Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 232)

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) para recurrir de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Salinas. Dicha sentencia desestimó la demanda de PRTC en solicitud de sentencia declaratoria contra el Municipio Autónomo de Salinas. PRTC buscaba impugnar la Ordenanza número 6, Serie 2017-2018, que regula la instalación de antenas de telecomunicaciones en el municipio. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que PRTC carecía de legitimación activa al no haber demostrado un daño concreto. La Ordenanza municipal impone diversas restricciones de ubicación y requisitos adicionales para la instalación de antenas, como distancias mínimas de zonas residenciales, iglesias o escuelas, y la celebración de vistas públicas. PRTC alegó que estas disposiciones contravienen leyes y reglamentos estatales y federales que ocupan el campo de la regulación de telecomunicaciones. La compañía sostuvo que la ordenanza afectaba sus proyectos planificados, como una estación radio base en el sector Vázquez. El Municipio de Salinas defendió su facultad legislativa y reiteró la falta de legitimación activa de PRTC como base para la desestimación. La apelación busca la revocación de la sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite una resolución en un caso de daños a la propiedad, donde el apelante busca revisar una orden del Tribunal de Primera Instancia que reiteró la descalificación de su abogada. El recurso, aunque presentado como apelación, es acogido como certiorari por tratarse de un dictamen interlocutorio. La parte apelada no presentó alegato. No obstante, el Tribunal encontró que el escrito del apelante adolecía de serios defectos y no cumplía con los requisitos reglamentarios para perfeccionar el recurso. La resolución subraya la obligación de los abogados de cumplir rigurosamente con las disposiciones sobre la forma, contenido y fundamentación de los recursos apelativos. Se enfatiza que el escrito debe señalar, discutir y fundamentar claramente los errores imputados al foro de instancia. El incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione adecuadamente y puede privar de jurisdicción al foro apelativo. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso presentado por el apelante debido a los defectos encontrados, conforme a la Regla 83(C) de su Reglamento.

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Un grupo de empleados, originadores de préstamos hipotecarios, demandó a su empleador, SunWest, reclamando violaciones a leyes laborales de Puerto Rico y federales. Alegaron ser empleados no exentos con derecho a horas extras y periodos de alimentos, además de descuentos ilegales y salarios impagados. SunWest sostuvo que los empleados eran exentos bajo la ley aplicable y que toda compensación adeudada había sido satisfecha. El Tribunal de Primera Instancia resolvió una solicitud de sentencia sumaria, determinando que los empleados eran no exentos y tenían derecho a horas extras y periodos de alimentos. No obstante, esta determinación no resolvió la controversia de manera definitiva. Aspectos cruciales como las cuantías exactas adeudadas y el descubrimiento de prueba quedaron pendientes para una vista evidenciaria. El recurso fue acogido como un Certiorari por no tratarse de una resolución final. El pleito, iniciado bajo el procedimiento sumario, fue convertido a uno ordinario debido a su complejidad y el estado del descubrimiento de prueba.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende el recurso presentado por Hogar Hacienda El Paraíso, Inc. El Hogar apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por falta de jurisdicción. La demanda original impugnaba la determinación del Departamento de la Familia de reducir la capacidad licenciada del Hogar para personas de edad avanzada. El Hogar, con licencia para 34 residentes, enfrentó una reducción a 27 tras visitas de un oficial de licenciamiento. El Departamento justificó la disminución alegando que las facilidades no cumplían con los requisitos mínimos de espacio. El Hogar argumentó que las acciones del oficial fueron impropias, la reducción prejuiciada, y que violaba sus derechos adquiridos y el debido proceso de ley. Alegó que la medida causaría daños financieros significativos y afectaría su crecimiento económico. