Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 26)

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia en rebeldía emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución del DACo declaró Con Lugar una querella presentada por Héctor Pagán Rodríguez y Gloriana Ortiz Alejandro contra Automobilia Corp. El DACo ordenó a Automobilia pagar \$33,355.92 por incumplimiento en un contrato de compraventa de vehículo de motor. La disputa se originó por la compra de un Porsche, donde los querellantes entregaron un Toyota Tundra en trade-in y alegaron que Automobilia no saldó la deuda del Toyota ni mantuvo el financiamiento pactado para el Porsche. Automobilia apeló la decisión del DACo solicitando su revocación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma el dictamen recurrido del DACo.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud de *certiorari* presentada por la madre de dos menores, Leticia Quiñones Cintrón. La petición busca revisar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se dirigía contra una petición de relaciones abuelo filiales incoada por los abuelos paternos, Ángel P. Jiménez y Carmen González Quiñones. Los abuelos alegaron tener un interés apremiante en mantener la relación con sus nietos, la cual se vio afectada tras una orden de protección contra el padre. La madre argumentó que, bajo el Código Civil, los padres tienen la potestad de decidir las relaciones de sus hijos, oponiéndose a la intervención judicial sin prueba robusta de intereses apremiantes. Los abuelos, por su parte, sostuvieron que era prematuro desestimar sin evaluar la prueba bajo el estándar del mejor bienestar del menor. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la solicitud, denegó la expedición del auto de *certiorari* solicitado por la madre.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial presentado por Tomás González González, un confinado. El recurso impugna una Resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que lo encontró incurso en infracciones disciplinarias. Específicamente, se le acusó de desobedecer una orden directa (Código 233) y estar en un área no autorizada (Código 208) dentro de la institución correccional. La sanción impuesta por el DCR fue la suspensión del privilegio de visitas y comisaría por treinta días. El incidente se originó por una querella presentada por una oficial del DCR, alegando que el confinado se encontraba sin autorización en el área de la cocina y desobedeció la orden de regresar a su módulo. El recurrente argumentó que se violó su debido proceso durante la investigación disciplinaria al supuestamente excluir testigos sin fundamento. Tras revisar el expediente administrativo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución emitida por el DCR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso de Aileen Encarnación Colón contra Lorena Negroni Hernández y Universal Insurance Company. Universal Insurance Company solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria parcial. La demanda original fue presentada por la señora Encarnación Colón por daños y perjuicios tras sufrir una caída mientras trabajaba en la residencia de la señora Negroni Hernández. Universal argumentó que la reclamación no estaba cubierta por la póliza de hogar de la señora Negroni Hernández. Señaló que la póliza excluía incidentes relacionados con empleados, incluyendo labores domésticas, y personas cubiertas por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45). Universal basó su solicitud en hechos que consideró incontrovertidos, alegando que la demandante era una empleada. La demandante y la señora Negroni Hernández se opusieron, argumentando sobre la interpretación legal, la condición de contratista independiente de la demandante y la inaplicabilidad de la exclusión de la Ley Núm. 45. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había denegado la desestimación sumaria contra Universal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de custodia y relaciones filiales entre José Josué Velilla Sotomayor y Rachael Maldonado Vicente. La apelante, señora Maldonado Vicente, solicita la revocación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de trasladar a la menor hija de las partes a la ciudad de Nueva York. El señor Velilla Sotomayor inició el caso solicitando la custodia monoparental tras el anuncio de la madre de su mudanza. La señora Maldonado Vicente reconvino solicitando la custodia y autorización judicial para la relocalización, argumentando mejores oportunidades en Nueva York. El Tribunal de Primera Instancia denegó el traslado y acogió el plan de relaciones maternofiliales propuesto en el Informe Social Forense. Dicho informe recomendó que el padre continuara ostentando la custodia y detalló un régimen de visitas para la madre en Nueva York durante los recesos escolares. La apelación busca revertir esta determinación judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión judicial presentado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). El NPPR recurre una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) relacionada con una sanción disciplinaria impuesta al agente Andrés E. Whittenburg Guzmán. La sanción original de 120 días de suspensión sin sueldo, impuesta por divulgar información confidencial y ofrecer una declaración mendaz, fue reducida a 10 días por el Comisionado del NPPR. El agente Whittenburg apeló esta determinación ante la CIPA. La CIPA declaró con lugar la apelación del agente, revocando la suspensión de 10 días y ordenando el pago de salarios dejados de percibir. El NPPR solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de la resolución de la CIPA. El Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución de la CIPA. El caso es devuelto a la agencia para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto.

