Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 27)

Resumen:

Sentencia de un panel apelativo sobre una Petición de Certiorari presentada por Cobra Acquisitions, LLC contra el Municipio Autónomo de Maunabo. La controversia principal gira en torno al pago de arbitrios de construcción y patente municipal por trabajos realizados por Cobra para la Autoridad de Energía Eléctrica tras los huracanes Irma y María. El Municipio demandó a Cobra en 2018 reclamando dichas contribuciones. En 2022, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria a favor del Municipio, ordenando a Cobra pagar más de \$8.4 millones en arbitrios y más de \$530 mil en patentes, basándose en sentencias previas de este foro apelativo. La petición de Cobra busca revocar una Resolución del TPI de noviembre de 2024 que denegó una solicitud de sentencia sumaria de Cobra en el mismo pleito. El TPI fundamentó su denegatoria en las mismas determinaciones apelativas anteriores. Cobra también solicitó sin éxito una orden para paralizar los procedimientos en el foro primario. El Municipio se opuso a la petición y solicitó sanciones contra Cobra. Este caso está estrechamente relacionado con los expedientes apelativos KLAN202000146 y KLAN202300022.

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Se presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Pedro Jaime Sánchez Rodríguez. El peticionario busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una anotación de rebeldía contra Karla Ommy Morales Ayala. La rebeldía se había decretado previamente debido al alegado incumplimiento de la recurrida con una orden judicial relacionada al descubrimiento de prueba. Específicamente, se requería que la contestación a un interrogatorio estuviera debidamente juramentada y con la postilla correspondiente. Tras varias mociones y órdenes en el Tribunal de Primera Instancia, incluyendo una declaración inicial de rebeldía, la recurrida solicitó reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia acogió la reconsideración y levantó la anotación de rebeldía y la eliminación de alegaciones. El peticionario acude al Tribunal de Apelaciones para impugnar esta última decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras estudiar el caso, resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado, validando así la decisión del foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari en un caso de daños. El peticionario, Francisco Valdés Pérez, impugnó la resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de recusación contra el juez Arnaldo Castro Callejo. La recusación se basó en la alegada parcialidad del juez al denegar la solicitud de autorrepresentación del peticionario y su posterior petición de un abogado de oficio. El TPI había denegado la autorrepresentación citando el historial del peticionario en otros casos y la solicitud de abogado de oficio por no cumplir los requisitos reglamentarios para este tipo de reclamación de daños. El peticionario argumentó que estas denegaciones demostraban prejuicio y violentaban el debido proceso. Tras examinar el expediente y sopesar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado. Esta decisión confirma la determinación del TPI de que no procedía la recusación del juez.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Los Corales. El Consejo impugnó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que les ordenó cumplir con una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo se originó en una Querella de un residente que solicitó documentos relacionados con los daños del huracán María y reclamaciones de seguro. El DACo había ordenado al Consejo entregar documentos específicos en un término de veinte días. El Consejo informó al DACo sobre la imposibilidad de cumplir, alegando que los documentos se dañaron por una filtración. Tras el incumplimiento continuo, el DACo solicitó al Tribunal de Primera Instancia que hiciera cumplir su orden administrativa. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la petición del DACo, ordenando el cumplimiento. El Consejo apeló entonces esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el trasfondo fáctico y procesal, confirmó la Sentencia apelada. Esta decisión ratifica la obligación del Consejo de cumplir con la orden original del DACo.

