Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 209)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de Certiorari relacionado con un caso de expropiación forzosa incoado por la Autoridad de Carreteras y Transportación. La peticionaria, Milagros Rivera Correa, impugna una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de retiro de fondos consignados como justa compensación por la propiedad expropiada. La ACT había iniciado el proceso en 2010, culminando en una sentencia que fijó la compensación total. La señora Rivera Correa solicitó el retiro del balance pendiente de la compensación que le correspondía. El foro primario denegó la solicitud, exigiendo relevos y certificaciones de una sucesión de la cual la peticionaria alegó no ser parte, y un juramento de otra persona. La peticionaria argumentó que el TPI actuó ultra vires al imponer requisitos no contemplados en la Regla 58.9 de Procedimiento Civil y que correspondían a otras partes. Sostuvo que sus fondos provenían de la herencia de sus padres, para lo cual ya había presentado la documentación requerida. Tras analizar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Triple S Propiedad, Inc. apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia los encontró responsables por la muerte de Rafael Betancourt García. El fallecimiento ocurrió en mayo de 2012 al caer el Sr. Betancourt en un registro de alcantarillado de la AAA ubicado en su propiedad. La familia demandante alegó negligencia de la AAA por falta de mantenimiento del registro. El foro primario determinó que la AAA tuvo un 80% de responsabilidad y el fallecido un 20% de negligencia comparada, condenando a los apelantes al pago de cuantías por daños. Los apelantes impugnaron la valoración de los daños y el porciento de negligencia. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la sentencia apelada. Una vez modificada, la sentencia del foro primario fue confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Inversiones La Costa, LLC. La peticionaria buscaba revisar y revocar una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 2 de diciembre de 2019. El recurso surge de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Oriental Bank (antes Scotiabank) contra Myrna Annette Font Castro y otros. Tras una sentencia a favor del banco y una subasta donde se adjudicó la propiedad hipotecada, Inversiones La Costa intervino alegando haber adquirido el inmueble y asumido la hipoteca antes de la subasta. La peticionaria argumentó falta de notificación y violación al debido proceso, pero el foro primario denegó su solicitud de intervención y mociones relacionadas. La Orden recurrida es la que resolvió las mociones de reconsideración presentadas por La Costa. El Tribunal de Apelaciones concluye que no procede expedir el auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari/apelación. El caso versa sobre la elegibilidad de Gladys Myrna Conty Hernández como candidata a senadora por el distrito de Bayamón. El Tribunal de Primera Instancia había revocado la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones que permitía su candidatura. Dicha revocación se basó en una interpretación restrictiva del requisito de residencia del Artículo III, Sección 6 de la Constitución. El Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del foro primario. Considera que la interpretación del Tribunal de Primera Instancia sobre la cláusula constitucional es errónea y desnaturaliza su coherencia. Argumenta que la referencia a "distrito representativo" en la segunda oración del Artículo III, Sección 6 aplica tanto a senadores como a representantes. Esto permite cumplir el requisito de residencia viviendo en el municipio cuando este tiene múltiples distritos. La Sentencia enfatiza la necesidad de interpretar la Constitución de forma coherente y a favor de la mayor participación política.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso laboral. La apelante demandó a su antiguo patrono por despido injustificado, represalias, discrimen por razón de sexo y violación a leyes de madres obreras y lactancia. Alegó haber sufrido hostigamiento y represalias al regresar de su licencia por maternidad, particularmente por la extracción de leche materna. Sostuvo que fue suspendida injustificadamente tras quejarse, lo que consideró un despido constructivo, y que no recibió el bono de Navidad de 2014. El patrono no contestó la demanda, resultando en una anotación de rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia. Tras una vista en rebeldía donde la apelante testificó, el foro primario declaró con lugar la demanda. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al apelado pagar \$51,500 a la apelante. El Tribunal de Apelaciones revisa esta sentencia. Anticipa que el dictamen apelado será modificado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la eleg elegibilidad de una candidata a Senadora por Distrito. El caso surge de un recurso de revisión judicial contra una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La controversia principal gira en torno a la interpretación del requisito de residencia para candidatos bajo el Artículo III, Sección 6 de la Constitución. El Tribunal de Primera Instancia había revocado la decisión de la CEE que permitía a Gladys Myrna Conty Hernández postularse como Senadora por Bayamón. El foro primario interpretó que la cláusula constitucional sobre residencia en el municipio solo aplicaba a Representantes, no a Senadores. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Consideró que la interpretación del foro primario desnaturalizaba la cláusula constitucional y violaba el principio de coherencia interna. Determinó que el requisito de residencia en el municipio aplica tanto a Senadores como a Representantes cuando el municipio tiene múltiples distritos. En consecuencia, se validó la decisión de la CEE y la elegibilidad de la candidata.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por el confinado Mariano Maldonado Pagán. El recurrente impugna una determinación disciplinaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación que lo encontró incurso en la violación del Código 130 del Reglamento Disciplinario. Dicha violación consistió en negarse a someterse a una prueba toxicológica. El recurrente alegó que su negativa se debió a que había tomado un laxante y que se violaron sus derechos procesales. El Oficial de Vistas Disciplinarias lo encontró culpable y le impuso una sanción de privación del derecho de visita por sesenta días. El Oficial de Reconsideración confirmó esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por el recurrente. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida.

