Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 205)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante recursos consolidados de certiorari. La Sentencia Parcial impugnada anotó la rebeldía y dictó sentencia contra el codemandado Garaje Carlos, Inc. El caso original fue incoado por Focal Point, Inc. contra Carlos Candelaria Miranda, Garaje Carlos y B Media Group por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de vallas publicitarias. Focal Point reclamó cumplimiento específico, devolución de la valla, reinstalación de una pantalla digital y $2,500,000 en daños. Los apelantes, B Billboard NC, LLC y el Sr. Candelaria Miranda, solicitaron la revisión de dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Sentencia Parcial no finalizó todas las controversias, por lo que procedía acoger los recursos como certioraris. Se modifica la Sentencia Parcial del TPI. Se deja en vigor únicamente la anotación de rebeldía a Garaje Carlos. Se deja sin efecto la sentencia dictada en su contra. El caso se devuelve al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La parte apelante, Tenerife Real Estate Holdings, LLC, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de ejecución de sentencia. El pleito original fue iniciado por GMAC en 2009, culminando en una sentencia estipulada en 2011 por más de $2.2 millones, garantizada por una hipoteca sobre una propiedad. La sentencia y el pagaré hipotecario fueron cedidos sucesivamente a Francisco Almeida León y luego a Tenerife, quien solicitó la ejecución hipotecaria. La controversia se complicó por un acuerdo separado que involucró al FDIC y resultó en que WM Capital Management, Inc. reclamara un 50% de interés en el pagaré objeto del litigio. WM Capital intentó intervenir en el caso, a lo cual Tenerife se opuso. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso presentado como un auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal denegó la expedición del auto solicitado por la parte peticionaria.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Sra. Shiomara Colón Montalvo contra Hogar Maná Incorporated. La apelante buscaba la revisión de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado. El foro primario había determinado que la Sra. Colón Montalvo era una contratista independiente, no una empleada, aplicando los factores jurisprudenciales pertinentes. Ante el Tribunal de Apelaciones, la parte apelada planteó un asunto de índole procesal. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso de apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción surge del incumplimiento de la parte apelante con el Reglamento del Tribunal. Consecuentemente, la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la apelante es declarada No Ha Lugar.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por Ángel E. Feliciano Aguayo contra Mapfre Panamerican Insurance Company. El caso original trataba sobre incumplimiento de contrato y daños relacionados con la reclamación de huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del asegurado al acoger una moción de sentencia sumaria de Mapfre. Mapfre argumentó que la reclamación estaba saldada bajo la doctrina de pago en finiquito. Presentó evidencia de un cheque cobrado por el asegurado, marcado como pago total y final de la reclamación por huracán. El asegurado se opuso, alegando que esta doctrina no aplicaba y que existían hechos controvertidos. El foro primario determinó que el endoso del cheque constituía una aceptación del pago final. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia sumaria que desestimó la reclamación del asegurado.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación. El apelante, Denzil Roldán Ocasio, solicita la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que le exige reembolsar a la apelada, Lynmarie Rodríguez Serrano, una suma por pensión alimentaria pagada en exceso. La controversia se origina en acuerdos verbales de 2014 entre los padres sobre la custodia compartida de su hija y la división de gastos. El Tribunal de Primera Instancia celebró vistas evidenciarías para determinar los hechos relacionados con estos acuerdos y los gastos incurridos. Se estableció que las partes acordaron cubrir gastos ordinarios durante su custodia y dividir al 50% los gastos no recurrentes de educación y salud. La madre presentó evidencia de gastos médicos no cubiertos y costos incurridos mientras la menor residió en Missouri, incluyendo celular y manutención. El padre admitió no haber aportado a los gastos en Missouri, aunque alegó un acuerdo diferente y haber comprado el pasaje de regreso, lo cual la madre refutó. La apelada también solicitó la desestimación del recurso por alegada presentación tardía de una moción de reconsideración en el TPI. El apelante busca dejar sin efecto la orden de reembolso basada en estas determinaciones fácticas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. Los apelantes, Desarrollos Bucaná, SE y Edwin Loubriel Ortiz, recurrieron una Sentencia en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia declaró Con Lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Bautista REO, Corp. Bautista REO, como adquirente de activos de Doral Bank, reclamaba una deuda millonaria por incumplimiento de un préstamo. El foro primario dictó la sentencia en rebeldía debido a que los apelantes no presentaron su alegación responsiva a tiempo. Los apelantes solicitaron la revocación de esta sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ la Sentencia en Rebeldía del TPI. Se ordenó la celebración de una vista evidenciaria en el foro primario para dilucidar los planteamientos jurisdiccionales presentados por la parte apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que atiende el recurso presentado por Helga García Pérez contra un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. La apelación busca revocar la sentencia que declaró con lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Bosco Credit X, LLC (antes Scotiabank). La demanda se basó en el incumplimiento de un pagaré hipotecario suscrito por la apelante y su exesposo. Tras presentar contestación y solicitar mediación, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a la apelante acreditar que la propiedad era su residencia principal y presentar evidencia de exención contributiva del CRIM para proceder con la mediación. La apelante no cumplió con esta orden dentro de los términos concedidos, a pesar de admitir haber suscrito los documentos de deuda. Ante el incumplimiento y la falta de controversia sobre los hechos sustanciales de la deuda reclamada (aproximadamente \$269,492.08 de principal más intereses y costas), el foro primario dictó sentencia a favor de la parte demandante. La apelante recurre ahora ante el Tribunal de Apelaciones impugnando dicha determinación.

