Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 152)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico recibió un recurso de revisión administrativa presentado por Jorge D. Aquino Arias. El recurso impugnaba una multa administrativa impuesta por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan. La multa se relacionaba con la supuesta falta de un permiso de construcción para trabajos que el recurrente alegaba eran reparaciones menores. El Municipio había denegado una solicitud de reconsideración de la multa. La denegación municipal se basó en que el recurrente no consignó el total de la multa, requisito establecido en el Reglamento Conjunto. El Tribunal de Apelaciones determinó que no podía ejercer su función revisora. Consideró que el recurso presentado no cumplía con los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales aplicables. La sentencia subraya la importancia de la jurisdicción del tribunal y los requisitos para la revisión judicial de órdenes administrativas finales. Implícitamente, la falta de cumplimiento con el requisito de consignación de la multa impidió la revisión judicial.

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Maritza Arroyo Meléndez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI) a ordenar al Registro Demográfico la expedición del certificado de nacimiento de su hijo, Luis Efraín Tanco Arroyo. La peticionaria necesita el documento para reubicar a su hijo, quien quedó parapléjico, en una vivienda adecuada. El Registro Demográfico se niega a expedirlo, aparentemente relacionado con que el hijo es prófugo de la justicia por cargos criminales. El TPI, al evaluar la petición inicial, ordenó a la peticionaria aclarar sus alegaciones y enmendar para presentar una demanda contenciosa. Inconforme con esta orden, la peticionaria presentó el certiorari. El Procurador General, como amicus curiae, sostuvo que el recurso no es revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil ni cumple los requisitos de caso y controversia. La sentencia analiza la procedencia del certiorari para revisar la orden interlocutoria del TPI bajo las limitaciones de dicha regla.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por AEO Management Co. of Puerto Rico. AEO buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha Resolución denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria de AEO en un caso de despido injustificado, discrimen y represalias. La empleada, Kamalys Torres Morales, demandó a AEO alegando despido ilegal tras solicitar acomodo razonable por una condición de salud. AEO argumentó que el despido se debió a violaciones de seguridad. El foro primario determinó que existían controversias de hechos esenciales y de credibilidad que impedían dictar sentencia sumaria. Estas controversias incluían los motivos del despido y el trámite de la solicitud de acomodo. AEO impugnó la forma en que el TPI manejó los hechos propuestos para la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por AEO.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Luis A. Salamán de Jesús. El Peticionario solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró No Ha Lugar una moción suya al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Salamán, quien cumple una sentencia de 75 años por veredictos de culpabilidad en delitos de Conspiración, Robo Agravado e infracción a la Ley de Armas, alegó que su condena se basó en un veredicto no unánime. Invocó la supuesta retroactividad de la "Ley 1590" (Proyecto del Senado 1590) para casos finales y firmes. El TPI denegó su moción sin vista. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, decidió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado sin trámite ulterior.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por Kelvin Freytes Rivera. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia en un caso por falsificación de licencia (Art. 215 del Código Penal). Freytes Rivera solicitó la desestimación de la acusación alegando la violación de su derecho a juicio rápido bajo la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal. Argumentó que el pliego acusatorio fue presentado fuera del término de sesenta días tras la determinación de causa probable en vista preliminar. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación durante el acto de lectura de acusación el 15 de diciembre de 2020 y reafirmó su decisión en reconsideración. El foro primario concluyó que el planteamiento era académico, ya que la defensa solicitó la fecha del 15 de diciembre y renunció a los términos. El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari si procedía la desestimación por el alegado incumplimiento del término para la presentación de la acusación. El panel decidió prescindir de la comparecencia del Pueblo de Puerto Rico para agilizar el proceso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso de certiorari presentado por HME Holdings Corp. El peticionario impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de discrimen por edad, represalias y despido injustificado. Específicamente, HME solicitó la revisión de la denegatoria de una prórroga para presentar una Solicitud de Sentencia Sumaria. El TPI había fijado el 19 de febrero de 2021 como fecha límite para dichas solicitudes. HME pidió una prórroga hasta el 5 de marzo, la cual fue denegada para no afectar una vista transaccional pautada. Una moción de reconsideración solicitando una prórroga hasta el 26 de febrero también fue declarada no ha lugar por el TPI. El TPI fundamentó su decisión en el fin del descubrimiento de prueba y los términos procesales. HME presentó el recurso de certiorari alegando abuso de discreción al negarle una breve prórroga. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los documentos. Finalmente, el Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por HME.