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Rolando Barreiro Vázquez, un confinado, apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. Su pleito original reclamaba violación de derechos constitucionales y daños contra Physician Correctional y oficiales correccionales por alegada negligencia en su atención médica, terapias, dieta y transporte. El foro primario le concedió litigar como indigente pero denegó la designación de abogado, requiriéndole anunciar representación legal en 45 días. Al no cumplir, el tribunal desestimó el caso sin perjuicio bajo la Regla 39.2. Barreiro Vázquez apeló, argumentando errores al desestimar el caso, no considerar la magnitud de los derechos violentados, y denegarle representación legal a pesar de su indigencia y las dificultades de un confinado. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por el apelante. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

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Este es un caso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativo a la denegatoria de libertad bajo palabra al confinado Ralph Anthony González Collazo. El señor González Collazo impugnó la Resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) del 27 de septiembre de 2024 que le denegó dicho privilegio. El recurrente, quien cumple una sentencia por homicidio atenuado y violación a la Ley de Armas, lleva aproximadamente 10 años confinado y se encuentra en un centro de rehabilitación. Informes del Departamento de Corrección y Rehabilitación señalan que ha mantenido un ajuste excelente, ha participado en programas de trabajo y no tiene querellas disciplinarias, aunque está desempleado temporalmente por una cirugía. Una evaluación psicológica identificó factores de riesgo como la modalidad del delito y el historial de abuso de sustancias, pero también factores protectores como ser primer ofensor, expresar arrepentimiento y contar con apoyo familiar. La JLBP ha solicitado al Tribunal que confirme su decisión denegatoria. El Tribunal de Apelaciones se encuentra revisando la petición administrativa presentada por el señor González Collazo.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Grace Marín Cancel contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. El caso original fue incoado por CELINK para la ejecución de una hipoteca sobre una propiedad. CELINK alegó incumplimiento por parte de la señora Marín Cancel al no pagar el seguro de la propiedad hipotecada desde 2019. La señora Marín Cancel contestó la demanda, negando el incumplimiento y planteando otras defensas, incluyendo la falta de partes indispensables y la Ley de Adultos Mayores. El Tribunal de Primera Instancia ordenó mediación compulsoria, a la cual la apelante no compareció en varias ocasiones. Posteriormente, CELINK presentó una Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue concedida por el foro primario. La Sentencia del TPI ordenó la ejecución de la hipoteca y la venta en pública subasta del inmueble. La señora Marín Cancel apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones la señora María Camacho Rosado, fiadora solidaria, apelando una sentencia en rebeldía. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero instado por la Universidad de Puerto Rico. La UPR demandó a Ashla Gaibi Rodríguez, como deudora principal de un préstamo legislativo, y a la señora Camacho Rosado, como fiadora. Tras no contestar la demanda dentro del término concedido, el foro primario dictó sentencia en rebeldía contra la señora Camacho Rosado, ordenando el pago de la deuda de \$24,839.39 más intereses, costas y honorarios. La señora Camacho Rosado solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Presentó entonces el recurso de apelación ante este Tribunal. La UPR ha solicitado la desestimación del recurso, alegando la falta de notificación a la codemandada principal y la ausencia de un apéndice. El Tribunal de Apelaciones requirió a la apelante mostrar causa por la alegada falta de notificación a la codemandada. Se denegó una solicitud de prórroga de la apelante para responder a dicha orden. El Tribunal concedió un término final para que la apelante responda sobre la cuestión jurisdiccional.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Eileen Michelle Avilés Cancel, impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión desestimó su demanda contra Telemundo of Puerto Rico, Inc. y le impuso una sanción de \$35,000 por temeridad. La demanda original alegaba que Telemundo difundió un video del cuerpo sin vida de su esposo y padre de sus hijos menores durante un reportaje noticioso. La apelante argumentó que esta difusión constituyó una intromisión a su derecho a la intimidad y reclamó \$200,000 en compensación. Telemundo se opuso, alegando que la publicación fue en contexto noticioso y protegida por la libertad de expresión y de prensa. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra Telemundo y sancionó a la demandante. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, resuelve modificar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (OMA-DTRH) sobre un despido injustificado. La Unión de Tronquistas de Puerto Rico, Inc. apeló la determinación de la OMA-DTRH que encontró que despidió injustificadamente a Lillyvette Salas Rivera y ordenó el pago de la mesada conforme a la Ley Núm. 80. La Unión argumentó ante la OMA-DTRH que el despido estuvo justificado por un patrón de ausentismo e insubordinación de la empleada. Durante el proceso de revisión judicial, la Unión no cumplió con la orden del Tribunal de presentar la transcripción de la vista administrativa. Ante dicho incumplimiento, el Tribunal dio por desistidos los planteamientos de la Unión relativos a la apreciación de la prueba oral. La señora Salas Rivera, por su parte, solicitó al Tribunal que desestimara el recurso de apelación y confirmara la decisión administrativa recurrida. El caso se originó con la querella de la empleada ante la OMA-DTRH alegando despido sin justificación tras ausentarse por salud de su hija.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de accidente de tránsito. Clara Santiago Rosado apeló la desestimación de su demanda por daños y perjuicios contra Carla Cristal Negrón Aponte y otros. La demanda original alegaba graves lesiones sufridas por la Sra. Santiago Rosado como pasajera en un accidente ocurrido el 18 de marzo de 2023. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por no presentar prueba del diligenciamiento del emplazamiento dentro del término de 120 días, conforme a la Regla 4.3. La Apelante solicitó reconsideración, alegando que el emplazamiento sí se realizó dentro del término, el 7 de mayo de 2024. Explicó que la falta de presentación de la prueba de servicio fue un error involuntario de su abogado, anejando la evidencia del diligenciamiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar las mociones de reconsideración. La Apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró al desestimar el caso cuando el emplazamiento se había efectuado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revocó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Revisión Administrativa presentada por el confinado Daniel Méndez Rivera. El recurrente impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de mantener su clasificación de custodia mediana. Méndez Rivera, quien cumple una sentencia de 111 años por delitos graves, fue reclasificado de máxima a mediana custodia en 2018. En junio de 2024, una reevaluación arrojó una puntuación para custodia mínima, pero el CCT decidió ratificar la custodia mediana. El CCT justificó su decisión mediante una modificación discrecional basada en la gravedad de los delitos originales. También consideraron el tiempo transcurrido en custodia mediana en relación con la larga sentencia y mencionaron querellas previas. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando su buena conducta reciente y cuestionando la discreción del CCT. El DCR denegó la reconsideración, reafirmando la justificación de la gravedad del delito y la duración de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la determinación del CCT.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley 80, tramitado por el procedimiento sumario de la Ley 2. El demandante, Jack Javier Slim, solicitó sentencia en rebeldía contra Royal Blue Hospitality, LLC por no contestar la demanda dentro del término de 10 días. El foro primario declaró con lugar la demanda, condenando a Royal Blue a pagar \$69,800 por mesada y \$17,450 por honorarios de abogado. Royal Blue recurrió en Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y modificó la sentencia recurrida. La modificación consiste únicamente en ordenar la celebración de una vista evidenciara. Esta vista tiene el propósito de determinar el monto exacto de la mesada a conceder al demandante. Los honorarios de abogado, calculados al 25% de la mesada, se determinarán en consecuencia, confirmándose el resto de la sentencia.

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Un panel de jueces revisó una petición de certiorari presentada por Ricardo Arroyo Torres. El Sr. Arroyo solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de liquidación de sociedad post ganancial. Dicha Resolución determinó acreditar el cincuenta por ciento de sus aportaciones al plan de retiro e intereses a favor de Idalia Enid Ramos Ponce. El foro primario había denegado una moción de reconsideración presentada por el Sr. Arroyo contra esta determinación. El Peticionario acudió en certiorari señalando errores relacionados con el reconocimiento del crédito y la denegación de una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud. Por los fundamentos expuestos, el panel denegó la expedición del recurso de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari presentado por Iván F. Irizarry Vargas. El peticionario impugnaba una Orden de Detención Temporera para evaluación psiquiátrica emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden se basó en la necesidad de tratamiento inmediato para proteger al peticionario de daño. Aunque el peticionario fue dado de alta posteriormente y el caso archivado por el TPI, aquel recurrió la orden inicial. El Tribunal de Apelaciones revisó el escrito del peticionario. Encontró que el recurso incumplía crasamente con su Reglamento. El escrito carecía de una relación clara de hechos, no identificaba ni discutía los errores alegados del TPI con fundamento legal, ni incluía el apéndice documental requerido. Las partes deben observar fielmente las reglas procesales. Por el incumplimiento, el Tribunal desestimó el recurso.

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Comparece Reinaldo Vázquez Ortega ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una resolución del Tribunal Municipal de Barceloneta. Dicha resolución desestimó su solicitud de estado provisional de derecho al amparo de la Ley Núm. 140 sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. Vázquez Ortega había instado una querella bajo esta ley contra Marcial Batista, alegando que este construyó una estructura en una finca rústica de la cual él es dueño y administrador, buscando proteger su posesión. Batista solicitó la desestimación, argumentando falta de citación adecuada, ausencia de partes indispensables y que la competencia recaía en la Sala Superior. El Tribunal Municipal desestimó la querella, concluyendo que el asunto era competencia del Tribunal Superior. Vázquez Ortega recurrió, alegando error del Tribunal Municipal al declararse incompetente sin celebrar una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso mediante certiorari. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó el dictamen recurrido.

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Se presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones por un confinado, Jorge Pérez Colón, contra Physician Correctional y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente alegó la falta de calendarización de una cita con un especialista para tratar una enfermedad. Aunque el escrito mencionaba una decisión administrativa, no se acompañó ningún documento que acreditara dicha determinación ni el trámite administrativo seguido. El Tribunal enfatizó la importancia de la jurisdicción y los requisitos reglamentarios para la revisión judicial, que exigen incluir la decisión administrativa impugnada. Al no constar en los autos la determinación de la agencia ni otros documentos esenciales del proceso administrativo, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, se desestimó el recurso de epígrafe sin entrar a considerar los méritos de la reclamación sobre servicios médicos.

