Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 148)

Resumen:

La Cámara de Comercio de Puerto Rico impugnó la Carta Circular XXXV-2020 emitida por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP). Dicha Carta Circular adoptó tarifas temporáneas para el servicio de acarreo terrestre de materiales en Puerto Rico. La recurrente argumentó que la Carta Circular es un reglamento legislativo que no fue aprobado conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El NTSP estaba en proceso de aprobar formalmente estas tarifas mediante reglamento, como parte de la tercera fase de su Código de Reglamentos. Este proceso incluyó la publicación de avisos y la intención de celebrar vistas públicas. La Junta de Supervisión y Administración Fiscal (Junta) solicitó participar y evaluar el reglamento propuesto en inglés. La Junta comunicó al NTSP que su aprobación era necesaria bajo PROMESA y le pidió no aprobar el reglamento vía Carta Circular. A pesar de la objeción de la Junta, el NTSP emitió la Carta Circular adoptando las tarifas temporáneas con efectividad inmediata. La revisión judicial evalúa la legalidad de esta acción del NTSP.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. La recurrente, Tidal Basin Caribe LLC, impugna la adjudicación de la Subasta # COR3-RFP-2020-02 por parte de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3). La adjudicación fue a favor de Innovative Emergency Management Inc. y DCMC Partners LLC para servicios de apoyo al Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos de FEMA. El documento detalla el trámite procesal del recurso ante el tribunal. Presenta como hechos pertinentes las cláusulas clave del RFP. Estas cláusulas incluyen requisitos sobre la entrega a tiempo de propuestas, la capacidad financiera de los proponentes y su compromiso de pago a empleados y subcontratistas. También se citan las secciones relativas a los criterios de evaluación, la discreción de COR3 para seleccionar la propuesta de mayor interés público y su derecho a renunciar a informalidades. El texto establece el marco fáctico y normativo del RFP que da origen a la controversia legal.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. El Fideicomiso impugnó el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 2020, adoptado por la Junta de Planificación. La base de la impugnación fue que la Junta no cumplió con las garantías mínimas de participación ciudadana y procedimiento administrativo requeridas por la Ley de Reforma del Proceso de Permisos y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El Fideicomiso alegó deficiencias en el aviso público y las vistas relacionadas con la aprobación del reglamento. Este reglamento fue el resultado de un segundo intento de la Junta tras la anulación de una versión anterior por el mismo tribunal. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones, por Mayoría, decretó la nulidad del Reglamento Conjunto 2020. La sentencia fue emitida el 12 de abril de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una Solicitud de Certiorari presentada por Rafael L. Rodríguez Parrilla. El recurso buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de desalojo y restitución contra Roberto Rodríguez Parrilla. Esta solicitud se presentó en el contexto de un caso sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor. El foro primario había declarado No Ha Lugar la petición de desalojo y, posteriormente, denegó una moción de reconsideración. Un punto crucial fue que ninguna de estas resoluciones fue notificada a la parte recurrida, Roberto Rodríguez Parrilla, ni a su abogado. El peticionario en apelación alegó, entre otros errores, la falta de notificación por parte del tribunal primario. Tras examinar los autos originales, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se basó en la determinación de que el tribunal carecía de jurisdicción en ese momento para intervenir.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo recursos consolidados. American Roofing of P.R., Inc. impugnó dos adjudicaciones de subasta realizadas por la Junta de Subastas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Las subastas (Núm. 230007916 y 230007915) correspondían a proyectos de impermeabilización temporera de techos. La Junta adjudicó ambas subastas a RT International Roofers, Inc. American Roofing argumentó que el licitador agraciado incumplió requisitos esenciales y que las adjudicaciones fueron arbitrarias. Tras ser denegada su solicitud de reconsideración por la Junta, American Roofing acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolidó los recursos por tratarse de la misma controversia. La sentencia del Tribunal de Apelaciones deja sin efecto las subastas impugnadas. El proceso se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en cuanto a reconsideración y revisión judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por MLM Restaurants, Inc., operando como Vivo Beach Club. La apelación impugna una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio una demanda contra terceros. MLM había demandado a Rolando X. Vázquez Cruz y Carmen Izcoa Flores, alegando que su conducta negligente causó un incidente en Vivo Beach Club. Este incidente, ocurrido el 13 de octubre de 2018, resultó en daños a los demandantes originales, Juan Nevárez, et al., quienes cayeron tras ceder una baranda durante una algarabía. La demanda contra terceros fue desestimada por haber sido presentada, según el foro primario, fuera del término prescriptivo de un año. MLM argumentó que no conoció la identidad de los terceros hasta una fecha posterior, lo que debía extender el plazo. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial apelada, manteniendo la desestimación de la demanda contra terceros.