Resumen:

Anthony Rosario Torres apeló la decisión de la Junta de Libertad bajo Palabra que revocó su privilegio de libertad bajo palabra. El recurrente había sido excarcelado, pero tras admitir uso reciente de heroína y posteriormente arrojar positivo en una prueba, se inició el proceso de revocación. A pesar de que un Oficial Examinador recomendó amonestarlo y permitirle continuar en un programa de tratamiento interno en Hogar Crea, la Junta optó por revocar su privilegio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por el Sr. Rosario Torres. La corte determinó que era necesario revocar la resolución de la Junta. Ordenó la devolución del caso a la Junta. El propósito es que se celebre una nueva vista. En esta nueva vista, el recurrente debe tener acceso al expediente, particularmente al documento del Departamento de Corrección que sirvió de base para la determinación de la Junta.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones peticionarios, ex agentes de seguros, solicitando revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue instada por incumplimiento de contrato y cobro de dinero por comisiones adeudadas contra Trans Oceanic Life Insurance Company (TOLIC) y otros. Los peticionarios reclamaron el pago de comisiones por pólizas vendidas para Universal Life Insurance Company (ULICO), cuya cartera fue adquirida por TOLIC. Argumentaron que TOLIC asumió la obligación de pagar estas comisiones. La resolución apelada del foro primario determinó que el reclamo de comisiones estaba sujeto al término prescriptivo de 3 años del Artículo 1867 del Código Civil. Los peticionarios se opusieron a la aplicación de términos del Código de Comercio, afirmando que aplicaba el Código Civil. TOLIC y otros recurridos argumentaron que la acción estaba prescrita bajo el Código de Comercio o, subsidiariamente, el Código Civil. Tras revisar la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari. Esto significa que la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la aplicación del término prescriptivo de 3 años se mantiene.

Resumen:

Jeamie M. Torres Rivera adquirió un motor para su vehículo de Power Motor & Parts, Inc. que resultó ser incompatible. Tras un intento fallido de reemplazo, la consumidora solicitó la devolución del dinero pagado por el motor defectuoso. Ante la falta de respuesta, la señora Torres Rivera presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El DACo, tras una vista a la que Power Motor no compareció, determinó que la empresa fue negligente al vender un motor inadecuado. El Juez Administrativo del DACo declaró Ha Lugar la querella y condenó a Power Motor a pagar \$3,500, cubriendo el costo del motor y la instalación. Power Motor solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el DACo. Inconforme, Power Motor presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. La empresa recurrente alegó que el DACo carecía de jurisdicción, erró al anotar la rebeldía y al imponer una cantidad mayor a la reclamada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Power Motor. Por las razones expuestas en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del DACo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una apelación presentada por Prerac, Inc. contra una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la acción contra Mapfre Praico Insurance Company en un caso de daños y perjuicios. El demandante original, Luis A. Tosado Reyes, reclamó por un accidente de tránsito causado por Marlin Méndez Nolasco, quien conducía un vehículo arrendado por Prerac. Tosado Reyes demandó a Méndez Nolasco, Prerac como dueño del vehículo y Mapfre como aseguradora de Prerac. Prerac y Mapfre argumentaron inicialmente exención de responsabilidad vicaria bajo leyes federal y estatal. El demandante enmendó la demanda para alegar negligencia directa o encomienda negligente por parte de Prerac. El foro primario desestimó a Mapfre al determinar que la póliza de Prerac no cubría los hechos alegados. Prerac apeló esta determinación que excluyó a su aseguradora del pleito. El Tribunal de Apelaciones concluye que corresponde revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Esta es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Banco Popular de Puerto Rico contra Luis Alfredo Santos Carrucini. El recurso es una Apelación presentada por el señor Santos Carrucini contra una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha sentencia sumaria declaró Con Lugar una solicitud del Banco Popular y condenó al apelante a pagar la suma de $89,687.90 más intereses y otras cuantías por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La deuda se originó de un pagaré hipotecario otorgado en 2002 por Edgar Abraham Marrero Figueroa a favor de Doral Financial Corporation. En 2008, el señor Santos Carrucini adquirió la propiedad hipotecada mediante una escritura de Compraventa Asumiendo Hipoteca, obligándose a pagar el balance de la deuda. El documento detalla el trámite procesal de la apelación y los hechos relevantes que llevaron a la reclamación del Banco Popular.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Banco Popular de Puerto Rico. El Banco Popular solicita revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una sanción económica de \$500. Dicha orden también le requirió cumplir con cierto descubrimiento de prueba solicitado por Roberto H. Hau Rosa. La sanción se basó en el incumplimiento del Banco Popular con una orden previa de descubrimiento en un pleito de cobro de dinero y daños. El Banco Popular alega que el tribunal primario erró al firmar la orden y que la sanción es irrazonable, afirmando haber cumplido con el descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones considera la procedencia del recurso bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Esta regla establece los criterios discrecionales y las circunstancias excepcionales para revisar órdenes interlocutorias mediante certiorari. La revisión de este tipo de decisiones está limitada a escenarios específicos o cuando esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Resumen:

Comparecen los peticionarios José Luis González Ramos y otros mediante recurso de apelación contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden denegó una solicitud para reconocer y ordenar el pago de intereses por temeridad. El caso se origina en un pleito por daños donde el TPI dictó sentencia a favor de los peticionarios, pero sin intereses por temeridad. En un recurso de apelación anterior (KLAN201800444), este Tribunal de Apelaciones determinó que los recurridos (Pedro Luis Pacheco Romero y Universal Insurance Company) actuaron temerariamente. En esa ocasión, se modificó la sentencia del TPI para imponer el pago de honorarios por temeridad por la cantidad de $1,000.00. Esa sentencia modificada fue confirmada tras denegarse la reconsideración y un certiorari ante el Tribunal Supremo. A pesar de la previa determinación de temeridad y la imposición de honorarios, los peticionarios solicitaron nuevamente al TPI el pago de intereses por temeridad, lo cual fue denegado. El presente recurso busca revocar esa nueva denegatoria del TPI. Este Tribunal acoge el recurso como certiorari. Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio post-sentencia. El apelante, el padre, impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 20 de junio de 2019. Dicha resolución adoptó las recomendaciones de un Informe Social Forense sobre los hijos menores. El foro primario también denegó una moción de reconsideración del padre y la jueza se inhibió ese mismo día. El caso se originó con una sentencia de divorcio en 2017 que estableció patria potestad compartida y custodia provisional a la madre. Desde entonces, el padre ha presentado múltiples mociones solicitando remedios urgentes, cambios de custodia, alegando maltrato de menores por parte de la madre y solicitando desacato. El tribunal de instancia previamente ordenó terapia familiar y paralizó los asuntos bajo la Ley 246. La apelación se centra en la adopción del informe social y la denegatoria de la reconsideración.

Resumen:

Se revisa una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Caguas que denegó una Moción en Solicitud de Reconsideración en el contexto de un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte demandante, PRCI Loan LLC, solicitó unir al expediente certificaciones registrales actualizadas en formato digital, sustituyendo versiones anteriores. Los peticionarios, parte demandada, se opusieron, alegando que las nuevas certificaciones eran contradictorias, alteraban la prueba y afectaban la legitimación activa para la ejecución. El TPI acogió el planteamiento de PRCI, ordenó la unión de las certificaciones y denegó la reconsideración solicitada por los peticionarios. Inconformes, los peticionarios presentaron un Escrito de Certiorari, imputando errores al TPI por permitir la supuesta alteración de prueba documental y no atender planteamientos sobre falta de legitimación activa. Tras revisar el escrito del peticionario, este Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue instado por Fussion Restaurant Group, Inc. y Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Impugnan una orden del Tribunal de Primera Instancia que los declaró en rebeldía en un caso de daños y perjuicios. El foro primario anotó la rebeldía por entender que el término para contestar una segunda demanda enmendada había transcurrido. Los peticionarios habían presentado su contestación antes de que se anotara formalmente la rebeldía. Solicitaron reconsideración y levantamiento de la rebeldía, lo cual fue denegado. Los peticionarios argumentaron que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Revocó la determinación del foro primario que anotó la rebeldía y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

BMF, Inc. solicitó revisión judicial de una determinación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que le denegó la exención del pago del bono de Navidad. La empresa había pedido la exención alegando pérdidas económicas, presentando estados financieros auditados. El DTRH denegó la solicitud porque los documentos carecían del sello original del Colegio de CPA, según requería la ley. Tras intentos infructuosos de reconsideración administrativa, BMF, Inc. acudió al Tribunal de Apelaciones. Durante la tramitación del recurso, BMF, Inc. informó haber iniciado un proceso de quiebra bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras. Con base en ello, solicitó la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal analizó la figura de la paralización automática (stay) que opera al presentarse una petición de quiebra. Concluyó que, conforme a la ley federal de quiebras, procede ordenar la paralización del caso. Por tanto, el Tribunal dictó sentencia ordenando la paralización de los procedimientos de revisión judicial.