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Se presenta un recurso de apelación, acogido como Certiorari, contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama. La recurrente había solicitado un Expediente de Dominio para inscribir una propiedad no registrada. Alegó haber adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria (usucapión) por más de 30 años, no de un dueño anterior. El TPI desestimó la petición, determinando que el Expediente de Dominio no es el trámite adecuado para reclamar la propiedad basándose únicamente en la usucapión. El TPI sostuvo que se requiere un pleito ordinario independiente contra quienes pudieran tener derechos sobre el inmueble. Además, el TPI denegó la solicitud de la recurrente para convertir el caso a un pleito ordinario de usucapión. La recurrente apeló, señalando como error la determinación del TPI sobre la improcedencia del Expediente de Dominio en su caso. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso, confirmando la resolución del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una Sentencia procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Mundo Solar, Inc. apeló la Resolución de DACO que le ordenaba reemplazar una batería defectuosa a Wallys Martínez Pinedo o pagarle $4,900.00. El Recurrido compró la batería con una garantía, pero esta dejó de funcionar y el técnico de Mundo Solar confirmó el desperfecto. Surgieron complicaciones con el proceso de garantía que involucraba al manufacturero en China, algo que el Recurrido desconocía al momento de la compra. Mundo Solar alegó que el fallo se debió a una mala instalación y que el Recurrido no proveyó la documentación requerida por el manufacturero. DACO celebró una vista donde se presentó evidencia sobre la falta de entrega de los términos de garantía al comprar y la publicidad de Mundo Solar. DACO determinó a favor del consumidor, ordenando la compensación o reemplazo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirmó la Resolución emitida por DACO.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por William Agosto Manso y otros contra LUMA Energy y Banco Popular. Los peticionarios buscan revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de remedios, costas y honorarios de abogado. Dicha solicitud se basó en la alegada falta de las recurridas en renunciar al diligenciamiento de emplazamiento conforme a la Regla 4.5 de Procedimiento Civil. Los peticionarios enviaron la solicitud de renuncia el 1 de julio de 2024, con plazo hasta el 22 de julio. Las recurridas alegaron haber sido emplazadas personalmente el 16 de julio de 2024, antes de vencer el término para renunciar, y que los peticionarios incumplieron con los requisitos de la Regla 4.5. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la solicitud de los peticionarios mediante Resolución del 20 de noviembre de 2024. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso de certiorari, deniega su expedición.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Alexander Torres Vega. Torres Vega solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. El foro primario había denegado su petición para la devolución o eliminación de sus fotos y huellas dactilares. La solicitud se basaba en una convicción por delito menos grave (Art. 404 C SC) ocurrida 16 años antes, el cumplimiento de tratamiento y la obtención de un certificado negativo de antecedentes penales. Torres Vega argumentó que la retención violaba su derecho a la intimidad. El Ministerio Público se opuso, señalando que la Ley Núm. 45 no aplicaba al no haber absolución o indulto. Argumentó que las fotos y huellas son herramientas esenciales para la identificación, investigación y seguridad pública. En apelación, Torres Vega alegó que el TPI erró al no requerir al Ministerio Público demostrar un interés apremiante para la retención. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, RK Rivera, LLC solicitó la revisión judicial de una determinación de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. La controversia giró en torno a la adjudicación de la Solicitud de Propuesta Núm. SDP-2024-017 para la implantación de una plataforma de gestión de casos y portal de servicio al cliente. RK Rivera impugnó la decisión de la Corporación de seleccionar a Nexvel Consuling, LLL, alegando que su propia propuesta cumplía los requisitos y era más beneficiosa. Tras la selección inicial de Nexvel, RK Rivera presentó objeciones y solicitó reconsideración, sin éxito. La Corporación defendió su actuación, indicando que la contratación de servicios profesionales se rige por guías que permiten discreción en la selección de propuestas. El tribunal consideró el alto interés público en la contratación gubernamental y la flexibilidad y amplia discreción que caracteriza el mecanismo de solicitud de propuestas frente a la subasta formal. Tras evaluar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la adjudicación de la solicitud de propuesta realizada por la Corporación.

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El Pueblo de Puerto Rico recurrió en certiorari contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que suprimió una pistola y tres magazines en un caso contra Santiago Apolinar Rondón. Las acusaciones contra Rondón incluyen asesinato y delitos de armas. La evidencia fue ocupada durante la ejecución de una orden de arresto en el apartamento del acusado. Un agente forzó la entrada, localizó y aseguró al acusado. Posteriormente, el agente registró una habitación separada para verificar si había otras personas y encontró el arma y los magazines. Durante el juicio, el agente admitió que el acusado ya no representaba un peligro al momento del registro de la habitación y que no fue un "hot pursuit". La defensa argumentó que la ocupación fue ilegal al no contar con una orden de allanamiento para registrar la habitación. El Tribunal de Primera Instancia suprimió la evidencia. Este panel revisó la decisión del foro primario. Finalmente, el tribunal expidió el auto y confirmó la resolución que suprimió la pistola y los magazines.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende un recurso de apelación presentado por Héctor O. Flores Del Valle. El apelante impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. El caso original fue una demanda de desahucio sumario y cobro de dinero instada por el señor Flores Del Valle contra Ismael Martínez Rosario. El señor Flores Del Valle, como heredero, buscaba desalojar al arrendatario de su padre fallecido y cobrar rentas adeudadas. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sin perjuicio por falta de legitimación activa del demandante. El señor Flores Del Valle alega en apelación que el TPI erró al determinar la falta de legitimación. También señala errores relacionados con la admisión de prueba y el manejo procesal del caso. El Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación del TPI fundamentada en los errores señalados.

