que desestimó su defensa de incuria. Dicha resolución también ordenó a la CFSE emitir una decisión sobre la incapacidad de la señora Edith Ortiz Feliciano. El caso se relaciona con una reclamación por accidente laboral de 2009, determinaciones previas de incapacidad parcial, y una solicitud posterior de incapacidad total denegada por la CFSE en 2022. La señora Ortiz Feliciano apeló esta denegatoria ante la Comisión Industrial, alegando falta de notificación. La Comisión falló en contra de la defensa de incuria de la CFSE y ordenó una nueva decisión sobre la incapacidad. La CFSE recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando falta de jurisdicción de la Comisión y error al desestimar la incuria. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso presentado por la CFSE. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del propio Tribunal para atender el recurso.

Resumen:

Víctor D. Goytía Garay presentó un recurso de Revisión Administrativa contra la Junta Examinadora de Bienes Raíces por la alegada inacción en una querella en su contra. Solicitó al Tribunal de Apelaciones que desestimara la querella con perjuicio debido a la dilación. Inicialmente, el tribunal emitió un *mandamus* ordenando a la Junta a atender el asunto. Inconforme, el recurrente solicitó reconsideración de esta sentencia. Durante la reconsideración, la Junta informó y acreditó que había citado formalmente al recurrente a una vista administrativa para la querella. Ante este desarrollo, el tribunal ordenó al recurrente a mostrar causa por la cual su recurso no se había tornado académico. El recurrente no atendió la orden y reiteró su solicitud original. El tribunal discute la doctrina de academicidad, que limita la jurisdicción judicial a controversias genuinas con efectos prácticos. La citación a la vista administrativa parece haber resuelto la inacción original, llevando al tribunal a considerar si el recurso ha perdido su justiciabilidad.

Resumen:

En un caso sobre alimentos, el Tribunal de Apelaciones considera una petición de certiorari presentada por la Madre. Previamente, este Tribunal ordenó al Padre pagar ciertas sumas a la Madre e impuso una sanción diaria por incumplimiento. La Madre acudió al Tribunal de Primera Instancia (TPI) solicitando que se declarara al Padre incurso en desacato por la falta de pago de las sumas y las sanciones acumuladas. El Padre se opuso, argumentando que el desacato civil no aplicaba a las sanciones. El TPI resolvió que el desacato no procedía para las sanciones, calculó la cuantía adeudada y ordenó el pago, pero determinó que las sanciones dejaron de acumularse en una fecha específica. La Madre recurrió al Tribunal de Apelaciones cuestionando la inaplicabilidad del desacato, el cese de la acumulación de sanciones y la falta de honorarios. No obstante, el Padre presentó posteriormente una moción de reconsideración ante el TPI sobre la misma resolución apelada. Ante la pendencia de dicha moción de reconsideración en el TPI, el Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declina intervenir en esta etapa procesal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Los apelantes demandaron a los apelados por una deuda alegada de \$47,000. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por no diligenciar el emplazamiento dentro del término de 120 días. Los apelantes solicitaron reconsideración, argumentando que un nuevo emplazamiento expedido por la secretaría debía regir el término. El foro primario declaró no ha lugar la reconsideración. Los apelantes recurrieron al Tribunal de Apelaciones señalando error en la desestimación. Argumentaron que el término de 120 días no había transcurrido conforme al segundo emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La parte peticionaria, demandada en el foro primario, impugnó una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden declaró "No Ha Lugar" una moción para asumir representación legal presentada por una abogada a favor de las peticionarias. Las peticionarias alegaron que el foro primario erró al denegar la representación legal basándose en una regla de procedimiento civil que consideraron inaplicable. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari para revisar la determinación. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal determinó que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al denegar la moción de representación legal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia que había denegado la representación legal. El caso original se originó por una demanda de daños y perjuicios relacionada con un accidente de tránsito.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Carmen Dolores Suro Rodríguez y otros, apelando una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha Sentencia declaró con lugar las mociones de sentencia sumaria de Quality Health Services of Puerto Rico, Inc., la Dra. Iris V. Vélez García y el Dr. Zacarías A. Mateo Minaya. Como resultado, el TPI desestimó con perjuicio las causas de acción por impericia médica presentadas por los apelantes. Los apelantes habían demandado a los apelados alegando que la muerte de su madre en 2016 fue consecuencia de cirugía y atención médica negligente. Los apelados argumentaron para la sentencia sumaria, en parte, basándose en la desestimación de un caso similar presentado por otros hijos de la paciente en el Tribunal Federal, donde se consideró insuficiente el informe pericial. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía revocar la Sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emite una Resolución con fecha 15 de enero de 2025. Se deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por el Gobierno de Puerto Rico a través de la Oficina del Procurador General. El recurso buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que reconoció la legitimación activa de Toyota Credit para impugnar una confiscación. El foro apelativo decide no intervenir con la determinación del foro primario. Considera que los trámites requeridos se realizaron y que un posible tecnicismo en el registro del gravamen no debe afectar los intereses de la parte. El Tribunal concluye que el foro primario no actuó con prejuicio, error manifiesto o abuso de discreción. No se encontraron fundamentos jurídicos para expedir el auto solicitado. Por tanto, se deniega la petición de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de certiorari presentado por Wilfredo G. Santos Vázquez. El señor Santos, quien se encuentra bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), actúa por derecho propio. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso civil de daños y perjuicios. En el foro primario, el peticionario demandó al DCR y otros, alegando violaciones a sus derechos y solicitando la asignación de un abogado. La Orden recurrida dispuso la expedición de algunos emplazamientos pero no de otros, y el tribunal primario también ordenó al peticionario enmendar su demanda. El señor Santos acude al Tribunal de Apelaciones manifestando inconformidad y pidiendo un abogado de oficio. El DCR solicitó la desestimación del recurso de certiorari. Tras considerar la petición, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar el recurso de certiorari presentado por el señor Santos.