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una Petición de Certiorari presentada por MAPFRE Praico Insurance Company. MAPFRE impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial contra Smart Connection, LLC. La moción de MAPFRE buscaba desestimar reclamaciones basadas en la Ley Núm. 247-2018. MAPFRE argumentó que dicha ley no es retroactiva y, por tanto, no aplica a los daños causados por el huracán María, ocurridos antes de su aprobación. También sostuvo que las reclamaciones bajo el Art. 27.164 del Código de Seguros no pueden acumularse con reclamaciones contractuales. Smart Connection, LLC se opuso, alegando que la retroactividad de la Ley Núm. 247-2018 es implícita y cubre su reclamación. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del foro primario que permitió que las reclamaciones al amparo de la Ley 247-2018 continuaran. El caso se origina en una demanda por incumplimiento de contrato y daños relacionados con una póliza de seguro tras el huracán María.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLCE202100305. Este recurso de certiorari provenía del Tribunal de Primera Instancia en Ponce, relacionado con incumplimiento de contrato, daños, mala fe e incumplimiento del Código de Seguros. Las partes involucradas eran Roberto Morales Ramírez, Luz M. Vélez Sepulveda y su sociedad legal de gananciales como recurridos, frente a Mapfre Pan American Insurance Company y otros como peticionarios. Mapfre Pan American Insurance Company, uno de los peticionarios, presentó un aviso de desistimiento de la acción. El Tribunal de Apelaciones tuvo por desistida a la parte peticionaria. En virtud de la Regla 83 (B) (5) de su reglamento, el tribunal ordenó el archivo del caso. La sentencia fue dictada el 12 de abril de 2021.

Resumen:

Este caso se originó con una demanda de cobro de dinero presentada por Touchvision Realty Corp. contra Recoms Realty Inc. por cuotas de mantenimiento impagas. Recoms se defendió y reconvino, alegando que Touchvision, como administrador interino, incumplió sus deberes bajo la Ley de Condominios, causándole daños. La demanda original de Touchvision fue desestimada, continuando solo la reconvención de Recoms. Recoms solicitó sentencia sumaria en su reconvención, argumentando el continuo incumplimiento de Touchvision, incluyendo la falta de reparación de filtraciones y la segregación del consumo eléctrico de AT&T. Touchvision se opuso a la solicitud, planteando controversias fácticas, argumentos legales y la falta de legitimación activa de Recoms para ciertos reclamos. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de Recoms. Recoms presentó un escrito de certiorari ante este tribunal para revisar dicha denegatoria. El tribunal examinó las posturas y los hechos incontrovertidos, como la ausencia de una asamblea para el traspaso de la administración y el uso de electricidad comunal por AT&T. Se expide el auto de certiorari, se modifica la Resolución recurrida y, así modificada, se confirma.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de revisión judicial contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La controversia surge de una querella presentada por los titulares de un apartamento en un condominio contra el dueño anterior y administrador interino. Los querellantes alegaron daños en su propiedad causados por filtraciones de aguas usadas provenientes de tuberías sanitarias que discurren por su apartamento. El DACo determinó que las tuberías son comunales y que la responsabilidad de repararlas recae en el querellado en su carácter de administrador interino. La agencia ordenó al querellado reubicar las tuberías, reparar los daños interiores o indemnizar a los querellantes. El recurrente impugna la resolución del DACo, alegando falta de prueba suficiente y errores procesales relacionados con un informe pericial. Tras analizar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve confirmar el dictamen recurrido del DACo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en recursos consolidados. American Roofing of P.R., Inc. impugnó dos adjudicaciones de subasta realizadas por la Junta de Subastas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Las subastas (Núm. 230007916 y 230007915) eran para impermeabilización temporera de techos, adjudicadas a RT International Roofers, Inc. American Roofing alegó que el licitador agraciado incumplió requisitos indispensables para la adjudicación. Tras ser denegada su solicitud de reconsideración por la Junta, American Roofing acudió al Tribunal de Apelaciones. Los recursos fueron consolidados para su revisión judicial. El Tribunal analizó el procedimiento administrativo y judicial aplicable a la impugnación de subastas. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal dejó sin efecto las adjudicaciones de subasta impugnadas.

Resumen:

Élida Rosario Paredes presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de nuevo juicio. Fue convicta en 2017 por un veredicto de jurado no unánime (9-3) por infracción al Art. 109 C.P. y sentenciada a 15 años. Su convicción fue confirmada en apelación y el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó expedir certiorari. Tras las decisiones en *Ramos v. Louisiana* (TSUSA) y *Pueblo v. Torres Rivera* (TSPR) que requieren veredictos unánimes, solicitó un nuevo juicio. Argumentó que su caso estaba activo al momento de *Ramos* por tener derecho a recurrir ante el TSUSA. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su solicitud de nuevo juicio en octubre de 2020. La presente petición busca que el Tribunal de Apelaciones revise esa determinación. El Tribunal procederá a disponer de la controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia sobre un recurso de certiorari presentado por Daniel Tovar Salomé. El señor Tovar fue convicto en 2002 por asesinato, violación y sodomía, sentencia que fue confirmada en apelación en 2004. En diciembre de 2020, solicitó al Tribunal de Primera Instancia la revocación de su sentencia, alegando falta de prueba más allá de duda razonable. El foro primario denegó su solicitud mediante resolución notificada el 8 de enero de 2021. Inconforme, el señor Tovar presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 8 de marzo de 2021. El Tribunal de Apelaciones procede a desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción. Se reitera que los recursos apelativos deben presentarse dentro del término jurisdiccional de 30 días desde la notificación de la determinación recurrida. La presentación del certiorari el 8 de marzo de 2021 excede dicho término.

