Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 15)

Resumen:

Se presenta una Solicitud de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones por Hogar Las Águilas, Inc. y Emelisa Bermúdez Rivera. La solicitud busca revocar una Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicha Resolución confirmó la determinación de la Unidad de Maltrato Institucional de Establecimientos de Adultos (UMIA) de Ponce. La UMIA encontró "Con Fundamento" querellas de maltrato institucional contra adultos en el Hogar. Esta determinación de maltrato fundamentado fue la base para denegar la solicitud de renovación de licencia del Hogar y recomendar su cierre. El Tribunal de Apelaciones ha emitido varias resoluciones para gestionar el trámite apelativo. Se han abordado asuntos relacionados con la reproducción de la prueba oral (TPO). También se han emitido órdenes sobre la notificación de escritos a las partes, incluyendo a la Oficina del Procurador General. Las partes continúan gestionando la presentación de una moción conjunta sobre la TPO.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Imperio Auto Corp. apela la resolución del DACo que declaró con lugar la querella de José C. Fonseca Miranda. La querella se originó por la compra de un vehículo usado que presentó múltiples defectos poco después de la adquisición. El concesionario alegó que la venta fue "as is" o "Wholesale". El consumidor acudió al DACo, solicitando eventualmente la resolución del contrato y el reembolso del precio. Tras una inspección y vista, el DACo determinó que existían vicios redhibitorios. Consecuentemente, el DACo ordenó la resolución total del contrato y que Imperio Auto Corp. reembolsara \$6,700 al consumidor. Imperio Auto Corp. incoó este recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de una decisión del Foro Administrativo de Educación Especial (FAEE). La recurrente es una menor estudiante, V.Z.T.G., representada por su madre, y el recurrido es el Departamento de Educación (DEPR). La menor presentó una querella ante el FAEE solicitando el reembolso de una evaluación funcional de control ocular privada y terapias relacionadas. Esta evaluación fue recomendada por el COMPU del DEPR, obtenida privadamente por la madre tras una demora, y posteriormente aceptada y utilizada por el COMPU. El DEPR se opuso al reembolso, alegando que la evaluación fue unilateral y de carácter médico. El FAEE emitió una Resolución Interlocutoria y Orden donde determinó que el DEPR había aceptado y utilizado la evaluación privada, concluyendo que no podía negar el reembolso. No obstante, el FAEE posteriormente desestimó la querella por academicidad. La menor apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal anticipa revocar la determinación administrativa del FAEE. La controversia central gira en torno a la obligación del DEPR de reembolsar una evaluación privada que recomendó, aceptó y utilizó, frente a la desestimación posterior del FAEE.

Resumen:

Un panel de jueces revisa la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, que concedió dos solicitudes de sentencia sumaria a favor de Luna Commercial II, LLC. Dicha sentencia de instancia concluyó que no existía una reclamación válida contra Luna Commercial y que la deuda reclamada a los apelantes era vencida, líquida y exigible. Los apelantes, el Lcdo. Juan Raúl Mari Pesquera y su bufete, habían demandado originalmente a Scotiabank por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Alegaron un acuerdo transaccional sobre una línea de crédito y el posterior incumplimiento del banco al no acreditar pagos y realizar cobros indebidos. Luna Commercial fue incluida posteriormente como parte demandada en el litigio. Tras evaluar los fundamentos presentados, el panel de apelación determina revocar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Héctor Omar Padilla Cintrón, convicto por asesinato en primer grado y otros delitos, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó la reconsideración de una decisión previa. Dicha decisión anterior rechazó su solicitud para revocar la sentencia impuesta en 2011. El peticionario alega que su alegación de culpabilidad no fue consciente debido a ataques de pánico y medicación el día de la vista. Argumenta que el foro primario erró al considerar el asunto previamente atendido, pues presenta nueva documentación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones advierte que el peticionario ya había impugnado una Orden idéntica del foro primario en 2023. En aquel recurso anterior, planteó los mismos argumentos sobre su estado mental y medicación para solicitar la revocación de la sentencia. El Tribunal toma conocimiento judicial de que el foro primario ya resolvió este asunto previamente en 2023. La resolución del Tribunal de Apelaciones aborda esta petición, considerando su historial procesal y la naturaleza repetitiva de la alegación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202500103. El recurso fue presentado por MRO, LLC (MRD) contra DEYA Elevators Services Inc. (DEYA), solicitando la revisión de una Sentencia Parcial que desestimó la reclamación de MRD en instancia. El pleito original versa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños, con posible aplicación del Artículo 1489 del Código Civil. El caso ha tenido un extenso historial procesal, incluyendo múltiples recursos ante este foro y el Tribunal Supremo relacionados con la notificación de una moción de reconsideración en instancia. Tras resolverse disputas sobre la procedencia de dicha moción, el foro primario ordenó a DEYA responder a la misma. DEYA argumentó que había pagado al contratista principal por los trabajos de MRD antes de la reclamación de este, invalidando la acción directa bajo el Art. 1489. MRD sostuvo que la acción procedía si DEYA aún adeudaba parte del precio total de la obra al momento de su reclamo. A pesar de los argumentos de las partes sobre el fondo, el Tribunal de Apelaciones desestima el presente recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender la apelación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión administrativa. El caso fue presentado por Salud Para Todos, Inc. contra la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales y Bio-Nuclear of Puerto Rico, Inc. La disputa se originó por la adjudicación de la subasta formal núm. 24J-17537-R1 para la adquisición e instalación de neveras y freezers para el programa de vacunación del Departamento de Salud. La Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Bio-Nuclear of Puerto Rico, Inc. Inconforme, Salud Para Todos solicitó revisión ante la Junta Revisora de Subastas. Tras el rechazo implícito de la Junta Revisora, Salud Para Todos acudió al Tribunal de Apelaciones. La Administración de Servicios Generales presentó una moción de desestimación argumentando la falta de notificación a la ASG como requisito jurisdiccional. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