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American Academy, Inc. apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que le ordenó pagar \$65,000 a Lastra Power Architects, P.S.C. El caso original fue una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero presentada por Lastra Power Architects. Lastra Power Architects reclamó el pago de \$65,000 por la fase final de servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería para una expansión escolar. Alegó que American Academy no pagó esta fase a pesar de haber entregado los documentos correspondientes. American Academy negó haber firmado el acuerdo y haber recibido los documentos finales, rechazando la deuda. American Academy también planteó la defensa de prescripción de la acción. Las partes estipularon que la propuesta no fue firmada por American Academy y que solo se pagaron las fases iniciales (\$90,000 total). American Academy solicitó sentencia sumaria basada en la prescripción. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria, entendiendo que la defensa de prescripción no fue planteada de forma clara y específica en la contestación.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las apelantes, Oficinas Dentales González Rodríguez, LLC y Carla Beatriz González Rodríguez, recurren de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de incumplimiento de contrato. Los demandados-apelados, Cristina y Francisco Grillasca Sanfeliz, fueron declarados en rebeldía por no contestar la demanda. Tras un juicio en rebeldía, el foro primario concedió a las apelantes \$23,400 en daños, una cuantía menor a la reclamada. Las apelantes alegan que el tribunal de instancia erró al no dar por admitidas las alegaciones de la demanda conforme a la Regla 45.1 de Procedimiento Civil. También señalan error en la apreciación de la prueba y la asignación de daños por partidas específicas. Los apelados no comparecieron en el recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver el caso, iniciando su análisis con la aplicación de la Regla 45.1 sobre los efectos de la rebeldía y la admisión de hechos bien alegados.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por José Oscar Valle Cardona. El peticionario impugna una Resolución y Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que revocó su probatoria. Dicha revocación resultó en la imposición de dos penas concurrentes de ocho años de reclusión, una bonificación de doce meses por el tiempo en probatoria y una pena especial de \$300. Originalmente, el peticionario cumplía una sentencia suspendida de ocho años tras declararse culpable de agresión grave y apropiación ilegal agravada. El proceso de revocación se inició tras informes de incumplimiento de las condiciones de la probatoria, incluyendo cambios de residencia no informados y ausencias. Aunque hubo intentos previos de revocación que fueron archivados, un nuevo informe de violación en 2019 llevó a la decisión impugnada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que revocó la probatoria.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación sobre daños y perjuicios. Víctor Luis González Barahona y Puerto Rico Land & Fruit, SE apelaron la desestimación de su demanda contra el Municipio de Culebra, su Alcalde y la Directora de Obras Públicas. La demanda original alegaba libelo, calumnia y mala fe por parte del Alcalde al proveer información a una agencia federal. Los demandantes sostenían que esta acción violaba un acuerdo previo de un tribunal federal y reclamaban \$250,000. El Tribunal de Primera Instancia concedió una moción de sentencia sumaria a los demandados y desestimó la totalidad de la demanda. Los demandados habían argumentado inmunidad condicionada para los funcionarios y falta de cumplimiento con la Ley de Municipios Autónomos. La parte apelante se opuso, alegando que la mala fe del Alcalde superaba la inmunidad. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen de primera instancia. Resolvió modificar la sentencia apelada para revocar la desestimación de la demanda únicamente en cuanto al codemandado Sr. William Solís Bermúdez en su carácter personal. Así modificada, la sentencia de desestimación se confirma para el resto de los demandados y capacidades.

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More Steel & Aluminum Products Inc. apeló la desestimación de su demanda de cobro de dinero contra el Municipio de San Juan. La corporación reclamaba \$38,500 por materiales de acero entregados en 2012, alegando que el Municipio se negaba a pagar a pesar de haber recibido los bienes. El Municipio se defendió argumentando la falta de un contrato válido y el incumplimiento de los requisitos legales para la contratación gubernamental. En el proceso judicial, el Tribunal de Primera Instancia dio por admitido un requerimiento de admisiones de More Steel que el Municipio no contestó. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria, centrándose la controversia en si las órdenes de compra constituían un contrato legalmente vinculante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al Municipio, concluyendo que las órdenes de compra no cumplían con los rigores de la ley y la jurisprudencia sobre contratación gubernamental, y desestimó la demanda. Este documento contiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre la apelación presentada por More Steel contra esa decisión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en la apelación presentada por Carmen Vélez y Oscar Pacheco Rivera contra Mapfre Pan American Insurance Company. La apelación impugnaba la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de los apelantes por incumplimiento de contrato. Los apelantes reclamaban que Mapfre no investigó ni pagó adecuadamente los daños sufridos en su propiedad a causa del huracán María. Mapfre solicitó la desestimación o sentencia sumaria, alegando que los apelantes no proveyeron la documentación necesaria para procesar la reclamación tras el aviso inicial. Los apelantes argumentaron que Mapfre incumplió su deber de inspeccionar y ajustar la pérdida, y que su demanda exponía una causa de acción válida. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de Mapfre y desestimó el caso sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de las partes. Finalmente, el foro apelativo confirmó la sentencia recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de aseguradora tras el Huracán María. María López Rosario apeló la desestimación de su demanda contra Mapfre Praico Insurance Company por el Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La apelante reclamó que Mapfre subestimó los daños a su residencia y bienes bajo su póliza y pagó una cantidad incorrecta. Mapfre solicitó la desestimación o sentencia sumaria, alegando falta de causa de acción, partes indispensables ausentes y pago en finiquito. El foro primario desestimó la demanda con perjuicio, concluyendo que el cobro del cheque por la apelante extinguió la obligación de pago de Mapfre. La señora López Rosario apeló, argumentando errores del TPI al evaluar el estimado de daños, no permitir descubrimiento de prueba y descartar alegaciones de violación al Código de Seguros. El Tribunal de Apelaciones indica que procederá a revocar la sentencia apelada. El documento detalla el historial procesal y los fundamentos de las partes en este recurso.

