Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 164)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Efraín Acevedo Cortés y Laura A. Aguayo Pérez contra Mapfre Pan American Insurance Company. La apelación proviene de una demanda por incumplimiento de contrato, mala fe y dolo relacionada con daños sufridos por el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. La desestimación se fundamentó en la alegación de Mapfre de que se configuró un pago en finiquito. Mapfre sostuvo que los apelantes endosaron y cobraron un cheque por \$1,941.71 que claramente indicaba ser el pago total y definitivo de la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia aceptó este argumento y desestimó el caso. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por El Pueblo contra Félix M. Hernández Doble. El Pueblo impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró ha lugar una moción bajo la Regla 192.1. Hernández Doble alegó que su representación legal apelativa fue inadecuada porque su recurso de apelación inicial fue desestimado por tardío. El TPI determinó que la representación fue ineficaz, privándolo de su derecho a apelar. Por ello, el TPI ordenó resentenciar a Hernández Doble para que tuviera un nuevo término de 30 días para apelar. El Pueblo argumentó que el TPI se basó únicamente en la tardanza de la apelación sin evidencia adicional de ineficacia. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del TPI.

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Se revisa la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso entre la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y Ramas Anexas (TUAMA). TUAMA demandó a la AMA por el cobro de una deuda de \$73,494.95 correspondiente al Fondo Educacional, según el Convenio Colectivo. TUAMA solicitó Sentencia Sumaria, alegando que la AMA había reconocido la deuda mediante una certificación de su Vicepresidente de Finanzas. Presentó evidencia de una deuda original mayor y un plan de pagos parciales propuesto por la AMA, del cual solo se realizó el primer pago. La AMA se opuso a la Sentencia Sumaria, argumentando controversias de hechos, incluyendo el uso de los fondos por TUAMA, la falta de informes y la supuesta falta de autoridad del funcionario que emitió la certificación. El TPI dictó Sentencia Sumaria a favor de TUAMA, determinando que la deuda del Fondo Educacional era incontrovertida basándose en la certificación de la AMA. La AMA solicitó la revisión de esta decisión ante este Tribunal. El panel de jueces confirma la determinación del TPI.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado en un caso sobre daños y perjuicios. La parte peticionaria solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó la solicitud de descalificación del abogado de la parte recurrida. El Tribunal de Apelaciones evaluó la petición de certiorari y la oposición presentada. Aplicó el estándar de revisión para intervenir con la discreción del foro primario. Concluyó que la parte peticionaria no logró persuadir al tribunal de que el foro primario hubiera cometido error alguno. Por tanto, no se justificaba la intervención en esta etapa del procedimiento. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Consejo de Titulares del Condominio Villas de Hato Tejas mediante una Petición de Certiorari. El recurso busca dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso sobre incumplimiento de contrato contra MAPFRE Praico Insurance Company. La controversia en el TPI giraba en torno a mociones para compeler descubrimiento de prueba. El Consejo alegaba que MAPFRE contestó parcialmente interrogatorios y requerimientos de producción de documentos. MAPFRE se opuso, argumentando haber provisto la información pertinente y que otras solicitudes eran impertinentes. La Resolución del TPI ordenó a MAPFRE suplementar algunas contestaciones específicas, pero declaró No Ha Lugar otras objeciones del Consejo. El Consejo solicitó reconsideración parcial, la cual fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso de Certiorari por falta de jurisdicción al no satisfacer los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El caso se origina en una querella presentada por un titular del Condominio New San Juan contra la Junta de Directores. La disputa concierne la elección del Presidente de la Junta, Sr. Antonio Colón Correa. El titular alegó que el Sr. Colón no era elegible por haber excedido el límite de términos permitido por la Ley de Condominios. El DACO declaró ha lugar la querella, determinando que el Sr. Colón había ocupado el puesto por aproximadamente siete años, superando el límite legal. Consecuentemente, el DACO ordenó la celebración de una nueva asamblea para elegir al Presidente. La Junta de Directores recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando errores en la aplicación de la ley y en el procedimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución emitida por el DACO.