Resumen:

Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por Ana L. Toledo. La peticionaria impugnaba una determinación del Tribunal de Primera Instancia que cambió su acción de desahucio sumario a procedimiento ordinario. Previo a presentar el recurso de certiorari, la peticionaria había solicitado reconsideración de dicha resolución ante el Tribunal de Primera Instancia. Al momento de la presentación del certiorari, la moción de reconsideración aún no había sido resuelta por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la Petición de Certiorari fue presentada de forma prematura. La presentación de un recurso apelativo mientras pende una moción de reconsideración ante el tribunal de instancia priva al foro apelativo de jurisdicción. Un recurso prematuro no produce efecto jurídico alguno y constituye un defecto insubsanable. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. Se ordenó la desestimación de la Petición de Certiorari por falta de jurisdicción.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial de una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, impugna la denegatoria de una solicitud de remedio administrativo por parte de la División de Remedios Administrativos. La Junta de Libertad Bajo Palabra le había denegado la libertad bajo palabra, señalando el incumplimiento del Departamento en remitir informes requeridos. El confinado solicitó al Departamento explicaciones sobre dicho incumplimiento. La División de Remedios Administrativos respondió inicialmente de forma insatisfactoria y luego denegó la reconsideración. La División argumentó que no tenía jurisdicción sobre la determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones alegando errores del Departamento, incluyendo la falta de debido proceso y la denegatoria indebida de la reconsideración. El Tribunal revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida emitida por la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Resumen:

Rebecca Irizarry Rodríguez y otros demandaron a Farmacia Lorraine, Inc. y su aseguradora por daños y perjuicios alegando despacho incorrecto de medicamentos en múltiples ocasiones. Los demandados admitieron negligencia pero luego solicitaron sentencia sumaria basándose en un relevo de responsabilidad firmado por una de las demandantes. Durante el descubrimiento de prueba, surgió una controversia sobre el alcance de una deposición, específicamente si se podían hacer preguntas sobre la negligencia ya admitida. Los demandados solicitaron una orden protectora para limitar el testimonio. El Tribunal de Primera Instancia denegó la orden protectora pero indicó que no debían formularse preguntas repetitivas sobre asuntos ya contestados. Las demandantes presentaron mociones de reconsideración y un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó inicialmente el certiorari por existir mociones de reconsideración pendientes en el foro primario. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia atendió las mociones de reconsideración y ordenó que la deposición se llevara a cabo, instruyendo a las partes a comunicarse con el juez si surgían controversias.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que impuso una pensión alimentaria final de \$903.76 mensuales al Sr. Noronell Ramos Padró. La decisión del TPI se basó en la recomendación de la Oficina del Examinador de Pensiones Alimentarias (EPA). La EPA determinó la pensión tras evaluar la prueba y las Planillas de Información Personal y Económica de las partes. La EPA imputó ingresos al Sr. Ramos sumando su ingreso reportado y sus gastos declarados. El Sr. Ramos apeló la Sentencia, impugnando la apreciación de la prueba, la imputación de ingresos y alegando nuevas circunstancias como desempleo y otro hijo. La Sra. Kadisha N. Ruiz Trabal se opuso a la reconsideración, defendiendo la imputación de ingresos como razonable. El Tribunal de Apelaciones concluye que la Sentencia apelada se ajusta a derecho y procede su confirmación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluando una apelación sobre pensión alimentaria. Yaritza Olavarría Márquez apeló la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que modificó la pensión para su hijo de 20 años. El hijo es estudiante universitario y reside solo bajo la custodia de su abuela paterna. El Tribunal de Primera Instancia, acogiendo un informe de la Examinadora de Pensiones, aumentó la obligación de la madre. La nueva pensión se fijó en \$310.91 mensuales por un período y \$481.89 mensuales en adelante. El informe de la Examinadora consideró los ingresos de la madre y un ingreso imputado al padre, quien reside en Colombia. La madre solicitó la revocación de este dictamen. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN202001004, revisando la apelación de Ricky Ramos Lanzot contra Eva Aponte Álamo y otros. La apelación cuestiona la desestimación de una demanda sobre liquidación de comunidad de bienes y cobro de dinero por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario desestimó el caso aplicando la doctrina de cosa juzgada. Esta decisión se fundamentó en una sentencia previa de desahucio entre las mismas partes. En aquel caso, se determinó que Ramos Lanzot era arrendatario y se desestimó su reclamo de titularidad sobre la propiedad. El apelante argumentó que la cosa juzgada no aplicaba debido a la distinta calidad de las partes y la naturaleza sumaria del desahucio. El Tribunal de Apelaciones analizó la doctrina de cosa juzgada y sus requisitos de identidad. Concluyó que se cumplían los elementos necesarios para su aplicación. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda.