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Sentencia de un panel de jueces sobre un recurso de certiorari presentado por Popular Auto, LLC. Popular Auto impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Reconsideración. La Resolución recurrida ordenó a Popular Auto el pago de costas y \$1,500 en honorarios de abogado a la parte demandada, Carmen M. Miranda Alvarado. Estos honorarios se relacionan con un pleito anterior que Popular Auto desistió voluntariamente tras identificar un defecto en el emplazamiento de un heredero. Al presentar una nueva demanda sobre el mismo asunto, la parte demandada solicitó la imposición de costas y honorarios del caso desistido. Popular Auto argumentó que la imposición de honorarios era incorrecta porque incluía trabajo legal reutilizable en el nuevo caso o no relacionado directamente con el litigio. A pesar de presentar objeciones detalladas a los cargos facturados, el foro primario mantuvo su determinación inicial. Mediante este recurso, Popular Auto solicitó la revocación de dicha orden. El panel expide el auto de certiorari, revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia. El caso es devuelto al foro primario para que continúe los trámites conforme a lo resuelto en esta Sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de certiorari presentado por Byron Lee Anthonetty Santiago. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación. Dicha moción se fundamentaba en la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, alegando la violación de los términos de juicio rápido tras un arresto sin orden judicial. El peticionario argumentó que el arresto activó los términos al quedar sujeto a responder por un delito. El foro primario declaró no ha lugar la moción, resolviendo que la Regla 64(n)(2) no aplicaba porque el imputado no estuvo sujeto a responder por el delito en el periodo entre el arresto y la presentación de las denuncias. El peticionario recurrió, señalando como error esta interpretación. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de certiorari y una solicitud urgente de auxilio de jurisdicción. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la solicitud de auxilio de jurisdicción. Asimismo, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre reclamación de cuenta inactiva. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) presentó un recurso de Certiorari solicitando revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución del TPI había declarado No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la OCIF en una demanda en su contra. El caso se origina cuando la albacea de una sucesión reclama fondos de una cuenta de ahorros que Banco Popular transfirió a la OCIF como no reclamados. La OCIF denegó la reclamación de la albacea por haber transcurrido más de tres años. La albacea demandó a la OCIF en el TPI, y la OCIF solicitó la desestimación de la demanda, la cual fue denegada por el TPI. La OCIF apeló esta denegatoria ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Resolución, deniega el recurso de Certiorari presentado por la OCIF. Con esta decisión, se mantiene la determinación del TPI de no desestimar la demanda de la albacea.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un recurso de revisión administrativa. La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) apeló una determinación de la Comisión Apelativa del Servicio Público. Dicha determinación impuso a la OATRH una sanción económica de quinientos dólares (\$500.00). La sanción se debió al incumplimiento de la OATRH con órdenes previas de la Comisión. Estas órdenes requerían la presentación de una alegación responsiva y aclaración de información en un caso administrativo sobre clasificación de puestos. La Comisión había apercibido a la OATRH sobre la posible imposición de sanciones por incumplimiento. La OATRH argumentó que la Comisión erró al imponer la sanción. Tras examinar el recurso, el Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender la apelación. Por tanto, se desestima el recurso de revisión judicial presentado por la OATRH.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. Las peticionarias demandaron a Supermercado La Favorita, Universal Insurance Company y Aurelio Márquez por daños y perjuicios tras una caída. El recurso se centra en la negativa del Tribunal de Primera Instancia a permitir a las peticionarias enmendar su demanda. La enmienda buscaba añadir causas de acción adicionales contra el codemandado Aurelio Márquez. La solicitud de enmienda se presentó antes de que Márquez radicara su contestación a la demanda original. El foro primario denegó la moción para enmendar y una posterior reconsideración. Las peticionarias acudieron en certiorari alegando abuso de discreción del TPI al no permitir la enmienda contra una parte que aún no había contestado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia.