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Sentencia de un panel judicial que resuelve la apelación presentada por la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón (FBRHC). La FBRHC impugnó una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce que declaró Ha Lugar una solicitud de desestimación del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). El TPI también ordenó la paralización de los procedimientos a la luz de PROMESA y archivó administrativamente el caso sin perjuicio. El caso original fue incoado por la FBRHC contra el Secretario de Hacienda, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el Banco de Desarrollo Económico (BDE) y el BPPR. La FBRHC alegó que el BGF dejó de desembolsar fondos de un Fondo Especial creado por ley, financiado con arbitrios sobre cigarrillos. Este fondo está destinado a sufragar gastos de la FBRHC y es administrado por el BGF bajo directrices del Secretario. La FBRHC buscaba que se ordenara al Secretario asignar los fondos y al BGF desembolsarlos, incluyendo pagos a acreedores como el BPPR y el BDE. Tras examinar el recurso y el derecho aplicable, el panel judicial acordó confirmar la sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Empresas Renacimiento, Inc. y Samuel Hernández Ortiz. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria del Municipio Autónomo de Ponce. El TPI desestimó dos pleitos consolidados donde los apelantes objetaban declaraciones de estorbo público, multas y gastos de demolición y limpieza. Los casos se relacionaban con propiedades en Jardines del Caribe y Villas de Río Cañas, donde el Municipio reclamaba costos por trabajos realizados bajo la Ordenanza Municipal 70. Los apelantes alegaban aplicación incorrecta de la ordenanza y falta de notificación adecuada. El proceso administrativo previo determinó que la objeción a la declaración de estorbo público fue extemporánea y que los costos municipales estaban justificados. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato de seguro. Efrain Serrano Cruz demandó a United Surety & Indemnity Company por daños a su propiedad tras el huracán María. El apelante reclamaba daños ascendentes a \$151,570.01, mientras la aseguradora emitió un pago de \$1,736.80. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, entendiendo que el cobro del cheque por el apelante constituyó un pago en finiquito. El apelante apeló, alegando que la aseguradora actuó de mala fe y que su consentimiento al finiquito fue viciado por la información inadecuada y la gran disparidad en las cuantías. Argumentó que existían hechos materiales en controversia sobre la buena fe y el consentimiento. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Ordenó la devolución del caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, José Antonio García Colón apeló una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una pensión alimentaria de \$1,102.00 mensuales. El caso se deriva de un divorcio en 2011 donde se fijó una pensión de \$400.00 mensuales para tres hijos. La apelada, Stefanie Rivera Vázquez, presentó una moción en 2018 alegando incumplimiento constante y pagos incompletos por parte del apelante, resultando en una deuda considerable. La apelada detalló meses de incumplimiento y mencionó posibles fuentes de ingreso del apelante. El apelante respondió admitiendo pagos incompletos y citando desempleo, pero la apelada refutó sus argumentos, señalando un historial de evasión y quiebras. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Resolución recurrida. La corte determinó que el apelante no presentó argumentos suficientes para revocar la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLAN202000039. El recurso fue presentado por la Asociación de Residentes de Estancias de Cidra contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión se originó en una Petición de Consignación de Fondos presentada por José Miguel Ramirez Legrand. El Sr. Ramirez Legrand consignó $2,404.86 por cuotas de mantenimiento, cantidad que la Asociación alegadamente rechazó. El Tribunal de Primera Instancia declaró bien hecha la consignación y liberó al consignante de ulterior responsabilidad. La Asociación solicitó reconsideración, argumentando que la deuda no quedaba extinguida, especialmente las futuras. Al ser denegada la reconsideración, la Asociación acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. La Asociación alegó que el foro primario erró al liberar al Sr. Ramirez Legrand de responsabilidad ulterior. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Asociación.