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Comparece Jashmarie Denisa Bello ante el Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari en un caso de desahucio por falta de pago y cobro de dinero iniciado por la Administración de Vivienda Pública. La peticionaria no identifica un dictamen específico del Tribunal de Primera Instancia que desee impugnar. Junto al recurso, presentó una solicitud para litigar como indigente. El Tribunal, tras examinar el expediente y constatar que la peticionaria cuenta con representación legal, declara No Ha Lugar la solicitud de indigencia. La demanda original alega incumplimiento de contrato de arrendamiento y la cancelación administrativa del mismo. En su contestación a la demanda en instancia, la Sra. Denisa Bello argumentó que la razón de la cancelación (arresto del padre de sus hijos y daños a la puerta) era injusta y ajena a ella. En su petición de certiorari, la Sra. Denisa Bello expresa su apelación por considerar injusto el intento de desalojo con sus tres hijos menores, alegando que los incidentes no ocurrieron en su vivienda y que no fue notificada adecuadamente. El Tribunal decide disponer del recurso sin necesidad de ulterior trámite, enfocándose en la resolución de la petición de certiorari y la solicitud de indigencia.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de revisión administrativa presentado por José Santiago Avilés, una persona confinada. El señor Santiago Avilés solicitó la revisión de la denegación de bonificación por buena conducta por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Tribunal enfatizó su deber de verificar la jurisdicción y el requisito de que las partes sigan estrictamente las reglas procesales, incluso cuando comparecen por derecho propio. Al revisar la presentación, el Tribunal encontró un incumplimiento sustancial con su reglamento. Específicamente, el escrito carecía de un índice detallado, una relación adecuada de los hechos, la identificación de los errores alegados y los documentos de apoyo necesarios. Estos graves defectos procesales impidieron que el Tribunal asumiera jurisdicción sobre el asunto. En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso debido al incumplimiento del recurrente con los procedimientos requeridos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa sobre alimentos. El recurrente, Elvin González Santiago, impugna una Resolución Enmendada de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) del 6 de octubre de 2020. Dicha resolución impuso al recurrente el pago de pensión alimentaria para dos menores por periodos a partir del 28 de junio de 2016. El Tribunal confirma la determinación administrativa recurrida. El caso se originó con una solicitud de revisión de pensión por parte del recurrente en 2015, alegando cambio de circunstancias. Tras varios trámites administrativos, incluyendo la presentación de información económica por las partes, ASUME fijó inicialmente una pensión de $316.00 mensuales. Posteriormente, tras una revisión solicitada por la recurrida, ASUME determinó una pensión de $1,176.37 mensual en abril de 2016. El recurrente solicitó reconsideración de esta última determinación en varias ocasiones, sin éxito. La sentencia del Tribunal de Apelaciones valida la decisión final de ASUME respecto a la pensión alimentaria impuesta.

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El caso revisa una reclamación administrativa de dieta y millaje presentada por un empleado contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El empleado reclamó una deuda que la AEE reconoció, pero no pagó. Ante la falta de pago, el empleado solicitó que se resolviera a su favor. La AEE solicitó la paralización del procedimiento administrativo, alegando la paralización automática bajo el Título III de PROMESA debido a su proceso de quiebra. El Oficial Examinador administrativo denegó la solicitud de paralización de la AEE. Posteriormente, el Oficial Examinador ordenó a la AEE pagar la deuda reconocida mediante resolución sumaria. La AEE recurrió al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el Oficial Examinador erró al no aplicar la paralización automática de PROMESA. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procedía la paralización del caso administrativo.