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Un panel judicial consideró la solicitud del Sr. Faustino García Abislaimán para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden, notificada el 16 de enero de 2025, denegó la solicitud de intervención presentada por el peticionario en un caso subyacente. El caso original fue iniciado por el Sr. Faustino García Rivera contra el Sr. Harrison Tyler Hines por desahucio y cobro de dinero relacionado con un contrato de arrendamiento. El Sr. García Rivera alegó incumplimiento de pago por parte del inquilino, el Sr. Hines, y solicitó su desalojo y el dinero adeudado. El Sr. García Abislaimán buscó intervenir alegando que la propiedad y, por ende, las rentas, pertenecían a la comunidad post ganancial entre él y su exesposa. El Sr. García Rivera se opuso a la intervención, argumentando que el caso era entre las partes contratantes y que la titularidad se dilucidaba en otros foros. Por los fundamentos expuestos, el panel judicial DENEGÓ expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en respuesta a un escrito presentado por Kevin Afanador Rodriguez. El señor Afanador solicitó remedios previamente denegados por el Tribunal de Primera Instancia respecto a su sentencia. El escrito carecía de título, no contenía señalamientos de errores claros y, crucialmente, no incluía el dictamen del foro inferior del cual se recurría. El panel judicial, compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Salgado Schwarz y Monge Gómez, procedió a evaluar el recurso. La Sentencia enfatiza la obligación de los tribunales de ser celosos guardianes de su jurisdicción. Se reitera que la ausencia de jurisdicción no es subsanable y conlleva la nulidad de dictámenes, imponiendo el deber de desestimar la reclamación. Por los fundamentos expuestos, principalmente la falta de jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso presentado por el señor Afanador. La desestimación se realiza a tenor con la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y sin trámite ulterior bajo la Regla 7(B)(5).

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el recurso de apelación presentado por Rodolfo Cruz Castrejón. El apelante impugna dos Sentencias Parciales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre incumplimiento y nulidad de contrato. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso por falta de jurisdicción. La Sentencia subraya la importancia de que los tribunales sean celosos guardianes de su jurisdicción y resuelvan estas cuestiones prioritariamente. Se destaca la obligación de las partes de cumplir fielmente con los requisitos jurisdiccionales y reglamentarios para los recursos apelativos. Entre estos requisitos se menciona el pago de aranceles y la prohibición de acumular apelaciones de más de un dictamen en un solo recurso, según la Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La desestimación se efectúa sin la comparecencia de la parte apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja. Kenneth John Forrey, Jr. solicitó una declaratoria de herederos sobre la sucesión de Margaret Ann Forrey Ramos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la petición. Argumentó que la causante otorgó un testamento abierto vigente y registrado. Según el TPI, la declaratoria de herederos solo procede en sucesiones intestadas o con testamento nulo. El peticionario recurrió, alegando que el testamento era ineficaz. Explicó que el único heredero nombrado en el testamento premurió a la causante sin dejar descendencia. Sostuvo que esta circunstancia creaba un vacío que requería la declaratoria de herederos a su favor como pariente colateral. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras evaluar el caso, resolvió expedir el auto y revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de dolo contractual y fraude. La petición fue presentada por Autogermana, Inc., demandada en el pleito original iniciado por Roberto W. Chevres Colón. El TPI desestimó las reclamaciones contra otros codemandados por prescripción, pero permitió que las causas de acción por dolo contractual y fraude contra Autogermana subsistieran. El caso se originó por la compra de un vehículo en 2014, donde el demandante alegó que Autogermana y un vendedor lo engañaron sobre la condición del auto y el manejo de un trade-in. Específicamente, se alegó que el vehículo fue representado como nuevo a la financiera, aunque era usado, y que una deficiencia en el trade-in fue añadida al precio sin su conocimiento. Estos hechos supuestamente afectaron la cubierta de seguro GAP tras un accidente. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y confirma la determinación del TPI, permitiendo que las reclamaciones por dolo y fraude contra Autogermana continúen.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El recurso proviene de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda presentada por WE, LLC. La desestimación se basó en la falta de alegaciones específicas que sustentaran la reclamación de cobro de dinero. El foro primario determinó que la demanda original solo indicaba la suma adeudada y adjuntaba capturas de pantalla irrelevantes sin explicar su pertinencia. El apelante intentó enmendar la demanda, pero la parte apelada se opuso, argumentando tardanza e insuficiencia persistente de las alegaciones. La Sentencia recurrida desestimó el caso con perjuicio e impuso costas y honorarios de abogado al apelante. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, resuelve desestimarlo. La desestimación del recurso de apelación se fundamenta en la falta de jurisdicción de este foro.