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Rubén E. Hernández Rivera presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Guayama relativa a la revisión de boletos de tránsito. El peticionario solicitaba la revocación de una determinación en el caso GAAC2024-1018, alegando que el foro primario no eliminó una multa de \$530.00. El Tribunal de Primera Instancia había emitido resoluciones sobre varios casos el 1 de noviembre de 2024 y denegó una reconsideración en el caso GAAC2024-1018 el 15 de noviembre de 2024, notificando la decisión ese mismo día. El peticionario presentó su recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 26 de diciembre de 2024. El Tribunal de Apelaciones evaluó su jurisdicción para atender el recurso. Tras revisar el expediente y las fechas, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. La razón fundamental para esta determinación fue que el recurso de certiorari fue presentado tardíamente. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto discrecional de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202401252. La Peticionaria, P \& S Consultants, LLC, solicitó un auto de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución del foro primario declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración y ordenó la continuación del descubrimiento de prueba. El pleito original es una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentada por P \& S Consultants contra Redline Global, LLC y otros, incluyendo el Municipio de Arecibo. P \& S Consultants alega que Redline incumplió un contrato de colaboración al no pagarle por servicios profesionales prestados. Redline se defiende argumentando que su obligación de pago dependía de recibir fondos del Municipio y que existe una cesión de crédito a favor de Recovery Finance Limited. Recovery Finance Limited solicitó intervenir en el pleito, alegando un interés pecuniario sobre los fondos adeudados por el Municipio. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari solicitado por P \& S Consultants.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación. El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre petición de incapacidad judicial, tutela y orden de protección bajo la Ley 121-2019. Los apelantes, hermanos de la apelada, solicitaron declarar incapaces a sus padres y nombrar un tutor, alegando explotación financiera y restricción de acceso por parte de la apelada. La petición original detallaba el uso de poderes duraderos otorgados en 2020 y la supuesta falta de divulgación de las condiciones de salud de los padres. El foro primario desestimó la petición al conceder una moción de sentencia sumaria a favor de la apelada y denegó la orden de protección. Los apelantes recurrieron esta determinación. El Tribunal de Apelaciones ha recibido las comparecencias de las partes y del Procurador General. La Sentencia procede a examinar los hechos procesales y sustantivos para resolver el recurso.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las peticionarias, Leslie y Brenda Velázquez Caraballo, recurrieron en certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución concedió costas, gastos y honorarios de abogado a los recurridos, Javier y Jannette Velázquez Montalvo. El caso original trataba sobre la división de una herencia y fue desestimado por falta de parte indispensable. Los recurridos solicitaron las costas y honorarios después de emitida la sentencia de desestimación. Las peticionarias argumentaron que la solicitud fue extemporánea según la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil y que no procedían los honorarios sin determinaciones de temeridad. A pesar de sus argumentos, el Tribunal de Primera Instancia concedió las costas y honorarios. Las peticionarias solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. Ante esta situación, acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el recurso de certiorari y revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió las costas, gastos y honorarios.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de *certiorari*. José Raúl De Pedro Martínez solicitó dejar sin efecto una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre nulidad de contrato y administración de herencias. El pleito original fue presentado por Pedro José De Pedro Martínez y otros, alegando que José Raúl, como albacea de los caudales relictos de sus padres, incumplió sus deberes, como la falta de informes y retraso en la liquidación. La orden recurrida, emitida por el foro primario, requirió al peticionario (antiguo albacea) y al administrador actual presentar facturas y recibos que sustentaran sus informes trimestrales en 30 días. También ordenó al antiguo albacea notificar su informe final o solicitar vista si ya lo había notificado. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar dicha orden. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los antecedentes del caso, denegó la expedición del recurso de *certiorari*. En consecuencia, la orden del Tribunal de Primera Instancia que exige la documentación de respaldo y el informe final del albacea se mantiene vigente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en relación con una petición de Certiorari. Los peticionarios, José Luis Colón García y su esposa, impugnan una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha Orden denegó su solicitud para presentar una primera Demanda Enmendada. El pleito original versa sobre alegados daños y perjuicios por despido injustificado y discrimen por edad contra Becton Dickinson Caribe LTD. Los peticionarios alegan que el señor Colón García fue removido de su puesto tras 13 años de servicio y a los 60 años, sin justa causa y sufriendo discrimen. La parte recurrida, Becton Dickinson, refuta estas alegaciones, indicando que la remoción se debió a una investigación por quejas de empleados sobre su conducta. Becton Dickinson afirma que el señor Colón García renunció para acogerse a un plan de retiro y que su reemplazo fue seleccionado por cualificaciones. La parte recurrida no se opuso a la expedición del auto de certiorari, aunque se reservó el derecho a impugnar los méritos. El Tribunal de Apelaciones da por perfeccionado el recurso y procede a detallar los hechos procesales relevantes.