Resumen:

Se trata de una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de una determinación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA). El recurrente, un adulto mayor, presentó una querella ante la OPPEA contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por una alegada deuda de servicio de agua y supuesta inacción que constituía maltrato institucional. La OPPEA desestimó la querella, resolviendo que carecía de jurisdicción para dirimir controversias sobre deudas de servicio de agua. El recurrente solicitó reconsideración, argumentando que la OPPEA sí tenía competencia bajo leyes específicas para atender casos de inacción de agencias que afectaran a adultos mayores. La OPPEA denegó la reconsideración, reafirmando que la jurisdicción primaria sobre asuntos de consumo y deuda de agua recae en la AAA. Inconforme, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. La AAA se opuso al recurso, reiterando su argumento sobre la jurisdicción exclusiva. Tras analizar el expediente, el Tribunal procedió a confirmar en parte y revocar en parte la determinación administrativa recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de revisión judicial. Geovanny Ortiz Pérez, miembro de la población penal, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ser admitido al Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El DCR denegó su solicitud, lo que llevó al recurrente a buscar remedios administrativos y, posteriormente, revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones identifica un planteamiento jurisdiccional prioritario. Se detalla un enrevesado tracto procesal que incluye múltiples solicitudes administrativas y una previa sentencia del Tribunal de Apelaciones. Esa sentencia anterior había dejado sin efecto una determinación previa del DCR por notificación defectuosa y ordenó notificar correctamente. El recurso de revisión judicial actual impugna una denegatoria de reconsideración relacionada con la determinación administrativa que ya había sido dejada sin efecto. El DCR emitió una nueva determinación, debidamente notificada, posterior a la presentación de este recurso. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para atender el recurso por ser prematuro, ya que no se han agotado los remedios administrativos contra la determinación más reciente y válida. Por tanto, se desestima el escrito de revisión judicial.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. Los peticionarios, Rosa Rodríguez Ortiz y Juan Guzmán Moure, impugnan una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desistimiento voluntario. El caso original trata sobre alegados despidos injustificados y represalias por parte de Res-Care, Inc. Inicialmente presentado bajo procedimiento sumario, el pleito fue convertido a trámite ordinario. Durante el descubrimiento de prueba, los peticionarios obtuvieron copias de acuerdos de arbitraje obligatorios que habían firmado con Res-Care. Alegando desconocimiento previo de la existencia o alcance de estos acuerdos, solicitaron el desistimiento del caso judicial para proceder a arbitraje. El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar dicha solicitud. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones busca revocar esa determinación y permitir que la disputa se resuelva mediante arbitraje según los acuerdos.

Resumen:

Se inició una demanda por persecución maliciosa y daños, alegando apropiación ilegal de fondos y hostigamiento judicial. Los demandados solicitaron una exposición más definida de las alegaciones, lo que llevó a la presentación de una demanda enmendada tras varias resoluciones y reconsideraciones del tribunal primario. Posteriormente, los demandados presentaron una moción de desestimación, argumentando falta de jurisdicción, legitimación activa, ausencia de reclamación válida, falta de acumulación de parte indispensable y cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente desestimó la moción por basarse en la demanda original, pero tras reconsideración, la denegó en cuanto a sus méritos. Los demandados solicitaron reconsideración de esta denegatoria, la cual también fue declarada No Ha Lugar. Inconformes con la denegación de su moción de desestimación y la aceptación de la demanda enmendada, los demandados acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su facultad discrecional, decidió disponer del recurso sin trámites ulteriores.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida peticiones de *certiorari* presentadas por Banco Popular de Puerto Rico y FirstBank Puerto Rico. Ambos bancos recurren de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de sentencia sumaria en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue incoada por Abdel Hameed Shada y Amal Darshaeah. Los demandantes buscan la cancelación de un pagaré hipotecario extraviado por la suma de \$121,500.00 que gravaba una propiedad que adquirieron. Alegan que Banco Popular, como sucesor de Doral Bank y FirstBank, es el último tenedor del pagaré. La propiedad fue adquirida por los demandantes en 2006 del dueño original, Juan Carlos Ortega. Ortega había constituido dos hipotecas con Doral Bank, una por \$121,500.00 y otra posterior por \$131,000.00. La hipoteca de \$121,500.00 fue saldada con el producto de la hipoteca de \$131,000.00, la cual fue cancelada en 2007. El Tribunal de Apelaciones procede a examinar la controversia sobre la denegación de las sentencias sumarias solicitadas por los bancos.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un caso de daños y perjuicios. Raúl Enrique Ruiz Rodríguez apeló la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda se originó por un accidente de tránsito entre el vehículo del apelante y una ambulancia de Cortés Medical Transport, conducida por Delvin González Medina. El apelante alegó negligencia por parte del conductor de la ambulancia, reclamando daños físicos, mentales y a su vehículo. Los demandados solicitaron sentencia sumaria, basándose en parte en un informe policiaco que atribuía la responsabilidad al apelante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria y desestimó el caso. El apelante se opuso, argumentando la existencia de controversias de hechos materiales y la improcedencia de resolver el caso sumariamente. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revocó el dictamen apelado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en respuesta a una Petición de Certiorari presentada por Nimay Auto Corp. La petición busca revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que denegó la solicitud de sentencia sumaria de Nimay. El caso subyacente es una reclamación laboral de Edward Nazario Otero contra Nimay por despido injustificado y horas extras. Nimay argumentó justa causa para el despido, exención del empleado para horas extras y prescripción de la reclamación de horas extras. El foro primario determinó que existían controversias de hecho que impedían la sentencia sumaria, pero dictaminó que el peso de la prueba en casos de despido injustificado recae en el patrono. Nimay señaló varios errores del Tribunal de Primera Instancia en su recurso de certiorari. Tras evaluar la comparecencia de las partes, el Tribunal de Apelaciones DENEGÓ la expedición del recurso de certiorari solicitado por Nimay Auto Corp.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari la denegación de sentencias sumarias solicitadas por Banco Popular de Puerto Rico y FirstBank Puerto Rico. Ambas instituciones bancarias recurren de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar sus peticiones de desestimar el caso mediante sentencia sumaria. El pleito original fue incoado por los recurrentes (propietarios) contra los bancos para la cancelación de un pagaré hipotecario alegadamente extraviado. Los demandantes adquirieron una propiedad que previamente tuvo dos hipotecas con Doral Bank, una de \$121,500 y otra posterior de \$131,000 que saldó la primera. La hipoteca de \$131,000 fue cancelada posteriormente. Los demandantes alegan que el pagaré de \$121,500, aunque saldado, nunca fue cancelado registralmente y se extravió. Demandaron a BPPR, como sucesor de Doral Bank y FirstBank, y a FirstBank para lograr su cancelación. Los bancos argumentaron que no procedía la demanda y solicitaron sentencia sumaria. La denegación de estas solicitudes por el tribunal de instancia es el objeto de las peticiones de certiorari consolidadas ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones procederá a examinar los recursos consolidados para resolver la controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso de Carlos Serrano Díaz. El peticionario solicitó modificar una pena impuesta en 2009 por infracción al Art. 5.05 de la antigua Ley de Armas. Buscaba la modificación al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, tras una moción denegada en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari interpuesto. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. Esta carencia jurisdiccional se debió al incumplimiento de las disposiciones reglamentarias para perfeccionar recursos ante el Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza la obligación de cumplir las reglas, incluyendo la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, incluso para quienes comparecen por derecho propio. El incumplimiento de estas normas procesales impide al tribunal asumir jurisdicción sobre el fondo del asunto.

Resumen:

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRX202000026. La parte peticionaria es la Asociación de Residentes de Sabanera del Río, Inc. Este recurso extraordinario proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en un caso sobre acción reinvindicatoria e interdictos. El asunto específico ante el Tribunal de Apelaciones era una Petición de Mandamus contra el Hon. Reinaldo Catinchi Padilla. Con fecha de 9 de abril de 2021, la sentencia atiende un Aviso de Desistimiento presentado por la parte peticionaria. El Tribunal, en virtud de dicho desistimiento, ordena el archivo y cierre del caso. Este cierre se dispone con perjuicio. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños apelado por Edwin Quiñones Sepúlveda contra Hospital Hima Bayamón. El apelante impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su caso y solicita un abogado de oficio. El Tribunal de Apelaciones aborda su jurisdicción y las normas procesales para la apelación. Se establece que las apelaciones de sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia tienen un término jurisdiccional de 30 días desde su notificación. Ciertos remedios post-sentencia, como la moción de reconsideración bajo la Regla 47, pueden interrumpir este término. La moción de reconsideración debe presentarse en 15 días y cumplir requisitos específicos para tener efecto interruptor. Si es válida, el término para apelar comienza a correr nuevamente desde la notificación de la resolución sobre la moción. El incumplimiento de los requisitos de la moción de reconsideración implica que no interrumpe el término para apelar. El tribunal subraya su deber de velar por su propia jurisdicción.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones involucra un recurso de revisión judicial presentado por Pablo Cintrón Marrero contra la Oficina de Permisos del Municipio de Bayamón y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El recurrente impugna una Resolución de Inhibición emitida por una Jueza Administrativa de la OGPe que conocía de su solicitud de revisión administrativa tras la denegatoria de un permiso de uso por el Municipio. El recurrente argumenta que la OGPe erró al denegar el permiso por razones supuestamente ya adjudicadas. El Tribunal analiza si la Resolución de Inhibición constituye una orden final susceptible de revisión judicial bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La LPAU establece que solo las órdenes o resoluciones finales de una agencia son directamente revisables, no las interlocutorias. El Tribunal determina que la Resolución de Inhibición, al limitarse a disponer la separación de la jueza y no resolver las controversias sobre el permiso, no es una resolución final. Por tanto, el Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso en esta etapa. Se desestima el recurso de revisión judicial presentado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari. El Pueblo de Puerto Rico recurre la desestimación de cargos contra Pablo Rivera por infracciones a la Ley de Armas. La vista preliminar se pautó y pospuso durante la pandemia de COVID-19. El Tribunal de Primera Instancia intentó celebrar la vista por videoconferencia, ya que el acusado estaba confinado. La defensa se opuso al formato virtual y solicitó la desestimación por violación al derecho a juicio rápido y a la confrontación. El tribunal primario desestimó el caso, entendiendo que se violó el término de juicio rápido y el derecho a la confrontación al no permitir la presencia física del acusado. El Ministerio Público apeló, argumentando que el tribunal erró al negarse a usar la videoconferencia en la emergencia sanitaria y al desestimar las denuncias. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si el tribunal primario actuó correctamente al desestimar el caso y rechazar la vista virtual en estas circunstancias.

Resumen:

María Hernández Vega presentó una demanda por $500,000 contra el Municipio de Guaynabo y otros, reclamando daños por alegado arresto ilegal, persecución maliciosa y violación de derechos civiles tras un incidente en enero de 2020. El Municipio solicitó la desestimación de la demanda, invocando inmunidad bajo el Código Municipal de Puerto Rico para las reclamaciones presentadas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación del Municipio, ordenando que continuara el caso. Ante esta determinación, el Municipio recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones aceptó el recurso, paralizó los procedimientos en el foro primario y concedió a la demandante un término para oponerse a la revocación del dictamen.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari sobre un caso de daños y perjuicios. Los demandantes, empleados de la Universidad de Puerto Rico, alegaron un patrón de acoso laboral por parte de supervisoras y la inacción de la UPR, reclamando un millón de dólares. Los demandados (UPR, Acevedo, Zabala) solicitaron sentencia sumaria para desestimar la demanda, argumentando falta de causa de acoso, prescripción y/o inmunidad. Los demandantes se opusieron, sosteniendo la existencia de un patrón de conducta hostil que afectó su dignidad y negando la prescripción por daños continuados. El Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de sentencia sumaria, determinando la existencia de hechos materiales en controversia y ordenando el juicio. Los demandados recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones concedió el certiorari, modificó la resolución del TPI, y así modificada, la confirmó.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Marcos A. Gómez Terón. El Peticionario solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Dicha decisión denegó su petición de modificar su sentencia. La solicitud de modificación se basaba en el principio de favorabilidad de la Ley Número 246 de 2014. El Peticionario había sido sentenciado tras declararse culpable mediante una alegación pre-acordada. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto solicitado. No se encontró indicio de que el foro de instancia actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Tampoco se identificaron fundamentos jurídicos para expedir el auto conforme a los criterios de discreción. Por tanto, se denegó la expedición del auto de Certiorari.

Resumen:

El Sr. Pedro Ortiz Horrach presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicitó la revocación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha determinación ordenaba la celebración de una vista de Regla 6 en alzada en un caso donde inicialmente se había encontrado no causa probable. El peticionario argumentó que la vista en alzada se programó y comenzó fuera del término legal de sesenta días. También alegó errores relacionados con la notificación de la solicitud de vista y la falta de acceso a grabaciones de procedimientos anteriores. El recurso se presentó en el contexto de cargos criminales por amenaza, alteración a la paz y agresión simple. El peticionario acompañó su recurso con una moción para paralizar la continuación de la vista en alzada. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de certiorari por falta de jurisdicción y declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización.