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Sentencia de un panel de jueces de apelación en Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por el Gobierno. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que concedió una sentencia sumaria a favor de Popular Auto. Popular Auto había demandado para impugnar la confiscación de un vehículo. El vehículo fue ocupado y luego confiscado tras alegaciones de carreras clandestinas (violaciones a la Ley 22) por parte del arrendatario. Popular Auto argumentó que la confiscación era nula e ilegal y que el vehículo no se había usado en violación de ley. El TPI declaró Ha Lugar la demanda de impugnación de confiscación. El tribunal de apelación, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en el caso KLCE202500071. Este recurso de certiorari proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, y trata sobre la división o liquidación de una comunidad de bienes hereditarios. Las peticionarias, Ivette Yolanda Soto Pallares, Yolanda Ivette Soto Pallares y Yael Soto Pallares, presentaron una Moción Informando Desistimiento. La parte recurrida es Eusebia Pallares y otros. El panel del Tribunal de Apelaciones, presidido por el Juez Hernández Sánchez, atendió la solicitud de las peticionarias. Mediante esta Sentencia, el Tribunal ordena el archivo y cierre del caso. La decisión se basa en el desistimiento presentado por la parte peticionaria. El desistimiento es con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en un caso de reclamación laboral. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia y trata sobre despido injustificado, discrimen y hostigamiento. Los apelantes, Tocars LLC y Lucas Eduardo Outumuro, impugnan una sentencia parcial del foro primario. Dicha sentencia parcial ordenó el archivo de la reclamación únicamente contra Inés María Vega y la sociedad legal de gananciales. La apelada, Yesenia Hernández Ríos, demandó alegando que su supervisor, Lucas Eduardo Outumuro, la hostigó y despidió por una relación sentimental. Reclamó cuantiosos daños por los alegados actos de hostigamiento, discrimen y despido. Los apelantes solicitaron la desestimación parcial, argumentando falta de hechos para el discrimen/hostigamiento y ausencia de responsabilidad personal para los individuos. La apelada se opuso, sosteniendo la responsabilidad personal del supervisor como co-causante de los daños. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y anuncia que modificará el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en un recurso de certiorari presentado por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno Estatal. La petición buscaba revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó la moción de desestimación del Sistema de Retiro. La demanda original fue presentada por Redline Global, LLC, reclamando incumplimiento de contrato y cobro de dinero por servicios de consultoría relacionados con subvenciones de FEMA. Redline alegó haber realizado las labores bajo un contrato y que el Sistema de Retiro incumplió con el pago, adeudando más de $2 millones. El Sistema de Retiro argumentó que el contrato era nulo por falta de autorizaciones y partida presupuestaria, y que el pago era contingente a fondos federales. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las alegaciones de la demanda de Redline eran suficientes para justificar un posible remedio, denegando así la desestimación. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la petición de certiorari presentada por el Sistema de Retiro.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Lajas en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. La parte apelante, Island Portfolio Services LLC, busca revocar la desestimación sin perjuicio de su demanda contra Yadira Báez Rosario. El foro primario desestimó el caso porque las partes no cumplieron con una orden de someter escritos sobre la defensa de prescripción planteada por la apelada. La apelante argumentó que la apelada, al ser quien planteó la defensa, debió someter su escrito primero, y al no hacerlo, la apelante no estaba obligada a someter escrito y el caso debió continuar. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar una reconsideración presentada por la apelante. El Tribunal de Apelaciones decide revocar la Sentencia desestimatoria del foro primario.