Resumen:

Comparece Marymar 801 Acquisition, LLC ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para recurrir de una Sentencia Sumaria. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, desestimó la demanda de Marymar contra Stewart Title Guaranty Company. Marymar reclamaba daños e incumplimiento de un contrato de seguro de título. Alegó ser asegurada bajo una póliza emitida por Stewart Title en 2005, que cubría el rango hipotecario de un pagaré. Marymar sufrió pérdidas cuando un tribunal determinó que una modificación posterior causó que la hipoteca perdiera su primer rango. Stewart Title denegó la reclamación, argumentando que Marymar no era la asegurada y que la pérdida no estaba cubierta. El Tribunal de Primera Instancia concedió la Sentencia Sumaria a favor de Stewart Title. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Jesús Ricardo Ubri Custodio. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2024. Dicha resolución denegó su solicitud para añadir a la Lcda. María S. Sáez Matos, abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, a su equipo de representación legal. El caso subyacente involucra cargos por infracciones a la Ley de Armas y al Artículo 93 D del Código Penal. El procedimiento ha incluido etapas previas, como una desestimación inicial, la radicación de nuevas denuncias y un juicio previo que resultó en jurado colgado. Tras examinar el tracto procesal, la argumentación de las partes y los fundamentos de la resolución recurrida, el Panel Especial del Tribunal de Apelaciones decidió denegar expedir el recurso de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, tramitado por la Ley Núm. 2 de 1961. El Peticionario, Julio A. Vega Pacheco, solicitó la revisión de una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud para tomar la deposición de dos empleados de la Recurrida, Vieques Air Link, Inc., luego de haberle cursado interrogatorios. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión en que la Ley 2-1961 limita el descubrimiento de prueba a un solo mecanismo por parte y consideró a los empleados como parte de la Recurrida. El Peticionario alegó errores de derecho, incluyendo la incorrecta interpretación de la ley y jurisprudencia sobre descubrimiento y la doctrina de la ley del caso. Argumentó que el TPI incurrió en parcialidad al permitir a la Recurrida tomar deposiciones de testigos pero negárselo a él. Tras evaluar la petición y la oposición de la Recurrida, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Gobierno de Puerto Rico apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Dicha sentencia, emitida el 25 de septiembre de 2024, declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares (LARCOOP). El caso versa sobre la impugnación de la confiscación de un vehículo ocupado por el Negociado de la Policía por alegada violación a la Ley de Sustancias Controladas. LARCOOP, como financiera del vehículo con gravamen registral, reclamó ser un tercero inocente. El foro apelado había declarado la nulidad de la confiscación y ordenado la devolución del vehículo tras la prestación de fianza. Tras examinar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El recurrente, Eliezer Santana Báez, miembro de la población correccional, impugnó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La disputa giraba en torno a la atención médica recibida, particularmente la frecuencia de las visitas a un médico internista. El recurrente solicitó atención urgente y argumentó que sus condiciones requerían monitoreo más frecuente que las citas anuales dispuestas por la agencia. Tras agotar los remedios administrativos, donde el Departamento confirmó que recibía medicación y que las citas con internistas son anuales, el recurrente acudió al Tribunal. Señaló como error la determinación de la agencia sobre la periodicidad de las visitas al internista. El Departamento presentó un escrito solicitando la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones desestimó la Petición de Revisión Judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, al considerar que el recurso se tornó académico.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari. El Municipio de San Juan y su aseguradora recurren de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su moción de desestimación de una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Lydia Estrada Delgado tras sufrir una caída en una acera en San Juan. Los peticionarios alegaron que la demanda no exponía una reclamación que justificara un remedio en su contra y que el TPI erró al considerar su moción tardía. El Tribunal de Apelaciones anticipa que expedirá el auto de certiorari solicitado. Concluye que dejará sin efecto la paralización de los procedimientos y revocará la Resolución del foro primario.

