Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 261)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación presentado por Eurípides Del Villar Rosario en un caso de desahucio. El apelante compareció por derecho propio y solicitó litigar como indigente, lo cual fue concedido. Aunque se reconoce el acceso a la justicia y la representación por derecho propio, el tribunal subraya la obligación de cumplir con las reglas procesales. Tras revisar el escrito, el tribunal lo encontró confuso y deficientemente perfeccionado. El recurso carecía de un dictamen específico del Tribunal de Primera Instancia para revisar, una relación de hechos, señalamientos de error y argumentos legales con referencias. Estas omisiones incumplieron la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ante la imposibilidad de aquilatar el reclamo o determinar su jurisdicción debido a estas deficiencias, el tribunal desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento craso con la obligación de perfeccionar adecuadamente la apelación, conforme a la Regla 83. Adicionalmente, se señaló que el recurso fue presentado en inglés, contraviniendo el principio de que los procedimientos judiciales deben ser en español.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. El caso original trataba un interdicto posesorio y reclamación de daños. Los apelantes, esposos Rodríguez-Romero, demandaron a los apelados, esposos Curbelo-Rivera y Samuel Curbelo Rivera, alegando interferencia con la posesión pacífica de su propiedad. Los apelados admitieron haber colocado barreras físicas, pero sostuvieron ser los propietarios del terreno en controversia. Argumentaron que no procedía el interdicto posesorio ni los daños reclamados por los apelantes. Uno de los apelados presentó una reconvención por daños, alegando que la demanda era frívola. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes y sus reclamos de daños. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, detallándose en el documento el historial procesal del litigio.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Marisol Báez Rodríguez para impugnar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Union Holding, Inc. Báez había demandado por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, alegando que trabajó como contratista independiente y se le adeudaban comisiones por clientes y renovaciones. Union Holding, Inc. sostuvo que Báez fue empleada que renunció y no tenía derecho a comisiones posteriores a su salida. Tras la presentación de prueba por parte de Báez en el juicio, el foro de primera instancia desestimó la demanda al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil (Non Suit), al considerar que la prueba desfilada no ameritaba la concesión de un remedio. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación y las alegaciones de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia de desestimación emitida por el tribunal de primera instancia.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia enmendada del Tribunal de Primera Instancia. Argumentan que la parte demandante, ACM Cayman, no presentó una fianza de no residente válida conforme a la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. Un panel anterior de este Tribunal había ordenado a la demandante acreditar el pago de dicha fianza. La demandante presentó un documento de fianza firmado por la aseguradora pero no por ella misma. A pesar de esto, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia indicando que la fianza había sido consignada. Los apelantes sostienen que la fianza era inoficiosa y que el caso debió permanecer en suspenso hasta el cumplimiento adecuado de la orden apelativa. La controversia central gira en torno a la validez de la fianza presentada y la actuación del foro primario al dictar sentencia.

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Este recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, Panel I, proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la liquidación de bienes gananciales tras un divorcio. La Sentencia apelada excluyó el hogar seguro de los menores de la liquidación, manteniéndolo en indivisión con la hipoteca solidaria. Además, determinó que el apelante, Edgar Ramírez Rosario, adeuda a la apelada, Jeanette Rivera Santiago, la suma de \$11,467.00 por la liquidación post ganancial. El apelante impugnó la decisión alegando adjudicación de bienes privativos, falta de crédito por el salario de la apelada y rechazo de evidencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia. La confirmación se basó principalmente en que el apelante no cumplió con los requisitos reglamentarios para la transcripción de la prueba oral del juicio. Al no presentar la transcripción, el foro apelativo no pudo revisar las determinaciones de hecho del tribunal primario, las cuales se presumen correctas y se basan en la apreciación de la credibilidad de los testigos. La falta de perfeccionamiento del recurso impidió la revisión de los alegados errores fácticos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El caso fue iniciado por Dean Velázquez López contra Pep Boys of PR, Inc. por despido injustificado y represalias. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella al conceder una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de Pep Boys. Determinó que el señor Velázquez no controvirtió los hechos que justificaron su despido ni demostró los elementos de una causa de acción por represalias. El señor Velázquez apeló, alegando errores del TPI al declarar ha lugar la sentencia sumaria y desestimar sus reclamaciones bajo la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 115. Pep Boys defendió la sentencia apelada. Tras revisar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El caso se inició el 18 de julio de 2018 con una demanda presentada por WDC contra Tecnodisa, el Sr. Juan Ramón Gómez Díaz, su esposa y la sociedad legal de bienes gananciales. WDC reclamó el cobro de \$620,050.00 por la venta de cables, alegando el incumplimiento de un contrato de repago. La demanda adujo que la deuda era líquida y exigible, y que WDC sufrió daños directos por el incumplimiento. Se alegó además que se proveyó una fianza fraudulenta para garantizar el contrato. WDC sostuvo que el Sr. Gómez era el alter ego de Tecnodisa y solicitó descorrer el velo corporativo, reclamando responsabilidad solidaria de los codemandados por los daños. WDC pidió al tribunal ordenar el cumplimiento específico del contrato y condenar a los demandados al pago de la deuda, intereses y cuantiosos daños por incumplimiento y dolo. En respuesta, la Parte Apelada presentó una Moción de desestimación. Alegaron falta de jurisdicción o la aplicación de la doctrina *forum non conveniens*. Sostuvieron que la demanda debía desestimarse por no tener contacto con la jurisdicción de Puerto Rico.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones revisa la determinación de daños realizada por el Tribunal de Primera Instancia. La acción original fue presentada por Toledo Boneta Dairy, Inc. contra Ganaderos Alvarado, Inc. y otros por daños y perjuicios debido a la pérdida de ganado causada por negligencia. Tras un juicio, el TPI inicialmente desestimó la demanda, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó al TPI cuantificar los daños. El TPI adjudicó sumas específicas por animales muertos, lucro cesante y tratamiento veterinario. Los demandados apelaron esta determinación, alegando errores en la valoración de los animales y el cálculo del lucro cesante. El Tribunal de Apelaciones, aplicando el estándar de revisión para cuantías de daños, concluyó que las determinaciones fácticas del TPI sobre los daños sufridos no fueron claramente erróneas. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de despido injustificado. La apelada, Cristie Pérez Rodríguez, fue despedida por St. Lukes Memorial Hospital tras un incidente con otra empleada. Reclamó que su despido fue injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 1976. El Tribunal de Primera Instancia falló a su favor, concluyendo que la agresión alegada no constituyó justa causa para el despido. El Hospital apeló esta decisión, señalando errores del tribunal primario al sustituir su criterio, aplicar la ley y apreciar la prueba. El documento detalla el historial procesal y los argumentos de la apelación. Asimismo, expone el marco legal de la Ley 80-1976, la presunción a favor del empleado y los criterios para determinar la justa causa. Se discute la posibilidad de que una falta grave justifique el despido como primera sanción. El Tribunal de Apelaciones se dispone a resolver el recurso presentado por el Hospital.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201801078, una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El recurso fue presentado por Roshec Corporation y otros apelantes contra Banco Popular de Puerto Rico. La acción original fue de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, instada por el banco por incumplimiento de un contrato de préstamo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda a favor del banco. En dicha sentencia, el TPI determinó que los apelantes adeudaban solidariamente \$489,134.42 de principal, más intereses y \$55,000.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. Los apelantes recurrieron esta sentencia ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia, una vez modificada, fue confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por José Gualberto Ortiz Camacho. El apelante solicitó la revisión y revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Un jurado lo había declarado culpable de infringir los Artículos 106 y 285 del Código Penal y el Artículo 5.05 de la Ley de Armas. La sentencia original impuesta fue de 124 años, 6 meses y 22 días de prisión. Tras evaluar los alegatos de las partes y las transcripciones del juicio, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. El documento detalla los antecedentes del caso, incluyendo los cargos relacionados con hechos ocurridos en Caguas y Villalba en diciembre de 2011. También describe el proceso judicial, la prueba presentada y comienza a relatar el testimonio de testigos de cargo, como el hermano de una de las víctimas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso trata sobre liquidación de comunidad, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a los apelados por incumplir un acuerdo de transacción judicial previo. Dicho acuerdo estipulaba la cesión de interés sobre una propiedad y el pago de impuestos por ambas partes. Los apelantes alegaron que los apelados no cumplieron por dos años, generando gastos y daños. Los apelados no contestaron la demanda, anotándose la rebeldía en su contra. A pesar de la rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia celebró varias vistas donde los apelados realizaron algunos pagos pendientes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió revocar la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Centro Médico del Turabo, Inc. (CMT). CMT impugna la Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. La demanda fue instada por Natashia L. Vélez Quiñones y Luis E. Acevedo Riso tras el deceso de Awilda Quiñones Ortiz. El foro primario declaró con lugar reclamos por sufrimientos de la paciente, gastos médicos y daños por incidentes administrativos, condenando a CMT al pago de honorarios por temeridad. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción principal por impericia médica al considerarla prescrita. CMT también apeló la resolución que autorizó el memorando de costas de la parte demandante. El Tribunal de Apelaciones revisa el voluminoso expediente, incluyendo la prueba testifical y documental presentada durante el juicio. La Sentencia detalla los antecedentes del caso y el proceso judicial que culminó en la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró culpable a Reinaldo Alvarado Cruz. Un Jurado lo encontró responsable de asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas (portación ilegal y disparar arma). Se le impusieron penas consecutivas de 50, 20 y 10 años de reclusión por hechos ocurridos en mayo de 2014. El señor Alvarado apeló, alegando múltiples errores relacionados con el juicio, la suficiencia de la prueba, la admisión de evidencia y las instrucciones al Jurado. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos presentados por el apelante y el Estado, así como la prueba oral del juicio. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la Sentencia original. Sin embargo, la Sentencia, una vez modificada, fue confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados presentados por Abraham García Santiago e Industrial & Marine Service y Stanley J. Castro Sánchez. Las apelaciones provienen de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia sobre reivindicación de bien mueble y daños y perjuicios. El caso se centra en la posesión de un "food truck" que un contratista construía para el Sr. García Santiago y que fue abandonado en una propiedad arrendada a los demandados. El contratista dejó de pagar la renta y abandonó el local, dejando el vehículo allí. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda reivindicatoria del Sr. García Santiago. Además, le concedió \$15,000 por daños morales y \$5,000 en honorarios de abogado por temeridad contra los demandados. Ambas partes recurrieron la sentencia inicial ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado en su totalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación sobre una demanda de retracto de colindantes y prohibición de enajenar. El apelante, José Ernesto Hernández Castrodad, buscaba ejercer el retracto sobre un apartamento penthouse en un condominio urbano. Alegó ser colindante y fundamentó su acción en artículos del Código Civil y el reglamento del condominio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó sumariamente la demanda. El TPI determinó que la figura del retracto de colindantes invocada aplica exclusivamente a fincas rústicas, no urbanas. Además, el TPI impuso sanciones por temeridad al apelante. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia emitida por el TPI. La confirmación valida tanto la desestimación de la demanda de retracto como la imposición de temeridad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Félix M. Hernández Doble. El recurso busca la revisión de la denegación por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El señor Hernández fue convicto en 2004 por múltiples delitos, incluyendo actos lascivos, tras un juicio por jurado. Tras la desestimación de una apelación previa, presentó la moción bajo la Regla 192.1, la cual fue denegada por el TPI en 2018. El peticionario alegó que el TPI erró al denegar la moción de forma sumaria, sin establecer controversias ni celebrar una vista evidenciaria, a pesar de alegar violaciones constitucionales. La Regla 192.1 es un recurso excepcional para revisar sentencias con defectos fundamentales. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve la apelación presentada por José Marrero Bou. Marrero Bou apeló un veredicto de culpabilidad y sentencia del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. Fue declarado culpable por un jurado del delito de daño agravado, tipificado en el Artículo 199(b) del Código Penal. La sentencia impuesta fue de tres años y nueve meses de reclusión. La convicción se originó por hechos ocurridos el 3 de agosto de 2013 en Toa Alta. Tras un altercado inicial, Marrero Bou persiguió a la víctima, Saúl Sánchez Rolón, y utilizó su vehículo para impactar intencionalmente el auto de este último. Este impacto causó daños significativos al vehículo de Sánchez Rolón, estimados en más de \$9,000. La víctima reportó el incidente, lo que llevó a la radicación de cargos criminales y el subsiguiente juicio por jurado. La sentencia detalla el trasfondo fáctico del incidente y el historial procesal del caso hasta la apelación.

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