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Gabriel López Hiraldo impugnó el resultado de su examen de ascenso a Teniente Segundo de la Policía de Puerto Rico tras no alcanzar la puntuación mínima requerida. Apeló la determinación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) en 2016. El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) fue declarado en rebeldía por incumplimiento de órdenes de la CASP. Durante la vista adjudicativa en 2024, el NPPR argumentó tardíamente que varias preguntas impugnadas ya habían sido contadas a favor del recurrente. La Oficial Examinadora consideró este planteamiento extemporáneo dada la rebeldía. Tras evaluar la prueba, la Oficial Examinadora recomendó en junio de 2024 que se le concedieran puntos por cinco preguntas impugnadas. Esto elevaría su puntuación a 56, declarándolo aprobado para el ascenso. La CASP emitió una resolución en noviembre de 2024 devolviendo el caso para verificar si las preguntas ya estaban contadas. El recurrente apeló esta resolución ante el Tribunal de Apelaciones, el cual indica que desestima dicho dictamen.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y su aseguradora Mapfre Praico Insurance Company (peticionarios) presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaron la revocación de resoluciones del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Caguas. Dichas resoluciones declararon No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por los peticionarios en un caso de daños y perjuicios. La moción argumentaba que el Estado Libre Asociado, a través del DTOP, era parte indispensable en el pleito y que su ausencia justificaba la desestimación. El TPI también denegó una solicitud de reconsideración posterior a la denegatoria inicial. Los peticionarios señalaron errores del TPI al denegar la desestimación y la reconsideración, así como la falta de fundamentos en sus decisiones. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, denegó expedir el auto de certiorari solicitado. La resolución explica que el certiorari es un recurso extraordinario y discrecional regido por las Reglas 52.1 y 40 de Procedimiento Civil y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Al denegar la expedición, el Tribunal no entra a evaluar los méritos de los errores señalados por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Marisol González Ramos en un caso de ejecución de hipoteca. La peticionaria solicitó revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para anular el proceso de subasta. Su argumento principal fue la supuesta falta de notificación adecuada de dicha subasta. Este recurso marca la segunda ocasión que la señora González Ramos acude a este foro dentro del mismo pleito. La cuestión de la notificación de la subasta ya había sido previamente litigada y resuelta por el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, confirmando la validez del proceso. El Banco Popular de Puerto Rico, parte recurrida, argumentó que el asunto ya era final y firme. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de nulidad. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado. La denegatoria se basa en los fundamentos expuestos en el documento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio por la vía ordinaria. La apelante, Migdalia Liz González Ocasio, recurre contra una sentencia parcial sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la apelada, Brenda Liz González Ocasio. La apelada instó la demanda de desahucio alegando ser la propietaria de la residencia por donación de sus abuelos. Sostuvo que la apelante residía en la propiedad sin su consentimiento y se negaba a desalojar. La apelante, por su parte, alegó haber vivido en la propiedad por más de 22 años con permiso de los abuelos. Cuestionó la validez de la donación, se consideró edificante de buena fe por mejoras realizadas y presentó una reconvención por su valor y daños emocionales. El Tribunal de Primera Instancia concedió el desahucio mediante sentencia sumaria. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión administrativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). La recurrente, Jennifer Pereira Martínez, solicita la revisión de una Orden de ASUME que denegó su reconsideración sobre el establecimiento de pensión alimentaria para el menor DJCP, solicitado por el recurrido, José Cortés Colón. Las partes, divorciadas, tienen dos hijos, DJCP bajo la custodia del padre y EKCP bajo la custodia de la madre. La señora Pereira Martínez había solicitado la consolidación de este caso con otro caso de alimentos ante ASUME relacionado con la menor EKCP. ASUME emitió una Resolución estableciendo la pensión alimentaria para DJCP, basándose en determinaciones de hecho que incluyeron los ingresos de ambas partes. La recurrente impugnó esta decisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el expediente, revoca la Orden recurrida de ASUME.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. El recurso fue presentado por Marisol Velázquez Morganti y Marcial Valentín Lugo contra Máximo Solar Industries, Inc. y Sunrun PR Operations, LLC. Los recurrentes impugnaron una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La querella original ante DACO versaba sobre la instalación y desempeño de placas solares y alegadas prácticas engañosas. DACO desestimó la querella al determinar que la controversia debía resolverse mediante la cláusula de arbitraje pactada entre las partes. DACO ordenó el cierre y archivo del caso. Los recurrentes solicitaron al Tribunal de Apelaciones la revocación de dicha resolución. Tras estudiar el legajo apelativo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida. La sentencia valida la decisión de DACO de que el asunto estaba sujeto a arbitraje y no a su jurisdicción.

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Jesús M. Torrech Rodríguez apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. Dicha sentencia le impuso un total de 45 años de prisión tras un veredicto de culpabilidad por un jurado. Las condenas incluyeron infracciones a la derogada Ley de Armas (portación y apuntar con arma) y dos cargos de robo agravado. Las penas por Ley de Armas sumaron 35 años consecutivos, a los que se añadieron 10 años concurrentes por los robos, cumpliéndose estos últimos de forma consecutiva a las anteriores. Los hechos probados detallaron un asalto domiciliario en Arecibo en julio de 2019, donde intrusos entraron a una residencia, agredieron a los ocupantes, robaron pertenencias y apuntaron con un arma. Un vecino llegó durante el incidente, presenciando los hechos y siendo amenazado antes de que los asaltantes huyeran. El apelante solicitó la modificación de estas penas ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó las sentencias apeladas.

