Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 269)

Resumen:

Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolida dos recursos relacionados con un caso de expropiación forzosa instado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). El procedimiento buscaba adquirir varias parcelas, incluyendo una participación del 25% propiedad de los apelantes. El caso fue paralizado en 2017 debido a la petición de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA. Posteriormente, el tribunal federal de quiebras levantó parcialmente la paralización para permitir que las partes resolvieran controversias de pago en el foro estatal. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional sobre la justa compensación por la propiedad expropiada. Dicho acuerdo fue sometido al Tribunal de Primera Instancia. No obstante, el foro primario emitió una orden indicando que el caso continuaba paralizado a pesar de la estipulación. Los apelantes solicitaron el retiro de los fondos acordados, lo cual fue denegado. Estos recursos de apelación cuestionan la determinación del Tribunal de Primera Instancia de mantener el caso paralizado e impedir el retiro de los fondos transigidos.

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Apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Roderic Steinkamp Mayoral recurre la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Ileana García Ayala por prescripción. También impugna una Orden que denegó el emplazamiento por edicto de Yolanda Velázquez. El apelante, titular de un apartamento, demandó a la Asociación de Condómines y su Junta Directiva. Alega haber sufrido daños económicos y morales por la inercia y negligencia de la Junta al no proveerle información sobre la reclamación al seguro del condominio por daños del Huracán María en su apartamento. Sostiene que la falta de información le obligó a reparar su apartamento a su costo. La parte apelada solicitó la desestimación argumentando que la acción judicial estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la desestimación contra Ileana García Ayala por considerar prescrita la reclamación. El apelante solicitó reconsideración, aclarando que la demanda versaba sobre la negligencia en la entrega de información, no sobre los daños del huracán directamente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración y la solicitud de emplazamiento por edictos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación en un caso de cumplimiento específico de contrato. Néstor E. Santiago Arvelo demandó a Rose y Nancy Binet Torres, alegando un contrato de $40,000 para comprar un terreno tras pagar $20,000. Rose Binet Torres negó el acuerdo de compraventa, afirmando que los $20,000 fueron una opción por la mitad de la propiedad. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el cumplimiento específico, dando credibilidad a la versión de Santiago Arvelo sobre un contrato de compraventa total. Rose Binet Torres apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial del caso, incluyendo el juicio y las determinaciones de hechos del tribunal inferior que apoyaron la reclamación de Santiago Arvelo sobre el precio de venta de $40,000 y el pago de $20,000. El documento anuncia la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca ordinaria. Firstbank Puerto Rico apeló la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda. La acción original buscaba ejecutar una hipoteca sobre una propiedad de Martha Elena Ramírez García. La demandada admitió la deuda pero controvirtió la legitimación de Firstbank como tenedor del pagaré y acreedor hipotecario, sugiriendo que actuaba solo como administradora. El foro primario desestimó la demanda de Firstbank basándose en este planteamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación apelada. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la desestimación de la demanda dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se devuelve al foro inferior para la continuación de los procedimientos. También se declara No Ha Lugar la moción de la demandada para desestimar la apelación.

Resumen:

El Dr. José R. Fernández solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Relevo de Sentencia. Dicha moción alegaba fraude por parte de la Sra. María J. Delgado Quiñones en la reclamación de lucro cesante prospectivo. El caso original, incoado por las Sras. Delgado Quiñones y Frances Norat Cruz, versaba sobre reclamaciones laborales y despido injustificado. Tras una apelación previa, este Tribunal modificó la sentencia inicial, declarando con lugar el despido injustificado de la Sra. Delgado Quiñones y devolviendo el caso al foro primario para cuantificar los daños. El peticionario presentó la moción de relevo luego de que el TPI dictara la sentencia enmendada con las cuantías. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso presentado por el Dr. Fernández como un certiorari. Sin embargo, tras evaluar los fundamentos, este Panel deniega la expedición del auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900416. El recurso fue presentado por Grisselle García Morales contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió una solicitud de sentencia sumaria a favor de la abogada Patricia Cordero Alcaraz en un pleito de cobro de dinero. La abogada reclamaba honorarios por servicios legales prestados a la señora García Morales en un caso de divorcio. La señora García Morales se opuso, alegando que los servicios fueron deficientes y presentó una reconvención reclamando la devolución de honorarios y daños. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existían controversias de hechos materiales y ordenó a la apelante pagar las sumas reclamadas. La señora García Morales apeló esta determinación. Tras revisar el tracto procesal y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso instado por Banco Popular de Puerto Rico. El Banco Popular apela una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca in rem. El tribunal de primera instancia desestimó la acción contra los demandados individuales y la sociedad legal de gananciales por falta de emplazamiento dentro del término de 120 días. Sin embargo, reconsideró y ordenó la continuación del caso contra la finca hipotecada. El Banco Popular argumenta que el tribunal de primera instancia erró al desestimar a los demandados individuales. Alega que el término de 120 días no aplicaba porque no se expidieron nuevos emplazamientos tras la demanda enmendada que añadió la finca. El tribunal de primera instancia había resuelto que una demanda enmendada no implica nuevos emplazamientos para partes ya emplazadas. Los apelados no presentaron alegato en respuesta al recurso. El Tribunal de Apelaciones revisará la decisión del foro primario basándose en el expediente y los planteamientos del apelante.