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Ernesto Rosado Rosado, confinado en una institución correccional, interpone recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso se origina por la ocupación y posterior decomiso de unos pantalones cortos grises marca Nike Jordan, encontrados durante un registro y considerados no autorizados por las normas institucionales. Al recurrente se le informó que la prenda estaría disponible para ser recogida por un familiar por 30 días antes de ser decomisada. El recurrente alega que su familia intentó recoger los pantalones dentro del plazo, pero no fue posible debido a problemas en la institución. Tras agotar los remedios administrativos, que fueron denegados indicando que los pantalones fueron decomisados al no ser reclamados, acude al Tribunal de Apelaciones. Imputa errores a la Administración de Corrección por el decomiso injusto, la falta de entrega de la prenda cuando fue reclamada en múltiples ocasiones y la inadecuada gestión de sus reclamos administrativos. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación administrativa final para evaluar si el remedio fue adecuado, si los hechos están sustentados por la evidencia y si las conclusiones de derecho son correctas.

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Emmanuel Torres Cruz, confinado en la Institución Correccional Guerrero, presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitaba la revisión de una Resolución Interlocutoria emitida por la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente había iniciado un proceso administrativo alegando la falta de servicio telefónico en su módulo. Tras una respuesta inicial y una solicitud de reconsideración, la División de Remedios Administrativos emitió una resolución interlocutoria. En esta resolución, se solicitaba información adicional al Superintendente de la institución para poder responder adecuadamente a la solicitud del confinado. La resolución indicaba expresamente que el derecho a recurrir judicialmente se posponía hasta recibir una respuesta detallada. El señor Torres Cruz presentó el recurso de revisión judicial antes de recibir esta respuesta final del Departamento. El Tribunal de Apelaciones, al examinar su jurisdicción, determinó que carecía de ella para atender el recurso. Concluyó que la presentación del recurso era prematura, ya que el proceso administrativo no había finalizado con una determinación final sobre el asunto.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación relacionado con la fijación de pensión alimentaria para dos menores. La apelación fue presentada por Ámbar Annette Valles Soto contra Stefano Cataldi Malpica. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que adoptó la recomendación de un Examinador de Pensiones Alimentarias. El caso se originó en un pleito de divorcio donde se solicitó la custodia compartida y la fijación de alimentos. Inicialmente se estableció una pensión alimentaria provisional. La controversia principal gira en torno a la pensión alimentaria final y el cambio a custodia compartida. La resolución apelada fijó la pensión final en \$1,132.35 mensuales, considerando la custodia compartida. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y la prueba presentada, decidiendo confirmar en parte y revocar en parte la determinación apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Juan Luis Cornier Torres. El peticionario impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en su caso criminal. La controversia principal giraba en torno a la redacción de la acusación por el delito de destrucción de pruebas (Artículo 285 del Código Penal). Cornier Torres argumentó que la acusación incluía indebidamente lenguaje que hacía referencia al delito de asesinato, constituyendo una acumulación impropia de delitos en un solo cargo. Solicitó la desestimación o enmienda de la acusación para eliminar dicha frase. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar su solicitud inicial y una moción de reconsideración posterior. Ante esta negativa, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto, revocó la determinación recurrida y devolvió el caso al foro primario. La decisión implica que el Tribunal de Apelaciones encontró mérito en el argumento del peticionario respecto a la redacción de la acusación. El caso continuará en el Tribunal de Primera Instancia conforme a lo resuelto por el apelativo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y CSA Architects & Engineers (CSA). Apelan una decisión del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de TEC General Contractors, Corp. (TEC) en un caso de incumplimiento de contrato y daños. El litigio surge del proyecto de rehabilitación del Canal de Derivación de Guajataca, donde la AEE contrató a TEC para la construcción y a CSA para el diseño y supervisión. El foro primario determinó que la AEE exigió a TEC una modificación contractual, específicamente un cambio en el material de las paredes del canal, sin compensar los costos adicionales incurridos. La modificación implicó pasar de un agregado bien gradado, según el diseño original de CSA, a una piedra uniforme. El Tribunal de Primera Instancia encontró a la AEE y a CSA solidariamente responsables por los daños a TEC, atribuyendo la necesidad del cambio a un error de diseño de CSA. Los apelantes, AEE y CSA, buscan la revocación de esta sentencia.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaba la determinación del Tribunal de Primera Instancia de Carolina que desestimó la acción criminal contra Yeriel Cirino Osorio. Dicha desestimación se fundamentó en la Regla 64(n)(4) de las Reglas de Procedimiento Criminal. Los cargos contra Cirino Osorio eran por infracciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas. El expediente del caso en el foro primario mostró múltiples señalamientos de juicio que no se concretaron. Las dilaciones se atribuyeron a la falta de entrega de prueba de descubrimiento, ausencia de testigos clave y posible extravío de notas de investigación. El Ministerio Público había presentado las denuncias por segunda ocasión. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso presentado por la Oficina del Procurador General. Tras revisar los documentos del expediente, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado. Esta resolución confirma la desestimación de los cargos por el Tribunal de Primera Instancia.