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia dictada por el foro recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la responsabilidad de Banco Popular de Puerto Rico y US Bank por el pago de cuotas de mantenimiento. Las asociaciones de titulares de la Comunidad Paseos apelaron la decisión del foro primario. La controversia se centra en propiedades que los bancos adquirieron involuntariamente mediante ejecución hipotecaria. El Tribunal de Primera Instancia dictaminó que, bajo la Ley Núm. 119 de 2016, los bancos solo eran responsables por las cuotas desde el momento de la adquisición y las vencidas en los seis meses anteriores. Las asociaciones apelantes buscan que se revise esta limitación de responsabilidad. El caso involucra a la asociación matriz PHA y a otras asociaciones como PSJHA y PPHA, con cinco propiedades aún en disputa. Se detallan los antecedentes procesales y fácticos, incluyendo la demanda inicial de BPPR y la forma en que los bancos adquirieron las propiedades en subastas judiciales. Las asociaciones reclaman el pago de cuotas acumuladas por periodos extensos antes de la adquisición bancaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Juan Hernández Rivera contra Caribbean Produce Exchange, LLC. El apelante recurre una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado, discrimen por edad y represalias. Hernández Rivera alegó que su cesantía fue discriminatoria y retaliatoria, y que las razones aducidas por el patrono eran pretextos. Caribbean Produce defendió el despido argumentando baja productividad, mala actitud y problemas con clientes, además de la eliminación de puestos. La empresa apelada solicitó sentencia sumaria, detallando sus justificaciones. El apelante se opuso, negando hechos materiales y proponiendo otros. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación por incumplimiento de contrato de seguro. El apelante, Héctor A. Santos Rivera, demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples por no resarcir adecuadamente los daños a su propiedad tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió sentencia sumaria a favor de la aseguradora. El TPI determinó que el asegurado aceptó un pago total y definitivo al cambiar un cheque que contenía una cláusula de "pago en finiquito". Basado en la doctrina de "accord and satisfaction", el TPI desestimó la acción con perjuicio. El Sr. Santos Rivera apeló esta decisión. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia emitida por el TPI.

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Recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Julio A. Lara Santiago. El peticionario solicitó su exclusión del Registro de Ofensores Sexuales, en el que fue inscrito tras ser convicto en 2006 por tentativa de actos lascivos. Cumplió su sentencia bajo régimen de sentencia suspendida, la cual expiró en mayo de 2009. Lara Santiago argumentó que había cumplido el término de diez años de registro dispuesto por la Ley 266-2004. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente denegó la solicitud por prematura, basándose en el término de 10 años desde la expiración de la probatoria. Posteriormente, el foro primario denegó la solicitud nuevamente, pero esta vez aplicando la Ley 243-2011, que establece registro de por vida para el delito imputado. Inconforme con esta última determinación, el peticionario acudió en alzada. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y REVOCA la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. ACG, Inc. apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló en su contra en una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por Hotel Plaza Las Delicias, Inc. La disputa se originó por un contrato de compraventa de máquinas de juegos de azar que, según Hotel Plaza, ACG no entregó tras recibir máquinas en trade-in y un pronto pago. Las partes intentaron transar el caso en varias ocasiones. En una vista, el abogado de Hotel Plaza anunció un acuerdo transaccional, cuyos términos fueron confirmados en sala por el presidente de ACG. Dicho acuerdo otorgaba a ACG 90 días para cumplir el contrato original, con la condición de que, de incumplir, se allanaría a una sentencia final conforme a las alegaciones de la demanda. Posteriormente, ACG presentó una moción indicando no estar de acuerdo con los términos anunciados. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia contra ACG basándose en las alegaciones de la demanda. ACG recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicha sentencia.