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Comparece el Sr. José R. Nieves Pérez apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró prescrita su causa de acción de cobro de dinero contra el Sr. Steven Rosado Morales. El apelante, un perito, demandó al apelado por honorarios profesionales impagos por servicios rendidos en un caso previo de daños y perjuicios del apelado. El perito había preparado un informe y comparecido a una vista, recibiendo un pago parcial inicial. Tras el acuerdo transaccional en el caso de daños, el perito presentó una factura final que el apelado se negó a pagar. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción de cobro estaba prescrita conforme a los artículos del Código Civil sobre honorarios profesionales. La sentencia apelada declaró prescrita la demanda e impuso honorarios de abogado al demandante. El Tribunal de Apelaciones modifica la imposición de honorarios de abogado. Así modificada, se confirma la sentencia apelada que declaró prescrita la causa de acción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso presentado por Daniel Rodríguez Rivera y Milca Felipe Martínez. Los apelantes demandaron a Roberto Rodríguez Cruz, Migdalia García Ruiz, su corporación, aseguradoras y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) por daños e incumplimiento de contrato. Alegaron que el desarrollador del Proyecto Hacienda Portal incumplió con los planos aprobados y causó deficiencias en la construcción y seguridad. Estas fallas resultaron en problemas para obtener permisos, vicios en la infraestructura y devaluación de su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda enmendada por cosa juzgada y falta de reclamación con remedio. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el panel judicial decidió modificar la sentencia apelada. En consecuencia, el caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900012. SAP, PR, Inc. (apelante) recurre la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la querella de despido injustificado instada por David Moreno Vélez (apelado). Moreno Vélez, representado por el Secretario del Trabajo, reclamó indemnización bajo la Ley Núm. 80 por despido sin justa causa. SAP alegó que el despido fue justificado, citando disciplina progresiva y abandono/insubordinación por ausencias no autorizadas. SAP presentó una solicitud de sentencia sumaria, argumentando que el despido fue justificado por desafiar la autoridad del supervisor y ausentarse sin permiso. El foro primario denegó la sentencia sumaria, identificando varias controversias fácticas materiales que impedían resolver el caso sumariamente. Entre las controversias se encontraban si las ausencias fueron autorizadas previamente, la cadena de mando, la naturaleza de las ausencias y su impacto en las operaciones. Estas controversias involucraban elementos de credibilidad que requerían un juicio. Tras la denegación de la sentencia sumaria, el caso procedió a juicio en su fondo. SAP apela la sentencia adversa resultante de dicho juicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, en el caso KLAN201900484. La apelación fue presentada por Héctor Alberto Aldarondo Rodríguez contra GILA LLC. (AUTO EXPRESO); ET ALS, relacionada con un caso de daños y perjuicios originado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El apelante, Héctor Alberto Aldarondo Rodríguez, presentó una "Moción de Desistimiento Voluntario" el 30 de mayo de 2019. El Tribunal, mediante sentencia de 31 de mayo de 2019, declaró Con Lugar dicha moción. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo del caso por desistimiento, conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación contra una decisión sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original buscaba anular un endoso para control de acceso y evitar el pago de cuotas relacionadas. Los demandantes son un esposo y los herederos de su esposa fallecida, co-titulares de una propiedad en una urbanización con control de acceso. Alegaban la invalidez del endoso firmado solo por el esposo, argumentando que la esposa no lo firmó. El TPI desestimó la demanda sumariamente, validando el endoso y la obligación de pago. El TPI concluyó que el esposo podía firmar por la esposa incapacitada o como acto de administración, que la acción para impugnar estaba prescrita, y que los herederos eran adquirentes voluntarios bajo la Ley 182-2016. El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del TPI. Determina que el endoso es válido y los demandantes están obligados al pago de las cuotas. Destaca que la propiedad nunca fue gravada de forma real por el endoso. La apelación impugna, entre otros puntos, la fecha en que se firmó el endoso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Efraín Carrero Vélez en un caso de divorcio. El peticionario impugnó determinaciones del Tribunal de Primera Instancia relativas a la imposición de costas, honorarios de abogado y una declaración de desacato. Alegó errores en la concesión de gastos y honorarios excesivos, así como haber sido encontrado en desacato sin la celebración de una vista. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar las determinaciones, el tribunal decidió modificar la Resolución u Orden recurrida. La modificación se limita a ordenar que se celebre una vista para atender la solicitud de desacato. El tribunal discute el estándar de revisión de la discreción judicial y la imposición de honorarios bajo la Regla 44.1. La decisión principal busca asegurar el debido proceso en el procedimiento de desacato.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Eduardo M. Medina Sánchez, solicita la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden mantuvo un embargo sobre su cuenta bancaria para satisfacer una sentencia por incumplimiento de contrato. La sentencia original fue dictada en rebeldía contra el peticionario, condenándolo al pago de \$7,860.00. El peticionario alegó ante el TPI que no fue debidamente emplazado ni notificado de la demanda o el embargo. Tras varias mociones y la negativa del TPI a levantar el embargo y reconsiderar, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso presentado como una petición de certiorari. Procederá a examinar la comparecencia y el derecho aplicable para disponer del recurso.

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José Antonio García Colón presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio sobre pensión alimentaria. El tribunal primario le requirió pagar la pensión regular, un plan de pago y una suma adicional de $1,000 para la fecha de una vista. El peticionario impugnó el pago adicional de $1,000, alegando que no se consideró su capacidad económica. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un Certiorari y procedió a evaluar su jurisdicción. Determinó que el recurso fue presentado de forma prematura. Conforme a derecho, un recurso prematuro adolece de falta de jurisdicción y debe ser desestimado. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Consecuentemente, denegó la solicitud de paralización de los procedimientos. No obstante, aceptó la petición para litigar como indigente.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida varios recursos de certiorari. El caso original es una acción de mandamus y cobro de dinero presentada por proveedores de salud contra el Estado Libre Asociado (ELA). Los demandantes reclaman el reembolso de gastos incurridos en servicios de Medicaid no cubiertos por el Gobierno Federal. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencias parciales ordenando al ELA el pago de la deuda. La controversia se centró en la aplicación de la Ley Núm. 66-2014 para el pago de estas sentencias. El Tribunal de Apelaciones ya había confirmado previamente la aplicabilidad de dicha ley. Sin embargo, revocó el plan de pago inicial del foro primario y devolvió el caso para que se estableciera uno conforme a la ley. La presente Sentencia revisa una Resolución posterior del Tribunal de Primera Instancia emitida tras esa devolución. El Tribunal evalúa si el foro primario incurrió en abuso de discreción al emitir la resolución recurrida. El litigio se enfoca en la ejecución y el método de pago de las deudas reconocidas a los proveedores de salud bajo el marco de la Ley 66-2014.

