Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 236)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Francisco Valdés Pérez. El apelante impugna la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que ordenó el archivo con perjuicio de su demanda civil. Dicha demanda original, presentada por derecho propio, acumulaba seis causas de acción contra múltiples codemandados por cobro de dinero, incumplimiento de acuerdos y contrato vitalicio, y daños y perjuicios, reclamando más de \$25 millones. El archivo del caso en primera instancia se basó en el incumplimiento del apelante con el diligenciamiento de los emplazamientos dentro del término reglamentario. Previamente, el apelante había acudido al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari solicitando se ordenara al foro primario diligenciar los emplazamientos, dado que comparecía in forma pauperis y se encontraba sumariado. Un panel hermano había ordenado al TPI proceder con dicho diligenciamiento a través de la Oficina de Alguaciles. No obstante, el TPI posteriormente constató el vencimiento del término para emplazar y procedió al archivo con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones examina ahora la comparecencia del apelante, el tracto procesal y el estado de derecho aplicable. Se eximió a la parte apelada de presentar su alegato en este recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901055. El apelante, Fernando Pérez Quiles, recurre contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Sentencia archivó sin perjuicio una Demanda de interdicto posesorio preliminar y permanente presentada por el apelante contra Joseph Santiago Cintrón. El TPI determinó que el emplazamiento al demandado se realizó fuera del término de 120 días establecido por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. El apelante alegó que el TPI erró al ordenar el archivo, argumentando que el emplazamiento fue diligenciado dentro del término legal. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. En consecuencia, se deja sin efecto el archivo de la reclamación. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de ejecución de hipoteca. La apelante impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la ejecución en su contra. La controversia se origina en un caso previo donde el banco demandó por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. En ese primer litigio, se concedió el cobro de dinero, pero la ejecución hipotecaria fue desestimada sin perjuicio porque la hipoteca no estaba inscrita. Posteriormente, el banco presentó una segunda demanda exclusivamente para la ejecución de la hipoteca. La apelante solicitó la desestimación de este segundo caso alegando cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, basándose en la sentencia previa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y luego dictó sentencia a favor del banco en la ejecución. El foro primario entendió que el segundo caso versaba sobre la ejecución de la garantía hipotecaria inscrita, no sobre el cobro de la deuda ya adjudicada. La apelante recurre al Tribunal de Apelaciones señalando errores en la decisión del foro primario al no aplicar las figuras de impedimento colateral por sentencia y enriquecimiento injusto. La sentencia del Tribunal de Apelaciones detalla este historial procesal y los argumentos de la apelante en su recurso.

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Apelación sobre relaciones paterno filiales y modificación de custodia compartida. El apelante, Jonin A. Ruiz Fence, solicitó modificar el acuerdo de custodia de su hijo menor tras trasladarse a Tennessee por trabajo. Propuso que el menor alternara su residencia, viviendo seis meses al año con él en Tennessee y seis meses con la madre en Puerto Rico. El acuerdo original de custodia compartida, establecido tras el divorcio, implicaba que el menor residiera principalmente en Puerto Rico. La apelada, Brendaliz Villanueva Chaparro, no accedió a la petición. Se realizó un estudio social que recomendó continuar la custodia compartida, sugiriendo una reevaluación si se concedía la alternancia de residencia. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la petición del padre de modificar la custodia para permitir la alternancia semestral de residencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la transcripción de la vista. El foro apelativo confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso incoado por Domingo Polanco Cruz. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia global de sesenta años de cárcel dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia se basó en un veredicto de culpabilidad por jurado. El jurado lo encontró culpable de asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Los cargos se relacionan con hechos ocurridos en noviembre de 2014, que resultaron en una muerte y una tentativa de muerte por arma de fuego. En su apelación, Polanco Cruz alegó errores relacionados con la suficiencia y credibilidad de la prueba presentada por el Ministerio Público. Argumentó que la evidencia era deficiente y llena de contradicciones, y que el tribunal erró al no instruir al jurado sobre el delito de homicidio. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Antilles Enterprises, Inc. y otros contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Los apelantes impugnan la desestimación de su recurso de mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho recurso buscaba obligar al DRNA a adjudicar sus solicitudes de intervención en un procedimiento relacionado con Clemenceu 2, LLC. Las solicitudes de intervención se presentaron en el contexto de una querella y una solicitud de franquicia de extracción de aguas por parte de Clemenceu, obra que afectaba a los apelantes. Los apelantes alegaron que el DRNA tenía el deber ministerial de atender sus peticiones de intervención en este proceso cuasi-adjudicativo. El DRNA argumentó que no había un procedimiento adjudicativo pendiente y que el asunto se tornó académico tras un acuerdo transaccional con Clemenceu, quien obtuvo el permiso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el mandamus por considerarlo académico. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, fondos de inversión, impugnan una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio su demanda. La acción original fue presentada por Doral Mortgage Corporation (predecesora de los apelantes) contra William Calo y otros, incluyendo la sucesión de su madre, Ramona Mangual Calo. El caso se originó por el incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario suscrito por William Calo y garantizado con una hipoteca sobre una propiedad de sus padres. Tras el fallecimiento de la madre, la demanda fue enmendada para incluir a su sucesión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso, lo cual fue apelado. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación. Por los motivos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del foro primario.

