Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 240)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900775. La apelación fue presentada por Víctor M. Rivera Medina y Raquel del Mar Sánchez García. El litigio se originó en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce por una disputa entre vecinos sobre una servidumbre de paso. Los apelantes demandaron a Josefa Torres Torres y Luis A. Ferrer Torres reclamando injunction, daños y sentencia declaratoria, alegando perturbaciones en el disfrute de su propiedad. El foro primario desestimó la demanda original en 2017 por falta de prueba y encontró temeridad en los demandantes. Dicha desestimación fue previamente confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Posteriormente, los apelantes solicitaron la nulidad de la notificación de la sentencia original en el Tribunal de Primera Instancia. La presente apelación surge de esta compleja historia procesal, buscando revocar una determinación del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero entre Jonás Sosa (apelado) y Enrique Oyola, Judith Rivera Beras y su sociedad legal de gananciales (apelantes). Los apelantes recurrieron una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, solicitando la revocación, la celebración de una vista en rebeldía o dejar sin efecto una anotación de rebeldía. El caso se inició por Sosa reclamando el pago final de una obra de construcción, tramitándose inicialmente bajo la Regla 60 y luego convertido a procedimiento ordinario. Los apelantes contestaron la demanda y reconvinieron, alegando incumplimiento contractual por parte de Sosa al no finalizar la obra ni cumplir con requisitos del Instituto de Cultura, reclamando la devolución de dinero y daños. Sosa contestó la reconvención negando su culpa y atribuyendo la paralización a los apelantes. El Tribunal de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia apelada. Se ordena la devolución del caso al foro de origen. El propósito es que se celebre una vista en rebeldía.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por discrimen por represalias. La querellante-apelante alegó que su patrono, un hospital, tomó represalias en su contra tras reportar un accidente de trabajo. El hospital solicitó la desestimación argumentando que la controversia debía tramitarse a través del procedimiento de quejas y agravios del Convenio Colectivo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, determinando que el asunto estaba cubierto por el Convenio Colectivo. La empleada apeló, señalando que el TPI erró al concluir que la controversia estaba comprendida en el convenio. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La decisión se fundamenta en el marco legal que favorece el arbitraje obrero-patronal y la obligación de cumplir estrictamente con los procedimientos dispuestos en los convenios colectivos.

Resumen:

Ana V. Carrasco Marrero apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el cierre y archivo de su demanda por daños y perjuicios. La demanda se originó por una caída sufrida por la apelante en su residencia el 18 de mayo de 2016, alegadamente causada por filtraciones de agua. La Sra. Carrasco Marrero demandó a Mora Housing Management Inc. y otros el 21 de julio de 2017. Previamente, el 22 de julio de 2016, había enviado una carta certificada a un tercero (Marsh Saldaña/Sr. Vásquez) con la intención de realizar una reclamación extrajudicial. Tras un proceso donde se anotó y luego se dejó sin efecto la rebeldía de Mora Housing, este último presentó una moción de desestimación. Mora Housing argumentó que la reclamación estaba prescrita porque la carta extrajudicial no interrumpió el término prescriptivo al no haber sido dirigida a los deudores o causantes del daño. La apelante solicitó reconsideración de la decisión que levantó la rebeldía. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Me Salvé, Inc. La empresa apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que la encontró responsable de despido injustificado contra la empleada Lizzette Ortiz Rosado. El TPI había ordenado a Me Salvé pagar \$20,584.50 como indemnización. Me Salvé argumentó que el TPI cometió errores, como inconsistencias entre hechos y derecho, aplicar el concepto de acoso laboral no reconocido, y valorar incorrectamente la prueba sobre la conducta de la empleada y el proceso disciplinario. El caso se fundamenta en la aplicación de la Ley Núm. 80 de 1976 sobre despido injustificado. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los argumentos presentados por la apelante. Considerando los fundamentos expuestos, el panel concluyó que la sentencia del TPI debía ser revocada. En consecuencia, se revoca la determinación de despido injustificado y la orden de pago de indemnización.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre casos consolidados de daños y perjuicios. Las demandas surgieron de un accidente de tránsito fatal ocurrido en Toa Alta en 2012. Edwin Rivera González, conduciendo un vehículo de Cherox Inc., realizó un viraje en U que provocó la colisión con la motora de Edison Rodríguez Mercado, causándole la muerte. Sandra Roca La Santa, pareja del fallecido, y Noemí Cintrón Olivo, madre de sus hijos menores, presentaron demandas separadas reclamando compensación. Las demandas fueron consolidadas y llevadas a juicio en el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro encontró a los demandados, Rivera González y Cherox Inc., responsables del accidente. Inicialmente, el Tribunal de Primera Instancia condenó a los demandados al pago solidario de más de un millón de dólares. Tras una moción de reconsideración, la sentencia fue enmendada para reducir la cuantía total a \$817,437.00. La sentencia enmendada detalló la distribución de esta suma entre los demandantes por daños morales y lucro cesante. Este documento revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia en este caso de apelación.