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Un panel de jueces resuelve la apelación presentada por CENS Enterprises Corp., Supermercado Famcoop-Camuy y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. Los apelantes buscaban revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que les ordenó pagar daños. La demanda original fue presentada por Leonardo Hernández Morales, quien alegó sufrir lesiones tras una caída en el estacionamiento de Famcoop debido a condiciones peligrosas. El TPI encontró negligencia por parte de los demandados, aunque también determinó negligencia comparada del demandante. Como resultado, el TPI ordenó el pago de \$33,600.00 a favor del señor Hernández. Los apelantes sostuvieron que no hubo negligencia de su parte. Tras revisar el caso, el tribunal apelativo concluyó que los fundamentos del TPI eran correctos. Por tanto, se confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre el nombramiento de un ejecutor universal para la sucesión de Frank Kolodziej Castro. Las apelantes, en representación de la sucesión, recurrieron la decisión del Tribunal de Primera Instancia que designó a un ejecutor. Tras la renuncia de los albaceas testamentarios, se solicitó el nombramiento judicial de un ejecutor debido a la complejidad del caudal hereditario. Seis de los siete herederos propusieron un Contador Público Autorizado, mientras que el heredero disidente propuso un abogado. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para evaluar la experiencia de ambos candidatos. El foro primario nombró al abogado, Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez, considerando su experiencia para manejar la complejidad del caudal y posibles controversias entre herederos. Las apelantes expresaron preocupación por los honorarios del candidato seleccionado. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se ratifica así el nombramiento del Lcdo. Quiñones Márquez como ejecutor universal de la sucesión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una petición de certiorari presentada por Luis G. Miranda Salgado. El peticionario buscaba la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. Dicha resolución había denegado su solicitud de supresión de evidencia en un caso bajo la Ley de Sustancias Controladas. El peticionario argumentó que la evidencia fue producto de un arresto y registro ilegal. El TPI denegó la supresión, concluyendo que existían motivos fundados para el arresto y que la evidencia fue descartada por el propio peticionario. En su recurso, el señor Miranda Salgado alegó que el TPI incurrió en error manifiesto y parcialidad al evaluar la prueba. Tras considerar la petición y la oposición del Ministerio Público, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. La decisión se basa en la naturaleza discrecional del recurso y la evaluación de los criterios aplicables para su concesión.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró "Sin Lugar" la solicitud de desacato de la peticionaria contra el recurrido. La solicitud de desacato se fundamentó en el alegado incumplimiento del recurrido de reembolsar el 50% de los gastos de una actividad de verano de la menor procreada por las partes. Existía una orden previa que regulaba el pago de gastos extraordinarios y extracurriculares, incluyendo un término para objetar. El recurrido alegó haber objetado el gasto de forma oportuna. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que los gastos incurridos unilateralmente por un progenitor no serán reembolsados y que las controversias sobre gastos deben someterse al tribunal. Inconforme con esta determinación, la peticionaria acudió al foro apelativo. Tras evaluar la totalidad del expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de certiorari KLCE202401239. Este procedimiento enfrenta a NEXT STEP MEDICAL, CO. INC. como peticionario contra BIOMET, INC. como recurrido. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y versa sobre una acción civil. La parte peticionaria presentó una solicitud para desistir del recurso. El panel especial del Tribunal de Apelaciones evaluó la petición. Mediante resolución de 14 de enero de 2025, el Tribunal declaró con lugar la solicitud de desistimiento. Como resultado, se dictó sentencia por desistimiento de conformidad con la Regla 83 de su Reglamento. La decisión fue tomada por el panel compuesto por los jueces Hernández Sánchez, Santiago Calderón y Álvarez Esnard.