Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 145)

Resumen:

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve un recurso de revisión judicial presentado por Maximo Solar Industries, Inc. El recurso impugna una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que denegó una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. La querella original ante el DACo fue radicada por consumidores (Cardona/Díaz) contra Maximo Solar y Service Finance. Los consumidores alegaron incumplimiento de contrato, prácticas engañosas, problemas de instalación, mal funcionamiento del sistema solar y alegada falsificación de firmas. Maximo Solar argumentó ante el DACo que el Negociado de Energía tenía jurisdicción exclusiva. El DACo determinó que sí tenía jurisdicción para atender la querella sobre prácticas comerciales. Maximo Solar apeló esta decisión del DACo ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del propio Tribunal para atender dicho recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso presentado por Juan Carlos Borgos Banchs contra Marina Puerto Rico Chico en un caso de daños a la propiedad. El recurso, aunque denominado apelación, es tratado como una petición de certiorari. El peticionario buscaba la revisión y revocación de una orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó la solicitud del peticionario para que se desglosara una moción de sentencia sumaria presentada por la parte recurrida, la cual el peticionario alegaba fue presentada fuera de término. El peticionario argumentó que el tribunal primario erró al negarse a desglosar la moción extemporánea. Tras examinar el recurso y los criterios para la expedición de un auto de certiorari, el Tribunal de Apelaciones determina que no procede expedir el auto. Por tanto, se deniega la petición de certiorari presentada por Juan Carlos Borgos Banchs.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Triple-S Propiedad, Inc. contra el Consejo de Titulares del Condominio Park West. Triple-S solicitó la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación Parcial. El caso subyacente involucra una demanda incoada por Park West contra Triple-S por incumplimiento de contrato, mala fe, violaciones al Código de Seguros y daños. Park West alegó que Triple-S manejó de forma inadecuada y dilatoria su reclamación por daños causados por el huracán María a la propiedad asegurada. Sostuvo que Triple-S falló en investigar, ajustar y liquidar la reclamación dentro de los términos legales y contractuales, a pesar de la evidencia de daños estimados en más de \$5 millones. Park West reclamó el pago de los daños contractuales y daños adicionales por las supuestas violaciones al Código de Seguros. Tras evaluar el reclamo de Triple-S y la comparecencia de Park West, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Triple-S.

Resumen:

Christian Jimenez Lopez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso relacionado con la Ley de Sustancias Controladas. La Resolución del TPI, dictada el 8 de marzo de 2021, dejó sin efecto la renuncia previa del peticionario a la vista preliminar y devolvió el caso a esa etapa procesal. El peticionario argumentó que el TPI abusó de su discreción al anular su renuncia. En respuesta a la petición, el Tribunal de Apelaciones denegó la moción de auxilio de jurisdicción (paralización de procedimientos). Asimismo, ordenó a la Oficina del Procurador General que se expresara sobre los méritos del recurso presentado. El documento también describe la naturaleza del certiorari como un remedio extraordinario y discrecional. Explica los criterios que el Tribunal considera para decidir si expide el auto. Esta Resolución marca un paso procesal en la revisión apelativa de la decisión del TPI.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones atendiendo un recurso de certiorari presentado por Iris y Carmen Luz Pizarro González. Las peticionarias solicitaron la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden declaró No Ha Lugar su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria. El TPI fundamentó su decisión en que el escrito de oposición no cumplía con la Regla 36 de Procedimiento Civil. Inconformes, las peticionarias alegaron que el TPI erró al dictar sentencia sumaria en su contra. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el escrito y los documentos, y considerando la naturaleza discrecional del recurso de certiorari, determinó denegar la expedición del auto.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones en un recurso de certiorari presentado por Nitza Y. Cotto Rodríguez y otros contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. El recurso impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que dejó sin efecto una sentencia en rebeldía dictada a favor de los peticionarios en un caso de daños y perjuicios. La parte recurrida solicitó el relevo de la sentencia alegando problemas de notificación y asuntos internos. El foro primario acogió la moción y restableció el caso. Los peticionarios argumentaron que el tribunal de instancia abusó de su discreción al dejar sin efecto la sentencia. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario no actuó de forma arbitraria ni cometió error de derecho. Consideró que la determinación se basó en la discreción judicial para manejar el caso y garantizar el debido proceso, especialmente en un periodo irregular de trámites judiciales. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Jaime O. Serra Hernández contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente solicita la revocación de una determinación del DCR que confirmó una sanción disciplinaria en su contra. La sanción se impuso tras una querella del 7 de octubre de 2020, imputándole la obstrucción de un conducto de aire acondicionado en su celda con un pedazo de plástico. Según la querella, esta acción causaba daños a la unidad de aire acondicionado. El DCR llevó a cabo una investigación y una vista disciplinaria, encontrando al recurrente culpable de violar la Regla 6 (105) del Reglamento Disciplinario 7748. El DCR no dio credibilidad a la declaración del recurrente. Tras la denegación de su solicitud de reconsideración por el DCR, el señor Serra acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras revisar el caso, confirma la Resolución emitida por el DCR.