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José Abner Sánchez Roa, un confinado, solicitó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la revisión de una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Junta, en noviembre de 2024, denegó la solicitud de libertad bajo palabra del recurrente. Para su determinación, la Junta consideró factores como la inviabilidad del hogar propuesto por su cercanía a las partes perjudicadas, una evaluación de la SPEA que recomendó tratamiento psicológico y la ausencia de una oferta de empleo. Sánchez Roa presentó una moción de reconsideración ante la Junta, la cual no obtuvo respuesta. Posteriormente, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la Junta actuó de forma arbitraria y caprichosa. El Tribunal revisó el recurso, ejerciendo su competencia para revisar decisiones administrativas. Tras analizar los fundamentos del caso, el Tribunal emitió su sentencia. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por RGR, Inc. contra la Asociación Santa Teresita - Park Boulevard #334, Inc. RGR apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar cuotas de mantenimiento a la Asociación en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. La Asociación reclamó el pago de cuotas adeudadas desde que RGR adquirió una propiedad en la urbanización. RGR solicitó la desestimación o conversión a procedimiento ordinario, argumentando la ilegalidad del control de acceso que fundamenta las cuotas, basándose en una previa decisión de este Tribunal que invalidó una resolución municipal. También cuestionó la cantidad reclamada y la necesidad de descubrimiento de prueba sobre el proceso de autorización del control de acceso. El Tribunal de Primera Instancia denegó la conversión a procedimiento ordinario y mantuvo el trámite sumario. Tras evaluar los planteamientos y documentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar la Sentencia apelada.

Resumen:

Este es un fallo del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La acción original fue presentada por los demandantes iniciales buscando la devolución de un depósito pagado por un yate a los demandados. Los demandados, a su vez, presentaron una demanda contra terceros contra Rick Obey y New Builds of America, Inc. Alegaron que estos terceros eran los distribuidores que cancelaron el contrato del yate y retuvieron los fondos del depósito. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra terceros por falta de jurisdicción personal sobre Obey y NBA, al considerar que no tenían contactos mínimos suficientes con Puerto Rico. Los apelantes, incluyendo tanto a los demandantes como a los demandados originales, solicitaron la revisión de esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó el trasfondo fáctico y procesal del caso. El tribunal concluyó que el foro primario erró en su determinación sobre la falta de jurisdicción personal. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia parcial recurrida. Esta decisión reinstala la demanda contra terceros contra Rick Obey y New Builds of America, Inc., permitiendo que el caso continúe contra ellos.

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Este es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación presentada por BASAA S.A. contra Nodus International Bank, Inc. BASAA apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso donde demandó a Nodus por incumplimiento de contrato, buscando la devolución de fondos depositados y daños. BASAA alegó que Nodus no proporcionó estados de cuenta y se negó a transferir sus fondos tras cesar operaciones. Nodus solicitó la desestimación del caso, argumentando falta de jurisdicción judicial porque su plan de liquidación y disolución voluntaria estaba bajo la supervisión exclusiva de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Nodus sostuvo que todas las reclamaciones debían manejarse dentro del proceso supervisado por la OCIF, citando un caso sobre liquidación de aseguradoras. BASAA se opuso a la desestimación, distinguiendo el caso citado y argumentando que el plan de Nodus no implicaba insolvencia y que Nodus incumplió los requisitos de notificación y transferencia de fondos del plan. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Eduardo E. Cintrón Suárez y su sociedad legal de gananciales. Los peticionarios impugnan la denegatoria de su moción de desestimación por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original fue presentada por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Artículo 5.2 del Código Anticorrupción. El Estado reclama \$285,000 por concepto de triple daño económico basado en la previa convicción federal del señor Cintrón Suárez por delitos de conspiración, soborno y "kickbacks". Los peticionarios argumentaron que la demanda no exponía una reclamación válida, pues la convicción federal no probaba menoscabo al erario local y la acción civil constituía doble exposición. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra la esposa pero denegó la desestimación contra Cintrón-SLG. Tras una reconsideración denegada, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños entre Consuelo Marie Barbetta (apelante) e Irvin Ramos Rosa (demandado). La apelante, compareciendo por derecho propio, recurrió una Orden del Tribunal de Primera Instancia que, según alega, denegó su solicitud de sentencia en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La desestimación se debió al incumplimiento de la apelante con las reglas para perfeccionar el recurso apelativo. La apelante no identificó la orden específica que apelaba ni incluyó en el apéndice los documentos esenciales, como la orden denegatoria de la sentencia en rebeldía. Solo presentó una resolución sobre reconsideración y una orden sobre cómo solicitar el expediente. El tribunal recordó que la comparecencia por derecho propio no justifica el incumplimiento de las reglas procesales. Ante la insuficiencia de información y la ausencia de una controversia jurídica clara, el tribunal no pudo revisar el recurso en sus méritos y, por tanto, careció de jurisdicción.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de Certiorari presentado por Oriental Bank. La institución bancaria impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Fernando Luis Colón Llodrat y Jomary Flores Colón. El foro primario había ordenado a Oriental Bank otorgar un acuerdo de modificación de hipoteca con los recurridos. Dicha orden autorizaba al Alguacil a firmar en representación del señor Colón Llodrat, sin requerir su consentimiento. El caso original fue instado por Oriental Bank en 2022 debido al incumplimiento de pago de un pagaré hipotecario de 2010. El proceso judicial incluyó intentos de mediación compulsoria y evaluación de mitigación de pérdidas. El Tribunal de Apelaciones determinó expedir el recurso de Certiorari. Consecuentemente, se revoca el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución denegando una Petición de Certiorari presentada por Stryker Puerto Rico, LLC. Stryker buscaba la revisión de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de febrero de 2025. Mediante dicha resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación Parcial presentada por Stryker y ordenó una vista de estatus. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños presentada por 3A Group, LLC contra Stryker y Teksol Integration Group. 3A Group, como subcontratista de Teksol en un proyecto para Stryker, reclama el pago por trabajos realizados. 3A Group fundamenta su reclamo contra Stryker, el dueño de la obra, en el Artículo 1374 del Código Civil de Puerto Rico de 2020. Alega que Stryker le adeuda dinero en la medida que le adeuda al contratista principal y que incumplió al negarse a recibir la obra. El TPI previamente había denegado una solicitud de sentencia sumaria de Stryker por existir hechos en controversia. La Resolución del Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del TPI al denegar el recurso de certiorari.