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión administrativa presentada por un confinado que impugnó la suspensión de sus privilegios por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El confinado alegó errores procesales relacionados con un registro y la aplicación de la regla sobre suspensión de privilegios. No obstante, el tribunal observó que el confinado no había recurrido de un dictamen final administrativo del Departamento. El tribunal explicó que, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones se limita a órdenes o resoluciones administrativas finales. Enfatizando su deber de verificar la jurisdicción, el tribunal determinó que la ausencia de un dictamen administrativo final significaba que carecía de autoridad para conocer del caso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la revisión administrativa por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Manuel Feliciano Toro contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso de revisión judicial busca impugnar la reclasificación de custodia del recurrente de mínima a mediana, dispuesta por el Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR. La reclasificación se fundamentó en nuevas sentencias recibidas por el señor Feliciano Toro el 22 de abril de 2024, por delitos graves como tentativa de secuestro y conspiración. Estas nuevas condenas aumentaron su pena total y, según el DCR, la naturaleza de los delitos requería un nivel de supervisión mayor, a pesar de que su puntuación en la escala de reclasificación sugería custodia mínima. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DCR. Posteriormente, presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que la reclasificación se basó únicamente en la gravedad del delito sin argumentos suficientes. El Tribunal, tras evaluar el caso, procede a confirmar la Resolución recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de interdicto posesorio. El apelante, Francis Javier Santiago Maldonado, solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición. Santiago Maldonado alegó estar en posesión del apartamento 5-E desde su compra en mayo de 2022. Sostuvo que su posesión fue perturbada por la apelada, Ruth N. Alvelo Rivera, quien cambió las cerraduras mientras él realizaba renovaciones mayores. Aunque residía temporalmente en otro lugar durante la construcción, mantenía sus pertenencias en el apartamento y pagaba los gastos asociados. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar el interdicto posesorio. Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación en un caso de cobro de dinero. El apelante, Jason Christopher Dorsett, solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenó pagar a Bella International Group. Bella demandó a Dorsett por un balance de $\$8,000$ pendiente de la compra de un vehículo. El TPI declaró con lugar la demanda, determinando que Dorsett adquirió el vehículo por un precio acordado y firmó la orden de compra y otros documentos. Aunque Dorsett no domina el español, el TPI concluyó que estuvo asistido y dio credibilidad al testimonio del vendedor. El TPI no dio credibilidad a la versión del apelante, quien admitió no verificar lo que firmaba. Dorsett apeló esta decisión, mientras que Bella no compareció en la apelación. El documento detalla los antecedentes del caso y las determinaciones de hecho del TPI que llevaron a la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones confirmó una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en un recurso de revisión administrativa presentado por el confinado Rolando Barreiro Vázquez. El recurrente solicitó no recibir pescado en su alimentación debido a una alergia. El DCR, mediante resolución, le ordenó gestionar un "sick call" para que un médico emitiera un referido al área de alimentos sobre su condición. Inconforme con esta determinación, el Sr. Barreiro Vázquez acudió al foro apelativo intermedio. El Tribunal, tras evaluar el expediente, confirmó el dictamen del DCR. La sentencia se fundamenta en la deferencia que se debe a las decisiones de las agencias administrativas, salvo que actúen de forma arbitraria o ilegal. La decisión valida el procedimiento establecido por el DCR para atender solicitudes de dietas especiales basadas en condiciones de salud.