Resumen:

José E. Padilla Vélez, un confinado, solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación un cambio de mattress debido a problemas de espalda. Tras denegarse su solicitud administrativa y reconsideración, acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. El Departamento de Corrección informó al tribunal que el recurrente recibió el mattress solicitado al día siguiente de presentar su recurso de apelación. Aportó evidencia documental de la entrega del nuevo mattress. Ante esta situación, el Departamento solicitó la desestimación del recurso por haberse tornado la controversia en académica. El Tribunal de Apelaciones analizó los documentos y determinó que, efectivamente, el recurrente obtuvo el remedio pedido. Por tanto, resolvió desestimar el recurso de revisión judicial. La controversia dejó de existir, haciendo que el caso fuera académico y privando al tribunal de jurisdicción para adjudicarlo.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202000161, apelación presentada por Aida M. Arroyo Rivera y la Sucesión Juan Manuel Monge La Fosse contra Fannie Mae. El recurso proviene de una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declaró con lugar la demanda de Fannie Mae sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La demanda original se basó en el incumplimiento de pagos de un préstamo hipotecario otorgado en 2005. Los apelantes argumentaron la nulidad de los documentos y la falta de legitimación activa de Fannie Mae, alegando la venta del pagaré en el mercado secundario. Tras varios incidentes procesales, incluyendo disputas de descubrimiento y la falta de oposición a una moción de sentencia sumaria, el TPI emitió sentencia a favor de Fannie Mae. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Se presenta una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurrente, Raymond Collazo Ortiz, impugna una resolución de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La CASP desestimó su reclamación contra el Municipio de Carolina por aumentos salariales. Collazo solicitaba aumentos correspondientes a los años 2013 y 2018, basados en la Ley 81-1991, los cuales no recibía desde 2008. El Municipio se opuso alegando, entre otras cosas, la situación fiscal y la tardanza en la reclamación. La CASP determinó que la solicitud ante ella fue presentada fuera del término jurisdiccional de 30 días. Calculó el término a partir de la fecha en que Collazo debió conocer su derecho al aumento (cinco años después del último aumento). La CASP concluyó que la reclamación para 2013 venció en enero de 2014 y para 2018 en febrero de 2019, mientras que la apelación se presentó en abril de 2019. El recurrente alega ante el Tribunal de Apelaciones que la CASP erró al declarar prescrita su reclamación. El Tribunal revisa la decisión de la CASP, considerando la deferencia debida a las determinaciones administrativas.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños contractuales. Giovanni N. Taffanelli apeló la desestimación de su demanda contra Universal Insurance Company por el Tribunal de Primera Instancia. El caso original trataba sobre la reclamación de daños a la propiedad del apelante tras el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el pleito bajo la Regla 39.2(a) y (b) de Procedimiento Civil debido a la inactividad procesal. El tribunal de instancia había emitido órdenes de descubrimiento de prueba y apercibido a las partes sobre la posibilidad de archivo por incumplimiento. A pesar de cambios en la representación legal del apelante, el caso permaneció inactivo por más de seis meses. El apelante solicitó reconsideración alegando falta de perjuicio a la apelada y que procedían sanciones antes de la desestimación. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. La apelación busca revocar la desestimación, mientras la apelada defiende la decisión del tribunal de instancia basada en la inactividad. El Tribunal de Apelaciones procede a analizar el trasfondo procesal y fáctico para resolver la apelación.

Resumen:

José R. Miranda Colón y otros apelaron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra United Surety & Indemnity Company. La demanda original era por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, relacionada con daños a su residencia por el huracán María. Los apelantes alegaron que la aseguradora no proveyó una compensación justa y actuó de mala fe. La aseguradora solicitó la desestimación argumentando que la reclamación estaba prescrita. Según la aseguradora, el plazo de un año para demandar, conforme a la Ley Núm. 242 de 2018, había expirado desde la notificación de la reclamación en 2017. Los apelantes se opusieron, alegando que pleitos de clase incoados por el DACO y el Comisionado de Seguros interrumpieron el término prescriptivo. La aseguradora replicó que dichos pleitos no interrumpieron el término para reclamaciones individuales. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la reclamación estaba prescrita y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones consideró los argumentos de las partes y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia recurrida por los fundamentos expuestos.