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Jesús Montañez Ramos, confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), solicitó la revisión de una Hoja de Control de Liquidación de Sentencia de Cómputos del 3 de octubre de 2023. El recurrente alegó errores del DCR al computar el tiempo cumplido en detención preventiva y las bonificaciones, lo que afectó sus fechas de cumplimiento de sentencia. Aunque presentó una solicitud de remedio administrativo en septiembre de 2024, no evidenció una determinación del DCR sobre la misma. El documento cuya revisión se solicita fue emitido hace más de un año. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar su jurisdicción para atender el recurso. Se destaca la importancia de agotar los remedios administrativos y el término jurisdiccional de treinta días para recurrir una determinación administrativa final. La sentencia se enfoca en determinar si se cumplen los requisitos procesales y jurisdiccionales para la revisión solicitada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. El proceso fue iniciado por El Pueblo de PR contra Xavier Torres Matos, proveniente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El asunto subyacente se relaciona con la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico. La parte peticionaria, El Pueblo de PR, presentó una solicitud para desistir del recurso. El Tribunal evaluó dicha solicitud. Con fecha de 25 de marzo de 2025, el Tribunal declaró Con Lugar la solicitud de desistimiento. Se dictó sentencia por desistimiento conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de educación especial. El recurso de revisión fue presentado por la madre de un menor elegible para servicios de educación especial, impugnando una resolución del Foro Administrativo de Educación Especial. La controversia giraba en torno al método de pago de los servicios educativos del menor en el Colegio Clagill. El foro administrativo había ordenado al Departamento de Educación (DEPR) reembolsar a la madre los pagos realizados y futuros. La madre argumentó dificultades con el proceso de reembolso y falta de recursos económicos para pagar por adelantado, solicitando el pago directo a la escuela. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del foro administrativo. Se ordenó al DEPR realizar el pago directo de los servicios educativos, relacionados y suplementarios adeudados al Colegio Clagill. Esta orden aplica a los años escolares 2022-2023 y 2023-2024.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Gabriel González Valiente. El apelante impugnó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños. El señor González alegó que se formó un contrato de compraventa de una propiedad al aceptar un anuncio en internet, el cual consideró una oferta vinculante. Las partes apeladas, incluyendo Wilmington Savings Fund Society, FSB, argumentaron que el anuncio era solo una invitación a ofertar y que no se perfeccionó ningún contrato. El foro primario desestimó la demanda al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, concluyendo que el apelante no tenía derecho a remedio. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y la decisión del foro primario. Tras considerar la comparecencia de las apeladas, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida.

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Ramiro Carrión Torres, exempleado de la UPR, solicitó la revisión del cómputo de su pensión de retiro. El Sistema de Retiro le acreditó 29.50 años de servicio, lo que Carrión Torres impugnó, alegando que se le había informado previamente que tenía 30 años. Tras apelar sin éxito ante la Junta de Retiro, que declaró No Ha Lugar su reclamación en diciembre de 2024, Carrión Torres acudió al Tribunal de Apelaciones. Presentó un recurso de revisión administrativa contra la Resolución de la Junta de Retiro. El Sistema de Retiro argumentó que el recurso fue radicado tardíamente, por lo que el tribunal carecía de jurisdicción. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en Sentencia del 24 de marzo de 2025, desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal por considerar que el recurso fue presentado de forma prematura.