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Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Añasco. El apelante, Anyelo Junco Michel, impugnó la sentencia del TPI que denegó su demanda de cumplimiento específico de un contrato de opción de compraventa de un inmueble. Junco alegó que existía un contrato de opción por \$117,000, realizó pagos y que la transacción se frustró, solicitando la firma de la escritura y daños. La parte apelada, Sucesión Sarafian, sostuvo que el contrato de opción expiró y presentó una reconvención por lucro cesante debido a una anotación de demanda sobre la propiedad. El TPI había declarado sin lugar la demanda de Junco, ordenado la consignación de \$88,500 y la cancelación de la anotación de demanda. El tribunal de apelaciones confirma la sentencia del TPI en cuanto a la denegación del cumplimiento específico y las órdenes relacionadas. No obstante, devuelve el caso al TPI. El propósito es que el Tribunal de Primera Instancia atienda y resuelva la reconvención presentada por la parte apelada.

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El Consejo de Titulares y la Junta de Directores del Condominio Torre San Miguel solicitaron al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución Sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución, notificada el 1 de octubre de 2024, declaró parcialmente Ha Lugar una querella presentada por Juan Howe Hernández y Claryssa Correa Márquez. Los querellantes alegaron que la Junta de Directores no les había entregado copias de diversos documentos del condominio solicitados previamente. El DACo determinó que muchos de los documentos solicitados eran divulgables y que la Junta actuó con temeridad y obstinación al no atender la reclamación. Por ello, el DACo ordenó a la Junta entregar los documentos pertinentes y pagar \$1,000 en honorarios de abogado. La Junta de Directores recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal, al considerar que el recurso era prematuro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de cobro de dinero entre Miguel Cortiña Serrano (apelado) y Netstep Technologies, Inc. (apelante). Netstep apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declaró con lugar la demanda de Cortiña Serrano. Cortiña Serrano reclamó \$104,000 depositados con José R. Maldonado García, alegando que le pertenecían. Netstep y Maldonado García negaron la deuda y reconvinieron, argumentando que Cortiña Serrano utilizó la compañía para contratos de remoción de escombros post-María y que hubo desacuerdos financieros y supuestas representaciones fraudulentas. El foro primario desestimó la acción contra Maldonado García y su esposa, pero falló a favor de Cortiña Serrano contra Netstep. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por los doctores Noel Santos Montes y Raúl Rivera De La Vega. Los peticionarios buscan revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Orden denegó su cuarta solicitud para enmendar la demanda original. El Foro Primario determinó que, en la etapa actual del caso, solo subsistía la causa de acción de derecho de avalúo como accionistas minoritarios contra el Hospital Doctor Susoni, Inc. La controversia se originó con una demanda de 2020 sobre acción derivativa y derecho a avalúo. Los peticionarios impugnan acciones corporativas, incluyendo un financiamiento, reorganización y una propuesta fusión del Hospital Doctor Susoni. Alegan que el plan de fusión buscaba "exprimirlos" como accionistas minoritarios. Recibieron una oferta de compra de acciones y un aviso de fusión y derechos de avalúo. El Tribunal de Apelaciones adelanta la denegación de la expedición del auto solicitado.

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Se apela una Orden del Tribunal de Primera Instancia que declaró cumplida una Sentencia de Mandamus y cerró el caso. Auto Accesorios de Puerto Rico, Inc. presentó el Mandamus contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La controversia surge de la intención de la ACT de vender una propiedad expropiada previamente. Auto Accesorios, como colindante, reclamó un derecho de adquisición preferente sobre la parcela. Tras expresar formalmente su interés en adquirirla y no recibir respuesta, Auto Accesorios solicitó un Mandamus para compeler a la ACT a actuar. En respuesta a una solicitud de información, la ACT indicó la existencia de una petición previa para adquirir el predio. La ACT argumentó que esta petición previa impedía procesar la solicitud de Auto Accesorios en ese momento. El TPI consideró esta explicación como cumplimiento del Mandamus y ordenó el archivo del caso. Auto Accesorios apeló esta determinación, argumentando que el Mandamus no se había cumplido. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar la Orden apelada del TPI.