Resumen:

Los daños causados por el huracán María al Condominio El Cantón Mall motivaron reclamaciones de sus titulares y propietarios contra Integrand Assurance Company bajo pólizas de seguro. Al no lograr un acuerdo extrajudicial, se presentó una primera demanda reclamando pagos bajo las pólizas y daños por incumplimiento. Esta acción fue desistida sin perjuicio tras un acuerdo verbal para recibir adelantos parciales y buscar una transacción final. Posteriormente, las partes transigieron formalmente sus reclamaciones mediante acuerdos documentados. Ante el incumplimiento de Integrand con los términos de la transacción, los reclamantes presentaron una segunda demanda. Esta nueva acción legal, origen de la apelación KLAN202000952, busca el cobro de las cuantías adeudadas conforme a los acuerdos transaccionales. El caso, procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón (Núm. BY2019CV01699), versa sobre seguros, reclamación de pago, incumplimiento de contrato y dolo.

Resumen:

La resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Brenda A. Sepulvado Ramos. La petición busca revisar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación en un caso de difamación. Microart Inc. y sus propietarios demandaron a la Sra. Sepulvado Ramos, alegando que esta publicó mensajes y videos difamatorios en Facebook sobre sus servicios de micropigmentación. Los demandantes sostienen que las publicaciones, incluyendo una foto de su hija menor y acusaciones de fraude, causaron daños a su reputación y pérdidas económicas. La Sra. Sepulvado Ramos presentó una moción de desestimación argumentando falta de causa de acción, prescripción y cosa juzgada. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. La Sra. Sepulvado Ramos recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari para impugnar esa determinación. El Tribunal de Apelaciones procede a disponer del recurso sin necesidad de trámites adicionales.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari. El recurso se relaciona con un pleito civil por daños y otros (PO2020CV00825) presentado por JRC Consolidated, Inc. contra Live Oak Banking Company y Daniel Jones Mendoza. Existía también una querella laboral por despido injustificado (PO2020CV01671) presentada por Daniel Jones Mendoza contra JRC. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó la consolidación de ambos casos. Surgió una controversia sobre la toma de una deposición tras la consolidación, llevando al TPI a emitir una orden específica sobre la presencia de abogados. JRC presentó el Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando dicha orden del TPI. No obstante, luego de presentarse el recurso, el TPI dejó sin efecto la consolidación que había decretado. Ante el deshacer de la consolidación por parte del TPI, el Tribunal de Apelaciones determinó que su intervención en esta etapa de los procedimientos no es necesaria. En ejercicio de su discreción, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Un miembro de la población correccional, Reynaldo Romero Rosa, solicitó la revisión de sanciones disciplinarias impuestas tras un incidente. Se le imputó posesión de un celular y actitud agresiva hacia un oficial correccional. Tras una vista administrativa, se le encontró incurso en violaciones reglamentarias y se le sancionó con la privación de privilegios por 30 días. El recurrente solicitó reconsideración ante Corrección, alegando diversas fallas en el proceso y la imputación. El Departamento de Corrección denegó la reconsideración, confirmando las sanciones al encontrar que se siguieron los procedimientos y la decisión estaba sustentada. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones, cuestionando la imposición de la querella y la privación de privilegios sin aducir errores específicos del foro administrativo. El Tribunal, aplicando el estándar de revisión judicial a decisiones de agencias, evaluó el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Departamento de Corrección.

Resumen:

Caso de daños y perjuicios presentado por una porteador[a] de periódicos que sufrió una caída en una rampa mientras transportaba su carga. La demandante alegó que el accidente ocurrió debido a un hoyo en la rampa, producto de una construcción. La demanda incluyó al dueño del terreno donde ocurrió el incidente. El dueño solicitó sentencia sumaria, argumentando que no tenía control sobre la rampa, que estaba arrendada, y que la obra la realizaba un contratista independiente. La demandante también solicitó sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas mociones. El TPI encontró hechos no controvertidos sobre el accidente, pero determinó que existían controversias materiales sobre quién controlaba y mantenía la rampa. También había controversia sobre si el área estaba oscura y sin iluminación. El Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su discreción, declinó intervenir con la decisión del TPI de denegar las solicitudes de sentencia sumaria.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Osvaldo Encarnación, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud guardaba relación con una previa petición para la inhibición del Juez Jaime Fuster Zalduondo en el caso BY2019CV06083 sobre Daños y Perjuicios. La solicitud de inhibición se fundamentó en un dictamen anterior del mismo juez en otro pleito (DAC2016-0938). En el caso previo, el juez denegó la inclusión de Infopáginas Holdings, LLC como codemandada, lo que el peticionario alegó prejuzgaba la controversia en el caso actual contra dicha entidad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la descalificación y la posterior reconsideración. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso de Certiorari presentado por el peticionario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emitida el 23 de abril de 2021. El caso KLAN202100148 es una apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, sobre un cobro de dinero (Caso Núm. JCD2016-0602). Las partes son José A. López Velázquez, et als (apelantes) y RED DE MÉDICOS ASOCIADOS DEL SUR, INC. (REMAS) (apelados). El Tribunal atendió la notificación de desistimiento presentada por la parte apelante. En cumplimiento de una resolución previa, los apelantes solicitaron el desistimiento. Por tanto, el Tribunal ordena el archivo y cierre del caso. El cierre se efectúa por desistimiento con perjuicio, conforme a la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Este juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una apelación presentada por Nimsy Ruiz González et al. Buscan revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que les ordenó pagar a PR Recovery & Development JV, LLC. El caso subyacente trata sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecución de gravamen mobiliario. La deuda se originó de un préstamo comercial otorgado inicialmente por el Banco de Desarrollo Económico. Posteriormente, se firmó un Acuerdo sobre Plan de Pago Especial que modificó los términos y extendió la fecha de vencimiento. PR Recovery adquirió este préstamo del acreedor original. La demanda surgió tras el incumplimiento de los apelantes con sus obligaciones de pago. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria, ordenando a los apelantes pagar la deuda pendiente, intereses y honorarios de abogados. Los apelantes habían admitido hechos clave sobre el préstamo y el plan de pago en su contestación a la demanda. El tribunal apelativo revisa ahora la validez de la sentencia del foro primario.

Resumen:

Resumen:

Recurso de apelación presentado por Jimmy Soto Ledesma contra la Asociación de Condómines del Condominio El Señorial y Triple S Propiedad, Inc. El apelante demandó por daños y perjuicios tras sufrir una caída en las escaleras del condominio el 18 de octubre de 2017. Alegó que el accidente ocurrió debido a la negligencia de la Asociación, que mantenía el área con un charco de agua y falta de iluminación, resultando en una fractura de rodilla. Los apelados negaron la condición peligrosa o la falta de tiempo para corregirla. Tras la presentación de prueba en juicio por ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. El apelante recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

Resumen:

Se presenta un recurso de certiorari por José Delgado Román solicitando la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición de dejar sin efecto una pena especial impuesta. El Peticionario alegó que su condición de indigencia le impide cumplir con el pago de dicha pena. El Tribunal de Apelaciones señala que el Peticionario no incluyó copia de la moción original ni de la sentencia que impuso la pena. El Procurador General compareció y se opuso a la expedición del auto de certiorari. La Resolución discute la naturaleza discrecional del recurso de certiorari y su aplicación para revisar determinaciones post sentencia. Se explica que la pena especial tiene como propósito compensar a las víctimas de delito bajo la Ley Núm. 183-1998. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de cobro de dinero iniciado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Los peticionarios Harold L. Davies y Wilhelm Sack recurren la denegación de sus demandas contra terceros por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original de la CTPR es contra Horned Dorset, Davies y Sack por deuda de impuesto sobre ocupación de habitación. Los peticionarios buscaban incluir como terceros a Lifeafar Holdings y HDP Development, entidades vinculadas a un acuerdo de compraventa distinto. El Tribunal de Primera Instancia denegó las demandas contra terceros. Argumentó que fueron presentadas fuera de término y que las reclamaciones no guardaban el nexo común requerido con la causa original de cobro de impuestos. Los peticionarios sostuvieron que el tribunal inferior interpretó erróneamente la regla procesal de demandas contra terceros. Tras considerar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). American Transmission, Inc. solicita la revocación de una resolución del DACo que le ordena devolver \$2,172.75 a José M. González Pabón. El señor González Pabón llevó su vehículo al taller de American Transmission, Inc. para reparar la transmisión. A pesar de pagar por el servicio, el vehículo continuó presentando problemas y dejó de moverse. Tras múltiples intentos fallidos por parte del taller, el consumidor presentó una querella ante el DACo. El DACo, luego de una inspección y vista administrativa, determinó que el taller no corrigió la avería. Por ello, el DACo ordenó la resolución del contrato y el reembolso del dinero pagado. American Transmission, Inc. recurre ahora esta decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900864. Scotiabank de Puerto Rico apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original, presentada en 2012 por Doral Bank y luego continuada por Scotiabank, buscaba el cobro de dinero y la ejecución de hipoteca contra los apelados. El caso fue desestimado en Primera Instancia tras mociones presentadas por los demandados y la falta de respuesta de Scotiabank. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia desestimatoria del foro primario.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202100194. La recurrente, Génesis Security Services, Inc., impugnó la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 6, Serie 2020-2021 por la Junta de Subastas del Municipio de Yabucoa, donde Martir Electric Services Corp. fue el licitador agraciado. Génesis Security Services, Inc. presentó una Moción Notificando Desistimiento. El Tribunal declaró ha lugar la moción de desistimiento de la parte recurrente. Como resultado, se ordenó el cierre y archivo del recurso. La Moción de Desestimación presentada por la Junta de Subastas del Municipio de Yabucoa fue denegada por ser académica. La resolución fue emitida el 22 de abril de 2021.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa un recurso de revisión judicial presentado por Medina Auto Sales, Inc. contra una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El DACO falló a favor de la consumidora Soraima González García en su querella por incumplimiento de contrato y garantía de vehículo contra Medina Auto Sales y Motorambar, Inc. La querella se originó por la avería súbita de su vehículo Kia Forte usado. La consumidora solicitó reparaciones bajo garantía, pero Medina Auto Sales denegó el reclamo, alegando que el daño al motor fue causado por falta de lubricación, una condición excluida. El DACO ordenó a Medina Auto Sales y Motorambar, Inc. pagar solidariamente a la consumidora \$5,785.00. La consumidora argumentó que el concesionario no le informó adecuadamente por escrito sobre los hallazgos de la inspección y la denegación de la garantía, violando los reglamentos del DACO. Medina Auto Sales busca ahora revocar la decisión del DACO mediante esta apelación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión judicial presentado por Americas Leading Finance (ALF). ALF impugnó una Resolución Parcial del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en una querella instada por Jean L. Ortiz López. La querella original se relacionaba con desperfectos mecánicos en un vehículo adquirido por el señor Ortiz, financiado por ALF. El DACo desestimó la querella contra el concesionario y la aseguradora, pero encontró a ALF responsable de los daños sufridos por el querellante. La agencia determinó que ALF ordenó la instalación de un dispositivo GPS que fue colocado inadecuadamente, afectando el sistema eléctrico del vehículo e invalidando la garantía del fabricante. El DACo concluyó que la pérdida de la garantía constituía un daño atribuible a ALF y ordenó una nueva vista para cuantificarlo. ALF recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que el DACo erró al atribuirle responsabilidad por la instalación negligente sin prueba suficiente. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, desestima el recurso de revisión judicial presentado por ALF.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una petición de certiorari presentada por José M. Rivera Galván. El señor Rivera Galván, confinado por apropiación ilegal agravada, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia en Aguadilla. El Tribunal encontró la petición confusa e ininteligible, señalando la ausencia de señalamientos de error específicos, hechos pertinentes o un petitorio claro. La resolución subraya la obligación del tribunal de verificar su jurisdicción y detalla los motivos para desestimar un recurso, como la falta de jurisdicción o la presentación deficiente, conforme a la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Dada la falta de claridad y las deficiencias de la petición, el Tribunal determinó que no podía revisar adecuadamente el asunto. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El peticionario, Genaro Rodríguez Gerena, solicitó un certiorari para dejar sin efecto una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó su solicitud de relevo de una resolución previa. La resolución previa, de abril de 2020, había declarado tardíos los planteamientos del peticionario contra una intervención autorizada en 2016. El peticionario había intentado, mediante varias mociones y solicitudes de reconsideración y relevo, impugnar la intervención y alegar fraude. El foro primario consistentemente denegó sus peticiones por considerarlas extemporáneas o improcedentes. El Tribunal de Apelaciones revisa la naturaleza del certiorari y el alcance limitado de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil para solicitar relevo de sentencia u orden. La Regla 49.2 no sustituye los recursos apelativos ni permite reabrir controversias ya resueltas. El Tribunal de Apelaciones deniega el certiorari solicitado por el peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso TA-2020-170. La apelación fue presentada por Luis Raúl Montañez Aponte y otros contra la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y otros, originada en un caso de Daños y Perjuicios del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Los apelantes presentaron una Moción Anunciando Desistimiento del Recurso de Apelación. El Tribunal examinó dicha solicitud. Mediante esta Resolución, el Tribunal declaró ha lugar la solicitud de desistimiento. En consecuencia, se ordena el desistimiento (sobreseimiento) de la acción de apelación. Este desistimiento es con perjuicio. La apelación había sido instada el 4 de septiembre de 2020. Finalmente, se dispone el archivo de la acción.