Resumen:

El caso se origina con una demanda de la señora Cuello por despido injustificado, ambiente hostil y discrimen contra sus exempleadores. Los demandados contestaron alegando justa causa por desempeño negligente y presentaron una reconvención por pagos indebidos y pérdidas. Se establecieron y extendieron plazos para el descubrimiento de prueba, cerrándose finalmente de forma perentoria. La señora Cuello presentó una moción de sentencia sumaria, argumentando que los demandados no aportaron prueba justificando el despido tras el cierre del descubrimiento. Los demandados se opusieron a la moción, pero sin incluir prueba admisible para refutar los hechos propuestos. El documento menciona una apelación y la confirmación de la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Looks Great Services of MS, Inc. y Perfect Integrated Solutions, Inc. apelaron una Resolución Final de la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La controversia surgió de la adjudicación de un Request for Proposal (RFP) para servicios de mantenimiento de vegetación. Looks Great y PIS, proponentes no seleccionados, impugnaron la notificación inicial de adjudicación por alegados defectos. La AEE emitió una notificación enmendada que, según la Secretaría, dejó sin efecto la primera y tornó académicas las querellas de reconsideración. La Secretaría desestimó las querellas por académicas mediante Resolución Final. Looks Great y PIS recurrieron al Tribunal de Apelaciones, argumentando la ineficacia de las notificaciones y que sus reclamaciones no eran académicas. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. La Sentencia concluye desestimando la apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción de relevo de sentencia. La apelante, Laura María González Colón, solicitó el relevo de una sentencia en rebeldía dictada en un caso de cobro de dinero instado por Banco Popular de Puerto Rico. Argumentó que la citación para la vista y la notificación de la sentencia no se realizaron conforme a derecho. Banco Popular demandó a Ferretería del Este, Inc. y a los esposos González-González como fiadores, intentando la notificación por correo certificado a varias direcciones, incluyendo una en Humacao. La señora González Colón alegó que esta dirección no era la suya y que no residía allí, invalidando la notificación. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía tras considerar que la notificación se había realizado. El Tribunal de Apelaciones, por mayoría, ha determinado revocar la decisión del foro primario. La revocación se fundamenta en los argumentos presentados, presumiblemente relacionados con la validez de la notificación.

Resumen:

Petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de liquidación de bienes gananciales. El peticionario, Nelson Quiñones Mojica, solicita la revocación de órdenes del Tribunal de Primera Instancia de Toa Alta. Dichas órdenes le exigen consignar la suma de $60,531.48, proveniente de una cuenta de retiro 401K. La recurrida, María De L. Santiago Rodríguez, demandó la liquidación de bienes no incluidos en la sentencia de divorcio, como la cuenta 401K y una propiedad inmueble. La recurrida alegó que el peticionario retiró y ocultó los fondos de la 401K. Tras una vista, el foro primario ordenó la consignación del dinero retirado. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia declaró al peticionario incurso en desacato por incumplir la orden de consignación. El peticionario busca dejar sin efecto las órdenes que le imponen la consignación y el cumplimiento.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de división de comunidad hereditaria. El peticionario, Juan Ángel Santiago González, solicitó la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de descalificar al abogado de la parte demandante-recurrida. La solicitud de descalificación se basó en la alegación del peticionario de haberse asesorado previamente con dicho abogado sobre asuntos hereditarios relacionados con el caso. El abogado de los recurridos negó categóricamente haber tenido tal asesoramiento. El Tribunal de Primera Instancia, tras considerar las posiciones, declaró sin lugar la solicitud de descalificación. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el caso mediante certiorari, analizó los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el panel de apelaciones determinó expedir el auto y confirmar en todos sus aspectos la resolución emitida por el foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación contra un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La disputa surge entre colindantes por el uso de un camino y la ubicación de una antena. Los apelantes alegaron que el camino era privado y que el apelado invadió su propiedad con una antena, solicitando cese y desista, deslinde y daños. El apelado sostuvo que el camino era municipal o una servidumbre y que la antena estaba en su predio. El foro primario determinó que el camino era municipal, la antena estaba en el predio del apelado y desestimó la demanda. Los apelantes recurrieron esta decisión. Tras examinar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa presentado por Eliezer Santana Báez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugna una resolución del DCR que lo declaró incurso en infracciones disciplinarias por posesión de teléfono celular y sustancias controladas en su celda. Como resultado, fue sancionado con cincuenta días de privación de privilegios (comisaría, visitas, recreación). La determinación administrativa se basó en el hallazgo de los objetos y la falta de credibilidad otorgada al testimonio del recurrente. El recurrente había alegado que otra persona admitió ser el dueño de lo incautado. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió revocar la resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Ángelo Soto Rivera apeló una sentencia que lo encontró culpable, mediante veredicto no unánime, de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, imponiéndole una pena de 233 años y 9 meses. Mientras el recurso estaba pendiente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en *Ramos v. Louisiana* que la Sexta Enmienda requiere veredictos unánimes en juicios por delitos graves, aplicable a los estados. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó que la decisión de *Ramos* es vinculante en la jurisdicción, exigiendo veredictos unánimes en todos los procedimientos penales por delitos graves. El apelante solicitó un nuevo juicio basándose en que su condena no fue unánime y su caso no era final y firme. El Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador General, reconoció el cambio en el estado de derecho y concedió que procedía la anulación de los veredictos y la celebración de un nuevo juicio. Conforme a lo resuelto por los tribunales supremos y la concesión del Estado, el Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de un nuevo juicio en los casos criminales objeto del recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Camilo Colón Burgos demandó a MAPFRE Pan American Insurance Company por supuesta subvaloración de daños tras el huracán María e incumplimiento de pago de póliza. Colón alegó que un pago de \$2,251.38 fue solo parcial, mientras que MAPFRE sostuvo que el endoso y cobro del cheque constituyó un pago total y final. MAPFRE presentó una moción de sentencia sumaria solicitando la desestimación de la demanda, argumentando que Colón había aceptado la liquidación final. Colón se opuso, alegando la existencia de controversias de hechos materiales y que aceptó el pago parcial para mitigar daños. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de MAPFRE por falta de prueba suficiente. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de certiorari presentado por Colón. Tras revisar la decisión, el Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI erró al denegar la moción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida.