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Este Tribunal revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha Sentencia declaró ha lugar una Moción de Paralización de Procedimientos presentada por la señora Maury Leyva Fernández. La señora Myrna Vázquez González había demandado a la señora Leyva, al señor Jorge Fernández Fonseca y a su Sociedad Legal de Gananciales. La demanda original solicitaba la división de una comunidad de bienes que la señora Vázquez alegó existió con el señor Fernández mientras este aún estaba casado con la señora Leyva. La señora Vázquez reclamaba una participación en los ingresos del señor Fernández durante los años 2012 y 2013, alegando su contribución. También impugnó un contrato de divorcio entre el señor Fernández y la señora Leyva, argumentando que dispuso de bienes de su supuesta comunidad con el señor Fernández. La señora Leyva solicitó la paralización del caso debido a que el señor Fernández radicó una petición de quiebra. Este Tribunal expide el recurso de Certiorari solicitado por la señora Vázquez. Finalmente, se revoca el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que paralizó los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso subyacente es un cobro de dinero iniciado por la AFV contra la Sucesión de José O. Salichs Rodríguez y otros. La AFV reclama la devolución de $100,000 desembolsados en 1996 bajo el Programa HOME para rehabilitación de viviendas. La AFV alega incumplimiento de contrato por parte de los beneficiarios originales. La decisión específica que la AFV recurrió fue la resolución del foro primario que declaró No ha lugar su Moción de Sentencia Sumaria. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari para revisar dicha decisión. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirma la resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende un recurso de apelación. La apelación proviene de una sentencia del Tribunal Superior que desestimó una demanda de injunction. Los apelantes habían solicitado en el Tribunal Superior la paralización de la construcción de una facilidad de telecomunicaciones por parte de QMC Telecom. Alegaban que la construcción se basaba en un permiso de la OGPe que ellos estaban impugnando mediante un recurso de revisión administrativa pendiente. El Tribunal Superior se declaró sin jurisdicción para emitir el injunction y desestimó el caso. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Previamente, habían solicitado un auxilio de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones para detener la obra, el cual fue denegado. El trasfondo del caso incluye la expedición, revocación y nueva expedición de un permiso de construcción para la facilidad. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar la corrección de la determinación jurisdiccional del Tribunal Superior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. El apelante, William Rodríguez Rivera, solicita la revisión de dicho dictamen que desestimó su causa de acción contra la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos de Puerto Rico. La demanda original fue incoada por daños y perjuicios sufridos en un accidente ocurrido el 15 de febrero de 2014. El Sr. Rodríguez Rivera alega que, mientras conducía su bicicleta por el Tablado de Piñones, chocó con una cadena sin señalización ni iluminación adecuada. A consecuencia del impacto, sufrió graves lesiones faciales. La demanda inicial fue presentada contra el Estado Libre Asociado, municipios, una compañía de negocios y la AEE, entre otros. El documento detalla los primeros trámites procesales, incluyendo mociones de desestimación presentadas por algunas partes demandadas. La controversia ante el Tribunal de Apelaciones se centra específicamente en la desestimación de la reclamación contra la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos. El panel de jueces examina las comparecencias para resolver el recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Las apelantes, LMD & ASSC, LLC y LMD & ASSC Puerto Rico, LLC, recurren una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó con perjuicio su demanda contra Allied Car & Truck Rental, Inc. y otros, por supuestos incumplimientos en un acuerdo de arrendamiento de vehículos. El foro primario basó la desestimación en que las apelantes no expusieron una reclamación que justificara un remedio, acogiendo argumentos de los apelados sobre la legitimación de las entidades demandantes. Además, el Tribunal de Primera Instancia impuso honorarios de abogado por temeridad a las apelantes. La desestimación ocurrió tras un proceso donde el foro primario requirió clarificaciones a las apelantes y erró al no considerar su oposición a la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones MODIFICA la Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia y, así modificada, la CONFIRMA.

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El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un Mandamus a El Píex Puertorriqueño, Inc. El Mandamus ordenaba al CRIM eliminar deudas de contribución sobre la propiedad mueble de los años 2009, 2010 y 2011. El Píex argumentó que estas deudas estaban prescritas según la ley aplicable. Alegó que el CRIM no respondió a su solicitud de eliminación de deuda en un término razonable de cincuenta días. El CRIM se opuso al Mandamus, solicitando su desestimación. Argumentó que El Píex no había agotado los remedios administrativos al tener un trámite formal pendiente ante la agencia. Sostuvo además que el tiempo transcurrido no había sido excesivo dadas las circunstancias. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, revocó la Sentencia apelada del TPI.