Resumen:

Sentencia de un panel de jueces que resuelve un recurso de apelación presentado por el Gobierno de Puerto Rico. El recurso busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Dicha sentencia declaró Con Lugar una demanda de sentencia declaratoria instada por RJDC Development LLC. RJDC solicitó que se declarara que su propiedad, la finca núm. 4475, ubica en el Municipio de Moca. La finca está inscrita en el Registro de la Propiedad como ubicada en Isabela, generando discrepancias y asientos pendientes de inscripción. RJDC argumentó que la ubicación en Moca es reconocida por los municipios, CRIM y OGPe. El Departamento de Justicia, como demandado, había solicitado la desestimación por falta de inclusión de partes indispensables. RJDC se opuso, indicando que la declaración judicial era necesaria para resolver el problema registral. El panel de apelación, por los fundamentos expuestos, REVOCA la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso entre Oriany's Contractor, Corp. y la Autoridad de Tierras. Oriany's apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia relacionada con un contrato para la demolición y remoción de material de la Central Aguirre. Oriany's pagó \$125,000 por el material, pero no pudo ejecutar el contrato porque la Central Aguirre fue designada sitio histórico. Oriany's demandó la resolución del contrato, el reembolso del dinero, gastos incurridos y daños. El Tribunal de Primera Instancia concedió el reembolso de los \$125,000 en una sentencia parcial. Posteriormente, en la sentencia apelada, concedió a Oriany's \$11,715.47 adicionales, pero denegó la partida de daños y perjuicios. Oriany's apeló esta última decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, decidió confirmar el dictamen apelado.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por More Automotive Products, Inc. (Dollar) y ABAB Corp. (Payless) contra Aerostar Airport Holdings, LLC. La apelación impugna una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre injunction, sentencia declaratoria, incumplimiento contractual y daños. El litigio se centra en la operación de compañías de alquiler de autos "Off-Airport" en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, operado por Aerostar. La operación de estas compañías está regulada por el Reglamento Núm. 8205, que exige contratos y el pago de tarifas. Aerostar y las apelantes habían suscrito acuerdos operativos, incluyendo un Restated Operating Agreement (ROA), que las apelantes terminaron pero supuestamente continuaron operando en el aeropuerto. Aerostar demandó buscando, entre otras cosas, una sentencia declaratoria sobre el incumplimiento de las apelantes con las regulaciones. El foro primario dictó sentencia sumaria a favor de Aerostar, desestimando las reconvenciones de Dollar y Payless. Tras evaluar los escritos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Sumaria Parcial apelada.

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Judgment from the Puerto Rico Court of Appeals concerning an appeal in a damages case. The original action was filed against the Municipality of Luquillo and its insurer, Integrand Assurance Company. The lower court ordered the stay and administrative filing of the entire case after the insurer entered rehabilitation/liquidation proceedings. Plaintiffs (Appellants) sought reconsideration, arguing the case should continue against the Municipality. The lower court denied their request, leading to this appeal. The appeal challenges the lower court's decision to file the entire case, asserting jurisdiction remained over the Municipality. Appellants contend the action against the tortfeasor is independent of the action against the insurer. The Court of Appeals reviewed the appeal and the arguments presented. Based on the stated grounds, the Court of Appeals decided to modify the appealed ruling.

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Comparecen Lillian de la Paz Rosario y otros ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para solicitar la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria del Hospital Auxilio Mutuo (HEAM) y desestimó la causa de acción en su contra. Los apelantes habían demandado al HEAM y al Dr. Miguel R. Iturregui Pagán por daños y perjuicios relacionados con una cirugía de tiroides realizada por el doctor en el hospital. Alegaron que el HEAM respondía solidariamente por los actos del doctor, quien tenía privilegios en la institución. El HEAM solicitó sentencia sumaria, argumentando que el doctor no era su empleado y que los apelantes no habían probado hechos que justificaran su responsabilidad. Señaló que el perito de los apelantes no imputó negligencia al hospital. Los apelantes se opusieron, indicando que aún no habían producido evidencia sobre las evaluaciones periódicas del doctor por parte del HEAM. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al HEAM, concluyendo que los apelantes no presentaron prueba que controvirtiera los argumentos del hospital o demostrara un incumplimiento de su deber de evaluar al doctor. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta determinación.