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Compareció ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Nazareno Enterprises y otros contra Condado 6, LLC, impugnando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón sobre cobro de dinero y ejecución de hipotecas y gravamen mobiliario. Los apelantes solicitaron la revocación de la sentencia emitida en diciembre de 2018. Posteriormente, el 28 de mayo de 2019, la parte apelante presentó una solicitud de desistimiento con perjuicio. Indicaron haber alcanzado un acuerdo que finiquitó todas las controversias del pleito. En respuesta a la solicitud, el Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la petición de desistimiento. Ordenó el archivo del caso KLAN201900249 con perjuicio. La decisión se basó en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. No se impusieron costas u honorarios de abogado de forma especial. La sentencia fue emitida el 31 de mayo de 2019.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve la apelación presentada por Carmen G. Szendrey Ramos contra First Bancorp y First Bank P.R. La apelación busca revocar una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de la señora Szendrey Ramos. Dicha demanda se relaciona con su despido del Banco en octubre de 2005, alegando sentencia declaratoria, despido, discrimen, represalias y daños y perjuicios. La señora Szendrey Ramos, quien era Vicepresidenta Senior y Asesora Legal General, fue despedida tras investigar irregularidades y violaciones al Código de Ética del Banco por parte de altos oficiales. La investigación involucró documentos antedatados y fue seguida por acciones de la SEC contra el Banco y sus ejecutivos. El Tribunal de Primera Instancia había acogido el informe de un Comisionado Especial y desestimado el caso. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso involucra a la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado, originado por una reclamación de reembolso por servicios de Medicaid. El foro primario había ordenado el pago de la deuda mediante sentencias parciales. Surgió una disputa sobre la aplicación de la Ley Núm. 66-2014 a estas sentencias. Previamente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la aplicabilidad de la ley pero revocó el plan de pago establecido por el Tribunal de Primera Instancia. El caso fue devuelto para que se fijara un plan de pago conforme a la Ley 66-2014. Las partes solicitan ahora la revisión de una resolución posterior del foro primario relacionada con este proceso. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la actuación recurrida constituyó un abuso de discreción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La peticionaria, Carmen Luz Santos Rivera, demandó a Supermercado Máximo, Inc. tras sufrir una agresión en su estacionamiento. Alega negligencia por falta de seguridad adecuada en el establecimiento. Durante la etapa de conferencia con antelación al juicio, el Tribunal de Primera Instancia denegó a la peticionaria incluir como prueba información sobre delitos previos en el área del supermercado. Esta prueba buscaba sustentar su reclamación de negligencia. La señora Santos recurrió esta decisión mediante un auto de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los escritos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto. Procedió a revocar la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto permite a la peticionaria incluir la prueba denegada previamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Apelación. La apelación fue presentada por Carmen Milagros Martínez Nieves contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original es una demanda por Daños y Perjuicios relacionada con una caída sufrida por Rosa Nieves Ocasio en un Supermercado Amigo. Las demandantes alegaron que la caída se debió a la negligencia del supermercado. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor de los demandados, al determinar que la prueba no demostró negligencia ni nexo causal. La parte apelante solicitó la revocación de esta decisión. Tras revisar los escritos, documentos y deposiciones, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía confirmar la sentencia apelada. La decisión ratifica que no se probó la negligencia alegada ni el vínculo causal con la caída.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atendiendo una petición de certiorari. Los peticionarios, Gamalier Colón Morales, Daniel Díaz Torres y Aneudi Joel López Torres, impugnaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Los casos criminales involucran cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Los peticionarios solicitaron la supresión de evidencia, argumentando que fue obtenida ilegalmente sin orden judicial ni sospecha fundada. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista donde un agente testificó sobre la vigilancia y las expresiones escuchadas. Dicho tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de supresión de evidencia. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación mediante el auto de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los esposos Cintrón Santini para apelar una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda sobre Deslinde y Amojonamiento contra los esposos Rodríguez Roselló. Los apelantes adquirieron un predio rústico en 1974 mediante documento privado, condicionado a segregación, mientras que los apelados adquirieron un predio colindante en 1978 mediante escritura pública. En 1980, los apelados edificaron su casa y cercaron su propiedad, delimitando la colindancia con conocimiento de los apelantes. Esta verja ha permanecido inalterada desde entonces. Los apelantes formalizaron su compraventa en 2008, casi 28 años después del documento privado. Desde 1980 hasta 2014, no hubo incidentes ni reclamos judiciales sobre las colindancias. En 2015, los apelantes instaron la acción de deslinde alegando linderos confusos. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada que desestimó la demanda de deslinde.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de certiorari presentado por Rafael Rivera Crespo. El Peticionario buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud suya. La Orden del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 18 de enero de 2019. El recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado el 26 de febrero de 2019. El Tribunal de Apelaciones ordenó al Peticionario mostrar causa por la cual el recurso no debía ser desestimado por presentación tardía. Tras conceder un término adicional debido a un error de notificación, el Peticionario no cumplió con la orden de mostrar causa. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de certiorari. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción debido a que el recurso fue presentado fuera del término legal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Violencia Doméstica bajo la Ley Núm. 54. El caso surge de una petición de orden de protección presentada por Melvin Torres Padilla contra Rosana Otaño López. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) expidió inicialmente una orden de protección *ex parte* y una orden para recoger pertenencias. La señora Otaño solicitó la desestimación, planteando fallas procesales y alegando que el señor Torres había intentado comunicarse *ex parte* con la jueza asignada. El TPI no abordó los graves planteamientos de la señora Otaño, pero celebró una vista en su fondo. Tras la vista, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de orden de protección del señor Torres. No obstante, el TPI denegó la solicitud de la señora Otaño para que se le impusieran las costas del litigio al señor Torres. La señora Otaño recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la denegatoria de costas. El Tribunal de Apelaciones acordó expedir el auto y revocó la Resolución del TPI que denegó la imposición de costas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria Parcial en un caso de daños y perjuicios relacionado con el proyecto del Tren Urbano. La demanda fue instada por Golden Mile Development contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y sus aseguradoras, incluyendo AIG. Golden Mile reclamó daños y pérdida de ingresos debido a la alegada ocupación ilegal de su terreno remanente por un contratista de ACT. Las partes resolvieron previamente la reclamación por daños físicos, con AIG realizando un pago. Sin embargo, continuaron litigando la reclamación por pérdida de ingresos y el alegado derecho a cobrar renta por la ocupación. Se estipuló que el contratista ocupó el terreno sin autorización de ACT y que no existía un contrato de arrendamiento entre ACT y Golden Mile. La controversia pendiente giró en torno a la responsabilidad de ACT por estos daños económicos. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria a favor de Golden Mile sobre este particular, decisión que fue apelada por AIG. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca el dictamen sumario apelado.

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El señor Joel Muñiz Aybar comparece solicitando dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Reconsideración. Dicha Reconsideración buscaba revisar una decisión previa del foro primario que declaró "Nada que Resolver" sobre una Moción Informativa del peticionario. El peticionario había presentado una Solicitud de Nulidad de Sentencia de 2015, alegando que la parte demandante original carecía de capacidad jurídica por ser una entidad supuestamente inexistente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la Reconsideración, apercibiendo al peticionario sobre temeridad, cosa juzgada y fraccionamiento de causas, refiriéndose a una sentencia final y firme y un recurso de certiorari anterior (KLCE201701381) donde el peticionario ya había recurrido sin éxito. Inconforme con la negativa del foro primario a conceder el relevo de la sentencia, el peticionario alega ante este panel que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente la doctrina de cosa juzgada. La parte recurrida solicitó la desestimación del recurso. Por los fundamentos expuestos, este panel deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Jorge David Santos Rivera, supervisor municipal, solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su moción de desestimación en un pleito por daños y represalias. La demandante, Issa D. Ceara Almodóvar, empleada bajo su supervisión, lo demandó personalmente. Alegó que Santos Rivera la represalió al eliminarle funciones tras ella denunciar acoso sexual por otro empleado. También lo demandó por negligencia bajo el Código Civil por no atender sus quejas sobre dicho acoso. Santos Rivera argumentó que la demanda no exponía una reclamación personal válida bajo la Ley de Represalias. El Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari y revocar la orden del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve dos apelaciones consolidadas (KLAN201601916 y KLAN201601926). Los recursos provienen de un caso de daños y perjuicios (ABCI201301444) incoado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada. Las partes principales son Armando Acevedo Pérez y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón. El Sr. Acevedo Pérez demandó a la Cooperativa alegando incumplimiento de contrato y daños. Sostuvo que compró una propiedad basándose en el compromiso de la Cooperativa de legalizar el permiso de construcción y proveer certificaciones para el permiso de uso. Alegó que el incumplimiento de la Cooperativa le impidió obtener desembolsos de un préstamo de construcción, generándole gastos por intereses. La Cooperativa admitió la comunicación sobre el permiso, pero negó haberse comprometido a proveer las certificaciones. Ambas partes apelaron la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos por compartir hechos y derecho. El Tribunal de Apelaciones procederá a modificar la sentencia apelada.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un pleito de cobro de dinero. Los peticionarios demandaron a los recurridos alegando préstamos personales no pagados. Los recurridos se defendieron argumentando que el dinero recibido fue un adelanto de su herencia, no un préstamo. Esta defensa afirmativa fue objeto de una moción de los peticionarios para eliminarla. Los peticionarios argumentaron que la defensa era improcedente tras la desestimación previa de una reconvención sobre partición hereditaria y otros argumentos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud para eliminar la defensa. Los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para revisar dicha determinación. El documento describe el historial procesal del caso y la controversia central sobre la naturaleza del dinero recibido. La resolución del Tribunal de Apelaciones evalúa la decisión del foro primario respecto a la validez de la defensa de adelanto hereditario en el pleito de cobro de dinero.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de expropiación forzosa instado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) contra varios propietarios, incluyendo a los apelantes. El procedimiento se paralizó inicialmente debido a la petición de quiebra de ACT bajo el Título III de la Ley PROMESA. Posteriormente, el tribunal federal de quiebras levantó parcialmente la paralización para permitir que el tribunal estatal resolviera cualquier controversia relacionada con el pago de la justa compensación. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional sobre el valor de las parcelas expropiadas, estipulando una suma específica para la participación de los apelantes. Basándose en este acuerdo, los apelantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) el retiro de los fondos consignados. Sin embargo, el TPI denegó la solicitud, indicando que el caso continuaba paralizado a pesar del acuerdo y el levantamiento parcial de la paralización federal. Los apelantes recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones, dando lugar a la consolidación de este recurso con otro relacionado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Joseph Izzo Hernández. El señor Izzo solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para anular o modificar sentencias de 2000. Dichas sentencias fueron impuestas por delitos de robo y violación a la Ley de Armas. Izzo Hernández alegó que las penas eran excesivas según el Código Penal de 1974 y cuestionó el manejo procesal de sus casos. Argumentó también que el tribunal inferior debió concederle una vista argumentativa. El Tribunal de Primera Instancia había rechazado su solicitud, validando las sentencias originales dictadas tras un preacuerdo. El Estado defendió la legalidad de las penas, señalando la aplicación de la reincidencia habitual. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El litigio surge de una demanda presentada por los padres de un menor contra el director de una escuela, Tito Morales Martínez, y la Christian Private Academy. La reclamación se basa en una agresión física supuestamente perpetrada por el director contra el estudiante en las escaleras de la escuela. El Tribunal de Primera Instancia encontró responsable al director por los daños, pero desestimó la acción contra la escuela y su aseguradora. Ambas partes apelaron la decisión del TPI ante el Tribunal de Apelaciones. Tras examinar los recursos, la prueba y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar en parte y revocar en parte la sentencia apelada. El caso será devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que realice determinaciones adicionales.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel X, resolviendo apelaciones consolidadas presentadas por Armando Acevedo Pérez y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón. Ambos recursos buscan la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre daños y perjuicios. El pleito original fue instado por el Sr. Acevedo Pérez contra la Cooperativa y otros, alegando incumplimiento de contrato y vicios ocultos relacionados con la compra de una propiedad. El demandante sostuvo que la Cooperativa se comprometió a legalizar el permiso de construcción y proveer certificaciones para obtener un permiso de uso y desembolsar fondos de un préstamo de construcción. Alegó que el incumplimiento de la Cooperativa le impidió finalizar la construcción y le causó daños económicos. La Cooperativa aceptó haber comunicado sobre la legalización del permiso pero negó haberse comprometido a proveer las certificaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los planteamientos de ambas partes. Por los fundamentos expuestos, procede modificar la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Winston Ramírez Delgado contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. El caso se originó por una demanda del Municipio de Lajas relativa a una verja construida por el Sr. Ramírez. El Municipio alegó que la verja fue construida ilegalmente y que invadía un camino municipal. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del Municipio, determinando que la verja carecía de los permisos necesarios y fue construida ilegalmente. En consecuencia, el foro primario ordenó la demolición de la verja, la remoción de escombros, la reparación de la calle dañada y el pago de honorarios de abogado por temeridad. El Sr. Ramírez apeló esta decisión tras serle denegadas mociones de desestimación y reconsideración por el tribunal inferior. El proceso en primera instancia incluyó una inspección ocular y un juicio con testimonio de testigos. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la sentencia apelada basándose en los fundamentos que expondrá.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa las Sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia contra Daniel Cintrón Rodríguez. El señor Cintrón fue declarado culpable de infringir los Artículos 2.8 (incumplimiento de orden de protección) y 3.2 (maltrato agravado) de la Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica. Los hechos imputados incluyeron violencia física contra la perjudicada y la violación de una orden de protección mediante mensajes de texto. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas de ocho y tres años de reclusión, a cumplirse de forma consecutiva. El apelante recurrió alegando insuficiencia de prueba, parcialidad del tribunal y abuso de discreción en la imposición de las penas consecutivas. También impugnó la denegación de su solicitud de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los argumentos, confirmó las Sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El recurso surge de una demanda presentada por los padres de un menor contra el director de una escuela, la escuela y otros. La demanda alega que el director agredió físicamente al menor en las instalaciones escolares. El Tribunal de Primera Instancia encontró responsable al director por los daños, pero desestimó la reclamación contra la escuela y su aseguradora. Tanto los demandantes (padres) como el demandado (director) apelaron la sentencia de instancia. El Tribunal de Apelaciones examinó los escritos, la prueba y el derecho aplicable. El panel apelativo resolvió confirmar en parte y revocar en parte la Sentencia apelada. Además, el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que realice determinaciones adicionales.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El apelante, Aneury Báez Eliza, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución desautorizó la representación legal de su abogada, la licenciada Griselle Sepúlveda. La desautorización se basó en un conflicto de intereses con la trabajadora social asignada al caso. La trabajadora social, Karina Zayas Pérez, informó que la licenciada Sepúlveda la había representado previamente en un asunto personal. Tanto la trabajadora social como la abogada reconocieron el conflicto y solicitaron la reasignación de la trabajadora social. El Tribunal de Primera Instancia optó por desautorizar a la abogada, argumentando que fue contratada después de iniciada la investigación social. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari para revisar esta orden interlocutoria. El asunto central es la validez de descalificar a un abogado por un conflicto con un funcionario auxiliar del tribunal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve recursos de certiorari consolidados (KLCE201700094, KLCE201700105, KLAN201700141). Los recursos solicitan la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de mandamus, sentencia declaratoria y cobro de dinero. La Asociación de Salud Primaria y otros proveedores demandaron al Estado Libre Asociado (ELA) por el reembolso de gastos de Medicaid no cubiertos federalmente. Tras sentencias parciales a favor de los demandantes, el ELA invocó la Ley Núm. 66-2014 para el pago de la deuda. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones confirmó la aplicabilidad de dicha ley pero revocó el plan de pago inicial, devolviendo el caso al foro primario para establecer un plan conforme a la ley. Los presentes recursos buscan la revisión de la resolución subsiguiente del Tribunal de Primera Instancia que estableció dicho plan de pago. El Tribunal de Apelaciones ejerce su facultad discrecional de certiorari para evaluar la actuación del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari sobre una reclamación laboral bajo la Ley Núm. 2. La peticionaria solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de anotación de rebeldía contra los recurridos. La acción original incluía reclamaciones por daños, despido injustificado y otros derechos laborales. La peticionaria argumentó que los recurridos no contestaron la demanda dentro del término de quince días que establece la Ley Núm. 2. Los recurridos presentaron una moción de desestimación en lugar de una contestación. El Tribunal de Primera Instancia denegó tanto la moción de desestimación como la solicitud de rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisó la denegatoria de la rebeldía, destacando el carácter sumario y los términos estrictos de la Ley Núm. 2. El Tribunal concluye que el TPI erró al denegar la anotación de rebeldía. Por tanto, se expide el auto de certiorari y se revoca la Orden recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Amós Acevedo Silva, confinado, impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha orden le exigía presentar una solicitud de documentos legales, específicamente el veredicto del jurado, a través de un abogado. El peticionario alegó que esta exigencia era errónea, onerosa e injusta, contraviniendo su derecho a comparecer por derecho propio. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso. Determinó que la controversia era propicia para su consideración mediante certiorari. El Tribunal procedió a expedir el recurso solicitado. Finalmente, resolvió revocar la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La decisión implica que el requisito de representación legal para una solicitud simple de documentos por parte de un confinado fue considerado improcedente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800883. DANTZER, INC. apeló una sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia en una acción civil sobre rescisión de contrato. Dantzler había obtenido previamente una sentencia de cobro de dinero contra José A. Meléndez Castro y Lourdes Martínez de la Rosa. Posteriormente, los esposos Meléndez Martínez vendieron una propiedad a su hija, Kassandra Meléndez Martínez. Dantzler alegó que esta venta fue realizada en fraude de acreedores y solicitó la rescisión del contrato de compraventa y del préstamo hipotecario asociado. La compraventa fue financiada por un banco hipotecario cuya garantía fue inscrita en el registro antes que cualquier embargo de Dantzler. Kassandra Meléndez Martínez se declaró en quiebra, y el síndico abandonó la propiedad objeto del litigio. Tras revisar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la acción de Dantzler.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación forzosa. El litigio se originó por la expropiación de una propiedad en Loiza y el posterior desistimiento del Estado. La controversia actual gira en torno al descubrimiento de prueba sobre la justa compensación y los daños. PFZ Properties, Inc. (PFZ) cursó un Requerimiento de Admisiones al Estado. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden dando por admitido dicho requerimiento contra el Estado. El Estado solicitó la revisión y revocación de esta orden ante el tribunal superior. Las partes discreparon sobre los plazos para el intercambio de informes periciales y la contestación a otros descubrimientos. El Estado alegó dificultades operacionales post-huracán y cambios de personal como causas de sus demoras. El tribunal superior expide el auto solicitado por el Estado. Se revoca la Orden del Tribunal de Primera Instancia que dio por admitido el Requerimiento de Admisiones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Considera un recurso de certiorari presentado por El Pueblo de Puerto Rico. El recurso busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha resolución acogió una moción de supresión de evidencia presentada por Joshua J. Rodríguez Cortés. Rodríguez Cortés enfrenta cargos por posesión de sustancia controlada, incendio agravado y destrucción de pruebas. El Ministerio Público argumentó que la intervención policial que llevó a la incautación de evidencia estuvo justificada por una situación de emergencia (un incendio). La prueba desfilada incluyó el testimonio de un sargento sobre la respuesta a alarmas de fuego y humo, la entrada forzada a un apartamento y el hallazgo de una lata quemándose en la bañera. Tras revisar el expediente y los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria confirma la decisión del Tribunal de Primera Instancia de suprimir la evidencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de daños y perjuicios. Un padre apeló la desestimación de su demanda contra su exesposa. Alegaba que ella había incurrido en un patrón de conducta para alejarlo de sus hijos y obstaculizar su patria potestad. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda contra la madre aplicando la doctrina de inmunidad intrafamiliar. El Tribunal de Apelaciones determinó que dicha doctrina no era aplicable a esta acción. Consideró que el padre podría tener derecho a un remedio. Por tanto, concluyó que no procedía la desestimación sumaria del caso. Revocó la sentencia apelada en cuanto a la reclamación dirigida a la exesposa. La desestimación contra otros codemandados se mantuvo.

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Se revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó a Palmas del Mar y Palmas Plantation Homeowners Associations emitir nuevas certificaciones de deuda por cuotas de mantenimiento. Banco Popular de Puerto Rico, adquirente involuntario de propiedades mediante subasta, demandó a las asociaciones alegando que su crédito hipotecario era preferente y que su responsabilidad por cuotas de mantenimiento estaba limitada por ley y jurisprudencia. BPPR solicitó que se declarara su estatus de adquirente involuntario y la limitación de su deuda a seis meses previos o desde la adquisición, dependiendo de la propiedad, y que futuros compradores solo debían desde su adquisición. El TPI acogió la demanda de BPPR, aplicando la Ley 119-2016 a una propiedad y el caso *Vázquez Morales* a la otra, según sus fechas de adquisición. El TPI ordenó a las asociaciones emitir certificaciones de deuda ajustadas a estas limitaciones. Las asociaciones apelaron esta decisión. El panel apelativo confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.