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Se presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente, una menor con autismo, impugna parcialmente una decisión del Departamento de Educación (DEPR). El DEPR concedió el reembolso de gastos educativos por no proveer una educación adecuada, pero denegó la solicitud de un servicio académico "Uno-a-Uno". El DEPR justificó la denegatoria en que la ubicación de la menor era adecuada y su progreso positivo y significativo. La menor, diagnosticada con Autismo Moderado Nivel 2, requiere asistencia y una evaluación previa recomendó el servicio Uno-a-Uno para manejar dificultades conductuales. La recomendación especificaba que el servicio debía ser con un maestro certificado en educación especial con experiencia en autismo. La revisión judicial busca dejar sin efecto la denegatoria del servicio Uno-a-Uno. El Tribunal de Apelaciones anticipa confirmar la decisión del DEPR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por Wilfredo Acevedo Ríos contra Triple S Vida, Inc. El peticionario solicita la intervención del tribunal apelativo para dejar sin efecto una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución de instancia declaró No Ha Lugar una moción del peticionario para eliminar alegaciones de Triple S por alegado incumplimiento con órdenes de descubrimiento de prueba. El caso subyacente trata sobre una reclamación de despido injustificado presentada por Acevedo Ríos. Las partes han tenido disputas significativas sobre el descubrimiento de prueba, y Triple S presentó una solicitud de sentencia sumaria. El peticionario argumentó que no podía responder a la sentencia sumaria hasta que se resolvieran los asuntos de descubrimiento. Junto al certiorari, el peticionario presentó una moción de auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos en instancia, incluyendo el término para responder a la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones desestima la moción de auxilio de jurisdicción por incumplimiento reglamentario. Finalmente, el tribunal apelativo deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. El apelante impugna la desestimación de su demanda por cumplimiento específico de contrato e inscripción en el Registro de la Propiedad. La demanda original alegaba la compraventa de participaciones sobre un inmueble, pagada pero no formalizada en escritura tras el huracán María y la desaparición de algunos vendedores. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción sin perjuicio por no haberse emplazado a todas las partes dentro del término de 120 días y por falta de partes indispensables. El apelante solicitó y obtuvo autorización para emplazar por edicto a varios codemandados cuyo paradero desconocía. La orden de emplazamiento por edicto requería, conforme a la Regla 4.7, el envío de copia de la demanda y emplazamiento por correo certificado a la última dirección conocida. El apelante admitió posteriormente no haber realizado dicho envío certificado, alegando desconocer las direcciones. La desestimación se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos para completar el emplazamiento y la consiguiente ausencia de partes necesarias en el pleito. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los argumentos, confirma la Sentencia apelada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una petición de certiorari en un caso sobre persecución maliciosa, intervención torticera y daños y perjuicios. El peticionario Francisco Valdés Pérez solicitó la inhibición del juez de instancia, alegando prejuicio y parcialidad basados en varias decisiones procesales. Otro juez de instancia revisó la solicitud de recusación y la denegó, concluyendo la inexistencia de prejuicio o parcialidad, determinación que fue reafirmada tras una reconsideración. El peticionario impugnó esta denegatoria mediante una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, al considerar improcedente la petición, ha resuelto denegar el auto de certiorari solicitado. Esta denegatoria se emite prescindiendo de trámites ulteriores, según lo permiten las reglas del tribunal. La resolución expone brevemente la naturaleza discrecional del certiorari como remedio extraordinario para revisar errores de tribunales inferiores.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso contra Samuel Boria Rivera, acusado de tentativa de asesinato y otros delitos. El peticionario presentó una moción para suprimir la prueba de identificación, alegando que el proceso fue sugestivo y no confiable. Argumentó que la descripción inicial era insuficiente y que se utilizó una identificación fotográfica de manera inapropiada. El Ministerio Público se opuso, sosteniendo que la identificación fue espontánea y que existía evidencia adicional. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de supresión y, tras escuchar testimonios, declaró No Ha Lugar la moción. El tribunal de instancia concluyó que la identificación por parte de un agente fue espontánea, creíble y no sugestiva. El peticionario recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Alegó que el tribunal de instancia erró al denegar la supresión de la identificación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega el recurso presentado por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia confirmando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La decisión apelada desestimó sin perjuicio una demanda presentada por Clemente Fuentes Aponte. La demanda original versaba sobre incumplimiento de contrato de compraventa de participación en un inmueble y otros reclamos contra varios demandados, incluyendo una sucesión. El Tribunal de Primera Instancia fundamentó la desestimación en el incumplimiento del demandante con el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento. Este término está establecido en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. El apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha desestimación. Tras evaluar los argumentos, el panel del Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar el dictamen apelado. La confirmación se basa en que el apelante no cumplió con el requisito procesal de emplazar a las partes demandadas dentro del plazo legal.