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Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) comparece en apelación contra una sentencia sumaria. Dicha sentencia fue dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Triple-S, Inc. en un caso de cobro de dinero. Tras la sentencia, la AMA presentó una moción de reconsideración ante el foro primario. Posteriormente, la AMA apeló ante el Tribunal de Apelaciones mientras la moción de reconsideración aún estaba pendiente. Triple-S solicitó la desestimación del recurso por considerarlo prematuro. El Tribunal de Apelaciones examina la cuestión jurisdiccional. Se destaca que un recurso presentado prematuramente carece de eficacia y priva de jurisdicción al tribunal apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Love and Care CMF, Inc. y Carlos Méndez Figueroa. El recurso impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Dicha sentencia desestimó las alegaciones de la segunda demanda enmendada de los apelantes contra el Departamento de la Familia. La desestimación se fundamentó en la conclusión del TPI de que los reclamos requerían el agotamiento de remedios administrativos. El documento detalla el historial procesal ante el Tribunal de Apelaciones desde la radicación del recurso el 16 de septiembre de 2019. Se describen las mociones presentadas, las resoluciones emitidas por el panel y la presentación de alegatos por ambas partes. Se mencionan gestiones relacionadas con solicitudes de paralización, reconsideración y alegatos suplementarios. El Tribunal de Apelaciones indica que el caso ha quedado sometido para su adjudicación.

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Scotiabank de Puerto Rico apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 16 de julio de 2019. Dicha Sentencia del TPI había denegado la moción de desestimación presentada por Scotiabank. La moción de desestimación se basaba en el argumento de que la acción de daños y perjuicios ex contractu, incoada por Raúl E. Martínez Santa Cruz y Lynnette Vidal Santiago, estaba prescrita. Los demandantes alegaban incumplimiento contractual y negligencia de Scotiabank, incluyendo la falta de acreditación o devolución de un pago de \$10,000. El TPI había determinado que la acción no estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el derecho aplicable al caso. Concluyó que procedía revocar la Sentencia apelada. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones determinó que la acción presentada por los demandantes sí estaba prescrita.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación sobre división de comunidad de bienes. La apelante, Bethsaida Martínez Romero, impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar la división solicitada por Julio Toro Díaz. La sentencia apelada fue dictada en marzo de 2019. Tras una moción de reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia la denegó en mayo de 2019, lo que provocó que la sentencia adviniera final y firme en junio de 2019. Una resolución posterior de octubre de 2019 solo modificó un aspecto procesal (autorizar al alguacil a firmar), sin alterar el fondo de la sentencia. La apelante presentó su recurso de apelación en noviembre de 2019. El Tribunal de Apelaciones examinó el expediente y concluyó que la apelación fue presentada fuera del término jurisdiccional. Aunque se concedió la solicitud de la apelante para litigar como indigente, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación de una demanda. El apelante, el abogado Robert A. Fleming, demandó a María del Mar Bacó Viamonte por cobro de dinero y daños. La reclamación surge de un contrato de servicios legales para representar a la apelada y su familia en un caso de daños. El acuerdo original estipulaba honorarios contingentes del 24% de lo recuperado. Tras casi cuatro años de trabajo, Fleming renunció a solicitud de la apelada antes de que el caso concluyera. Posteriormente, Fleming facturó sus servicios basándose en horas trabajadas, reclamando \$45,517.00. La apelada sostuvo que el pago era contingente y que Fleming no finalizó la representación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de Fleming por falta de jurisdicción. La apelación busca determinar si dicha desestimación fue correcta.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Mario Antonio Hernández García. El apelante busca revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Manatí. Dicha sentencia acogió una reconvención presentada por los apelados, Hiram González y Abdia Judith Feliciano Díaz. La reconvención se originó tras una demanda inicial del apelante por daños y perjuicios. El caso involucra el depósito de cuatro rifles propiedad del apelante en la armería de los apelados. El apelante no pudo retirar las armas porque el sistema NICS denegó la transferencia debido a su récord criminal. El apelante demandó a los apelados alegando negligencia, mientras que estos reconvinieron reclamando cargos por el depósito de las armas. El TPI ordenó al apelante pagar \$7,080.00 en cargos de depósito, más intereses, costas y honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones anuncia que modificará la sentencia apelada.