Resumen:

Se trata de apelaciones consolidadas por daños y perjuicios derivadas de un accidente de tránsito fatal ocurrido el 6 de febrero de 2012 en Toa Alta. El accidente resultó en la muerte de Edison Rodríguez Mercado, quien impactó una guagua pick up que realizaba un viraje en U. Las demandantes, familiares del fallecido, presentaron dos demandas separadas contra el conductor y la empresa propietaria del vehículo, las cuales fueron consolidadas. El Tribunal de Primera Instancia celebró juicio y declaró Con Lugar las demandas, encontrando responsables a los demandados. Inicialmente, el foro primario condenó a los demandados al pago solidario de $1,059,498.87. Tras una moción de reconsideración y solicitudes de enmienda, el Tribunal de Primera Instancia enmendó su sentencia nunc pro tunc. La sentencia enmendada reiteró la determinación de responsabilidad y redujo la condena solidaria a $817,437.00. Esta suma se distribuyó entre las demandantes para compensar daños morales (angustias y sufrimientos mentales) y lucro cesante para los hijos menores.

Resumen:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de impugnación de confiscación. La demanda fue presentada por Toyota Credit de PR y Universal Insurance Company, quienes tenían intereses sobre un vehículo Toyota Prius confiscado. El vehículo fue incautado en 2013 tras una alegada transacción de sustancias controladas. Aunque el titular del vehículo fue denunciado, el proceso criminal culminó con una determinación de No Causa. Los apelados impugnaron la confiscación, alegando incumplimiento de ley e inconstitucionalidad, y que el resultado del caso penal impedía la confiscación. Universal Insurance adquirió los derechos de Toyota Credit y fue reconocida con legitimación activa por el foro primario. El Estado argumentó que la confiscación civil es un procedimiento in rem independiente del proceso criminal. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de la parte apelada, declarando ha lugar la impugnación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la decisión apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. Los apelantes, Samuel Valentín Negrón y otros, demandaron a Mapfre Praico Insurance Company por la gestión de una reclamación de daños tras el Huracán María. Alegaron que la aseguradora subvaloró los daños y denegó la totalidad de los beneficios, pagando una cantidad mínima que consideraron irrisoria. Mapfre solicitó sentencia sumaria, argumentando que el cobro de un cheque por parte del asegurado constituía un pago en finiquito que extinguía la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria y desestimó la demanda con perjuicio. Los apelantes recurrieron, sosteniendo que el TPI erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito sin considerar controversias de hechos esenciales, vicio en el consentimiento (dolo) y la política pública que rige la industria de seguros. Argumentaron que la investigación y ajuste de Mapfre fueron irrazonables y que no fueron debidamente orientados sobre sus derechos. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato. La parte apelante, Agro Industrias del Este Corp., demandó originalmente a la Autoridad de Carreteras por daños a fincas arrendadas causados por trabajos de construcción. La Autoridad de Carreteras trajo como terceros demandados a su contratista, Las Piedras Construction, y a la aseguradora de este, Triple S Propiedad. Agro Industrias apeló la Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra Las Piedras Construction y la Sentencia Sumaria que declaró no ha lugar la reclamación contra Triple S Propiedad. Ambas sentencias del foro primario se basaron en la defensa de prescripción levantada por los terceros demandados. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los recursos, confirmó las sentencias apeladas. El caso original se inició en 2012, y las reclamaciones directas contra los terceros demandados surgieron tras enmiendas a la demanda y una transacción con la demandada original.