Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 275)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda por daños y perjuicios presentada por Mario Antonio Hernández García contra Hiram González y Armería Atenas. Hernández García depositó cuatro rifles en la armería de González y no pudo retirarlos tras ser denegado por el sistema de verificación de antecedentes NICS. La denegatoria del NICS se fundamentó en una prohibición federal, identificándolo como fugitivo de la justicia por una orden de arresto de Massachusetts de 2007. Su apelación ante el FBI-NICS para revertir la denegatoria no tuvo éxito. Hernández García demandó a González alegando negligencia por la no devolución de las armas. González argumentó que la entrega estaba condicionada a la aprobación del NICS. La sentencia sumaria apelada desestimó la reclamación de daños del apelante, dando paso a la reconvención del apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. La peticionaria, Janet Vélez Abadía, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de hogar seguro en un caso de ejecución de hipoteca. La controversia principal gira en torno a la aplicabilidad del derecho a hogar seguro y si este fue renunciado, considerando las leyes vigentes en 2009 (inicio del proceso) frente a la Ley Núm. 195-2011. La peticionaria sostiene que la ley de 2009 aplica, no renunció al derecho y residía en la propiedad con hijos menores. La parte recurrida argumenta que el derecho era renunciable y fue renunciado bajo la ley aplicable. El documento repasa la evolución legislativa del hogar seguro en Puerto Rico, incluyendo las leyes de 1936, 2003 y 2011, destacando las disposiciones sobre la renuncia en casos hipotecarios. El Tribunal de Apelaciones revisa la actuación del foro primario en la denegación del hogar seguro.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación contra una sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia recurrida declaró con lugar una querella laboral presentada por una exempleada contra su empleador y otra parte. La exempleada reclamó el pago de vacaciones, enfermedad, horas extras, bono de navidad y otros conceptos adeudados. Al no contestar la querella, se anotó la rebeldía a los demandados y se celebró una vista en su ausencia. Los apelantes argumentan que la sentencia en rebeldía es nula porque los emplazamientos no fueron diligenciados correctamente. Sostienen que los emplazamientos se dejaron en una dirección incorrecta y no se entregaron a personas autorizadas. La parte apelada se opuso, alegando que se intentó diligenciar los emplazamientos adecuadamente, incluso en la residencia de una de las apelantes. El foro primario validó el diligenciamiento y dictó sentencia a favor de la exempleada por más de $18,000, incluyendo doble penalidad. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso mediante certiorari, enfocándose en la validez del proceso de emplazamiento que llevó a la sentencia en rebeldía.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Sylviano López Rivera apelando una Segunda Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia resolvió la demanda de liquidación de bienes gananciales presentada por la Sra. Delia Vázquez Mercado tras su divorcio. El foro primario declaró Con Lugar la demanda y adjudicó el caudal posganancial, distribuyendo aproximadamente \$1.98 millones entre las partes. La distribución incluyó propiedades inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos y maquinaria pesada, detallando los montos y bienes asignados a cada uno. El apelante impugna la sentencia alegando errores en la determinación del caudal total y la aceptación de créditos sin prueba. El Tribunal de Apelaciones revisa el dictamen apelado. La sentencia del TPI también concluyó que el apelante actuó con temeridad. Por los fundamentos que se expresarán, el Tribunal de Apelaciones considera que corresponde confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de una revocación de exoneración contributiva. El caso involucra a Juan José Nolla Amado y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Ambas partes apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El foro primario había declarado ha lugar la impugnación para los años 2001-2011, pero ratificó la revocación para 2012-2015. La disputa se originó cuando el CRIM revocó la exoneración retroactivamente al 2001, alegando que Nolla no residía en la propiedad. Nolla impugnó la decisión, argumentando residencia principal y prescripción de la deuda. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario únicamente en cuanto a los años 2001-2011. Esto significa que la revocación de la exoneración para el periodo 2001-2011 fue confirmada. La revocación para los años 2012-2015 también fue confirmada. Por tanto, el señor Nolla deberá pagar las contribuciones adeudadas con intereses y recargos por todos los años en controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de subrogación. Triple S Propiedad demandó a World Security Services y Cooperativa de Seguros Múltiples para recuperar \$22,875 pagados a sus asegurados por el hurto de un camión y mercancía. Alegó negligencia de World Security Services, compañía de seguridad, y que esta estaba asegurada por Cooperativa de Seguros Múltiples. World Security Services negó negligencia y presentó demanda coparte contra Cooperativa de Seguros Múltiples, alegando que su póliza cubría la reclamación y la aseguradora negó defensa y cubierta. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial desestimando las reclamaciones contra Cooperativa de Seguros Múltiples. World Security Services apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios. José O. Rivera Torres apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró responsable por daños a una máquina de equipo pesado propiedad de Héctor Betancourt Rivera. El señor Betancourt demandó al señor Rivera alegando que este intencional y maliciosamente dañó su máquina Liebherr ubicada en un terreno del demandado. El foro de instancia determinó que el señor Rivera cortó y desmontó la máquina sin la aquiescencia del señor Betancourt, a sabiendas de que no le pertenecía. La sentencia apelada condenó al señor Rivera a pagar \$39,382.00 por el costo de reparación del equipo, denegando la reclamación por angustias mentales. El señor Rivera recurrió en apelación imputando errores al foro primario, incluyendo la concesión de indemnización por reparación. Tras evaluar el expediente, el derecho aplicable y la prueba, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la sentencia apelada.

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Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los señores Jesús Vázquez Burgos y Ana M. Santa Olmeda para recurrir de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia, dictada el 26 de febrero de 2018, declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por Bautista Cayman Asset Company. El pleito original fue instado por Doral Bank en 2013 para solicitar la sustitución de un pagaré hipotecario extraviado suscrito por los apelantes. Tras el cierre de Doral Bank, Bautista Cayman adquirió las facilidades de crédito y fue sustituido como parte demandante. Bautista Cayman solicitó sentencia sumaria para ordenar la sustitución del pagaré, a lo cual los apelantes se opusieron. El foro primario concedió la sentencia sumaria, concluyendo que la prueba demostraba la suscripción del pagaré y la obligación. Los apelantes impugnaron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Luego de evaluar el expediente y el derecho aplicable, este Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una Sentencia en el caso KLAN201800994. Este caso es una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. La apelación fue presentada por Lissa Busquets Fox contra Julia de Jesús Laboy y otros. El 9 de mayo de 2019, la parte apelante presentó un Aviso de Desistimiento de la Apelación. El Tribunal examinó dicho aviso en su Sentencia del 14 de mayo de 2019. Se declaró Ha Lugar el desistimiento presentado por la apelante. Conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal, se ordenó el archivo y sobreseimiento del caso. La decisión se basó en el desistimiento de la apelación por parte de la apelante. La Secretaría del Tribunal certificó la decisión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende el recurso de apelación presentado por Haydee del Pilar Sanoguet Quiñones. La apelante solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió sentencia sumaria a favor de First Bank de Puerto Rico. Dicha sentencia desestimó la demanda de José Edgardo Vega Martell contra el banco por cobro de dinero y daños y perjuicios. Vega Martell alegó que depositó obras de arte valoradas en millones en una sucursal de First Bank en 2006, las cuales el banco supuestamente desechó en 2010. First Bank se defendió argumentando falta de autoridad del empleado, prescripción de la acción y la inaplicabilidad del derecho civil. El foro primario acogió la defensa del banco y desestimó el caso. Sanoguet Quiñones, quien intervino en el pleito reclamando un interés en las obras como parte de la sociedad legal de bienes gananciales con Vega Martell, apela esta desestimación.