Resumen:

Este tribunal revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero. O'Neill & Gilmore demandó a Olein Recovery Corporation por servicios legales impagos. Olein presentó una reconvención alegando servicios deficientes, la cual fue desestimada por prescripción y confirmada en apelaciones previas. El TPI dictó sentencia sumaria a favor de O'Neill & Gilmore, ordenando a Olein pagar la deuda reclamada, intereses, costas y honorarios de abogado por temeridad. Olein apeló, argumentando que se le negó la oportunidad de realizar descubrimiento de prueba adecuado y que la imposición de honorarios por temeridad fue errónea. El panel revisó los argumentos de Olein y la decisión del TPI. Se determina modificar la sentencia del TPI en cuanto a la imposición de costas y honorarios de abogado. La sentencia del TPI, una vez modificada en esos aspectos, es confirmada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Petición de Certiorari presentada por Catalina y Sofía Rodríguez Alemañy. Las peticionarias buscan revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que les exigió eliminar la alegación 5(D) de su demanda y presentar una enmendada. La demanda original es una acción reivindicatoria y de cobro de dinero contra su padre, Américo Rodríguez Vivaldi, relacionada con cuentas de inversión. La alegación 5(D) hacía referencia a un caso judicial previo donde el padre fue acusado y se comprometió a no relacionarse con sus hijas. Las hermanas argumentaron que esta alegación era relevante para demostrar la falta de autoridad del padre sobre sus bienes. El padre consideró la alegación irrelevante e impropia. El Tribunal de Primera Instancia ordenó su eliminación y luego denegó la reconsideración. Las peticionarias apelaron, alegando error de derecho y violación al debido proceso por la supresión de una alegación basada en una orden judicial. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del certiorari solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Property Tax Advisors, Inc. contra Johnson & Johnson y subsidiarias. El recurso busca revisar una resolución post-sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la adjudicación de intereses, costas y honorarios de abogado. Previamente, Property obtuvo una sentencia favorable por incumplimiento de contrato, ordenando a J\&J pagar $76,200.00$ más intereses legales. Tras la firmeza de la sentencia, Property solicitó el pago de intereses calculados según el contrato, costas y honorarios de abogado. J\&J se opuso, argumentando contra los honorarios por falta de temeridad y el método de cálculo de intereses. El Tribunal de Primera Instancia denegó los honorarios de abogado y aclaró que los intereses legales debían calcularse conforme a la tasa de la OCIF. Property recurrió esta decisión post-sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y, tras la revisión, confirmó la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una petición de mandamus. La petición fue presentada por Eva E. Meléndez Fraguada contra la Junta de Apelaciones de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La señora Meléndez buscaba que se ordenara a la Junta adjudicar su apelación pendiente sobre la retroactividad de su reclasificación de puesto. Aunque fue reclasificada a Analista V en 2003 con retroactividad a octubre de 2002, ella apeló solicitando retroactividad a 1996. La Junta denegó inicialmente la apelación, pero el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión en 2007 y ordenó la celebración de una vista. A pesar de esta orden y el paso de los años, la Junta no emitió una determinación final sobre la apelación. Ante la inacción de la Junta, la señora Meléndez presentó la petición de mandamus en 2020 para compeler una decisión. El Tribunal de Apelaciones encontró procedente el recurso, destacando que el mandamus obliga al cumplimiento de deberes ministeriales. En consecuencia, el Tribunal expidió el mandamus y ordenó a la Junta de Apelaciones emitir una determinación final en el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración de una solicitud de relevo de sentencia. Los peticionarios, los menores PNRG y KGGC, buscaban anular una sentencia previa que validó la inscripción tardía del matrimonio entre Gladys Cruz Lebrón y el fallecido Richard González Arnau. Alegaron fraude y representación inadecuada en el pleito original, donde se consolidaron casos de inscripción de matrimonio y declaratoria de herederos. Los menores argumentaron que la señora Cruz y el señor González se declararon solteros en otros documentos oficiales, sugiriendo que la solicitud de inscripción tardía se motivó por intereses sucesorios. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la solicitud de relevo o pedido que se presentara en un pleito nuevo, y luego negó la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la determinación del TPI, expide y confirma la Resolución recurrida. Esto valida la decisión del TPI de denegar la reconsideración sobre el relevo de sentencia.

