Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 261)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por F \& R Contractors, Corp. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió una Moción de Sentencia Sumaria a favor de Atlas Roofing Contractors, Inc. Esto resultó en la desestimación de la Demanda Contra Tercero interpuesta por F \& R Contractors contra Atlas. El caso principal fue iniciado por el Consejo de Titulares del Condominio Millenium contra F \& R Contractors por defectos de construcción, incluyendo problemas de impermeabilización y techos. F \& R Contractors demandó a Atlas, su subcontratista de impermeabilización, alegando que Atlas era responsable de estos defectos si F \& R era hallado responsable. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Concluyó que el dictamen del Tribunal de Primera Instancia era correcto. Por tanto, se confirma la desestimación de la demanda contra tercero contra Atlas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio. La apelante, Agnes Vanessa García Nieves, impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desalojo de una propiedad. La parte apelada, Lime Properties, LTD, inició el proceso alegando ser la propietaria y que la apelante ocupaba el inmueble sin pagar canon ni tener contrato de arrendamiento. El caso tuvo trámites previos, incluyendo una apelación anterior que revocó un dictamen inicial por falta de fianza de no residente. Tras la continuación del proceso en el foro primario, se celebró una vista donde se presentó prueba. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la apelada demostró ser la dueña y que la apelante no tenía derecho legítimo a la posesión, sin haber pagado renta alguna. Se constató que la apelante se negó a desalojar y a adquirir la propiedad. Por tanto, el tribunal primario declaró con lugar la demanda de desahucio. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma la decisión apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que consolida tres recursos de apelación presentados por El Bosque de Torrimar, Ing. José Fojo, Nevares & Villavicencio Construction, CNA Casualty y Western Casualty. Los apelantes impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el cumplimiento de una Resolución administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La Resolución del DACo, emitida en diciembre de 2015, fue previamente confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo tras recursos apelativos anteriores. El caso en el foro primario se inició con una Petición del DACo para hacer cumplir su orden. Los apelantes intentaron desestimar la acción alegando que la decisión administrativa no era final y firme, pero sus recursos fueron denegados en todas las instancias judiciales. La Sentencia apelada fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia al conceder una Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el DACo. Los apelantes plantean múltiples errores relacionados con el procedimiento de sentencia sumaria y la validez de la Resolución original del DACo. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los argumentos presentados en los recursos consolidados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por José Gualberto Ortiz Camacho. El apelante solicitó la revisión y revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Un jurado lo había declarado culpable de infringir los Artículos 106 y 285 del Código Penal y el Artículo 5.05 de la Ley de Armas. La sentencia original impuesta fue de 124 años, 6 meses y 22 días de prisión. Tras evaluar los alegatos de las partes y las transcripciones del juicio, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado. El documento detalla los antecedentes del caso, incluyendo los cargos relacionados con hechos ocurridos en Caguas y Villalba en diciembre de 2011. También describe el proceso judicial, la prueba presentada y comienza a relatar el testimonio de testigos de cargo, como el hermano de una de las víctimas.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una Sucesión y otra parte para solicitar la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre división de comunidad. La sentencia recurrida reconoció el derecho de la demandante a rentas de un inmueble, ordenó su venta en pública subasta e impuso costas. El Tribunal de Apelaciones determina que, al no haberse completado la división de la comunidad hereditaria, las determinaciones del foro primario son interlocutorias. Por tanto, el recurso presentado como apelación es acogido y tramitado como una petición de certiorari. El pleito original, iniciado en 2013, versa sobre la partición del caudal relicto de los padres de la demandante y sus hermanos. La controversia principal gira en torno a un inmueble específico en San Germán. La demandante reclama una proporción de la propiedad y rentas acumuladas, solicitando la liquidación de la comunidad. Los demandados negaron las alegaciones en su contestación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre partición de herencia. El recurso surge de un caso en el Tribunal de Primera Instancia entre la sucesión de Carmen María Cruz Reyes y Carlos M. Reyes Reyes y otros. La controversia principal concierne la liquidación de la sociedad legal de gananciales entre Carlos M. Reyes Reyes y la causante, quienes se divorciaron en 1975 pero no liquidaron sus bienes. Durante el matrimonio, adquirieron un terreno y construyeron una casa. Tras el fallecimiento intestado de Carmen M. Cruz Reyes en 2010, Carlos M. Reyes Reyes vendió la propiedad ganancial en 2016 a los co-apelantes. La sucesión de la causante reclama la partición de estos bienes. La Sentencia detalla el historial procesal de la apelación y los hechos fácticos relevantes que llevaron al litigio.