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Comparece ante este foro el Sr. Faustino García Rivera solicitando la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, notificada el 19 de diciembre de 2024, dispuso la restitución de los servicios de energía eléctrica y agua potable de un inmueble en un periodo de veinticuatro horas so pena de desacato. La solicitud de revisión surge en el contexto de una demanda de desahucio y cobro de dinero presentada por el señor García contra el Sr. Harrison Tyler Hines por alegado incumplimiento en el pago de canon de arrendamiento y utilidades. El señor Hines reconvino alegando incumplimiento del demandante al no realizar reparaciones y por la falta de servicios en el apartamento. Previamente, el foro primario había ordenado provisionalmente al demandante informar o pagar los gastos de servicios básicos para evitar su desconexión. El señor Hines solicitó la orden de emergencia tras el corte del servicio eléctrico. El peticionario busca que este foro revise la orden que le exige restituir los servicios. Tras considerar los fundamentos, este panel judicial resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Procedente de un caso de divorcio, una hija adulta de 21 años solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que se reconociera su derecho a hogar seguro en una propiedad privativa de su padre hasta que cumpliera 25 años. La hija argumentó haber residido allí desde su nacimiento y necesitar el hogar para continuar sus estudios y buscar empleo, citando condiciones médicas que retrasaron sus planes. El TPI denegó la solicitud, razonando que la hija había culminado sus estudios universitarios y no se encontraba estudiando al momento. Tras una reconsideración denegada, la hija presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones señala que, como cuestión de derecho, la solicitud de hogar seguro únicamente puede ser presentada por el exconyuge o un hijo sujeto a la patria potestad. Por tanto, el Tribunal concluye preliminarmente que la solicitud de la hija adulta no procede y que el TPI actuó correctamente al denegarla.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel II, en el caso KLCE202500058. La resolución atiende una Petición de Certiorari presentada por Edwin Gerardo Navarro Artavia y Carlos Rodríguez Padilla contra Carlos Juan López Jiménez. El caso original proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, y trata sobre Incumplimiento de Contrato. El Tribunal, compuesto por los jueces Bermúdez Torres, Martínez Cordero y Cruz Hiraldo, examinó la petición de certiorari y una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Con fecha de 22 de enero de 2025, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari. En consecuencia, la solicitud de auxilio de jurisdicción fue declarada No Ha Lugar. La decisión se fundamenta en el derecho aplicable y las reglas de procedimiento pertinentes. Se ordena la notificación inmediata de la resolución.

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Herbman, LLC recurrió ante el Tribunal de Apelaciones la Resolución de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) que denegó su solicitud de cambio de dueño. Herbman había obtenido precualificación para un dispensario en 2018, luego reubicado a Caguas en 2020, recibiendo varias extensiones para la inspección final. En agosto de 2021, solicitó el cambio de dueño, pero no pidió la inspección final ni otra extensión para la precualificación antes de su vencimiento. La JRCM denegó la solicitud en febrero de 2022, determinando que no procede un cambio de dueño para una precualificación expirada. Herbman solicitó reconsideración, argumentando que la agencia no le instruyó adecuadamente y demoró en atender su petición. Tras una vista administrativa, la JRCM reafirmó su decisión en julio de 2024, acogiendo el informe que concluía que el cambio era académico al estar la precualificación vencida. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. La Sentencia emitida confirma la Resolución recurrida de la JRCM.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra que denegó el privilegio de libertad bajo palabra a Adalberto Cuadrado Rivera. El recurrente fue sentenciado a veinte años por asesinato en segundo grado y a tres años y un día por violencia doméstica. Cuadrado Rivera solicitó la revisión de la decisión de la Junta, emitida en octubre de 2024. La Junta evaluó su expediente, considerando factores como no tener casos pendientes y estar en custodia mínima. Sin embargo, la denegación se basó principalmente en la falta de un plan de salida estructurado y viable de vivienda. También se tomó en cuenta la certificación de patrones adictivos, la evaluación psicológica y la aparente falta de arrepentimiento por el delito de asesinato. A pesar de haber completado un taller sobre violencia y haberse beneficiado previamente de un pase extendido por salud, la Junta determinó que no procedía la concesión del privilegio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, resolvió confirmar la decisión recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, revisó una decisión administrativa de la Junta de Libertad Bajo Palabra sobre el confinado Jerry S. Quiñones Domenech. El señor Quiñones Domenech apeló la denegatoria de su solicitud de libertad bajo palabra, buscando dejar sin efecto la resolución del 12 de noviembre de 2024. El confinado cumple una sentencia por infracciones a la ley de violencia doméstica y ley de armas, con fecha de extinción en 2028. La Junta de Libertad Bajo Palabra consideró su caso, señalando que cumplía algunos criterios como custodia mínima y programas completados. No obstante, se denegó la libertad bajo palabra al concluir que carecía de una oferta de empleo viable, era recurrente en la comisión de delitos similares y su última evaluación psicológica no fue favorable. El confinado impugnó esta denegatoria, alegando que no se basaba en evidencia reciente ni suficiente. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia del 22 de enero de 2025, confirmó la resolución administrativa emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra. El documento expone el estándar legal para la revisión judicial de decisiones de agencias administrativas en Puerto Rico.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por Emerson Puerto Rico, Inc. La empresa solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria de Emerson PR en un caso de despido injustificado y discrimen en el empleo presentado por Fernando R. Vargas Meléndez. El TPI consideró que Emerson PR no refutó las presunciones a favor del querellante ni demostró un motivo administrativo válido para el despido. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, decide denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado por Emerson PR. Se incluye un resumen de los hechos pertinentes que el TPI estimó incontrovertidos, detallando la relación laboral del Sr. Vargas Meléndez y la estructura de supervisión dentro de la empresa.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Annette Braffette Mullinelli, solicita la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. La peticionaria argumenta la nulidad del pagaré hipotecario suscrito en 2007 por su entonces esposo, Fernando Paonessa López, alegando que este actuó unilateralmente y ultra vires utilizando un poder general que ella le otorgó. La deuda hipotecaria, originalmente con Scotiabank, es ahora reclamada por Bosco IX Overseas, LLC. El historial del caso incluye el divorcio de las partes y procedimientos de quiebra separados. En el proceso de quiebra de su exesposo, este llegó a un acuerdo transaccional con Bosco reconociendo la validez de la deuda y el poder, acuerdo al que la peticionaria no se opuso en aquel foro. A pesar de ello, la peticionaria presentó la moción de desestimación en el foro estatal, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones ha expedido el auto de certiorari para revisar la decisión del foro primario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Juan Carlos Serrano Matta mediante un recurso de certiorari. Busca dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia que permitió al Ministerio Público usar declaraciones previas de testigos en un nuevo juicio. El peticionario obtuvo derecho a un nuevo juicio tras sentencias previas basadas en veredictos no unánimes. El Ministerio Público solicitó declarar indisponibles a dos testigos clave bajo la Regla 806 de Evidencia, alegando que se negaban a comparecer por salud. Pidió sustituir su comparecencia por las grabaciones de sus testimonios del primer juicio. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista, declaró Ha Lugar la moción, permitiendo el uso de las grabaciones. Consideró suficientes las gestiones de la policía ante la negativa de los testigos. El peticionario solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones expide el certiorari y revoca la determinación recurrida.