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Decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de seguros post-huracán María. El recurrido, Erick Ayala, demandó a Mapfre Praico Insurance Company por incumplimiento de contrato y daños tras recibir pagos por daños a su propiedad que consideró insuficientes. Mapfre había emitido varios cheques por un total de \$17,814.71, los cuales el Sr. Ayala cobró, pero luego reclamó una suma significativamente mayor alegando pagos inadecuados y mala fe. Mapfre solicitó sentencia sumaria argumentando que el cobro de los cheques constituía una transacción final. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de Mapfre. Mapfre recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del foro primario, manteniendo la denegatoria de la sentencia sumaria a favor de Mapfre.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. El Pueblo de Puerto Rico impugna una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en procesos criminales por incumplimiento de una Orden Ejecutiva. La resolución del TPI mantuvo y enmendó órdenes previas que requerían la entrega de información. Esta información fue solicitada por uno de los co-acusados, Edgardo Negrón Marrero. Negrón Marrero buscaba registros de visitantes y detalles de reuniones en la Casa de Playa del Gobernador para fechas específicas de septiembre de 2020. Alegó que la información era esencial para probar procesamiento selectivo en su contra. El TPI también autorizó la entrega de datos sobre querellas administrativas de los agentes intervinientes. El Pueblo solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar la resolución del TPI y paralizar los procedimientos, lo cual fue concedido inicialmente. Esta Sentencia se emite para resolver la Petición de Certiorari presentada por el Pueblo.

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Melinda Romero Donnelly, aspirante a delegada especial al Senado de los Estados Unidos, demandó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y comisionados electorales. La controversia surgió por la fecha límite para la entrega de endosos, ya que la Ley Núm. 167 establecía el 15 de marzo de 2021, mientras que un reglamento y manual de la CEE fijaban el 8 de marzo. Romero alegó que la reglamentación era contraria a la ley y desfavorable a su aspiración. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró ha lugar la demanda de Romero, anuló la sección del reglamento que cambiaba la fecha y ordenó a la CEE aceptar endosos hasta el 15 de marzo. Inconforme con esta decisión, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo A. Cruz Maldonado, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en que el recurso se consideró académico.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio sobre custodia. El peticionario, Darrel Morales Gómez, solicitó la revisión de dos Resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que acogieron las recomendaciones de un Informe Social. Dichas resoluciones establecieron un Plan Escalonado de Custodia Compartida para la menor procreada con la recurrida, Maribel Massa Colón. La disputa se originó cuando la menor, tras un periodo con el padre, manifestó no querer regresar con su madre. El padre solicitó la custodia o custodia compartida, lo que motivó al tribunal de instancia a ordenar un estudio social. Tras recibir el informe, el Tribunal de Primera Instancia adoptó sus recomendaciones. El peticionario recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar estas decisiones. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso presentado, decidió denegar la expedición del auto de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de certiorari presentado por Jobran Rene Vélez Pacheco. El peticionario recurrió de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de corrección o rebaja de sentencia por asesinato en segundo grado. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y los requisitos para su perfeccionamiento ante este foro. Se destacó que la presentación oportuna y la notificación a todas las partes son esenciales para un recurso apelativo. El incumplimiento con estas reglas procesales conlleva la desestimación del recurso. La notificación no es una formalidad, sino parte integral del debido proceso de ley. El tribunal observó deficiencias en la presentación del recurso por parte del peticionario, incluyendo la falta de unión de la moción recurrida. Por no cumplir con los requisitos de perfeccionamiento, el recurso fue desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso de certiorari KLCE202100216. Este recurso fue presentado por José A. Laboy Moctezuma contra Host Security Services, Inc., y proviene del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, tratando sobre discrimen por edad, despido injustificado y daños. La corte atendió una "Urgente Solicitud de Retiro de Documento" presentada por la parte peticionaria. Dicha solicitud fue acogida por el Tribunal. La corte interpretó la solicitud como una moción de desistimiento del recurso de certiorari. Por consiguiente, se dictó sentencia conforme a lo establecido en la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La sentencia ordena la notificación inmediata de la decisión. El panel que resolvió el caso estuvo integrado por los jueces Hernández Sánchez, Brignoni Mártir y Grana Martínez.