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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y CSA Architects & Engineers (CSA) apelan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de TEC General Contractors, Corp. (TEC). El litigio se relaciona con el proyecto de Rehabilitación del Canal de Derivación de Guajataca, donde AEE contrató a TEC para la construcción y a CSA para el diseño y supervisión. El tribunal primario determinó que AEE exigió a TEC una modificación en el material de construcción no especificado en el diseño original de CSA. Esta modificación generó costos adicionales para TEC que no fueron pagados. La sentencia apelada declaró a AEE y CSA solidariamente responsables por los daños a TEC, atribuyendo la causa a un error en el diseño preparado por CSA. El Tribunal de Apelaciones revisa los argumentos de los apelantes para determinar si procede revocar dicha sentencia. La controversia principal se centra en la modificación del material requerido, los costos adicionales incurridos por el contratista y la responsabilidad de la entidad contratante y el diseñador.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado por Banco Popular de Puerto Rico. La apelación fue interpuesta por José L. Ortiz Neris para impugnar una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial había desestimado la reconvención presentada por el Sr. Ortiz contra el Banco Popular. En su reconvención, el Sr. Ortiz alegó que el Banco Popular detuvo indebidamente los débitos directos autorizados desde su cuenta para realizar los pagos hipotecarios. Afirmó que nunca incumplió con sus pagos y que la acción del banco le causó daños. Banco Popular argumentó que la co-deudora, Lee-Bee-Tiu, solicitó la detención de los débitos directos y que actuaron de buena fe, informando al Sr. Ortiz. El foro primario desestimó la reconvención por entender que no exponía una reclamación válida. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la determinación apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El caso trata sobre una demanda por daños y perjuicios presentada por Carmen Ivette Ruiz Martínez y familiares contra Luis T. Ramos Mieles y Universal Insurance Company. La demanda se originó por un accidente de tránsito ocurrido en Hatillo el 1 de enero de 2017, donde el vehículo del señor Ramos impactó a la señora Ruiz. La parte apelante alegó que el accidente y las graves lesiones sufridas por la señora Ruiz fueron causados por la negligencia del señor Ramos. La parte apelada argumentó que el accidente se debió a la negligencia de la señora Ruiz al cruzar la vía. El Tribunal de Primera Instancia concedió una Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de los apelados, desestimando la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, determinó confirmar la Sentencia del foro primario.

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Este caso de apelación se origina en una demanda por incumplimiento contractual presentada por un taller de mecánica contra su aseguradora. El taller reclamó el reembolso de los pagos realizados a clientes por los daños sufridos por sus vehículos durante el huracán María, mientras se encontraban almacenados en las facilidades del taller para reparación. Los vehículos afectados, inmovilizados, quedaron expuestos y sufrieron daños significativos. La aseguradora se negó a pagar, argumentando que el taller no había sido negligente y que la póliza no cubría daños directos sin que mediara negligencia del asegurado. El taller sostuvo que pagó a los dueños de los vehículos y que la póliza vigente, que incluía la cubierta "Garagekeepers", obligaba a la aseguradora a responder por los daños. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del taller, determinando que este era legalmente responsable ante los terceros perjudicados y que la aseguradora debía cubrir los daños bajo los términos del contrato de seguro. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión, concluyendo inicialmente que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de certiorari relacionado con una demanda por incumplimiento de contrato y mala fe contra una aseguradora. Los recurrentes demandaron a Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) por daños a su propiedad causados por el huracán María, alegando que la aseguradora no pagó una compensación justa y actuó de mala fe. La CSM solicitó sentencia sumaria, argumentando que había ajustado los daños y emitido un cheque que fue aceptado y cobrado por los recurrentes como pago final. Los recurrentes se opusieron, alegando controversias sobre la adecuación del ajuste y si el consentimiento al cobro del cheque fue viciado por dolo. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de la aseguradora. La CSM recurrió esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario. Determinó que el cobro del cheque por parte de los recurrentes constituyó un finiquito de la obligación. En consecuencia, desestimó la demanda con perjuicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamación de seguros por daños causados por el huracán María. Los apelantes, asegurados, demandaron a la aseguradora por incumplimiento de contrato y mala fe en el ajuste de su reclamación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sumariamente al considerar que los asegurados habían aceptado pagos que constituían un finiquito total de la reclamación. La aseguradora argumentó que los pagos realizados fueron aceptados como liquidación final, según constaba en los cheques y comunicaciones. Los asegurados se opusieron, cuestionando la corrección del ajuste, la falta de orientación adecuada y las circunstancias de la supuesta aceptación. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que se erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito sin que se hubieran probado como hechos incontrovertidos los elementos necesarios para su procedencia. Estos elementos incluyen si la oferta fue justa, si se brindó la debida asistencia, si la aceptación fue con claro entendimiento de finiquito y si no hubo opresión.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202000189, una apelación presentada por Damaris Reyes Montañez. La apelación busca revocar una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un pleito sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y sentencia declaratoria. Dicha Sentencia Parcial aprobó un acuerdo transaccional alcanzado por las partes en el litigio original, el cual versaba sobre la división de una herencia. Las demandantes originales alegaron que los herederos incumplieron un acuerdo para segregar un bien inmueble y que la apelante interfirió torticeramente en dicho contrato. La apelante, por su parte, negó las alegaciones y afirmó proteger los intereses de su esposo. El TPI aprobó el acuerdo transaccional, excluyendo la causa de acción por interferencia torticera. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLAN201900403, resolviendo una apelación presentada por Kelvin Figueroa Pitre. El apelante impugnaba una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. Dicha sentencia lo declaró culpable de varios delitos, incluyendo robo agravado mediante uso de arma de fuego, restricción a la libertad, amenaza, y violaciones a la Ley de Armas (portación sin licencia y apuntar con arma). Los cargos se basaron en hechos ocurridos el 19 de mayo de 2015. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, los autos originales y la prueba oral estipulada presentada en el juicio. La prueba incluyó el testimonio de la víctima, quien relató haber sido robado a mano armada tras recoger dinero de ventas de lotería. Tras examinar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones atiende un recurso presentado por Eustaquio Pache contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El apelante buscaba la revocación de la decisión que desestimó su demanda de cobro de dinero por trabajos realizados. La demanda original reclamaba una deuda por servicios de pintura y sellado. El foro primario desestimó el caso acogiendo una moción de los demandados. Las razones para la desestimación incluyeron emplazamientos defectuosos, un error en el término para contestar indicado en los emplazamientos y la falta de inclusión de una parte indispensable. El apelante solicitó sin éxito que se dejara sin efecto la sentencia del TPI antes de recurrir. Presentó este recurso de apelación argumentando errores en los fundamentos de la desestimación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decide desestimar la apelación. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del tribunal apelativo. Esta falta de jurisdicción surge porque el recurso de apelación fue presentado de forma tardía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Gobierno de Puerto Rico. El Gobierno solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI había denegado la solicitud del Gobierno para una paralización automática bajo el Título III de la ley PROMESA. El caso subyacente es una demanda por discrimen político y daños presentada por Moraima Flores Cortés y otros contra el Gobierno y funcionarios de la Comisión Industrial. Los demandantes alegan haber sufrido discrimen tras un cambio de administración política y reclaman compensación económica. Previamente, el TPI había desestimado reclamaciones contra funcionarios a título personal, pero no contra el Gobierno ni funcionarios a título oficial. El Departamento de Justicia informó sobre la aplicabilidad de la paralización automática de PROMESA. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca la resolución del TPI que denegó la paralización automática.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900370. Jean Paul Rivera Marcano apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que lo declaró culpable. Fue convicto por agresión agravada con grave lesión mutilante (Art. 109 Código Penal), infracción a la Ley de Violencia Doméstica (Art. 3.2(B) Ley 54) y a la Ley de Armas (Art. 5.05). El Tribunal de Primera Instancia lo sentenció a 15 años por agresión agravada, 8 años concurrentes por Ley 54 y 3 años por Ley de Armas. Inicialmente, fue acusado de tentativa de asesinato, pero el TPI lo encontró culpable de agresión agravada. Los señalamientos de error en apelación cuestionan la suficiencia de la prueba para la convicción por agresión agravada, si una cama matrimonial constituye un arma bajo la Ley de Armas, y la aplicación del principio de especialidad penal. El Tribunal de Apelaciones emite su decisión sobre estos puntos planteados por el apelante.