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Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal y el Departamento de Salud. La apelación surge de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en casos incoados por Natural Ventures PR, LLC y Project 1493, LLC. Las empresas demandaron tras la denegación por la Junta de sus solicitudes de renovación de licencias y permisos para manufactura y dispensarios de cannabis medicinal. La Junta había ordenado el cierre de los establecimientos y el embargo de productos. Las demandantes alegaron violación al debido proceso de ley en el Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal asumió jurisdicción, determinó que la Junta abusó de su discreción y ordenó dejar sin efecto las órdenes de cierre y embargo. El Estado y la Junta apelaron, argumentando que el Tribunal de Primera Instancia erró al asumir jurisdicción para revisar colateralmente las resoluciones administrativas. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y mala fe contra QBE Insurance Group. El demandante, Jorge Santiago Santiago, apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso mediante sentencia sumaria. La demanda original alegaba que QBE incumplió dolosamente la póliza al no resarcir adecuadamente los daños por el huracán María. QBE solicitó sentencia sumaria basándose en la figura del pago en finiquito, argumentando que el demandante aceptó la oferta de $15,863.00 al firmar un documento y cambiar los cheques. El demandante se opuso, alegando controversia sobre la valoración de los daños (presentando un estimado mucho mayor) y que no fue advertido de que el cobro de los cheques implicaba un finiquito. El foro primario concluyó que el pago en finiquito era aplicable y desestimó la reclamación. El apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar sumariamente por existir hechos materiales en controversia. QBE se opuso a la apelación, defendiendo el dictamen recurrido.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000086. El recurso fue presentado por Enrique Trinidad Román contra MAPFRE Panamerican Insurance Company. El caso original versaba sobre incumplimiento de contrato y daños contractuales relacionados con la reclamación de daños por el Huracán María a una propiedad asegurada. El señor Trinidad Román alegó que MAPFRE no le ofreció una compensación justa. MAPFRE invocó la defensa de pago en finiquito, argumentando que el demandante había aceptado un pago final al endosar un cheque marcado como tal. MAPFRE presentó una Moción de Sentencia Sumaria basada en esta doctrina. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de MAPFRE y desestimó la demanda con perjuicio. El señor Trinidad Román apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos en la Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro primario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Jessica Hernández Sierra, demandó al Colegio Nuestra Señora de La Merced y otros por daños y perjuicios, incumplimiento de contrato y difamación. Sus reclamaciones se basaban en la alegada suspensión arbitraria de una menor y un referido al Departamento de la Familia que consideró infundado y difamatorio. El Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio estas causas de acción y limitó el descubrimiento de prueba a una alegación específica. Los apelados argumentaron haber actuado conforme a su deber legal de informar sospechas de maltrato y gozar de inmunidad bajo la Ley 246-2011. La apelante sostuvo que los demandados actuaron con mala fe o negligencia. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia Parcial y las resoluciones interlocutorias. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial apelada. Asimismo, dejó sin efecto las resoluciones interlocutorias revisadas.

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Gladys Ortiz Montalvo apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Mapfre Panamerican Insurance Company. La señora Ortiz demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños tras el huracán María, reclamando daños a su propiedad y por mala fe de la aseguradora. Mapfre denegó inicialmente la reclamación, ofreciendo luego un pago de \$1,618.92, cifra que la señora Ortiz consideró insuficiente frente a sus estimados de daños. Mapfre solicitó sentencia sumaria, alegando que el endoso del cheque por la señora Ortiz constituyó un pago en finiquito, extinguiendo la obligación. El TPI acogió el argumento de Mapfre y archivó el caso. La señora Ortiz apeló, argumentando que el TPI erró al aplicar la figura del pago en finiquito sin considerar si la oferta fue justa, si recibió orientación adecuada, si entendió que transigía su reclamación, o si hubo ventaja indebida. También alegó que Mapfre actuó de forma contradictoria, incurrió en prácticas desleales y renunció a la defensa de pago en finiquito al no incluirla en su contestación a la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la decisión del TPI.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Mets Contractors, Inc. contra el Municipio Autónomo de San Juan. Mets Contractors apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de reembolso de arbitrios de construcción. La disputa surge porque Mets pagó arbitrios por trabajos de pintura en residenciales públicos, alegando que dicha actividad estaba exenta según una ordenanza municipal. El Municipio de San Juan argumentó que Mets no siguió el procedimiento administrativo correcto para solicitar el reembolso. El foro primario concluyó que, aunque la actividad pudiera estar exenta, Mets incumplió con el proceso de solicitud de reembolso establecido en otra ordenanza municipal. Mets apeló, sosteniendo que la impugnación se basa en la falta de autoridad del Municipio para imponer el arbitrio a esa actividad, lo que haría innecesario agotar el trámite administrativo. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisará si el Tribunal de Primera Instancia erró al requerir el cumplimiento del procedimiento administrativo para el reembolso en este contexto. Se discute el poder tributario delegado a los municipios bajo la Ley de Municipios Autónomos, incluyendo la facultad de imponer arbitrios de construcción. El caso aborda la interacción entre la exención de un arbitrio y el cumplimiento de los procedimientos administrativos para su reclamación o reembolso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y la Fundación Free Juana. La Junta apeló la decisión del foro primario que había declarado Con Lugar una petición de injunction de la Fundación. La Fundación impugnó la revocación de sus licencias por parte de la Junta, alegando falta de debido proceso al no celebrarse una vista adjudicativa. La Junta había revocado las licencias tras una inspección que reveló múltiples incumplimientos con la ley y el reglamento vigente, como el uso de material desactualizado y personal no autorizado. El Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto las resoluciones de la Junta, ordenó una vista y concedió el injunction. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, procede a revocar la Sentencia recurrida del foro primario.