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de Certiorari presentado por Jonathan Rodríguez Figueroa en un caso de alimentos contra Lizbette Figueroa Hernández. El señor Rodríguez Figueroa procuraba revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su petición de desvío. La señora Figueroa Hernández solicitó la desestimación del recurso, alegando que el peticionario incumplió con la debida notificación a su representación legal según la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Detalló que la notificación inicial por correo electrónico contenía información incorrecta y envíos posteriores fueron incompletos. El Tribunal de Apelaciones concedió al peticionario un término para mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso. El señor Rodríguez Figueroa no presentó escrito alguno a esos efectos. La Resolución subraya la importancia del cumplimiento estricto con las normas de notificación de recursos apelativos, indicando que una notificación defectuosa priva de jurisdicción al tribunal. Por tanto, el Tribunal desestima el recurso de Certiorari debido al incumplimiento del peticionario con los requisitos de notificación y su falta de respuesta a la orden de mostrar causa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó un recurso de apelación presentado por Yared Alicea Alvarado. La apelante buscaba la revisión de seis sentencias del Tribunal de Primera Instancia por infracciones al Artículo 222 del Código Penal. La desestimación se fundamentó en el reiterado incumplimiento de la apelante con las órdenes del tribunal y su falta de diligencia. Específicamente, la apelante no presentó una transcripción estipulada de la prueba oral, necesaria para la función revisora del tribunal, especialmente al impugnar la apreciación de la prueba. La transcripción inicialmente sometida adolecía de deficiencias significativas que no fueron subsanadas. Además, tras la suspensión de su abogado, la apelante no informó el estatus de su representación legal ni acreditó una nueva, a pesar de múltiples órdenes y apercibimientos. A la fecha de la sentencia, la apelante continuaba en incumplimiento con varias órdenes cruciales.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Capital Building Maintenance Inc. en un caso laboral sobre despido injustificado, represalias y salarios, incoado por Ricardo Pedroza Guzmán. El pleito se tramita bajo la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, que busca agilizar estos procesos. La controversia principal surge de la determinación del Tribunal de Primera Instancia de celebrar el juicio mediante videoconferencia debido a la pandemia. La parte peticionaria se opuso a este formato remoto, alegando que afectaría su derecho a contrainterrogar y manejar la prueba documental. El foro primario denegó la oposición y reseñaló el juicio de forma virtual. Tras un recurso anterior desestimado por defectos jurisdiccionales, la empresa presentó esta nueva petición de certiorari impugnando la orden de juicio remoto. Luego de examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. La resolución destaca la naturaleza sumaria de estas reclamaciones y el propósito legislativo de proteger al trabajador mediante un trámite expedito.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una revisión administrativa presentada por Juan López Lozada contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un miembro de la población correccional, reclamaba bonificaciones y compensación monetaria por trabajos de mantenimiento y cocina realizados en la institución penal. El Departamento denegó inicialmente su solicitud, aduciendo que no estaba asignado oficialmente a dichas labores según el reglamento interno. Tras la apelación del señor López ante el Tribunal, el Departamento informó que el Comité de Clasificación y Tratamiento había reconsiderado el caso. El Comité acordó otorgarle al recurrente cinco días adicionales de bonificaciones por las labores de mantenimiento realizadas en un periodo específico. Ante esta nueva determinación, el Departamento solicitó la desestimación del recurso apelativo por academicidad, argumentando que la controversia había cesado. El Tribunal procede a evaluar si la concesión parcial de las bonificaciones por parte del Departamento torna el caso en uno académico.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Absolute Community Investments, Inc. y otros. Los peticionarios solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero iniciado por Santander Financial Services, Inc. La Orden impugnada concedió a los peticionarios un término perentorio de 30 días para expresarse sobre la solicitud de sentencia sumaria de Santander. Los peticionarios alegaron que el tribunal de instancia erró al no autorizar el descubrimiento de prueba solicitado previo a que presentaran su oposición a la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, la cual limita estrictamente los tipos de órdenes interlocutorias revisables mediante certiorari. El Tribunal determinó que el asunto planteado por los peticionarios, relativo al descubrimiento de prueba antes de oponerse a la sentencia sumaria, no se encuentra entre las materias específicas enumeradas en la Regla 52.1. Como resultado, el Tribunal concluyó que la materia no es revisable a través de un auto de certiorari. Por consiguiente, el Tribunal denegó la expedición del auto.