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Este documento es una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el 22 de enero de 2025. Se refiere a una Petición de Certiorari presentada por Walmart Puerto Rico, Inc. contra Oscar Benítez Rosa. El caso original en el tribunal de primera instancia trataba sobre alegaciones de despido injustificado, represalias, discrimen por edad y daños y perjuicios. Walmart presentó la petición el 15 de octubre de 2024, buscando la revisión del tribunal apelativo. Luego de que el tribunal iniciara el trámite, Walmart presentó una moción el 16 de enero de 2025. Dicha moción informó al tribunal que las partes habían llegado a un acuerdo transaccional el 9 de enero de 2025. En consecuencia, Walmart solicitó el desistimiento voluntario de la Petición de Certiorari. El tribunal, considerando el acuerdo y la solicitud del peticionario, ordenó la desestimación del recurso. La Petición de Certiorari queda así desestimada con perjuicio debido al desistimiento del peticionario.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Orlando Ramos Rullán. El peticionario solicita revocar una sanción de \$1,000 impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sanción se originó por el incumplimiento de Ramos Rullán con órdenes de consignar fondos en un pleito de cobro de dinero iniciado por sus antiguos abogados. La obligación de consignación proviene de una sentencia parcial, modificada previamente por este Tribunal, que requirió consignar \$51,500 más intereses. Ramos Rullán había impugnado sin éxito la orden de consignación en recursos anteriores, donde se afirmó la firmeza de la decisión y la obligación de cumplir. A pesar de órdenes subsiguientes y advertencias de sanción, el peticionario no consignó el dinero, alegando, entre otras cosas, que la orden era condicional y había perdido validez. El foro primario impuso la sanción ante la falta de cumplimiento reiterada. Tras evaluar el recurso y la oposición, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de comunidad de bienes. La señora Einybel Aguayo Mendoza presentó una petición de certiorari solicitando revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó su moción de desestimación en el pleito de liquidación. El caso de origen surge tras la disolución de su matrimonio con el señor Orlando Rodríguez Díaz. La sentencia de divorcio de 2020 incluyó una estipulación sobre bienes, designando una propiedad como "hogar seguro" para la señora Aguayo Mendoza. Posteriormente, el señor Rodríguez Díaz demandó la liquidación de bienes, incluyendo inicialmente la propiedad y luego enmendando para añadir un negocio de tutorías. La señora Aguayo Mendoza presentó la moción de desestimación que fue denegada por el foro primario. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio en precario. Porfirio Guzmán Robles (Apelado) demandó a Moisés Fernando Nieves Robles (Apelante) para desalojarlo de una propiedad. Guzmán Robles alegó que Nieves Robles ocupaba el inmueble sin título ni pago, solo autorizado ocasionalmente, y que negociaciones de compraventa fracasaron. Nieves Robles se defendió alegando que la posesión era de una corporación con interés de ambas partes, basada en acuerdos de negocio para mejoras y adquisición futura. El Apelante también reconvino por incumplimiento de contrato y mejoras, solicitando convertir el caso a ordinario. El Tribunal de Primera Instancia denegó la conversión y declaró con lugar el desahucio. El TPI concluyó que el Apelante no presentó un título oponible al demandante en este procedimiento sumario. Nieves Robles apeló, reiterando su defensa sobre la existencia de acuerdos que justificaban la ocupación. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del TPI. Determina que el TPI actuó correctamente al no haber controversia sobre la falta de título del Apelante para continuar ocupando la propiedad.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación de salarios y beneficios con reconvención. El apelante, Efraín Ortiz Rosario, reclamó a la Iglesia Rebaño Compañerismo Cristiano, Inc. el pago de salarios y retiro acumulado por su servicio como pastor y administrador. La Iglesia negó las alegaciones y presentó una reconvención, acusando al Sr. Ortiz Rosario de malversar aproximadamente \$200,000 de sus fondos para uso personal. El Sr. Ortiz Rosario refutó las acusaciones de malversación, afirmando haber administrado los fondos correctamente y sugiriendo que su despido se debió a su divorcio. Tras un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la querella del Sr. Ortiz Rosario y "Ha Lugar" la reconvención de la Iglesia. El Sr. Ortiz Rosario apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. La prueba presentada incluyó el testimonio del apelante y los libros contables de la iglesia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, resuelve confirmar la Sentencia apelada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La apelante, Vanessa Ayala Ocasio, solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Sun West Mortgage Company, Inc., declarando Ha Lugar la demanda de ejecución y desestimando la reconvención de la apelante. La controversia principal se centró en la alegada falta de buena fe del acreedor hipotecario durante el proceso de mediación compulsoria y la supuesta falta de regulación de dicho proceso. El caso se originó por el incumplimiento de la apelante en un préstamo hipotecario, tras lo cual los intentos de mitigación de pérdidas no se concretaron por solicitudes incompletas. Posteriormente, la apelante no compareció a la sesión de mediación compulsoria ni a una vista sobre el estado de los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. Determina que el acreedor hipotecario procedió de buena fe y que el proceso de mediación está regulado por el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de alimentos. La peticionaria, Esther Marrero Negrón, solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró sin lugar una solicitud de reconsideración presentada por el recurrido, Pedro Soldevila Pupo. El pleito se originó tras una orden de pensión alimentaria provisional contra Soldevila Pupo, quien se encuentra confinado. La controversia principal gira en torno a la aplicación de la reserva de ingresos de las Guías de ASUMe a un alimentante confinado. La peticionaria argumentó que la reserva no aplica al estar cubiertas las necesidades básicas por el Estado. El recurrido sostuvo que las Guías no distinguen entre confinados y no confinados y que aún incurre en gastos. El foro primario había ordenado al recurrido detallar sus gastos en confinamiento, orden cuya reconsideración fue denegada. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria. Con esta acción, el Tribunal de Apelaciones valida la decisión del foro primario de denegar la reconsideración del recurrido sobre la orden de detallar gastos.