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Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los señores José E. y Miguel Talavera Cruz para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Sentencia declaró Con Lugar una Demanda de Exequatur presentada por Felipe A. Morales. La demanda buscaba validar en Puerto Rico una Sentencia del Estado de Florida. La Sentencia de Florida declaró incapaz a la señora Ligia Morales Morales y designó a Felipe A. Morales como su tutor. Felipe A. Morales argumentó la necesidad de la validación debido a la participación de la señora Morales en un caso civil en Puerto Rico relacionado con la impugnación de un testamento. Los apelantes Talavera Cruz se opusieron a la validación. Adujeron que la Sentencia de Florida fue obtenida mediante fraude y sin el debido proceso, al no ser notificados del procedimiento en Florida. El Tribunal de Primera Instancia validó la Sentencia de Florida. Tras revisar el recurso, este Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada. Se valida así la declaración de incapacidad y el nombramiento del tutor realizado en Florida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000109. El apelante, Héctor Rivera Vega, recurrió una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó su demanda de daños y perjuicios. La demanda original reclamaba la falta de provisión de servicios de salud mental de emergencia por parte del Estado y funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El TPI había desestimado el caso por falta de agotamiento de remedios administrativos. Durante el trámite apelativo, el señor Rivera Vega presentó una moción solicitando el desistimiento de su recurso. Alegó que la parte demandada estaba cumpliendo fielmente con los servicios de salud mental requeridos. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud y declaró Ha Lugar el desistimiento. En consecuencia, ordenó el archivo del caso, basándose en las reglas de procedimiento aplicables.

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Apelantes impugnan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda sobre partición y adjudicación de herencia. La acción buscaba el nombramiento de un contador partidor y la división de los bienes del causante, padre de las partes. Los apelantes alegaron que el causante donó la mayoría de sus bienes a otros coherederos (apelados) antes de fallecer. Previamente, las partes litigaron la donación de una propiedad específica (Motel Matos) en el caso ISCI20061731. Ese pleito anterior culminó en un acuerdo transaccional donde los apelantes recibieron \$10,000 cada uno a cambio de resolver todas las controversias y desistir con perjuicio. Los apelados invocaron la defensa de cosa juzgada, argumentando que el acuerdo previo impedía la nueva reclamación. El Tribunal de Primera Instancia acogió la defensa, desestimando la demanda por cosa juzgada. Además, el foro primario condenó a los apelantes al pago de \$3,000 en honorarios por temeridad. La presente Sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa dicha determinación de desestimación y la imposición de honorarios.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso presentado por Raymond J. De Hoyos y otros contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Los apelantes buscan la revocación de dicha Sentencia en un pleito sobre despido injustificado y reclamación de salarios. El apelado, Alexis Gabriel Irizarry Martínez, presentó una querella reclamando indemnización por despido injustificado bajo la Ley 80 y violación al periodo de tomar alimentos conforme a la Ley 379. El apelado trabajaba en una gasolinera que los apelantes adquirieron de un dueño anterior. Continuó empleado tras la adquisición, manteniendo funciones similares, aunque su horario fue modificado posteriormente. La querella alegaba que el empleado trabajó sin periodo de alimentos y que las horas extras se pagaban a tarifa sencilla, prácticas que supuestamente ocurrieron bajo ambos patronos. La Sentencia del foro primario, objeto de la apelación, detalló hechos sobre el historial laboral del empleado, su horario y las prácticas de pago. El Tribunal de Apelaciones revisa estos hechos para la comprensión del recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió sentencia en un recurso de apelación presentado por la Sucesión de Ana María Rodríguez. La apelación impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó, sin perjuicio, un caso de sentencia declaratoria y una reconvención. El caso original fue instado por Gregorio Rodríguez Rodríguez, quien buscaba que se le declarara poseedor de un inmueble comercial ubicado en un terreno propiedad de la Sucesión. La Sucesión presentó una reconvención reclamando derechos de accesión sobre las construcciones en su terreno. El foro primario archivó la demanda principal por no presentarse una demanda enmendada y desestimó la reconvención por falta de alegaciones suficientes en la contestación a la demanda enmendada. Inconforme con estas determinaciones, la Sucesión apeló. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos procesales que llevaron a las desestimaciones. Tras considerar los argumentos, el panel apelativo decidió revocar la sentencia apelada. El caso involucra un trasfondo histórico sobre la propiedad del terreno y las edificaciones construidas a lo largo de los años.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000150, una apelación presentada por el Municipio Autónomo de San Juan. El Municipio impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de RBC Construction Corp. La demanda original de RBC Construction reclamaba cobro de dinero y daños y perjuicios contra el Municipio. La controversia central gira en torno a la cancelación por parte del Municipio de la adjudicación de la Subasta Núm. 2013/011 para la construcción de un centro ecuestre. RBC Construction alegó que la cancelación fue injustificada y le causó daños. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la cancelación no fue justificada y que el Municipio era responsable por los daños sufridos por RBC Construction. El Municipio argumentó que la cancelación se ajustó a la ley y el reglamento. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Parcial apelada. Esta decisión valida la determinación de responsabilidad del Municipio por la cancelación de la subasta, dejando pendiente la cuantificación de los daños.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Caparra Center Associates, LLC apeló la negativa del foro inferior a conceder la sustitución de un pagaré hipotecario extraviado. El pagaré, por \$9,040,000, fue suscrito por Caparra Center y garantizado con una hipoteca sobre una propiedad. Fue entregado a Firstbank como garantía colateral y devuelto a Caparra Center tras saldar la deuda subyacente. El original del pagaré se extravió, impidiendo a Caparra Center renegociarlo. Caparra Center demandó su sustitución, pero el tribunal de instancia ordenó la cancelación tanto del pagaré como de la hipoteca. La apelación argumenta que el tribunal inferior erró al denegar la sustitución y coartar el derecho a renegociar el instrumento. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión, notando que la parte apelada no presentó alegato. La sentencia menciona la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y su reglamento sobre la cancelación de instrumentos extraviados.

