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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emite una Resolución con fecha 15 de enero de 2025. Se deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por el Gobierno de Puerto Rico a través de la Oficina del Procurador General. El recurso buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que reconoció la legitimación activa de Toyota Credit para impugnar una confiscación. El foro apelativo decide no intervenir con la determinación del foro primario. Considera que los trámites requeridos se realizaron y que un posible tecnicismo en el registro del gravamen no debe afectar los intereses de la parte. El Tribunal concluye que el foro primario no actuó con prejuicio, error manifiesto o abuso de discreción. No se encontraron fundamentos jurídicos para expedir el auto solicitado. Por tanto, se deniega la petición de certiorari.