Resumen:

El Pueblo de Puerto Rico solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución desestimó las denuncias contra Melvin Tomás Hernández por supuestas violaciones al Código Penal y la Ley de Sustancias Controladas. La desestimación se basó en la alegada violación del término de juicio rápido para la celebración de la vista preliminar. La vista preliminar fue pospuesta inicialmente, y una fecha posterior (22 de noviembre de 2019) fue acordada, excediendo el término de 60 días, aunque pactada como último día. En la fecha acordada, el Ministerio Público solicitó otra posposición por ausencia de un testigo clave debido a un adiestramiento compulsorio, argumentando justa causa. La defensa pidió la desestimación, la cual fue concedida por el foro primario, fundamentando su decisión únicamente en que era el "último día de términos". El Pueblo recurrió en certiorari, alegando haber probado la justa causa para la posposición. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y revocó la resolución recurrida. La revocación tiene el propósito exclusivo de que el Tribunal de Primera Instancia consigne adecuadamente los fundamentos legales de su determinación de desestimación, conforme a la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la apelación de Benjamín Suárez Urban, quien fue hallado culpable de asesinato en primer grado, robo agravado y violación a la Ley de Armas. Los veredictos de culpabilidad en el Tribunal de Primera Instancia fueron emitidos por una mayoría de 10 a 2 miembros del jurado para cada cargo. Tras los veredictos, el apelante fue sentenciado a penas de reclusión. Recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Ramos v. Louisiana* y del Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Pueblo v. Torres Rivera* establecieron que la Sexta Enmienda requiere veredictos unánimes del jurado en casos criminales graves. Esta nueva doctrina jurídica vinculante dejó sin efecto la práctica previa en Puerto Rico de aceptar veredictos por mayoría. El Tribunal de Apelaciones determina que los veredictos por mayoría contra Suárez Urban son inconstitucionales a la luz de este cambio fundamental en el ordenamiento jurídico. Por tanto, el tribunal procederá a atender el recurso de apelación considerando el requisito de unanimidad del jurado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos Roberto Pagán Crespo contra el Partido Nuevo Progresista (PNP). El apelante impugna la determinación del PNP de descalificarlo como aspirante a la candidatura de alcalde por el Municipio de Lares para las Elecciones Generales de 2020. La descalificación se originó tras recibir el Comité Evaluador de Candidatos del PNP información sobre un endoso del apelante a un candidato independiente. El Comité verificó esta información mediante una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Dicha certificación confirmó que el apelante había endosado a un candidato independiente a Senador por Acumulación. El Comité resolvió no certificar al apelante por violación al Reglamento del PNP. El apelante solicitó revisión ante el Directorio del Partido, la cual fue denegada. Posteriormente, instó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, que validó la determinación del PNP. El apelante recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal evaluó las posiciones de las partes para emitir su sentencia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso KLCE202000323. United Surety & Indemnity Company solicitó un auto de certiorari para revisar una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha resolución denegó una solicitud de desestimación presentada por la aseguradora en un caso de incumplimiento de contrato. La aseguradora basó su moción de desestimación en la defensa de pago en finiquito. El foro primario determinó que la prueba anejada no era suficiente para configurar dicha defensa de forma sumaria. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. Fundamenta su decisión en el carácter discrecional del recurso y en que la controversia no cumple con los criterios para su expedición. Señala que la prueba sometida no demuestra con claridad los elementos para disponer del caso sumariamente bajo la figura de pago en finiquito. La denegación del auto constituye un ejercicio de facultad discrecional para no intervenir a destiempo, sin implicar ausencia de error en el dictamen recurrido ni una adjudicación en los méritos.

Resumen:

Professional Asphalt, LLC comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para impugnar la adjudicación de la Subasta Núm. 2, Serie 2019-2020, realizada por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Bayamón. La recurrente solicita la revocación de la resolución que otorgó la subasta, destinada a Mejoras a Infraestructura Vial y Repavimentación, a favor de Miguelito Asphalt, Inc. La subasta fue anunciada públicamente y contó con la participación de cuatro licitadores, incluyendo a Professional Asphalt y Miguelito Asphalt. Se llevó a cabo una reunión mandatoria para explicar los detalles y requisitos del proyecto, que abarcaba diversos trabajos de pavimentación y obras relacionadas. El pliego de subasta detallaba la descripción del proyecto, los ítems de trabajo a cotizar y los criterios de evaluación y rechazo de ofertas. La adjudicación se basaría en el precio total de la oferta presentada por los licitadores. Professional Asphalt cuestiona la decisión de la Junta de Subastas al adjudicar el contrato a Miguelito Asphalt.