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José D. Santiago Torres acude ante el Tribunal de Apelaciones para cuestionar una orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas. La orden, emitida el 26 de febrero de 2019, declaró académica su solicitud de reconsideración sobre la imposición de una fianza de no residente. El TPI había ordenado la fianza previamente, y Santiago Torres solicitó reconsideración alegando residencia en Puerto Rico. Sin embargo, antes de resolver la reconsideración, el TPI desestimó el caso sin perjuicio por un fundamento distinto: el incumplimiento con órdenes de contratar representación legal. Tras la desestimación, el TPI determinó que la moción de reconsideración sobre la fianza se había tornado académica. Santiago Torres recurre ante el Tribunal de Apelaciones cuestionando esta última determinación. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari, al tratarse de la revisión de una orden interlocutoria. El documento expone los hechos procesales relevantes y el marco legal que rige la revisión discrecional mediante certiorari de las resoluciones y órdenes del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Los peticionarios, Furniture & Carpet World, Corp. et al., solicitaron la revisión de una orden del Tribunal de Primera Instancia que dispuso la ejecución de una sentencia dictada en su contra. Alegaron que la sentencia era nula y que la orden de ejecución se emitió a pesar de tener pendiente una moción de relevo de sentencia. El Tribunal de Apelaciones reclasificó el recurso presentado como un auto de certiorari, por ser el remedio adecuado para revisar órdenes post sentencia. Explicó la naturaleza discrecional del certiorari y los criterios que rigen su expedición. Tras examinar el escrito de los peticionarios y los documentos en autos, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE201801701, apelación presentada por Víctor Luis Torres Class contra Yatzmellie Lorraine Vega Bonet. El recurso proviene de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla sobre custodia y pensión alimentaria. El apelante impugna la Sentencia del foro primario del 20 de septiembre de 2018. Dicha sentencia le impuso una pensión alimentaria final de $719.50 mensuales, retroactividad de $228.08, 50% de gastos médicos no cubiertos y $400 en honorarios de abogado. El apelante alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al no considerar el alto ingreso de la madre, basar gastos de vivienda en un contrato vencido e imputarle ingresos corporativos. El Tribunal de Apelaciones evaluó el expediente y las comparecencias de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por McNeil Healthcare LLC contra el Municipio de Las Piedras. El caso original versa sobre una demanda de McNeil impugnando deficiencias en patentes municipales, específicamente si ciertos costos reembolsados constituyen volumen de negocios tributable. Durante el litigio, el Municipio solicitó compeler a McNeil a entregar correos electrónicos entre sus contadores públicos autorizados sobre las declaraciones de volumen de negocio. McNeil se opuso, invocando el privilegio contador-cliente bajo la Regla 504 de Evidencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud del Municipio, ordenando la entrega de la información y rechazando la aplicación del privilegio. McNeil solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, McNeil acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari, alegando que el foro primario erró al no reconocer el privilegio contador-cliente para comunicaciones entre sus CPAs. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por McNeil.

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La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) solicitó un auto de certiorari para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de mandamus. SAL buscaba que se ordenara a la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) permitir la inspección de expedientes administrativos de confinados sin requerir autorización escrita previa o compromiso de representación legal. Argumentaban que esta inspección era necesaria para evaluar posibles conflictos éticos antes de asumir la representación. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la JLBP no tenía un deber ministerial de permitir dicho acceso sin consentimiento o representación. Señaló que la obligación de la JLBP es respetar la voluntad del confinado y divulgar el expediente solo con su consentimiento escrito. También indicó que la JLBP debe asignar representación legal para la vista final de revocación si el liberado no tiene una. Inconforme con esta desestimación, SAL recurrió al Tribunal de Apelaciones. La Sociedad para Asistencia Legal alegó que el foro primario erró al desestimar la acción, especialmente considerando posibles incumplimientos de la JLBP con su reglamento y el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, denegó la expedición del auto solicitado por la parte peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso presentado por el matrimonio Hernández-Del Valle contra Firstbank Puerto Rico. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia por una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el Banco. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Firstbank, condenando a los apelantes al pago de la deuda y desestimando su reconvención. Los apelantes presentaron una moción de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el foro primario. Posteriormente, los apelantes acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari, acogido como Apelación. Alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su reconsideración, argumentando sobre la obligación del acreedor bajo RESPA. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El recurso fue presentado tardíamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IV, consideró un recurso de Certiorari presentado por Nelabdhulaziz Galarza Santiago. El peticionario buscaba la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, en un caso criminal. El Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del foro apelativo. Esta falta de jurisdicción se debió a que el recurso fue presentado de forma tardía. El tribunal recordó la naturaleza estricta de los términos jurisdiccionales, como el plazo de treinta días para presentar un Certiorari en procedimientos criminales según la Regla 32(D). Se enfatizó que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y desestimar recursos cuando no la poseen, salvo que se acredite justa causa para la dilación. Al no cumplirse con el término de presentación, el tribunal carecía de autoridad para atender los méritos del caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Michelle A. Zabala Guerrero. La peticionaria incoó un recurso de certiorari solicitando la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Buscaba que se aplicaran atenuantes a su sentencia enmendada relacionada con cargos bajo el Código Penal (Art. 189) y la Ley de Armas (Art. 5.05). El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por derecho propio. Tras la evaluación, el panel decidió prescindir de la comparecencia de la parte contraria. El Tribunal concluyó que procedía abstenerse de ejercer su jurisdicción revisora. Por consiguiente, se denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por el Procurador General. Se solicita la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia en el caso penal contra Héctor M. Rivera Marrero. La orden recurrida exigía al Ministerio Público designar un fiscal diferente para la vista de supresión de confesión. Esto se fundamentaba en que el acusado pretendía utilizar a la fiscal asignada como testigo en dicha vista. El caso principal involucra cargos por asesinato y violaciones a leyes de armas, sustancias controladas y propiedad vehicular. El acusado busca suprimir su confesión, alegando que estaba bajo los efectos de sustancias controladas y que informó de ello a la fiscal. El Procurador General controvierte esta versión, afirmando que el acusado manifestó estar en buen estado y sin impedimentos por sustancias. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y determinó expedir el recurso y revocar la determinación del foro primario.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por la Universidad de Puerto Rico (UPR) contra una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia apelada declaró a la UPR responsable de impericia médica en un caso presentado por la Sucesión de Celia Pagán Berríos. El caso se relaciona con la atención médica brindada a Sheyla De Jesús Pagán, hija de la causante, diagnosticada con adenocarcinoma. Se detallan los hechos médicos, incluyendo su diagnóstico, cirugías iniciales y seguimiento en la Clínica de Ginecología Oncológica de la UPR. Se mencionan las evaluaciones por médicos asociados a la UPR y los resultados de patología. El documento señala problemas en la coordinación de citas y cirugías, atribuidos en parte al sistema de ASEM. El Tribunal de Apelaciones anuncia que, por los fundamentos que expondrá, revocará la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una solicitud de certiorari presentada por Julia Román Martínez en un caso de daños y perjuicios contra el Municipio de San Juan. La petición busca revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la Moción de Reconsideración de la demandante. Dicha moción impugnaba una resolución previa del TPI que había denegado la solicitud de la Sra. Román para extender el periodo de descubrimiento de prueba. El TPI también había negado concederle un término adicional para presentar su informe pericial en el caso. La demandante había incumplido plazos anteriores establecidos por el TPI para la presentación de prueba pericial y la culminación del descubrimiento. El TPI había impuesto sanciones y advertido sobre la posible desestimación de la demanda por incumplimiento. La Moción de Reconsideración de la demandante fue declarada sin lugar por el TPI. La solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugna esta última decisión. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por la Sra. Román.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la división de una comunidad de bienes, cobro de dinero y daños. La apelante, Lilliam Dueño Santiago, demandó a Cándido Manuel Alonso Berrios tras una relación consensual de 38 años. Alegó haber aportado capital y trabajo a negocios bajo un pacto de división al 50% de los haberes y ganancias. El Tribunal de Primera Instancia reconoció la existencia de esta comunidad de bienes y ordenó su liquidación. Sin embargo, desestimó las reclamaciones de la apelante por daños y perjuicios y honorarios de abogado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la relación fue continua y pública, y que la apelante contribuyó dinero, esfuerzo y dedicación a las empresas conjuntas. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida en su totalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Justina A. Jiménez Ventura, demandó a Walgreens of Puerto Rico, Inc. y otros. Reclamó daños sufridos por la alegada administración negligente de una vacuna antitetánica en su brazo derecho. La negligencia habría causado una ruptura del tendón supraespinato y otras lesiones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Fundamentó su decisión en la "National Childhood Vaccine Injury Act of 1986" (NCVIA). Concluyó que la jurisdicción sobre la materia correspondía al "United States Court of Federal Claims". La señora Jiménez apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un caso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, Carlos M. Figueroa Domínguez y Glenda L. Monge Pérez, impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dio paso a la demanda de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae). La controversia principal gira en torno a la legitimación activa de Oriental Bank, quien inició el pleito como agente de servicios. En una apelación previa, este Tribunal ya había revocado una sentencia en rebeldía contra los apelantes precisamente por la falta de legitimación de Oriental Bank. A pesar de la revocación anterior, el foro de instancia autorizó la sustitución de Fannie Mae como demandante antes de recibir el mandato apelativo. Los apelantes argumentaron posteriormente la nulidad absoluta de todos los procedimientos debido a la ausencia inicial de legitimación. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria, Ana Mercedes Díaz García, solicitó un auto de certiorari tras denegársele una moción de relevo de sentencia. La moción buscaba anular una sentencia en rebeldía dictada en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Banco Popular de Puerto Rico. La sentencia en rebeldía se emitió luego de que los demandados no comparecieran. La peticionaria argumentó que la sentencia era nula por permitir el cobro de "otras sumas" no evidenciadas ni analizadas por el tribunal. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2. Inconforme, la Sra. Díaz acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procedió a evaluar la petición de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto solicitado.

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Moisés Hernández Ramírez presentó un recurso de *certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de marzo de 2019. Dicha Orden declaró "No Ha Lugar" una moción del peticionario al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue condenado por asesinato en primer grado en 1991, tras una alegación de culpabilidad por hechos de 1990, recibiendo pena de separación permanente. En su moción (presentada originalmente en 2005), alegó representación legal inadecuada, solicitó diferir su sentencia por enfermedad y pidió la aplicación del principio de favorabilidad del Código Penal de 2004. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción. Razonó que el principio de favorabilidad del Código de 2004 no aplica a hechos anteriores a su vigencia, según el Artículo 308. Desestimó la alegación de asistencia legal inadecuada, señalando que la alegación de culpabilidad pre-acordada se realizó con asistencia de abogado y validación judicial. También determinó que no se demostró enfermedad grave para diferir la sentencia y que no se probó el error necesario bajo la Regla 192.1. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de *certiorari* solicitado.

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Recurso de apelación presentado por la madre contra una resolución de custodia de sus dos hijos menores. Los abuelos maternos ostentaban la custodia provisional y luego permanente desde 2015, aunque la madre conservó la patria potestad. Tras superar dificultades, la madre solicitó recuperar la custodia en 2018. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un estudio social y celebró una vista para evaluar la situación. La resolución apelada determinó que el bienestar de los menores justificaba que los abuelos mantuvieran la custodia provisional. No obstante, estableció un plan de relaciones materno-filiales detallado. Dicho plan tenía como objetivo la concesión de la custodia a la madre en un plazo de seis meses. La madre impugna esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La resolución de instancia consideró la situación actual de la madre, incluyendo vivienda, ingresos y red de apoyo. También evaluó la educación de los menores y su relación con la madre y su pareja.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por José A. Velázquez Grau y Eilein G. Ruiz Fernández contra Banco Popular de P.R. en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitida el 12 de marzo de 2019. Dicha resolución declaró No Ha Lugar una moción de los peticionarios oponiéndose a una venta judicial. El caso original inició en 2013 por incumplimiento en el pago de un préstamo hipotecario. Las partes llegaron a un acuerdo de sentencia por estipulación en 2014, que fue aprobado por el tribunal. Tras trámites posteriores, se emitió un aviso de pública subasta para la propiedad hipotecada. Los peticionarios presentaron una moción en febrero de 2019 para detener la venta y solicitar evidencia, la cual fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la decisión del TPI sobre la moción que se oponía a la subasta.