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en los casos consolidados KLAN201900893 y KLAN201900894. Agro Industrias del Este Corp. apeló dos dictámenes del Tribunal de Primera Instancia en un pleito por incumplimiento de contrato. El caso original fue instado por Agro Industrias contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por daños a sus fincas. La ACT trajo como terceros demandados a Las Piedras Construction Corp. (LPC), contratista del proyecto, y a su aseguradora Triple S Propiedad. Agro Industrias enmendó su demanda para reclamar directamente a LPC y Triple S. Tanto LPC como Triple S levantaron la defensa de prescripción. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial a favor de LPC desestimando la demanda y Sentencia Sumaria a favor de Triple S. Agro Industrias apeló ambas decisiones, y el Tribunal de Apelaciones confirmó los dictámenes apelados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación relacionada con un caso de partición de herencia desestimado. Amilda Agudo Abarca apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó sin perjuicio su demanda. El caso concierne la sucesión de Ada Nibia Abarca Iturrondo, quien falleció intestada, dejando siete herederos declarados. Se nombró una administradora que contrató a una contable para inventariar, avaluar y proponer la partición de los bienes. La contable preparó una propuesta particional y completó los trámites contributivos. La apelante solicitó documentos por correo electrónico, lo cual fue denegado por confidencialidad. Posteriormente, la administradora procedió a distribuir efectivo disponible entre los herederos. Tras evaluar los alegatos y documentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones emitió su decisión. El tribunal apelativo revocó la Sentencia del tribunal de instancia que desestimó la demanda.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero. Island Portfolio Services, LLC (IPS), como agente de Jefferson Capital Systems, Inc., demandó a Mayra Torres Jiménez. El Tribunal de Primera Instancia ordenó a IPS consignar una fianza de no residente y desestimó la demanda al no cumplirse la orden. IPS apeló, argumentando que, como corporación doméstica organizada bajo las leyes de Puerto Rico, no procedía la imposición de dicha fianza. IPS sostuvo que su registro local la eximía del requisito de fianza para no residentes, a pesar de representar a una entidad extranjera. El Tribunal de Apelaciones revisó la aplicación de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil sobre la fianza de no residente. Consideró el propósito de la regla, que busca proteger a los demandados frente a reclamantes foráneos. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esta decisión implica que la fianza de no residente fue requerida incorrectamente a IPS.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El apelante, José Eriel Muñiz Gómez, solicitó cambiar su nombre y apellidos a José Lev ÁlvarezGómez por motivos de conversión religiosa y para honrar a su padrastro. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición, interpretándola como un proceso de filiación y preocupado por posibles efectos a terceros. El apelante recurrió, alegando que el TPI erró al clasificar la petición como filiación y al denegar el cambio. El Ministerio Público, a través del Procurador General, concurrió con el apelante en que el TPI erró al considerar la petición como un acto de filiación. El Procurador General sostuvo que un cambio de nombre o apellido bajo la ley del Registro Demográfico no establece filiación legal ni altera el estado civil de la persona, solo su condición de cómo es conocida. La sentencia revisa el historial procesal y los argumentos de las partes para resolver la apelación.