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Alexis Jiménez, un confinado, contra Correctional Health Services Corp. por alegada negligencia médica. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso argumentando que el emplazamiento se diligenció fuera del término legal y que el demandante no agotó el procedimiento administrativo. El apelante recurre la decisión, alegando error en ambos fundamentos. El documento detalla el historial procesal, incluyendo la presentación de la demanda en 2013, la respuesta administrativa inicial, la designación de abogado de oficio en 2015, y el emplazamiento de la apelada en 2016. La apelada solicitó la desestimación por falta de jurisdicción debido al emplazamiento tardío y otros motivos. El Tribunal de Apelaciones comienza su análisis legal sobre la importancia y los requisitos del emplazamiento como mecanismo para adquirir jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida los recursos KLAN201900360, KLAN201900427 y KLAN201900474. Estos recursos fueron presentados por El Bosque de Torrimar, Ing. José Fojo, Nevares & Villavicencio Construction, CNA Casualty y Western Casualty. Impugnan la Sentencia emitida el 11 de marzo de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso se inició con una Petición del DACo para hacer cumplir una Resolución administrativa del 29 de diciembre de 2015. Dicha Resolución fue confirmada por este foro apelativo en junio de 2016. Los intentos posteriores de los apelantes para impugnar la firmeza de la Resolución ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo fueron denegados hasta julio de 2018. A pesar de ello, los apelantes argumentaron en Primera Instancia que la Resolución no era final y firme. El foro primario desestimó sus argumentos y, tras una solicitud de sentencia sumaria del DACo, ordenó el cumplimiento de la Resolución. Los apelantes recurren ahora ante este Tribunal, planteando errores sobre el procedimiento de sentencia sumaria y la validez de la Resolución original.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve un recurso de certiorari presentado por el Sr. Carlos Figueroa Ortiz. El Sr. Figueroa solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de reducción de una pena impuesta en una sentencia de 2009. Dicha sentencia original fue por un delito de maltrato bajo la Ley Núm. 54, reclasificado de tentativa de asesinato, imponiendo prisión. El Sr. Figueroa basó su solicitud de reducción en el principio de favorabilidad del Código Penal de 2012 y las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, particularmente sobre una alegada pena especial de \$800. Argumentó que, siendo indigente y confinado, no tenía capacidad de pago y solicitó una reducción del 25%. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su moción. El panel judicial expidió el auto de certiorari para revisar la decisión. Sin embargo, tras la revisión, el panel confirmó el dictamen recurrido del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la apelación presentada por UNDARE Inc. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sin perjuicio una demanda de cobro de dinero presentada por UNDARE Inc. contra Hamlet Castrodad y otros. La reclamación, por \$8,398.48, se tramitó bajo el procedimiento sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso luego de que las notificaciones enviadas por correo certificado fueran devueltas como "unclaimed" y los demandados no comparecieran a la vista. UNDARE Inc. alega que el tribunal erró al desestimar sin permitirles probar la dirección o intentar el diligenciamiento personal. La controversia procesal se centra en la correcta aplicación de los requisitos de notificación y diligenciamiento bajo la Regla 60, diseñada para agilizar pleitos de cuantía menor. El Tribunal de Apelaciones analiza el propósito de esta regla y la importancia de garantizar una notificación efectiva a la parte demandada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201801388, una apelación sobre daños y perjuicios. Las partes son Irma Rosario Luna y otros como apelantes, y Academia Presbiteriana Villa Carolina, et als, como apelados. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un Procedimiento de Rehabilitación para Integrand Assurance Company, parte demandada en el pleito original. El Artículo 40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico dispone la paralización de acciones en las que el asegurador sea parte por 90 días durante la rehabilitación. En atención a la orden de rehabilitación, el Tribunal de Apelaciones instruye la paralización de este recurso. En consecuencia, se ordena el archivo administrativo del caso para fines estadísticos. La resolución fue emitida el 28 de junio de 2019.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de expropiación a la inversa. Los demandantes alegaron que obras de control de inundaciones construidas por el Estado Libre Asociado, como parte de un proyecto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., constituyeron una expropiación constructiva de su propiedad. Sostuvieron que un dique cercano a su terreno lo incluyó en un área inundable, inutilizándolo y requiriendo justa compensación. El Estado argumentó que el proyecto fue diseñado por el Cuerpo de Ingenieros, que no identificó la propiedad de los demandantes para expropiación, y que el terreno ya era propenso a inundaciones. El Estado también sostuvo que el proyecto no impidió el uso de la propiedad, aunque alteró el acceso. El caso había sido apelado previamente por un desestimación procesal, la cual fue revocada. El tribunal de primera instancia luego falló en contra de los demandantes sobre el fondo de su reclamo de expropiación inversa. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión final. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia, denegando así la solicitud de expropiación inversa de los demandantes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados presentados por Abraham García Santiago e Industrial & Marine Service y Stanley J. Castro Sánchez. Las apelaciones provienen de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia sobre reivindicación de bien mueble y daños y perjuicios. El caso se centra en la posesión de un "food truck" que un contratista construía para el Sr. García Santiago y que fue abandonado en una propiedad arrendada a los demandados. El contratista dejó de pagar la renta y abandonó el local, dejando el vehículo allí. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la demanda reivindicatoria del Sr. García Santiago. Además, le concedió \$15,000 por daños morales y \$5,000 en honorarios de abogado por temeridad contra los demandados. Ambas partes recurrieron la sentencia inicial ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado en su totalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida tres recursos de apelación (KLAN201900360, KLAN201900427, KLAN201900474). Los recursos impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 11 de marzo de 2019. Dicha Sentencia ordenó el cumplimiento de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 29 de diciembre de 2015. La Resolución del DACo había sido previamente confirmada por este Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo tras múltiples impugnaciones de los apelantes. A pesar de las confirmaciones previas, los apelantes argumentaron en Primera Instancia que la decisión del DACo no era final y firme, cuestionando la jurisdicción para su cumplimiento. Esta contención fue desestimada por el foro primario, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo en trámites anteriores. Posteriormente, el DACo solicitó sentencia sumaria para hacer cumplir la Resolución, la cual fue concedida por el Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes recurren ahora esa Sentencia, planteando errores relacionados con el procedimiento de sentencia sumaria y la validez de la Resolución original del DACo. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario de ordenar el cumplimiento de la orden administrativa mediante sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por James Colón. El apelante solicita la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. En dicha sentencia, se le condenó por infracción al Artículo 215 del Código Penal de 2012. La acusación se basó en hechos ocurridos el 7 de marzo de 2016, donde se alegó que circuló o poseyó una licencia de conducir falsificada. Se le imputa haber mostrado esta licencia a una Oficial de Seguridad de TSA en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El documento detalla el trasfondo procesal y fáctico, incluyendo el juicio celebrado en enero de 2017. Se resumen los testimonios de testigos clave, como la persona cuyo número de licencia fue utilizado y la oficial de TSA que detectó la falsedad del documento. Este escrito constituye la Sentencia del panel del Tribunal de Apelaciones sobre el caso.

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Delca Distributors, Inc. presentó una demanda por cobro de dinero contra Piñeiro Latin Cuisine Corp. y el Sr. Luis R. Piñeiro. Las partes alcanzaron un acuerdo transaccional para resolver la controversia. Informaron al Tribunal de Primera Instancia sobre la transacción y solicitaron que se dictara sentencia conforme a la estipulación. El Tribunal inicialmente ratificó el acuerdo y dictó sentencia según lo estipulado. Posteriormente, el Tribunal, motu proprio, desestimó el caso sin perjuicio, alegando incumplimiento con la notificación del juicio bajo la Regla 60. Delca presentó una Moción de Reconsideración, argumentando que el acuerdo había sido aprobado y la notificación fue conforme a derecho, aportando evidencia. El Tribunal declaró sin lugar la Moción de Reconsideración. Inconforme, Delca apeló la desestimación, señalando como error que el Tribunal desestimara el pleito a pesar de que las partes habían logrado una transacción judicial que finiquitó la controversia y había sido previamente autorizada. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión, considerando la naturaleza de cosa juzgada de las transacciones judiciales y la facultad de desestimación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre la apelación de Multinational Insurance Company y el Municipio de Naranjito. Los apelantes buscan revocar la Sentencia Parcial que desestimó su Demanda Contra Tercero contra la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO). La demanda original fue instada por una jugadora de voleibol lesionada en el Coliseo Gelito Ortega de Naranjito. La jugadora alegó negligencia del Municipio por un sistema de prevención de riesgos deficiente tras impactar una plataforma de metal. MIC y el Municipio de Naranjito demandaron a COPUVO como tercero, argumentando que esta entidad tenía el cuidado y control del coliseo y era responsable de los daños. COPUVO solicitó la desestimación de la demanda contra tercero, alegando que no exponía una causa de acción válida y que sus reglamentos la eximen de responsabilidad por accidentes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra tercero con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada, validando la desestimación de la reclamación de los apelantes contra COPUVO.

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