Resumen:

Carlos Giovanni Vélez Reyes, un confinado, acudió ante el Tribunal de Apelaciones en solicitud de revisión de la denegatoria de su ingreso a un Centro de Tratamiento Residencial. Alegó que la agencia denegó su solicitud y que su petición de reconsideración ante dicha agencia no había sido resuelta tras 97 días. El Tribunal examinó el recurso presentado por el peticionario. Determinó que el escrito incumplía sustancialmente con los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Específicamente, carecía de un índice detallado, un apéndice con los documentos relevantes y copia de la determinación impugnada. El Tribunal enfatizó que, aunque la ley facilita el acceso a partes por derecho propio, estas deben cumplir con las reglas procesales. Dado el incumplimiento con las formalidades requeridas y el hecho de que el trámite administrativo de reconsideración aún estaba pendiente, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el certiorari presentado por Vélez Reyes.

Resumen:

Un caso laboral entre Yamilet Marrero Caldero y su antiguo patrono, Auto LOI, LLC, llegó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La peticionaria demandó por despido injustificado bajo la Ley 80, represalias bajo la Ley 115, un alegado acuerdo de comisiones ilegal y salarios no pagados. Auto LOI sostuvo que el despido fue por justa causa debido al incumplimiento de cuotas de ventas por parte de la peticionaria. La peticionaria presentó una moción de sentencia sumaria parcial, argumentando que la invalidez del acuerdo de comisiones hacía injustificado su despido. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta moción de sentencia sumaria. La peticionaria apeló esta determinación interlocutoria ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal apelativo acogió el recurso como un certiorari. No obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión confirma la denegatoria de la sentencia sumaria parcial por el foro primario.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Auto LOI, LLC contra un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El caso original fue presentado por Yamilet Marrero Caldero e incluía reclamaciones por despido injustificado, represalias, salarios adeudados y una solicitud de sentencia declaratoria sobre la nulidad de un acuerdo de comisiones. El foro primario declaró nulo el acuerdo de comisiones, denegó la adjudicación sumaria de las causas de despido y represalias, y desestimó las reclamaciones de salarios adeudados. Auto LOI apeló la declaración de nulidad del acuerdo de comisiones y la denegatoria de su solicitud sumaria sobre la causa de represalias. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, intervino únicamente para revocar la Sentencia Declaratoria que declaró nulo el Acuerdo de Comisiones.

Resumen:

Se trata de una Sentencia de un panel judicial en apelación sobre una Querella por despido injustificado. La Sra. Karitza I. Rodríguez Santiago demandó a su patrono, el Sr. José Echevarría, bajo la Ley Núm. 80-1976, tras ser instruida a irse del empleo luego de un incidente de conducta hostil en diciembre de 2023, precedido por otra discusión en junio. El patrono alegó que el despido fue por insubordinación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la Querella, determinando que no hubo despido injustificado. La empleada apeló esta decisión, planteando un error de derecho. La Sentencia discute la política pública de la Ley Núm. 80-1976, que busca proteger a los trabajadores y desalentar despidos sin justa causa mediante indemnización. Se explica que la justa causa debe estar vinculada al funcionamiento de la empresa y no al capricho del patrono, mencionando la conducta impropia como ejemplo. El panel judicial se dispone a resolver la apelación tras analizar los argumentos de las partes.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. El apelante, Dr. Raúl A. Porro Vizcarra, impugna la desestimación de su demanda por daños y perjuicios contra Doctors' Center Hospital Inc. (DCH). El caso se originó por la terminación de un contrato de servicios de anestesiología entre el Dr. Porro y DCH, vigente de 2007 a 2014. En 2012, tras una comunicación del Dr. Porro solicitando renegociar o terminar el acuerdo, DCH lo resolvió de forma inmediata. El Dr. Porro demandó a DCH alegando incumplimiento contractual por no seguir el procedimiento de terminación estipulado. El foro primario bifurcó el caso y, tras examinar el aspecto contractual, concedió una sentencia sumaria parcial a favor de DCH. Dicha sentencia determinó que no existía nexo causal entre la cancelación del contrato y los daños reclamados por el apelante. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Sumaria apelada. La decisión se fundamenta en que no existen hechos materiales en controversia genuina que impidan la desestimación por falta de nexo causal.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Luis F. González Vigo para solicitar la revisión administrativa de una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Dicha resolución, emitida el 24 de octubre de 2024, denegó la concesión del privilegio de libertad bajo palabra a González Vigo. La Junta fundamentó su decisión en que el recurrente no contaba con un plan de salida viable, específicamente en cuanto a la vivienda propuesta, el amigo consejero y la oferta de empleo, al no cumplir con el requisito de la zona de exclusión de 30 millas de distancia de la parte perjudicada. González Vigo alegó que la Junta actuó de forma arbitraria e irrazonable al denegar la libertad basándose en estos criterios y que se violó el debido proceso de ley al no notificarle el requisito de la zona de exclusión. Tras considerar las comparecencias de las partes, incluyendo la posición del Procurador General, el Tribunal procede a resolver el recurso. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de expropiación forzosa iniciado por el Municipio Autónomo de Bayamón. El Municipio buscaba adquirir un inmueble para el proyecto de "Rehabilitación de Centro Urbano de Bayamón". El Tribunal de Primera Instancia autorizó la expropiación, transfirió el título al Municipio y fijó una compensación, descontando una deuda del CRIM. Compareció Mylka Colón, en representación de la Sucesión Colón, alegando ser la verdadera propietaria del inmueble por más de 25 años, no la persona listada en la petición inicial. La Sucesión Colón se opuso a la expropiación, cuestionando la identificación del fin público específico y si la propiedad estaba incluida en el proyecto. Argumentaron que la petición no cumplía con los requisitos legales de la Ley Núm. 107 de 2020. La Sucesión Colón apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la expropiación. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. Las apelantes, Sylvia Ramírez Cebollero, Ana Amelia Cruz Ramírez y Ana Meléndez Cruz, demandaron a FirstBank reclamando el reembolso de fondos sustraídos de tres cuentas de ahorro. Alegaron que FirstBank actuó negligentemente al permitir transferencias no autorizadas. FirstBank negó las alegaciones y argumentó que la reclamación estaba prescrita, ya que las apelantes no notificaron las supuestas irregularidades dentro del plazo de sesenta días estipulado en el acuerdo de depósito tras recibir los estados de cuenta. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio mediante sentencia sumaria, tras reconsiderar una decisión previa. Las apelantes recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos de las partes, incluyendo la controversia sobre la recepción de los estados de cuenta y el inicio del término prescriptivo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario que desestimó la demanda.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso entre AZ Group LLC (Apelante) y Yates-Bird LLC (Apelada). El caso original, sobre incumplimiento de contrato y daños, fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La desestimación se basó en la existencia de un acuerdo de arbitraje vinculante entre las partes, estipulado en un subcontrato. AZ Group apeló esta decisión, argumentando, entre otras cosas, que el contrato quedó sin efecto por las acciones de Yates-Bird y que el arbitraje no resolvería todas las controversias. Yates-Bird solicitó la desestimación invocando la cláusula de arbitraje. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones Confirma la Sentencia apelada. Esto valida la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda y remitir las disputas a arbitraje según lo acordado por las partes.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Christian J. Vélez Pedroza. El apelante impugnó las sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, que lo declararon culpable de asesinato estatutario, robo y violaciones a la Ley de Armas. Estos delitos se relacionan con hechos ocurridos el 16 de enero de 2022, que resultaron en la muerte de Edward A. García González. El foro primario impuso una pena total de 129 años de cárcel. El señor Vélez Pedroza alegó que no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable, que los testimonios eran contradictorios y que hubo error al imponer penas consecutivas. El Tribunal de Apelaciones revisó los señalamientos de error, los alegatos de las partes y la transcripción del juicio. Tras considerar los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma las sentencias apeladas.

Resumen:

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) apeló la Resolución de la Comisión Industrial que revocó su determinación de declarar a Kimberly Clark Comercial patrono no asegurado. La CFSE había declarado a Kimberly Clark no asegurado para la fecha del accidente de un empleado, el 15 de enero de 2020. Kimberly Clark apeló ante la Comisión Industrial, alegando que la notificación de cobro de primas de la CFSE era nula por errores en el cálculo de la nómina. Argumentó que la suma específica por la cual se le declaró no asegurado no fue notificada hasta el 30 de enero de 2020, posterior al accidente. Kimberly Clark sostuvo que no procedía negarle protección por una deuda no impuesta ni notificada al momento del siniestro. La Comisión Industrial declaró Con Lugar la apelación de Kimberly Clark, dejando sin efecto la decisión de la CFSE. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución de la Comisión Industrial. Esto ratifica que Kimberly Clark no era patrono no asegurado en la fecha del accidente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Edgardo G. Di Cristina Acevedo. El apelante solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Dicha sentencia decretó el archivo, sin perjuicio, de una causa de acción civil que el apelante incoó junto a otros dos codemandantes. La acción original, titulada "Mandamus", fue presentada contra el Superintendente Edwin González Ramos y otras entidades y funcionarios correccionales por daños y otros asuntos. El archivo en Primera Instancia se fundamentó en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, tras incidencias procesales. La sentencia de archivo fue notificada únicamente al apelante, no a sus codemandantes. El apelante presentó el recurso apelativo solo. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción del Tribunal Apelativo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Jampierre Legrand López y Elvira Ortiz contra Banco Cooperativo de Puerto Rico y Oriental Bank. El caso apela una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Los apelantes demandaron a los bancos por incumplimiento de contrato y sentencia declaratoria relacionada con una hipoteca. Alegaron que los bancos intentaron cobrar intereses superiores al 4% y se negaron a aceptar sus pagos, a pesar de haber renunciado a aplicar intereses escalonados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de los apelantes con perjuicio. No obstante, permitió que continuara la reconvención de los bancos por incumplimiento de pago. El foro primario también ordenó referir el caso a mediación para dilucidar el pago adeudado. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Los bancos apelados solicitaron que se confirmara la sentencia recurrida. El Tribunal de Apelaciones procede a atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. Gulf Sabana Llana, Inc. impugna la adjudicación de la Subasta Núm. 060-24-25 del Municipio Autónomo de Fajardo. Dicha subasta buscaba contratar servicios de mantenimiento y reparación para la flota de vehículos de gasolina del municipio. La Junta de Subastas municipal adjudicó la buena pro a Home Run Center and More. Gulf Sabana alegó que la adjudicación fue errónea al otorgarse a un nombre comercial sin capacidad jurídica para contratar. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por Gulf Sabana. Tras considerar los fundamentos, el tribunal decidió desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en que el recurso adolece de academicidad.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari presentado por Héctor Luis Otero Santos. El recurso impugna la negativa del Tribunal de Primera Instancia a levantar la anotación de rebeldía en un caso de cobro de dinero instado por Kris Kwak. Kwak demandó a Otero Santos por incumplimiento de contrato de arrendamiento, alegando falta de pago de cánones y daños a la propiedad. Tras ser emplazado, Otero Santos no presentó su alegación responsiva a tiempo, resultando en la anotación de rebeldía a solicitud de Kwak. Posteriormente, Otero Santos presentó contestación y solicitó la desestimación, alegando un acuerdo verbal previo y pagos parciales. El foro primario denegó la solicitud de levantar la rebeldía, al entender que Otero Santos no demostró justa causa para su dilación. Las mociones de reconsideración presentadas por Otero Santos también fueron declaradas No Ha Lugar. Otero Santos acude al Tribunal de Apelaciones argumentando que el Tribunal de Primera Instancia cometió grave error al negarse a levantar la rebeldía, a pesar de que acreditó tener una buena defensa en los méritos.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso presentado por Daniel Deliz Nieves contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de mandamus. Dicha solicitud buscaba ordenar al Departamento la entrega de vestimenta específica para el área de visitas. El Departamento había respondido previamente que la vestimenta podía usarse si se tenía o debía solicitarse por la comisaría. El Tribunal de Primera Instancia denegó el mandamus al considerar que no se habían agotado los remedios administrativos y no se demostró la negativa a cumplir un deber ministerial. El señor Deliz Nieves recurrió de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones desestima la apelación presentada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emitió una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Loida Cruz Cuevas. La Peticionaria solicitó los beneficios de una ley especial para personas de la tercera edad y dejar sin efecto cargos por acecho. Estos cargos y una Orden de Protección fueron emitidos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Dorado. La orden y una Resolución decretando un Estado Provisional de Derecho surgieron de una querella presentada por los Recurridos bajo la Ley Núm. 140. La Peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones inconforme con la determinación del foro de instancia. El Tribunal de Apelaciones analizó el recurso. Concluyó que carecía de jurisdicción para atender el caso. La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que obliga a desestimar el recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el certiorari presentado por la Sra. Cruz Cuevas.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Revisión presentada por Orvin O. García Ortiz contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El Sr. García Ortiz impugnó la Resolución de la Junta del 6 de noviembre de 2024 que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. Cumple una sentencia consolidada de 35 años por Asesinato en Segundo Grado y delitos de armas, resultado de una convicción de 2011. La Junta de Libertad Bajo Palabra se opuso a su petición, argumentando que su plan de salida propuesto no era viable, en parte debido a la cercanía de la residencia propuesta a la familia de la parte perjudicada. Aunque un oficial examinador había recomendado conceder la libertad bajo palabra, la Junta finalmente la denegó. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo el ajuste institucional de García Ortiz y su plan propuesto. En su sentencia del 21 de marzo de 2025, el Tribunal confirmó la decisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra de denegar la libertad bajo palabra.

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Revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la clasificación de custodia del confinado Javier Luciano Cruz. El recurrente impugnó la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación de mantenerlo en custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó dicho nivel de custodia basándose en su historial de indisciplina. Entre los incidentes citados se encuentran posesión de contrabando, agresión a un oficial y violación de normas de seguridad. A pesar de que una escala de clasificación arrojó custodia mínima, el Comité aplicó una modificación discrecional por "Desobediencia a las Normas", citando un informe negativo reciente. El recurrente argumentó que la agencia abusó de su discreción, utilizando argumentos vagos y actuando de forma ultra vires. Alegó que la decisión constituía un castigo cruel e inusitado y un claro abuso de discreción. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado. Tras la evaluación, el Tribunal resolvió confirmar la decisión recurrida. La clasificación de custodia máxima del confinado fue, por tanto, sostenida.