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Se trata de una sentencia de un panel judicial sobre recursos de apelación consolidados. Las partes apelantes son el matrimonio Campos-Figueroa y el Hospital Cristo Redentor junto a otros codemandados. Los recursos buscan la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama notificada el 31 de enero de 2022. Esa sentencia original resolvió un pleito de daños presentado en 2009 por el matrimonio Campos-Figueroa. El foro primario había declarado Con Lugar la demanda y condenado a los codemandados al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. Tras la sentencia, ambas partes presentaron mociones de reconsideración en el foro primario. El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en mayo de 2023 resolviendo dichas mociones. Los recursos de apelación consolidados fueron presentados en octubre de 2024. El panel judicial DESESTIMA los recursos de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del foro apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Los apelantes, Eliezer Santana Báez y Héctor Román Ortiz, demandaron al Departamento de Corrección y Rehabilitación y otros por daños y perjuicios. Alegaron que se les suspendieron privilegios (electrodomésticos, alimentos) sin el debido proceso de ley, causando sufrimientos y angustias mentales. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por no evidenciarse el agotamiento de los remedios administrativos. Los apelantes recurrieron, argumentando que no se requería agotar dichos remedios al alegarse una violación sustancial de derechos civiles y que la reclamación de daños no era exclusiva del foro administrativo. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso.