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El Departamento del Trabajo solicitó al Tribunal de Primera Instancia la ejecución de una orden administrativa de pago contra Quebradillas Medical Center (QMC) a favor de una empleada. El Tribunal emitió una citación y, al no comparecer QMC, dictó sentencia en rebeldía, entendiendo que la citación fue correcta. QMC compareció posteriormente mediante mociones, sin someterse a la jurisdicción, alegando que nunca fue debidamente notificado ni emplazado, y que la sentencia era nula por falta de jurisdicción. QMC presentó mociones de desestimación, reconsideración y relevo de sentencia, reiterando la falta de jurisdicción y mencionando dificultades económicas. El Tribunal de Primera Instancia denegó consistentemente todas las peticiones de QMC y ordenó la ejecución de la sentencia. Inconforme con las denegatorias, QMC apeló ante este panel. La apelación se centra en el error alegado del Tribunal primario al no desestimar la solicitud inicial por falta de jurisdicción sobre QMC debido a la supuesta notificación defectuosa. Esta resolución evalúa si el Tribunal de Primera Instancia adquirió jurisdicción válida sobre QMC para dictar la sentencia y las órdenes subsiguientes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por impericia médica. Los apelantes recurren una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su causa de acción directa contra el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED). La desestimación se basó en que la acción contra la aseguradora estaba prescrita. La demanda original por impericia médica se presentó en abril de 2016, relacionada con hechos de 2011 y diagnóstico de 2012. SIMED fue formalmente incluida en una demanda enmendada en noviembre de 2017. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción directa contra SIMED había prescrito. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por José Manuel Dávila Carlos contra SMG Latin America, LLC. El Sr. Dávila impugnó una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia relativa a reclamaciones por despido injustificado bajo la Ley 80 y bonos de desempeño. El tribunal inferior había dictado sentencia sumaria desestimando la reclamación por despido injustificado y el bono de 2015, mientras que la denegó para el bono de 2014. El Sr. Dávila argumentó que la sentencia sumaria fue improcedente debido a controversias fácticas existentes y una aplicación errónea de la Ley 80. El Tribunal de Apelaciones revisó los requisitos para la sentencia sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil. Encontrando error en la decisión del tribunal inferior sobre la reclamación de despido, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada en cuanto a la reclamación de despido injustificado. Esta acción permite que la reclamación por despido injustificado continúe su litigio en el Tribunal de Primera Instancia.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. La apelante, Puerto Ensenada Development Corporation, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la paralización y archivo administrativo del caso contra la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. El foro primario basó su decisión en la paralización automática dispuesta por la Ley PROMESA, al considerar a la Autoridad parte del Gobierno de Puerto Rico en quiebra. La apelante argumentó que la Autoridad es una corporación pública independiente y que no se demostró que se acogiera a la quiebra bajo PROMESA. Mientras la apelación estaba pendiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución dejando sin efecto la sentencia de paralización y ordenando la reapertura del caso. Ante esta acción, la apelante presentó una moción en auxilio de jurisdicción, alegando que el foro primario carecía de jurisdicción para actuar mientras la apelación estaba ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones debe ahora resolver el recurso de apelación y las mociones subsiguientes, considerando la reversión de la decisión apelada por el propio tribunal de origen.