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El caso involucra a Ketsy Mariel Natal Bajanda, representada por sus padres, contra Educational Technical College (EDUTEC) por daños y perjuicios. Ketsy fue admitida al programa de enfermería práctica de EDUTEC y comenzó a estudiar en 2011. Poco después de iniciar clases, EDUTEC solicitó información médica y posteriormente le informó que no podía continuar en el programa. EDUTEC basó su decisión en las condiciones de salud de Ketsy, incluyendo diagnósticos de salud mental, su rendimiento académico y la naturaleza estresante del programa. Los padres de Ketsy demandaron a EDUTEC, alegando discriminación por razón de las condiciones de salud de su hija. EDUTEC negó la discriminación, argumentando que Ketsy omitió información relevante y que la decisión se basó en requisitos del programa y la capacidad para ejercer la profesión. EDUTEC presentó una Moción de Sentencia Sumaria en el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. La denegatoria se fundamentó en la existencia de controversias sobre hechos materiales. Estos hechos incluían si la condición de Ketsy era incapacitante, si estaba capacitada para el adiestramiento y si la decisión de EDUTEC fue discriminatoria. Este documento es la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en relación con la apelación de dicha denegatoria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato contra MAPFRE. La apelante, Frances López, demandó a la aseguradora por supuestas prácticas desleales y dolo en el ajuste de su reclamación por daños del Huracán María. Alegó que el pago recibido fue insuficiente y su consentimiento viciado. MAPFRE solicitó la desestimación o sentencia sumaria, invocando la defensa de pago en finiquito, argumentando que la apelante aceptó y cobró un cheque como pago total y final. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa de MAPFRE, declarando la deuda extinguida y desestimando la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia del TPI. Considerando la política pública sobre prácticas de aseguradoras y el mecanismo de sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada. Se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Este documento presenta la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Ana Montañez Meléndez contra Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelante recurrió la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato de seguro tras el huracán María. Montañez reclamaba compensación por daños a su propiedad, alegando que la aseguradora no cumplió sus obligaciones contractuales y actuó de mala fe. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, argumentando que la apelante aceptó un pago en finiquito al cambiar un cheque ofrecido como pago total y final. La apelante se opuso, sosteniendo que el pago solo cubría "otras estructuras" y no la "vivienda", que existían controversias de hechos y que su consentimiento al cambiar el cheque estaba viciado. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria de la aseguradora, desestimando la demanda con perjuicio. La apelante señaló errores en la aplicación de la defensa de pago en finiquito y en la desestimación sumaria sin considerar el alcance del pago y los hechos controvertidos. Tras evaluar la apelación, la oposición y los documentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, en el caso KLAN201900664. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en el caso civil SJ2018CV08247, sobre partición de herencia. Las partes apelantes son Francisco Flores Delgado et als y las apeladas son Olga Lilliam Flores Delgado et als. El panel estuvo integrado por los jueces Vizcarrondo Irizarry, Romero García y Torres Ramírez. El apelante Francisco Flores Delgado presentó una Moción de Desistimiento el 20 de noviembre de 2019. En dicha moción, solicitó que se declarara Ha Lugar el desistimiento del recurso. El Tribunal, considerando las disposiciones de su reglamento, específicamente la Regla 83(A), procedió a evaluar la solicitud. Mediante sentencia emitida el 25 de noviembre de 2019, el Tribunal declaró Ha Lugar el desistimiento presentado por la parte apelante. Como consecuencia, se decretó el archivo de la presente causa de acción. La sentencia fue notificada y certificada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico demandó a las sucesiones de Teófilo Merced Rivera y Virginia Acevedo Acevedo para cobrar una deuda de $149,118.49 garantizada con hipoteca. El banco alegó que los demandados incumplieron un préstamo de $150,000. Las sucesiones demandadas disputaron la cantidad adeudada, y un miembro afirmó posteriormente que la deuda había sido pagada en su totalidad. También presentaron reconvenciones alegando que el banco les negó información y actuó indebidamente tras la muerte de una deudora, causándoles daños morales. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular, declarando la deuda vencida y exigible y ordenando el pago o la subasta. El foro primario también desestimó las reconvenciones de las sucesiones. Las sucesiones apelaron esta decisión, argumentando que la sentencia sumaria fue errónea y que sus reconvenciones fueron desestimadas indebidamente. El Tribunal de Apelaciones revisa la apelación, comenzando con el análisis del estándar legal para la sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por accidente de vehículo de motor. La demanda fue presentada por Daniel Umaña Torres et al. contra Omega Services Corp., su aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) y Blockbuster. El Sr. Umaña Torres alega haber sido atropellado por un empleado de Omega en un estacionamiento. Los demandados negaron cubierta bajo la póliza de auto, y CSM alegó exclusiones bajo la póliza de responsabilidad general. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria desestimando la demanda. Los demandantes apelaron, planteando errores en la desestimación total del caso contra Omega, el uso de alegaciones no juradas para la sentencia sumaria, la falta de consideración de la póliza de auto y la interpretación de la póliza de responsabilidad general. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver la apelación basada en estos señalamientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El Lcdo. Daniel Valentín Figueroa apeló la sentencia sumaria que desestimó su demanda por daños contra la Universidad de Puerto Rico (UPR). El demandante alegó que la UPR proveyó información negligente sobre querellas en su contra a entidades evaluadoras para su admisión a la abogacía en Washington. La UPR solicitó sentencia sumaria basándose en un documento de "Authorization and Release" firmado por el demandante. Este documento autorizaba la divulgación de información y contenía un relevo de responsabilidad para quienes la proporcionaran. El Tribunal de Primera Instancia encontró que el relevo de responsabilidad justificaba la desestimación de la demanda. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios contra un patrono no asegurado. Maribel Méndez Alicea demandó a Borinqen Broadcasting Co. Inc. por una condición ocupacional alegando negligencia. La apelada solicitó la desestimación del caso argumentando que la demandante no notificó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) conforme a ley, lo que, a su juicio, afectaba la jurisdicción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, resolviendo que la notificación a la CFSE era un requisito de cumplimiento estricto, no jurisdiccional, y ordenó la notificación, la cual se realizó. Tras el juicio en el fondo, el TPI declaró con lugar la demanda. La apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones, señalando como error principal la negativa del TPI a desestimar por la falta inicial de notificación a la CFSE. También impugna errores en la apreciación de la prueba, la relación causal y la negligencia. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar el recurso, iniciando con el análisis de la jurisdicción.

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Axel Morales Pérez apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y varios funcionarios. La demanda original alegaba daños sufridos por presuntamente no haber recibido servicios médicos adecuados. El tribunal de instancia desestimó el caso por no haberse agotado los remedios administrativos correspondientes. Al presentar la apelación, el Sr. Morales Pérez no certificó haber notificado el recurso a la parte apelada. El Tribunal de Apelaciones le concedió un término para acreditar dicha notificación, advirtiendo que de no hacerlo, el recurso sería desestimado. El apelante no cumplió con la orden dentro del término concedido. Aunque la política judicial favorece resolver los casos en sus méritos, las violaciones a los reglamentos procesales impiden que el tribunal pueda entender en el recurso. La falta de diligenciamiento para perfeccionar la apelación justifica su desestimación.