Resumen:

Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una revisión administrativa procedente de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Israel Berríos Cruz recurrió una determinación emitida por ASUME en un caso de alimentos contra Jennifer Sierra Blanco. La determinación impugnada resolvió mociones de descubrimiento de prueba e impuso una sanción de $500 al señor Berríos Cruz por incumplimiento con órdenes de descubrimiento. El recurrente alegó errores relacionados con la denegatoria de su solicitud de orden protectora y la imposición de la sanción económica. Sin embargo, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso. La revisión judicial de las decisiones administrativas está limitada a las órdenes finales que ponen fin al procedimiento administrativo. La determinación de ASUME apelada era una orden interlocutoria que resolvía asuntos procesales, no una resolución final del caso de alimentos. Por lo tanto, el Tribunal no puede revisarla en esta etapa. El recurso es desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de cobro de dinero. La apelación fue presentada por Merchant Advance, LLC contra Conceptos Cuisine, LLC. El caso se originó por el incumplimiento de un Contrato para la Compraventa de Ingresos Futuros. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, a pesar de la rebeldía del demandado. Consideró que el contrato era un préstamo usurario con causa ilícita bajo el Código Civil de 1930. Concluyó que solo procedía recuperar el 75% del capital, con el 25% para el Estado. Merchant Advance apeló, argumentando que el contrato era una venta válida de bienes futuros. La parte apelada no compareció en la apelación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, emite una Resolución sobre un recurso discrecional de Certiorari presentado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). El ELA solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Solicitud de Sentencia Sumaria. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones decidió no expedir el auto solicitado. Fundamenta su decisión en que el TPI actuó correctamente al determinar que existen hechos en controversia que requieren un juicio en su fondo. El Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera un error de derecho. Tampoco identificó fundamentos jurídicos que justificaran expedir el auto conforme a los criterios de la Regla 40. Por tanto, se deniega la expedición del auto de Certiorari. El asunto se devuelve al foro de origen para la continuación de los procedimientos.

Resumen:

Se presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dos órdenes emitidas por la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Las órdenes impugnadas requerían la entrega de informes periciales y documentos financieros, y establecían reglas sobre la permanencia de testigos fuera de la sala de audiencia. La parte recurrente alegó violaciones al debido proceso de ley y limitaciones arbitrarias. El Tribunal procedió a examinar su facultad revisora sobre las decisiones administrativas. Conforme a la ley y el reglamento, la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar órdenes administrativas se limita a aquellas que son finales. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme excluye expresamente la revisión directa de órdenes interlocutorias. El Tribunal debe determinar si las órdenes de la Junta Adjudicativa constituyen determinaciones finales o interlocutorias para establecer si posee jurisdicción para revisarlas en esta etapa.

Resumen:

En un caso de ejecución de hipoteca revertida, la sucesión de los prestatarios demandó la revisión de una sentencia. El contrato de préstamo estipulaba claramente que los prestatarios no tendrían responsabilidad personal por la deuda, limitando el cobro a la venta de la propiedad hipotecada. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía, condenando a la sucesión al pago de una suma monetaria y ordenando la ejecución de la propiedad. La propiedad fue vendida en pública subasta. Los demandados solicitaron al TPI que dejara sin efecto la parte de la sentencia que imponía responsabilidad personal, argumentando que contravenía el contrato y la ley. Sorprendentemente, la parte demandante (la acreedora) aceptó que el contrato prohibía la responsabilidad personal y que la deuda debía considerarse satisfecha con la venta de la propiedad. La acreedora reconoció que no podía reclamar cantidades no cubiertas por la subasta. A pesar de la postura de la acreedora, el TPI denegó la moción de los demandados. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al denegar la moción. La enmienda solicitada se ajustaba a los términos contractuales y la parte promovida no la objetó.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLRA202100073. La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) recurrió en revisión judicial contra una resolución de la Junta de Apelaciones de la AEP. Dicha resolución provenía de un caso sobre la impugnación de una adjudicación de convocatoria. Las partes, AEP y Maritza Resto Cruz, informaron al Tribunal que habían alcanzado un acuerdo transaccional confidencial. Este acuerdo puso fin a la controversia que motivó el recurso. La AEP presentó un aviso de desistimiento basado en dicho acuerdo. En virtud del desistimiento informado y conforme a la normativa procesal, el Tribunal tuvo a la parte recurrente por desistida. Consecuentemente, se ordenó el archivo del recurso de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una resolución en el caso de certiorari KLCE202100261. Este recurso fue presentado por Triple-S Propiedad, Inc. contra DE AGUA, INC. Y OTROS, derivado de un caso de daños y perjuicios del Tribunal de Primera Instancia en Carolina. Triple-S Propiedad, Inc., en su calidad de peticionario, presentó una Moción de Desistimiento del recurso. El Panel VI del Tribunal de Apelaciones examinó dicha moción. Mediante resolución de 22 de abril de 2021, el Tribunal declaró Con Lugar la solicitud de desistimiento. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, que permite a la parte promovente desistir en cualquier momento, el Tribunal desestimó el presente recurso. Como resultado de la desestimación, se ordenó el archivo y cierre definitivo del caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre liquidación de comunidad post ganancial entre ex cónyuges. Las partes se divorciaron en 2005 sin liquidar la sociedad de bienes gananciales, lo que dio lugar a una comunidad de bienes post ganancial. El ex esposo demandó para liquidar esta comunidad, mientras la ex esposa alegó que ya habían liquidado los bienes mediante un contrato en 2017. Una controversia clave es si la corporación Empresas Alvasie Inc., creada durante el matrimonio, debe ser incluida como parte indispensable en el pleito. El ex esposo solicitó la inclusión de la corporación, argumentando que era parte de la comunidad a liquidar. La ex esposa se opuso y pidió la desestimación parcial, indicando que no había reclamación contra la corporación. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción para incluir a la corporación y No Ha Lugar la moción de desestimación parcial. La ex esposa recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari para revocar la decisión del foro primario.

Resumen:

Es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación en un caso de daños y perjuicios. La parte apelante, Centeno Craft & Hobby Supply y su aseguradora, impugna una resolución del tribunal de primera instancia. El foro primario determinó que la parte apelante fue exclusivamente responsable de las lesiones sufridas por la parte apelada, Lydia E. Rodríguez Jaime. El caso surge de una caída que sufrió la señora Rodríguez en la tienda de la parte apelante el 4 de septiembre de 2015. Tropezó con una canasta de compras dejada en un pasillo del establecimiento. La señora Rodríguez sufrió lesiones graves, incluyendo fracturas que requirieron cirugía y una prótesis. Reclama daños que superan los $235,000 por sus lesiones, gastos médicos y sufrimientos. La parte apelante niega responsabilidad, afirmando que la caída fue resultado de la propia negligencia de la señora Rodríguez. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación de responsabilidad exclusiva del foro primario antes de proceder a la valoración de los daños.

Resumen:

Sentencia de un panel judicial sobre un recurso presentado por Rafael Vázquez González. El recurrente solicita la revocación de una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución denegó una querella que Vázquez González había presentado contra PVH Motor Corp. h/n/c Auto Grupo 65, FCA Caribbean LLC y FCA USA LLC. La querella original alegaba que un vehículo adquirido por el recurrente a Auto Grupo 65 presentaba desperfectos mecánicos. También se quejaba de la arrugación del panel de instrumentación y de la negativa a aceptar un reemplazo con costuras de color diferente a las originales. El recurrente adujo que los desperfectos mecánicos afectaban el funcionamiento y la seguridad del vehículo. El DACo llevó a cabo un proceso administrativo que incluyó inspección del vehículo y una vista. Finalmente, el DACo emitió la resolución denegando la querella, la cual es objeto de este recurso judicial.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, un confinado, impugna su remoción del trabajo que desempeñaba en la cocina de la institución penal. Alega que la baja fue injustificada, abusiva y discriminatoria, sin mediar quejas sobre su desempeño o comportamiento. Tras solicitar remedios administrativos, se confirmó su remoción de la cocina y su reasignación a otro taller de mantenimiento. Inconforme con la denegatoria de su solicitud de reconsideración, acude al tribunal. Solicita ser reinstalado en el trabajo de cocina y el pago de las nóminas correspondientes. El Departamento de Corrección solicita la desestimación del recurso por incumplimiento procesal o la confirmación de su determinación. El tribunal procede a evaluar la legalidad y razonabilidad de la decisión administrativa bajo la doctrina de revisión judicial.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión KLRA202100090. Sierra Club y Ciudadanos del Karso impugnaron la Orden Administrativa Número 2021-02 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha Orden aprobó una nueva lista de Exclusiones Categóricas y sus requisitos aplicables. Los recurrentes alegaron que la Orden era nula por no seguir el procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y por ser ultra vires. La Oficina de Gerencia de Permisos solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. El Tribunal, tras evaluar las comparecencias, determinó que carece de jurisdicción para atender la revisión. Se reitera el principio de que los tribunales deben ser celosos guardianes de su poder jurisdiccional. La falta de jurisdicción es insubsanable y debe evaluarse como cuestión de umbral. Por consiguiente, el Tribunal ordena la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.