Resumen:

Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de un litigio sobre patria potestad, custodia y alimentos entre Diana Suleny Piedrahita Castaño y Benny Francisco Figueroa Lugo. El señor Figueroa Lugo recurrió en certiorari contra una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró en rebeldía. La demanda inicial fue presentada por la señora Piedrahita Castaño, quien proveyó direcciones postal y residencial para el demandado. Aunque el señor Figueroa Lugo fue emplazado personalmente en su residencia, no compareció a una vista inicial. Posteriormente, compareció por derecho propio solicitando un término para contestar y proveyendo su dirección postal. El foro primario concedió una prórroga, pero la notificación de esta decisión, enviada únicamente a la dirección postal, fue devuelta por el servicio postal. A pesar de este problema de notificación, el Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía del señor Figueroa Lugo. Tras examinar los escritos y el marco jurídico, el Tribunal de Apelaciones determinó expedir el auto de certiorari. Concluyó que procedía revocar la determinación de rebeldía emitida por el foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación. El caso original es de desahucio por falta de pago y cobro de dinero, instado por los apelados (arrendadores) contra la apelante (arrendataria). El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda de desahucio y condenó a la apelante al pago de \$250 en honorarios de abogado y costas. Tras una moción de reconsideración, el TPI eliminó las costas pero mantuvo los honorarios de abogado. La apelante recurre ante el Tribunal de Apelaciones, señalando como error la imposición de honorarios de abogado por abuso de discreción y la imposición de costas sin cumplir las reglas procesales. La apelante argumenta que la imposición de honorarios fue indebida, especialmente al estar representada por Servicios Legales. El documento detalla el historial procesal del caso en el foro primario. El Tribunal de Apelaciones indica que modificará la Sentencia apelada. El recurso se centra en la procedencia de la condena en honorarios de abogado y costas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202100255. La parte peticionaria, Ledesma \& Vargas, LLC, solicita dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución del foro primario denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria y Desestimación de Reconvención presentada por Ledesma \& Vargas contra PlazaQ, LLC. El litigio principal versa sobre un contrato de arrendamiento y el pago de cánones durante la pandemia de COVID-19. Ledesma \& Vargas alegó que las órdenes ejecutivas le impidieron operar, liberándola del pago o justificando una reducción de renta. PlazaQ controvirtió esto, afirmando que el peticionario pudo operar y le adeuda la renta completa, presentando una reconvención. El foro primario denegó la sentencia sumaria al existir controversia sobre hechos esenciales. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, deniega la expedición del auto solicitado. Con esta decisión, se mantiene la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a un certiorari presentado por el Ministerio Público. La apelación impugna la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar una causa criminal contra Josué Ortiz Alcover por escalamiento agravado. La desestimación se basó en una violación a la regla de juicio rápido, específicamente en cuanto a la vista preliminar. Dicha vista se retrasó debido a la pandemia del COVID-19. Al ser señalada, la defensa se opuso a celebrarla por videoconferencia, alegando imposibilidad de entrevistar al confinado y posibles violaciones a derechos constitucionales. El Ministerio Público argumentó a favor de la vista virtual dadas las circunstancias de la pandemia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la vista virtual y desestimó el caso por la violación al término de juicio rápido. El Ministerio Público apeló, argumentando que el tribunal erró al negarse a la videoconferencia bajo las circunstancias apremiantes. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora el caso, considerando el derecho a juicio rápido, la pandemia y los procedimientos virtuales.