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Elba Vélez Pérez apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de injunction preliminar y permanente contra el Departamento de Educación. La apelante buscaba dejar sin efecto su reubicación laboral, alegando que la decisión del Departamento de Educación era contraria a su reglamento y le causaba daños irreparables. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición de injunction al considerar que la apelante disponía de otro remedio adecuado en ley, específicamente el procedimiento administrativo que ya había iniciado. La señora Vélez Pérez impugnó esta decisión en apelación, argumentando que existían excepciones a la regla de agotar los remedios administrativos, como la protección de derechos constitucionales, la existencia de daños irreparables y la inutilidad del proceso administrativo. El Departamento de Educación se opuso a la apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y la oposición. Citando jurisprudencia, el tribunal recordó que la concesión de un injunction requiere demostrar la ausencia de un remedio legal adecuado y la existencia de un daño irreparable. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel XI, en un caso sobre daños y perjuicios. Las partes incluyen a David García O'Neill y otros como apelados, y al Municipio de Guaynabo como apelante. El caso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. La sentencia, emitida el 22 de noviembre de 2019, atiende una moción presentada por el apelante, Municipio de Guaynabo. Dicha moción solicitaba el desistimiento con perjuicio debido a una transacción entre las partes. El Tribunal declaró con lugar la moción, ordenando el archivo definitivo de la causa con perjuicio. Esto significa que el caso queda cerrado y no puede ser presentado nuevamente.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes recurren una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una demanda de Oriental Bank. Dicha sentencia ordenó a los apelantes pagar una suma adeudada o enfrentar la venta pública del bien hipotecado. Tras la sentencia, los apelantes presentaron una moción de reconsideración ante el tribunal de primera instancia. Sin esperar la resolución de la reconsideración, interpusieron el presente recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones requirió a los apelantes que proveyeran copia de la determinación sobre la moción de reconsideración para auscultar su jurisdicción. Los apelantes no cumplieron con dicho requerimiento en los plazos provistos. Ante la ausencia de constancia de la adjudicación de la reconsideración, el Tribunal asume que la misma está pendiente. Concluye que, al estar pendiente la reconsideración en la instancia inferior, carece de jurisdicción para atender la apelación. Por consiguiente, se desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) erró al conducir un proceso de desacato criminal contra un notario. El caso se originó por una remisión del Tribunal Supremo, a solicitud de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), sobre deudas arancelarias del notario. El tribunal apelativo concluyó que el proceso del TPI no se llevó a cabo con las garantías de un caso penal. Además, señaló que ODIN, una parte interesada ajena al poder ejecutivo, fungió indebidamente como "fiscal". La conducta imputada ocurrió fuera de la presencia del tribunal y se relacionaba con la puesta en vigor de un dictamen de ODIN, no con la integridad de un proceso judicial. El TPI había iniciado el trámite como "Desacato Criminal" y citó al notario para mostrar causa por incumplimiento de órdenes del Tribunal Supremo. Se celebraron varias vistas en el TPI donde se discutieron la deuda original y otros asuntos, como aranceles por libros notariales perdidos, aunque no se recibió prueba formal en las etapas iniciales descritas. La sentencia del Tribunal de Apelaciones invalida la forma en que el TPI manejó el caso de desacato debido a estos errores procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de desacato criminal contra un notario. El tribunal apelativo concluyó que el TPI erró al conducir el proceso de desacato. Señaló que el procedimiento no se llevó a cabo con las garantías propias de un caso penal. Además, criticó que la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), una parte interesada y ajena al poder ejecutivo, actuara como "fiscal". La conducta imputada ocurrió fuera de la presencia del tribunal y se relacionaba con la ejecución de un dictamen de ODIN, no con la integridad de un proceso judicial. El caso se originó por una moción de ODIN ante el Tribunal Supremo sobre deudas arancelarias y gastos del notario. El Tribunal Supremo refirió el asunto al TPI para iniciar procedimientos de desacato. El TPI citó al notario para mostrar causa por incumplimiento de órdenes del Tribunal Supremo. Se celebraron varias vistas en el TPI donde se discutieron las deudas y la reconstrucción de libros notariales, sin que se recibiera prueba formalmente en las descritas.

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Bella International, LLC apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en un caso de daños y perjuicios. El foro primario declaró con lugar la demanda instada por Jorge Iván Valentín Asencio, Zulma Antonia Anglada Gerena y su sociedad legal de gananciales. Dicho dictamen condenó a Bella International al pago de \$4,333.33 por angustias mentales y \$3,000.00 en honorarios de abogado. La demanda original alegaba daños a la motora de los demandantes mientras estaba bajo la custodia de Bella International para un servicio de recall. Específicamente, se dañó el diferencial de la motora. Bella International inicialmente argumentó un vicio oculto como defensa. No obstante, durante el juicio, la representación legal de Bella International reconoció la responsabilidad por negligencia. El Tribunal de Primera Instancia evaluó la prueba y dictó sentencia a favor de los demandantes. Bella International solicita ahora la revocación de esta Sentencia apelada.