Resumen:

José M. Soto Cruz presentó una revisión judicial contra una resolución de la Junta de Libertad bajo Palabra. La Junta había pospuesto la determinación sobre su privilegio de libertad bajo palabra. La posposición fue por un término de noventa días. El motivo fue la necesidad de corroborar su Plan de Salida para el estado de Massachusets. El caso había sido evaluado previamente en 2020, pero la información del plan de salida estaba pendiente. Anteriormente, en 2017, una vista sobre su caso fue suspendida por falta de notificación a partes perjudicadas. La Junta indicó que volvería a considerar el caso al recibir la información o en septiembre de 2020. Inconforme con esta posposición, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Citimortgage contra los deudores. Los deudores presentaron una reconvención, alegando negligencia, prácticas de cobro agresivas y daños sufridos por las acciones del banco y la demanda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del banco, halló negligencia y, tras una vista, concedió cuantiosos daños a los deudores por perjuicios físicos, emocionales y económicos. Citimortgage apeló la sentencia de daños. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al conceder dichos daños. El error se basó en que los daños reclamados derivaban de la presentación y trámite del caso civil. La regla general establece que no proceden acciones de daños derivadas únicamente de la presentación de una acción civil. Por tanto, el Tribunal determinó que los daños sufridos como consecuencia del litigio no eran recobrables.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, Luis M. Rodríguez Vega, fue hallado incurso por posesión de contrabando (jeringuillas caseras) y sancionado con 30 días sin privilegios. El DCR confirmó la sanción tras una solicitud de reconsideración. El recurrente alegó que el DCR no cumplió con el término reglamentario para radicar la querella disciplinaria. Argumentó que la fecha de radicación en el informe disciplinario era distinta a la fecha de los hechos. El DCR había concluido que la querella se presentó el mismo día del incidente. El Tribunal de Apelaciones evaluó el planteamiento del recurrente. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revoca la Resolución del DCR. Se ordena dejar sin efecto la sanción impuesta al recurrente.

Resumen:

Carlos J. Silva Galindo, confinado cumpliendo una sentencia de 335 años, acude ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Solicita la revocación de una resolución del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución ratificó su clasificación de custodia máxima. El Comité fundamentó su decisión en el extenso historial criminal del recurrente. Se destacaron múltiples condenas por asesinato, secuestro y delitos de armas, resultando en siete muertes. A pesar de que una escala de reclasificación arrojó puntuación para mínimas restricciones, se aplicó modificación discrecional. Los motivos incluyeron su historial de violencia excesiva, reincidencia en delitos graves y la larga sentencia. También se consideraron dos evasiones del sistema carcelario y actos de indisciplina recientes, como la posesión de un celular. El Comité tomó conocimiento de que no hubo nuevos actos de indisciplina en el periodo evaluado, pero mantuvo la clasificación por motivos de seguridad y conducta previa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202100270. El litigio involucra a Yolanda Laureano Carrión como recurrida y Patheon Puerto Rico, Inc. como peticionaria. El caso original, sobre daños y perjuicios, provino del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. La parte peticionaria, Patheon Puerto Rico, Inc., presentó un aviso de desistimiento y una moción. El Tribunal de Apelaciones atendió dicha solicitud. Conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento, el Tribunal declaró Ha Lugar la petición. En consecuencia, se ordenó el archivo y sobreseimiento con perjuicio del caso. La sentencia fue emitida el 21 de abril de 2021.