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación contra una Orden de Protección bajo la Ley de Acecho. El apelante, Terry López, impugna la orden final expedida en su contra por el Tribunal Municipal de Cidra a favor de los apelados, Carlos J. Flores Ramos y Yaira Cotto. El caso se originó con una petición de Orden de Protección Ex Parte, la cual fue concedida provisionalmente. Se citó al apelante a una vista final, a la cual compareció sin su abogado. El Tribunal Municipal emitió entonces una Orden de Protección final con vigencia de un año. El apelante alega que el tribunal erró al celebrar la vista final sin haberle notificado previamente la petición original de la Orden de Protección. El Tribunal de Apelaciones revisa el expediente para determinar si hubo un error procesal en la notificación de la petición. El documento describe el tracto procesal y el fundamento legal de la Ley de Acecho en Puerto Rico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de divorcio por trato cruel. La apelación fue presentada por el esposo, Freddie Soto Cuadrado, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió el divorcio a la esposa, Yanira Ramos Meléndez. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda de divorcio por trato cruel, denegó la reconvención del esposo y le impuso el pago de pensión alimentaria provisional, mensual y el plan médico de la esposa. La esposa alegó maltratos constantes, abandono y negación de sustento económico. El esposo negó las alegaciones de trato cruel, presentó una reconvención solicitando el divorcio por ruptura irreparable y argumentó que la esposa había abandonado el hogar. El esposo apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia buscando su revocación. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar la sentencia apelada. Así modificada, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre la petición de Gil A. Quintero Santiago, quien solicita enmendar su sentencia. El peticionario, miembro de la población correccional, alega que su pena por delitos de Ley de Armas fue duplicada ilegalmente y que no se consideraron atenuantes. Indica que presentó una moción sobre este asunto ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que aún no ha sido resuelta y pide al Tribunal de Apelaciones que tome jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones aclara que su competencia es principalmente apelativa, revisando decisiones finales o, discrecionalmente, resoluciones del TPI. Explica que no tiene autoridad para resolver mociones pendientes ante el TPI en primera instancia. Además, señala que el peticionario incumplió con la obligación de someter los documentos necesarios para demostrar la jurisdicción del tribunal. Tampoco formuló de manera coherente la supuesta ilegalidad de su sentencia ni fundamentó su reclamo con hechos y derecho. Por tanto, al no haberse demostrado que el Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para atender el recurso y por incumplimiento procesal, no puede proceder.

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Este caso de apelación se origina en una demanda por incumplimiento de contrato de seguro de propiedad y mala fe presentada por María Padrón Pérez contra Universal Insurance Company tras el huracán María. La demandante alegó que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad y actuó de forma desleal. Universal solicitó sentencia sumaria, argumentando que la reclamación se resolvió mediante un pago final aceptado por la señora Padrón, quien firmó un relevo. La señora Padrón se opuso, alegando que su consentimiento estuvo viciado y existían hechos materiales en controversia. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concedió la sentencia sumaria a Universal, determinando que se configuró un pago en finiquito y desestimó la demanda. La señora Padrón apeló, argumentando que el TPI erró al desestimar sumariamente sin considerar la controversia de hechos materiales y la validez de su consentimiento. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Pedro Valentín Sobrino. El Sr. Valentín solicitó la revisión de una orden del tribunal de primera instancia. Dicha orden instruyó a Oriental Bank a emitir un cheque de su cuenta para el pago de la matrícula universitaria de su hija Gabriela. El caso surge de disputas prolongadas sobre alimentos y gastos educativos tras el divorcio de los padres. Órdenes judiciales previas habían fijado una pensión alimentaria permanente y requerido al padre cubrir un porcentaje significativo de la matrícula universitaria. La madre había solicitado previamente retiros automáticos debido a alegados incumplimientos. Al alcanzar Gabriela la mayoría de edad y continuar estudios universitarios, solicitó asistencia económica continua, incluyendo el pago de la matrícula desde la cuenta del padre. El padre se opuso, alegando desempleo por la pandemia de COVID-19 y argumentando que la madre debía asumir el costo. Gabriela sostuvo que los decretos judiciales existentes sobre alimentos y matrícula seguían vigentes. El Tribunal de Apelaciones consideró la petición relativa a la orden de pago de matrícula y denegó la expedición del certiorari.