Resumen:

Esta sentencia de un panel de jueces revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso laboral. MAPFRE Praico Insurance solicitó la revisión de la resolución del TPI del 27 de agosto de 2024, que denegó tanto la moción de sentencia sumaria de MAPFRE como la solicitud de sentencia sumaria parcial de la parte opositora, la señora Karla Gnocchi Martínez. La querella original de la señora Gnocchi Martínez alegó despido injustificado, discrimen por impedimento y sexo, y represalias por solicitar acomodo razonable. El caso se tramitó bajo el procedimiento sumario laboral. MAPFRE argumentó que la señora Gnocchi Martínez no estableció un caso prima facie y que renunció voluntariamente. El TPI enumeró hechos incontrovertidos sobre la larga trayectoria y los puestos de alto nivel de la señora Gnocchi Martínez en MAPFRE. El panel apelativo expidió un auto de certiorari para revisar la decisión del TPI. Tras la evaluación, el panel decidió revocar el proceder del foro primario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso involucra una reclamación por daños y perjuicios por alegada negligencia médica. Los apelantes, Brenda Liz Morales Santiago y Elliot Giraud, demandaron a la Dra. María del Pilar Bravo tras un procedimiento de esterilización vaginal realizado a la Sra. Morales. Alegaron falta de consentimiento informado, uso de un procedimiento inadecuado y una laceración intestinal. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que el consentimiento fue adecuado y el procedimiento cumplió con el estándar de cuidado. Los apelantes recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones. En su apelación, señalaron errores relacionados con la determinación de negligencia, el procedimiento utilizado y el consentimiento informado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Antonio Torres Montes y otros contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads. La apelación impugnaba una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que ordenó a los apelantes pagar a la Cooperativa la suma de \$3,394,408.59, menos \$516,820.00 por certificados de ahorro, más intereses. La demanda original de la Cooperativa alegaba cobro de dinero y enriquecimiento injusto, basándose en transacciones irregulares realizadas por el señor Torres Montes. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de la Cooperativa y sin lugar las reconvenciones de los apelantes por los certificados de ahorro y daños. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial del caso, incluyendo los hechos no controvertidos establecidos por el foro primario sobre las transacciones irregulares y las admisiones del señor Torres Montes. Tras su análisis, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Examina un Recurso de Revisión Judicial presentado por Lydia Ramos Sánchez. La recurrente impugna una Resolución Parcial del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución desestimó la Querella original de la señora Ramos Sánchez contra Banco Popular de Puerto Rico y dos de sus oficiales. La querella ante el DACo alegaba anuncio y práctica engañosa, incumplimiento de garantía y defectos de construcción en una vivienda adquirida. Banco Popular y sus oficiales habían solicitado la desestimación argumentando no haber intervenido en la propiedad como diseñadores, constructores o promotores. La Resolución Parcial del DACo fue notificada en septiembre de 2024 y una reconsideración fue denegada en octubre de 2024. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender la revisión.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Los Peticionarios, incluyendo Don Maceta Inc., solicitan la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha orden, emitida el 10 de octubre de 2024, declaró No Ha Lugar su moción de relevo de sentencia. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por Arleen Alanis Cruz Hidalgo. La demanda surge de un accidente en una pista de go-karts propiedad de los Peticionarios en febrero de 2022. Los Peticionarios fueron declarados en rebeldía en el foro primario. Se emitió una sentencia parcial determinando su negligencia y posteriormente una sentencia final. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición contra la denegatoria del relevo de sentencia. Sin embargo, el recurso es desestimado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso.

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El documento detalla el proceso judicial de una demanda por daños y perjuicios, persecución maliciosa y difamación presentada en enero de 2021 por el señor Rodríguez contra múltiples partes. La demanda alega que los recurridos presentaron una acción federal con acusaciones falsas y difamaron al demandante en medios de comunicación. Tras la presentación de las contestaciones y numerosos incidentes procesales, se celebró una Conferencia con Antelación a Juicio en enero de 2024, donde se declaró finalizado el descubrimiento de prueba. El foro primario quedó a la espera de una determinación del Tribunal de Apelaciones para proceder al juicio. Posteriormente, mediante una Orden notificada en junio de 2024, el foro recurrido fijó el juicio en su fondo de manera presencial. El juicio fue programado para los días 23 y 24 de octubre de 2024. La orden incluyó instrucciones detalladas para las partes sobre la preparación y presentación de la prueba, incluyendo marcado, indexación, orden de testigos y carga en SUMAC. También se especificaron requisitos para copias digitales y manejo de testigos remotos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Antonio Otero Morales para revisar una Sentencia y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La Sentencia apelada desestimó sin perjuicio una demanda presentada por Otero Morales contra Edelyn Ivette Otero González sobre incumplimiento de contrato, ejecución de sentencia y daños. El foro primario determinó que carecía de jurisdicción para ejecutar un acuerdo transaccional no incorporado a una sentencia previa y que la reclamación de daños era prematura. La Resolución recurrida impuso costas al apelante. Otero Morales alegó como errores la desestimación por falta de jurisdicción y la imposición de costas irrazonables. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, confirma la Sentencia apelada.