Resumen:

Un contratista, Teissonniere, fue acusado de incumplir un contrato de construcción tras recibir un pago inicial de $43,000. Fue declarado culpable por un jurado con un veredicto de 11-1. El tribunal lo sentenció a 3 años de cárcel bajo sentencia suspendida, imponiendo condiciones como restricción domiciliaria, supervisión y la restitución doble del dinero cobrado, totalizando $87,000 a pagar mensualmente. El acusado apeló la decisión, argumentando que el tribunal erró al aceptar un veredicto no unánime. La apelación se fundamenta en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Ramos v. Louisiana*, que dictaminó que los veredictos de jurado en casos penales estatales deben ser unánimes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado esta norma, considerándola vinculante en la jurisdicción. El documento señala que los autos han sido examinados y la corte está lista para resolver la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la sentencia contra Francheska L. Morales Rodríguez, quien fue condenada por Asesinato Atenuado y violación a la Ley de Armas. La apelante solicitó la revisión de su condena, argumentando que el veredicto de culpabilidad por asesinato atenuado fue por mayoría, lo cual contraviene la norma de unanimidad establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Ramos v. Louisiana* y adoptada en Puerto Rico. Solicitó un nuevo juicio y su excarcelación, ya que su caso no era final y firme. El Procurador General concurrió en que procedía un nuevo juicio solo para el delito de asesinato atenuado, pero no para el de Ley de Armas, y se opuso a la excarcelación automática. El Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia condenatoria por el delito de Asesinato Atenuado y ordenó la celebración de un nuevo juicio únicamente respecto a este cargo. Confirmó el veredicto de culpabilidad por la violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas.

Resumen:

Sentencia de un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una disputa entre Bella International, LLC (concesionario) y un matrimonio (Rodríguez-Valenzuela) por la compra de un vehículo. El pleito se originó tras una transacción donde el matrimonio entregó un auto en trade-in, y el concesionario calculó erróneamente el balance de cancelación de la deuda con el financista. Bella International demandó al matrimonio para recuperar la diferencia de \$7,008.40 que tuvo que pagar, alegando dolo o error grave por parte de los compradores. El concesionario argumentó que los compradores sabían o debieron saber el balance real y se comprometieron a pagar cualquier diferencia. Los compradores, por su parte, negaron conocer el balance correcto, afirmaron que el concesionario manejó la verificación y que su consentimiento a pagar una diferencia fue viciado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no hubo dolo de ninguna de las partes y desestimó tanto la demanda principal como la reconvención de los compradores. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el caso, decidió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios por alegada negligencia médica. Los peticionarios demandaron a doctores y hospitales tras sufrir complicaciones severas y daño cerebral irreversible luego de una cirugía. El recurso de apelación se presentó contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la inclusión de un perito, William Burke. El foro primario consideró que la notificación del perito fue tardía, violando la Orden de Manejo del Caso. Los peticionarios argumentaron que la exclusión del perito fue errónea. La parte recurrida no presentó escrito de oposición en el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones evaluó el asunto. Resolvió expedir el recurso solicitado por los peticionarios. La sentencia revoca la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari presentada por la madre, María del Pilar Sifontes Smith. La petición busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución, emitida el 13 de enero de 2020, concedió la custodia provisional de la hija de 18 años al padre, Ernesto Arroyo Ortiz. La custodia provisional fue otorgada para el semestre académico de enero a julio de 2020 en el Estado de Florida, donde reside el padre. La controversia surge de la disputa entre los padres sobre dónde y cómo la hija debe cursar sus estudios universitarios. El padre solicitó el cambio de custodia para que la hija estudiara en Florida, alegando que era su deseo y mejor interés. La madre se opuso, citando las condiciones de salud de la hija y proponiendo alternativas educativas en Puerto Rico o un colegio especializado en Florida. A pesar de la oposición y la falta de acuerdo, el TPI concedió la custodia provisional al padre para el semestre indicado. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la madre.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Carmen Cruz Colón. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Mediante dicha sentencia, el foro primario desestimó con perjuicio la demanda enmendada de la Sra. Cruz Colón contra QBE Seguros. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y prácticas desleales por parte de aseguradoras en el ajuste de una reclamación. QBE Seguros solicitó la desestimación argumentando la inexistencia de una causa de acción válida, aportando prueba documental. El Tribunal de Primera Instancia trató la solicitud como una moción de sentencia sumaria. La desestimación fue concedida porque la demandante no presentó oposición dentro del término concedido, a pesar de solicitar una prórroga tardíamente. La apelante alega que el TPI erró al desestimar el caso sumariamente sin permitirle expresar su postura. Este documento presenta el contexto fáctico y procesal que llevó a la apelación ante el Panel IV del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones revisó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que fijó pensión alimentaria para una hija mayor de edad. José Vicente Ríos Rivera solicitó la revisión de la decisión que le impuso una obligación de $1,000 mensuales a favor de su hija Natalie Ríos Otero. La hija, mayor de edad, solicitó la pensión para completar sus estudios universitarios, demostrando buen aprovechamiento académico. El Tribunal de Primera Instancia celebró múltiples vistas y evaluó la prueba sobre las necesidades de la hija y la capacidad económica de ambos padres. Se determinó que la hija reside con su madre, quien cubre gastos de vivienda y otros, y que sus gastos mensuales fueron estipulados. Se constató que el padre, aunque desempleado, obtuvo ingresos significativos de la venta de una propiedad y utilizaba fondos de retiro. La madre también presentó evidencia de sus ingresos. El Tribunal de Primera Instancia fijó la pensión en $1,000 mensuales y decretó su retroactividad. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la resolución recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000242. La parte peticionaria, Carmen Delia Hernández Reyes y otros, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó la desestimación por prescripción de una demanda de nulidad de contratos. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari presentado. Advirtió que el mismo no fue perfeccionado conforme a las reglas procesales aplicables. Se destaca la necesidad de cumplir rigurosamente con las disposiciones reglamentarias, como las Reglas 83 y 34(C). Estas reglas detallan los requisitos de forma, contenido y argumentación del recurso. El incumplimiento de estos preceptos priva al foro apelativo de jurisdicción para intervenir en los méritos. La jurisprudencia exige una discusión fundamentada de los errores señalados. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso por falta de jurisdicción debido a su imperfecto perfeccionamiento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el caso de Dennis M. Soto Quintana, quien apeló una condena del Tribunal de Primera Instancia por asesinato y Ley de Armas. El apelante solicitó la revocación de la sentencia y un nuevo juicio, argumentando que su veredicto de culpabilidad fue por mayoría, no unánime. Esta petición se fundamentó en las recientes decisiones de los casos *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera*, que establecieron la obligatoriedad de los veredictos unánimes en casos penales. La Oficina del Procurador General se allanó a la solicitud del apelante. El Tribunal de Apelaciones, aplicando la normativa sobre el derecho fundamental a un veredicto unánime, revoca la sentencia apelada. Se ordena la celebración de un nuevo juicio para el señor Soto en los casos correspondientes. Adicionalmente, se instruye al TPI a realizar una vista de fianza en 24 horas, coordinando por videoconferencia debido a la situación de COVID-19.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Jorge Lazú Lazú contra sentencias por tentativa de robo, robo agravado y violación a la Ley de Armas. Las condenas se basaron en veredictos de culpabilidad emitidos por mayoría del jurado, no por unanimidad. El Tribunal considera las recientes decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ramos v. Louisiana y del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Torres Rivera. Estas decisiones establecieron que los veredictos de culpabilidad en casos criminales graves deben ser unánimes para cumplir con la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dado que los veredictos contra el apelante no fueron unánimes, el Tribunal de Apelaciones determina que violan este derecho fundamental. Por lo tanto, se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Las causas criminales se devuelven a la sala de origen para la celebración de nuevos procedimientos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la apelación de Juan Seda Troche contra sentencias por Asesinato en Primer Grado, Robo Agravado y Portación de Armas Blancas. Las condenas en el Tribunal de Primera Instancia se basaron en veredictos de jurado por mayoría, no unánimes. Mientras la apelación estaba pendiente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, siguiendo *Ramos v. Louisiana*, estableció el requisito de unanimidad para los veredictos de jurado en la jurisdicción. El apelante solicitó la revocación de las sentencias argumentando que sus veredictos no unánimes eran inválidos bajo la nueva norma. La Oficina del Procurador General concurrió en que la nueva normativa aplicaba y que procedía un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones examinó el caso a la luz del requisito de unanimidad. Determinó que los veredictos no unánimes no cumplían con el estándar legal vigente. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó las sentencias apeladas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, y trata sobre rescisión de contrato de compraventa y daños y perjuicios. Los apelantes son la Sucesión de Sergio Estrada Rivera, quienes solicitan la revisión de una sentencia del TPI que declaró Ha Lugar la demanda de rescisión de contrato. La demanda original fue presentada por David Díaz López y Migdalia Torres Díaz, los compradores de una propiedad. Alegaron que los vendedores no divulgaron problemas de descarga de aguas y alteraciones al flujo natural del agua en la propiedad vendida en 2006. El pleito, iniciado en 2010, incluyó posteriormente a otros codemandados, Nilka Encarnación y Rafael Ríos Molina, por alegados daños relacionados con el flujo de aguas. Varias reclamaciones contra otras entidades fueron desestimadas durante el proceso judicial. El TPI celebró un juicio en su fondo antes de dictar la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso sin necesidad de ulterior trámite.