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Panel judicial resuelve recursos de apelación consolidados, KLAN202400914 y KLAN202400917. Ambas apelaciones buscan la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, notificada el 31 de enero de 2022. Dicha sentencia resolvió un pleito de daños presentado por el matrimonio Campos-Figueroa contra el Hospital Cristo Redentor y otras partes. El foro primario declaró Con Lugar la demanda, condenando a los codemandados al pago de indemnizaciones por daños físicos y mentales, más intereses. Tras la sentencia, ambas partes presentaron mociones de reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución el 31 de mayo de 2023, denegando la moción de la parte demandante y ratificando sus determinaciones. El presente panel DESESTIMA el recurso de apelación identificado con el número KLAN202400917. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del foro apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que revocó un Permiso de Construcción otorgado a Paseo del Prado Shopping Center. La OGPe dejó sin efecto el permiso al concluir que la consulta de ubicación previa, en la que se basó la solicitud, había expirado. Dicha consulta autorizaba condicionalmente un proyecto comercial en Carolina y tenía una vigencia de dos años. La solicitud del permiso de construcción se presentó después de que venciera este término. La Asociación de Residentes del Paseo del Prado impugnó el permiso ante la OGPe, argumentando su invalidez. La OGPe acogió la revisión administrativa y determinó que la consulta había perdido vigencia, procediendo a revocar el permiso. Paseo del Prado apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el caso, el Tribunal confirma la determinación de la OGPe, validando la revocación del Permiso de Construcción.

Resumen:

Se revisa judicialmente una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación que impuso sanciones disciplinarias a un miembro de la población correccional. El recurrente, José De Jesús Genao Cruz, fue encontrado incurso en violaciones por paralizar un recuento y desobedecer una orden directa. Los hechos se refieren a que el recurrente interrumpió un recuento para solicitar insistentemente el número de placa de una oficial, desobedeciendo la orden de esperar a que culminara el proceso. Como sanción, se le suspendieron privilegios por 30 días. El recurrente impugnó la decisión alegando represalia y falta de imparcialidad del examinador. El Tribunal de Apelaciones aplica el estándar de gran deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas. Concluye que las determinaciones de hecho de Corrección estuvieron apoyadas en la evidencia presentada, incluyendo el testimonio de las oficiales. El recurrente no demostró que la decisión de la agencia fuera irrazonable o careciera de sustento. Por tanto, se confirma la decisión recurrida del Departamento de Corrección.

Resumen:

Un peticionario, Rolando Barreiro Vázquez, solicitó la revisión mediante Certiorari de varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original en primera instancia trataba sobre violaciones de derechos civiles contra funcionarios correccionales. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal. El recurso adolecía de múltiples defectos en su presentación, incumpliendo los requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. A pesar de concederse una oportunidad para corregir los defectos, el peticionario no subsanó las deficiencias señaladas. El Tribunal enfatiza que su jurisdicción es limitada y requiere el cumplimiento riguroso de su reglamento. La persistencia de los defectos impidió al Tribunal ejercer su facultad revisora.

Resumen:

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari (KLCE202401233) presentada por Manuel Antonio Martínez Soto. El caso subyacente es un divorcio por consentimiento mutuo (EDI2016-0906) de 2016 con Keyla Acevedo Aquino. Un punto clave de controversia surgió en relación con un inmueble cedido a la señora Acevedo Aquino en la sentencia de divorcio. El señor Martínez Soto argumentó posteriormente que la propiedad era un bien privativo suyo y solicitó sentencia sumaria en el foro de instancia. El Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de sentencia sumaria el 19 de agosto de 2024 y, posteriormente, denegó la reconsideración. El señor Martínez Soto presentó esta petición de certiorari, alegando que el foro de instancia erró al no dictar sentencia sumaria a pesar de su reclamo de falta de controversia de hechos y una oposición tardía. El Tribunal de Apelaciones detalla la naturaleza discrecional del remedio de certiorari y los criterios específicos (Regla 40) que considera al decidir si expedir el auto. Habiendo recibido las comparecencias de ambas partes, el Tribunal indica que está en posición de resolver la petición.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de exequátur. McKenzie Capital, LLC apeló la desestimación de su acción para validar una sentencia de Florida contra N&N Enterprises, Inc. La apelante intentó sin éxito emplazar personalmente a la apelada. Ante la imposibilidad, solicitó autorización para emplazar por edicto, presentando declaraciones juradas que detallaban sus gestiones infructuosas y argumentando cumplimiento con la Regla 4.6. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de emplazamiento por edicto sin indicar razón alguna. Tras la denegatoria y la expiración del plazo legal para emplazar, el foro primario desestimó la acción sin perjuicio. McKenzie Capital apeló, alegando que cumplió con todos los requisitos para el emplazamiento por edicto y que el tribunal erró al denegarlo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que desestimó una demanda por despido constructivo. El apelante, Dr. Kevin Leder, demandó a varios administradores y entidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Alegó que fue objeto de acusaciones falsas y hostigamiento por parte de la directora de su departamento, lo que, según él, lo forzó a retirarse. La demanda incluía reclamos por despido constructivo, discriminatorio, violación de debido proceso y daños. Los demandados solicitaron la desestimación argumentando falta de capacidad legal de una entidad, insuficiencia de alegaciones contra otros y falta de mérito en las imputaciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no exponer una reclamación que justificara un remedio. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega un recurso de certiorari presentado por Israel López Jiménez. El peticionario solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar a su moción de desestimación de una acusación por violación a la Ley de Tránsito. La moción de desestimación se basaba en la alegación de que el único testigo en la vista de causa probable no fue juramentado adecuadamente antes de testificar. El foro primario denegó la desestimación, argumentando que la determinación de causa se sustentó tanto en el testimonio como en la denuncia juramentada del agente, y que se le recordó al testigo su juramento previo. El Tribunal de Primera Instancia también señaló que la vista de causa probable no debe equipararse a un juicio. Tras analizar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluye que no procede expedir el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari. El peticionario, Christian Rafael Álamo Alicea, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha resolución denegó su moción para desestimar una denuncia por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes (Art. 7.02, Ley 22). El peticionario argumentó que la prueba presentada en la vista preliminar fue deficiente. Sus fundamentos incluyeron la supuesta falta de identificación del conductor, la ausencia de certificación del operador del Intoxilyzer y el incumplimiento con protocolos de pruebas de sobriedad. El Ministerio Público se opuso a la desestimación, sosteniendo que se presentó prueba suficiente para establecer los elementos del delito. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar los argumentos y la evidencia, declaró No Ha Lugar la moción de desestimación y una posterior solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar los argumentos de las partes en el certiorari, denegó el recurso presentado por el peticionario.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Von Heidl QOF 2, LLC recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó por falta de jurisdicción una demanda de cobro de dinero y daños presentada contra el Consejo de Titulares del Condominio Caribbean Sea View. Von Heidl reclamaba el reembolso de gastos incurridos en reparaciones estructurales y daños por alegada inacción del Consejo. El Consejo solicitó la desestimación argumentando que la reclamación era una impugnación de su inacción y que la jurisdicción primaria o exclusiva correspondía al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) bajo la Ley de Condominios. Von Heidl se opuso, alegando que el TPI sí tenía jurisdicción basándose en el historial de litigios y reglamentación aplicable. El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento del Consejo y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio entre Emmanuel Orengo Cruz y Esther Marie Rodríguez Velázquez. El tribunal revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, sobre pensión alimentaria. Dicha resolución determinó la existencia de una deuda de pensión alimentaria a favor de los hijos menores de la pareja. Además, el foro primario impuso al señor Orengo un plan de pago para satisfacer esta deuda pasada. El señor Orengo solicitó la revisión de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso fue acogido como un certiorari. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida. El dictamen valida la existencia de la deuda de pensión alimentaria y el plan de pago establecido por el tribunal de primera instancia.