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Este documento es una SENTENCIA del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una reclamación de daños y perjuicios. Se presentaron dos demandas separadas contra un hogar de envejecientes y otras partes tras el fallecimiento de un residente. Los demandados intentaron consolidar estos casos, pero su moción solo se presentó en el primer caso. El tribunal de primera instancia en el primer caso tomó nota de la solicitud de consolidación pero no la ordenó. Posteriormente, el primer caso fue archivado administrativamente debido a una paralización relacionada con PROMESA. Paralelamente, el segundo caso continuó de forma independiente. La demandante en el segundo caso solicitó la consolidación con el primer caso archivado o una anotación de rebeldía contra los demandados por no contestar su acción específica. El documento detalla el historial procesal de ambos casos en el foro primario, destacando el asunto de la consolidación no resuelta y el manejo divergente de los dos pleitos relacionados. Esta apelación aborda las cuestiones derivadas de la gestión del tribunal de primera instancia sobre estos procedimientos paralelos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari presentada por José Luis Ramos Ortiz. Busca revocar una orden de protección emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La orden fue solicitada por su hermana, Susie Ramos Ortiz, en representación de su madre, Susie Ortiz Claudio, una persona de 95 años con demencia que reside en un hogar de cuido. La petición original bajo la Ley 121 alegaba que José Luis Ramos Ortiz intentaba llevarse a su madre a Estados Unidos sin el consentimiento de otros hermanos. El Tribunal de Primera Instancia encontró probados los hechos, incluyendo un intento "violento" de remover a la madre del hogar. La orden de protección emitida prohibió a José Luis Ramos Ortiz interferir con los derechos de su madre y dispuso que sus visitas fueran supervisadas. El peticionario argumenta que la Ley 121 fue mal aplicada a una disputa familiar sin alegación de maltrato y que se violó su debido proceso. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, deniega la expedición del auto solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre el Municipio de Salinas, Whitefish Energy Holdings, LLC y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El pleito original del Municipio contra Whitefish y la AEE reclamaba el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales. Whitefish recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia acogió la solicitud del Municipio para desistir con perjuicio de la acción contra la AEE. Whitefish argumentó que la AEE era una parte indispensable y que el foro primario carecía de jurisdicción debido a la protección de quiebra de la AEE bajo PROMESA. El Municipio sostuvo que Whitefish no era una parte adversamente afectada por el desistimiento contra la AEE. El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de Whitefish. La resolución aborda los argumentos de las partes y hace referencia a la Regla 39.1 de Procedimiento Civil sobre el desistimiento.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Scotiabank contra Héctor Luis Soto Rodríguez y Jeanet Rivera Piñero. Los demandados, ahora apelantes, recurren una resolución del TPI que denegó su moción de nulidad de sentencia. Scotiabank había instado la demanda alegando incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario y solicitó sentencia en rebeldía tras afirmar que los demandados fueron emplazados y no contestaron. El TPI dictó sentencia en rebeldía condenando a los apelantes al pago de la deuda y ordenando la venta de la propiedad hipotecada. Posteriormente, los apelantes solicitaron la nulidad de la sentencia y la subasta. Alegaron que los emplazamientos fueron defectuosos por contener un número de caso y una dirección postal incorrectos. Sostuvieron que no fueron notificados de la moción de sentencia en rebeldía ni de la sentencia misma a su dirección correcta. Argumentaron que la falta de notificación adecuada les impidió participar en el proceso y en la mediación compulsoria requerida por ley. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como Certiorari. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones expedirá el auto solicitado y revocará la Resolución recurrida del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio entre Guillermo Emilio Martínez Ríos y Omayra Matamoros Ríos. El apelante impugna la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar una Moción Sobre Hogar Seguro. Dicha moción, presentada por la apelada, solicitaba designar la vivienda familiar como hogar seguro para los hijos menores. El señor Martínez se opuso, alegando que la propiedad era privativa, existían alternativas de vivienda, y que un acuerdo nupcial y un proceso de quiebra impedían la designación. La señora Matamoros argumentó a favor del hogar seguro, destacando el derecho de los menores, sus necesidades especiales y la importancia de la estabilidad. El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar los escritos y el expediente, designó la propiedad donde residían los menores como su hogar seguro. El señor Martínez recurrió en certiorari, alegando error al adjudicar la solicitud sin una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Municipio de Lajas apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda en cobro de dinero contra DJ Universal Contractors Corp. y otros. El Municipio reclamaba \$182,000 pagados indebidamente a DJ Universal, alegando que los contratos de obra fueron obtenidos mediante un esquema fraudulento que involucró a un empleado municipal. Se mencionan convicciones criminales previas contra dos de los demandados relacionadas con estos hechos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda aplicando la doctrina de cosa juzgada, basándose en un pleito anterior entre las mismas partes. El Municipio argumentó en apelación que el TPI erró al aplicar dicha doctrina y al no considerar la alegada nulidad radical de los actos fraudulentos. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el Municipio. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia. El tribunal destaca la normativa estricta que rige la contratación gubernamental y la invalidez de contratos obtenidos fraudulentamente.