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Se presenta la sentencia de un panel judicial sobre un recurso de revisión presentado por el Sr. Cosme L. Rivera López contra una multa del Departamento de Hacienda. La multa original de $45,000.00 se impuso en 2014 tras una inspección que reveló que el Sr. Rivera López no estaba registrado como comerciante ni poseía las licencias requeridas para la venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y la operación de máquinas de juego. Tras una querella administrativa, la Secretaria de Hacienda redujo la multa a $15,000.00 en 2020. Inconforme con la reducción, el Sr. Rivera López solicitó reconsideración y, al no ser atendida, acudió a revisión judicial. Alega que Hacienda erró al concluir que operaba un negocio sin evidencia que justificara las multas. El tribunal expone el estándar de revisión judicial de decisiones administrativas. Este estándar requiere gran deferencia a las agencias y una presunción de corrección. La decisión administrativa solo se revoca si se demuestra error con evidencia que obre en el expediente. El tribunal procederá a resolver el recurso aplicando estos principios al caso.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegando una Petición de Certiorari. La Unión Independiente Auténtica (UIA) solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia presentada por la UIA. La moción buscaba desestimar una demanda por daños y perjuicios incoada por José Cruz Pizarro. Pizarro alegó que la UIA actuó negligentemente al representarlo en un arbitraje laboral, lo que resultó en una reducción inesperada de su pensión. La UIA argumentó que la reclamación de Pizarro constituía una práctica ilícita bajo la Ley de Relaciones del Trabajo, cuya jurisdicción exclusiva corresponde a la Junta de Relaciones del Trabajo. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento y afirmó su competencia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar la petición, DENEGÓ la expedición del auto de certiorari solicitado por la UIA.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por One Alliance Insurance Company. La aseguradora solicitó la revisión de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación. La demanda original fue radicada por el Consejo de Titulares del Condominio Sky Tower I y otros, reclamando incumplimiento de contrato de seguros por daños del huracán María. One Alliance argumentó que procedía la desestimación porque dos de los demandantes eran terceros ajenos al contrato y porque el Consejo había cedido intereses de la reclamación sin consentimiento, violando la póliza. Los demandantes recurridos sostuvieron que la cláusula de cesión no aplicaba a reclamaciones post-pérdida y era ambigua. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación, lo que motivó el recurso de certiorari de One Alliance. La aseguradora alegó que el foro primario erró al interpretar que la póliza no limitaba la cesión del interés sobre la reclamación después de la pérdida. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100077. Las partes son el Consejo de Titulares del Condominio Plaza Atheneé como apelado y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico como apelante, entre otros. El recurso de apelación proviene de un caso de injunction del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La Autoridad de Energía Eléctrica presentó un aviso de desistimiento del recurso. El Consejo de Titulares informó su conformidad con dicho desistimiento. Las partes llegaron a un acuerdo transaccional que puso fin al litigio. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se ordenó el archivo del caso. El archivo se realiza por desistimiento con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una decisión administrativa sobre un despido. La recurrente, Ángela Martínez Torres, impugnó la desestimación de su querella por despido injustificado bajo la Ley 80 contra Metro Pavía Hospital. La Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo desestimó la querella mediante sentencia sumaria, al encontrar justa causa para el despido. El patrono basó su defensa en hechos que consideró incontrovertidos, destacando una publicación de la empleada en Facebook sobre el hospital y su supervisora. El patrono alegó que dicha publicación violaba el reglamento disciplinario. La recurrente argumentó que existían controversias de hechos medulares que impedían la sentencia sumaria. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la resolución de la OMA. El documento detalla el tracto procesal y los hechos presentados por el patrono como base para el despido.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de Certiorari presentada por Ángel Amaury Lugo Pacheco. El peticionario solicitó la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Lugo Pacheco había pedido la aplicación retroactiva de los Artículos 50 y 53 del Código Penal de 2012, invocando el principio de favorabilidad. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar dicha solicitud. El Tribunal de Apelaciones señaló que la petición de Certiorari adolecía de varios defectos reglamentarios. No obstante, evaluó la petición en su fondo. El Tribunal no encontró razón para intervenir con la decisión recurrida. Lugo Pacheco no presentó argumentos ni evidencia que demostraran que el foro primario abusó de su discreción o cometió un error de derecho. En ausencia de una demostración clara de actuación arbitraria o error, el Tribunal no intervendría. Por tanto, se denegó la expedición del auto de Certiorari solicitado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se revisa una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en un caso sobre vicios de construcción en una residencia. La querella original alegaba defectos graves, llegando a considerar la propiedad en "ruina". El DACo emitió una resolución final declarando "Ha Lugar" la querella y concediendo remedios, incluyendo indemnizaciones y anulación de contratos. El recurrente, William Vázquez Negrón, y otros querellados presentaron mociones de reconsideración ante el DACo. La agencia acogió dichas mociones de reconsideración. El señor Vázquez Negrón presentó su recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones mientras la reconsideración estaba pendiente en el DACo. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se basa en la falta de jurisdicción por haber sido presentado de forma prematura.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por La Vega Landfill & Resources, Inc. en un caso de despido injustificado. La empresa recurría de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó una Solicitud de Reconsideración. Dicha reconsideración buscaba revertir una determinación previa del TPI que había denegado una Moción de Sentencia Sumaria. La denegatoria de la sentencia sumaria fue notificada el 27 de agosto de 2020, y la denegatoria de la reconsideración fue notificada el 19 de noviembre de 2020. El Tribunal de Apelaciones evaluó la procedencia del recurso discrecional de certiorari. Concluyó que el recurso fue presentado tardíamente. Basándose en la Regla 83(C) de su Reglamento, el Tribunal desestimó el certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción debido a la presentación extemporánea del recurso. El documento también discute la Regla 52.1 de Procedimiento Civil sobre la revisión de órdenes interlocutorias mediante certiorari.

Resumen:

Nixsalis Cruz Negrón solicitó a la ACAA la formalización de su traslado al Departamento de Compras, donde ejercía funciones temporeramente. Tras publicarse una convocatoria para Supervisor de Compras, solicitó su cancelación y que se le concediera el traslado. Al no obtener respuesta, acudió a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) apelando y solicitando la paralización del proceso. Alegó que debió ser considerada primero para el puesto antes de la convocatoria. La ACAA solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando, entre otras cosas, que la apelación era prematura. La CASP desestimó la apelación por falta de jurisdicción, concluyendo que fue presentada antes de que venciera el término de 60 días para que la ACAA respondiera. La Sra. Cruz Negrón solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Insatisfecha, presentó una Solicitud de Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El punto central de la revisión es si la CASP erró al desestimar la apelación por falta de jurisdicción.