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Se trata de una sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico que resuelve la apelación presentada por el señor Daniel Merced Mader. El apelante impugna una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que reafirmó la adopción final de las recomendaciones de un Informe Social Forense. Dicho informe fue ordenado en un caso post-divorcio relativo a la custodia, relaciones filiales y patria potestad de un menor. Las recomendaciones incluyeron mantener la custodia con la madre, establecer un régimen de visitas y pernoctas, distribuir periodos festivos y sugerir terapias. El informe también advirtió al padre sobre el consumo de alcohol durante las relaciones filiales. El señor Merced había presentado previamente una moción impugnando dicho informe en el foro primario. El tribunal apelativo, por los fundamentos expuestos, confirma la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Noel Torres Aragonés. El peticionario impugnó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación de una acusación. La acusación es por infracción al Art. 127-B del Código Penal, maltrato a persona de edad avanzada mediante amenaza. El señor Torres argumentó la carencia de prueba del elemento de amenaza y que la amenaza imputada no figuraba en la denuncia original. La denuncia inicial era por maltrato (Art. 127-A) basado en agresión física y un insulto. Sin embargo, la vista preliminar determinó causa probable por maltrato mediante amenaza, incorporando una supuesta amenaza de muerte en la acusación posterior. El Ministerio Público se opuso a la desestimación, defendiendo su derecho a enmendar la acusación. El foro primario concluyó que se habían establecido los elementos del delito imputado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso y la oposición, expide el auto solicitado. La sentencia confirma la resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar la moción de desestimación.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por Annette Christine Vivoni Beaty y otros, impugnando una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de sucesiones. La controversia surge tras el fallecimiento de un codemandado, William Burch, y la subsiguiente enmienda a la demanda para incluir a sus presuntos herederos y herederos desconocidos. El Tribunal de Primera Instancia aceptó la tercera demanda enmendada y ordenó el emplazamiento por edicto de los herederos desconocidos ante la incertidumbre sobre la sucesión. Los peticionarios se opusieron, alegando que el padre del fallecido podría ser el único heredero indispensable. Mediante este recurso, los peticionarios solicitaron la revisión de dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Tomás González González contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, confinado en la Institución Las Cucharas, impugna una sanción disciplinaria impuesta por la agencia. Se le imputaron y encontró incurso en la violación de cuatro actos prohibidos (códigos 204, 207, 216, 233) tras una querella y vista administrativa. Tras denegarse su reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones. Su planteamiento principal es que el Departamento erró al sancionarlo sin realizar la investigación previa requerida por la Regla 12 del Reglamento Núm. 9221. El documento contextualiza la autoridad disciplinaria del Departamento bajo la Constitución de PR y el Reglamento Núm. 9221. Define "acto prohibido" y describe las conductas específicas por las que fue sancionado el recurrente, incluyendo disturbios, uso de lenguaje abusivo e interferencia con el recuento. La sentencia detalla el historial procesal administrativo y el fundamento legal del recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de certiorari sobre despido injustificado. La parte peticionaria, Colomer & Suárez, LLC, recurre una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación y prórroga, anotando su rebeldía. La controversia surge de un emplazamiento diligenciado fuera del distrito judicial, el cual indicaba erróneamente un término de diez días para contestar en lugar de los quince días que establece la ley para estos casos. La peticionaria argumentó que el emplazamiento defectuoso viciaba el proceso y privaba al tribunal de jurisdicción. El recurrido, Francisco Ortiz González, admitió el error en el término del emplazamiento, pero sostuvo que la peticionaria no contestó dentro del plazo legal de quince días, limitándose a solicitar la desestimación. El foro primario declaró no ha lugar la solicitud de desestimación y la prórroga, anotando la rebeldía de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones expide el auto solicitado y revoca la Resolución y Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Daviel Molina Santiago presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Orden relevó la anotación de rebeldía impuesta al Estado Libre Asociado (ELA) en un caso de sentencia declaratoria sobre multas de tránsito. La rebeldía se anotó porque el ELA no presentó su alegación responsiva dentro del término de 60 días. El ELA solicitó el relevo aduciendo trámites internos y cúmulo de trabajo, lo cual fue concedido por el TPI. El peticionario se opuso al relevo y solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario. Mediante el certiorari, el peticionario argumentó que el TPI erró al levantar la rebeldía sin justa causa y violando el término procesal. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso y la oposición del ELA, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Sentencia de un panel apelativo resolviendo una apelación presentada por la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). La AMA apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordenaba pagar horas extras a un grupo de sus empleados. Los empleados habían presentado una querella reclamando el pago de horas extras trabajadas en exceso de su jornada regular. La reclamación se basaba en varias leyes laborales, incluyendo la Ley Núm. 379-1948, la FLSA y la Ley Núm. 26-2017. La AMA se defendió alegando que los empleados solo tenían derecho a tiempo compensatorio con un término prescriptivo de seis meses y que requerían autorización previa. El TPI había concedido la sentencia sumaria a favor de los empleados, reconociendo el balance adeudado. La AMA argumentó en apelación contra esta decisión. Tras revisar los planteamientos, el panel apelativo decidió revocar la Sentencia emitida por el TPI.

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Comparece ante este foro el matrimonio López-Quiñones solicitando la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su Demanda Enmendada. Dicha demanda buscaba la nulidad de una Sentencia previa, notificada el 31 de mayo de 2019, que había acogido y aprobado un acuerdo transaccional entre las partes. Este acuerdo puso fin a un pleito anterior donde los apelantes intervinieron, alegando ser dueños de una propiedad en controversia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado por Belardo & Nieves. Los apelantes argumentaron que la Sentencia de 2019 era nula por falta de consentimiento de partes indispensables, notificación, fraude y debido proceso. Solicitaron la nulidad de la Sentencia, cobro de dinero y daños, y la inscripción de la propiedad a su favor. Belardo & Nieves solicitó la desestimación de la demanda actual basándose en cosa juzgada y estoppel, ya que el acuerdo transaccional de 2019 dispuso de la totalidad de las reclamaciones con perjuicio. El foro primario desestimó la demanda de nulidad. El panel apelativo revisó la decisión y confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de Certiorari presentado por Humacao Maintenance & Roofing Service, Inc. El peticionario impugnó una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en una demanda de subrogación. Dicha demanda fue instada por Nitza M. Aponte Ramos y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para recobrar gastos médicos por lesiones sufridas por la señora Aponte Ramos. Las lesiones fueron causadas por la exposición a gases tóxicos utilizados por el peticionario en trabajos de sellado de techo. Humacao Maintenance solicitó la desestimación argumentando la falta de agotamiento de trámites administrativos relacionados con una orden de liquidación. El foro primario declaró no ha lugar la desestimación. El peticionario presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, pero instó el recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones antes de que aquella fuera resuelta. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones ordena la desestimación del recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.