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Se trata de una sentencia en un recurso de revisión administrativa instado por Gerardo Colón Rosado contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó la aplicación de bonificaciones por buena conducta conforme a la Ley Núm. 87-2020. Presentó una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento, la cual fue denegada inicialmente, indicando que se estaba trabajando en la aplicación de la ley. Solicitó reconsideración, que también fue denegada, aunque la agencia señaló que se instruiría al personal para aplicar la ley y se re-liquidaría su sentencia. Inconforme, el señor Colón acudió al tribunal en revisión. Posteriormente, el Departamento informó al tribunal que ya se le había entregado al recurrente una nueva hoja de liquidación de sentencia que incluía las bonificaciones solicitadas. El tribunal discute el principio de academicidad, señalando que un pleito se torna no justiciable si la controversia se resuelve por eventos posteriores. La controversia original sobre la aplicación de las bonificaciones fue resuelta por la propia agencia al conceder lo solicitado. Esto convierte el recurso de revisión en académico, eliminando la jurisdicción del tribunal para adjudicar el asunto.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Firstbank Puerto Rico mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimar la reclamación en su contra. RFR Builders demandó a PDSI, Inc. y a Firstbank, entre otros, por incumplimiento de pago en un proyecto de construcción. RFR alega que Firstbank, como entidad financiera, acordó asumir las obligaciones de pago si PDSI incumplía y que intervino directamente en el proyecto. Se reclama que Firstbank hizo representaciones de pago, actuó negligentemente y causó daños contractuales y económicos a RFR. RFR también sostiene que Firstbank y PDSI se enriquecieron injustamente y que la cesión del préstamo a PR Triangle fue una transacción en fraude de acreedores. En la demanda original, RFR solicitó una sentencia declaratoria para encontrar a Firstbank y PR Triangle solidariamente responsables con PDSI. El recurso de certiorari busca revertir la decisión del tribunal inferior que permitió que estas alegaciones contra Firstbank continuaran.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución sobre una petición de certiorari de Josué Romero Avilés. El peticionario impugnó una decisión del tribunal de primera instancia que permitió a una víctima menor de edad en un caso de actos lascivos testificar mediante circuito cerrado de una vía. El tribunal apelativo revisó la petición y decidió no expedir el auto de certiorari solicitado. La resolución explica el fundamento legal para la decisión del foro primario, citando la Regla 131.1 de Procedimiento Criminal. Esta regla permite que víctimas menores de edad y víctimas de ciertos delitos, incluyendo los contra la indemnidad sexual, testifiquen remotamente bajo condiciones específicas. Una condición clave es la determinación judicial de que el menor probablemente sufriría un disturbio emocional serio si testificara en presencia del acusado. La regla refleja el interés del Estado en salvaguardar la salud emocional y psicológica de testigos vulnerables. Al denegar el certiorari, el tribunal afirmó implícitamente la aplicación de este procedimiento por el foro primario. La resolución detalla la historia legal y los requisitos para usar el testimonio por circuito cerrado para testigos protegidos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario, José Ángel Velázquez Grau, solicitó mediante certiorari la revisión de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó la paralización de una subasta de su propiedad. El peticionario argumentó que el acreedor hipotecario, Lime Residential, LTD, incumplió acuerdos y regulaciones, incluyendo directrices relacionadas con la pandemia de COVID-19. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud por considerarla inoportuna, presentada a pocos días de la subasta, y sin fundamentos legales, destacando la antigüedad del caso y la firmeza de la sentencia original. Lime Residential se opuso, señalando la falta de negociaciones y la extemporaneidad del reclamo según la reglamentación federal. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un dictamen sobre daños y perjuicios derivados de un accidente automovilístico. Universal Insurance Company apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que adjudicó compensaciones a la familia Colón-Santiago por la negligencia admitida de su asegurada. El Tribunal de Apelaciones confirma parcialmente la Sentencia apelada. Se valida la aceptación del informe pericial de la parte demandante y los porcentajes de incapacidad atribuidos. También se confirma la concesión de indemnización por daños morales a la familia afectada. Sin embargo, la Sentencia se revoca en cuanto a las cuantías específicas otorgadas. El Tribunal de Primera Instancia no siguió el procedimiento jurisprudencial establecido para la valoración de daños. Además, omitió realizar las reducciones requeridas por la Ley Núm. 138-1968.