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Christian Hernández García presentó un recurso de revisión administrativa contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El confinado solicitó ser reubicado de la custodia protectiva a la población general. El DCR denegó su solicitud, indicando que se encontraba en un módulo designado para custodia protectiva y que los términos para el cambio habían caducado. Hernández García argumentó que solicitó la custodia protectiva por ansiedad y que necesita regresar a la población general para mejor rehabilitación. Alegó haber solicitado la reinstalación de manera oportuna. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa del DCR. La corte consideró los argumentos de ambas partes y el derecho aplicable. Basándose en sus fundamentos, el Tribunal revocó la determinación emitida por el DCR.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de Certiorari instado por el Municipio Autónomo de Caguas. El recurso impugnaba una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó solicitudes de sentencia sumaria presentadas por el Municipio y los esposos Juan Cruz Serrano y Felicita Marrero Santiago. La controversia se origina en una acción civil posterior a un proceso de expropiación forzosa. Los esposos Cruz-Marrero, dueños de terrenos expropiados por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), habían acordado una compensación. Dicho acuerdo incluyó un ajuste o descuento significativo (\$120,800) al valor de la compensación debido a la alegada falta de acceso a los predios. La ACT atribuyó esta falta de acceso al Municipio de Caguas, quien no fue parte en el pleito de expropiación original. El acuerdo de expropiación permitió litigar el valor de dicho ajuste por acceso en un pleito independiente. Los Cruz-Marrero demandaron posteriormente a la ACT, al Municipio y otros en una nueva acción civil para ventilar esta reclamación. En ese nuevo caso, el foro primario denegó las peticiones de sentencia sumaria de ambas partes. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado por el Municipio y revocó el dictamen recurrido.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de certiorari presentada por el Padre. El recurso impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitida en un caso sobre declaración de incapacidad de un hijo. Dicha Orden hizo constar una determinación previa del TPI en un caso de divorcio entre las mismas partes. En el caso de divorcio, el TPI había dejado sin efecto el relevo de pensión alimentaria y hogar seguro, reinstaurándolos hasta que se resolviera la capacidad del hijo en el otro caso. El Padre alega que el TPI no tenía jurisdicción para hacer esta constancia en el caso de incapacidad. El Tribunal de Apelaciones considera el certiorari como un recurso discrecional. En el ejercicio de su discreción, el Tribunal deniega el auto solicitado por el Padre.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carlos J. Burgos Burgos contra MAPFRE Pan American Insurance Company. El señor Burgos apeló la Sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños. La demanda original alegaba que MAPFRE subestimó los daños a su propiedad causados por el huracán María y le pagó menos de lo que le correspondía bajo la póliza. MAPFRE solicitó la desestimación mediante sentencia sumaria, argumentando que el endoso de un cheque por el apelante constituyó un pago en finiquito. El foro primario acogió este argumento y desestimó la reclamación. Tras revisar los fundamentos y argumentos presentados por ambas partes, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso KLAN202001033. Este recurso de apelación provenía de un litigio sobre daños y perjuicios iniciado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Las partes en la apelación eran AKMLP, LLC como demandante-apelada y Continuos Management and Development Corp. y su aseguradora Mapfre como demandados-apelantes. Los apelantes presentaron ante el Tribunal de Apelaciones una moción solicitando el desistimiento de su recurso. El Tribunal declaró ha lugar la moción de desistimiento presentada. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo del recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Pablo Estévez González, miembro de la población correccional, impugnó la desestimación de su solicitud de remedio administrativo por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente había solicitado que se dejara sin efecto su clasificación a custodia máxima, buscando ser reubicado en custodia mediana. La División de Remedios Administrativos del DCR desestimó la solicitud por falta de jurisdicción, basándose en el Reglamento Núm. 8583 que excluye la revisión de decisiones de Comités de Clasificación. Tras denegarse una reconsideración, Estévez González acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa bajo el estándar de deferencia a las agencias y la revisión de conclusiones de derecho. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del DCR, validando la desestimación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000617. Se trata de una apelación presentada por Muñeki I Apartments y otros contra Triple S Propiedad, Inc. La apelación proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en un caso sobre incumplimiento de contrato. Los demandantes originales alegaron que Triple-S incumplió su póliza de seguro de propiedad comercial al no compensar los daños significativos causados por el Huracán María a su complejo de apartamentos. Sostuvieron que Triple-S dilató y se negó a pagar la indemnización correspondiente. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda de los apelantes. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una solicitud de Elizabeth Rivera Medina para revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de desestimación presentada por la peticionaria. El caso subyacente es una demanda sobre impugnación de paternidad iniciada por William L. Rosario Ayala. Previamente, este foro apelativo había revocado una desestimación con perjuicio, ordenando la continuación del caso tras diligenciar nuevos emplazamientos. La peticionaria presentó entonces una moción de desestimación basada en la teoría de ley del caso, la cual fue denegada por el foro primario. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Al no identificar fundamentos jurídicos para expedir el auto de certiorari solicitado, el tribunal denegó la petición. Por consiguiente, también se declaró no ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de certiorari presentada por United Force Security Solutions. La peticionaria buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demanda original fue presentada por Victor Morales Cedeño e Irma Nieves Pagán contra Supermercados Selectos, luego enmendada para incluir a United Force Security Solutions, por daños y perjuicios. Los demandantes alegaron haber sido falsamente acusados de hurto por un guardia de seguridad en la entrada de un supermercado, causando humillación. United Force Security Solutions solicitó la desestimación argumentando que la demanda no exponía una reclamación válida. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, concluyendo que los hechos alegados, de ser ciertos, justificaban un remedio. El Tribunal de Apelaciones, al revisar el expediente, no encontró indicio de que el foro primario actuara de forma arbitraria o cometiera error de derecho. Por tanto, concluyó no expedir el auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201901194. María Torres Díaz apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. La apelante, estudiante de la UPR-RUM, impugnó su suspensión académica tras fracasar un examen especial por segunda vez. Argumentó que las actuaciones de la universidad eran ultra vires por la supuesta falta de un reglamento conforme a la Certificación 09-09, solicitando un injunction para dejar sin efecto la nota y la suspensión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó su petición de injunction preliminar y permanente. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario.

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Samantha Ortiz Sánchez presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra una Resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La recurrente había apelado ante la CASP reclamando que el Municipio de Carolina le adeudaba aumentos salariales por años de servicio correspondientes a 2013 y 2018. El Municipio solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, alegando que la reclamación estaba prescrita. La CASP desestimó la apelación, concluyendo que la recurrente presentó su reclamo fuera del término jurisdiccional de 30 días. Según la CASP, el término comenzó a decursar años antes de la presentación de la apelación, basándose en la fecha en que la recurrente debió conocer su derecho al aumento. La recurrente solicitó reconsideración de la decisión de la CASP, la cual fue denegada. En el recurso de revisión, la recurrente argumentó que la CASP erró al determinar la falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución de la CASP, validando la desestimación por falta de jurisdicción debido a la presentación tardía de la apelación.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Luis F. Ramos Ortiz contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El apelante impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños causados por el Huracán María. La demanda alegaba incumplimiento de contrato y mala fe por parte de la aseguradora en el ajuste de la reclamación. La aseguradora obtuvo sentencia sumaria argumentando, entre otras cosas, la doctrina del pago en finiquito. El apelante sostuvo que existían controversias de hecho sobre si el pago ofrecido fue claramente presentado como final y total. El Tribunal de Apelaciones determinó que el foro primario erró al conceder la sentencia sumaria. Por tanto, se REVOCA la Sentencia Parcial en cuanto a la desestimación de la demanda por los daños del Huracán María. El caso se DEVUELVE al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de revisión administrativa presentado por Luis H. Quiñones Santiago, un confinado, contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente buscaba la revisión de una resolución del Departamento que denegó una solicitud de reconsideración. El Tribunal acogió el escrito como revisión administrativa, pero determinó que carecía de jurisdicción para atender el caso. La falta de jurisdicción se debió a que el escrito del recurrente incumplió con numerosos requisitos del Reglamento del Tribunal, incluyendo la omisión de la resolución que se pretendía revisar. La sentencia enfatiza que un tribunal sin jurisdicción debe desestimar el caso sin entrar en los méritos. A pesar de la desestimación, el Tribunal exhortó al Departamento de Corrección a atender la situación de peligrosidad y amenaza a la seguridad de los confinados mencionada por el recurrente.