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El caso se origina en la Sala Superior de San Juan, donde se decretó la nulidad de un proceso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio de Comerio contra terrenos propiedad de los señores Rivera-Centeno. La nulidad se basó en el incumplimiento del Municipio con requisitos de la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, lo que le restó autoridad para expropiar. Como resultado, se desestimó la acción sin perjuicio, se revirtió la investidura de título, se ordenó cancelar la inscripción registral a favor del Municipio y se dispuso la devolución de la justa compensación retirada por los Rivera-Centeno. El Municipio apeló la sentencia que declaró la nulidad, mientras que los Rivera-Centeno apelaron una resolución que denegó su solicitud de costas. Los tres recursos fueron consolidados. El pleito inicial del Municipio en 2008 buscaba adquirir una parcela de 4.7652 cuerdas para otorgar títulos a los ocupantes de estructuras, basándose en una resolución municipal y un convenio relacionado con comunidades especiales. La demanda consignó una compensación estimada, pero no incluyó la renta dejada de devengar por el propietario.

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La Sala Superior de San Juan decretó la nulidad de un proceso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio de Comerío sobre una parcela de 4.7652 cuerdas en una comunidad especial. La nulidad se basó en el incumplimiento del Municipio con requisitos legales para expropiar en dichas comunidades, específicamente la Ley Núm. 1-2001, dejándolo sin autoridad para proceder. Como resultado, se desestimó la acción sin perjuicio, se revirtió la investidura de título, se ordenó cancelar la inscripción registral a favor del Municipio y se instruyó a los propietarios (Rivera-Centeno) a devolver la compensación retirada. El Municipio apeló la sentencia de nulidad, mientras que los propietarios apelaron una resolución denegando su solicitud de costas. Los tres casos fueron consolidados para revisión. El pleito se originó en 2008 con la demanda del Municipio para adquirir el terreno y otorgar títulos a los ocupantes, autorizado por una resolución municipal y un convenio relacionado con comunidades especiales. La demanda consignó una compensación estimada, pero no incluyó la renta dejada de devengar por el propietario original.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación de Narciso Reyes Carrillo. El apelante fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia por tentativa de infracción al Artículo 277 del Código Penal. La acusación se basó en la introducción de 31 gramos de cocaína "dummy" (harina) en una institución correccional. El Tribunal de Primera Instancia le impuso una sentencia de dos años bajo libertad a prueba y una pena especial de \$300. El apelante recurrió, alegando que la acusación violaba el principio de legalidad al no tratarse de una sustancia prohibida. También argumentó que la prueba fue insuficiente al basarse en evidencia no delictiva. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso considerando el estándar de revisión penal y el principio de legalidad. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia recurrida.

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Ha comparecido ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación. La apelante, Sra. Norma I. Buxó Torres, solicita la revocación de una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda por incumplimiento de contrato contra Mapfre Insurance Company. La demanda se originó por los daños sufridos en su residencia a causa de los huracanes Irma/María, cubiertos por una póliza de hogar con Mapfre. Tras reportar las pérdidas, Mapfre evaluó la reclamación y le otorgó un pago de $1,114.40, basado en una evaluación de daños menos el deducible. La Sra. Buxó consideró la cantidad exigua y presentó la demanda. Mapfre se defendió alegando que la asegurada aceptó el pago como finiquito al recibir y cambiar el cheque. El tribunal de primera instancia acogió esta defensa y dictó sentencia sumaria. Corresponde ahora al Tribunal de Apelaciones dirimir si el mecanismo de sentencia sumaria fue apropiado para disponer de la controversia.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por Bethsaida Martínez Romero en un caso sobre división de comunidad de bienes. El tribunal encontró que la presentación de la apelación por la apelante carecía de deficiencias significativas, faltando elementos esenciales como señalamientos de error, una relación de la controversia y documentación adecuada. Aunque la apelación también pudo haber sido presentada prematuramente, la razón principal de la acción del tribunal fue el craso incumplimiento de la apelante con las reglas que rigen las apelaciones. El tribunal enfatizó su deber de salvaguardar su jurisdicción y la obligación del apelante de perfeccionar adecuadamente su recurso. El incumplimiento estricto de las normas procesales impide que el tribunal apelativo adquiera jurisdicción sobre el caso. El tribunal determinó que el incumplimiento de la apelante creó un impedimento real para considerar la apelación en sus méritos. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un recurso presentado por Orlando Ramos Cabán. El apelante solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que, según él, desestimó su demanda. Alegó que la desestimación se basó en no agotar los remedios administrativos, pidiendo ser eximido por ser confidente y sufrir represalias. El Tribunal de Apelaciones examinó el escrito de apelación presentado. Determinó que el recurso no cumplía con los requisitos básicos establecidos en la Regla 16 de su Reglamento. Se señaló la falta de elementos esenciales en el escrito y el apéndice, incluyendo la copia de la sentencia apelada. Por tanto, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso debido a estas deficiencias procesales. En consecuencia, la apelación fue desestimada.

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Recurso de apelación presentado por Víctor Díaz Blas contra el Hospital San Carlos, Inc., procedente del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. La controversia principal versa sobre una reclamación de despido injustificado, salario y mesada. El apelante alegó haber sido despedido sin justa causa, mientras que el hospital sostuvo que medió justa causa basada en la conducta y el historial disciplinario del empleado. El tribunal de instancia concedió una sentencia sumaria parcial a favor del hospital respecto a la causa de acción por despido injustificado. Dicha sentencia encontró hechos incontrovertidos sobre el despido y las acciones disciplinarias previas. El apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones buscando la revocación de esta decisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción debido a que la apelación fue presentada de forma tardía.

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La apelación presentada por Kelvin Rivera Ortiz ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia encontró a Rivera Ortiz culpable de infracciones al Código Penal y la Ley de Armas. Tras la sentencia, el apelante presentó una moción de reconsideración en el foro primario y un recurso de apelación. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración después de que se presentara la apelación. Un recurso anterior fue desestimado por prematuro debido a la moción de reconsideración pendiente. Esta sentencia resuelve el nuevo recurso de apelación. El Tribunal discute la distinción entre el fallo y la sentencia en el proceso criminal y el cómputo del término de 30 días para apelar desde el pronunciamiento de la sentencia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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