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Este caso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico fue instado por José Vázquez Marín contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la determinación del Comité de Clasificación y Tratamiento que reclasificó su nivel de custodia de máxima a mediana. La controversia principal surge porque el Comité consideró querellas disciplinarias previas en los parámetros de modificaciones discrecionales. Estas querellas (números 215-19-0058 y 215-19-0066) habían sido previamente invalidadas por este mismo Tribunal en recursos anteriores. El señor Vázquez argumentó que el Comité erró al tomar en cuenta dichas querellas, contraviniendo sentencias previas del Tribunal. Tras apelar internamente sin éxito, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó el recurso y la comparecencia de la parte recurrida. Por los fundamentos que se expondrán, el Tribunal resolvió revocar la determinación recurrida del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

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Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Procede de múltiples apelaciones originadas en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Los casos versan sobre reclamaciones de daños y perjuicios. Las partes apeladas son varios individuos y representantes de menores. Las partes apelantes incluyen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, además de partes desconocidas. Se identifican varios números de caso relacionados con estas apelaciones. La sentencia fue dictada por un panel de tres jueces el 18 de marzo de 2021. La Jueza Romero García actuó como jueza ponente. El documento menciona la evaluación de un escrito sobre un error en la notificación de una resolución. Una nota al pie explica la reconstitución del panel judicial.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de certiorari presentado por Lutheran Social Services of Puerto Rico, Inc. y el Sínodo del Caribe de la Iglesia Luterana en América, Inc. Los peticionarios impugnaron una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de extensión del término para el descubrimiento de prueba. El caso subyacente fue incoado por Cristina Ortiz Ortiz por hostigamiento sexual, despido injustificado, represalias, discrímen por razón de sexo y daños y perjuicios. La demandante alegó haber sido sometida a hostigamiento y agresiones sexuales por un ejecutivo y que los patronos fueron indiferentes. Los peticionarios negaron las alegaciones y hubo una disputa sobre la relación patronal del Sínodo del Caribe. Los peticionarios solicitaron la extensión para completar el descubrimiento, incluyendo peritos y deposiciones. El Tribunal de Apelaciones concedió el auto de certiorari. Revocó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Ordenó al foro primario conceder la extensión del descubrimiento de prueba y permitir los métodos solicitados por las peticionarias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a una petición de certiorari presentada por Grace Monge La Fosse. La peticionaria solicita la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de recusación contra el juez Hon. Arnaldo Castro Callejo. El Tribunal de Apelaciones explica que el certiorari es un recurso discrecional para corregir errores jurídicos o abusos de discreción del foro inferior. Para intervenir, debe existir un abuso de discreción, error, prejuicio o parcialidad. En este caso, el Tribunal no encontró que las acciones imputadas al juez constituyeran un fundamento válido para su recusación. Se aclara que el mero desacuerdo con las determinaciones judiciales no es base suficiente para la recusación. La recusación requiere imputaciones de parcialidad o prejuicio basadas en cuestiones personales serias y extrajudiciales. El Tribunal concluye que la determinación del Tribunal de Primera Instancia al denegar la moción de recusación tuvo fundamento y no constituyó un abuso de discreción. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones deniega expedir el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia procedente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) en un caso de reclamación de salarios. La querellante, Rosa Rojas Maldonado, alegó que FirstBank Puerto Rico le denegó un ajuste salarial aplicado a otros empleados. La Oficina de Mediación y Arbitraje (OMA) del DTRH declaró a FirstBank en rebeldía por no contestar la querella a tiempo. Posteriormente, la OMA emitió una resolución ordenando a FirstBank compensar a la señora Rojas con \$4,200 por diferencias salariales y penalidad. FirstBank solicitó la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la OMA erró al declararlo en rebeldía y carecía de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar las comparecencias de las partes, resolvió confirmar la Resolución de la OMA.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende un recurso de certiorari presentado por Francisco Valdés Pérez. El peticionario busca la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó su solicitud de inhibición contra la Jueza María Teresa Rivera Corujo en un caso penal por agresión sexual. Valdés Pérez había presentado previamente una moción de inhibición con alegaciones de prejuicio y conflicto de interés, la cual fue declarada No Ha Lugar por otra jueza tras una vista. A pesar de ello, instó una segunda moción con los mismos fundamentos, que la Jueza Rivera Corujo denegó por considerar el asunto ya resuelto. Ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario alega error y abuso de discreción del foro primario al denegar la inhibición y por la jueza continuar en el caso a pesar de haber sido demandada personalmente por él. El Tribunal señala que el peticionario reitera una causa ya examinada y resuelta en su contra por un panel hermano. La resolución concluye que, por los fundamentos que expondrá, procede denegar el auto de certiorari solicitado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando una petición de certiorari. La peticionaria, Mariluz Figueroa Colón, miembro de la población correccional, presentó una moción solicitando aparentemente una modificación de sentencia relacionada con el uso de grillete electrónico. La moción, redactada por derecho propio, carecía de claridad y estaba dirigida de forma ambigua tanto al Tribunal de Primera Instancia como al Tribunal de Apelaciones. El tribunal apelativo encontró que la petición no cumplía con los requisitos reglamentarios para un recurso de revisión, faltando una relación clara de hechos, señalamiento de errores, discusión legal y una súplica específica. Ante la imposibilidad de determinar el marco fáctico-jurídico pertinente y si poseía jurisdicción en ese momento, el Tribunal de Apelaciones decidió desestimar el recurso. Se reitera la importancia de cumplir con los requisitos jurisdiccionales y reglamentarios para la presentación de recursos ante el foro apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por el Estado Libre Asociado, en representación de La Casa del Veterano de Juana Díaz. El recurso impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Dicha Resolución denegó la solicitud de desestimación del caso presentada por La Casa del Veterano. También denegó dejar sin efecto una anotación de rebeldía contra dicha entidad. El caso original es una demanda de cobro de dinero y daños y perjuicios presentada por Lance Nelson Cintrón Frechett. El historial procesal detalla múltiples intentos fallidos del demandante para emplazar correctamente a La Casa del Veterano desde junio de 2019, incluyendo problemas con los formularios y diligenciamiento negativo. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar la determinación del foro primario. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones examinó un recurso de revisión presentado por Luis Misla Vélez contra una determinación de la Junta de Libertad bajo Palabra que le negó el privilegio. El recurrente compareció por derecho propio. Al revisar el escrito, el Tribunal encontró que incumplía con la mayoría de las disposiciones aplicables del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la presentación y perfeccionamiento de un recurso de Revisión Judicial. Específicamente, el escrito no cumplió con los requisitos de contenido y apéndice establecidos en la Regla 59 del Reglamento. El Tribunal subrayó la responsabilidad de las partes de observar rigurosamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Este incumplimiento impide al Tribunal considerar los méritos del recurso promovido. Es indispensable que los recursos se perfeccionen según lo exige la ley y el Reglamento para que la segunda instancia judicial pueda entender en ellos.

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William Iván Pérez Márquez, una persona confinada, solicitó revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente pidió que se le concedieran rebajas a sus sentencias por buena conducta y asiduidad conforme a la Ley 87-2020, que enmendó la Ley 2-2011. Tras una solicitud administrativa y reconsideración, el DCR respondió que su caso sería evaluado próximamente por la Unidad de Récord Criminal según las enmiendas a la ley. Inconforme con esta respuesta, el Sr. Pérez acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando que se ordenara al DCR otorgarle las rebajas de inmediato. El Tribunal revisó el expediente administrativo y la determinación del DCR. Aplicando el estándar de revisión judicial, que evalúa si la agencia actuó dentro de sus facultades y si la decisión es legal y razonable, el Tribunal consideró la respuesta administrativa. El Tribunal confirmó la Respuesta recurrida del DCR.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por El Pueblo de Puerto Rico. La petición impugna una sentencia suspendida concedida a Gabriel Palerm Cruz, convicto por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes (Art. 7.02 Ley 22). El recurrido fue hallado culpable de DUI con un alto nivel de alcohol en sangre y fue considerado reincidente por una convicción previa del mismo delito. El tribunal de primera instancia sentenció al recurrido a multas y 15 días de cárcel por la reincidencia, pero le concedió el beneficio de sentencia suspendida para la pena de cárcel. Esta decisión se basó en un informe pre-sentencia y la grave condición de salud del recurrido. El Ministerio Público se opuso a la sentencia suspendida, argumentando que la ley prohíbe este beneficio para ofensores reincidentes de DUI. La defensa replicó, destacando la salud crítica del recurrido, incluyendo un trasplante de hígado pendiente, como justificación para modificar la sentencia. El caso se centra en el conflicto legal entre la prohibición estatutaria de sentencias suspendidas para reincidentes y la discreción judicial ante circunstancias de salud excepcionales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la impugnación de una confiscación de \$12,398.00 pertenecientes a Bryan Cruz Rodríguez. El dinero fue incautado por el Estado en relación con un caso penal donde el señor Cruz resultó favorecido. La disputa central se centró en si el Estado cumplió con la notificación adecuada del proceso confiscatorio, según lo exige la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. El señor Cruz sostuvo que nunca fue debidamente notificado, mientras que el Estado argumentó que su demanda de impugnación fue extemporánea, al haber enviado una notificación que no fue reclamada. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor del señor Cruz, concluyendo que la notificación del Estado fue inadecuada y ordenando la devolución del dinero. El Estado apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.