Resumen:

Una síndico que representa a una pareja en quiebra impugna una determinación post-sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La determinación se relaciona con la distribución de fondos depositados en un caso de división de herencia. La pareja había acordado adquirir participaciones hereditarias, pero solo pagó una porción a la mayoría de los herederos. Tras litigio, se resolvieron los contratos de cesión, reconociendo a los herederos el derecho a retener su participación y reclamar intereses. Una sentencia previa del Tribunal de Apelaciones determinó que la pareja solo tenía derecho a recibir la porción correspondiente a un heredero específico que sí pagaron en su totalidad. La orden recurrida dispuso la entrega de esta única porción (\$41,367.95) a la síndico, conforme a la sentencia apelativa previa. La síndico apeló esta orden, alegando tener derecho a una cuantía mayor de los fondos depositados. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de la síndico. La desestimación se basa en que la parte peticionaria no certificó haber notificado el recurso a todas las partes del caso. Tampoco acreditó justa causa para dicha omisión, incumpliendo con un requisito procesal.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Fast Lane Ent. contra PM Oil Corp. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia trataba sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Fast Lane demandó a PM Oil Corp. alegando que esta incumplió un contrato de arrendamiento de espacio para cajero automático al permitir que un tercero operara uno en su local, reclamando daños y pérdidas económicas. PM Oil Corp. negó el incumplimiento y presentó una reconvención, sosteniendo que Fast Lane fue quien incumplió primero al no pagar la tarifa acordada por transacción. PM alegó que el impago de Fast Lane justificó la rescisión del contrato y la contratación de un tercero para mitigar daños. Fast Lane enmendó su demanda para incluir al firmante del contrato por PM y al tercero como codemandados, buscando responsabilidad solidaria. Las partes expusieron sus argumentos sobre la validez del contrato, la existencia corporativa y los supuestos incumplimientos. El recurso de apelación busca revocar la sentencia del foro primario que declaró No Ha Lugar la demanda de Fast Lane.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Eric Omar Landrón Hernández demandó al Municipio de San Juan, Milestone Communications y otros tras sufrir una caída en el Teatro Tapia. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al demandante presentar un informe de manejo de caso y un informe pericial en 30 días, apercibiendo sobre la renuncia a dicha prueba. Ante el incumplimiento, el tribunal sancionó al abogado del demandante y le concedió 10 días adicionales para cumplir, bajo apercibimiento de desestimación con perjuicio. Al no cumplir en el término provisto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio mediante sentencia. El demandante apeló esta determinación, recurso que el Tribunal de Apelaciones acogió como un *certiorari*. Las mociones presentadas por el demandante tras la desestimación parecieron confundir la sanción impuesta con otra previa y no relacionada. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

Resumen:

Sentencia de un panel especial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La demandante, Sra. Dianne Fernández Hooi, reclamó haber sufrido graves daños tras una caída frente al local de los demandados en junio de 2010. Alegó que la caída se debió a una condición peligrosa creada por un empleado limpiando sin advertencia, y posteriormente incluyó defectos en la estructura y pintura del área. Los demandados negaron negligencia, atribuyendo la humedad a la lluvia y cuestionando la relación causal y la cuantía de los daños. Ambas partes impugnaron la Sentencia del foro primario emitida en junio de 2019, consolidándose sus recursos. Se celebró un juicio en el que se presentó prueba pericial y testimonial sobre la negligencia, los daños y el nexo causal. El Tribunal de Primera Instancia determinó que los demandados incurrieron en actuaciones u omisiones negligentes. Este documento detalla el historial procesal, las alegaciones de las partes y la prueba desfilada, previo a la revisión apelativa de dicha determinación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso sobre resolución de contrato y daños y perjuicios. El apelante, Robert Hatton Gotay, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia concedió una moción de sentencia sumaria parcial a favor del apelado, Ramón A. Cacho Pérez. El foro primario condenó a Hatton Gotay a pagar \$1,250,000.00 por daños especiales relacionados con pagarés, sin celebrar una vista evidenciaria. El litigio se originó de negociaciones para financiar un proyecto de desarrollo en una finca, donde Cacho Pérez buscó un préstamo de Hatton Gotay. El préstamo propuesto de \$850,000.00 fue finalmente rechazado por Hatton Gotay tras su análisis. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, REVOCA la Sentencia Parcial apelada.

Resumen:

Sentencia de un panel especial de jueces que revisa apelaciones consolidadas presentadas por la demandante, Sra. Dianne Fernández Hooi, y los demandados, MCA Electronic Services y Triple S Propiedad, Inc. Impugnan una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños y perjuicios. La demandante presentó la acción legal alegando haber sufrido daños físicos, económicos, mentales y morales a raíz de una caída ocurrida en junio de 2010 frente al local de los demandados. La caída se atribuyó a una condición peligrosa creada por la limpieza con jabón sin advertencia, y posteriormente se añadieron alegaciones sobre defectos en la entrada. Los demandados negaron negligencia, argumentando que el área estaba mojada por lluvia y cuestionando la relación causal y la cuantía de los daños. Tras un juicio en el que se presentó prueba pericial y testimonial, el foro primario determinó que los demandados incurrieron en negligencia. Ambas partes apelaron esta determinación, llevando el caso ante este panel especial para revisión.