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Miguel A. Berdiel Rivera y Carmen M. Torres Irizarry demandaron a Martín O. Cuevas Montalvo por daños y perjuicios tras un accidente de tránsito. Los demandantes alegaron daños a su vehículo, físicos y angustias mentales, solicitando compensación. Presentaron una moción de sentencia sumaria argumentando la ausencia de hechos esenciales en controversia. El demandado se opuso, señalando que la moción fue presentada fuera del término procesal establecido. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) determinó no adjudicar la solicitud de sentencia sumaria por incumplimiento de la Regla 36.1 de Procedimiento Civil. El TPI explicó que el descubrimiento de prueba había culminado y la moción fue radicada después del término extendido por la emergencia del COVID-19. Los demandantes solicitaron reconsideración, aduciendo que la pandemia justificaba la tardanza. Tras ser denegada la reconsideración, los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expresados, denegó expedir la petición de Certiorari.

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Recurso de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley Contra el Acecho. La peticionaria, María de los Ángeles Valcárcel Rosario, impugnó la orden obtenida por las recurridas, Sonia y Esther Cantres Villegas. La orden de protección fue emitida tras una vista donde la peticionaria compareció por derecho propio. La peticionaria alegó que el foro primario erró al permitirle representarse a sí misma sin cumplir con los requisitos procesales y violando su debido proceso. Tras examinar el expediente y escuchar a las partes, el Tribunal de Apelaciones consideró los criterios para la expedición de un auto de certiorari. El tribunal determinó denegar la expedición del auto solicitado. Con esta denegatoria, se mantiene en efecto la orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia contra la peticionaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación presentado por Luis Camacho Ortiz. El apelante impugnó dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron su demanda por daños y perjuicios. Dicha demanda fue incoada contra el Municipio de San Juan, la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, y otras funcionarias. El señor Camacho Ortiz alegó discrimen político y racial, represalias por denunciar actos de corrupción, y despido ilegal de su puesto como Sargento de la Policía Municipal. El foro primario había desestimado el caso sin perjuicio por falta de madurez. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial que desestimó las reclamaciones contra Marta Vera Ramírez y Carmen Serrano. No obstante, revocó la Sentencia que desestimó las reclamaciones contra el Municipio de San Juan y la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Raúl E. Bertrán Rodríguez mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de supresión de evidencia. La evidencia fue ocupada tras su arresto por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. El peticionario argumenta que la entrada de los agentes a un residencial sin orden de allanamiento fue ilegal, violando su derecho a la intimidad. Sostiene que su arresto careció de motivos fundados, pues no estaba cometiendo delito al ser visto. Cuestiona que un envase con aparente marihuana que se le cayó fuera considerado evidencia abandonada. Además, impugna la credibilidad del testimonio del agente y la conexión con un arma ocupada. Alega que toda la evidencia obtenida es producto de un arresto y entrada ilegal y debe ser suprimida. El Tribunal de Apelaciones adelanta que denegará la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones revisó un recurso de certiorari instado por MAPFRE Pan American Insurance Company. Mapfre solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso se relaciona con una demanda presentada por Víctor M. Irizarry Ortiz contra Mapfre por daños a su propiedad tras el huracán María. El demandante reclamó que Mapfre valoró los daños por debajo de su valor real e incumplió el contrato de seguro. Mapfre argumentó que la obligación se extinguió por la doctrina de pago en finiquito, ya que el demandante cobró un cheque con endoso restrictivo. El foro primario denegó la sentencia sumaria al entender que existían hechos controvertidos y no se cumplían los requisitos del pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario erró en su determinación. Evaluado el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó que sí se cumplían los requisitos de la doctrina de pago en finiquito. En consecuencia, expidió el auto, revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y desestimó la demanda con perjuicio.