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Comparecen apelantes buscando revocar una Sentencia Parcial que desestimó su reclamación contra el Municipio de Trujillo Alto y su Alcalde. La demanda original alegaba negligencia municipal por no intervenir con portones que obstruían el acceso a su propiedad. El Municipio solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que la notificación previa no cumplió los requisitos legales. Aunque el Municipio contestó la demanda, mantuvo la defensa de notificación inadecuada. Los apelantes inicialmente se allanaron a la desestimación sin perjuicio, pero luego retiraron su allanamiento, alegando que el Municipio se sometió a la jurisdicción al contestar. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación contra el Municipio con perjuicio. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, este panel confirma la Sentencia Parcial apelada. La decisión valida la desestimación de la reclamación contra el Municipio de Trujillo Alto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201700359, una apelación criminal presentada por Carlos J. Figueroa Colón. Figueroa Colón fue declarado culpable por el Tribunal de Primera Instancia de violar el Artículo 184 del Código Penal, relativo a ratería o hurto de mercancía en establecimiento comercial. Inicialmente condenado a seis meses de cárcel, la pena fue posteriormente reducida a veintiocho días, dándose por cumplida. Inconforme con el fallo de culpabilidad, el apelante acudió al Tribunal de Apelaciones. Sus señalamientos de error incluyen la insuficiencia de la prueba para sostener la condena y el error del tribunal al denegar su moción de reconsideración. Adicionalmente, argumenta que la denuncia original era defectuosa por no imputarle todos los elementos esenciales del delito de ratería. El Tribunal de Apelaciones revisa estos argumentos, citando el texto del Artículo 184 del Código Penal. La sentencia indica que el apelante no tiene razón en su alegato sobre la denuncia defectuosa.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por trato cruel. La apelante, Carmen I. Sánchez Delgado, impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que desestimó su demanda. La desestimación se fundamentó en la alegada falta de jurisdicción sobre el apelado, Ricardo López Valle. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el emplazamiento por edicto, utilizado debido a la residencia del demandado en Kansas, era defectuoso. El defecto señalado fue la omisión del número de teléfono de la abogada de la demandante en el edicto publicado. La apelante sostiene que dicha omisión no constituye un defecto fatal que prive al tribunal de jurisdicción. El apelado había planteado otras razones para la desestimación, como la falta de cumplimiento del requisito de residencia y la doctrina de forum non conveniens. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como apelación y procederá a resolver la controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. West India Machinery and Supply Company, Inc. (WIMSCO) apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su demanda contra Industrial Equipment Corporation (INECO). WIMSCO reclamaba \$503,375.00 por una venta de equipo realizada en 2005. Anteriormente, WIMSCO había presentado una demanda idéntica en 2006, la cual fue paralizada y desestimada en 2013 por falta de jurisdicción, sugiriendo tramitar las reclamaciones administrativamente. WIMSCO presentó la demanda actual en 2014 tras la desestimación del caso original. INECO contestó negando la deuda y alegando problemas con el equipo y pagos. El TPI desestimó la demanda de WIMSCO y su demanda contra tercero. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, confirma la decisión del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en la apelación de Neptunomedia, Inc. contra Coamo Health Institute, C.S.P. El litigio se originó por una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de un contrato de servicios de internet. Neptunomedia reclamaba \$13,769.02 tras la terminación temprana del acuerdo por parte de Coamo Health, invocando una cláusula penal. Coamo Health se defendió argumentando que la cancelación fue justificada debido a problemas persistentes de conectividad y fallos en el servicio provisto por Neptunomedia. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existieron los problemas de conectividad alegados y que la cancelación fue notificada. Con base en estas determinaciones, el TPI desestimó la demanda de Neptunomedia. Neptunomedia apeló dicha decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Sentencia apelada, manteniendo la desestimación de la reclamación de Neptunomedia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VIII, emitió una sentencia el 10 de mayo de 2019 en el caso KLAN201900214. La apelación fue presentada por Abdiel Manuel Pérez Aviles contra El Pueblo de Puerto Rico. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, bajo los números FSC2018G0073 al 74. La materia apelada se relaciona con el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. El apelante presentó una Moción en Solicitud de Desistimiento el 9 de mayo de 2019. El panel, integrado por las Juezas Colom García, Domínguez Irizarry y Soroeta Kodesh, consideró la moción. La sentencia declara con lugar la solicitud de desistimiento. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Como resultado, se ordena el archivo definitivo de la causa.