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari presentada por The Landmark LLC. The Landmark buscaba revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia en un procedimiento de exequátur. El caso de exequátur fue iniciado por Push IT Services Limited (también identificada como Push Solutions Limited o Push IT) para validar una sentencia del Reino Unido contra The Landmark por incumplimiento contractual. The Landmark solicitó la desestimación de la petición de exequátur, alegando falta de legitimación activa del demandante. Argumentó que la entidad que obtuvo la sentencia en el Reino Unido era diferente a la demandante y que estaba disuelta. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud inicial de desestimación, pero ordenó al demandante enmendar la demanda para demostrar su legitimación. Tras la enmienda, The Landmark presentó una segunda solicitud de desestimación, reiterando el argumento de falta de legitimación basado en la supuesta disolución de Push Solutions Limited. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta segunda solicitud de desestimación mediante una orden del 26 de agosto de 2024. The Landmark impugnó esta denegatoria mediante una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición y las actuaciones del foro primario, denegando finalmente el auto de certiorari solicitado por The Landmark.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de desahucio por falta de pago. La apelante, Joaquina Pagán Vázquez, recurrió la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. El foro primario había declarado No Ha Lugar su demanda de desahucio y cobro de dinero contra Linda Fontánez Estrada. La razón principal para la desestimación fue que la demandante no presentó prueba para prevalecer en el pleito. Pagán Vázquez alegó ser dueña de una propiedad donde Fontánez Estrada residía bajo un acuerdo verbal de arrendamiento con renta mensual. Sostuvo que la apelada adeudaba rentas impagadas y solicitó el desalojo y el pago. La demandada compareció al caso pero no contestó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por la parte apelante. Tras evaluar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero iniciado por Sunnova Energy Corporation contra dos individuos. La controversia principal en apelación se centra en determinar si el Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción para conocer del caso. El foro primario desestimó la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia, al encontrar que el contrato entre las partes incluía una cláusula de arbitraje como método primario de resolución de disputas. Sunnova apeló, argumentando que la cláusula de arbitraje no aplicaba a casos de mora en el pago y que el contrato permitía la acción judicial en tales circunstancias. El Tribunal de Apelaciones consideró que la cuestión de la jurisdicción sobre la materia era primordial y hacía académicas otras controversias planteadas por la apelante. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en un caso de incumplimiento de contrato. Diego L. Martín Colón demandó a la YMCA de San Juan y otros, alegando que la entidad incumplió un contrato al no reconocerle una membresía vitalicia. El apelante sostuvo que esta membresía le fue concedida tras ocupar puestos directivos en la YMCA-SJ. Sin embargo, la YMCA-SJ negó la existencia de dicho contrato, argumentando que sus estatutos no permiten membresías vitalicias y que el acceso del apelante fue denegado por conducta inapropiada. Los codemandados también indicaron que la reclamación podría estar impedida por un acuerdo de terminación previo. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que no existía un contrato de membresía vitalicia y desestimó las reclamaciones de incumplimiento y daños. El apelante solicitó la revisión de esta determinación. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Este documento es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso Velez v. Departamento de Educación (DEPR), un pleito de clase sobre servicios de educación especial. El DEPR ha presentado un recurso de certiorari para revisar una resolución de un Comisionado Especial emitida en agosto de 2024. Dicha resolución determinó que el DEPR no alcanzó el nivel de cumplimiento requerido (3.5 o más) en la corroboración de los informes sobre las estipulaciones 4 y 12. Por ello, el Comisionado recomendó la reactivación de estas estipulaciones, según solicitado por la Monitora del caso. El pleito original data de 1980, cuando padres demandaron al entonces Departamento de Instrucción Pública por no proveer servicios de educación especial garantizados por ley. En 1981, el caso fue certificado como pleito de clase y se emitió un injunction preliminar ordenando al DE proveer servicios y evaluaciones en plazos específicos. Posteriormente, se nombraron un Comisionado Especial y una Monitora para supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales y las 87 estipulaciones aprobadas en una sentencia parcial de 2002. La petición del DEPR busca la revisión de la determinación del Comisionado sobre el incumplimiento con las estipulaciones 4 y 12.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. La peticionaria, Irma E. Casiano Santiago, solicita la intervención del tribunal para dejar sin efecto una determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación, emitida en un pleito de desahucio en precario iniciado por Luis Gustavo Almodóvar Rivera, declaró No ha Lugar una moción de la peticionaria. La moción buscaba anular o paralizar la ejecución de una sentencia previa. La sentencia se basó en un acuerdo transaccional donde la peticionaria se comprometió a desalojar la propiedad en controversia. El foro primario ordenó la continuación de los procedimientos de ejecución tras denegar la moción de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones revisa los antecedentes del caso, incluyendo la demanda original y el acuerdo transaccional. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso de certiorari presentado por la peticionaria. Con esta resolución, se mantiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia de continuar con la ejecución de sentencia.