Resumen:

El panel judicial confirma la Sentencia dictada sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia en un litigio entre Universal Insurance Co., Oriental Bank y Juan C. Macia Rivera. Oriental Bank demandó a Macia Rivera y Universal luego de que un vehículo arrendado por Macia Rivera y asegurado por Universal fuera hurtado, y la aseguradora negara la cubierta. Oriental argumentó que la ocurrencia estaba cubierta y buscaba el pago de la deuda pendiente. Universal basó su defensa en los términos y condiciones de la póliza expedida. Macia Rivera, por su parte, demandó a Universal, detallando cómo entregó el vehículo a individuos que se presentaron como empleados de un concesionario para una potencial venta. Universal denegó la reclamación de Macia Rivera alegando una cesión no autorizada del vehículo. Después de varios trámites procesales, incluyendo una moción de sentencia sumaria y prueba testifical, el TPI emitió la Sentencia ahora apelada. Este panel ha decidido confirmar la Sentencia impugnada, validando la determinación del tribunal de primera instancia sobre la cubierta del seguro.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de derecho laboral. El apelante, Rafael Sánchez Rosario, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella por despido injustificado contra Wal-Mart. Sánchez Rosario alegó haber sido despedido sin justa causa tras una conversación con una compañera de trabajo. Wal-Mart sostuvo que el despido fue justificado por violación a sus políticas de conducta y hostigamiento sexual, tras una investigación. El Tribunal de Primera Instancia, luego de un juicio, determinó que el despido tuvo justa causa. El apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara dicha sentencia. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, Sergio Negrón Sánchez y Zuleyka Malavé Lugo, impugnan la desestimación con perjuicio de sus reclamos contra Bautista REO, Capital Crossing y FirstBank. El Tribunal de Primera Instancia había declarado ha lugar una moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia. Los apelantes adquirieron un apartamento en 2010, financiando la compra con Doral Bank. Al momento de la compraventa, no se les informó sobre problemas registrales o de segregación de la finca matriz. Años después, el desarrollador notificó a los residentes que la propiedad no había sido segregada de una finca mayor de 14 cuerdas. La falta de segregación implicaba que los residentes eran condueños de la finca completa. El Tribunal de Apelaciones evaluó la decisión del foro primario y, por las razones expuestas, revocó el dictamen apelado.

Resumen:

Eliezer Cruz Almodóvar, un policía municipal, demandó al Alcalde y al Comisionado de la Policía Municipal de San Germán para impugnar cargos disciplinarios, alegando que sus actuaciones eran ilegales y ultra vires. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción, al considerar que no se habían agotado los remedios administrativos. Cruz Almodóvar apeló esta decisión, argumentando que el tribunal erró al aplicar la doctrina de agotamiento, especialmente si las acciones eran nulas. El documento revisa la Ley Núm. 32 de 1972, que creó la CIPA con jurisdicción exclusiva para apelaciones de funcionarios públicos sobre medidas disciplinarias. También explica la doctrina de agotamiento de remedios administrativos como un requisito jurisdiccional que impide la intervención judicial hasta agotar los procesos en la agencia. Esta norma busca evitar la interferencia judicial prematura y asegurar que la determinación administrativa sea la postura final de la agencia. El Tribunal de Apelaciones procederá a resolver la apelación basándose en el derecho y la jurisprudencia aplicable.

Resumen:

Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Edwin D. Torres Molina e Ivonne Piñol Santana, apelantes en este caso. Solicitan la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de relevo de sentencia. La acción original fue presentada por Banco Santander de Puerto Rico para cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes habían suscrito un pagaré hipotecario en 2003, el cual modificaron en 2016 tras un incumplimiento inicial. Posteriormente, enfrentaron nuevas dificultades económicas y dejaron de pagar, entrando en conversaciones con el banco sobre alternativas de mitigación de pérdidas. Santander presentó la demanda por incumplimiento mientras se exploraban estas opciones. El foro primario confirmó su sentencia original y rechazó el pedido de relevo de los apelantes. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, REVOCA la decisión recurrida.

Resumen:

Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de división de comunidad de bienes entre Erika Molina Vergara y Francisco Mata Gil. La señora Molina Vergara demandó a su exesposo para lograr la tasación y venta de una propiedad adquirida durante el matrimonio, alegando que el incumplimiento del señor Mata Gil con los pagos hipotecarios afectaba su crédito. El señor Mata Gil contestó la demanda y presentó una reconvención reclamando créditos por pagos realizados a la propiedad. El proceso en el Tribunal de Primera Instancia incluyó órdenes de descubrimiento de prueba, establecimiento de plazos y la imposición de sanciones económicas a las partes por incumplimiento procesal y solicitudes tardías. La apelante, Erika Molina Vergara, solicitó la intervención del Tribunal de Apelaciones para revocar una Resolución del foro primario que denegó su Moción de Reconsideración y confirmó una Sentencia previa. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, decide REVOCAR la Sentencia apelada.