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Sr. Walter García Sánchez y Sra. Keyla Nazario Delgado apelaron tres sentencias parciales del Tribunal de Primera Instancia de Humacao. Dichas sentencias desestimaron la demanda que presentaron contra Sr. Julio L. Géigel Pérez, Sr. Ángel M. Laboy Ortiz y Sr. Harry Ocasio Henríquez en su carácter personal. La demanda original buscaba indemnización por daños sufridos en un accidente laboral donde el Sr. García Sánchez perdió un ojo. Los demandados, funcionarios municipales, solicitaron la desestimación de los reclamos personales, lo cual fue concedido por el TPI. Tras una solicitud de reconsideración denegada, los demandantes apelaron, alegando errores del TPI al desestimar la demanda personal por falta de plausibilidad y prescripción. El panel judicial revisó el recurso de apelación. No obstante, se ordena la desestimación del presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo para atender el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, emitió una resolución el 8 de enero de 2025. Consideró la Petición de Certiorari presentada por Hospital San Lucas, Inc. & Beazley Insurance Company, Inc. en el caso contra Myrelis Rodriguez Soto y Víctor Pesante García. La corte denegó la expedición del recurso de certiorari conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Asimismo, evaluó la Moción urgente en auxilio de jurisdicción y Solicitud de paralización de los procedimientos presentadas por la parte peticionaria. El tribunal declaró "No Ha Lugar" dichas solicitudes. La resolución fue acordada por el panel compuesto por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo. La decisión fue certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Brighton Dorado Group, Inc. y otros contra David Efrón. El caso original de daños y perjuicios, iniciado por Efrón en 2005, resultó en la desestimación de la demanda contra Brighton y la concesión de costas a su favor por $89,654.82. Tras un extenso proceso apelativo que llegó hasta el Tribunal Supremo, la sentencia de costas advino final y firme. Brighton intentó ejecutar la sentencia de costas sin éxito, solicitando al Tribunal de Primera Instancia (TPI) medidas adicionales para el cobro. Brighton recurrió las Órdenes del TPI de octubre de 2024 que declararon cumplida una orden sobre sanciones y denegaron su solicitud de pago parcial de costas, dirigiéndolos a usar la Regla 51. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal y los dictámenes recurridos. Se expidió el auto de certiorari solicitado por Brighton. El Tribunal de Apelaciones revocó las Órdenes del TPI objeto del recurso.

Resumen:

La señora Kira Dawn Golden apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de interdicto posesorio sobre un inmueble en Dorado y desestimó su demanda. Golden alegó haber sido despojada ilegalmente por el señor Christian Erick Mickelsen tras negociaciones de compraventa fallidas. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista y consideró probados hechos clave. Se determinó que Mickelsen adquirió el inmueble en enero de 2023 y tenía un contrato de arrendamiento con un tercero para diciembre de 2023. Golden ocupó la propiedad bajo un acuerdo de alquiler a corto plazo hasta noviembre de 2023. La prueba demostró que Golden desalojó el inmueble el 27 de noviembre de 2023, antes de la fecha del supuesto despojo. Basado en estos hallazgos, el Tribunal de Primera Instancia denegó el interdicto posesorio. El panel de jueces revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, se confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202400962. El apelante, Noel Ruiz Reyes, recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Wanda I. Bergollo Láncara y otros. La demanda original incluía reclamaciones por incumplimiento de contrato, daños, cobro de dinero, enriquecimiento injusto y reclamo de créditos. Estas causas de acción se relacionaban con el alegado incumplimiento de una sentencia previa sobre liquidación de bienes gananciales. El apelante argumentó que la apelada incumplió términos, se negó a vender un inmueble, dejó de pagar deudas y usó una propiedad exclusivamente sin compensación. También reclamó gastos legales incurridos en una demanda de Banco Popular supuestamente causada por el incumplimiento. El Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada. Dejó sin efecto la desestimación en cuanto a la cuarta causa de acción, sobre reclamo de gastos relacionados a la demanda del Banco Popular. También revocó la desestimación de la sexta causa de acción, intitulada Daños Post-Sentencia.